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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales

Nueva Época. Año LX, Núm. 223, enero-abril de 2015

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Políticas y Sociales México, D.F.

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales es una publicación cuatrimestral (enero-abril; mayo-agosto; septiembre-diciembre) de acceso abierto en internet, dirigida a las y los investigadores, académicos y estudiosos que convergen en la construcción del amplio y diverso campo problemático de lo social. La Revista aborda temas afines a las ciencias sociales en general y sus áreas específicas (teoría política, teoría sociológica, comunicación política, economía política, opinión pública, gestión y políticas públicas, y relaciones internacionales, entre otras). Como plataforma de producción científica del área de las Ciencias Sociales, está com­prometida con el pluralismo teórico y metodológico. En su Nueva Época, se erige como foro en el cual se exponen conocimientos de excelencia y de vanguar­dia y se promueve el diálogo y el debate en torno a interrogantes centrales de nuestro tiempo que convo­can, cruzan y expanden las fronteras disciplinarias.

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Directora y Editora Dra. Judit Bokser Misses-Liwerant dir_revmcpys@politicas.unam.mx Editora Asociada Eva Capece Woronowicz edi_revmcpys@politicas.unam.mx Asistente Editorial Lorena Pilloni Martínez articulo_revmcpys@gmail.com Secretaria de Redacción Iraís García Jacales info_revmcpys@politicas.unam.mx Consejo Editorial Benjamín Arditi Karlik (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Ilan Bizberg (El Colegio de México, México) / Roberto Blancarte Pimentel (El Colegio de México, México) / Fernando Castañeda Sabido (Facultad de Ciencias Políticas y So­ciales-unam, México) / David Easton (q.e.p.d.) / Shmuel Noah Eisenstadt (q.e.p.d. | z’l) / Javier Garciadiego Dantán (El Colegio de México, México) / Alicia Gojman Goldberg (Facultad de Estudios Superiores Acatlán-unam, México) / Tonatiuh Guillén López (El Colegio de la Frontera Norte, México) / Edmundo Hernández Vela-Salgado (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Martin Jay (Universidad de Berkeley, Estados Unidos) / José Marques de Melo (Universidad de Sao Paulo, Brasil) / Adriana Ortiz Ortega (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Philip Oxhorn (Universidad McGill, Canadá) / Cristina Puga Espinosa (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Luis Roniger (Universidad de Wake Forest, Estados Unidos) / Alejandra Salas Porras Soule (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Stephan Sberro (Instituto Tecnológico Autónomo de México, México) / Héctor Raúl Solís Gadea (Universidad de Guadalajara, México) / Bernardo Sorj (Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, Brasil) / Mario Sznajder (Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel) / Benjamin Temkin (flacso-México,) / Francisco Valdés Ugalde (flacso-México) / Teun A. Van Dijk (Universidad de Pompeu Fabra, Fran­cia) / Gilda Waldman Mitnick (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-unam, México) / Michel Wieviorka (Maison des Sciences de l’Homme, Francia). La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, año LX, núm. 223, enero-abril de 2015, es una publicación cuatrimestral editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Univer­sitaria, C.P. 04510, Delegación Coyoacán, D.F. Número de Certificado de Licitud de Título 7642 y Número de Certificado de Licitud de Contenido 5147 otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Número de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2012-032917241500203, ISSN-0185-1918, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Distribuida por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, Av. del Imán No. 5, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Delegación Coyoacán, D.F. Impresa en Offset Rebosán, S. A. de C. V. Av. Acueducto No. 115, Col. Huipulco Tlálpan, C. P. 14370, México, D. F. Las versiones impresa y electrónica de la RMCPyS son idénticas en contenido. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura editorial del Consejo de Redacción ni del Comité Editorial de la RMCPyS. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales aparece en los siguientes índices y repositorios: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (aecid); Bibliografía Lingüística de México (lingmex); Biblioteca Central de la unam; Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (clase); Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt); dialnet; Directory of Open Access Journal (doaj); ebsco; Genamics JournalSeek; Hemeroteca Latinoamericana (hela); Hispanic American Periodical Index (hapi); Historical Abstracts International Bibliography of the Social Sciences (ibss); International Political Science Abstracts (ipsa); Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (iresie); México Ciencias Sociales (mecs); Pais International Journal Lista; Periodical Index; Red de Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal (redalyc); Red de Revistas Mexicanas de Ciencias Sociales; SciELO México, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina (latindex); Social Services Abstracts; Sociological Abstracts Soc Index; Soc Index Full Text; Ulrich’s International Periodical Directory; Worldwide Political Science Abstracts y Scopus. Dirección Postal Circuito Mario de la Cueva S/N Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Edificio “G”, Ciudad Universitaria. Coyoacán, Distrito Federal, México. Tel.: (0052) 55.56.22.94.70 (ext. 1097) URL: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys

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Tabla de contenido

Table of Contents

Editorial Poder, política y sociedad El entramado latinoamericano de las desigualdades en el contexto global

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Power, Politics and Society. The Framework of Latin American Inequities in the Global Context

Judit Bokser Misses-Liwerant

artículos Hablar de política Democracia deliberativa y participación discursiva en México

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Talking about Politics Deliberative Democracy and Discursive Participation in Mexico

Alejandro Monsiváis Carrillo

Las mujeres en los ámbitos de poder económico y político de México

Women in the Spheres of Economic and Political Power in Mexico

61

Gina Zabludovsky Kuper

Identificación partidaria de los jóvenes mexicanos en el proceso electoral 2012

95

Party Identification of Mexican Youth in the 2012 Electoral Process

Jesús Aguilar López

Convergencias y divergencias en la educación superior intercultural en México

133

Convergences and Divergences in Intercultural Higher Education in Mexico

David Lehmann

Bajo materialismo y surrealismo El debate Bataille-Breton

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Base Materialism and Surrealism The Bataille-Breton Discussion

Noelia Denise Dunan y José Taurel Xifra

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dossier las nuevas élites: cambios es espacios, actores y prácticas ¿Por qué importa la desigualdad? Del economicismo a la integridad social

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Why Does Inequality Matter: From Economism to Social Integrity

Tim Anderson

Desigualdades sociales e interdependencias globales en América Latina: una valoración provisional

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Social Inequalities and Global Interdependences in Latin America: A Provisional Appraisal

Marianne Braig, Sérgio Costa y Barbara Göbel

Riesgos sociales en América Latina: una interpelación al debate sobre desigualdad social

237

Social Risks in Latin America: Questioning of Debate on Social Inequality

Fiorella Mancini

Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo xxi: la brecha digital

265

The New Faces of Inequality in the 21st Century: The Digital Gap

Alma Rosa Alva de la Selva

La desigualdad salarial de género medida por regresión cuantílica: el impacto del capital humano, cultural y social

287

Gender Wage Inequality Measured Using Quantile Regression: The Impact of Human, Cultural and Social Capital

Alan Araújo Freitas

La participación política en México: entendiendo la desigualdad entre hombres y mujeres

317

Political Participation in Mexico: Understanding Inequality between Men and Women

Fernanda Vidal Correa

La construcción del otro y el discurso de la pobreza Narrativas y experiencias desde la periferia de la ciudad de México

357

The Construction of the Other and the Discourse of Poverty Narratives and Experiences from the Periphery of the Mexico City

María Cristina Bayón

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¿Alcanza la educación para salir de la pobreza? Análisis del proceso de estratificación ocupacional de jóvenes rurales en México

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Is Education enough to Overcome Poverty? Analysis of the Occupational Stratification Process of Rural Youths in Mexico

Iliana Yaschine

reseñas/notas de investigación Entre la desigualdad y la convergencia Between Inequality and Convergence

407

Rebeca de Haro Mota, Susana Marceleño Flores y José Irán Bojórquez Serrano Normas y políticas editoriales

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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 223 ⎥ enero-abril de 2015 ⎥ pp. 9-26⎥ ISSN-0185-1918

Poder, política y sociedad El entramado latinoamericano de las desigualdades en el contexto global Power, Politics and Society. The Framework of Latin American Inequities in the Global Context Judit Bokser Misses-Liwerant

Con este número iniciamos el tercer año de la Nueva Época de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Será un año que marcará un hito en el derrotero editorial de esta publicación. Arribamos a su sesenta aniversario en el que trayectoria, compromiso y anhelo de vanguardia se conjugan. Las aportaciones presentadas por las y los investigadores en este nuevo número son muestra fehaciente de ello. Recorramos sus principales hallazgos. Alejandro Monsiváis Carrillo defiende la pertinencia del estudio de la deliberación para dar cuenta del funcionamiento de los mecanismos de control democrático en los regímenes políticos. El autor sostiene que los estudios sobre comportamiento electoral, participación política y opinión pública, que tienen a México por objeto de análisis, son numerosos y sofisticados. Sin embargo, a pesar de que el análisis del comportamiento deliberativo basado en encuestas va ganando terreno, todavía tiene poca presencia en este país el interés por conocer los atributos del componente deliberativo de la participación política. La premisa del trabajo es que el estudio de aquél constituye una importante área de oportunidad en la investigación sobre opinión pública, participación política y democracia. Si todavía hoy, para muchos, la deliberación puede resultar una práctica políticamente inconsecuente que forma parte de una concepción de la democracia y la legitimidad poco realistas, Monsiváis sostiene que entonces es necesario comenzar por defender el caso. Para ello, el autor lleva a cabo algunas precisiones conceptuales sobre democracia deliberativa, propone ciertos lineamientos para su análisis empírico, a la vez que hace una valoración del papel de la deliberación en la política democrática en el México contemporáneo. Para avanzar en su estudio, analiza los indicadores obtenidos de la Encuesta Nacional de Cultura Política 2012 a la vez que evalúa sus determinantes. Para él, la evidencia muestra que existe un desafío mayor en términos del desarrollo de capacidades deliberativas entre la ciudadanía. A pesar del carácter incipiente de los atributos deliberativos de la política en Editorial: Poder, política

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este país, Monsiváis sostiene que es necesario avanzar en una agenda de análisis y de reforma institucional con perspectiva deliberativa en las democracias emergentes. Si se adopta la premisa de que la democracia deliberativa es un modelo en el que las decisiones vinculantes se adoptan mediante la deliberación política, salta a la vista que el régimen político mexicano no es una “democracia deliberativa” -y de hecho nunca lo será, pues tal modelo de democracia no es factible-. En cambio, si se considera a la deliberación como un elemento que contribuye al control democrático, cabe preguntarse en qué medida tal deliberación contribuye al control democrático en México.

Por cierto, la evidencia muestra que en México la deliberación ha desempeñado una función fragmentaria e incipiente. En este sentido, los principales hallazgos pueden parecer poco sorprendentes. Sin embargo, los resultados ofrecen los elementos necesarios para apreciar los desafíos que enfrenta el país en términos del fortalecimiento de las capacidades deliberativas de la ciudadanía. (…) los resultados podrían interpretarse como una demostración de que no tiene mucho sentido buscar atributos deliberativos donde hay pocas probabilidades de encontrarlos. Sin embargo, el argumento formulado en este trabajo es precisamente el opuesto. Se postula que es necesario rastrear e identificar los atributos deliberativos de los procesos políticos y el comportamiento político, pues constituyen indicadores importantes de la construcción de controles democráticos en un régimen. (…) Esta perspectiva no implica asumir que la política deliberativa deba constituirse como el mecanismo exclusivo de legitimación democrática. Antes bien, busca sistematizar la intuición generalizada de que la democracia requiere diálogo y justificaciones públicas.

Por último, Alejandro Monsiváis Carrillo advierte que el hallazgo más relevante derivado del análisis de los datos disponibles es que entre la reducida incidencia de la participación que afecta las capacidades democráticas de la ciudadanía, es entre las personas que tienen condiciones socioeconómicas más favorables que se evidencia una mayor propensión a participar -y específicamente aún más entre los hombres-, lo que permite constatar que la democracia en México enfrenta un sensible desafío de inclusión efectiva de la ciudadanía en la política. Justamente, esta es una de las líneas analíticas que sostienen la investigación de Gina Zabludovsky Kuper. En su artículo “Las mujeres en los ámbitos de poder económico y político de México”, la investigadora sustenta que a pesar del aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y su incremento en la matrícula universitaria -percibidos como cambios sociales sin precedentes acontecidos a partir de la segunda mitad del siglo xx-, su presencia continúa siendo minoritaria en los principales cargos de decisión 10 ⎥ Judit Bokser Misses-Liwerant

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económica y de representación política en México. En virtud de la limitada información disponible sobre la cuestión, la investigación generó sus propias bases de datos a partir de un análisis minucioso de los directorios empresariales. La autora analiza la presencia de las mujeres en la fuerza laboral, examina la de hombres y mujeres en la educación superior, la feminización y masculinización de las distintas ocupaciones, describe el papel de las mujeres en los cargos de representación política, en el Poder Ejecutivo y Judicial, estudia las diferencias de cargos directivos de las mujeres entre el sector público y el privado a la vez que investiga la segregación horizontal y vertical en los oficios y las carreras en las organizaciones, así como las diferencias entre las empresas de capital extranjero y nacional. Los datos (…) muestran cómo, a medida que se asciende en el nivel de ingresos y en la pirámide organizacional, la presencia de las mujeres disminuye. Pese al camino recorrido, las mujeres están escasamente representadas en los cargos de dirección donde se toman las principales decisiones económicas de México. (…) [El] incremento de las mujeres en la educación superior y en la fuerza de trabajo no corresponde a su participación en los cargos de autoridad, por lo cual se puede decir que todavía se enfrentan al “techo de cristal” que alude a un conjunto de barreras invisibles que impide que las mujeres tengan la mismas oportunidades que los hombres para el ascenso a los cargos de mayor jerarquía.

Zabludovsky Kuper sostiene que son múltiples las causas que explican esta situación. Entre una amplia diversidad de variables, el análisis destaca: (…) la socialización diferenciada y las distintas expectativas de éxito entre hombres y mujeres; el escaso compromiso de los varones en las tareas domésticas; las extensas jornadas de oficina que responden a “horarios masculinos”; la exclusión de las mujeres de los círculos informales donde “se cierran” muchos negociaciones; la discriminación (oculta o abierta) que existe hacia las mujeres, particularmente hacia aquellas que son madres; la noción generalizada de que las propietarias de empresas sólo deben dedicarse a las actividades de subsistencia y la prevalencia de ocupaciones consideradas masculinas o femeninas, en donde las primeras se vinculan con mayores posibilidades de ganancias económicas y ascensos jerárquicos.

En síntesis, son las desigualdades sociales por razón de género las que siguen estructurando el hecho de que ciertos individuos -a los que se les atribuye un género determinado- no tengan acceso a las mismas posibilidades que los individuos de otro género. Así, retomando a Fraser (1990), no hay dos sistemas distintos -el capitalismo y la dominancia masculina- sino dos dimensiones totalmente entrelazadas de una sola formación social, que para ser comprendida requiere de una teoría crítica que integre tanto el sexo como la economía política, la raza y la etnia. Es desde allí que puede explicarse más acabadamente Editorial: Poder, política

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las particularidades del trabajo de las mujeres en los ámbitos doméstico y público, dando cuenta de la complejidad de la reproducción societal. Valga esta enunciación preliminar de una reflexión densa y atractiva. Jesús Aguilar López, con el artículo “Identificación partidaria de los jóvenes mexicanos en el proceso electoral 2012” se propone estudiar su comportamiento electoral para entender los procesos de continuidad y cambio político en el país. Tomando como base los datos que ofrece la Encuesta Nacional sobre Cultura Política de los Jóvenes 2012, el autor analiza los diferentes componentes que influyen en la construcción de la identidad partidaria de los jóvenes que viven en áreas metropolitanas en el contexto de la elección federal llevada a cabo ese año. El artículo ofrece una explicación del peso que tiene cada uno de los factores que configuran el vínculo entre los ciudadanos de entre 18 a 29 años y los partidos políticos mexicanos. Siguiendo un análisis de correspondencia y una modelación estadística de las principales variables que influyen en la formación de las actitudes políticas, ofrece una aproximación empírica para entender cómo se construye la identidad partidaria de los jóvenes. ¿Cómo votan los mexicanos? ¿Cuál es la relación de los ciudadanos con los partidos políticos? ¿Cómo se forma ese vínculo? ¿Qué tan sólida es esa relación? ¿Qué fenómeno provoca que se termine la afinidad con un partido político y se genere una nueva? Este es resultado de una investigación cuyo objetivo fue conocer las características de los primeros planteamientos de la identificación partidaria de los jóvenes. Específicamente, se busca entender cómo un ciudadano en una temprana etapa de la vida puede definir de manera duradera un vínculo con un partido político.

Si bien el autor no focaliza su análisis en aspectos como la crisis institucional y de credibilidad por la que están atravesando hace décadas los partidos políticos mexicanos, sí enfatiza la relación entre ciudadano y partido político como eje de análisis que evidencia el rompimiento de la relación estrecha que existía entre los ciudadanos y el Partido Revolucionario Institucional (pri) y el pasaje a una relación de mayor diversificación de las preferencias partidarias. A su vez, otra particularidad del caso mexicano, señalada oportunamenteen su dimensión cuantitativa, es que la juventud contemporánea cuenta con un momento histórico casi ideal para poder hacerse escuchar y ser partícipe de la toma de decisiones públicas: “Para la elección del 2012, y de acuerdo con el Registro Federal de Electores, los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad representaban 28.33% de los ciudadanos habilitados para poder votar”. Sin embargo -retomando el estudio de Enrique Cuna Pérez (2013)-, el autor presenta evidencia sobre los retos a los que se enfrenta la juventud mexicana: falta de espacios para expresarse, falta de oportunidad de empleo, de educación, de salud y de confianza hacia las instituciones políticas. Así, “dos son las características que históricamente han identificado la relación 12 ⎥ Judit Bokser Misses-Liwerant

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entre el Estado y los jóvenes en México: la ausencia de un programa de políticas públicas que atienda a la juventud de manera integral (…) y el desconocimiento y la desconfianza que estas políticas generaron en los jóvenes” (Cuna, 2013: 108-109). A esta densa línea de análisis nos dedicaremos con mayor detalle más adelante, cuando presentemos los hallazgos de investigación de Iliana Yaschine, enfocada específicamente en los jóvenes de hogares rurales que han sido beneficiarios del programa Oportunidades por hasta diez años. El artículo de Aguilar López ofrece información estadística sistemáticamente que permite discernir el peso que tienen los padres, la escolaridad, la religiosidad, los medios de comunicación, la figura de los candidatos, la opinión hacia los partidos políticos, la preferencia hacia los candidatos a diputados federales así como la ideología, entre otros factores, que tanto la teoría como los datos empíricos señalan que influyen en la construcción y fuerza de una identidad partidaria. El presente artículo se propuso aportar un primer acercamiento al entendimiento de la identificación partidaria de una población que por sus características sociales y su peso en el padrón electoral es importante en tanto que estará definiendo en buena medida los procesos electorales de los próximos comicios. Comenzar a entender desde ahora su relación con los partidos políticos permitirá entender mejor el comportamiento electoral de los mexicanos en el futuro.

“Convergencias y divergencias en la educación superior intercultural en México” es el título del artículo presentado por David Lehmann. El propósito de este trabajo es explorar el ethos de la interculturalidad en las Universidades Interculturales (ui) en México. Sobre la base de documentos y entrevistas realizadas en cinco universidades entre 2006 y 2009, el autor comenta que la institucionalización de la educación intercultural al interior del sector estatal ha creado un espacio de encuentro y debate entre la política de reconocimiento y las ideas radicales de educadores en la tradición del constructivismo y de la educación popular latinoamericana. El artículo concluye subrayando el abismo que existe entre los debates académicos en torno al multiculturalismo y los debates a veces angustiados de los profesores de las ui enfrentados a desafíos totalmente nuevos en la educación: la enseñanza a personas de ascendencia indígena de su propia lengua con métodos de enseñanza propios de una segunda lengua o la aplicación por parte de estudiantes de métodos científicos de investigación en sus propios pueblos donde la separación de las funciones de pariente o familiar con el de investigador no es fácilmente reconocido. Este entrelazamiento de ideas e identidades, buscadas y recuperadas, entrecruzadas con la lengua y el lugar de origen en un contexto claramente marcado por la desigualdad de clase socioeconómica y de aspiración a la movilidad social, constituyen la trama del debate en las Universidades Interculturales en México recuperada por Lehmann. Editorial: Poder, política

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El artículo comienza por una descripción de las ui y sitúa a la educación intercultural en relación con otros enfoques vigentes sobre educación para pueblos indígenas. De allí, explora las significaciones de la interculturalidad y los propósitos de la educación intercultural tal como se expresan en documentos, entrevistas y discusiones académicas con el objetivo de dar cuenta de la influencia de la educación liberadora o popular sobre el modelo y las prácticas de las Universidades Interculturales. La educación intercultural se distingue por no estar dirigida específicamente, por lo menos en principio, a pueblos indígenas ni estar principalmente preocupada por la lengua. La idea de la interculturalidad es que todos tengan conocimientos y aprecien las diversas tradiciones culturales de su país. De alguna manera, es un proyecto ciudadano de reconocimiento mutuo cuya meta ideal es la igualdad de las herencias culturales sin un predominio de una lengua sobre otra. Sin embargo, si bien la hegemonía de una lengua es una realidad inevitable, para la interculturalidad esa hegemonía lingüística no deberá, en una situación ideal, conllevar una dominación cultural, y aún menos una dominación de los portadores étnicos de una u otra tradición cultural.

Lehmann también recupera otros propósitos de la educación intercultural, como es concientizar a los portadores de las culturas dominantes sobre la existencia y el valor de otras culturas y, viceversa, aumentar la conciencia y, sobre todo, la competencia de los portadores de tradiciones culturales indígenas en la cultura y la lengua dominantes. En este marco, con la adopción de las ui se creó un campo de pensamiento y experimentación, una iniciativa novedosa en el área de la educación intercultural percibida como un hito radical en los esfuerzos de los Estados latinoamericanos para superar la exclusión social y cultural de los pueblos indígenas. Noelia Denise Dunan y José Taurel Xifra ofrecen una puerta de acceso al campo de la reflexión sociológica y filosófica contemporánea. En continuidad con la contribución ofrecida por Daniel Castaño Zapata y Natalia Clelia Suniga (2014) sobre la filosofía y la estética batailleanas, publicada en el número anterior de la rmcpys, con “Bajo materialismo y surrealismo. El debate Bataille-Breton” los autores nos brindan un detallado análisis de las particularidades de la formación de Georges Bataille para hacer hincapié en la categoría de bajo materialismo construida en tensión entre el idealismo surrealista y los distintos materialismos. Es habitual caracterizar la producción de Bataille como múltiple y dispersa o asistemática. Sin embargo, desde sus primeros escritos cuando ejercía de secretario general de Documents, se puede seguir el trazo de ciertas preocupaciones recurrentes a lo largo de su vida. (…) Bataille construyó la revista en un espacio donde articuló a un grupo de disidentes [del surrealismo] 14 ⎥ Judit Bokser Misses-Liwerant

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y elaboró una férrea crítica a sus posturas. No obstante, es menester evitar un lugar común en el que el debate con el surrealismo se presenta como un enfrentamiento personal entre el autor de El erotismo contra Breton, pues se enmarca en una toma de posición acorde a los conflictos políticos y sociales del momento. Ambos buscaban el camino para poner las fuerzas de la vanguardia estética al servicio de la revolución y militaban en contra del fascismo. En este contexto, desde las páginas de Documents, Bataille, inició su participación pública como intelectual y publicó sus primeros artículos a la vez que entabló una intensa polémica cuyo resultado será el ordenamiento de ciertos intereses y preocupaciones, que se condensaron en la categoría de “bajo materialismo”.

Dunan y Taurel Xifra ofrecen pistas analíticas para discernir la espina dorsal del pensamiento batailleano motorizado por la intención de encontrar respuestas al apoyo masivo que lograron entonces el fascismo y el estalinismo y así dar una explicación a lo que él veía como el problema político del momento: los totalitarismos y sus efectos en las masas. Finalmente, el dossier de este nuevo número de la rmcpys está dedicado oportuna y necesariamente al análisis de las desigualdades. Durante el 2014, la publicación de El capital en el siglo xxi (Piketty, 2014) ha reavivado oportunamente los debates sobre la desigualdad en el mundo anglosajón y de allí, presumiblemente, también en nuestro continente. Para el investigador de la École d’Économie de Paris, los debates sobre la distribución de la riqueza se han alimentado de grandes prejuicios y muy pocos datos. A través de una copiosa base de datos económicos de una veintena de países y un minucioso recorrido histórico, estadístico y comparativo, Piketty presenta un detallado análisis de la distribución del ingreso y la riqueza en el mundo, desde el siglo xviii hasta nuestros días. A partir de ello, identifica ciertos patrones en el proceso de acumulación del patrimonio de las principales economías en los cuales se pone en evidencia una ley básica del capitalismo según la cual el rendimiento del capital suele ser superior a la tasa de crecimiento de la economía, lo que puede estimular la concentración de la riqueza y agravar la inequidad: “el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas”. Una vez más queda en manos de los Estados decidir cómo influir en esa fuerza polarizante. La distribución de la riqueza es una de las cuestiones más controversiales y debatidas en la actualidad. Pero, ¿qué se sabe realmente de su evolución a lo largo del tiempo? ¿Acaso la dinámica de la acumulación del capital privado conduce inevitablemente a una concentración cada vez mayor de la riqueza y del poder en unas cuantas manos, como lo creyó Marx en el siglo xix? O bien, ¿acaso las fuerzas que ponen en equilibrio el desarrollo, la competencia y el progreso técnico llevan espontáneamente a una reducción de las desigualdades y a una armoniosa Editorial: Poder, política

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estabilización en las fases avanzadas del desarrollo, como lo pensó Kuznets en el siglo xx? ¿Qué se sabe en realidad de la evolución de la distribución de los ingresos y de la riqueza desde el siglo xviii, y qué lecciones podemos sacar para el siglo xxi? (Ibíd., 2014)

En la prensa especializada, los medios más influyentes (The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal y The Economist) y en el ámbito académico anglosajón ha hecho erupción una miríada de análisis, reseñas y comentarios sobre las razones que explican el éxito de la obra de Piketty. Varias y justificadas son las posiciones que hablan del libro como una herramienta excepcional que ofrece una lectura panorámica de los datos a través del espacio y el tiempo, para luego trabajar a partir de allí; las críticas lo presentan como una obra ambiciosa cuyo cometido es reubicar a la economía como una ciencia social e histórica, no exacta y afectada por las decisiones políticas, reviviendo la descartada noción de “economía política”; señalan una y otra vez el valor de su base empírica sostenida sobre una enorme base de datos que sigue en constante ampliación y perfeccionamiento; remarcan insistentemente su capacidad de exponer en un lenguaje llano la dinámica de la relación entre el capital y las rentas tanto en la vieja Europa como en el Nuevo Mundo poniendo en suspensión gran parte del corpus ortodoxo, a la vez que no dudan en presentarlo como un enfoque que no se intentaba como un todo desde que Marx escribió El capital en el siglo xix. Por cierto, debajo de todas estas razones subyace otro acontecimiento. La desigualdad de ingresos en Estados Unidos y otros países ha empeorado desde 1970; su aspecto más llamativo ha sido la creciente brecha entre los muy ricos y el resto de la población. Finalmente, esta tendencia ha logrado abrirse camino hasta la conciencia pública y la retórica política donde no se duda en señalarla como antidemocrática.1 Ello también explica el éxito de una publicación que en su versión original francesa no despertó un interés comparable a su traducción anglosajona. En momentos en que la concentración de la riqueza y los ingresos en manos de unos pocos ha resurgido como una cuestión política central, el libro de Piketty ha vuelto a avivar el interés de los economistas por la dinámica y la distribución de la riqueza. Así, en el marco de la profunda transformación de la realidad económica y social actual donde se articulan de un modo específico la acumulación de capital y otros factores que impulsan el crecimiento -sobre todo el crecimiento demográfico y el progreso tecnológico-, y donde la verdadera gran noticia en el aumento de la desigualdad son los ingresos del famoso “1 por ciento”, ha llegado el momento de reubicar el tema de la desigualdad -concebida como arbitraria y cuestionadora de los fundamentos de la

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Así como el Movimiento Occupy Wall Street (“Somos el 99%”), nos encontramos frente a un extenso y difuso movimiento planetario que pone en cuestión los privilegios de las élites políticas y económicas, así como la racionalidad de las estructuras que soportan su dominio y la verosimilitud de los relatos en que se apoya el mantenimiento del statu quo global.

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democracia-, de posicionarlo en el centro del análisis, de las agendas gubernamentales, y de replantear las propuestas para el siglo xxi. Sumado a ello, en julio del 2014 la Asociación Internacional de Sociología (isa por sus siglas en inglés) llevó a cabo el xviii Congreso Mundial de Sociología en Japón. Bajo el lema “Enfrentando un mundo desigual. Retos para la sociología global”, la Asociación convocó a la comunidad de académicos a contribuir al “intercambio internacional del que puede surgir una fuerza moral e intelectual capaz de lograr cambios drásticos en los modos, las formas de razonamiento y los alcances de las decisiones que deben ser tomadas mundialmente para asegurar la preservación de la vida humana y de las sociedades”.2 En este marco excepcional, lanzamos la convocatoria para la recepción de artículos dedicados al análisis y los debates sobre las dimensiones de la desigualdad. Así, este número cuenta con los hallazgos de investigaciones procedentes de Australia, Brasil, Alemania y México y ofrecen un formidable mirador analítico desde el cual volver a pensar la problemática. Tim Anderson inaugura el dossier con el artículo “¿Por qué importa la desigualdad? Del economicismo a la integridad social”. Según el profesor del Departamento de Economía Política de la Universidad de Sydney, la falta de consenso existente en torno a la desigualdad contrasta con el aparente consenso construido alrededor de la necesidad de eliminar la pobreza. Se estudia la desigualdad por una diversidad de razones: para identificar sus fuentes, sus consecuencias, el grado en el que la desigualdad es deseable, los vínculos dinámicos entre desigualdad y pobreza, o tratando de discernir las grandes fuerzas estructurales que la impulsan. Sin embargo, se presta poca atención a la objeción principal ante la desigualdad. La mayoría de las explicaciones económicas son opacas, y con frecuencia comparten supuestos muy distintos a los que plantean los sociólogos. Es por ello que en este artículo Anderson sostiene que debemos considerar la amplia gama de diferencias existente entre las explicaciones, pero a la vez es importante identificar los distintos fundamentos que tratan la problemática de manera más directa. Así, el trabajo explora cuatro categorías: los argumentos económicos, las explicaciones sobre la pobreza dinámica y el desarrollo humano, las teorías sobre el contrato social y la justicia social y, por último, aquellas que tratan sobre integridad social. Entre ellas, el autor sostiene que resultan más satisfactorias aquellas explicaciones con base en la integridad social ya que éstas tienden a demostrar, con mayor lógica elemental, cómo la desigualdad grave puede socavar la agencia social integral, así como a un cuerpo político coherente tan necesario para el progreso social y la plena vigencia de los derechos de las y los ciudadanos:

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Información extraída de: <http://www.isa-sociology.org/congress2014/>. Presentación de Raquel Sosa, ISA Vice-President, Congress Program.

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Sugiero que resultan más satisfactorias aquellas explicaciones que vinculan la desigualdad grave, incluyendo la pobreza relativa y la exclusión social, de manera más directa tanto con la plenitud individual, como con la autodeterminación social. Las explicaciones con base en la integridad social pueden explicar de mejor manera que la desigualdad grave no sólo es constitutiva de la pobreza, injusta y percibida como ilegítima, sino que también niega una identidad social, así como la cohesión y agencia necesarias. Las explicaciones cimentadas en la “integridad social” tienden a demostrar, con mayor lógica elemental, cómo la desigualdad grave puede socavar la agencia social integral, así como a un cuerpo político coherente, tan necesario para el progreso social y para los derechos de ciudadanía.

