FORMA Y FONDO

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Las autoridades educativas, tanto del nivel federal como del estatal, hacen constantes referencias públicas sobre el inminente regreso de los alumnos a sus escuelas. Lo que no han informado son resultados de la evaluación de las condiciones actuales del sistema educativo y demandas planteadas por los docentes, estado actual de instalaciones, equipamiento escolar, mejoras realizadas o en proyectos, diagnóstico de la sanidad regional o estatal, población y localidades en condiciones de reactivación o todavía en riesgo, entre otros indicadores de alta prioridad que asegurarían un conveniente regreso a clases.

Sin mayor información de prevenciones sanitarias para los escolares y padres de familia, adecuaciones al transporte público, programas emergentes de atención médica, seguridad pública y de movilidad se pretende arrancar el proceso de reactivación en la educación presencial. Tal parece que lo importante para los gobiernos es que, por decreto, todos los sistemas educativos vuelvan a sus instalaciones y se retorne a la normalidad. Ciertamente, la pandemia muestra algunos indicadores de atenuación, más no de erradicación viral. Es necesario reiterar que las anteriores condiciones del trabajo escolar no volverán a ser iguales.

Pensar que el aprendizaje social alcanzado es sufciente con el uso del cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, atenciones básicas a los contagios, la reducción de la movilidad, la importancia de la vacunación entre otros, resulta altamente desafortunado y no puede corresponderse con acciones de gobierno verdaderamente responsables y comprometidas con la preservación de la salud y de la vida.

Tomar la decisión del regreso a clases con base en la disminución de casos activos, hospitalizados, fallecimientos, en la aplicación de la vacuna en adultos mayores y a los docentes tiene enormes riesgos. No se dispone, hasta ahora, de sufciente evidencia empírica sobre el comportamiento del virus en el medio social, de las variantes genéticas registradas hasta ahora y de situaciones críticas previsibles en la producción de medicamentos y vacunas que permitan formular un plan de regreso con la mayor bioseguridad posible para docentes y alumnos. El objetivo es el aseguramiento de la salud pública con sustento científco que permitan, al menos, la identifcación de los factores de riesgo prevaleciente en cada espacio escolar y las modalidades y acciones para prevenirlos.

Tampoco hay información pública sobre el manejo preventivo de nuevas oleadas de contagios, atención a secuelas derivadas de la enfermedad, reforzamiento de las medidas sanitarias, limitaciones a la movilidad social o de restricciones a la estructura productiva y de servicios.

Todo parece indicar que las autoridades solamente esperan publicitar sus estadísticas a modo para reactivar el sistema educativo. La cualidad “estratégica” solo aparece en los organigramas y planes de trabajo. Lo peor de todo son los posicionamientos políticos que han politizado el tema de la salud. Queda claro que el tema de la salud pública involucra a la sociedad y a sus gobiernos, por tanto, nadie queda exento de riesgos.

La reciente información presentada por el INEGI sobre la medición del impacto COVID-19 en la educación (23 de marzo) descubre las dimensiones del desastre: 5.2 millones de personas entre 3 y 29 años no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021. De estas cifras, corresponde mayoritariamente a las edades de 25 a 29; de 19 a 24 y de 16 a 18 años. Este dato muestra que los mayores impactos se encuentran en los niveles de enseñanza media superior y superior; las causas: “tener que trabajar” y “por falta de recursos”. De los motivos asociados los mayores porcentajes se relacionan a que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje;

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sus padres se quedaron sin trabajo y carecer de computadora, dispositivo móvil o conexión a internet.

Una encuesta de tipo exploratorio realizada entre docentes locales del sistema público de educación media superior mostró que el 74% no desarrolla pertinentemente la educación virtual; el 87% declara no interactuar mejor en la virtualidad con sus alumnos y sobre el 89% revelan que sus alumnos no se desempeñan mejor en línea. En relación con sus deberes, el 80% se quejó de nuevas obligaciones en la administración de los cursos, además de no contar con apoyos económicos adicionales para gastos de conexión, compra de equipo de cómputo y la adecuación física para la enseñanza desde casa. El impacto emocional en estos docentes se refeja principalmente en la fatiga causada por el cambio en la práctica educativa; además de acusar problemas de horarios de clase, organización personal y de estabilidad familiar. Sin embargo, el 71% acepta regresar a clases bajo medidas sanitarias y de seguridad laboral.

Quedan por evaluarse otros impactos como el atraso escolar, las defciencias que se descubran en la capacidad para aprender en los alumnos y el probable deterioro cognitivo,

especialmente en los menores de edad, la continuidad educativa, el estado de la economía familiar promedio y la empleabilidad de los egresados.

La abrupta conversión de la educación presencial a la educación a distancia, se puede considerar como una medida a modo tomada por las autoridades educativas para el salvamento del sistema educativo. Por las condiciones sanitarias que se presentaron la decisión era obvia: migrar de inmediato a la virtualidad para mantener el aislamiento social. Desde este primer momento, la estructura educativa a todos los niveles se conmocionó. No se tomaron las previsiones necesarias y de contingencia para una larga pandemia. El regreso a clases parecía inmediato. Las consecuencias están a la vista.

Los reclamos sociales demandan el pronto regreso a clases. Los padres de familia que asumieron la función honorífca de ayudantes de profesor; los docentes que fueron responsabilizados de la enseñanza virtual sin una preparación ad hoc; los organismos ciudadanos que pronostican una lamentable baja en la calidad educativa, deserciones masivas, ampliación de la brecha cognitiva, y marginación social; las entidades supranacionales como la OCDE y el Banco Mundial que lamentan el crecimiento de la pobreza en los países en el subdesarrollo, por citar ejemplos.

Las autoridades educativas federales para el regreso a clases han indicado nueve intervenciones: “la primera es la activación de los Comités Participativos de Salud Escolar, la segunda el acceso a agua y jabón en las escuelas. Como tercera, está el cuidado de maestras y maestros, particularmente los que están en grupos de riesgo; la cuarta intervención será el uso general y adecuado de cubrebocas, en todos los planteles; la quinta es la sana distancia en las entradas y salidas a los centros escolares y a los recreos, que deben ser escalonados, y la asistencia alternada a la escuela. La sexta intervención considera maximizar el uso de los espacios abiertos; en la séptima intervención se considera la suspensión de cualquier tipo de ceremonias que generen congregaciones en la escuela; como octava, se establece la detección temprana, donde con un solo enfermo en la escuela, esta se cerrará por 15 días; y la novena, apoyo socioemocional para docentes y estudiantes.” https://www.gob.mx/sep/es/ articulos/boletin-no-56-definiranen-acuerdo-con-los-estados-laapertura-de-planteles-cuando-elsemaforo-epidemiologico-este-enverde?idiom=es

Por parte de los docentes, organismos representativos de trabajadores académicos como el STUNAM muestran ciertas reservas ante el eventual regreso a clases, pero demandan el respaldo de la autoridad universitaria en respeto de los lineamientos de sanidad, dotación de material y equipo de protección; disminución del aforo; implementación de cuatro turnos de trabajo; capacitación en tecnologías digitales; mejora en la remuneración salarial; mayor seguridad laboral y bono de recuperación económica.

No hay duda alguna que el regreso a la educación presencial viene de la mano de cambios sustanciales en la enseñanza. El modo tradicional con el docente al frente del grupo está cuestionado. Pero la educación pública no puede detenerse y son urgentes por lo tanto, las decisiones de gobierno que se tomen antes y después del regreso a clases.

Carlos Mendoza Sepúlveda es Doctor en Gestión de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara con estudios de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.