En oportuno complemento a esta mirada analítica, Marianne Braig, Sérgio Costa y Barbara Göbel presentan “Desigualdades sociales e interdependencias globales en América Latina: una valoración provisional”. Como miembros y coordinadores de la Red Internacional de Investigaciones sobre Desigualdades Interdependientes en América Latina,3 los autores exponen las bases desde las que se desarrolló la perspectiva de investigación de la Red. Partiendo de las diversas dimensiones de la desigualdad social en América Latina, en el artículo se describe el énfasis metodológico que caracteriza el andamiaje analítico y teórico de la Red colocado en la multidimensionalidad de las desigualdades y sus interdependencias transregionales, tomando en cuenta una perspectiva sincrónica y diacrónica. De esta manera la Red abreva, en primer lugar, del discurso de los puntos de vista globales para el estudio de las desigualdades, en particular del enfoque del sistema-mundo y del transnacionalismo. En segundo lugar, se fundamenta en el examen crítico de conceptos clave (configuración y régimen) y, por último, busca vincular estos conceptos a temas y áreas, en especial a la dimensión medioambiental, que hasta ahora ha recibido poca consideración en la investigación sobre desigualdades. La relevante contribución presentada en el artículo tiene múltiples aristas. A la vez que nos permite acceder a las bases teórico-metodológicas de la Red -una iniciativa por demás oportuna por innovadora a la vez que científicamente densa-, el artículo ofrece las herramientas necesarias para indagar acerca de las maneras de pensar las relaciones entre las múltiples dimensiones de la desigualdad. Así, aunque el estudio de las desigualdades 3

desiguALdades.net es una red de investigación interdisciplinaria, internacional y multi-institucional dedicada a las desigualdades interdependientes en América Latina. Su perfil específico de investigación hace hincapié en la multidimensionalidad y las interdependencias globales de las desigualdades sociales en América Latina. La Red cuenta con el apoyo financiero de Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación) y está coordinada por el Lateinamerika-Institut, Universidad Libre de Berlín (lai, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Berlín), el Ibero-Amerikanisches Institut, Stiftung Preußischer Kulturbesitz (iai, Instituto Ibero-Americano de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, Berlín), el Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (die, Instituto Alemán de Desarrollo, Bonn) y el German Institute of Global and Area Studies (giga, Hamburgo). Información disponible en: < http://www.desigualdades.net/es/>.

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sociales ha sido tema central de la sociología moderna desde hace tiempo, los autores sostienen que el análisis enfrenta retos empíricos y heurísticos que revelan los límites de las teorías sociales comunes. En el contexto de las crecientes implicaciones globales, ya no resulta adecuado utilizar sólo al Estado-nación como unidad primaria de análisis sino que se deben desarrollar unidades de análisis relacionales alternativas que tomen en cuenta las estructuras transregionales. Sumado a ello, reconocen pertinentemente que el gran nivel de desigualdades económicas y de asimetrías de poder en América Latina no es algo nuevo sino que se trata de fenómenos históricamente persistentes, que no se pueden considerar en su longue durée sin sus vínculos con la época colonial. A su vez -y a diferencia de la investigación convencional sobre desigualdades- los autores emplean unidades de análisis que no son fijas ni están predeterminadas espacialmente. Así, presentan a las desigualdades en sus interdependencias lo que los lleva a tomar en cuenta los entramados y flujos espaciales entre territorios y unidades de análisis que se definen de manera relacional, las cuales se fortalecen o modifican mediante las interdependencias globales y las asimetrías de poder. Otra de las aristas rescatables de la contribución presentada es la recuperación crítica de la investigación propia de las ciencias sociales sobre desigualdad llevada a cabo en América Latina durante las últimas cuatro o cinco décadas, lo que es complementado con un paneo de las contribuciones recientes a la investigación global sobre desigualdades. Es desde esta recuperación que finalmente presentan el concepto investigativo de la Red y el estudio de las desigualdades interdependientes. En definitiva, la lista de las contribuciones que se le debe reconocer al artículo no termina aquí. Recomendamos su atenta lectura, seguras de que aportará iluminadoras herramientas para la práctica investigativa. “Riesgos sociales en América Latina: una interpelación al debate sobre desigualdad social” es el título del artículo presentado por Fiorella Mancini. El objetivo es analizar el vínculo entre riesgos sociales y desigualdad social en América Latina a partir de las transformaciones económicas, políticas y culturales que, con diferentes magnitudes e intensidades, se vienen gestando en la región durante las últimas décadas, resaltando dos particularidades: el aumento en los procesos de individualización social y el acoplamiento entre desigualdades dinámicas y estructurales. Luego de llevar a cabo una lúcida recuperación del “manto omnicomprensivo del riesgo”, un articulado constructo del estado del arte sobre la cuestión, Mancini sostiene que: El debate contemporáneo sobre las desigualdades plantea nuevos interrogantes a las ciencias sociales y cuestiona –desde la propia complejidad y heterogeneidad de lo social- formulaciones clásicas y, hasta cierto punto imbatibles, con respecto a la distribución de recursos, capacidades y Editorial: Poder, política

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riquezas en un nuevo orden social que ya no admite explicaciones unificadoras y monocausales sobre la movilidad y la estratificación social o sobre la asignación estructural de posiciones sociales en una determinada sociedad.

El artículo analiza el vínculo entre riesgos sociales, desigualdad y regímenes de bienestar en América Latina, desde una perspectiva que busca comprender las interpelaciones que la incertidumbre social le impone a las estructuras de desigualdad en la región. Es desde allí que propone una revisión crítica de los diversos enfoques que se han venido utilizando para dar cuenta de los niveles de bienestar general de una determinada sociedad: la perspectiva de necesidades básicas, el enfoque de desarrollo, el papel de la agencia o las preferencias adaptativas de los individuos y todas aquellas perspectivas que se centran en la igualdad de recursos sin tener en cuenta que individuos diversos necesitan también capitales diferentes para lograr niveles similares de bienestar. La hipótesis rectora que guía al artículo es que el debate actual entre desigualdades persistentes y dinámicas ofrece miradas complementarias –y no excluyentes– para entender el problema de los riesgos sociales en América Latina, con capacidad heurística para dar cuenta de los nuevos procesos de reproducción social en la etapa actual del modelo de acumulación globalizado.

Por su parte, Alma Rosa Alva de la Selva propone otro enfoque posible sobre desigualdades en su actual configuración: “Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo xxi: la brecha digital”. En el contexto del desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (sic) y de las crisis mundiales del capitalismo global, el trabajo aborda, en efecto, la problemática de la brecha digital como una expresión de las desigualdades del siglo xxi. La autora presenta los antecedentes del auge que comenzó a cobrar ese proceso en los últimos años del siglo xx, así como las propuestas y proyectos formulados por los países latinoamericanos para construir esa nueva organización social. Se hace énfasis en el carácter estructural del problema de la brecha digital, en tanto “nueva desigualdad”. Se señalan las transformaciones fundamentales de dicho concepto para luego, con el apoyo de algunas estadísticas, presentar en un contexto general algunos puntos de análisis sobre la brecha digital en América Latina y en México. Como parte de una investigación más amplia cuyo objetivo fue identificar y analizar los factores de incidencia en la llamada brecha digital, este artículo propone un abordaje distinto al usualmente aplicado -según el cual se le entiende como un problema de falta de acceso a la tecnología-, para estudiarlo desde la perspectiva de la desigualdad, visión que justamente permite entender el carácter estructural de dicho problema y reconocer los múltiples agentes que lo generan. El trabajo se desarrolla con base en el supuesto de 20 ⎥ Judit Bokser Misses-Liwerant

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considerar la brecha digital como una nueva expresión de la desigualdad, en términos de las inequidades sociales en materia de acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic).

Así, Alva de la Selva analiza el problema de la inequidad en el siglo xxi, con particular énfasis en América Latina, concentrándose en comprender la brecha digital como la nueva desigualdad de comienzos de siglo. Es a partir de allí que sostiene que si bien tanto a nivel regional como en el contexto específicamente mexicano se ha buscado corregirla a través de diversas estrategias, no se ha conseguido superarla sustantivamente. México es un país de desigualdades. La inequidad presenta aquí varias facetas y expresiones a las que se está sumando la brecha digital. A pesar de la creciente trascendencia de este problema y sus manifestaciones como una desigualdad emergente, existe un déficit de investigación, tanto en términos teóricos como empíricos. El conjunto de los grupos sociales del país que debido a múltiples factores no cuentan con posibilidades de participar y desarrollarse en la Sociedad de la Información y el Conocimiento es de tal magnitud que puede señalarse el problema de la brecha digital como una de las grandes asignaturas pendientes para el México del siglo xxi. La brecha interna en el país se expresa claramente con algunas estadísticas básicas. Más de la mitad de la población nacional no tiene acceso, uso y apropiación de internet (el servicio más característico de la Sociedad de la Información y el Conocimiento): de una población de 112 millones 336 mil habitantes, sólo 51.2 millones son usuarios de la red, mientras que sesenta millones se encuentran desconectados.

“La desigualdad salarial de género medida por regresión cuantílica: el impacto del capital humano, cultural y social” es el título de la contribución de Alan Araújo Freitas. Desde este enfoque específico, el autor no duda en afirmar que la desigualdad salarial media entre hombres y mujeres es un fenómeno conocido por la literatura nacional e internacional. Sin embargo, la desigualdad salarial de género en la distribución del ingreso es menos conocida en Brasil. El objetivo central del estudio es medir la desigualdad de ingresos de los individuos en el mercado de trabajo a partir de algunas condicionantes visibles a lo largo de la curva de distribución de los salarios entre hombres y mujeres: el capital humano, la integración en el trabajo, el capital social, el capital cultural y el estado civil. ¿En qué medida un mayor nivel educativo alcanzado por las mujeres fue capaz de reducir la brecha salarial por género? ¿Es posible argumentar que a medida que avanzamos en la estructura salarial, la diferencia entre los sexos tiende a aumentar? Para responder a las preguntas planteadas, el autor utilizó el banco de datos del Instituto Milenio 2008. Los resultados mostraron que mantenido los atributos intervinientes constantes, las mujeres ganaban en promedio 54% del salario de los hombres. Esta desigualdad salarial de género Editorial: Poder, política

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es prácticamente la misma desde hace cincuenta años, estimada entonces en 60%. El último percentil del ingreso salarial mostró una mayor desigualdad de género. En el percentil 99, el salario de las mujeres es 44% del que reciben los hombres. Por cierto, la teoría feminista ha venido insistiendo en esta misma línea de trabajo desde hace largo tiempo. En general, esta visión sostiene que los paradigmas tradicionales en economía tienen un sesgo androcéntrico tanto en los conceptos como en los marcos analíticos utilizados, afectando negativamente a las mujeres en la implementación de las políticas e invisibilizándolas en las estadísticas y los análisis económicos. Si bien desde el siglo xix diversas autoras han escrito sobre el derecho de las mujeres a tener empleo denunciando las desigualdades laborales y salariales entre los sexos, es a partir de la década de los años setenta del siglo pasado que se vienen desarrollando de manera sistemática los escritos económicos que problematizan el tema. El artículo de Araújo Freitas viene a nutrir esta línea de investigación con datos precisos y actualizados sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en Brasil. Por su parte, los hallazgos de investigación presentados por Fernanda Vidal en su artículo, están dirigidos a dar cuenta de la desigualdad entre hombres y mujeres en lo que refiere a la participación política en México. Según la autora, la literatura sobre participación política de las mujeres ha cuestionado el significado de la representación y se ha preocupado por discernir las causas que controlan su acceso a los cargos políticos. Algunas explicaciones se basan en la oferta y sugieren una falta general de interés y/o capacidades que limitan su participación. Otras analizan los efectos de la demanda y estudian la composición de las organizaciones políticas. A partir de estas ideas, el artículo examina la participación de las mujeres dentro y fuera de los partidos y en actividades que pueden resultar indirectamente en participación política. Vidal investiga la importancia de la participación de las mujeres en los órganos directivos de los partidos, cuestionando si la presencia marginal explica la baja presencia de mujeres en puestos de elección popular. Se utilizan datos de doce estados mexicanos entre 1998 y 2012, incluyendo fuentes como la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadana, el Instituto Federal Electoral y la Encuesta Nacional sobre Discriminación. También se incluyen datos originales sobre los Consejos y Asambleas Estatales y los Comités Ejecutivos Nacionales. Luego de una revisión sistemática de las fuentes estadísticas y una pormenorizada revisión de las variables bajo estudio, la autora concluye que la participación de hombres y mujeres es similar y que la falta de participación no reconoce géneros. No obstante, demuestra la existencia de prácticas restrictivas hacia la mujer que fomentan la incorporación de hombres a los cuadros políticos. “La construcción del otro y el discurso de la pobreza. Narrativas y experiencias desde la periferia de la ciudad de México” es el título del artículo presentado por Cristina Bayón. A partir del trabajo etnográfico realizado en Chimalhuacán, un área de alta concentración de pobreza en la periferia de la Ciudad de México, el artículo se orienta con gran lucidez a 22 ⎥ Judit Bokser Misses-Liwerant

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desmantelar los mitos, estereotipos y estigmas sobre los pobres y sus lugares que sustenta el discurso público de la pobreza. Desde una perspectiva sociológica, Bayón indaga de qué manera quienes pertenecen a los sectores más desfavorecidos conviven, resisten y se adaptan a un discurso dominante que los denigra y estigmatiza, cotidiana y sistemáticamente. Se exploran los procesos y mecanismos sociales a través de los cuales los pobres son construidos como los otros, y sus implicaciones para la experiencia de la pobreza, las políticas sociales y la convivencia social. Desde allí, la autora examina cómo el discurso dominante de la pobreza, que culpabiliza y demoniza a los pobres por su situación, contribuye a legitimar, consolidar y reproducir las distancias sociales, oscureciendo la naturaleza política y económica de la desigualdad, en un contexto en el que ésta última es ampliamente tolerada socialmente. No es suficiente describir las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos y medir sus carencias; necesitamos comprender los modos particulares en que estas condiciones son problematizadas, lo que nos remite a las dimensiones culturales del problema. Estas dimensiones se relacionan con los diversos significados que personas y grupos construyen para interpretar sus experiencias de vida o crear fronteras simbólicas o morales entre categorías de personas o cosas, mediante las cuales se atribuye identidades a “otros” y a sí mismos.

Desnormalizando y desmoralizando la pobreza y el discurso en torno a ésta, la autora se propone transformarla en objeto de reflexión sociológica evidenciando las dimensiones simbólicas y relacionales que contribuyen a crearla, mantenerla y reproducirla. Así, en este artículo: Se indagan los procesos y mecanismos sociales a través de los cuales los pobres son construidos como los otros y sus implicaciones para la experiencia de la pobreza y la convivencia social. Se destaca que las representaciones dominantes sobre la privación contribuyen a legitimar, consolidar y reproducir las distancias sociales, obscureciendo la naturaleza política y económica de la desigualdad y la alta precariedad que caracteriza la inserción laboral de los sectores más desfavorecidos. No se trata sólo de entender qué tan extendida está la pobreza, sino qué tan tolerada socialmente es la desigualdad.

Finalmente, Iliana Yaschine nos presenta los resultados de su sólida investigación en el artículo “¿Alcanza la educación para salir de la pobreza? Análisis del proceso de estratificación ocupacional de jóvenes rurales en México”. La autora revisa el proceso de estratificación de los jóvenes de hogares rurales que han sido beneficiarios del programa Oportunidades (recientemente renombrado como Prospera) por hasta diez años. Con este programa, el gobierno mexicano ha buscado reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante la promoción del capital humano. Con base en información estadística y la aplicación de Editorial: Poder, política

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modelos de análisis de trayectorias, Yaschine analiza la relación existente entre distintos factores adscritos y meritocráticos en el proceso de logro ocupacional. La autora concluye que la educación es el factor que más incide sobre el estatus de estos jóvenes en el mercado de trabajo, pero que los factores relacionados con su origen social tienen, en su conjunto, un efecto de magnitud semejante. Asimismo, se observan diferencias por sexo y condición de migración que resaltan la importancia de las características del contexto y de los mercados laborales. Los resultados obtenidos sustentan que la educación es un elemento clave para impulsar la movilidad intergeneracional de este sector, por lo cual se deberá prestar atención a políticas educativas que garanticen el acceso a educación de calidad en todos los niveles para la población que vive en pobreza. No obstante, esto por si sólo sería insuficiente. Se requieren, además, acciones de política en otros frentes que logren reducir la asociación entre los orígenes y destinos sociales de los mexicanos. La desigualdad y la pobreza son fenómenos no sólo de gran magnitud en la sociedad mexicana, sino que persisten a lo largo del tiempo y se reproducen de una generación a la siguiente. Esto deja un panorama de poca esperanza para las personas que nacen en hogares con condiciones socioeconómicas desfavorables de mejorar su situación a lo largo del curso de vida. Durante las últimas décadas se han instrumentado en México diversas intervenciones gubernamentales que han tenido como objetivo la reducción de las brechas entre los sectores de la sociedad en distintas dimensiones de la desigualdad y la pobreza. Si bien ha habido avances importantes en indicadores sociales relacionados con la educación, la salud y la nutrición de amplios sectores de la población mexicana, en las últimas tres décadas la incidencia de la pobreza por ingreso no se ha modificado de modo que en la actualidad todavía uno de cada dos mexicanos vive en condiciones de pobreza multidimensional y uno de cada diez en pobreza extrema.

Los hallazgos presentado por Yaschine resultan contundentes. La desigualdad social y la pobreza que prevalecen en México se expresan en las notables diferencias existentes entre los jóvenes en su búsqueda por lograr trayectorias de vida que conduzcan al bienestar. En el caso de los jóvenes que provienen de hogares en condiciones de pobreza y de localidades rurales, un conjunto de desventajas se agregan y conspiran a favor de la reproducción de la condición social de sus padres.

Y esto nos conecta transversal y dolorosamente con uno de los acontecimientos más trágicos del México actual: el 26 de septiembre del 2014 fueron asesinadas seis personas, tres de ellas estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos; 20 resultaron heridas, un joven

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se encuentra en estado vegetativo y 43 estudiantes normalistas continúan desaparecidos. Lo vinculamos con la investigación presentada por Yaschine en tanto que: El grupo de estudio de esta investigación está conformado por 3,949 jóvenes de 18 a 24 años de edad (en 2007) que se encontraban ocupados en el mercado laboral. Ellos son originarios de localidades rurales de alta y muy alta marginación en los estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Así, quedan en evidencia las contradicciones de un Estado que diseña e implementa políticas y programas sociales dirigidos a la inclusión de jóvenes de localidades rurales de alta y muy alta marginación en un marco en que subsisten y se agravan delitos de esta magnitud.

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Referencias bibliográficas Castaño Zapata, Daniel y Natalia Clelia Suniga, (2014) “Fiesta y sacrificio. Explorando el problema de la transgresión en Georges Bataille” en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Año lix, Núm. 222, septiembre-diciembre. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam, pp.: 235-256. Cuna Pérez, Enrique, (2013) “Ciudadanía social y juventud en México: crisis, exclusión y desinterés del gobierno de Felipe Calderón, 2006-2010” en Valdés Vega, María Eugenia (coord.), Los problemas nacionales durante el gobierno de Felipe Calderón. México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Miguel Ángel Porrúa, pp.: 107-144. Fraser, Nancy, (1990) “¿Qué tiene de crítica la teoría crítica?” en Benhabib, Seyla y Drucilla Cornella, Teoría feminista y teoría crítica. Valencia, Edicions Alfons el Magnánim. Piketty, Thomas, (2014) El capital en el siglo xxi. México, fce.

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Hablar de política Democracia deliberativa y participación discursiva en México Talking about Politics Deliberative Democracy and Discursive Participation in Mexico Alejandro Monsiváis Carrillo∗1 Recibido el 5 de mayo de 2014 Aceptado el 22 de agosto de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

Este artículo defiende la pertinencia del estudio de la deliberación para dar cuenta del funcionamiento de los mecanismos de control democrático en los regímenes políticos. Con esa finalidad se realizan algunas precisiones conceptuales sobre la democracia deliberativa y se proponen algunos lineamientos para el análisis empírico, a la vez que se hace una valoración del papel de la deliberación en la política democrática en el México contemporáneo. Para avanzar en el estudio de la dimensión deliberativa del comportamiento político se analizan indicadores obtenidos de la Encuesta Nacional de Cultura Política 2012 y se evalúan sus determinantes. La evidencia muestra que existe un desafío mayor en términos del desarrollo

This paper argues that it is necessary to promote the study of deliberative politics in the analysis of the mechanisms of democratic accountability in political regimes. To advance this idea, it engages in a critical examination of the model of deliberative democracy and offers some guidelines for empirical research. Simultaneously, a brief assessment of the role of deliberation in Mexico`s contemporary democracy is provided. Also, with the purpose of exploring the deliberative dimension of political behavior in Mexico, some empirical indicators obtained from the National Survey of Political Culture 2012 are analyzed. The results show that developing deliberative capacities is a major challenge in this country. Even when the evidence shows a mi-

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Politólogo y doctor en Ciencias Sociales, El Colegio de la Frontera Norte. Profesor‐investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colegio de la Frontera Norte. Director general de Docencia en la misma institución, (México). Sus líneas de investigación son: gobernanza democrática, democracia deliberativa, rendición de cuentas y cultura política. Entre sus últimas publicaciones destacan: La representación política de cara al futuro: desafíos para la participación e inclusión democráticas (2014); “La deliberación como mecanismo de control democrático: precisiones analíticas y cuestiones emergentes” (2014) y “La democracia como política pública: oportunidades para el fortalecimiento democrático” (2013). Dirección de correo: amonsi@colef.mx 1   Este trabajo se benefició de las recomendaciones realizadas por los revisores anónimos. Les expreso un agradecimiento por sus observaciones y asumo la responsabilidad de lo que pudo quedar pendiente.

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de capacidades deliberativas entre la ciudadanía. El trabajo sostiene que, a pesar del carácter incipiente de los atributos deliberativos de la política en este país, es necesario avanzar en una agenda de análisis y de reforma institucional con perspectiva deliberativa en las democracias emergentes.

nor role for deliberation in Mexican politics, the paper defends including the deliberative perspective in the agenda of political research and institutional reform in emerging democracies.

Palabras clave: democracia deliberativa; participación discursiva; comportamiento político; opinión pública; México.

Keywords: deliberative democracy; discursive participation; political behavior; public opinion; Mexico.

Introducción Un tema poco explorado en el estudio del comportamiento político en México es el de la deliberación pública. Los estudios sobre comportamiento electoral, participación política y opinión pública que tienen a México por objeto de análisis son numerosos y sofisticados (Moreno, 2003; Morris y Klesner, 2010; Martí, Ortega y Somuano, 2011). Sin embargo, a pesar de que el análisis del comportamiento deliberativo basado en encuestas va ganando terreno (Fishkin, 2009; Jacobs, Cook y Delli Carpini, 2009; Mutz, 2006; Neblo, Esterling, Kennedy, Lazer y Sokhey, 2010), todavía tiene poca presencia en este país el interés por conocer los atributos del componente deliberativo de la participación política. La premisa de este trabajo es que el estudio del comportamiento deliberativo constituye una importante área de oportunidad en la investigación sobre opinión pública, participación política y democracia. Esta premisa puede no ser obvia, a pesar del rápido crecimiento que han tenido en la última década los estudios empíricos sobre la deliberación política (Delli Carpini, Cook y Jacobs, 2004; Steiner, 2012). Para muchos, la deliberación puede resultar una práctica políticamente inconsecuente que forma parte de una concepción de la democracia y la legitimidad poco realistas (Posner, 2003: 107). Hay que comenzar, entonces, por defender el caso. En la primera parte de este trabajo defenderé la relevancia de la perspectiva deliberativa y la pertinencia de la investigación empírica en este campo. La apuesta consiste en incorporar de manera sistemática las aportaciones del enfoque deliberativo en el estudio de la política y la democracia. El planteamiento que desarrollaré se basa en la idea de que el estudio de la deliberación puede contribuir a conocer el funcionamiento de los mecanismos de control democrático (Monsiváis Carrillo, 2014). Con base en este planteamiento, en la segunda parte de este trabajo abordaré la definición del concepto de deliberación y postularé que en el aná28 ⎥ Alejandro Monsiváis Carrillo

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lisis empírico de este concepto se pueden utilizar tres categorías: participación discursiva, deliberación colegiada y deliberación política. En la tercera sección, a partir de fuentes secundarias y las claves analíticas proporcionadas por el enfoque deliberativo, realizaré una valoración general del papel que ha tenido la deliberación en la política democrática en el México contemporáneo. La última parte del trabajo presenta un análisis de tres indicadores de participación discursiva con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Cultura Política 2012 (encup, 2013). Este trabajo concluye con una reflexión general en la que se señala que es necesario avanzar en una agenda de análisis y de reforma institucional con perspectiva deliberativa.

Democracia deliberativa: teoría normativa y análisis político El interés por la deliberación tiene uno de sus orígenes contemporáneos en la teoría y la filosofía políticas (Cohen, 1989; Habermas, 1998). El precepto de la deliberación ha contribuido a tener una comprensión normativamente más robusta de la política democrática que la que proviene de las teorías elitistas y economicistas. A grandes rasgos, el enfoque deliberativo se opone a una concepción “agregativa” de la política (Gutmann y Thompson, 2004) -la idea de que las decisiones democráticas no son más que el resultado de la agregación de preferencias individuales-. Esta visión no es incompatible con la expresión de intereses políticos autocentrados ni con las elecciones, la competencia política o las instituciones representativas (Mansbridge, Bohman, Chambers, Estlund, Follesdal, Fung, Lafont, Manin y Martí, 2010). En cambio, se contrapone a la idea de que la democracia puede ser descrita de manera suficiente empleando la analogía de un mercado (Elster, 2003), entendida como un sistema en el que se intercambian, bajo consideraciones estratégicas, candidatos u ofertas de política por votos. Los partidarios de la deliberación pública consideran que todos los implicados por una decisión política deben tomar parte en su adopción a través de un intercambio de razones y argumentos que sean convincentes y públicamente justificables ante otros ciudadanos (Gutmann y Thompson, 2004; Cohen, 1997). Que esto sea posible y de qué manera, es algo que ha sido discutido ampliamente. El papel de la deliberación en la política democrática ha sido objeto de numerosas controversias en la teoría normativa, pero también ha suscitado el interés de la investigación empírica (Delli Carpini, Cook y Jacobs, 2004; Ryfe, 2005; Steiner, 2012; Thompson, 2008). La cantidad y diversidad de estudios publicados sobre este tema se ha incrementado aceleradamente en múltiples campos disciplinarios. Una de las causas de esta multiplicación es la propia realidad política. Las iniciativas prácticas con componentes deliberativos no se han sentado a esperar a que los teóricos decidan si la deliberación es necesaria para la legitimidad democrática y si acaso es factible deliberar en un mundo donde se confrontan entre sí Hablar

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poderosos intereses. La deliberación es promovida en numerosos formatos institucionales y encuentros colectivos que se vienen realizado durante los últimos años en un amplio espectro de temas de la política pública, en los planos locales, nacionales e internacionales, e involucrando a actores sociales, profesionales o activistas y académicos (Dryzek, 2012; Fishkin, 2009; Goodin, 2008; Fung; 2007; Nabatchi, Gastil y Weiksner, 2012; Smith, 2009). A pesar de este auge, los estudios realizados en México con esta perspectiva son todavía escasos. La cuestión está, desde luego, en explicar las razones por las que tendría que emplearse este enfoque para analizar los procesos políticos en México o en otros países latinoamericanos. El argumento que sostengo es que la perspectiva deliberativa puede desempeñar dos funciones heurísticas en el estudio de la política democrática. Por un lado, funciona como un ideal regulativo en el sentido de que establece una serie de parámetros para orientar el diseño institucional, los procesos de reforma y la acción pública. Por el otro, la teoría deliberativa está conformada por un conjunto de premisas y supuestos que tienen que ser puestos a prueba empíricamente para explicar los fenómenos políticos. La pregunta de fondo es qué tanto y de qué manera la política deliberativa está asociada empíricamente con determinados atributos de los procesos y los resultados de la acción política. Se puede poner a prueba, por ejemplo, qué tanto la deliberación tiene las consecuencias esperadas en términos de capacidades o compromiso cívico en los ciudadanos, qué tanto contribuye a adoptar decisiones políticas óptimas y hasta qué punto fortalece la legitimidad de los procesos políticos. Las dos funciones heurísticas de la perspectiva deliberativa de la democracia son relevantes tanto para las democracias consolidadas como para las democracias “deficientes” (Croissant y Merkel, 2004).2 Si a este enfoque se le ha criticado por ser idealista, también se le puede objetar que solamente puede funcionar apropiadamente en democracias firmemente establecidas, en las que las desigualdades sociales no socavan la posibilidad de participar en condiciones de equidad, o en las que el gobierno de la ley protege efectivamente los derechos de la ciudadanía. Este planteamiento es poco convincente por dos motivos. En primera instancia, si se parte de la idea de que no se debe promover la deliberación hasta que el Estado de derecho no esté completamente establecido, la democracia firmemente asentada y las desigualdades sociales no sean abismales, se está defendiendo una idea de dudosas credenciales democráticas. La deliberación es una forma de acción política intrínsecamente ligada a los derechos políticos de los ciudadanos; si se postula que, por principio, no debe esperarse que una democracia “deficiente” sea deliberativa, sería como postular que no debe esperarse que los 2

Denomino “democracias deficientes” a los regímenes políticos que, sin ser sistemas autoritarios, adolecen de diversos déficits en su funcionamiento en tanto regímenes democráticos. Existe una amplia variedad de términos para referirse a esas democracias de mediana y baja calidad. En este contexto, el uso del término es indicativo y no pretende constituirse como criterio clasificatorio.

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ciudadanos ejerzan sus derechos políticos hasta que el sistema en su conjunto haya alcanzado un nivel óptimo de funcionamiento. Si la premisa es que no debe esperarse que una democracia “deficiente” sea deliberativa por razones que, de facto, limitan u obstaculizan la política deliberativa, entonces, por el contrario, adquiere especial relevancia este enfoque. Es decir, en un sistema donde el poder público se ejerce en condiciones de discrecionalidad y opacidad en lugar de estar sujeto a mecanismos de control democrático, es evidente que habrá pocos indicios de deliberación pública significativa y eficaz. Por esas mismas razones, de hecho, esta situación invita a recurrir a la teoría deliberativa para evaluar los atributos de esa situación y orientar las posibilidades de una reforma institucional o de acción pública. Cuando un sistema político padece de controles democráticos insuficientes o precarios es importante dar cuenta de cómo los episodios o instituciones deliberativos, por escasos e incipientes que éstos sean, contribuyen a democratizar el ejercicio del poder público. Como ha señalado Dryzek (2009), la construcción de capacidades deliberativas en los sistemas políticos es un componente fundamental en los procesos de democratización. Sirva como ilustración las aportaciones de esta perspectiva para dar cuenta del lugar que han ganado diversas prácticas deliberativas en el régimen autoritario vigente en China (He y Warren, 2011).

La deliberación como mecanismo de control democrático: precisiones conceptuales Una de las principales dificultades asociadas al estudio empírico de la deliberación consiste en distinguir los componentes normativos de este concepto de los atributos que lo constituyen como un fenómeno político. En la teoría normativa, la deliberación hace las veces de un dispositivo conceptual que ayuda a articular ideales como los de igualdad política, razonamiento público y legitimidad democrática. Como fenómeno político, la deliberación política debe ser identificable por los atributos que la definen. Cuando se traslapan los ideales normativos asociados a la deliberación con sus atributos empíricos se está incurriendo en un problema de confusión conceptual. En esta sección formularé un planteamiento que nos permita estudiar la deliberación política como un fenómeno político empírico. De inicio es necesario dejar de pensar a la democracia deliberativa como un modelo político-normativo cerrado y auto-contenido (Warren, 2012). Una concepción tal se encuentra en la definición que proporcionan dos influyentes promotores de esta perspectiva: [La democracia deliberativa es] una forma de gobierno en la cual los ciudadanos (y sus representantes), en su condición de libres e iguales, justifican sus decisiones en un proceso de intercambio de razones que son mutuamente aceptables y accesibles de manera general, con la finalidad de Hablar

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alcanzar conclusiones que son vinculantes en el presente para todos los ciudadanos, pero que pueden ser impugnadas en el futuro (Gutmann y Thompson, 2004: 7).3

Si se concibe a la democracia deliberativa como un sistema en el que la deliberación constituye el mecanismo primordial y exclusivo para la toma de decisiones democráticas, se está adoptando una concepción de la política democrática irreal e inconsecuente. Desde un principio, los ideales deliberativos estarían destinados al fracaso, pues aspiran a un sistema político despojado de elementos constitutivos de la política, como son los intereses y el poder. Tal visión pasa por alto que la deliberación es una forma de cooperación política que puede contribuir a las decisiones colectivas articulándose con procesos de votación o negociación. Con una visión así, de paso, se reducen drásticamente las posibilidades de promover un diálogo entre la investigación empírica con perspectiva deliberativa y cualquier otro tipo de análisis político. Si la investigación empírica sobre la deliberación se limita a aquellos casos en los que es posible observar procesos de decisión y actuación política de índole estrictamente deliberativa, este tipo de investigación puede aportar muy poco a la explicación de los fenómenos políticos más prosaicos y comunes. Ésta es la receta para ampliar la brecha entre la perspectiva deliberativa y el análisis político en sus distintas facetas. El problema con esta tendencia es que impide dar cuenta de los atributos deliberativos que están presentes, de hecho, en los procesos políticos ordinarios. Una adecuada comprensión de esos atributos puede resultar clave para explicar determinadas instituciones y prácticas políticas, y puede servir también para orientar los procesos de reforma institucional. Mi postura es que la democracia deliberativa, más que un modelo normativo autocontenido, debe ser considerada como una manera de poner énfasis en la centralidad que tienen las razones y justificaciones públicas en la configuración de la opinión pública, las decisiones políticas y la acción pública. La premisa es que la deliberación es una forma de acción política que puede ser decisiva para promover el control democrático del poder público (Monsiváis Carrillo, 2014). Para ser precisos, el control democrático (o democratic accountability) es el proceso mediante el cual distintas instituciones y mecanismos políticos promueven que el ejercicio del poder sea responsable y justificable ante aquellos sobre quienes se ejerce tal poder (Borowiak, 2011: 9-13). Puesta de esta manera, la pregunta no debe ser en qué medida las decisiones en un sistema político determinado se adoptan mediante la deliberación -por oposición a las decisiones que se adoptan a través de negociaciones o votaciones-. Antes bien, la pregunta debe ser en qué medida la deliberación es un medio para configurar leyes, decisiones y políticas que sean auditables por parte de la ciudadanía y justificables ante ella. 3

Traducción del autor.

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La deliberación como práctica política, por otra parte, es un fenómeno elusivo. A pesar de la extensa discusión que se ha dado en torno a este concepto (Delli Carpini, Cook y Jacobs, 2004; Neblo, 2005; Rosenberg, 2007; Ryfe, 2005; Steiner, Bächtiger, Spörndli y Steenbergen, 2005), no se registra todavía el afianzamiento de una categoría empírica reconocida por distintos analistas. El debate ya no reside en saber si la deliberación debe seguir un formato discursivo formal y riguroso, o si diversas figuras retóricas y formas de comunicación pueden ser también parte de un proceso deliberativo. Aunque se asume que la deliberación puede realizarse empleando diversos recursos comunicativos, las diferencias más importantes residen en saber qué tan amplio o restrictivo debe ser el concepto de deliberación. Para algunos, ésta se manifiesta por igual en las conversaciones cotidianas sobre política, en las discusiones informales o en toda comunicación no coercitiva sobre las propias preferencias políticas (Dryzek, 2000: 6). Para otros, la deliberación es un fenómeno político poco frecuente, que se realiza en circunstancias poco habituales y que demanda a los interlocutores desarrollar habilidades cognitivas y de comunicación especiales (Ryfe, 2005). Por ejemplo, Thompson (2008: 502-503) concibe a la deliberación como un intercambio de argumentos y razones sobre un desacuerdo para llegar a una decisión vinculante que sea democráticamente legítima -una postura similar es defendida por Cohen (2007)-. La ventaja de adoptar una definición más abarcativa, como la propuesta por Dyzek (2000:6), es que se puede poner atención a los aspectos que hacen de las conversaciones políticas informales un elemento del sistema deliberativo (Mansbridge, 1999). El inconveniente de esta postura es que tiene poca capacidad de diferenciación analítica, borrando la diferencia que existe entre la argumentación política que informa los procesos de decisión pública y las charlas cotidianas de carácter informal sobre asuntos políticos generales. De manera simétrica, suscribir las tesis de Thompson (2008) y Cohen (2007) ayuda a delimitar más claramente la política deliberativa, pero deja fuera de la teoría otras modalidades de comunicación política que no están relacionadas directamente con la toma de decisiones, pero que pueden ser políticamente relevantes. Para discernir el papel que juega la deliberación en la política sostengo que es necesario asumir que la noción de “deliberación” se compone de atributos políticos que no pueden ser capturados en una definición unitaria. Las distintas manifestaciones de la política deliberativa no se ubican a lo largo de un mismo continuo. Las diferencias entre una conversación política informal, el debate en un foro público y la discusión legislativa, no son simplemente de orden o grado. Son formas de interacción política cualitativamente diferentes. El primer paso para llegar a una concepción empírica de la deliberación es reconocer que toda forma de acción política deliberativa es una instancia de comportamiento cooperativo entre dos o más actores, esto permite separar el proceso de cooperación política de la forma y los contenidos de la comunicación que se lleva a efecto. La ventaja de esta distinción analítica es que ayuda a que la calidad de la comunicación política sea concebida como Hablar

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una variable. De esta manera, la evaluación de la calidad de la deliberación se puede realizar mediante instrumentos específicos.4 Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los fenómenos deliberativos se diferencian entre sí a partir de cuatro dimensiones: a) autorización formal; b) propósitos del diálogo; b) carácter resolutivo del diálogo, y c) obligatoriedad de la resolución adoptada. La primera dimensión se refiere a si es necesario que quienes forman parte de un intercambio político comunicativo hayan recibido previamente algún tipo de autorización formal, ya sea de tipo electoral, estatutario o administrativo. La segunda dimensión remite al propósito del diálogo: si solamente se desea proporcionar información acerca de las propias preferencias políticas o de los propios valores, experiencias y/o actitudes políticas, o si además se pretende persuadir o convencer a los interlocutores políticos. La tercera dimensión se origina en el carácter resolutivo de la comunicación política. La comunicación es resolutiva cuando contribuye a adoptar una decisión pública. Esta decisión, sin embargo, puede no ser vinculante. De ahí que la cuarta dimensión explore si la resolución adoptada se convierte en obligatoria o no. Estas dimensiones permiten distinguir tres tipos de política deliberativa. Cuadro 1 Tipos de política deliberativa

Dado un proceso comunicativo en el que se intercambia información sobre preferencias y posiciones políticas, y/o se tiene como finalidad persuadir a los interlocutores: Tipo de deliberación

Ejemplos:

1. Para participar no se requiere contar con una autorización institucional. 2. El intercambio no habrá de producir ninguna resolución o decisión en particular.

Participación discursiva

Conversaciones informales sobre lo público y la política.

1. Se requiere autorización institucional para participar en el diálogo. 2. El intercambio habrá de producir una resolución o decisión específica.

Deliberación colegiada

(Jacobs, Cook y Delli Carpini, 2009)

Encuestas deliberativas. Foros públicos. Consejos consultivos.

4

Véase: Steiner, Bächtiger, Spörndli y Steenbergen (2005).

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(continuación) Se requiere autorización institucional para participar en el diálogo. El intercambio habrá de producir una resolución o decisión específica. La resolución adoptada tiene un carácter vinculante y obligatorio

Tipo de deliberación

Ejemplos:

Deliberación política

Decisiones de órganos reguladores. Decisiones legislativas.

Fuente: elaboración propia con base en Monsiváis Carrillo (2014: 482-485).

El primer tipo es la participación discursiva. Este concepto ha sido formulado por Cook, Delli Carpini y Jacobs, (2007) y Jacobs, Cook y Delli Carpini (2009). Para estos autores la participación discursiva es: “el encuentro de unos ciudadanos con otros en escenarios formales o informales -cara a cara, o vía telefónica o por internet- para discutir temas de locales, nacionales o internacionales” (Ibíd., 2009: 30). En pocas palabras, participan discursivamente quienes comunican a otros sus opiniones y convicciones políticas, sin que para ello se requiera ninguna autorización administrativa, estatutaria o electoral previa. La participación discursiva tiene lugar en todos los sitios en los que se hable de asuntos públicos y colectivos: en el ámbito doméstico, laboral o profesional. Esta comunicación tiene una finalidad fundamentalmente expresiva, en la medida en que se comparten valores y hechos, pero es también instrumental en tanto se busca persuadir a otros de las propias ideas. Como ha señalado Mansbridge (1999: 211), el habla cotidiana sobre política es un elemento clave de un sistema deliberativo. El segundo tipo es la deliberación colegiada. Esta forma de deliberación es el intercambio comunicativo que se lleva a cabo cuando: a) quienes participan en el intercambio han sido seleccionados o han obtenido alguna forma de autorización institucional para ser parte del debate; b) el intercambio se da en condiciones de equidad y paridad; c) tiene la finalidad de que la comunicación permita expresar los intereses, argumentos o preferencias de cada participante, y d) se lleva a cabo con el propósito de adoptar una resolución que no tiene un carácter vinculante. La deliberación colegiada se efectúa en aquellos foros que han sido constituidos con el propósito de debatir asuntos públicos y emitir resoluciones: encuestas deliberativas, consejos consultivos, etcétera. La deliberación política propiamente dicha es la que se utiliza en la adopción de decisiones vinculantes con base en el intercambio de razones y justificaciones públicas. Como señala Thompson (2008), esta deliberación presupone que existe un desacuerdo político que obliga a debatir argumentos públicamente. El hecho de que la deliberación esté ligada no solamente a las funciones expresivas y resolutivas de la comunicación -sino también a Hablar

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la obligatoriedad de las decisiones- implica que quienes participan en este debate han recibido algún tipo de autorización, electoral o de otra índole. La deliberación política se lleva a cabo en los parlamentos, los órganos estatales de regulación y vigilancia, y otras instancias con capacidad para adoptar decisiones que se convierten en obligatorias. Al distinguir los tres tipos de política deliberativa mencionados se puede avanzar hacia el estudio de la interdependencia y articulación entre distintos contextos y procesos deliberativos. Como han señalado los impulsores del “giro sistémico” en la democracia deliberativa (Dryzek, 2009; Mansbridge, Bohman, Chambers, Christiano, Fung, Parkinson, Thompson y Warren, 2012; Parkinson, 2006), hace falta conocer no solamente los efectos particulares de los minipúblicos u otras experiencias deliberativas puntuales, sino también su relación con otras experiencias semejantes y sus consecuencias agregadas en el sistema político. El estudio de la articulación entre las distintas modalidades descritas de política deliberativa también permite reflexionar acerca de la relación entre los procesos políticos, los ideales regulativos y el diseño institucional. Desde un punto de vista normativo, la deliberación debe ser, por ejemplo, inclusiva y pública. Pero desde un punto de vista analítico, es necesario considerar esas normas como parámetros que varían dependiendo del contexto y los escenarios institucionales en los que la deliberación tiene lugar. En lugar de pensar que toda forma política deliberativa debe apegarse siempre a las mismas normas políticas, es necesario indagar de qué manera los escenarios institucionales en los que transcurre la deliberación promueven el equilibrio o la tensión entre distintas normas políticas y qué consecuencias se desprenden de ello.

Democracia deliberativa… ¿en México? Si se adopta la premisa de que la democracia deliberativa es un modelo en el que las decisiones vinculantes se adoptan mediante la deliberación política, salta a la vista que el régimen político mexicano no es una “democracia deliberativa” -y de hecho nunca lo será, pues tal modelo de democracia no es factible-. En cambio, si se considera a la deliberación como un elemento que contribuye al control democrático, cabe preguntarse en qué medida tal deliberación contribuye al control democrático en México. En esta sección abordaré este tema de manera indicativa, trazando líneas generales que deben ser exploradas con mayor detenimiento. Comenzaré discutiendo en qué medida el ejercicio del gobierno está sometido a mecanismos de control y rendición de cuentas democráticos. Posteriormente, comentaré el papel que tiene la política deliberativa en el sistema político mexicano. Postulo que el control democrático en México enfrenta considerables retos. Esto se puede constatar, en primera instancia, en los resultados del quehacer gubernamental. Se espera que los gobiernos actúen como agentes de la ciudadanía, proporcionándoles soluciones a 36 ⎥ Alejandro Monsiváis Carrillo

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los problemas públicos y mejores condiciones de vida. La evidencia muestra, sin embargo, que en múltiples áreas de la política pública los resultados son, en el mejor de los casos, incipientes e inconsistentes. Por ejemplo, las últimas dos décadas no han dejado mejoras impresionantes en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza o la disminución de la desigualdad (Elizondo Mayer-Serra, 2010; Lustig, Lopez-Calva y Ortiz-Juárez, 2013). Al mismo tiempo, se han registrado procesos de deterioro del bienestar social asociados a la incapacidad de los gobernantes para enfrentar de manera eficaz diversos retos en el fortalecimiento del Estado de derecho -de acuerdo con el World Justice Project (2014: 121), México ocupa el lugar 79 de 99 países en materia de vigencia del Estado de derecho-. La corrupción no sólo no ha sido erradicada en el sector público, sino que las administraciones federales y los gobiernos subnacionales se han mostrado incapaces de acabar con la violencia vinculada con el crimen organizado, de garantizar la procuración de justicia y la seguridad ciudadana en un marco de derechos humanos (Aguayo y Treviño, 2010; Davis, 2006). Por otra parte, los alcances del control democrático deben evaluarse a partir de la capacidad que tiene la ciudadanía para influir en la conducción de los gobiernos, requerir justificaciones públicas y emitir sanciones de distinta índole. Para aproximarme a esta dimensión, consideraré por separado las características del régimen político y la relación de los ciudadanos con la institucionalidad democrática. El planteamiento que pretendo formular puede ser ilustrado con el gráfico 1, el cual presenta la distribución de los países latinoamericanos en dos dimensiones: el nivel de desarrollo democrático alcanzado entre 2002 y 2013 (idd-Lat, 2013) y el grado de satisfacción con la democracia entre 1995 y 2013 (Latinobarómetro, 2013). Los resultados que se muestran son consistentes con otras mediciones de calidad de la democracia en la región. La satisfacción con la democracia en México -únicamente por encima del nivel de Honduras- ilustra que, por distintas razones, la opinión pública ha visto notoriamente frustradas las expectativas que albergaba. El gráfico 1 muestra que las instituciones y la política democrática en el país no se destacan por haber tenido un proceso sostenido de cambio y fortalecimiento. El diseño institucional de la democracia mexicana que ha prevalecido desde 1996 se caracteriza por fragmentar el poder político en dos sentidos: en la estructura vertical del Estado -en tanto favorece la discrecionalidad el ejercicio del poder subnacional en las entidades federativas, a la vez que dificulta la coordinación política a escala nacional- y en un sentido horizontal -en tanto que la división de poderes y las características del sistema electoral han dificultado la formación de mayorías legislativas representativas, estables y responsables-. Esta estructura institucional es consecuencia del prolongado proceso de transición democrática que tuvo lugar en el país, el cual estuvo basado en negociaciones entre las principales fuerzas políticas, las cuales establecieron los términos en los que se podía participar en la competencia por los votos, la representación legislativa y el Poder Ejecutivo, pero dejaron Hablar

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en segundo plano la configuración de régimen político basado en un diseño institucional integrado y coherente. La estructura institucional del régimen político tras la alternancia no ha conseguido fortalecer un sistema integral de rendición de cuentas que fortalezca el Estado de derecho (López-Ayllón y Merino, 2010), e inclusive las instituciones que fueron creadas para garantizar y promover los derechos ciudadanos han sido colonizadas por intereses partidistas y/o poderes fácticos (Olvera, 2010 y 2012). Paralelamente, las relaciones entre ciudadanos, representantes y régimen político han sido objeto de un pronunciado desgaste. De manera consistente, los estudios muestran que los ciudadanos sienten desapego hacia las instituciones estatales, y en particular hacia las instituciones representativas (Del Tronco, 2012; Maldonado, 2013). No se trata sencillamente de un distanciamiento crítico, sino de una compleja relación entre distintos determinantes, como lo ilustra la causalidad recíproca entre la percepción de la corrupción y la desconfianza en las instituciones (Morris y Klesner, 2010).

Satisfacción con la democracia 1995-2013

Gráfico 1 Índice de desarrollo democrático en América Latina Uruguay

80.00

Ecuador

60.00

40.00

20.00

Nicaragua

Argentina R. Dominicana Panama Bolivia El Salvador Venezuela Guatemala Colombia Paraguay Brasil

Perú

Chile Costa Rica

México

Honduras 20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

Índice de desarrollo democrático 2002-2013

Fuente: elaboración propia con base en idd-Lat (2013) y Latinobarómetro (2013).

Los mecanismos de la desafección política son diversos. Las denuncias de actos de corrupción y arbitrariedad perpetrados por legisladores, gobernantes y funcionarios, seguidas de 38 ⎥ Alejandro Monsiváis Carrillo

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la falta de justicia cierta y expedita, contribuyen a alimentar el cinismo y el desencanto político. La persistencia de rituales públicos basados en el culto popular a la personalidad de los gobernantes alienta la reproducción de una cultura pública que continúa siendo paternalista y autoritaria. La combinación de la desconfianza y el desapego hacia las instituciones representativas con la persistencia de identificación con los principales partidos políticos producen un “partidismo cínico” entre la población (Martí, 2013) y el surgimiento de expresiones de protesta, como el movimiento de los “anulistas” del voto (Cisneros-Yescas, 2013) que denuncian las dificultades existentes para lograr que los representantes rindan cuentas de manera efectiva. Si el control democrático en México padece las deficiencias señaladas hasta aquí, ¿qué se puede decir del papel de la política deliberativa en este contexto? La realidad es que la deliberación ha desempeñado una función fragmentaria e incipiente como mecanismo de control democrático. Esto no significa, sin embargo, que esté ausente. Aunque se requiere una indagación más sistemática, en lo que sigue discutiré qué tanto se han desarrollado capacidades deliberativas entre los actores e instituciones públicos y qué tanto ésas han sido consecuentes en términos de las decisiones públicas adoptadas. Las capacidades deliberativas son disposiciones que permiten combinar recursos, condiciones y habilidades para sostener una comunicación política. Las instituciones y organizaciones cuentan con capacidades deliberativas en la medida en que tienen foros, espacios y normas para el debate, la discusión y la decisión colectiva. Los grupos sociales y los individuos desarrollan capacidades deliberativas cuando pueden participar en procesos de interlocución, debate y decisión con base en argumentos y justificaciones. El desarrollo de capacidades deliberativas en las instituciones públicas y en los actores sociales ha seguido una pauta divergente y heterogénea en México. Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, y en especial a partir de los años noventa, se ha incrementado el número de actores y organizaciones sociales con capacidades técnicas y de incidencia pública. En los principales centros urbanos del país -y en especial en el Distrito Federal-, distintas organizaciones y movimientos sociales han conseguido posicionarse como interlocutores públicos y como instancias de control gubernamental. Sin embargo, la distribución de capacidades deliberativas en la esfera pública y en el campo asociativo sigue una pauta polarizada y contrastante. Así como se registra la consolidación de un número limitado de organizaciones (think tanks) y de asociaciones altamente profesionalizadas que participan activamente en los debates públicos, también existe un amplio conjunto de organizaciones, movimientos e iniciativas que se caracterizan por la inestabilidad y la poca institucionalización. A pesar de la diversidad y el dinamismo que tipifican al terreno asociativo, es reducido el número de organizaciones prodemocráticas capaces de incidir en la agenda pública y en la rendición de cuentas (civicus, 2010; Somuano, 2010). En cambio, persisten las asociaciones sociales, corporativas y gremiales estrechamente relacionadas con las redes políticas Hablar

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en las que se sostiene la captura de múltiples áreas del aparato estatal y gubernamental. Adicionalmente, el desarrollo de capacidades deliberativas en las organizaciones y movimientos sociales se ha visto limitado por la violenta censura del crimen organizado y el abierto activismo que diferentes actores políticos en los tres niveles de gobierno han promovido en contra de organizaciones civiles independientes, medios de comunicación locales, periodistas y defensores de derechos humanos. Otro campo en el que se han fortalecido las condiciones para la deliberación es el de las capacidades institucionales formales. Durante las últimas tres décadas, a la estructura institucional del Estado -basada en la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema federal- se han incorporado distintos sistemas de órganos reguladores autónomos o descentralizados que pueden desempeñar un rol clave en un sistema deliberativo de control democrático y rendición de cuentas. El carácter colegiado de muchos de estos órganos implica que el intercambio público de argumentos y justificaciones adquiere centralidad para evaluar su desempeño. Aunque muchas de estas entidades están conformadas por comités de expertos y deben adoptar resoluciones bajo criterios estrictamente técnicos, sus decisiones y pronunciamientos son objeto del escrutinio público -es el caso, por ejemplo de los reguladores del mercado, como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica (creada a partir de la reforma constitucional de 2013)-. En otros casos, por tratarse de entidades más directamente vinculadas a la rendición de cuentas públicas y la institucionalidad democrática -los órganos asociados al acceso a la información pública y gubernamental o la gobernanza electoral-, las deliberaciones que tienen lugar en los consejos decisorios de estas entidades tienen un alcance público más amplio. De forma paralela, los órganos autónomos que cumplen funciones de supervisión y contrapeso en la garantía de derechos ciudadanos, también pueden contribuir con sus agendas, resoluciones y pronunciamientos a una deliberación pública vigorosa. Esto ha sido señalado en relación con órganos unipersonales, como los ombudsman (Monsiváis-Carrillo y Brena, 2011: 476-479), pero tal apreciación es aplicable también a otras entidades públicas, como el Instituto de Acceso a la Información Pública y Gubernamental (ifai), el Instituto Nacional Electoral (ine), sus contrapartes subnacionales, y otras agencias regulatorias. De igual manera, en los últimos años, en los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-, se han incorporado una amplia variedad de formatos de consulta y participación pública que pueden describirse de manera genérica como “innovaciones democráticas”. Entre los nuevos instrumentos se encuentran la promulgación de leyes de participación ciudadana, la creación de disposiciones para impulsar la participación y la contraloría social, diversos instrumentos públicos para la rendición de cuentas, y en algunos pocos casos la implementación de presupuestos participativos. En su conjunto, estos instrumentos han

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abierto la posibilidad de promover la deliberación en comités, comisiones, consejos y otras formas de incidencia pública (Hevia, Vergara-Lope y Ávila Landa, 2011). El balance del fortalecimiento de las capacidades deliberativas en las instituciones estatales y gubernamentales, sin embargo, es mixto. A pesar de la creación de nuevos marcos institucionales y normativos, persisten considerables desafíos para que la deliberación sea en ellos una práctica común y consecuente. Son pocas las experiencias derivadas de la creación de estos instrumentos que hayan sido eficaces y duraderas. En la gran mayoría de los casos su función es retórica y decorativa. Cuando se consigue ir más allá, como en algunos consejos consultivos, es difícil trascender los formalismos y las inercias institucionales (Montes de Oca, 2014). Como regla general, las iniciativas para ampliar el potencial democrático, participativo y deliberativo en los espacios estatales y gubernamentales se han encontrado con la dificultad de transformar diversas estructuras y relaciones de poder entre intereses creados. Los órganos reguladores y garantes de derechos han seguido trayectorias de desarrollo institucional que culminan en la colonización partidista de esas instituciones (Olvera, 2010). Con todo y las innovaciones participativas de por medio, gobernantes, militantes partidistas y servidores públicos han mostrado una obstinada resistencia a la rendición de cuentas y la contraloría social (Isunza, 2012). Sin dejar de apelar en el discurso a las bondades de la participación ciudadana, numerosas iniciativas han sido capturadas por intereses de los partidos o grupos políticos, convirtiéndose en instrumentos de patronazgo o clientelismo (Tejera Gaona y Rodríguez Domínguez, 2012). El punto en el que resulta más visible la desarticulación entre los procesos de deliberación pública y la adopción de decisiones políticas es en las relaciones de representación democrática. En el contexto de un entramado institucional en el que existen pocos mecanismos para combatir la impunidad o incentivar la responsabilidad de los servidores públicos, los gobernantes y los políticos rara vez se ven en la necesidad de formular justificaciones públicas consecuentes. La configuración de agendas y el transcurso de los procesos legislativos difícilmente quedan enmarcados en procesos deliberativos que puedan ser objeto de escrutinio público. Dos procesos distintos pueden servir de ilustración. El primero es el que tuvo lugar a raíz de los “Diálogos por la Paz” en 2011, cuando el presidente Felipe Calderón sostuvo dos encuentros con los representantes del “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”. Lo inédito de estos diálogos fue que el titular del Ejecutivo federal accediera a debatir con los representantes de un movimiento social que reivindicaba una ruta diametralmente opuesta a la del gobierno en materia de justicia, seguridad y combate al narcotráfico. A pesar de las condiciones iniciales propicias para el diálogo que pudieron configurarse, el desarrollo del proceso mostró las notorias dificultades que enfrentan los gobernantes -en este caso, la administración calderonista- para comprometerse de manera consecuente con una política deliberativa (Monsiváis, Pérez y Tavera, 2014).

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El segundo ejemplo lo constituye el proceso de reformas encabezado por la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Entre diciembre de 2012 y mediados del año 2014, el gobierno del priísta Peña Nieto consiguió la aprobación de once reformas estratégicas y la aprobación de más de 80 leyes secundarias. Luego de dos sexenios de gobiernos sin la capacidad de alcanzar acuerdos sobre temas clave para el país, la aprobación de las reformas en materia energética, fiscal, laboral, telecomunicaciones, transparencia, competencia económica, electoral, entre otras, constituyó un logro mayor en términos de operación política. Dejando de lado la discusión sobre el valor intrínseco de cada una de esas reformas, el proceso político que se siguió estuvo basado en el apoyo que le proporcionaron los partidos de oposición al partido del presidente. Este apoyo se basó inicialmente en el “Pacto por México”, suscrito en diciembre de 2012 por los tres principales partidos políticos del país. Aunque tuvo que ser ratificado en mayo de 2013 para aprobar un “Adéndum” relacionado con la limpieza de las elecciones, y a pesar de que en diversas ocasiones los partidos de oposición renegaron o renunciaron a dicho acuerdo, este “Pacto” permitió al gobierno superar en diversas coyunturas las divisiones partidistas y sacar adelante su agenda legislativa. El proceso de reformas en su conjunto, sin embargo, careció de componentes públicos sustantivos de deliberación y justificación. Los propósitos, alcances y contenidos de las reformas no se debatieron ni se justificaron en foros legislativos o espacios constituidos para tal fin, sino que fueron producto de negociaciones estratégicas, efectuadas a puerta cerrada. Es cierto que la deliberación cerrada al público puede mejorar la calidad del debate y los productos políticos, pero debe compensarse con mecanismos de publicidad y control (Chambers, 2004). En este caso, más allá de las reacciones coyunturales o de la propaganda gubernamental en medios masivos de comunicación, los procesos de justificación pública del “Pacto por México” y las reformas efectuadas fueron pasados por alto.

Participación discursiva en México Las encuestas de opinión pública son un instrumento empleado por un número creciente de analistas para investigar la dimensión discursiva del comportamiento político. De manera sistemática, Fishkin (2009) ha utilizado encuestas en sus experimentos deliberativos. Otros especialistas han aplicado encuestas diseñadas expresamente para indagar comportamientos deliberativos (Jacobs, Cook y Delli Carpini, 2009; Neblo, Esterling, Kennedy, Lazer y Sokhey, 2010) o han empleado encuestas para contrastar hipótesis específicas sobre la disposición a debatir con puntos de vista opuestos al propio (Mutz, 2006). Sin embargo, en México y otros países de América Latina, los comportamientos políticos discursivos no han sido plenamente incorporados a los instrumentos de medición que se han aplicado. 42 ⎥ Alejandro Monsiváis Carrillo

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Esto constituye una importante área de oportunidad para la investigación del comportamiento político por medio de encuestas. El análisis que se presenta a continuación está hecho con datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas “Encup 2012”, financiada por la Secretaría de Gobernación del gobierno federal en México (Encup, 2012).5 Esta encuesta no contiene reactivos que pretendan analizar sistemáticamente la participación discursiva. Los indicadores disponibles miden la incidencia de hablar sobre política en situaciones cotidianas. Se trata de una aproximación parcial, pues discutir sobre política con amistades o con otras personas no necesariamente se traduce en otras formas de influencia política ni es un indicador apropiado de la manera en que se podría deliberar cuando sea necesario adoptar decisiones vinculantes de carácter público. Con todo, los indicadores disponibles proporcionan información suficiente para realizar una exploración de los comportamientos políticos discursivos en México. Los indicadores de participación discursiva se pueden ver en el gráfico 2, junto con otros indicadores de participación política. Este gráfico reporta la incidencia de ocho tipos distintos de actividades: conversar sobre política, persuadir a otros para votar por este o aquel candidato, firmar documentos como señal de protesta o de apoyo a una causa, hacer solicitudes a funcionarios públicos o políticos empleando diversos medios, asistir a reuniones de partidos políticos, colaborar con candidatos o partidos durante las campañas electorales o asistir a alguna reunión en la colonia, barrio o comunidad con el objeto de resolver un problema común. De acuerdo con los datos de este gráfico, la frecuencia con la que se participa en este tipo de actividades es considerablemente poca –en algunos casos menos de 10% de la población las realiza al menos con cierta frecuencia-. Las variables de interés en este estudio presentan el siguiente comportamiento: al menos algunas veces 36.7% conversa con otras personas sobre política; 15.6% intenta persuadir a los amigos para votar por ciertos candidatos y, 28.5% asiste a reuniones en la comunidad, la colonia o el barrio. Esta última variable puede ser un indicador indirecto de una cierta disposición a debatir o deliberar. A las reuniones de la colonia se asiste para participar en la resolución de los problemas comunes, y esa participación suele ser debatiendo y votando. Asistir no es igual a tomar la palabra, pero constituye en sí misma una experiencia de acercamiento a una discusión colectiva. Ahora bien, si se comparan los indicadores de participación discursiva en México con los que encuentran Jacobs, Cook y Delli Carpini (2009), se percibe una notoria diferencia. En el estudio (Ibíd, 2009: 37), 68% se involucra en conversaciones políticas, 24% en conversaciones políticas por internet; 25% discute cara a cara con otros sobre temas de interés público; 47% trata de persuadir a otros sobre su punto 5

La Encup 2012 es una encuesta representativa de alcance nacional y regional, con una muestra de 3 750 casos, levantada en el mes de agosto de 2012.

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de vista con respecto a un tema público, y 31% reporta haber intentado influir en el sentido del voto de otras personas. Una primera aproximación a los determinantes de estos comportamientos se presenta en el cuadro 2. Los datos sugieren que las formas de participación discursiva están asociadas tanto con las condiciones sociales de las personas como con sus valores y disposiciones políticas. Por ejemplo, las diferencias de proporciones entre personas del sexo masculino y femenino son notorias cuando se trata de conversar sobre política y llevar a cabo actos de persuasión electoral; también es característico el papel que juegan los altos niveles de escolaridad en los resultados de las tres variables de interés; asimismo, es visible que la identificación con el Partido de la Revolución Democrática (prd), así como tener una ideología de izquierda, predispone a asistir a reuniones comunitarias, conversar sobre política y persuadir a otros en materia electoral. Éstas y otras tendencias que se registran en el cuadro 2 son analizadas de manera sistemática a través de un modelo que se describe a continuación. Gráfico 2 Frecuencia con la que se han realizado actividades participativas (%)

Participar en manifestaciones a favor o en contra del gobierno o por alguna causa Firmar documentos en señal de protesta Hacer solicitudes a políticos o funcionarios públicos Trabajar para algún candidato o partido en campañas electorales Asistir a reuniones de partidos políticos Asistir a reuniones que tienen por objeto resolver los problemas del barrio, la colonia o la Convencer amigos para votar por candidatos Platicar con otras personas sobre temas políticos 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fuente: elaboración propia con Encup (2012).

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Cuadro 2 Participación discursiva: tablas cruzadas Asistir a reuniones con objeto de resolver problemas de la comunidad

Conversar sobre política

Persuasión electoral

28.5%

36.5%

15.6%

Masculino (48.7%)

29.2

42.5

18.7

Femenino (51.3%)

27.8

31

13

18 a 24 (16.5%)

22.3

32.4

14.9

25 a 34 (25.8%)

27

38.3

14.9

35 a 49 (30.7%)

31.6

36.5

16.2

50 o más (27%)

30.2

37.7

16.5

Primaria o menos (33.1%)

27.2

29.2

12.2

Secundaria completa/ incompleta (30.2%)

27.9

36.2

14.9

Preparatoria o estudios técnicos (23.5%)

27.9

38.4

17

Licenciatura incompleta o más (13.2%)

34.3

52.7

23.8

Clase media o más (14.6%)

30.1

52.1

24.5

Clase baja o menos (85.4%)

28.1

33.9

14.3

La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (58.3%)

30.4

40.2

16.2

Confianza interpersonal (30.4%)

30.7

38.4

19.2

25.3

37.8

16.9

Variables (%) Sexo

Edad

Escolaridad

Nivel socioeconómico

Identificación partidista pan (15.7%)

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(continuación) Asistir a reuniones con objeto de resolver problemas de la comunidad

Conversar sobre política

Persuasión electoral

pri (33.6%)

28.1

38.2

16.9

prd (13.5%)

35.9

42.7

20.8

Ninguno (31.1%)

25.8

29.7

11.1

Izquierda (15.4%)

35.1

43.7

21.7

Centro (22.2%)

24.9

31.2

12.8

Derecha (42.1%)

29

40.2

17.8

Sin ideología (15.8%)

27

26.4

8.2

Ideología

Fuente: elaboración propia con base en la Encup 2012.

Con la finalidad de identificar los determinantes de las formas de participación discursiva, estimé el efecto que tienen cuatro conjuntos de variables en los indicadores seleccionados: condiciones socioeconómicas; recursos políticos; capital social y participación, y actitudes y disposiciones políticas.6 Condiciones socioeconómicas. Una primera hipótesis a explorar es que los comportamientos políticos discursivos están influenciados por las condiciones demográficas, sociales y económicas de las personas. Por esta razón, analizaré el efecto que tiene el sexo de los encuestados, el grupo de edad al que pertenecen, el nivel de escolaridad alcanzado y su estatus socioeconómico. Con base en la literatura especializada y los datos del cuadro 2, se puede anticipar que el sexo masculino se asocia más con actividades de participación, al igual que los niveles altos de escolaridad y de condición socioeconómica. La brecha en el grado de participación política alcanzado por hombres y mujeres puede reproducirse en este contexto. Las habilidades necesarias para participar en una discusión pública también pueden ser adquiridas en mayor medida mediante las oportunidades que ofrecen los altos niveles de escolaridad y de nivel socioeconómico. Con respecto a la edad, postulo que los jóvenes y los mayores de 50 años se involucran menos en la política que los adultos que tienen entre 25 y 50 años de edad. Recursos políticos. Para intervenir en una conversación sobre política en una reunión de vecinos o para convencer a alguien de las ventajas de votar por determinados candidatos hace falta contar con habilidades de comunicación, pero también con opiniones e informa6

Véase el anexo para conocer la operacionalización de las variables que se describen en este análisis.

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ción política. Por esta razón, postulo que variables como el interés en la política, el nivel de información política con el que cuentan las personas y los hábitos de consumo noticioso pueden ser determinantes de los niveles de involucramiento en diversas modalidades de discusión política. Capital social y participación. Las condiciones socioeconómicas de las personas, su interés por la política y su disposición a informarse sobre asuntos políticos deben ser considerados junto con las experiencias de participación y asociativismo que han tenido. Para evaluar estas experiencias, analizaré la influencia que tienen la confianza interpersonal y diversas formas de participación pública y política en las variables dependientes. Una de las hipótesis es que la confianza en otras personas facilita la disposición de los individuos a dialogar con ellos, discutir e inclusive intentar modificar sus preferencias electorales. Del mismo modo, otras formas de acción individual o colectiva pueden servir como mecanismos de entrenamiento en las prácticas deliberativas. Analizaré, por lo tanto, qué tanto influyen las iniciativas para organizarse con otras personas, asistir a manifestaciones, o emprender acciones públicas; las diferentes manifestaciones de apoyo a causas de distinta índole; las acciones dirigidas a contactar autoridades gubernamentales, y las expresiones de solidaridad hacia personas en condiciones de desventaja. Actitudes y disposiciones políticas. Por último, sostengo que la participación discursiva está influenciada por las convicciones político-normativas y las actitudes políticas de las personas. Las concepciones que se tienen del deber ser de la política, la evaluación del entorno político y otras actitudes pueden fungir como resortes o mecanismos que inducen la participación. La evaluación de los efectos de estos grupos de variables los realicé mediante tres modelos de regresión logística, cuyos resultados se exponen en el cuadro 3. Discutiré los resultados de cada modelo por separado. Cuadro 3 Determinantes de la participación discursiva Asistir a reuniones del barrio o comunidad Razón de momios (Error estándar) Intercepto

Conversar sobre política

Persuasión electoral

Razón de momios Razón de momios (Error estándar) (Error estándar)

.397 (.344)***

.102 (.352)**

.250 (.461)***

Sexo: mujeres

1.01 (.083)

.671 (.073)***

.727 (.096)***

Edad: 25 a 50 años

1.06 (.086)

1.01(.079)

.902 (100)

Condiciones socioeconómicas

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(continuación) Asistir a reuniones del barrio o comunidad

Conversar sobre política

Persuasión electoral

Estudios: preparatoria o más

.882 (.105)

.965(.103)

1.00 (.128)

Clase media o más

.871 (.149)

1.45(.146)**

1.47 (.152)**

Interés en la política

1.2 (.114)

1.69(.111)***

1.33 (.129)**

Información política

1.14 (.096)**

1.30(.101)***

1.25 (.116)**

Consumo noticioso

1.3 (.103)***

1.75(.102)***

1.46 (.135)***

1.05 (.094)

.932 (.089)

1.31 (.114)**

Activismo individual

1.51 (.092)***

1.36 (.094)***

1.55 (.120)***

Apoyo a causas

1.79 (.085)***

1.42 (.092)***

1.60 (.114)***

Acciones dirigidas a las autoridades de gobierno

3.13(.084)***

1.93 (.082)***

1.64 (.113)***

Acciones solidarias

1.2 (.086)***

1.33 (.085)***

1.01 (.116)

Identificación con la democracia

1.16 (.086)*

1.19 (.089)**

.928 (.121)

Satisfacción con la democracia

.820 (.089)**

.940 (.091)

.995 (.121)

Eficacia política externa

1.29 (.092)***

1.32(.095)***

1.10 (.116)

pan

.813 (.144)

1.15 (.126)

1.22 (.163)

pri

.947 (.125)

1.19 (.117)

1.23 (.143)

prd

1.29(.163)

1.25 (.144)

1.22 (.181)

Izquierda

1.06 (.165)

1.15 (.159)

1.64 (.219)**

Derecha

1.03 (.147)

1.20 (.127)

1.54 (.171)**

Centro

.873 (.151)

.865 (.137)

1.15 (.190)

N=

3,436

3,437

3,438

Pseudo R Cuadrada (Cox y Snell)

.112

.118

.062

Predichos correctamente (%)

73.8

68.6

84.8

Recursos políticos

Capital social y participación Confianza interpersonal

Actitudes y disposiciones políticas

Fuente: elaboración propia con base en la Encup 2012. Regresiones logísticas utilizando el módulo de muestras complejas del spss. La tabla muestra las razones de momios. Entre paréntesis se muestran los errores estándar. *p ≤ .1, ** p≤.05, *** p≤.01

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Asistencia a reuniones con el objeto de resolver los problemas del barrio, colonia o comunidad. Como se mencionó más arriba, este indicador no es estrictamente una medida de participación discursiva. Se trata de un indicador de participación social o comunitaria. No obstante, es una variable que mide la disposición a asistir a encuentros en los que se podría registrar algún tipo de deliberación pública. Los resultados que se presentan en el cuadro 3 muestran que se trata de un fenómeno con características distintivas. Hay que destacar, antes que nada, que este tipo de participación no parece estar asociado con las características socioeconómicas de la población. Ninguna de las variables de ese bloque tiene una asociación estadísticamente significativa. Esto indica que el sexo, la edad (aunque en el cuadro 2 se muestra que los menores de 24 años acuden menos a esas reuniones), la escolaridad y el estatus socioeconómico no ejercen influencia: todos asisten (o no asisten) por igual a estas reuniones. Las cosas cambian en los otros bloques: por un lado, los niveles de información política y consumo noticioso son determinantes asociados a la asistencia a estas reuniones, pero no así el interés en la política. La confianza interpersonal tampoco resulta una variable decisiva, como sí lo son las tres variables que miden diversas formas de participación pública, y en especial la que mide la realización de acciones dirigidas a contactar a las autoridades gubernamentales. En el bloque que evalúa los efectos de las actitudes y disposición políticas, las variables que tienen efectos positivos son las que dan cuenta de la identificación con la democracia, la satisfacción con la democracia en México y la percepción de eficacia política. La identificación partidista no tiene efectos relevantes, ni tampoco la ideología política, aunque hay que destacar el contraste entre quienes se identifican con el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido Revolucionario Institucional (pri), y quienes se identifican con el prd. En este último caso, la asociación es positiva, mientras que en los dos anteriores es negativa –es decir que la identificación con esos dos partidos disminuiría los momios u oportunidades de asistir a esas reuniones-. Conversar sobre política. Los resultados del modelo indican que la frecuencia con la que se conversa con otras personas acerca de política puede ser estimada a partir de los cuatro tipos de variables explicativas. En primer lugar, el cuadro 3 muestra que ser mujer se asocia negativamente con la conversación sobre política, mientras que pertenecer a un estrato socioeconómico medio o alto incrementa las oportunidades de hablar sobre política. La escolaridad, de manera sorpresiva, no parece tener efectos. Esta relación se mantiene inclusive si se emplea una medida más estricta de los altos niveles de escolaridad. En segunda instancia, hablar sobre política parece ser un efecto del interés en la política, el nivel de información política y el nivel de consumo noticioso. Esto corrobora la hipótesis de que los recursos informativos son un elemento que favorece la participación discursiva. En tercer lugar, con excepción de la confianza interpersonal, las experiencias de acción y participación pública también están asociadas estadísticamente con la variable dependiente. Finalmente, en el último bloque sólo la identificación con la democracia y la eficacia política externa aparecen Hablar

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como factores determinantes. Ni la identificación partidista ni la ideología tienen efectos sistemáticos; tampoco los tiene la satisfacción con la democracia, la cual inclusive parece tener una asociación negativa con la disposición a conversar sobre política. Persuasión electoral. Tratar de convencer a otros de votar por determinados candidatos es la tercera forma de participación discursiva que está siendo examinada. El cuadro 3 ilustra que este comportamiento está asociado a los cuatro tipos de determinantes propuestos, aunque las variables que resultaron estadísticamente significativas le dan un perfil particular a las causas de este fenómeno. Por un lado, las condiciones socioeconómicas que continúan siendo relevantes son el sexo y el estatus socioeconómico. Tampoco la escolaridad parece ser un determinante con efectos sistemáticos sobre la variable dependiente. De igual manera, las tres variables del grupo de recursos políticos mantienen sus efectos estadísticamente significativos. En el bloque que mide el capital social y la participación, aparece la confianza interpersonal como una variable determinante, mientras que el efecto de las actividades de solidaridad desaparece; los efectos de las otras tres variables se mantienen. En el último bloque resultan estadísticamente significativas las orientaciones ideológicas de izquierda y derecha, al tiempo que no hay efecto visible de la identificación partidista y, curiosamente, desaparecen los efectos de la identificación con la democracia, la satisfacción con la democracia y la eficacia política externa. El análisis muestra que, aunque con especificidades propias, la participación discursiva es consecuencia de una clara disposición a involucrarse con lo público. De manera consistente, la participación discursiva aparece asociada al interés en la política, la información política y el consumo de noticias políticas; de igual manera, se relaciona con diversas expresiones de involucramiento social, político y cívico. En estos comportamientos también intervienen otras variables: la identificación con la democracia, la percepción de eficacia política externa y la ideología política -esto último, especialmente cuando se trata de convencer a otros de votar por algún candidato en especial-. Asimismo, resultan determinantes el sexo de las personas y su estatus socioeconómico, reiterando la evidencia de que las mujeres y quienes disponen de menos recursos socioeconómicos están en desventaja en términos de participación política. Estos resultados ofrecen un panorama desafiante para la calidad de la democracia: la participación discursiva está ligada al compromiso cívico de las personas, pero está claramente segmentada por las condiciones socioeconómicas de la población.7 La evidencia muestra que los comportamientos deliberativos dependen del grado en que las personas se mantienen informadas e interesadas por lo que acontece en el ámbito público, se vinculan con otros individuos para influir en su entorno y se involucran en diversas formas de participación política. Desde cierta perspectiva, éstas son noticias promisorias para la deliberación pública y son coincidentes en algunos aspectos con los hallazgos de Neblo, Esterling, Ken7

Agradezco a Gerardo Maldonado haber sugerido poner énfasis en este punto.

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nedy, Lazer y Sokhey, (2010): en lugar de participar políticamente -porque no queda más remedio para combatir al mal gobierno-, los ciudadanos están dispuestos a deliberar conforme haya oportunidades auténticas para hacerlo. Sin embargo, en México esta tendencia se manifiesta entre el reducido grupo de ciudadanos que se involucran en algún tipo de actividad público-política. Se trata del atributo de una población que constituye una proporción minoritaria de la sociedad mexicana. Adicionalmente, la participación discursiva y sus determinantes son valores y comportamientos que están presentes, como regla general, en personas pertenecientes a las clases medias y altas. Si la segmentación social y la desigualdad política son factores que constituyen retos mayúsculos para la democracia mexicana, lo son también de manera particularmente notoria para el fortalecimiento de las capacidades deliberativas de la ciudadanía.

Conclusiones En este trabajo se ha realizado un acercamiento a los atributos deliberativos de la democracia y el comportamiento político en México. Los principales hallazgos pueden parecer poco sorprendentes. Por un lado, se señala que la legislación y las políticas públicas en pocas ocasiones -si alguna- se realizan en el marco de un proceso en el cual la deliberación y las justificaciones públicas son sustantivas y consecuentes. La clave parece radicar en las dificultades que han existido para construir mecanismos que articulen los debates que tienen lugar en la esfera pública, basados en aportaciones de diversas organizaciones sociales y actores políticos con los procesos de decisión y control democráticos. Por otro lado, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política 2012, se analizaron los determinantes de la participación discursiva entre la población mexicana. Los resultados ofrecen elementos para apreciar los importantes desafíos que enfrenta el país en términos del fortalecimiento de las capacidades deliberativas de la ciudadanía. La incidencia de la participación discursiva es reducida aun teniendo en cuenta que el costo de los comportamientos deliberativos es prácticamente nulo: se trata de hablar de política o de persuadir a alguien de votar. Por otra parte, al estar asociada al interés y la información política de las personas, a sus experiencias asociativas y participativas en otros planos y a sus valores políticos, la participación discursiva parece ser un recurso de las personas que ya manifiestan atributos de un compromiso cívico más general. El hallazgo más relevante, sin embargo, es que la participación discursiva se registra en mayor medida entre las personas que tienen condiciones socioeconómicas más favorables. Si la reducida incidencia de este fenómeno es una cuestión que afecta adversamente las capacidades democráticas de la ciudadanía, el hecho que se exprese con mayor frecuencia entre las clases medias y altas (y entre los hombres) permite constatar que la democracia en México enfrenta un sensible desafío de inclusión efectiva de la ciudadanía en la política. Hablar

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En general, los resultados podrían interpretarse como una demostración de que no tiene mucho sentido buscar atributos deliberativos donde hay pocas probabilidades de encontrarlos. Sin embargo, el argumento formulado en este trabajo es precisamente el opuesto. Se postula que es necesario rastrear e identificar los atributos deliberativos de los procesos políticos y el comportamiento político, pues constituyen indicadores importantes de la construcción de controles democráticos en un régimen. En este texto se defiende una concepción de la democracia deliberativa que sirva como perspectiva heurística para identificar la construcción o el deterioro de mecanismos de control político de carácter deliberativo. Esta perspectiva no implica asumir que la política deliberativa deba constituirse como el mecanismo exclusivo de legitimación democrática. Antes bien, busca sistematizar la intuición generalizada de que la democracia requiere diálogo y justificaciones públicas. El estudio de la política deliberativa puede ser laborioso y tener un alto costo de oportunidad, sobre todo, si se encuentra poca evidencia deliberativa y si resulta que la deliberación tiene pocas consecuencias relevantes. No obstante, se trata de un componente de la acción pública que debe ser tomado en cuenta en la explicación de los procesos empíricos, en la teoría normativa y en el diseño institucional. La investigación empírica debe mostrar las condiciones en las que la deliberación es, junto con otros factores políticos, un elemento clave para dar cuenta del proceso y los resultados de las decisiones públicas. Esta información puede aportar a la teoría normativa al proporcionar evidencia empírica de la realización de los ideales políticos en la práctica. Asimismo, puede proporcionar evidencia relevante para la configuración de diversos mecanismos institucionales de consulta y decisión pública, tanto en la implementación de programas públicos como en la organización del trabajo partidista, legislativo y parlamentario. Insumos que pueden favorecer el escrutinio y las justificaciones públicas en los diversos componentes del sistema político, no simplemente promoviendo mayores espacios de participación política, sino aportando a la construcción de relaciones de representación política mejor equipadas para la rendición de cuentas.

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Anexo Variables dependientes Conversar sobre política

Valor = 1 si la frecuencia con la que se platica con otras personas (P. 58.1) = “Algunas veces” y “Frecuentemente”; otras opciones = 0.

Persuasión electoral

Valor = 1 si la frecuencia con la que trata de convencer a alguien de votar por ciertos candidatos (P. 58.2) = “Algunas veces” y “Frecuentemente”; otras opciones = 0.

Asistir a reuniones del barrio o comunidad

Valor = 1 si la frecuencia con la que se asiste a reuniones del barrio o comunidad (P. 58.3) = “Algunas veces” y “Frecuentemente”; otras opciones = 0.

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(continuación)

Variables independientes

Condiciones socioeconómicas Sexo

Pregunta A): valor = 1: “Mujer”; valor = 0: “Hombre”

Edad

Pregunta B): valor =1 si la edad se ubica en las categorías “25 a 34 años” y “35 a 49” años; otras opciones = 0.

Escolaridad

Pregunta D): valor = 1 si el último grado escolar es cuando menos: “Preparatoria incompleta”; valor = 0 si el grado escolar como máximo “Secundaria completa”.

Clase media o más

La base de datos de la encup 12 contiene 10 reactivos que registran diversos indicadores de información socioeconómica: “Pensado en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que completó?”, “¿En su hogar, cuentan con computadoras personales, ya sea laptop o personales, funcionando y para uso de los miembros de la familia?”, entre otros. La base de datos agrega las respuestas y genera una escala que mide “Nivel socioeconómico”, compuesta por las siguientes categorías: AB, C, C+, D, D+, E. La variable indicador utilizada en el análisis da un valor = 1 si la respuesta se ubica en las categorías C, C+, y AB, equivalentes a los estratos socioeconómicos medios y altos. La variable obtiene un valor = 0 si la respuesta se ubica en las otras opciones.

Recursos políticos Interés en la política

Valor = 1 si la respuesta es “Mucho” a la P.37: “En general, ¿qué tan interesado está usted en la política?”; otras opciones = 0.

Información política

Suma de los reactivos P.9, P.10, P.11, P.12, que preguntan por el nombre del movimiento juvenil que se manifestó en fecha cercana al levantamiento de la encuesta, el tiempo que duran los diputados en su cargo, el nombre de los tres poderes de la Unión y el partido al que pertenece el gobernador del Estado o del Distrito Federal. Valor =1 si se obtienen al menos 3 respuestas correctas de las 4 posibles; valor = 0 si se obtienen 2 o menos respuestas correctas.

Consumo noticioso

Suma de los reactivos P.7 (“¿Qué tan seguido lee noticias de política en los períodos y revistas?”) y P.8 (“¿Qué tan seguido ve noticias o escucha programas sobre política”?). Valor = 1 si la respuesta es “Diario” en ambas opciones, o “Diario” y “Una vez a la semana”; otras opciones = 0.

Capital social y participación Confianza interpersonal

P.34. Valor = 1 si la respuesta es “Sí” a la pregunta: “En general, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas?”; otras opciones = 0.

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(continuación) Capital social y participación Activismo individual

Esta variable es producto de un análisis factorial realizado con las preguntas 56 y 69 del cuestionario, compuestas en su conjunto por 25 reactivos. Los reactivos asociados a este factor son, por ejemplo: “Mandar cartas a un periódico”, “Asistir a manifestaciones”, “Repartir circulares o manifiestos”.

Apoyo a causas

Al igual que la anterior, esta variable es producto de un análisis factorial realizado con las preguntas 56 y 69 del cuestionario. Los reactivos asociados a este factor son, por ejemplo: “Ha recaudado fondos para una causa”, “Ha enviado o firmado cartas para apoyar una causa”.

Acciones dirigidas Al igual que la anterior, esta variable es producto de un análisis factorial a autoridades del realizado con las preguntas 56 y 69 del cuestionario. Los reactivos gobierno asociados a este factor son, por ejemplo: “Escribir al Presidente o a las autoridades”, “Solicitar apoyo a un partido político”. Acciones solidarias

Al igual que la anterior, esta variable es producto de un análisis factorial realizado con las preguntas 56 y 69 del cuestionario. Los reactivos asociados a este factor son, por ejemplo: “Ha donado sangre”, “Ha donado alimentos, medicina, ropa en caso de un desastre”.

Actitudes y disposiciones políticas Identificación con la democracia

P.13. Valor = 1, si la respuesta es “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”; otras opciones = 0.

Satisfacción con la P. 16 “¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que tenemos hoy democracia en México?”. Valor =1, si la respuesta es “Satisfecho” o “Muy satisfecho”; otras opciones = 0. Eficacia política externa

Valor = 1 si la respuesta es “Mucho” a la P.51_2: “¿Qué tanto cree usted que los ciudadanos pueden influir en las decisiones del gobierno?”; otras opciones = 0.

Identificación partidista

P.60. “¿Con qué partido político se identifica usted más?”. Se crearon tres variables indicador, una por cada uno de los tres principales partidos políticos: pan, prd y pri.

Ideología

La P.61 es una escala del 1 al 10, donde 1 es “Máximo a la izquierda” y 10 “Máximo a la derecha” en cuanto a identificación ideológica. Se crearon 4 variables indicador, para las posiciones “Izquierda” (valores del 1 al 3), “Centro” (valores del 4 al 6), “Derecha” (valores del 7 al 10) y “Sin ideología” (respuesta: “No sabe” = 16.5%).

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Las mujeres en los ámbitos de poder económico y político de México Women in the Spheres of Economic and Political Power in Mexico Gina Zabludovsky Kuper∗1 Recibido el 20 de agosto de 2014 Aceptado el 6 de septiembre de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

A pesar del drástico aumento de la participación de las mujeres en el mundo laboral y en la educación superior, su presencia en el ámbito político y en los cargos de dirección y de liderazgo en las compañías privadas es todavía escasa. En virtud de la limitada información disponible sobre la cuestión, esta investigación generó sus propias bases de datos a partir de un análisis minucioso de los directorios empresariales. En el artículo se analiza la presencia de las mujeres en la fuerza laboral; se examina la presencia de hombres y mujeres en la educación superior, la feminización y masculinización de las distintas ocupaciones; se describe el papel de las mujeres en los cargos de representación política, en el Poder Ejecutivo y Judicial; se estudian las

Despite the dramatic increase of women’s participation in the work market and higher education, their involvement both in the political sphere and in managerial and leadership positions in private companies is still low. Owing to the limited information available on this issue, this research has produced its own database from a detailed analysis of business directories. This paper analyses the participation of women in the work force; the presence of men and women in higher education; as well as feminization and masculinization of different occupations. Likewise, the paper explores the role of women in the posts of political representation, and the executive and judicial powers; women’s management role differences in the public and private

∗

Licenciada, maestra y doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora-investigadora de tiempo completo en la misma institución, (México). Investigadora Nacional Nivel III. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos destacan: Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, área de Investigación en Ciencias Sociales (1990), Premio a la Docencia Universitaria (2003), Premio Nacional “María Lavalle Urbina” (2005) y el Premio Universidad Nacional 2009 por su labor de excelencia en el área de investigación en Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación son: teoría sociológica y política; desarrollo conceptual en ciencias sociales; género y poder; estado de las ciencias sociales en México; gobiernos, empresas y empresarios en México. Autora de quince libros y más de noventa secciones de libros y artículos en revistas entre los que destacan: Intelectuales y burocracia (2009); Modernidad y globalización (2010); Empresarias y ejecutivas en México. ¿Qué se sabe y qué falta por saber? (e/p). Dirección de correo: ginaza@unam.mx 1   La autora agradece el valioso apoyo de Ricardo Sanginés en los cálculos estadísticos y elaboración de los gráficos y de Alejandra Zaldivar en la preparación del documento.

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diferencias de cargos directivos de las mujeres entre el sector público y el privado; se investiga la segregación horizontal y vertical en los oficios y las carreras en las organizaciones, así como las diferencias entre las empresas de capital extranjero y nacional. También se analizan las características sociodemográficas de las directivas, la discriminación hacia las madres y los problemas de pareja derivados de sus funciones; la “doble gerencia” y el problema de conciliación de funciones, el “techo de cristal en México” y la jerarquía en las ocupaciones.

sectors; the horizontal and vertical segregation in jobs and professional careers in the organizations; as well as differences between foreign and domestic capital companies. ceos sociodemographic characteristics are analyzed, as well as discrimination against mothers, conflicts within couples derived from their activities, “dual management” and the problem of roles settlement, the “glass ceiling” in Mexico, and occupational hierarchies.

Palabras clave: mujeres; liderazgo; fuerza laboral femenina; feminización; techo de cristal, México.

Keywords: women; leadership; female work force; feminization; glass ceiling; Mexico.

Introducción El aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y su incremento en la matrícula universitaria constituyen cambios sociales sin precedentes que transformaron radicalmente las sociedades a partir de la segunda mitad del siglo xx. En la actualidad, más de 40% de los puestos de trabajo en el mundo están ocupados por mujeres, a la vez que en los últimos veinte años la matrícula universitaria aumentó siete veces, de tal forma que para el año 2012, 51% de los estudiantes de educación superior eran del sexo femenino (Mendoza, 2012). A pesar de esta importante tendencia, la presencia de las mujeres continúa siendo minoritaria en los principales cargos de decisión económica, específicamente en los niveles gerenciales y ejecutivos de las grandes corporaciones. En el presente artículo se analizan las características de estas tendencias en México a partir de la indagación sobre la participación económica de las mujeres, su creciente nivel de estudios y su presencia en los cargos de representatividad política y de dirección en el sector privado.

El ámbito laboral Durante las últimas cuatro décadas, la participación de las mujeres en el trabajo extradoméstico prácticamente se ha duplicado pasando del 19% en 1970 a 38% en el 2013. 62 ⎥ Gina Zabludovsky Kuper

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A pesar de los avances en este sentido, aún existen disparidades en las percepciones económicas en relación con el sexo. Según los informes del Banco Mundial en México, para el año 2012, la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 80 centavos por cada dólar. (Mendoza, 2012). Como lo muestra el gráfico 1, la presencia de las mujeres disminuye a medida que aumentan los salarios mínimos mensuales. Gráfico 1 Presencia de las mujeres en el mercado de trabajo extradoméstico en relación con los salarios mínimos mensuales percibidos

51%

Hasta 1 salario mínimo

49%

44%

De 1 a 2 salarios mínimos

56%

De 2 a 3 salarios mínimos

31%

69%

De 3 a 4 salarios mínimos

30%

70%

Más de 5 salarios mínimos

28%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mujeres

Hombres

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

En parte, esta diferencia podría explicarse debido a las responsabilidades no retribuidas asumidas por las mujeres dedicadas al cuidado de sus familias. Así, las mujeres laboran en promedio nueve horas semanales menos que los hombres en el empleo extradoméstico (36 y 45 horas, respectivamente).2 En términos generales, como se muestra en el gráfico 2, 2

Nuestros cálculos muestran que si se toma en cuenta el salario mínimo por hora trabajada -a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el inegi para el 2012- no se encuentran diferencias importantes en las retribuciones económicas por sexo. Esta situación contrasta con la que se observa en años anteriores, ya que en 1995 los hombres ganaban cuatro pesos más por hora trabajada que las mujeres (lo equivalente a 35 y 31 a pesos de mayo de 2013). Dato deflactado a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc) y con datos de la consulta interactiva (inegi, 2013).

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las mujeres en México dedican hasta cuarenta y dos horas semanales a las tareas del hogar, mientras que entre los varones este número se reduce a tan sólo quince.3 Gráfico 2 Horas de trabajo doméstico por semana, hombres y mujeres

50% 40% 42%

30% 20%

15%

10% 0%

Mujeres

Hombres

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (inegi, 2009).

Así, como lo han mostrado varios estudios, el notable incremento de las mujeres en la fuerza laboral y la existencia de pautas más coparticipativas en el sustento familiar (donde el ingreso ya no depende básicamente del hombre), no ha llevado a un replanteamiento de las funciones reproductivas de los miembros del hogar. Por lo tanto, la incompatibilidad entre las esferas domésticas y extradomésticas del trabajo sigue condicionando negativamente la actividad económica de las mujeres (Ariza y De Oliveira, 2006).4 De hecho, una investigación llevada a cabo en el 2011 a partir de una encuesta aplicada en veintiún países, mostró que 54% de las mexicanas consideraron vivir bajo presión y sin tener tiempo para relajarse debido a sus múltiples responsabilidades (Nielsen, 2011). En este tipo de respuestas, las mujeres de nuestro país sólo fueron superadas por las de la India (Nielsen, 2011; Vargas, 2011).

3

Cálculos realizados a partir de los datos la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo (enut).   Véase: Zabludovsky (2007a, 2007b, 2013).

4

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Los niveles educativos Si bien es cierto que la incorporación de las mujeres en el ámbito laboral muestra cambios sin precedentes, las transformaciones más drásticas se han dado en la esfera educativa en donde en los niveles medios y superiores están a la par de los hombres. Lo anterior es congruente con los hallazgos realizados en distintos países según los cuales se observa que las mujeres dan un alto valor a la preparación académica como factor que contribuye a su propia seguridad y al aumento de las posibilidades de ascender en las estructuras ocupacionales (Vargas, 2011). Como lo muestra el gráfico 3, en México el número de estudiantes de sexo femenino en las universidades ha aumentado a pasos acelerados pasando de 17% en 1970 a 50% en el 2011. Sumado a lo anterior, las mujeres tienen una mayor eficiencia terminal ya que, si sólo tomamos en cuenta a los(as) egresados(as), su porcentaje asciende a 55%.5 A lo anterior se suma que, durante las últimas dos décadas se detecta un importante incremento en profesiones que antes se consideraban tradicionalmente masculinas como Administración de Empresas y Derecho. Como ocurre en otros países, en México se ha dado una creciente inserción de las universitarias en las carreras de comercio dedicadas a los negocios, la administración y las finanzas.6 Su presencia es también muy importante en especialidades como mercadotecnia, educación, comunicación, odontología y química donde alcanzan cifras superiores a 60%.7 Sin embargo, en las áreas de tecnología, la participación de las mujeres todavía es muy reducida. De acuerdo con los datos del 2011, en las diversas ingenierías -como las civiles, las industriales y las de sistemas-, las estudiantes del sexo femenino no alcanzan la tercera parte.8 Esta situación es aún más drástica en las ingenierías mecánicas, eléctricas y

5

Cálculos realizados a partir de la anuies (2011). Las fuentes de información para estos cálculos se encuentran actualizados hasta el 2011. Al momento de la redacción de este artículo aún no existían datos para 2012 y 2013. La tendencia en México es concordante con la feminización de la educación superior observada en otros países. Para el año 2004, en Noruega el porcentaje de estudiantes del sexo femenino alcanzaba 61%, en Polonia, Estados Unidos y Portugal, 57%, y en Canadá 56%. La tendencia también se observa en América Latina, especialmente en Uruguay y Venezuela (61% y 60% respectivamente). Véase: Davidson y Burke (2004); Sierra y Rodríguez (2005). 6   Como se verá más adelante, el creciente número de egresadas en estas carreras no se refleja en los porcentajes de mujeres que ocupan los cargos jerárquicamente más importantes en el ámbito empresarial y/ o corporativo. Véase: Zabludovsky y Avelar (2001); Lipovetsky (1997); Wirth (2002). 7   Cifras calculadas con base en la información de la anuies. 8   La única excepción es la de ingeniería química en donde las mujeres representaron 47%. Durante las últimas décadas, la participación de las mujeres también se ha incrementado en ciencias agropecuarias (36% para el 2011). Datos calculados con base en anuies (2011). Las causas de la baja participación de las mujeres en las ciencias básicas y en las disciplinas que requieran matemáticas han sido analizadas por varios estudios que muestran que desde muy temprana edad los profesores(as) y padres de familia, educan mediante estereotipos que obstaculizan o no promueven el interés de las mujeres en estas áreas de conocimiento (Giderons Ramírez, Levin y Beilock, 2011).

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electrónicas, donde menos de 10% de la matrícula está conformada por mujeres.9 En el otro extremo se encuentran aquellas carreras claramente identificadas como “femeninas”, tal es el caso de enfermería, nutrición y psicología, donde por lo menos tres de cuatro estudiantes son mujeres. Gráfico 3 Presencia de las mujeres en la educación superior Mujeres

83%

17% 1970

70%

30%

1980

60%

40%

1990

Hombres

53%

50%

47%

50%

2000

1970

Fuente: elaboración propia con información de los Anuarios estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies).

En lo que respecta al Sistema Nacional de Investigadores (sni), a pesar de que la presencia de las mujeres ha aumentado significativamente durante los últimos veinte años, su índice de participación apenas alcanza 34%.

9

Su presencia se amplía notoriamente en las áreas de la salud (65%), educación y humanidades (68%), (anuies, 2011).

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Gráfico 4 Membresía de hombres y mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores, México 79%

80%

73%

71%

70%

69%

67%

66%

60% 50% 40% 30%

21%

27%

29%

31%

33%

34%

20% 10% 0% 1991 Mujeres

1995

2000

2005

Hombres

2010

2013

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas básicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La política: cargos de elección y representación Durante los últimos años la participación de las mujeres en los cargos de representación política ha tenido cambios significativos, especialmente en el ámbito del Poder Legislativo. Desde el momento en que asumió el cargo la primera legisladora mexicana en 1954,10 el aumento de las mujeres ha sido gradual y constante en la Cámara de Diputados. Sin embargo, durante casi cuatro décadas su presencia se mantuvo a niveles muy bajos.11 Este panorama muestra signos de cambio a partir de 1994, cuando el número de diputadas empezó a incrementarse pasando de 16% en el período 2000-2003, a 37% para el 2012-2015. En el Senado 10

Aurora Jiménez Quevedo fue la primera mujer electa para ocupar el cargo de diputada federal en 1954.   En la xlii legislatura (1955-1958) hubo cuatro mujeres, lo que equivale a 3% del total de los miembros. De 1958 a 1994, (de la xliii hasta la lv) la presencia de las mujeres no superó 10 %. Véase: ceameg (2008). 11

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de la República también se observa una tendencia similar, ya que 33% de la actual legislatura12 está constituida por mujeres, mientras que en las dos anteriores no superaban 17%.13 Estos cambios son resultado directo del impacto de las reformas al Código Federal Electoral en materia de género aprobadas y modificadas en los años 2002, 2008 y 2011-2012, las cuales obligan a los partidos políticos a no sobrepasar un determinado porcentaje de candidatos legisladores(as) de un mismo sexo.14 Gráfico 5 Participación de mujeres diputadas en la Cámara Baja, 1955-2015 (%)

37%

40% 34%

35% 30%

25%

25%

23%

20% 15% 10% 5%

3%

7% 8% 5% 5% 6% 6%

9% 8%

12% 11% 11%

15%

17% 16%

9%

0%

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de la página oficial de la Cámara de Diputados. <http://www.diputados.gob.mx>

12

Las cifras de mujeres en el parlamento mexicano coinciden con los promedios de diferentes países de Latinoamérica. El índice de participación más alta se alcanza en los países nórdicos, donde las mujeres parlamentarias llegan a 42%. Como contrapartida, en las naciones árabes éstas apenas representan 13%. Véase: ipu (2012). 13   En la LXI legislatura (2009-2012), 15% fueron mujeres senadoras y en la LX legislatura (2006-2009) 17%. 14   La primera legislación en esta materia data del 2002 con la obligación por parte de los partidos de registrar una proporción de candidatos al Poder Legislativo no mayor a 70% del mismo sexo. Para el año 2008 este porcentaje se reduce a 60% y se destina 2% de los recursos financieros a la capacitación y promoción de liderazgos femeninos. El último cambio en materia de cuotas de género se aprobó en el proceso electoral 2011-2012, cuando se hicieron modificaciones para lograr el cumplimiento de las cuotas de género, ya que en años anteriores se presentaron muchas simulaciones (ine, 2009).

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Los avances de las mujeres en el Poder Legislativo contrastan con los índices de participación en otros cargos de elección política como son las gubernaturas, ya que en toda la historia del país sólo ha habido seis gobernadoras, y en la actualidad ninguna mujer ocupa dicho cargo.15 Esta situación es similar a la que se da entre las presidentas municipales, ya que para el año 2013 las mujeres apenas ocupaban 8% de estos cargos.16 La zona con los índices más altos es Yucatán, donde las mujeres alcanzan 21% de estos cargos de elección. Lo anterior es congruente con la historia de este estado donde la presencia de las mujeres en la vida pública ha tenido una gran relevancia histórica y su participación en asociaciones civiles y grupos comunitarios ha sido notable. Como ejemplo conviene tener presente que en 1879, bajo el liderazgo de Rita Celis, tuvo lugar un movimiento en pro de la educación y, durante las primeras décadas del siglo xx, allí se llevarían a cabo los dos primeros congresos feministas en América (Villagomez, 2004; Zabludovsky, 2013). La presencia de las mujeres también ha sido muy escasa en la integración de los gabinetes presidenciales, ya que desde 198117 hasta la actualidad nunca han alcanzado más de 15%.18 Su participación como Secretarias de Estado se ha concentrado en ciertas áreas como Turismo (1994, 2000, 2006, 2012), Desarrollo Social (2000, 2006, 2012), Contraloría General de la Federación (1988, 1994) y Relaciones Exteriores (1994, 2006). En lo que respecta al Poder Judicial, las mujeres sólo representan 18% de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que ninguna mujer figura en el Consejo de la Judicatura Federal. Como veremos a continuación, en México la escasa presencia de las mujeres también se expresa en los ámbitos del sector privado. De hecho, su participación en los consejos directivos de las compañías que cotizan en bolsa apenas alcanza 7%. Este rango es menor que en los países llamados industrializados, donde el índice es de 12%, con altos contrastes entre naciones ya que, mientras en Noruega llega a 36%, en Japón apenas alcanza 1% (Borgo, 2014).

15

La primera gobernadora fue Griselda Álvarez Ponce de León, quien en 1979 fue electa en el estado de Colima. La siguieron Beatriz Paredes Rangel (Tlaxcala, 1987-1992); Dulce María Sauri Riancho (Yucatán en 1991-1993); Rosario Robles Berlanga (Distrito Federal, 1994-2000); Amalia García Medina (Zacatecas, 2004-2010) e Ivonne Ortega Pacheco (Yucatán, 2007-2013). 16   Para el 2013, de un total de 2 397 municipios, las mujeres sólo presiden 195, cifra que apenas alcanza 8%. Véase: ceameg (2013). 17   Rosa Luz Alegría fue la primera mujer que ocupó el cargo en una Secretaría de Estado (Turismo). 18   En cuanto a la integración de los gabinetes presidenciales, cabe destacar que en el año 1988 únicamente dos mujeres ocuparon allí un puesto, cuatro en 1994 y 2000, siete en 2006 y tres en el nuevo período presidencial. Para el análisis de estas cifras, hay que tener en cuenta que durante los períodos presidenciales nos encontramos con la modificación constante de la conformación de los gabinetes.

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Gráfico 6 Presencia de hombres y mujeres en el Poder Judicial, México

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación Consejo de la Judicatura Federal 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mujeres

Hombres

Fuente: portal digital de la scjn, trife y cjf, Dirección General de Estadística y Planeación. Disponibe en: <www.depj.cjf.go.mx>.

Funcionarias y ejecutivas en el sector privado En lo que se respecta a los cargos de funcionarias, gerentes y/o ejecutivas, los cálculos realizados a partir de las fuentes estadísticas nacionales muestran que el porcentaje de mujeres con responsabilidades directivas en el sector privado es de 29%, lo cual está muy lejos de reflejar la presencia en la fuerza de trabajo y las graduadas en las universidades. Además, como lo muestra el siguiente gráfico, este porcentaje es también bajo si se les compara con las funcionarias en el gobierno que representan 39% del total.19 La situación se vuelve más drástica si se le compara con otras fuentes. A partir de una base de datos construida para esta investigación, se detectó que en las grandes corporaciones del país la presencia de las mujeres como gerentes y ejecutivas es aún menor, ya que en los puestos intermedios de administración apenas alcanzan 23%.20 Si sólo tomamos en cuenta las posiciones más altas -que equivalen a las direcciones generales en las diferen19

Datos calculados por la autora con base en la información sobre funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social que ganan más de cinco salarios mínimos (máximo nivel que registra el inegi con base en la información obtenida de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) del primer trimestre del año 2013). 20   Cálculos propios con base en 277 de las empresas más grandes de México, la Revista Expansión, Conexión Ejecutiva y otros directorios empresariales de México, año 2012.

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tes áreas-, la subrepresentación de las mujeres es aún más notoria21 ya que apenas ocupan 13% de las mismas. En los niveles de presidencia o dirección general de la compañía (ceo, por las siglas en inglés de chief executive officer), sólo alcanzan 5%. Gráfico 7 Mujeres en el sector público y privado según el cargo que ocupan y nivel de ingresos Localidades con más de 100 mil habitantes, 2013

60% 50% 40%

48% 37%

37% 31%

30% 20% 10% 0%

Sector público

Sector privado

Total de empleados Funcionarios directivos y jefes que ganan más de 5 salarios mínimos Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), primer de 2013 (inegi).

Lo anterior no es específico de México sino que es coherente con lo que ocurre en términos mundiales. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), dentro de las empresas que cotizaban en la bolsa de valores en los países de la ocde en el año 2009, las mujeres sólo ocupaban un cargo directivo de cada diez (Mendoza, 2012b). 22

21

Nos referimos a las direcciones generales de área como son la de administración y finanzas, de operaciones, de mercadotecnia, comercial, informática y sistemas, recursos humanos, relaciones públicas, médico y jurídico. 22   Hay países que constituyen una excepción, como es el caso de Noruega en donde, como resultado de una cuota obligatoria que se estableció en el 2006, las mujeres llegaron a ocupar 40% de estos cargos (Mendoza, 2012b). Véase: ocde (2012).

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Como también lo han mostrado los reportes del Coorporate Gender Gap Report,23 a pesar de que para el año 2010 en Europa las mujeres representaban 45% de la fuerza de trabajo y más de la mitad de los universitarios, en los altos cargos ejecutivos de las empresas sólo llegaban a 11%. Estos porcentajes varían de acuerdo con los distintos países. En Suecia, Francia, Eslovaquia y Finlandia, la proporción de mujeres en los directorios se encuentra entre 15% y 20%, mientras que en Alemania, Japón y Holanda es inferior a 5% (Mendoza, 2012b). Esta última cifra es similar al promedio de mujeres en puestos de dirección ejecutiva en América Latina (Mendoza, 2012b; ocde, 2012; Vargas, 2011c).24 La brecha entre la presencia femenina y masculina en los cargos de dirección se explica tanto por factores socioculturales de carácter general como por elementos más específicos relacionados con la cultura organizacional (Burrel y Hearn, 1990; Zabludovsky y Avelar, 2001: 22). Dentro de los primeros destaca la socialización diferenciada que influye significativamente en el desarrollo de una carrera. Las expectativas de educación formal y no formal en torno a los distintos patrones de éxito de hombres y mujeres en los contextos tradicionales, conlleva a que los cargos de autoridad y liderazgo sean considerados como prototipo de “lo masculino”. Como consecuencia, no es difícil suponer que sean las propias mujeres quienes consciente o inconscientemente –como producto de una decisión racional o por la propia construcción de la subjetividad- consideren que estos puestos no constituyen una opción para ellas y opten por otras alternativas de trabajo consideradas “más femeninas” o limiten sus aspiraciones al desarrollo de ocupaciones que, a menudo, coinciden con los niveles más bajos de la jerarquía institucional. Además de estos patrones culturales de carácter general que conforman gran parte del eje de la diferenciación entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, uno de los factores fundamentales que explica la falta de oportunidades para las segundas tiene que ver con la propia cultura organizacional que tiende a reproducir de forma exponencial las características de lo “femenino” lo “masculino” (Zabludovsky y Avelar, 2001). Desde la perspectiva de género, el surgimiento y prevalencia de estas inequidades son producto de la propia estructura administrativa que conlleva una serie de relaciones entre el sexo de los empleados(as), el ejercicio de la autoridad y la lógica de la organización.25 Así, los procesos de exclusión se producen a partir de vínculos sociales y representaciones sim-

23

Véase: Weforum (2010).  Véase: ipa (2011). 25   De acuerdo con la definición de Etzioni, la organización puede considerarse como “una coor24

dinación racional de las actividades de un cierto número de personas que intentan conseguir una finalidad y un objetivo común explícito mediante la división de funciones y del trabajo, a través de una jerarquización de la autoridad y de las responsabilidades” (Etzioni, 1972). 72 ⎥ Gina Zabludovsky Kuper

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bólicas sustentadas en una cultura organizacional26 que justifica una diferenciación entre las capacidades de hombres y mujeres y promueven una serie de rutinas, normas, descripción de cargos y estructuras jerárquicas que modelan la conducta y a menudo están sustentadas en relaciones asimétricas de poder (Goetez, 1992: 9; Scott, 1986: 1067; Heller, 12; Zabludovsky, 2001: 23-24;Todaro y Hola, 1992: 19-20). Puesto que las organizaciones existen en un lugar y en un momento histórico determinado, éstas tienden a integrar los elementos de su propio contexto social y a reproducir exponencialmente las características de lo que se considera “femenino” o “masculino”. En términos generales, las distintas tareas y ofertas de trabajo se distribuyen en función del género y, pese a los cambios recientes, aún se comparte la idea de que los cargos gerenciales no son los más adecuados para las mujeres (Burrel y Hearn, 1990; Mills, 1990: 30; Sheppard, 1990; Todaro y Hola, 1992: 22-23). A la segregación vertical -que tiene que ver con la presencia de un mayor número de mujeres en los niveles jerárquicamente más bajos- se aúna una segregación horizontal que se relaciona con la concentración en ciertas áreas, como las direcciones generales de mercadotecnia y comunicación (29%), recursos humanos (21%), médico jurídico (16%) y relaciones públicas.27 Como contrapartida, la participación de las mujeres como directoras generales disminuye notoriamente en las áreas de operaciones e investigación (8%), administración y finanzas (5%) e informática y sistemas (2%). La ausencia de las mujeres en puestos directivos es mucho más significativa de lo que muestran los números, ya que responde a una lógica y cultura organizacional e implica su aislamiento de los cargos que confieren responsabilidades funcionales. Como se sabe, las posiciones dentro del mundo operativo de la compañía en las que no participan las mujeres son precisamente las que brindan mayores oportunidades de ascenso dentro de la jerarquía administrativa. Por otro lado, como se verá a continuación, en las grandes corporaciones la participación de las mujeres también varía en función de la procedencia del capital de la empresa.

26

El término “cultura organizacional conlleva una serie de acuerdos y significados compartidos en torno a lo que constituye un comportamiento” correcto y significativo en relación con las normas (Gouldner, 1964; Zabludovsky, 2009) que rigen el tipo de supervisión, el grado de autonomía individual, el apoyo de los directivos a los subordinados, la identificación de los empleados(as), la compañía, la relación desempeño/ premio, la tolerancia, la visión de las capacidades de hombres y mujeres, el conflicto y las disposiciones para tomar riesgos e innovar (Todaro y Hola, 1992:19). 27   Las mujeres tienen una participación sumamente importante en aquellas compañías que recientemente han creado una dirección general de relaciones públicas ya que en ellas el porcentaje de mujeres asciende a 48% (Zabludovsky, 2008).

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Gráfico 8 Directores generales de área en las grandes compañías de México según sexo, 2012 Informática y Sistemas

98%

2%

Administración y Finanzas

95%

5%

Investigación y Operaciones

8%

Relaciones públicas

92% 91%

9%

Otros

13%

87%

Comercial

14%

86%

Médico Jurídico

84%

16%

Recursos Humanos

79%

21%

Mercadotecnia y Comunicación

71%

29% 0%

10%

20%

30%

Mujeres

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hombres

Fuente: elaboración propia a partir de la información de 227 de las 500 compañías más grandes de México (con base en las Revistas Expansión, Conexión Ejecutiva y otros directorios empresariales.

La presencia de las mujeres y el origen del capital de la empresa En términos generales, si se comparan las compañías extranjeras que operan en nuestro país con las de capital prioritariamente mexicano, en las primeras tiende a haber una mayor presencia de mujeres en cargos ejecutivos.28 Como lo muestra el siguiente gráfico, en los puestos intermedios el porcentaje de mujeres en las empresas de capital nacional apenas llega a 18.1% mientras que en las extranjeras alcanza 29.2%, y en los puestos más altos de dirección, la relación es de 10.4% y 15.3% respectivamente.29 De hecho, entre las compa28

Este 4.5% significa que sólo siete de las 156 compañías mexicanas con las que contamos son presididas por mujeres. La situación se torna más drástica si se toma en cuenta que la suma de estas empresas representa tan sólo 1% del total de ventas de todas las compañías mexicanas en esta lista, que suman 3.4 billones de pesos. Es decir, sólo 1 de cada 100 pesos de ingreso neto de las empresas mexicanas aquí estudiadas proviene de una compañía con una mujer a la cabeza. En el caso del total de las empresas con capital de Estados Unidos, este porcentaje llega a 7.9%, y 3.7% para las empresas de capital de otros países (cálculos de Ricardo Sanginés con base en diversos directorios empresariales del 2012). 29   Las compañías con capital prioritariamente estadounidense presentan un número similar de mujeres en cargos directivos intermedios y superiores. Por su parte, en las empresas internacionales cuyo capital prioritario proviene de otros países, la participación de las mujeres disminuye en los niveles jerárquicos más altos.

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ñías mexicanas sólo 3.7% tiene una presidenta o directora general (en contraste con 7.9% de las extranjeras). Gráfico 9 Presencia de mujeres en altos puestos directivos según nivel jerárquico y origen del capital de las empresas, 2012 (%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Cargos Intermedios de Administración

Altos Cargos de Dirección

Capital mexicano

Presidencia o Dirección General

Capital extranjero

Fuente: elaboración propia a partir de la información de 227 de las 500 compañías más grandes de México (con base en las Revistas Expansión, Conexión Ejecutiva y otros directorios empresariales).

Lo anterior se explica por las diferentes políticas de diversidad que han puesto en marcha muchas corporaciones extranjeras durante los últimos años, lo cual no ha sucedido en la mayoría de las grandes empresas de capital nacional. Como lo demuestran algunos estudios recientes (Bernal y Taracena, 2012), las empresas con capital multinacional han llevado a cabo una serie de políticas para asegurar la promoción y la permanencia del talento femenino en México teniendo en cuenta la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar -uno de los principales obstáculos para el ascenso de las mujeres en cargos de mayor jerarquía-. En este sentido, posiblemente en un futuro próximo observemos cambios significativos en la política de las grandes corporaciones de capital nacional que tendrán que ajustarse a las nuevas normas de ética empresarial e incluir políticas de diversidad, de flexibilidad laboral y una mayor equidad entre hombres y mujeres. De hecho, según los datos dados a Las mujeres en los ámbitos de poder económico

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conocer en el Primer Foro Regional de Empresas por la Igualdad en América Latina30 en cinco países de la región, más de 1 400 entidades habían sido ya certificadas con sellos de igualdad de género.31 Gráfico 10 Presencia de mujeres en cargos de alta dirección en las empresas seleccionadas, 2012 (%) 25%

23%

23%

23% 20% 15%

15% 11% 8%

Manpower General Coca-Cola Nestlé Electric

Televisa

Avon

Santander

HP

Microsoft

Fuente: elaboración propia con información de Bernal y Taracena (2012).

La situación del mundo contemporáneo y las dificultades para reconciliar la vida familiar con la vida profesional en los altos cargos de dirección hacen que, como lo muestra el gráfico 12, la maternidad de las mujeres en estos puestos se retrase considerablemente.

30

Estos datos se retomaron de la asistencia al foro que se realizó el 28 y 29 de agosto de 2013 en la ciudad de México. Los organizadores del evento fueron instituciones nacionales pertenecientes a la Comunidad de Sello de Igualdad y el Centro Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) para América Latina y el Caribe junto con pnud Uruguay. 31   Al respecto, conviene tener presente que este sello no sólo se otorga a las empresas sino también a entidades públicas como a privadas.

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Gráfico 11 Presencia de mujeres en los distintos niveles de cargos en las empresas seleccionadas, 2012 70% Total de personal

60%

Gerencias

50%

Alta Dirección

40% 30% 20% 10% 0%

Manpower

Televisa

Microsoft

Fuente: elaboración propia con información de Bernal y Taracena (2012).

Gráfico 12 Mujeres con hijos según grupos de edad y condición de actividad en localidades con más de 50 mil habitantes y más, 2010 (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 y más años

No económicamente activas Económicamente activas Funcionarias, directivas y jefas Fuente: elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (inegi, 2010). Las mujeres en los ámbitos de poder económico

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La reconciliación familia-empresa Como se ha señalado, debido a la baja participación de los hombres en las tareas domésticas, las mujeres que laboran fuera del hogar se encuentran con una doble o triple carga de trabajo y una constante presión para poder cumplir sus responsabilidades en cada uno de los frentes.32 A lo anterior se suma que en la organización de las empresas los cargos de dirección se rigen por “horarios masculinos”, donde a menudo el compromiso profesional se vincula con un sentimiento de incondicionalidad y lealtad al cargo, asociados a largas jornadas en las oficinas, sin que esto conlleve necesariamente a una mayor productividad o mejor uso del tiempo.33 En este contexto, se valora negativamente a las mujeres que se organizan para terminar con sus tareas profesionales rápidamente o que se las llevan al hogar para atender a sus familias (Todaro y Hola, 1992). De acuerdo con los reportes del Corporate Gender Gap Report (2010), las mayores barreras para que las mujeres accedan a cargos directivos en México son las normas culturales vigentes en el país, la falta de permisos y los beneficios otorgados para la paternidad y maternidad. Lo anterior es congruente con nuestras investigaciones previas, donde encontramos que ésta es una de las razones fundamentales por las cuales las mujeres abandonan la carrera ejecutiva en las compañías. A pesar de que en estos niveles muchas mujeres no realizan directamente el trabajo doméstico sino que lo supervisan, en realidad son ellas las únicas responsables de cumplir con esta especie de “doble gerencia” en su oficina y en el hogar (Arias, 2001; Serna y Montalvo, 2003). Por otra parte, independientemente de lo eficientes que puedan ser las mujeres en el cumplimiento de sus responsabilidades laborales, en el imaginario colectivo se considera que el hecho de tener hijos(as) constituye una limitación para el rendimiento profesional, como si esta situación inevitablemente las llevara a “descuidar su trabajo” (Martínez, 1994 y 1999). 32

Sin embargo, también conviene tener presente que esta realidad varía de acuerdo con los cambios generacionales. Algunas investigaciones han encontrado que, a diferencia de lo que ocurre entre las ejecutivas senior, las parejas de las más jóvenes ya colaboran en las tareas domésticas. Véase: Pérez: 2000: 166-190. Las ejecutivas entrevistadas en mis estudios previos afirmaron que se enfrentan con un número considerable de obstáculos para poder desarrollarse en su carrera. En primer lugar, se señalaron las dificultades para desempeñar los distintos roles familiares y profesionales; en segundo lugar, dieron cuenta de varios obstáculos que se expresaron como denuncia al “machismo” de la sociedad mexicana; en tercer lugar, se mencionaron las barreras relacionadas con las políticas específicas de la empresa y falta de oportunidades dentro de la misma. Con una importancia menor, después de estos factores nos encontramos con los que tienen que ver con la educación, la preparación, la propia personalidad y con respuestas más vagas que aluden a las dificultades de “ser mujer” (Zabludovsky y Avelar, 2001). 33   Una gran parte de los funcionarios y directivos pueden ser considerados como workaholics, ya que 43% de ellos (hombres y mujeres) trabajaban más de 49 horas semanales. Este porcentaje es notablemente mayor al del total de la población ocupada donde aquellos(as) que dedican tantas horas semanales al trabajo sólo alcanzan 30.1% (Zabludovsky, 2007a).

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Esta percepción no es exclusiva del ámbito nacional. Estudios recientes realizados en diversos países han encontrado que en las corporaciones persiste una evidente penalización laboral hacia las madres. En una investigación sociológica realizada en Estados Unidos por Shelley Corel y Stephen Bernard (2013) se mostró cómo, al presentar solicitudes similares para el mismo empleo, las mujeres con hijos(as) eran notoriamente discriminadas ya que no eran contratadas o lo eran con salarios inferiores a los otros(as) solicitantes. La información demográfica disponible sobre los directores(as) en México hace evidente esta situación. En un estudio realizado en el 2011 se encontró que entre los varones el porcentaje de los que tenían hijos era de 73%, mientras que entre las mujeres se reducía hasta 61% (Chinchilla y las Heras, 2011; Rivera 2012). Esta realidad se muestra en el siguiente gráfico que ilustra cómo en el mundo ejecutivo el rango de edad en el cual el porcentaje de hombres asciende de manera más vertiginosa y el de mujeres desciende de forma más drástica, coincide con las edades de procreación y cuidado de hijos(as) pequeños. Las cargas desiguales en el trabajo o la gerencia doméstica, y otra serie de circunstancias que rebasan los objetivos del presente trabajo, suelen ser causa de importantes conflictos entre las parejas que a menudo llevan a la separación o el divorcio. Esto explica, en parte, el alto número de mujeres no unidas (viudas, divorciadas y solteras) que existen entre las directivas y el hecho de que en muchas ocasiones la carrera ejecutiva se viva como una opción que anula o limita el matrimonio y la maternidad.34 Como lo muestra el gráfico 12, los datos del 2013 revelan que, mientras 72% de los hombres en los cargos directivos se encuentran casados, entre las mujeres el porcentaje disminuye a 52%. Esta diferencia es aún más profunda en aquellas empresas que tienen más de 250 empleados(as). Entre los directivos hombres el porcentaje de casados aumenta a 77% mientras que el de mujeres en esta situación disminuye a 50%. Estas circunstancias sugieren que, como lo observó Rosabeth Moss Kanter (1993) hace más de tres décadas, las grandes compañías todavía presentan un comportamiento diferenciado cuando contratan a hombres y mujeres que están casados(as). Independientemente de lo que realmente ocurre en cada caso particular, la esposa del ejecutivo se sigue considerando como una especie de “asistente de alto rango” que se dedica prioritariamente al hogar y brinda apoyos de la más diversa índole para estimular la carrera de su marido. Se asume que es ella la que se hace cargo de sus relaciones públicas y se encuentra siempre dispuesta a cambiar de residencia de un país a otro si las condiciones de la compañía donde él labora así lo requieren. Desde esta perspectiva se considera que, gracias a las tareas que ellas desempeñan, los altos funcionarios pueden entregarse totalmente a la organización de tal forma 34

En estudios previos se encontró una clara diferenciación de género en los motivos por los cuales los ejecutivos(as) renuncian a las compañías. Mientras que la mayoría de los hombres abandonan la empresa porque tienen una mejor oferta de trabajo con mayores oportunidades de desarrollo, las mujeres suelen renunciar por motivos personales y familiares (Zabludovsky, 2013).

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que, a medida que ascienden en sus cargos, las actividades y responsabilidades diplomáticas de las esposas adquieren mayor relevancia (Moss, 1993: 125). Gráfico 13 Hombres y mujeres, según edad y tipo de ocupación, 2013 (%) 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Mujeres

4 ym ás

9

55

a4

a5 50

4

años

45

4

9

a4

a3

40

35

9

a3

30

4

a2

a2

25

55

Funcionarios, directivos y jefes*

20

4 ym ás

9 a4

a5 50

4

años

45

a4 40

a3

9

4

35

9

a3

30

a2 25

20

a2

4

0%

Población Económicamente Activa Hombres

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), primer trimestre del 2013, inegi. *Aquellos que ganan más de 5 salarios mínimos mensuales y que pertenecen a empresas con más de 250 empleados. **Para cada gráfico, la suma de todos los porcentajes (hombres y mujeres de todas las edades) suma 100%, es decir, la base en el primer gráfico es el total de funcionarios, directivos y jefes y en el segundo la base es el total de Población Económicamente Activa.

Este papel asignado a las cónyuges de los directivos puede afectar la apreciación de las mujeres en los niveles ejecutivos que trabajan en la organización. La percepción de que las mujeres están satisfechas con el trabajo invisible que realizan “detrás de los escenarios” y que su motivación básica es la búsqueda del ascenso profesional de sus esposos (y no de sí mismas) fortalece la convicción de que las mujeres son poco ambiciosas por naturaleza, con talentos más sociales y emocionales que racionales y gerenciales (Moss, 1993; Zabludovsky, 2009: 64). Todo ello explica por qué, en términos simbólicos, la organización actúa sobrevalorando la disposición de un hombre casado como si al contratarlo no sólo lo empleara a él sino también a la esposa que “está detrás”. Como contrapartida, la profesionista 80 ⎥ Gina Zabludovsky Kuper

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en la misma situación es subvaluada y sus responsabilidades en el hogar se viven como un potencial riesgo, por lo cual la organización actúa como si al reclutarla únicamente estuviera contratando a “medio empleado” (Moss, 1993; Zabludovsky, 2009: 64). Así, se asume que las mujeres son menos ambiciosas, comprometidas y motivadas, sin tomar en cuenta la diferencia de oportunidades de los cargos que se abren a los distintos sexos. De hecho, algunas investigaciones han encontrado que muchos hombres que ocupan posiciones con pocas probabilidades de ascenso desarrollan actitudes que normalmente se atribuyen a las mujeres como lo son las aspiraciones limitadas, la interrupción de sus carreras, la búsqueda de satisfacción a través de actividades que no tienen que ver con el trabajo de oficina y el establecimiento de relaciones horizontales acompañadas por sentimientos de afecto y amistad (Moss, 1993; Zabludovsky, 2009). Este conjunto de características nos permiten explicar por qué, como se observa en el siguiente gráfico, entre las mujeres que ocupan un cargo de directivas y jefes, el número de no unidas es mucho mayor que el de los hombres, situación que se hace aún más notoria en las grandes empresas del país. Gráfico 14 Funcionarios, directivos y jefes* por sexo, según tipo de empresa en que laboran, 2013 (%) 100% 90%

17%

80%

11%

70%

12%

60%

10%

50% 40% 30%

10%

38%

40%

10% 77%

72% 52%

20%

50%

10% 0%

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Funcionarios, directivos y jefes (todos los Funcionarios, directivos y jefes (empresas tamaños de empresa) con más de 250) No unidos

Unión libre

Casados

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), primer trimestre del 2013, inegi. * Se considera únicamente a los trabajadores que ganan más de 5 salarios mínimos

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El siguiente gráfico nos muestra que entre las compañías con mayor número de empleados, 75% de los directores varones están casados, mientras que entre las mujeres esta cifra sólo llega a 49%. Gráfico 15 Mujeres y hombres funcionarios, directivos y jefes según estado conyugal. Sector privado, empresas con más de 250 empleados, 2013 Mujeres

Hombres

75%

49%

42%

15%

Casados(as)

No unidos(as)

9%

10%

En unión libre

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), primer trimestre del 2013, inegi. * Se considera únicamente a los trabajadores que ganan más de 5 salarios mínimos

En gran medida, la baja participación de las mujeres en los puestos ejecutivos se explica por factores inherentes a las políticas que se adoptan al interior de las propias compañías signadas por la jerarquización de las tareas en función del género, las estructuras piramidales vigentes, los distintos patrones implementados en la evaluación de los desempeños de hombres y mujeres, y la poca flexibilidad en los horarios de trabajo, que en la mayoría de los casos llevan a las mujeres a relegar a un segundo término -y en ocasiones a renunciar- a otro tipo de actividades (personales, familiares, etc.) (Zabludovsky, 2001). En lo que respecta a este último factor, los niveles ejecutivos más altos requieren de una dedicación de tiempo completo que, a menudo, rebasa las cuarenta y ocho horas semanales. De hecho, el rango y el sexo del funcionario suelen estar estrechamente relacionados con sus jornadas de trabajo. Algunos de los argumentos más tradicionales utilizados por las empresas para no promover a las mujeres en los altos cargos de dirección aluden a que 82 ⎥ Gina Zabludovsky Kuper

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ellas no suelen extender su horario normal de trabajo debido a que tienen que cumplir con sus obligaciones familiares. En las organizaciones más modernas el problema suele enunciarse de forma diferente. Se afirma que “las mujeres pueden ocupar cualquier cargo siempre y cuando se queden en la oficina hasta la hora que sea necesario”, lo cual vuelve a dejar en claro el supuesto según el cual “las mujeres no son gerentes porque no trabajan hasta tarde, aunque pueden serlo si así lo desean y si se adaptan a estas reglas” (Todaro y Hola, 1992: 22-23; Zabludovsky, 2009). Efectivamente, suele ocurrir que las largas jornadas de trabajo propias de los niveles ejecutivos rebasen por mucho los horarios de oficina y no tengan cabida en la “doble jornada” de las mujeres. A menudo, la disponibilidad de ajustarse a estos horarios se vive como una especie de prueba de lealtad e incondicional al cargo y a la compañía. Así, en la práctica y en un gran número de casos, el cuerpo dirigente acaba conformándose por un grupo de hombres con características homogéneas en cuanto a clase social, raza, procedencia familiar y trayectoria académica y profesional (Zabludovsky, 2009: 609). De allí que sea prioritario el impulso de acciones de conciliación empresa-familia, entre las cuales la licencia de paternidad resulta fundamental. Como lo han mostrado diversos estudios, este tipo de medidas inciden en las formas de negociación del uso del tiempo en las parejas, promueven que los hombres se involucren en las responsabilidades familiares y que las mujeres puedan desarrrollarse de forma más exitosa en su trabajo (Mundy, 2014). En las siguientes tablas (1 y 2) se da cuenta del tiempo otorgado para licencias por paternidad y maternidad en distintos países de América Latina. Tabla 1 Licencias por maternidad en México y América Latina Semanas otorgadas

País

18

Chile, Cuba, Venezuela

17

Costa Rica

13

Argentina, Bolivia, Guyana, Perú, Trinidad y Tobago

12

Bahamas, Barbados, Colombia, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay

10

Honduras

Fuente: elaboración propia con base en oit (2010). Las mujeres en los ámbitos de poder económico

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Tabla 2 Licencias por paternidad en México, en economías desarrolladas y en la Unión Europea País

Tiempo otorgado

Islandia

3 meses

Noruega

10 semanas

España

4 semanas

Finlandia

18 días

Reino Unido

2 semanas

Francia

11 semanas más 3 días por motivos familiares

Suecia

10 días más 2 meses de licencia paternal reservada para el padre

Bélgica

10 días

Países europeos

5 días

Filipinas

7 días para los hombres casados

Myanmar

6 días de licencia ocasional utilizables por los hombres

Indonesia

2 días

Fuente: elaboración propia con base en oit (2010).

Como veremos en el siguiente apartado, debido a las grandes dificultades que presenta la conciliación familia-empresa, las altas exigencias de los altos niveles gerenciales y otros tipos de cuestiones, muchas mujeres de diversos sectores sociales deciden formar su propia empresa.

Las empresarias Durante los últimos años, en México la participación de las mujeres como propietarias y directivas de sus propias empresas ha crecido significativamente pasando de 25% a 36% entre 1991 y 2013.35 Sin embargo, estas cifras deben tomarse con cautela, ya que en la gran mayoría de los casos se trata de ocupaciones relacionadas con el autoempleo o de unidades minúsculas si35

Los datos de empresarias aquí expuestos se elaboraron a partir de sumar trabajadores(as) por cuenta propia y empleadoras(as) (inegi, 2013).

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tuadas en los sectores de subsistencia. Como vemos en el siguiente gráfico, si tomamos en cuenta a las trabajadoras de cuenta propia, así como a las empleadoras, la presencia de las mujeres disminuye a medida que aumentan sus ingresos. Gráfico 16 Distribución de mujeres trabajadoras por cuenta propia y empleadoras según nivel de ingresos, 2013 45% 42% 40%0,$*&1+2&$+/3*&#,# 45 65 35% 28% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

12% 7% 2% Hasta 1 salario mínimo

De 1 a 2

salarios mínimos

De 2 a 3 salarios mínimos

De 3 a 4 salarios mínimos

1%

Más de 5 salarios mínimos

No recibe ingresos

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), primer trimestre del 2013, inegi.

Lo anterior también se observa si sólo consideramos a las empleadoras; es decir, a aquellas mujeres que contratan a por lo menos un trabajador(a) asalariado(a), además de ellas mismas. En este sector la presencia de las mujeres disminuye drásticamente hasta 19% y durante las últimas décadas su incremento ha sido más paulatino, de 14% en 1991 a 20% en 2013.36 La presencia de esas empleadoras tiende a concentrarse en las empresas más pequeñas. De hecho, a medida que aumenta el tamaño de la empresa disminuye el número de propietarias, lo cual ha llevado a una amplia reflexión sobre la importancia que tienen las microempresas37de subsistencia dirigidas por mujeres como mecanismo para salir de la pobreza. Los 36

La información se elaboró hasta 2010 para coincidir con los cohortes de décadas. Para 2013, el porcentaje fue de 20%.   Las definiciones sobre microempresa suelen ser muy variables. Para el inegi y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (stps), las microempresas abarcan hasta 16 trabajadores, incluyendo el dueño. Por su parte, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (secofi) define a la microempresa de acuerdo al número de empleados por sector: industria hasta 30, servicios hasta 20 y comercio hasta 5 (Becerril, 2004). 37

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estudios que abordan esta temática han señalado que, además del tamaño, cuando se habla de microempresas en América Latina se alude a otras características generalmente vinculadas con la informalidad y la precariedad (Becerril, 2004; Rendón y Morales, 1996; Suárez y Bonfil, 2004; Zabludovsky, 2013).38 Gráfico 17 Aumento del número de empresarias que son empleadoras, 1991-2010 19% 17% 14%

1991

15%

1997

2005

2010

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Empleo (áreas urbanas) 1991, 1997 y 2000; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2010, inegi.

En nuestro país, las microempresas sociales de mujeres constituyen una forma particularmente importante de combate a la pobreza. Esta situación no es única de México, por el contrario, el micro crédito canalizado a las mujeres constituye parte de un movimiento mundial que ha favorecido las condiciones de bienestar de las mujeres y su familia (De la Peña, 2006: 192).

38

Desde esta perspectiva, varias investigaciones se han centrado en el papel de las microempresas rurales –organizadas como cooperativas de grupos de trabajo, sociedades de solidaridad social o empresas familiares- para elevar el nivel de vida de las mujeres pobres y mitigar el severo deterioro del campo mexicano caracterizado por el desempleo, bajos rendimientos, escasez de crédito y el abandono de tierras por la migración (Angulo, 2004; Lozano, 1997; Suárez y Bonfil, 2004, Zabludovsky, 2013).

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Por otra parte, como lo muestra el gráfico 16, las empresarias tienden a concentrarse en ciertas áreas como las de servicios (30%) y comercio (28%), y muy pocas son dueñas de empresas de construcción o del sector primario. Gráfico 18 Empresarias y empresarios según sector de ocupación, 2013

Construcción Sector primario Industria manufacturera

99%

1%

98%

2%

80%

20%

Comercio

28%

72%

Servicios

30%

70% Mujeres

Hombres

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Empleo (enoe), primer trimestre de 2013, inegi.

En México una gran parte de las empresas de estas mujeres tienen un carácter familiar. Como lo han señalado, en la mayoría de los casos la familia es un motor para la vida empresarial de las mujeres (Zabludovsky, 2002; 2002b) quienes, preocupadas por el futuro de sus hijos(as), buscan asociarse con sus parientes para poner en funcionamiento un nuevo proyecto (Hvass y Masri-Pedersen, 2009: 97). Tal como lo ha señalado la investigadora Gina Villagómez, tratándose de mujeres, “la familia es la empresa y la empresa es la familia” (Villagómez, 2004: 184; Zabludovsky, 2013: 102). Como otras partes de América Latina, en México (independientemente del sexo del dueño), la empresa familiar tiene una enorme relevancia (Grabinsky, 1991). En términos regionales, esta situación ha sido analizada por Patricia Arias (2001), quien encuentra que la empresa familiar es el sistema predilecto de organización del trabajo en el occidente del país. Por su parte, Gina Villagómez (2004) desataca su relevancia entre los empresarios (as) de origen libanés de Yucatán que llegan incluso a afirmar que “tienen el negocio en la sangre”. Las mujeres en los ámbitos de poder económico

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En las empresas familiares, las mujeres suelen encontrar algunas condiciones favorables que les sería difícil hallar en otros ámbitos: la posibilidad de contar con un horario más flexible que les permite conciliar sus responsabilidades familiares con su carga doméstica, un mayor margen de acción y posibilidades de insertarse en sectores como la construcción y la minería, que socialmente son considerados masculinos. Sin embargo, los lazos familiares en el trabajo también agudizan las barreras culturales y generan nuevos obstáculos para las mujeres. En la mayoría de los casos, si están en sociedad con sus hermanos o sus esposos, tienen que mantener un bajo perfil y no ocupar un cargo de rango superior al de sus familiares hombres. Como suele ocurrir con el trabajo doméstico, una gran parte de las tareas desarrolladas por mujeres en las empresas familiares permanecen invisibles (Zabludovsky, 2001). En términos generales, aunque pueden cumplir importantes tareas, las mujeres asumen posiciones que formalmente se presentan como subalternas frente a sus esposos, hermanos o hijos. No es raro encontrar que, aunque tengan importantes responsabilidades, su presencia permanezca escondida en una empresa cuyo título de propiedad está a cargo de un familiar hombre que puede aparecer también como dirigente de la misma –aunque en realidad no funja como tal-. Cuando estas mujeres intentan ser reconocidas y buscan ocupar un puesto directivo con la consecuente retribución económica y autonomía dentro y fuera de la empresa, pueden entrar en conflicto con otros miembros de sus familias (Hollander y Bukowitz, 1990; Gillis, O’Donovan y Moynhand, 1990, Salganicoff, 1990; Villagómez, 20014; Zabludovsky, 1993, y 2013).

Consideraciones finales: la prevalencia del “techo de cristal” Los datos hasta aquí expuestos muestran cómo, a medida que se asciende en el nivel de ingresos y en la pirámide organizacional, la presencia de las mujeres disminuye. Pese al camino recorrido, las mujeres están escasamente representadas en los cargos de dirección donde se toman las principales decisiones económicas de México. La situación se resume en el siguiente gráfico que muestra gráficamente cómo el incremento de las mujeres en la educación superior y en la fuerza de trabajo no corresponde a su participación en los cargos de autoridad, por lo cual se puede decir que todavía se enfrentan al “techo de cristal” que alude a un conjunto de barreras invisibles que impide que las mujeres tengan la mismas oportunidades que los hombres para el ascenso a los cargos de mayor jerarquía (Davidson y Burke, 2004; Maxfield, Cardenas y Heller, 2008; Zabludovsky, 2007; 2009: 61). Son múltiples las causas que explican esta situación. Por ahora sólo apuntamos algunas de las más evidentes: la socialización diferenciada y las distintas expectativas de éxito entre hombres y mujeres; el escaso compromiso de los varones en las tareas domésticas; las extensas jornadas 88 ⎥ Gina Zabludovsky Kuper

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de oficina que responden a “horarios masculinos”; la exclusión de las mujeres de los círculos informales donde “se cierran” muchos negociaciones; la discriminación (oculta o abierta) que existe hacia las mujeres, particularmente hacia aquellas que son madres; la noción generalizada de que las propietarias de empresas sólo deben dedicarse a las actividades de subsistencia y la prevalencia de ocupaciones consideradas masculinas o femeninas, en donde las primeras se vinculan con mayores posibilidades de ganancias económicas y ascensos jerárquicos. Gráfico 19 Techo de cristal en México, 2011-2013

Directoras Generales Presidentas Municipales Altos Cargos Ejecutivos Secretarias de Estado Empleadoras Senadoras Diputadas Fuerza de trabajo Educación Superior Ninis 0%

20%

40%

60%

80%

Fuente: elaboración propia con información de las siguientes fuentes: Para ninis, fuerza de trabajo y empleadoras (2013): cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), Primer trimestre de 2013 (inegi). Para altos cargos ejecutivos y directoras generales (2012): cálculo propio con información de 227 empresas tomadas de cnn Expansión y Conexión Ejecutiva, (2012). Para educación superior (2011): información de los anuarios estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (anuies). Para diputadas, senadoras y secretarias de Estado: información tomada de la página oficial de la Cámara de Diputados, el Senado de la República y Presidencia de la República.

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Identificación partidaria de los jóvenes mexicanos en el proceso electoral 2012 Party Identification of Mexican Youth in the 2012 Electoral Process Jesús Aguilar López∗1 Recibido el 21 de abril de 2014 Aceptado el 21 de agosto de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

Estudiar el comportamiento electoral de los ciudadanos permite entender la continuidad y el cambio en los procesos políticos. Por su peso en el padrón electoral y por las características de su participación electoral, los jóvenes mexicanos representan un objeto de estudio de primer orden para entender los procesos de cambio político en el país. Tomando como base los datos que ofrece la Encuesta Nacional sobre Cultura Política de los Jóvenes 2012, se analizan los diferentes componentes que influyen en la construcción de la identidad partidaria de los jóvenes que viven en áreas metropolitanas del país, en el contexto de la elección federal en estudio. El artículo ofrece una explicación del

Studying the electoral behavior of citizens helps to understand the continuity and change of the political processes. Due to their considerable share of the electoral roll and the characteristics of their electoral participation, the study of Mexican youths is fundamental to understand the processes of political change in the country. Based on data provided by the Encuesta Nacional sobre Cultura Política de los Jóvenes 2012, this work explores the various components that affect the political party identity of young people living in Mexican metropolitan areas in the context of the federal election under study. This paper describes the weight of each of the elements shaping the relationship between 18

∗

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Maestro y doctor en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Profesor investigador, Departamento de Estudios Políticos y Gobierno, Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, (México). Sus líneas de investigación son: comportamiento electoral, cultura política de jóvenes y procesos electorales.​Entre sus últimas publicaciones destacan: “La participación de los jóvenes como candidatos al Poder Legislativo en el proceso electoral 2012” (2013); “La participación política e los jóvenes en Guanajuato” (2014) y Experiencias de participación política juvenil. México, Proceso electoral 2012 (2012). Correo electrónico: jesuspolitologo@gmail.com 1   Este artículo contó con la asesoría del maestro Edwin Leonel Can Chan del Centro de Investigación en Matemáticas AC (cimat) en los métodos estadísticos empleados. El autor agradece el apoyo brindado por la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la Universidad de Guanajuato y los comentarios de los dictaminadores anónimos que revisaron la propuesta del artículo.

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peso que tiene cada uno de los factores que configuran el vínculo entre los ciudadanos de entre 18 a 29 años y los partidos políticos mexicanos. Siguiendo un análisis de correspondencia y una modelación estadística de las principales variables que influyen en la formación de las actitudes políticas, se ofrece una aproximación empírica para entender cómo se construye la identidad partidaria de los jóvenes.

to 29-year-old citizens and the Mexican political parties. Following a correspondence analysis and statistical modelling of the main variables that influence the formation of political attitudes, an empirical approach to understand the construction of youths’ party identification is offered.

Palabras clave: comportamiento electoral; identificaciones partidarias; jóvenes; proceso electoral; 2012, México.

Keywords: electoral behavior; party identification; young voters; electoral processes; 2012, Mexico.

Identificación partidaria de los jóvenes: planteando el problema La identificación partidaria, como enfoque teórico, es cada vez más utilizada para comprender el comportamiento electoral en México,2 en tanto que permite entender varias de las dimensiones que aún resultan enigmáticas del comportamiento electoral: ¿cómo votan los mexicanos? ¿Cuál es la relación de los ciudadanos con los partidos políticos? ¿Cómo se forma ese vínculo? ¿Qué tan sólida es esa relación? ¿Qué fenómeno provoca que se termine la afinidad con un partido político y se genere una nueva? Este artículo es resultado de una investigación cuyo objetivo fue conocer las características de los primeros planteamientos de la identificación partidaria de los jóvenes. Específicamente, se busca entender cómo un ciudadano en una temprana etapa de la vida puede definir de manera duradera un vínculo con un partido político. El estudio del comportamiento electoral y de la identificación partidaria de los jóvenes en México está contenido dentro del gran tema del proceso democrático mexicano. En este marco, el interés por entender las actitudes político-electorales de los jóvenes cobra importancia por varias razones. Una de ellas es el fenómeno de la alternancia política, que comienza a tener regularidad en la década de los noventa y cuyos efectos han provocado una transformación paulatina del sistema político. En consecuencia, el motor de estos

2

Esta mayor incidencia del enfoque está relacionada con los cambios políticos del país en donde la participación ciudadana, y la electoral en particular, han ganado protagonismo, al contrario de lo que pasaba en otra época donde la vida política se concentraba en la figura del presidente y su partido político.

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cambios ha sido, por una parte, la consolidación de instituciones democráticas confiables; y por otro lado, una robusta participación ciudadana en cada uno de los procesos electorales. El evidente cambio de las pautas tradicionales de la participación electoral y de las preferencias partidistas tiene su origen en los niveles locales de gobierno: en las elecciones de ayuntamiento, congresos locales, gubernaturas, congreso federal y, finalmente, en la presidencia de la República. Este cambio nos exige plantear varios interrogantes en torno a los factores que influyen sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos mexicanos. En este eje de análisis, la relación entre ciudadano y partido político es la que evidencia un mayor interés a partir del rompimiento de la relación estrecha que existía entre los ciudadanos y el Partido Revolucionario Institucional (pri) y el pasaje a una relación de mayor diversificación de las preferencias partidarias.3 ¿Cómo se concibe a los jóvenes en este estudio? Sociólogos, psicólogos sociales y antropólogos han realizado una gran contribución al plantear la juventud como una construcción histórica. El sociólogo francés Pierre Bourdieu, al problematizar el concepto de juventud, planteó que las relaciones entre la edad social y la biológica son muy complejas, y por tanto, suelen estar sujetas a manipulación, sobre todo en el sentido de concebir a la población joven como una unidad con intereses comunes por el único hecho de compartir un rango de edad (Bourdieu, 1990). Conceptualizar a la juventud como socialmente construida ha permitido comprender que los jóvenes, aunque compartan el rango de edad biológica, no son iguales porque tienen intereses distintos, posturas religiosas, ideológicas y políticas múltiples que los llevan a constituir una población heterogénea y a relacionarse de distintas formas con el mundo que los rodea. Desde esta perspectiva, el concepto de juventud tiene una complejidad difícil de aprehender. Por cierto, no se puede hablar de una sola juventud, sino de juventudes (Aguilar, 2013: 82) y, en la urdimbre de los elementos que las configuran, también surge la categoría de cultura juvenil para referirse, como lo hace Maritza Urteaga, al: Conjunto de experiencias sociales expresadas colectivamente por los jóvenes mediante la construcción de estilos distintivos, localizados fundamentalmente en tiempo y/o espacios no institucionales y, por otro, a la aparición de microsociedades juveniles con grados significativos de autonomía respecto de las instituciones adultas, que se dotan de tiempos y espacios específicos (Urteaga, 2011: 410).

¿Cuáles son las particularidades del caso mexicano? En una dimensión cuantitativa, la juventud contemporánea cuenta con un momento histórico casi ideal para poder hacerse 3

Entre la literatura que da cuenta de estos cambios, véase: Woldenberg, Salazar y Becerra (2001); Gómez (2009) y la colección coordinada por Larrosa y Becerra (2012).

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escuchar y ser partícipe de la toma de decisiones públicas. Para la elección del 2012, y de acuerdo con el Registro Federal de Electores, los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad representaban 28.33% de los ciudadanos habilitados para poder votar. En este contexto, ¿cuál es la naturaleza de la relación que guardan los jóvenes con la política? ¿Con los objetos de poder? ¿Qué influye en ellos para la construcción de la identidad partidaria? En cuanto a su relación con la política, la juvenóloga Anna Fernández Poncela sostiene que los jóvenes son “objeto de políticas; pero como actores sociales [también] son parte activa del proceso, sujetos de estudio y de políticas”. Y agrega: Como objeto de la política se supone que la juventud es un sector atendido y beneficiado, aunque esto no es automático. Como sujeto de la política participa en ella, ya sea como individuo o formando grupos en acción colectiva, sin embargo, esto no garantiza mecánicamente ni presencia, representatividad, ni autonomía, ni mucho menos contestación y cambio social como algunos autores han querido entrever (Fernández, 2003: 23).

María Jesús Funes señala que la construcción de una nueva identidad, o el refuerzo de una identidad ya formada, actúan como incentivo movilizador en todos los grupos etarios pero es mucho más significativo entre los jóvenes (Funes, 1999: 91). Por ello, puede considerarse que la participación de los jóvenes en un grupo -político o no- es un incentivo en el proceso de construcción personal, dado que el grupo (así como el partido político) devuelve al individuo una imagen de sí mismo, reconocible y singular, que lo constituye como miembro de esa identidad colectiva y le asegura una cobertura afectivo-emocional al incluirlo en ese “nosotros”, particularmente significativo, que le facilita la expresión pública de su compromiso, entendida como aspecto básico de la participación juvenil (Funes, 1999). Por su parte, el juvenólogo Enrique Cuna Pérez al analizar el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en materia de política pública juvenil señala que: Los retos que enfrentan los jóvenes en la actualidad tienen que ver con la falta de espacios para expresarse, la falta de oportunidad de empleo, de educación, de salud, de confianza hacia las instituciones políticas (…) Dos son las características que históricamente han identificado la relación entre el Estado y los jóvenes en México: la ausencia de un programa de políticas públicas que atienda a la juventud de manera integral (…) y el desconocimiento y la desconfianza que estas políticas generaron en los jóvenes (Cuna, 2013: 108-109).

En este contexto, resulta pertinente reflexionar sobre los caminos que tienen los jóvenes para participar en política. En principio, se pueden identificar dos vías básicas: una institucional-formal (en ésta línea se inscribe el presente artículo) y las alternas (no institucionales). 98 ⎥ Jesús Aguilar López

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Participar en política significa pretender incidir en la toma de decisiones públicas, por ello la participación electoral es la forma de participación política que más se reconoce, aunque ésta no se agota en lo electoral. Ejemplo de ello es el movimiento “#Yosoy132” que en el contexto del proceso electoral 2012 logró visibilizar los problemas constitutivos de la juventud mexicana. Además, como menciona Jorge Alonso (2013), el movimiento intentó practicar una democracia desde abajo, alejada de la manipulación llevada a cabo por las élites sobre el proceso electoral con el objeto de imponer sus decisiones. Este movimiento puso en evidencia los límites de la participación electoral en México y visibilizó la posibilidad de abrir nuevas alternativas de participación. El presente estudio está inscrito en la vía formal de participación de los jóvenes, pero por ello no dejamos de considerar que existe un repertorio de opciones más amplio y diverso en lo que a participación política se refiere. El problema de investigación en cuestión requiere describir el objeto de estudio con precisión para poder entenderlo, apuntalar una agenda de investigación sobre el comportamiento electoral de los jóvenes y, en particular, de su relación con los partidos políticos. En este sentido, uno de los primeros pasos de este estudio consiste en hallar y analizar las principales características de la identidad partidaria de los jóvenes que residen en áreas metropolitanas de México. Así, al hablar de jóvenes nos estaremos refiriendo específicamente a jóvenes urbanos. De acuerdo con el Reporte Metodológico de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política de Jóvenes 2012 (encpj, 2012), el objetivo de la misma fue “conocer las percepciones y el nivel de información que poseen los jóvenes mexicanos sobre el tema de la cultura política. La población objetivo son los jóvenes residentes de áreas urbanas del país entre 18 y 29 años de edad” (Reporte Metodológico y de Campo, 2013: 3).4 Una de las razones por las que se optó encuestar sólo a jóvenes urbanos fue la búsqueda de mayor profundidad en el análisis estadístico.5 Además, debe señalarse que el cuestionario que se aplicó incluyó las preguntas que corresponden a los supuestos teóricos de la identificación partidaria, por lo que la base de datos es óptima para el análisis volcado en este artículo. Esto último también obligó a no combinar el análisis de estos datos con los recabados por otras encuestas, pues tanto las preguntas como la población de estudio -e incluso el momento en el que fueron levantasdificultan la realización de un análisis fiable. Otro elemento a subrayarse, que vuelve inédita 4

Si bien la encuesta utiliza el concepto de cultura política, en su operacionalización se trabajó el concepto de identificación partidaria, lo cual se reflejó en preguntas básicas que buscan medir este concepto. 5   La población objetivo se concentró en 76 áreas metropolitanas del país, población joven de 18 a 29 años. El levantamiento se llevó a cabo del 14 al 30 al de junio de 2012. La casa encuestadora encargada del levantamiento fue Berumen. Al diseñar la encuesta (cuestionario y diseño muestral), los responsables tuvieron presente el problema del levantamiento en áreas rurales, puesto que las casas encuestadores suelen hacer levantamiento en cabeceras de los municipios del interior como si se tratara de áreas rurales, sin embargo y de acuerdo con el criterio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son urbanas. Por ello se tomó la decisión de focalizar el estudio en las áreas netamente urbanas como lo son las áreas metropolitanas.

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la encpj 2012, es la peculiaridad de que la misma se realizó a pocas semanas de celebrarse la elección federal del 2012, lo que permitió captar un momento especial en el que los sujetos estaban expuestos a los elementos propios de la efervescencia electoral.6 Retomando el concepto clave de la presente investigación, cuando se habla de identificación partidaria nos referimos al vínculo (psicológico) entre individuo-partido. Esta relación va más allá de una afinidad ideológica o programática para convertirse en un lazo afectivo, un sentimiento de apego y de pertenencia (Miller y Shanks, 1996: 117-128). Dicho vínculo actúa como filtro por medio del cual la persona interpreta información y toma decisiones que afectan su comportamiento político y electoral, e implica un sentimiento de pertenencia al partido como grupo de referencia, aunque no requiere la existencia de una inscripción formal ni de una relación activa con el mismo (Aguilar, 2008).7 Las tres grandes dimensiones empíricas del concepto de identificación partidaria son: construcción, dirección y fuerza. Por construcción de la identificación partidaria se entenderá la forma por medio de la cual el individuo adquiere y moldea su vínculo afectivo con un partido político. La dirección se refiere al sentido que toma el vínculo hacia un partido político en particular. Por último, la fuerza de la identificación partidaria señala la intensidad con la que el individuo se identifica con el partido político, existiendo diferentes niveles de identificación.8 Como toda actitud, la identidad partidaria se puede adquirir en la edad temprana (niñez, adolescencia, juventud) y puede reforzarse con el paso de los años a partir de la experiencia que aporta la participación político-electoral, la interacción del individuo con diferentes agentes políticos (instituciones, sindicatos, etcétera), e incluso por medio de la resolución de conflictos. El individuo interpreta el mundo político a través de los aprendizajes que va adquiriendo y responde a ellos dependiendo del carácter que hayan tenido cada una de estas experiencias. ¿Cuáles son los partidos políticos con los que se identifican los jóvenes mexicanos? ¿Cómo se construye esta identidad? Un lugar común sería pensar que por su condición de jóvenes éstos han roto con el patrón de comportamiento político de los adultos, es decir, tenderían hacia una identificación con aquellos partidos que representan un cuestionamiento al mundo adulto, “conservador”. De acuerdo con los resultados de la encpj 6

Éste fue uno de los principales criterios por los cuales se decidió realizar la encuesta en ese momento. Se espera que en el futuro la encuesta se siga aplicando respetando tiempos e ítems con el fin de mantener y facilitar la comparabilidad de los datos. 7   Los militantes de los partidos políticos son los principales identificados, pero lo que interesa a esta investigación es conocer cómo entre los jóvenes puede generarse un vínculo con los partidos políticos sin la militancia como requisito. La militancia es un tema de investigación en sí mismo que guarda diversas problemáticas. Así como en el caso mexicano o en el sur del continente, la militancia y la lealtad partidaria se ven actualmente afectadas por el desempeño de los partidos políticos y los gobiernos de ellos emanados (Leiras, 2007). 8   Véase: Aguilar, 2008: 35-37.

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2012 (gráfico 1), el partido con el que más se identifican los jóvenes es el pri: 30.4%. Es decir, tres de cada diez jóvenes entrevistados tienen algún tipo de vínculo afectivo con este instituto político. En segundo lugar se encuentran los jóvenes perredistas (19.6%). De este último dato resalta que el porcentaje de identificados con el Partido de la Revolución Democrática (prd) superó, ligeramente, a los identificados con el Partido Acción Nacional (pan) (18%). Por lo regular, hablando de la población en general, el prd se localiza en una tercera posición de preferencias e identificados, marcadamente alejados del pan y del pri.9 Una posible explicación de ello puede estar vinculada con el efecto provocado por el candidato Andrés Manuel López Obrador y su identificación con el partido que lo postuló. Otro elemento en esta misma línea, sugiere volver a considerar el momento del levantamiento de la encuesta: los últimos quince días antes del 1 de julio del 2012, momento en que la efervescencia política puede generar una incipiente o pasajera afinidad partidista.10 Por su parte, la posición ocupada por el pan respecto del porcentaje de identificados no deja de ser un hallazgo. Y en el mismo sentido, habría que observar el contexto de la coyuntura electoral así como el papel que pudo haber jugado la candidata Josefina Vázquez Mota, para que la identidad hacia este partido haya ocupado el tercer lugar. Los otros cuatro partidos políticos (“Otros”) suman 9.1% de las identidades partidarias de los jóvenes urbanos.11 En una visión global, tres cuartas partes de los jóvenes encuestados manifestó identificarse con alguno de los partidos políticos que estaba compitiendo en la elección del 2012 (77.1%). Ello representa un alto porcentaje de acuerdo con la idea que se desprende de la teoría clásica de la identidad partidaria según la cual en la edad en la que los jóvenes están incorporándose a la vida política, su interés -y en todo caso el desarrollo de una identidad partidaria- es incipiente. Siguiendo a esta lógica, se esperaría que fueran los individuos con mayor edad los que principalmente se identificaran con los partidos políticos. En esta tesitura, el porcentaje de jóvenes que manifestó no identificarse con algún partido político -los llamados independientes- sumó 22.9%. Es un porcentaje importante, ya que porcentualmente son más que los identificados con el prd y el pan. Estos jóvenes manifestaron de manera franca no tener relación alguna con los partidos políticos, aunque la independencia no significa necesariamente que no apoyen a alguno de ellos. Algo que debe señalarse es que los no identificados, los independientes, tienden a no votar.12 9

Véase: Estudio Nacional Electoral cide-cses 2009. Se trata de encuesta postelectoral llevada a cabo por el cide (entre el 13 y 24 de julio del 2009): 28.7% simpatizaba con el pri; 15.5% con el pan; y 7%, con el prd. 10   Si se considera el afecto incipiente, se está en la línea de la construcción de la identificación. Si se opta por la afinidad pasajera, se estaría hablando más bien de preferencias partidistas. 11   Los cuatro partidos políticos agrupados en “Otros” son: Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Movimiento Ciudadano y Partido Nueva Alianza. Se decidió agruparlos por el bajo número de casos que obtuvo cada uno. 12   Véase: Estrada (2006) y Dalton (2013).

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Gráfico 1 Identificación partidaria de los jóvenes urbanos en México, 2012 35

30.4

30 25 20

22.9

19.6

18

15 9.1

10 5 0

pan

PRI

PRD

Otros

Independientes

Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012.

La dimensiones empíricas de la identidad partidaria ¿Cómo se construye la identidad partidaria de los jóvenes? ¿Qué intensidad tiene esta identidad? ¿Cuál es la fuerza manifestada por los jóvenes acerca de esta actitud política? Quien se identifica con un partido político establece un fuerte vínculo con él, difícil de romper o modificar.13 La estabilidad de la actitud favorable hacia un partido político es lo que le da perdurabilidad en el tiempo, principal característica de la identidad. Por ello, sería lógico observar una alta intensidad de identificación (“mucho” o “algo”) en los que manifestaron identificarse con un partido político. De lo contrario, si la respuesta es “poco” o incluso “nada”, se podría cuestionar si realmente hay identidad partidaria.14 De acuerdo con los datos que se presentan en el gráfico 2, prácticamente ocho de cada diez jóvenes se identifica mucho con su partido (“mucho” y “algo”), y sólo dos de cada diez mencionó estar “poco” o

13

La durabilidad de la identificación partidaria -que puede llegar a ser un gran predictor del voto- es uno de los hallazgos que se presenta en The American Voter (1960). Como señala Abramson (1983): la identificación partidaria es una actitud, es un estado mental altamente estable, no demasiado cambiante, que si bien no es una conducta, sí parece influir en ésta (Abramson, 1983: 51-66). Este vínculo es lo que se pretende detectar y analizar: si hay indicios de él, qué fuerza tiene y, sobre todo, entender cómo se construye. 14   Siguiendo la manera tradicional de medir la identidad y fuerza partidaria que propusieron los autores de The American Voter (1960), -con el debido ajuste al sistema multipartidista mexicano-, la pregunta que se utilizó fue: ¿Qué tanto se identifica con ese partido? Mucho, algo, poco o nada.

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“nada” identificados. Éstos representan porcentajes lógicos en el sentido de que existe coherencia entre los identificados y la intensidad con la que dicen identificarse. Gráfico 2 Fuerza de la identificación partidaria de los jóvenes urbanos mexicanos, 2012

60

53

50 40

28

30 18.9

20 10 0

0.1 Nada

Poco

Algo

Mucho

Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012.

A continuación se explorarán las características básicas de la identificación partidaria de los jóvenes, lo que nos permitirá trascender las preguntas básicas de medición de esta dimensión del comportamiento electoral.

¿Cómo se construye la identificación partidaria de los jóvenes? El análisis de las dos preguntas tradicionales utilizadas estadísticamente no resulta suficiente para conocer la identificación partidaria de los jóvenes. Limitar el análisis de la identificación partidaria a la pregunta básica sobre la dirección y fuerza de dicha identificación, deja de lado toda la discusión sobre cómo se construyen, o no, esas identidades. A su vez, la respuesta del entrevistado puede estar motivada por varias circunstancias, entre ellas la influencia de las campañas electorales que emprenden los partidos políticos durante la coyuntura electoral. De este modo, es necesario analizar otros elementos, atender otras dimensiones que influyen en la construcción de esta identidad para comprender mejor por qué un individuo establece un vínculo afectivo con un partido político. ¿Dónde aprende el joven lo que sabe de política? ¿Cuáles son las fuentes de su socialización política? ¿Qué Identificación partidaria

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construye, o no, una identidad partidaria? De acuerdo con el análisis de perfiles hecho a partir de la encpj 2012, a continuación se expone un análisis destinado a entender mejor la identidad partidaria. Con ello se pretende trascender el análisis basado exclusivamente en las preguntas clásicas y establecer los primeros esbozos de lo que sería una nueva propuesta de medición de la identificación partidaria prestando especial atención a la sustancia del vínculo entre jóvenes y partidos políticos.

El contexto familiar: la influencia de los padres La familia es el primer espacio de socialización y construcción de las identidades partidarias. Es natural encontrar allí la influencia que reciben los jóvenes de sus padres, o en general de los adultos: la transmisión de valores.15 De acuerdo con la formulación teórica del modelo Michigan, la identificación partidaria tiene su origen en el proceso de socialización política familiar. En The American Voter (1960) se advierte que las orientaciones de los individuos hacia los asuntos políticos comienzan antes de tener la edad para votar y estas fuertes orientaciones del individuo son un reflejo de su más inmediato medio social (Campbell, Converse, Miller y Stoker, 1960: 146-167). Tomando en consideración los estudios que realizó el Survey Reserch Center de la Universidad de Michigan, existe una fuerte relación entre las lealtades partidarias de los padres y la de sus hijos. Esto significa que la mayoría de la gente adquiere lealtades partidarias –principalmente en el núcleo familiar- antes de adquirir abundante y detallada información sobre política. A su vez, la identificación partidaria adoptada del núcleo familiar aporta un marco de referencia que ayuda a los individuos a interpretar nueva información política, es decir que esta identificación tiene también una función de filtro. Converse (1969) explica que el proceso de socialización política combina aprendizaje para producir una identificación partidaria estable. Quién vota por primera vez lo hará por el partido por el que lo hace su familia, y si los resultados de este voto le parecen satisfactorios, lo repetirá en las siguientes elecciones. Cuantas más veces se repita el voto al mismo partido, más fuerte será la identificación. Por lo tanto, este efecto se relaciona con el tiempo de participación electoral, independientemente de la edad del elector (Converse, 1969: 139-171). En una investigación enfocada en la transmisión de valores políticos de los padres hacia los hijos, Jennings y Neimi (1968) llegaron a la conclusión de que existe una clara correspondencia entre sus afinidades ideológicas. En dicha investigación se sostiene que los hijos tienen un grado de identificación ideológica más débil que sus padres. Aunque los investigadores no explican a cabalidad el porqué de esa mengua, ofrecen dos conclusiones interesantes: el éxito en la transmisión de las lealtades partidarias está en función del grado de politiza15

Véase: Harrop y Miller (1990) y Castillo (2000).

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ción del hogar y; la transmisión de la identificación partidaria es más débil cuando uno de los padres no tiene adscripción partidaria a la vez que la dificultad aumenta cuando uno de los padres es afín a un partido político. Puesto que padres e hijos comparten el mismo ambiente social y cultural, se podría esperar alguna similitud, aun cuando no hubiera comunicación en el seno de la familia (Jenning y Neimi, 1974). En este mismo tenor, evidencia empírica demuestra que la identificación de un individuo es el resultado evolutivo de un aprendizaje político inadvertido y no intencionado a temprana edad, asimilado de la familia y de otras fuentes de influencia como los medios de comunicación, la región y la escuela, entre otros (Hess y Torney, 2009). En México, desde la década de los años ochenta -pero más específicamente desde los noventa- la hegemonía priísta entró en crisis: muchos ciudadanos dejaron de votar por este partido y optaron por otras opciones, lo que llevó a plantearse el problema de hacia dónde se dirigirían las identidades de los jóvenes que empezaban a votar en esa época.16 Hipotéticamente, se puede plantear que éstos adoptaron, junto con sus padres, nuevos lazos con diferentes partidos. Sin embargo, también hay que advertir que muchos de ellos siguieron votando como lo hacían, pues el pri nunca dejó de recibir votos y siempre contó con ciudadanos que le fueron leales. Teniendo como referencia el mosaico de preferencias electorales construido desde entonces en prácticamente todo el país (observando a nivel estadual y municipal los partidos que gobiernan), es importante considerar que los jóvenes de entre 18 y 29 años crecieron en un ambiente en donde la idea del pri hegemónico no era una experiencia sólida, pues al menos durante los últimos 12 años habían vivido la experiencia de un gobierno federal y ciertas entidades locales con gobiernos emanados del pan (Baja California, Guanajuato, Jalisco), otros perredistas (particularmente en el Distrito Federal) y otros en los que la alternancia no había tenido lugar a nivel estadual (como es el caso del Estado de México). En síntesis, observar si hay o no una transmisión de identidades partidarias de padres a jóvenes sigue siendo altamente valioso para entender cómo se construye esta actitud. Para el caso de los jóvenes urbanos y sus padres, si se observa la tabla de contingencia (cuadro 1 y 2), la hipótesis según la cual las actitudes políticas de los padres tienen relación con la de sus hijos, parece tener cierta validez. En particular el caso de los jóvenes priístas es el más notorio, pues prácticamente ocho de cada diez jóvenes identificados con el pri tienen padres (ambos) identificados con el mismo partido. Pocos son los casos de aquellos jóvenes priístas cuyos padres se identifican con el pan o el prd. En otras palabras, al menos bajo este análisis de tablas de contingencia, hay cierto éxito en la transmisión de la identidad partidaria por parte de las familias partidistas cuando los padres son priístas. 16

Aquí los conceptos clave son el de desalineamiento y realineamiento electoral, los cuales se refieren a la ruptura de un patrón de comportamiento electoral, la adopción de uno nuevo, o bien, el regreso al que ya se tenía.

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Para el caso del pan, el porcentaje de correspondencia entre padres (ambos) e hijos también es alto: prácticamente siete de cada diez padres de jóvenes panistas se identifican con este partido. A su vez, los jóvenes panistas tienen un significativo porcentaje de padres identificados con otros partidos políticos, especialmente priístas (cuadros 1 y 2). Por su parte, un poco más de la mitad de los jóvenes que se identifican con el prd tienen padres que también lo hacen. En este caso, es interesante observar el alto porcentaje de padres priístas: prácticamente dos de cada diez lo son. Incluso los padres identificados con el pan rebasan el 10%. ¿De qué manera impacta sobre la identidad partidaria del joven el hecho de tener padres que se identifican con otros partidos políticos? ¿Por qué un joven decide romper con la identidad de los padres? Son muchas las posibles explicaciones, aquí sólo se apuntan las preguntas para un futuro trabajo de investigación. Los jóvenes que no se identifican con ningún partido político, los llamados independientes, también cuentan con el porcentaje más alto de padres que no se identifican con ningún partido político. Este sería otro hallazgo: una actitud de alejamiento de los partidos políticos también se hereda. Sin embargo, significativamente los independientes tienen un alto porcentaje de padres priístas y panistas (cuadros 1 y 2). Y aquí habría que pensar acerca de esta baja tasa de éxito de los padres con identidad partidaria que no logran transmitirla a sus hijos.17 Cuadro 1 Identificación partidaria de jóvenes mexicanos y sus madres, 2012 ip madres

pan

pri

prd

Otros

Independientes

pan

73.8

16.5

4.4

0.5

4.9

pri

8.0

81.4

5.7

0.9

4.0

prd

13.9

19.7

56.7

1.0

8.7

Otros

14.4

39.2

17.5

20.6

8.2

Independientes

24.2

30.5

9.5

2.6

33.2

ip jóvenes

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encpj 2012. 17

La identidad partidaria de los padres se obtuvo preguntando a los jóvenes: Actualmente, ¿con cuál partido político se identifican más sus padres o sus hijos mayores de 18 años? pan, pri, prd, pvem, pt, pmc, panal, Otro, No aplica, No sabe/No contestó. Más allá de la ausencia de una corroboración de la identidad con el propio padre –lo que era muy complicado de hacer en una encuesta de estas características- el dato que se obtiene se considera útil en tanto que permite tener cifras para seguir explorando con mayor profundad la transmisión de actitudes políticas de los padres hacia los hijos. Lo ideal hubiera sido tener un cuestionario del joven y sus padres (o al menos de uno), aunque inviable en la práctica.

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Cuadro 2 Identificación partidaria de jóvenes mexicanos y sus padres, 2012 IP padres

pan

pri

prd

Otros

Independientes

pan

68.2

20.2

5.6

0.5

5.6

pri

7.7

81.8

5.2

0.9

4.3

prd

11.7

23.9

55.8

1.0

7.6

Otros

11.1

42.2

15.6

20.0

11.1

Independientes

19.4

31.5

12.1

3.0

33.9

IP jóvenes

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encpj 2012.

De acuerdo con un análisis de correspondencia (gráficos 3 y 4), puede observarse que en ambos casos (padres y madres) la relación con la identidad partidaria de los jóvenes se agrupa de manera clara en los tres principales partidos políticos, lo que representa una dependencia entre ambas variables.18 Además, están separados en tres grupos, lo que bajo esta herramienta estadística hace suponer que hay identidades diferenciadas, es decir, que existen ciertas características y contenidos propios para cada partido político. Para el caso de los identificados con los “otros” partidos políticos, al aparecer la figura cerca del centro indica que la relación pierde intensidad a la vez que no guarda una dependencia con las categorías restantes. Tradicionalmente, la escuela es un espacio de socialización donde los individuos pueden adoptar una determinada actitud política. Ello depende de diversos factores presentes en el proceso educativo: programas, profesores, prácticas, relación con los compañeros, etcétera. La institución escolar es importante porque la educación tiene tres funciones básicas en relación con la cultura política: la función cognoscitiva forma intelectualmente a los estudiantes, crea el sentido crítico y reflexivo; la socialización transmite a los estudiantes los valores básicos de identidad nacional y local, los dota de valores morales y los refuerza en 18

Los gráficos de análisis de correspondencia permiten presentar visualmente la asociación que existe entre los perfiles de las categorías de dos variables nominales, donde las coordenadas para cada categoría son distancias obtenidas de manera numérica (Singular Values Decomposition, svd), usando el programa estadístico R. Los gráficos se interpretan de la siguiente manera: todas las categorías están representadas por figuras geométricas (las más comunes, círculos o triángulos). Aquellas categorías representadas con figuras grandes tienen una alta relación al momento de crear cada uno de los componentes, mientras aquellas que tengan color pálido, o bien, cuya figura es muy tenue, implica que dichas categorías no son significativas. En cada gráfico se pretende observar la relación existente entre la variable explicativa clave (identificación partidaria), usando otras que pueden ser importantes a partir de la teoría e investigación que se ha realizado al respecto.

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este sentido; por último, la formación de la personalidad coadyuva a que el individuo adquiera seguridad en sí mismo y confianza en las instituciones que los rodean.19 Gráfico 3 Análisis de correspondencia de la identificación partidaria entre jóvenes mexicanos y sus padres, 2012 1.0

prd

Identificación partidaria

Componente 2 Dimension 2 (33.26%) 0.0 0.5

prd

n.a. Otros Otros

ip papás

Ninguno Independientes

pan pan

−0.5

pri pri −0.5

0.0 0.5 Dimension 1 (38.29%)

1.0

Componente 1 Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012.

19

También puede considerarse la hipótesis del efecto que pudiera tener el sindicalismo magisterial sobre la identidad y formación política de los niños y jóvenes. Sin embargo, existe poca investigación que analice su efecto. En todo caso, en este apartado se explora si la escolaridad guarda alguna relación con el tipo de afinidad que establece un joven con los partidos políticos. Véase: Durand y Smith (1997).

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Gráfico 4 Análisis de correspondencia de la identificación partidaria entre jóvenes mexicanos y sus madres, 2012 prd

Componente 2 Dimension 2 (33.63%) 0.0 0.5

1.0

prd

Otros Otros

Identificación partidaria ip mamás

Ninguno n.a. Independientes

pri pan pan

−0.5

pri

−0.5

0.0 0.5 Dimension 1 (39.04%) Componente 1

1.0

Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012.

Escolaridad En todo caso, el nivel de estudios de los jóvenes puede ser un elemento que determine la inclinación en la identificación partidaria. ¿Existe una relación entre estas variables? Los resultados de un análisis de correspondencia hecha entre nivel de escolaridad e identidad partidaria de los jóvenes, arroja evidencia de una débil asociación entre ambas variables.20 Como puede apreciarse en el gráfico 5, el nivel educativo de los jóvenes no logra caracte20

La pregunta que se realizó para obtener la escolaridad de los jóvenes fue: ¿Cuál fue el último año que aprobó en la escuela?

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rizar ninguna identidad partidaria. Sólo se podría concluir que existe cierta relación entre aquellos jóvenes que tienen estudios a nivel de Normal superior y medio superior y se identifican con el prd o se consideran independientes. Por otra parte, contar con estudios de primaria, secundaria y medio superior tiende a ser más característico de los jóvenes identificados con el pri. Finalmente, los jóvenes panistas cuentan mayoritariamente con nivel de secundaria y preparatoria. Gráfico 5 Análisis de correspondencia de la identificación partidaria de jóvenes mexicanos y nivel de escolaridad, 2012 0.1

p. pri

Independientes prd Normal Prep.

−0.1

0.0

S.

pan

−0.3

−0.2

m.d.

−0.4

Componente 2 Dimension 2 (13.11%)

Otros Prof.

Téc.

Identificación partidaria

n.e

−0.5

Escolaridad −0.2

−0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

Dimension 1 (79.69%) Componente 1 Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012.

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Nivel socioeconómico El factor socioeconómico ha sido utilizado como una variable independiente en muchos estudios sobre identificación partidaria.21 El estrato socioeconómico al que pertenece un individuo también puede determinar la afinidad hacia un partido político (aunque persiste el debate para el caso mexicano si existe un partido político de los “ricos”, de los “pobres” o de la “clase media”).22 La evidencia que se tiene gracias a los datos de la encpj 2012 es que no existe asociación entre las variables nivel socioeconómico de los jóvenes e identidad partidaria (gráfico 6). Al igual que en el caso anterior, sólo se puede mencionar que se detectaron ciertas tendencias o inclinaciones: hay cierta correspondencia entre pertenecer a la clase media alta (C-/C) y ser panista. Para los jóvenes identificados con el pri la situación es la menos definida, ya que no se puede establecer una relación con ningún nivel socioeconómico. El prd es el único que cuenta con cierta relación con dos grupos que se pueden considerar contrapuestos: el nivel socioeconómico alto (abc+) y el más bajo (d/e).

Medios por los que se informa de la campaña La teoría de los medios masivos de comunicación considera que los electores se comportan y deciden como público, es decir, como multitud dispersa de contornos continuamente cambiantes e indefinidos cuya opinión se forma a través de los medios de comunicación. ¿Por qué medio se enteraron los jóvenes de los acontecimientos de la campaña presidencial 2012? Esta pregunta realizada a los jóvenes urbanos permitió conocer las fuentes de información de la campaña política. De acuerdo con el análisis de correspondencia realizado, esta variable y la identidad partidaria de los jóvenes no marca relaciones relevantes (gráfico 7). Los jóvenes identificados con los tres principales partidos políticos (e incluso los llamados independientes) señalaron a los spots y la televisión como fuentes de información. La prensa escrita, conversaciones, radio e internet no caracterizan a ninguno de los grupos de jóvenes identificados.

21

Véase: Budge, Crewe y Farlie (2010).   Tal como se mencionó, la encpj 2012 sólo observó a jóvenes urbanos por lo que no puede contrastarse la información recabada con jóvenes de otro tipo de población donde presumiblemente se pudieran analizar los datos en función de desigualdades económicas, y en todo caso, discernir si existe un efecto en la identificación partidaria. 22

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Llama la atención que el internet no figure en asociación con los partidos de oposición al pri, sobre todo considerando el surgimiento del movimiento “#Yosoy132”, el auge de los jóvenes afines a la tecnología y el rechazo al candidato Enrique Peña Nieto.23

0.15

Gráfico 6 Análisis de correspondencia de la identificación partidaria de jóvenes mexicanos y su nivel socioeconómico, 2012

Identificación partidaria Nivel socioeconómico

0.05

d/e

a/b/c+

prd 0.00

pan

c−/c

Independientes

−0.05

Componente 2 Dimension 2 (17.51%)

0.10

Otros

pri

−0.10

d+

−0.20

−0.15

−0.10

−0.05

0.00

0.05

0.10

Dimension 1 (73.98%) Componente 1 Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012.

23

Durante la campaña electoral fueron presentados resultados de sondeos por internet que favorecían al candidato de la coalición de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. La mayoría de estos sondeos los contestaba quien deseaba hacerlo, por tanto constituyen instrumentos demoscópicos que no tienen una validez estadística, en tanto que no guardan una debida representatividad y no pueden considerarse para el análisis. En síntesis, hay una diferencia técnica entre los sondeos y las encuestas, estas últimas responden a una exigencia estadística que pretende que sus resultados sean representativos. Véase: Alonso (2013).

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0.4

Gráfico 7 Análisis de correspondencia de la identificación partidaria de jóvenes mexicanos y los medios de comunicación, 2012

Radio

Medios

pan

0.0

prd

Spots tv

Internet

pri

Independientes Prensa escrita

Otros

−0.2

Componente 2 Dimension 2 (22.53%)

0.2

Identificación partidaria

−0.4

Conversaciones Redes sociales −0.8

−0.6

−0.4

−0.2

0.0

0.2

Dimension 1 (64.16%) Componente 1 Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012.

Ideología e identidad partidaria Las discusiones políticas en México no están definidas por disputas que giren en torno a posicionamientos ideológicos (Beltrán, 2009). En todo caso, son los partidos políticos y los candidatos los referentes por los que se guían los ciudadanos en sus posicionamientos. Sin embargo, de acuerdo con el análisis de correspondencia hecho entre la identidad partidaria de los jóvenes y la ideología que manifestaron tener (autopercepción), se obtuvieron aso-

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ciaciones interesantes entre estas categorías.24 Los jóvenes perredistas están relacionados con la ideología de izquierda, mientras que los jóvenes panistas y priístas, con la derecha. De lo anterior se derivan algunas preguntas: ¿qué implicaciones teóricas y prácticas puede tener que los jóvenes priístas y panistas se autodefinan con una ideología de derecha? ¿Es un indicador de que podrían compartir posturas en cuanto a la definición de problemas públicos? ¿Hasta dónde la ideología podría promover puentes entre los identificados con estos dos partidos políticos?

0.8

Gráfico 8 Análisis de correspondencia de la identificación partidaria de jóvenes mexicanos e ideología, 2012

0.6

Independientes

0.4

Ideología

0.2 0.0

Centro pri

−0.2

Componente 2 Dimension 2 (34.74%)

Ninguna

Identificación partidaria

Otros

pan

Izquierda

Derecha

−0.4

prd

−0.6

−0.4

−0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

Dimension 1 (62.54%) Componente 1

Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012. 24

La pregunta que se hizo fue: En política se menciona mucho la Izquierda - Derecha, ¿con cuál de ellas se identifica más? Derecha, Izquierda, Centro, Ninguna.

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Por su parte, los jóvenes independientes se caracterizan por una autopercepción sin posicionamiento ideológico específico. Este dato podría indicarnos que los independientes están no sólo alejados de los partidos políticos sino también de la vida política, es decir, desinteresados de la política (despolitizados). Sin embargo, precisamente en esta coyuntura preelectoral surgió el movimiento “#Yosoy132”, formado principalmente por jóvenes universitarios sin una simpatía partidista (aunque sí articulados a partir del rechazo al candidato Enrique Peña Nieto) y altamente sensibles a los asuntos políticos.25

La práctica del voto: preferencias para la elección de diputados En un sistema político presidencial como el mexicano, la elección del Ejecutivo reviste la mayor importancia. Es el gran centro de atención en la campaña electoral. Los otros puestos de elección quedan en un segundo plano. La mayoría de la gente conoce los candidatos a la presidencia y poco saben de los candidatos para el Senado de la República y la Cámara Baja.26 De este modo, el ejercicio del voto por un candidato al Poder Legislativo es una práctica política que habla de un determinado compromiso con un partido político. En la encpj 2012 se preguntó ¿Por cuál de los partidos políticos piensa votar para diputados federales? El resultado que arroja el análisis de correspondencia denota claramente que la identidad partidaria está altamente relacionada con la intención del voto en cada uno de los principales partidos políticos. Además, esta intención de voto está totalmente diferenciada entre el pri, pan y prd. En otras palabras, un joven identificado con un partido político difícilmente votará por otro partido que no sea el suyo. El dato que también se rescata es que la decisión de no votar por ningún partido político (lo que abre la puerta a la abstención) está presente en los apartidistas (aunque no de manera terminante). La abstención siempre habilita la ambigüedad interpretativa de si quien se abstiene lo hace en una postura de protesta o como consecuencia del desinterés por los asuntos públicos.

Candidatos La figura de los candidatos es central para entender un proceso electoral. La personalidad de un candidato puede llegar a difuminar la carga simbólica de un partido político, o bien, reforzar la idea preconcebida que se tenga de éste. Para palpar el peso de la figura del can25

Véase: Alonso (2013).   No ocurre lo mismo con las elecciones para alcaldes. Estos suelen ser personajes a los que se les identifica por la relativa cercanía que tienen con el electorado. 26

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didato en la construcción de la identidad partidaria de los jóvenes, la encpj 2012 sondeó su opinión sobre el ganador del primer debate televisivo.27 La teoría de la identificación partidaria expone que ésta funciona como una especie de filtro a través del cual los actores y procesos políticos son vistos con simpatía, por lo que elementos que para otros observadores podrían ser negativos no lo son para el identificado. Éste es el caso de la apreciación de quién resulta ganador en un debate. Gráfico 9 Análisis de correspondencia de la identificación partidaria de jóvenes mexicanos y la primera opción para votar candidatos, 2012

prd prd

−0.5

0.0

Otros Votos. Independientes Otros Ninguno

−1.0

Componente 2 Dimension 2 (31.93%)

0.5

pri pri

Identificación partidaria pan pan

−1.5

Voto diputado federal −1.5

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

Dimension 1 (33.78%) Componente 1 Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012. “Abst” es Abstención.

27

La pregunta que se hizo fue: Aunque no haya visto alguno de los debates, ¿cuál de los candidatos cree que fue el mejor?

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El análisis de correspondencia respalda la teoría sobre identidad partidaria al mostrar que los jóvenes de cada partido político consideran que el candidato de su partido ganó el debate. En cambio, aunque con un nivel de asociación débil, los independientes creen que nadie lo ganó (gráfico 10). ¿Qué elementos tendrían que estar presentes en un debate para hacer cambiar la opinión de los jóvenes? ¿Qué objeto tiene un debate si los jóvenes partidistas ya están definidos? Gráfico 10 Análisis de correspondencia de la identificación partidaria de jóvenes mexicanos y su percepción del debate televisivo, 2012

0.5

prd amlo

Novoto

0.0

epn

Otros

gqt Independientes Ninguno

−0.5

Votosecreto

−1.0

Componente 2 Dimension 2 (35.77%)

pri

Identificación partidaria candidato opción 1

−1.5

jvm pan −1.5

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

Dimension 1 (40.48%) Componente 1

Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012. “gqt” es Gabriel Quadri de la Torre.

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Región La última variable que se toma en cuenta para esta etapa del análisis es la región. Toda vez que diversas investigaciones han hecho notar que el país puede estar caracterizado en cuatro grandes regiones,28 se procedió a hacer un análisis de la identidad partidaria de los jóvenes urbanos de acuerdo con las mismas:29 el norte del país se asocia claramente con el pri y el pan; el centro occidente con el pan y el pri, incluso podría pensarse, al observar el análisis de correspondencia expresado en el gráfico 11, que el pri y el pan caracterizan muy bien estas dos regiones. A su vez, la categoría de jóvenes identificados con el prd se asocia con los estados del centro del país. Por el último, el sur no encuentra asociación específica con ningún partido político. Esto es en parte resultado de que los tres principales partidos políticos tienen presencia en esta región sin que uno de ellos domine claramente. De hecho, los jóvenes que no se identifican con ningún partido político presentan cierta asociación con esta región (cuadro 3 y gráfico 11). Cuadro 3 Identidad partidaria de los jóvenes mexicanos y la región geográfica, 2012 Identificación Partidaria

Región Norte

Centro occidente

Centro

Sur

pan

42.9

22.6

21.8

12.7

pri

36.2

22.7

29.8

11.3

prd

21.6

8.1

50.2

20.1

Otro

24.4

23.6

29.9

22.0

Independiente

31.0

18.5

26.3

24.1

Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012.

28

Véase a Gómez y Valdés 2000; Gómez, 2009; Moreno y Méndez, 2007.   Las regiones y los estados que la conforman son: Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Sonora y San Luis Potosí; Centro occidente: Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes; Centro: Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo; Sur: Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 29

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Gráfico 11 Análisis de correspondencia de la identificación partidaria de jóvenes mexicanos y la región geográfica, 2012

0.2

Identificación partidaria Región geográfica

Norte

prd

Centro occidente

−0.1

0.0

pan

Centro

−0.2

Otros Independientes Sur

−0.4

−0.3

Componente 2 Dimension 2 (19.77%)

0.1

pri

−0.2

0.0

0.2

0.4

Dimension 1 (75.81%) Componente 1 Fuente: Elaboración propia con datos de la encpj 2012.

Análisis de correspondencia múltiple de la identificación partidaria Considerando variables de tipo social y político se realizaron dos análisis de correspondencia múltiple con el objetivo de encontrar una caracterización global de la identificación partidaria de los jóvenes en México. Las variables utilizadas en el análisis corresponden a las ya analizadas en el anterior apartado, sumadas a aquellas que la teoría de la identificación partidaria considera como constitutivas de la misma.

Identificación partidaria

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Las variables de tipo social observadas son nueve: identificación partidaria del joven, identificación partidaria de la mamá, identificación partidaria del papá, religiosidad, escolaridad, rango de edad para jóvenes,30 nivel socioeconómico, región, y sexo. En el gráfico 12 se observa que se forman tres grupos claramente diferenciados que corresponden a los tres principales partidos políticos: pri, pan y prd. Las principales categorías de asociación son la identificación de los padres (ambos) y la del joven, lo que permite subrayar nuevamente el peso que tiene el entorno familiar para la transmisión de las actitudes políticas. Por otra parte, ninguna de las otras variables de tipo social logra asociarse con alguno de estos tres grupos. En todo caso, las categorías que logran hacer un puente entre el grupo pri y pan son la región norte y centro-occidente. En esta misma tesitura, el grupo del prd parece estar más asociado a la región centro. Los identificados con los “otros” partidos y los independientes no se asocian ni forman un grupo con las demás categorías: están dispersos y forman junto con el resto de las categorías una gran nube en el centro. En síntesis, como ya se había demostrado en anteriores apartados, variables como la escolaridad y nivel socioeconómico junto con otras variables como la diferencia de edad entre jóvenes de 18 a 23 y 24 a 29 años, la religiosidad y el sexo, no aportan para la descripción del perfil identitario de los jóvenes. El segundo análisis de correspondencia múltiple tomará en cuenta variables de tipo político: identificación partidaria del joven, identificación partidaria de la mamá, identificación partidaria del papá, voto para diputados federales, candidato como primera opción, ideología, y la opinión sobre el partido que ha gobernado mejor el país. En este caso, se observa la formación de los tres grupos que se encontraron en el gráfico anterior, pero además se asocian otras categorías que refuerzan la idea de que hay cierto perfil partidario. El primer grupo a distinguir es el que se forma alrededor de los jóvenes que se identifican con el pri: la identidad partidaria de ambos padres, la opinión de que el pri es el partido que mejor ha gobernado, el voto para los diputados del pri, la preferencia por el candidato Enrique Peña Nieto e incluso la ideología de centro y de derecha, muestran una asociación consistente. El segundo grupo se caracteriza por los jóvenes identificados con el pan y persisten las mismas categorías que en el grupo anterior aunque el matiz importante es que la categoría “ideología de derecha” funciona como un puente entre el grupo panista y priísta. El tercer grupo, es el que está formado por los jóvenes identificados con el prd. Las categorías son nuevamente las mismas. Sin embargo, en este caso no hay una categoría que funcione 30

Se hicieron dos segmentos del rango de edad (de 18 a 23 y de 24 a 29 años) en tanto que la teoría señala que cuando la persona entra a la adultez su identificación partidaria es más sólida.

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como puente con otro grupo definido. Al parecer, los perredistas se separan y distinguen más de los otros grupos, a la vez que tomando como referencia el anterior análisis de correspondencia con variables sociales, el pri y el pan comparten algunas características sin perder su definición. Gráfico 12 Análisis de correspondencia múltiple. Variables de tipo social

1.5 pri pri 1.0

pri

Dimensión 2

0.5

0.0

prd prd

-0.5

-1.0

Secundaria d/e Técnico d+ Primaria No asiste con frecuencia Nunca asiste 24 Hombre Mujer Norte Centro Centro occidente Otros Sur c−/c prd Otro 18 Cada mes Una vez a la semana Preparatoria Profesional a/b/c+ Otros Independientes Ninguno Normal Ninguno Maestría o Doctorado No estudió Otros pan

pan

pan

-1.5

-2

-1

0

1

2

Dimensión 1 Identificación partidaria Rango edad para jóvenes Identificación partidaria mamá Nivel socioeconómico Región Identificación partidaria papá Sexo Religiosidad Escolaridad

Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012. Identificación partidaria

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En el centro del gráfico 13 hay varias categorías que no alcanzan a caracterizar un grupo: presentan una debilidad estructural entre todas ellas que no permiten dar un sentido unificado. En esta especie de nube de categorías se encuentran los jóvenes que se identifican con otros partidos políticos, pero también se ubican los independientes que no se identifican con alguno. A pesar de la presencia de muchas variables agrupadas en el centro, la fuerza de las relaciones es baja y no llega a ser significativa. En todo caso, no se alcanza a distinguir un perfil de grupo. Gráfico 13 Análisis de correspondencia múltiple. Variables de tipo político 1.0

prd prd prd prd epn pri pri Ninguno amlo prd pri Centro pri Otros Otros Izquierda Otros Otros pri El Voto es secreto Ninguno Voto secreto No voto Ninguno Ninguno Ninguna gqt Independientes Derecha Ninguno

0.5

Dimensión 2

0.0

-0.5 pan

-1.0

-1.5

jvm

pan pan pan pan

-2.0 -1.5

-1.0

Identificación partidaria

-0.5

0.0 Dimensión 1

0.5

Candidato como 1a. opción

Identificación partidaria Ideología mamá Voto para diputados federales

1.0

1.5

Partido que ha gobernado mejor México Identificación partidaria papá

Fuente: elaboración propia con datos de la encpj 2012. 122 ⎥ Jesús Aguilar López

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Análisis de regresión multinomial para la identificación partidaria de los jóvenes en México Para alcanzar un nivel sofisticado de descripción de la identidad partidaria se realizó un análisis de este concepto a partir de un modelo de regresión logística multinomial (o politómico). Toda vez que la variable identidad partidaria (variable respuesta), tiene cinco categorías de referencia (pan, pri, prd, Otros, Ninguno) y considerando que las categorías son independientes entre sí, se puede afirmar que la variable sigue una distribución multinomial. El encontrar una asociación que permite explicar la variable respuesta, así como sus respectivas probabilidades de selección, se justifica el uso del modelo de regresión. El modelo utiliza una función liga logística, cuyo requerimiento para evitar sobreparametrizaciones es considerar una categoría de referencia. En este caso se considera a las personas que manifestaron no tener ninguna identidad partidaria, los independientes. Las interpretaciones para la identidad partidaria estarían en términos de qué variables se consideran importantes para estar identificado por cierto partido y cuáles no, siempre y cuando sus coeficientes resulten significativos. El modelo considera cinco variables nominales explicativas y se representa como sigue: log

( ( Pi

PInd.

= β0,i + β1ixOP.,i + β2ixC1,i + β3ixVDF,i + β4,ixId,i + β5,ixGPD,i (1)

Donde, además i= pan, pri, prd, Otros. Cuando las variables explicativas sean categóricas, se considera replantear dicha variable como una dummy, por tanto la cantidad de valores de βj,i aumenta, dependiendo cuantas categorías tenga cada variable explicativa. Los coeficientes βj,i se interpretan como un nivel de asociación entre las variables explicativas y las probabilidades de selección para cada categoría de la variable “identificación partidaria”. El signo para este coeficiente es importante. Las interpretaciones son las siguientes: 1) Si el signo es positivo, significa que aporta de manera positiva a la función logaritmo, y por tanto, aporta a la probabilidad del evento que se encuentre en el numerador; 2) Si existe una aportación negativa en el logaritmo, la variable aporta información a la categoría de referencia -ubicada en el denominador de (1)- y en este caso se utiliza la categoría independiente; 3) Cuando el valor del logaritmo es cero, significa que el cociente entre las probabilidades es igual a 1, o bien, que las probabilidades de selección entre categorías son iguales.31 31

De aquí la importancia de los valores de los coeficientes para cada variable, y de igual manera, es importante mostrar cuáles son las probabilidades de selección estimadas para cada categoría de la variable respuesta (identidad partidaria).

Identificación partidaria

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Es importante explicar que antes de llegar a este análisis final, se consideraron diez variables sustraídas de la encpj 2012: edad, género, nivel socioeconómico, escolaridad, región, ideología, voto diputado federal, voto candidato primera opción, identidad partidaria de la madre, identidad partidaria del padre. Como resultado de la realización de un análisis “hacia atrás” (para probar el nivel de contribución de las variables explicativas en la descripción de la variable identificación partidaria con los datos que proporciona la encpj 2012) se obtuvieron cinco variables significativas: a) opinión hacia los partidos políticos: esta variable representa una evaluación global hacia el partido político y ello refleja el apoyo o rechazo de los jóvenes hacia los partidos políticos; b) primera opción de candidato para votar: la teoría de la identificación partidaria señala que aquellos que tienen un vínculo fuerte con el partido político prefieren a los candidatos de su partido, pues anteponen el partido a la figura del candidato; c) voto diputado federal: el voto que se dirige a los diputados tiene más vínculo con el partido que con una evaluación de la figura del candidato, lo que implica que es una variable que puede reflejar hacia qué partido político se inclina el joven; d) ideología: aquella con la que se autodefinen los jóvenes al corresponder con la que tiene cada uno de los partidos políticos es un reflejo de la existencia de dicha identificación partidaria; e) ganador del primer debate: esta variable puede matizar muy bien la figura del candidato y ayuda a entender cómo evalúa un joven con identificación hacia un partido político su relación con el candidato de su partido después de verlo en una dinámica de confrontación con los candidatos adversarios..32 Además, el modelo final que contiene estas cinco variables cuenta con una bondad de ajuste de un nivel menor a 0.001, predice con un porcentajes de 82.50% y cuenta con una significancia de parámetros de *0.05%, **0.01, y ***0.001. La cantidad de categorías elegidas para el análisis se basó en que cumplía con la cantidad muestral requerida para cada categoría de las variables explicativas. El modelo arroja resultados que revelan el nivel de significancia, o no, de cada categoría para la variable identidad partidaria de los jóvenes urbanos. Estos resultados permiten ubicar las categorías que mejor definen a cada perfil partidista. Se subraya que la intención del modelo es detectar las categorías y variables que caracterizan a cada perfil partidario. Para el caso de los jóvenes identificados con el pan, cuatro de las cinco variables aportan a la identidad partidaria panista. La categoría “candidato como primera opción para votar”, resultó ser significativa (2.025*). La categoría “Josefina Vázquez Mota” logra aportar información relevante sobre la identidad partidaria panista.

32

Dos de las variables que quedaron fuera del modelo final fueron las referentes a la identificación partidaria de las madres y los padres. En futuras investigaciones deberá hacerse el esfuerzo de incluirlas.

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La categoría que considera la “preferencia de voto para los diputados” del pan es significativa (3.1***). Se confirma lo que menciona la teoría: una manera en que se refleja el partidismo es en el apoyo en las urnas, además de que esta práctica refuerza el vínculo entre el individuo y su partido (Dinas, 2014; Converse, 1969). La categoría “ideología de derecha” resultó ser muy significativa (1.408**), y por lo tanto, aporta a la probabilidad de selección de la identificación partidaria panista. Ello concuerda con la posición ideológica del pan. El hecho de que resulte significativa esta categoría para los jóvenes de entre 18 a 29 años representa un hallazgo en el sentido de que desde edad temprana los mexicanos que se encuentran en áreas urbanas ya presentan un componente político sofisticado. Esto puede dar pie a repensar el peso real que tiene la ideología en el comportamiento electoral en México. La última categoría que aporta al panismo es la de considerar a Josefina Vázquez Mota como la “ganadora del primer debate presidencial” (2.489***). Ello significa que la identificación partidaria juega como filtro y permite darle a quien se identifica, cierta percepción de los fenómenos políticos con el objetivo de que cuadren con sus creencias. Para el caso de los jóvenes urbanos identificados con el pri, la opinión hacia este partido resulta significativa pero a favor de la variable de referencia, los independientes (-0.952***). La categoría “candidato Enrique Peña Nieto” es significativa para la probabilidad de la identificación a favor del pri. El entonces candidato priísta logró articular muy bien una campaña en la que los jóvenes se pudieron identificar. Incluso esto es palpable en las diferentes encuestas preelectorales y las encuestas de salida, en las que los cortes de edad juveniles apoyaban esta candidatura.33 A pesar de que este candidato fue duramente criticado por los jóvenes del movimiento “#Yosoy132”, el apoyo hacia este candidato no menguó significativamente en este grupo de edad. Una tercera categoría que resultó significativa fue la de la preferencia declarada para “votar por un candidato a diputado” del pri (2.033**). Como se ha mencionado a lo largo de este artículo, el voto en buena medida cristaliza la identificación partidista. La “ideología de derecha” resultó también significativa para los priístas (1.606***). En este sentido, los jóvenes urbanos panistas y priístas tienen algo en común. Otra categoría significativa para los jóvenes identificados con el pri es la “ideología de centro” (1.264*). Estas dos categorías abonan a la idea de que el pri es un partido de centro-derecha. Respecto al prd, el peso de las opiniones resultan significativas pero, al igual que las del pri, favorables para la variable respuesta de los independientes (-1.365***). La categoría “Andrés Manuel López Obrador” no resultó significativa en lo referente a “candidato como primera opción para votar”. En cambio, para la categoría “ganador del primer de33

Encuesta de salida realiza por el cide, 2014. Consulta a base de datos en spss el 28 de marzo de 2014: http://www. biiacs.cide.edu/

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bate” sí obtuvo significancia (1.146*). La “intención de votar para diputados federales” del prd también resulta significativa para la identidad partidaria de los jóvenes (2.589***). A su vez, la categoría “ideología de izquierda” es significativa para los jóvenes identificados con el prd (1.55**). De acuerdo con el modelo de regresión logística la “ideología de derecha” también aporta información para la categoría de la identidad partidaria perredista (1.285*). Este último dato es llamativo. Por otra parte, en Otros, la variable ideología se destaca en dos categorías: “izquierda” (1.298**) y “centro” (1.688**). Una explicación probablemente es que se agruparon partidos políticos con diferentes tendencias políticas (Partido del Trabajo, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza). Por otra parte, las categorías de “voto para diputado federal” para el pri, prd, y Otros sí son significativas. A su vez, la categoría “candidato como primera opción” a favor de Gabriel Quadri, resulta significativa. Aunque también la categoría de “el voto es secreto” presenta significancia para los identificados con los Otros partidos (2.699**). Modelo de regresión logística multinomial de la identificación partidaria de los jóvenes urbanos en México, 2012

Variable independientes

pan

pri

prd

Otros

Intersección

-3.654

-0.511

0.726

-4.533

V1

Opinión pan

-0.39

0.316

0.319

0.18

V2

Opinión pri

-0.087

-0.952***

-0.16

-0.283

V3

Opinión prd

-0.072

0.027

-1.365***

-0.218

Josefina Vázquez Mota

2.025*

-0.612

-1.225

1.652

Enrique Peña Nieto

0.146

1.462*

-0.954

1.248

Andrés Manuel López Obrador

0.324

-0.39

0.474

1.702

Gabriel Quadri de la Torre

-0.089

-1.551

-0.524

3.052***

No votó

0.748

0.057

-0.278

1.542

El voto es secreto

1.395

-0.33

-0.868

2.699**

Ninguno

0b

0b

0b

0b

Candidato opción 1

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(continuación)

Variable independientes

Voto diputado federal

Ideología

Ganador primer debate

pan

pri

prd

Otros

pan

3.1***

0.543

0.631

0.732

pri

1.49

2.033**

0.746

2.405***

prd

0.824

0.734

2.589***

2.014*

Otros

1.529

0.042

0.726

4.013***

Ninguno

1.055

-0.688

-0.227

1.562

Voto secreto

0b

0b

0b

0b

Izquierda

0.782

0.723

1.55***

1.298**

Derecha

1.408**

1.606***

1.285*

0.605

Centro

-0.325

1.264*

1.298

1.688**

Ninguna

0b

0b

0b

0b

Josefina Vázquez Mota

2.489***

0.015

1.056

0.909

Enrique Peña Nieto

1.112

0.528

0.307

0.624

Andrés Manuel López Obrador

2.203

0.826

1.146*

0.705

Gabriel Quadri de la Torre

1.968

-0.174

0.246

0.736

No lo vio

1.039

0.459

0.372

-0.418

Ninguno

0b

0b

0b

0b

Significancia de parámetros: * 0.05, ** 0.01, *** 0.001. R-cuadra de Cox y Snell 0.861. N=926. Bondad de ajuste en un nivel menor a 0.001. Predice con un porcentaje de 82.50%.

Conclusión El estudio del comportamiento electoral de los jóvenes representa un reto analítico en tanto que se trata de captar actitudes políticas que están en proceso de formación. Los datos de la encpj 2012 permitieron realizar una serie de análisis estadísticos que nos ofrecen discernir rasgos generales de una dimensión importante del comportamiento electoral: la identificación partidaria de los jóvenes urbanos mexicanos. El análisis para detectar y medir la identificación partidaria de los jóvenes no se limitó solamente en observar el resultado de la respuesta a la pregunta tradicional acerca de con quién se identifican los jóvenes, sino que se exploraron las dimensiones empíricas de este vínculo afectivo entre jóvenes y partidos políticos.

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De acuerdo con las diferentes interpretaciones estadísticas se pudo discernir el peso que tienen los padres, la escolaridad, la religiosidad, los medios de comunicación, la figura de los candidatos, la opinión hacia los partidos políticos, la preferencia hacia los candidatos a diputados federales, la ideología, entre otros factores que tanto la teoría como los datos empíricos señalan que influyen en la construcción y fuerza de una identidad partidaria. Uno de los hallazgos más importantes es haber encontrado que hay una diferenciación entre los jóvenes que se identifican con el pan, el pri y el prd: hay una identidad clara entre cada uno de ellos al observar independencia en cada una de las categorías. Además, los independientes -aquellos jóvenes que no se identifican con ningún partido político- también se encuentran separados de estos tres grupos. Asimismo, de acuerdo con el análisis de correspondencia, se pudo observar que los jóvenes priístas y panistas comparten la ideología (centro-derecha), quedando claramente diferenciados bajo esta variable los jóvenes perredistas (izquierda). El hecho de encontrar en este grupo etario ciertos perfiles partidistas habla de la continuidad existente en las prácticas políticas de una generación a otra. A su vez, el hecho de que la mayoría de los jóvenes urbanos entrevistados se agrupen en las tres principales fuerzas partidistas puede ayudar a entender la tradicional composición del sistema de partidos mexicano al permitir o no el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Ahora bien, el peso de los padres en este trabajo queda en una ambivalencia. Si bien en el análisis de perfiles y de correspondencia la identidad política de los padres presenta una asociación con la identidad partidaria de los jóvenes, en el momento de probar la significancia y el peso de esta variable en el modelo logístico, ésta no resultó significativa, por lo que incluso se la excluyó del modelo final. El conjunto de variables que hablan de una interacción directa entre jóvenes y partidos políticos resultan muy significativas para entender la identificación partidaria: una probable interpretación es que si los jóvenes reiteran el sentido de su voto en futuras elecciones estarían afianzando, consolidando, su identidad partidaria. Y en esta misma línea, la opinión que tienen los jóvenes sobre los partidos políticos tiene peso en la formación de la identidad partidaria. Asimismo, la figura del candidato, la cual podría restarle peso al partido político, también aporta para entender este vínculo de los jóvenes con los partidos políticos. Debemos subrayar la fuerte presencia de los independientes, quienes forman un grupo difícil de apreciar a la vez que representan un buen porcentaje de los encuestados en el estudio. El presente artículo se propuso aportar un primer acercamiento al entendimiento de la identificación partidaria de una población que por sus características sociales y su peso en el padrón electoral es importante en tanto que estará definiendo en buena medida los procesos electorales de los próximos comicios. Comenzar a entender desde ahora su relación con los partidos políticos permitirá entender mejor el comportamiento electoral de los mexicanos en el futuro. 128 ⎥ Jesús Aguilar López

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Convergencias y divergencias en la educación superior intercultural en México Convergences and Divergences in Intercultural Higher Education in Mexico David Lehmann∗1 Recibido el 22 de agosto de 2014 Aceptado el 2 de octubre de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

El propósito de este trabajo es explorar el ethos de la interculturalidad en las Universidades Interculturales (ui) en México. Sobre la base de documentos y entrevistas realizadas en cinco universidades entre 2006 y 2009, se observa que la institucionalización de la educación intercultural al interior del sector estatal ha creado un espacio de encuentro y debate entre la política de reconocimiento y las ideas radicales de educadores en la tradición del constructivismo y de la educación popular latinoamericana. El artículo concluye subrayando el abismo que existe entre los debates académicos en torno al multiculturalismo y los debates a veces angustiados de los profesores de las ui enfrentados a

The purpose of this paper is to explore the ethos of interculturality at the Intercultural Universities (iu) in Mexico. Based on the documents and interviews carried out at five universities between 2006 and 2009, it has been observed that the institutionalization of intercultural education within the state sector has created a space of encountering and debate between the politics of recognition and the radical ideas of educators in the tradition of Latin American constructivism and popular schooling. The paper concludes by highlighting the great gap between the academic debates on multiculturalism and the sometimes anguished debates of iu professors facing entirely new challenges in education, such as teaching

∗

Cientista Social. Profesor emérito de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Estudió Letras y Sociología en New College, Oxford. Sus líneas de investigación son: religión, laicismo, interculturalidad en América Latina y acción afirmativa. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Hope and Religion” (2014); “Shifting Frontiers of Secularism: Conversion-led Religious Movements and the Management of State-Religion Relations in Europe, the us and Brazil” (2013) e “Intercultural Universities in Mexico: Identity and Inclusion” (2013). Correo electrónico: adl1@cam.ac.uk 1   Muchas personas han colaborado en esta investigación con sus ideas, consejos y entrevistas. Si bien varias son citadas a través del documento, el autor quiere resaltar la ayuda y el apoyo de Lourdes Casillas, Sylvia Schmelkes, Verónica Uribe, Ernesto Guerra, Andrés Fábregas, Margarita de Orellana, Alberto Ruy Sánchez y Rachel Sieder. El presente trabajo es una versión traducida aumentada y revisada de ‘‘Intercultural Universities in Mexico: Identity and Inclusion” en Journal of Latin American Studies. Núm. 45, pp.: 779-811, 2013

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desafíos totalmente nuevos en la educación: la enseñanza a personas de ascendencia indígena de su propia lengua con métodos de enseñanza propios de una segunda lengua, la aplicación por parte de estudiantes de métodos científicos de investigación en sus propios pueblos donde la separación de las funciones de pariente o familiar con el de investigador no es fácilmente reconocido, etcétera. Este entrelazamiento de ideas e identidades, buscadas y recuperadas, entrecruzadas con la lengua y el lugar de origen en un contexto claramente marcado por la desigualdad de clase socioeconómica y de aspiración a la movilidad social, constituyen la trama del debate en las ui.

indigenous origin people their own language with teaching methods suitable for a second language, or students using scientific research methods in their hometowns where the division of the role as relative or family member and that of researcher is not always acknowledged. This interweaving of ideas and identities, intended and recovered, intermingled with the language and birthplace, in a context clearly marked by socioeconomic class inequalities and social mobility aspirations, constitute the tapestry of the debate at the IU.

Palabras clave: interculturalidad; educación superior; indigenismo; México.

Keyword: interculturality; higher education; indigenism; Mexico.

Introducción Durante el sexenio del presidente Fox el Estado mexicano adoptó una iniciativa bastante novedosa en el campo de la educación intercultural, que significó un hito radical en los esfuerzos de los Estados latinoamericanos para superar la exclusión social y cultural de los pueblos indígenas. Las iniciativas anteriores en el ámbito de la interculturalidad o del multiculturalismo se habían concentrado en el pluralismo institucional -con la introducción de elecciones municipales por la vía de los usos y costumbres en Oaxaca, del pluralismo legal en las constituciones de Bolivia y Colombia, o en la educación bilingüe en escuelas primarias de Bolivia y Ecuador- (Van Cott, 2000; López y Sichra 2004; Noel, 2006; Recondo, 2007; Gustafson 2009). Las Universidades Interculturales (ui) mexicanas anunciaron entonces la creación de un nuevo tipo de institución, la inclusión de una nueva clase de estudiante en la educación superior –mayor y más indígena– así como la construcción en un corto lapso de tiempo de edificios nuevos y a veces impactantes, la contratación de cuerpos docentes y la inserción de un ítem permanente en los presupuestos estatales. Todo esto tuvo que hacerse con la prisa impuesta por el ciclo sexenal de la política mexicana y el acostumbrado contexto de lucha por puestos, recursos y prestigio político.

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Sin duda, este experimento en un futuro distante será sujeto a evaluaciones educacionales y sociales. La investigación que aquí se presenta tuvo como propósito explorar qué es lo que se quiere decir al utilizar este concepto de interculturalidad que tan rápidamente se ha impuesto en América Latina, llegando incluso a sustituir al concepto multiculturalismo, cuyo uso sigue vigente y casi dominante en Europa y Estados Unidos.2 Después de la importante contribución de Enrique López en torno de la definición de la educación intercultural, y de los análisis de Joanne Rappoport en torno a los debates de intelectuales, asesores y académicos simpatizantes ligados al Consejo Regional Indígena del Valle del Cauca (cric)3 en Colombia (López y Sichra 2004; Rappaport, 2004; Gustafson, 2009), el presente estudio de las ui en México trata de los significados de la interculturalidad en la educación superior. A diferencia del cric, las ui son instituciones estatales, y por lo tanto no pueden reservar la admisión de estudiantes a un grupo específico, o ni siquiera a los pueblos indígenas en general. Tampoco pueden ofrecer una educación bilingüe como una insignia de identidad: esto limitaría tanto el campo de profesores calificados como de estudiantes. Lo que ofrecen son cursos de lengua indígena como segundo idioma. La investigación aquí presentada tuvo lugar entre 2006 y 2009, como parte de un trabajo más amplio que abarca también Perú y Brasil. Durante ese tiempo las ui eran, entre otras cosas, una especie de arena en el cual distintas ideas de la interculturalidad y de la educación intercultural eran objeto de debate y de experimentación, al mismo tiempo que estaban siendo edificadas institucional y físicamente. El tema de la interculturalidad y los temas ligados de indigenismo, multiculturalismo, derechos de pueblos indígenas, estaban en el centro de algunos debates públicos. Las partes involucradas en el debate eran nutridas y diversas – gobernadores, antropólogos, educadores, activistas, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib), la subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación, por medio de su Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi), y los propios profesores y directores de las ui-. La gran ausente era la voz de los indígenas.4 La cgeib llevó a cabo consultas en comunidades indígenas mientras desarrollaba el Modelo Educativo de las ui (Comisión General de Educación Intercultural y Bilingüe, 2006: 138). Por otro lado, tampoco se puede decir que las ui lleven la impronta del indigenismo neoliberal que impulsó la administración Fox (Hernández, Paz y Sierra, 2004). Los gobernadores son los responsables políticos por las ui, ya que dependen de los gobiernos de sus 2

Fuera de América Latina, el concepto “intercultural” se usa en el contexto de la educación, mientras que “interculturalismo” no se usa en español. 3  El cric fue de las primeras organizaciones dedicadas a luchar por un indigenismo moderno y ha existido en Colombia desde los años 70. Es a la vez un movimiento politizado y una ong que provee servicios al pueblo Nasa y otros en la región del Cauca, además de ser una autoridad local (Constitución colombiana de 1991). 4   La voz indígena más preeminente en México es la de los Zapatistas y ningún gobierno nacional o estatal, ni ellos mismos, estarían interesados en colaborar en un proyecto intercultural. Fuera del Zapatismo, existe solamente una Confederación Nacional Indígena inexpresiva.

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estados, quienes a su vez nombran a los directores o rectores. Hay abundantes evidencias de intromisión política más allá del nombramiento de los rectores, llevando a conflictos agudos, movilizaciones estudiantiles y a veces prolongadas interrupciones de la actividad académica. Esto ha afectado sobre todo a la Universidad Intercultural de Guerrero, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y a la Universidad Intercultural de Tabasco. En más de una ocasión, las movilizaciones estudiantiles han llevado a la renuncia del rector -como se evidencia en las entrevistas realizadas en 2014 y en la investigación doctoral de Karla Vivar (Vivar Quiroz, 2014)-. Vicente Fox dio amplia libertad y un generoso presupuesto a Xóchitl Gálvez cuando ella se hizo cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), antes Instituto Nacional Indigenista (ini). A diferencia de los cambios institucionales llevados a cabo en los sistemas legales o de gobierno local, la creación de las ui ha conllevado una cantidad de recursos importante, aunque variable, y puede ser vista como una iniciativa proindígena que no choca ni con principios universalistas caros al liberalismo republicano (que subyacen a la construcción política de los Estados latinoamericanos), ni con ideas socialistas o social-democráticas. Aun así, las ui casi no tienen personal de planta y su situación financiera es precaria, si no en permanente crisis. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (sep), que recién a partir de 2012 empezó a requerir su participación en el régimen de regulación, insiste en tratarlas como universidades convencionales, aun cuando las tecnológicas y los politécnicos tienen regímenes propios. Este artículo comienza por una descripción de las ui y sitúa a la educación intercultural en relación con otros enfoques vigentes sobre educación para pueblos indígenas. De allí explora las significaciones de la interculturalidad y los propósitos de la educación intercultural tal como se expresan en documentos, entrevistas y discusiones académicas. Así, veremos la influencia de la educación liberadora o popular sobre el modelo y las prácticas de las ui, lo que se verá reflejado en la introducción de la investigación de campo en el plan curricular (la vinculación), casi al principio de las carreras.

La institucionalización de la interculturalidad La educación intercultural se distingue por no estar dirigida específicamente, por lo menos en principio, a pueblos indígenas ni estar principalmente preocupada por la lengua. La idea de la interculturalidad es que todos tengan conocimientos y aprecien las diversas tradiciones culturales de su país. De alguna manera, es un proyecto ciudadano de reconocimiento mutuo cuya meta ideal es la igualdad de las herencias culturales sin un predominio de una lengua sobre otra. Sin embargo, si bien la hegemonía de una lengua es una realidad inevitable, para la interculturalidad esa hegemonía lingüística no deberá, en una situación ideal, 136 ⎥ David Lehmann

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conllevar una dominación cultural, y aún menos una dominación de los portadores étnicos de una u otra tradición cultural. Sin embargo, en la práctica, el peso de la interculturalidad ha recaído sobre la cuestión idiomática. Para Gustafson (2009), quien llevó a cabo una detallada investigación sobre el desarrollo de un currículum intercultural en el Chaco boliviano, su “producto ideal” es un ciudadano capaz de expresarse eficientemente de modo oral y por escrito en ambos idiomas y con conocimientos matemáticos adecuados.5 Nótese la palabra “ciudadano”, que para Gustafson y Luis Enrique López, significa que la interculturalidad es más que un programa de educación y mucho más que una técnica para enseñar idiomas. La interculturalidad, por esto, acaba a veces en la situación paradójica de enseñar a alumnos (niños o adultos) su propia lengua -una lengua trasmitida secularmente por la vía oral, o por lo menos que se desarrolla según ese modelo- con los métodos de enseñanza de una lengua extranjera, una enseñanza “docta”, “erudita” o “formal” que comporta ortografía correcta, gramática, etcétera.6 Para otros que han desarrollado el concepto de interculturalidad, la educación intercultural ha tenido varios propósitos, entre ellos concientizar a los portadores de las culturas dominantes sobre la existencia y el valor de otras culturas y, viceversa, aumentar la conciencia y sobre todo la competencia de los portadores de tradiciones culturales indígenas en la cultura y la lengua dominantes. Se ha tratado de alcanzar una situación de respeto mutuo y de superación de las condiciones de exclusión social en la sociedad como un todo, no sólo entre los pueblos indígenas. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales y las asociaciones que evoca el mismo sufijo “culturalidad”, la educación superior intercultural atrae principalmente a estudiantes que se autodenominan indígenas o que reivindican su ascendencia indígena, a la vez que -hay que admitirlo- ha sido diseñada para personas de zonas rurales y de predominancia indígena.7 Para Joanne Rappaport, autora de un estudio que con mucho esfuerzo y sensibilidad analiza la interculturalidad tal como se presenta y maneja en el quehacer político e intelectual, es menos un concepto que un fenómeno colectivo o una red o conjunto seriado de significados compartidos. Invocando a Luis Enrique López, Rappaport define la interculturalidad como “la apropiación selectiva de conceptos en el cruce de culturas con vistas a la construcción de un diálogo entre iguales” (Rappaport, 2005: 5). También asevera que la interculturalidad ha sido “preparada como una plataforma para conectar campos como la educación indígena bilingüe con los objetivos políticos del movimiento en pro de los derechos de las 5

“A citizen-subject, literate, numerate and orally proficient in both languages” (Gustafson, 2009: 14).   Debe relativizarse el término “hablar” en el contexto de la diglosia: como fue recalcado en varias ocasiones durante el iii Foro de las Universidades Interculturales (Xalapa, octubre de 2014), el conocimiento de las lenguas originarias en México puede ser subestimado en los censos. 7   Aunque los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas (unich) en San Cristóbal de las Casas son 90 % urbanos, la información disponible en la cgeib indica que la mayoría habla una lengua originaria. 6

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poblaciones nativas”. Tal como hemos explicado aquí, la interculturalidad se diferencia del multiculturalismo, que es concebido por Luis Enrique López como favoreciendo “la tolerancia pero no la igualdad”.8 Si bien concuerdo con Rappaport, no creo que sea necesario vincular la interculturalidad con los proyectos políticos de los movimientos indígenas o a favor de poblaciones indígenas. En este sido, la interculturalidad es un conjunto (red o tejido) de valores y sensibilidades que, al menos en México, se están imponiendo en algunas partes del aparato estatal, sobre todo del sistema educativo. Está lejos de cobrar legitimidad fuera del plano de los organismos ligados a asuntos educativos e indígenas, salvo el medio profesional antropológico donde la interculturalidad ya tiene aceptación consensual, aun si se le atribuye significados divergentes. La interculturalidad acaba siendo un campo, o una arena, donde se debaten distintos proyectos políticos en torno al destino de los pueblos indígenas o más bien al destino de sociedades que manifiestan escisiones raciales, étnicas, culturales y lingüísticas. A diferencia de las instituciones ya existentes en el campo de la educación en general o de la educación superior en México, las ui cuentan entre las pocas iniciativas institucionales en Hispanoamérica a favor de los intereses indígenas que se hayan acompañadas de recursos públicos importantes en nombre del multiculturalismo, de la interculturalidad o simplemente de los pueblos indígenas.9 El capital necesario para la fundación y construcción de las ui –comprendiendo en tres casos edificios suntuosos-10 debió mucho a Xóchitl Gálvez, directora del cdi, que proveyó la mitad, y a veces más, de los costos en capital. Gálvez fue una persona poco usual en ese puesto, habiendo conseguido éxito como empresaria formada en ingeniería y orgullosa de su origen indígena de una familia humilde de Hidalgo.11 Gálvez se asoció con la educadora Sylvia Schmelkes, a quien nombró directora de la flamante cgeib, fundada en 2001con el fin de explorar alternativas de atención para la educación básica. Las ui, como nos explicó Lourdes Casillas, fueron un proyecto posterior que la cgeib tomó en sus manos a petición de diversos grupos promotores, que se convirtió en un proyecto de envergadura. En las negociaciones con los gobernadores, se aseguraron que las ui fueran instituciones de Estado, por lo cual ni ellas ni los puestos de planta 8

Traducción del autor de su original en inglés. Versión impresa en español, Rappaport (2008).   El único caso comparable es la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (uraccan), reconocida como pionera en la educación superior intercultural y para pueblos indígenas. Pero la uraccan también depende del apoyo de las ong en 50% de su presupuesto (Hooker Blandford, 2009). 10   Los edificios de la Universidad Intercultural de Chiapas fueron construidos en un estilo “pastiche colonial”, mientras los de Tabasco (Oxochitlán) y del Estado de México (San Felipe del Progreso) tienen una concepción más moderna: aquél consiste en dos edificios que se enfrentan componiendo la forma de un cero maya, mientras éste combina la forma de un caracol que hace recordar (un poco) al museo Guggenheim de Nueva York, con decoraciones inspiradas en los edificios mayas de Palenque. 11   Más tarde, sus esfuerzos para llegar a la gobernación del estado de San Luis Potosí fracasaron debido, según ella, a manipulaciones electorales en su contra. Sin embargo, los tribunales no apoyaron su denuncia. 9

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podrían ser removidos –aunque por supuesto no serán inmunes a la erosión inflacionaria ni a los vaivenes de la política del momento-. Esta garantía de permanencia institucional quiere decir que, como otras universidades públicas, las ui constituyen un espacio de debate para el desarrollo de ideas y de su propia misión, la cual irá emergiendo todavía durante algún tiempo. Esto las convierte en algo muy diferente a los numerosos cursos ligados a la interculturalidad y a la educación indígena financiados por las organizaciones no gubernamentales (ong) que no tienen sostenibilidad en el tiempo, a la vez que cada uno de éstos sigue una línea propia, o la línea de los que los idearon y financiaron. Un ejemplo de ello es la Maestría en Educación Intercultural de la Universidad de Cochabamba, Bolivia, dirigida durante muchos años por Luis Enrique López. No sostengo que la línea seguida sea errónea ni que estoy en desacuerdo con López, sino que se trata de un curso adaptado a una concepción específica que no está pensado para surgir de la discusión en torno a cuál podría ser la mejor de las concepciones posibles. En las ui, en cambio, encontré mucha discusión y apertura en torno a cuál es el mejor camino para desarrollar el proyecto. No obstante, las ui gozan de menos autonomía que las universidades autónomas, en tanto que sus rectores son nombrados por los gobernadores de sus respectivos estados a la vez que gran parte de la estructura y del contenido de los cursos parecen haber sido proporcionados, por lo menos al principio, por la cgeib.12 A su vez, las ui están sujetas, como todas las universidades públicas de México, a la fiscalización de la sep y, a partir de 2014, a la evaluación del temido Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi) con sus procedimientos e inspecciones y los requerimientos que impone para su reconocimiento como universidades. Sin el reconocimiento por parte de la sep, los estudiantes no tendrían acceso a las Becas de Manutención (antes Pronaves).

Trasfondo institucional El número total de estudiantes en las ui era pequeño cuando esta investigación se desarrolló: 5 mil 700 en el año 2008 (ver tabla 1). De ellos, 2 mil 900 estaban inscritos en sólo dos instituciones, la unich y la Universidad Autónoma Indígena de México (uaim) de Sinaloa. La mayoría de los estudiantes eran mujeres, alcanzando en un caso el doble del número de hombres.13 La Universidad Veracruzana Intercultural (uvi) goza de un estatus distinto del resto y cuenta con un poco más de autonomía porque se estableció al interior de la Universidad Veracruzana (uv) como una entidad aparte cuyo director es nombrado por la rectora 12

El rector de la pionera Universidad Autónoma Indígena de México (uaim) en Sinaloa, es nombrado por el gobernador y hoy en día tiene el mismo estatus y la misma vocación intercultural que las otras. 13   Datos ofrecidos gentilmente por Lourdes Casillas de la cgeib.

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de la uv, teniendo un poco más de autonomía frente al gobierno del estado. Sin embargo, como ocurre con las otras ui, la uvi depende financieramente del gobierno del estado, y su rector fundador, Sergio Téllez, me explicó que la Cámara de Diputados ha votado presupuesto suplementario para la uv. La sede administrativa de la uvi se encuentra en Xalapa pero las clases se imparten en sedes satélite situadas en zonas rurales cerca de las zonas indígenas. La unich de Chiapas tiene un campus importante en San Cristóbal de las Casas y desde el año 2008 ha creado tres unidades académicas multidisciplinarias “ubicadas estratégicamente por nuestro Gobernador Constitucional del Estado el C. Lic. Juan Sabines Guerrero, en los Municipios de: Las Margaritas, Yajalón y Oxchuc” y Valle de Tulija (transcripción del portal digital de la Universidad). La Universidad Intercultural del Estado de México (uniem), está situada en San Felipe del Progreso, a tres horas en transporte público del Distrito Federal. La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (uiet) se encuentra también en el interior profundo del estado, entre Oxolotán y Tapijulapa, mientras la uaim ocupa una antigua casa de hacienda en el pueblito decaído de Mochicahui, donde antes funcionaba el Instituto de Antropología de la Universidad del Occidente. La Universidad Intercultural de Guerrero se ubica en una zona montañosa de difícil acceso y, según Karla Vivar, con dependencias sumamente precarias. A finales del año 2006, en mayo del 2007 y del 2008 tuve la oportunidad de visitar varias instituciones: acudí dos veces a la uaim; la uvi y su sede de Huazuntlan; la unich y la uiet; y una vez a la uiem. He podido escuchar la opinión de una variedad de actores, especialmente profesores –algunos permanentes y otros temporarios, algunos de dedicación exclusiva y otros de tiempo parcial-. Participé en discusiones entre ellos y escuché opiniones encontradas de funcionarios. Finalmente, emerge un cuadro similar al que describe María Elena García en su estudio sobre la educación bilingüe en el Perú: agendas e intereses variados se conjugan en torno a una población percibida por militantes y profesores como vulnerable y sin poder, pero cuya voz quieren escuchar y empoderar (García, 2005). La pregunta es cómo hacer que esa voz se articule y quién tiene autoridad para interpretarla.

Interpretaciones de la educación superior intercultural La educación superior intercultural pone más énfasis en los contenidos culturales que en los lingüísticos, y su estudiantado potencial es mucho más diverso que el contemplado por la educación primaria o secundaria indígena o bilingüe. En la escuela es factible utilizar una lengua nativa como medio de instrucción, mientras que en el nivel superior las lenguas nativas son enseñadas como lengua extranjera, siendo el español el medio de instrucción. Los estudiantes son heterogéneos y no se puede presumir que todos entenderán cualquiera de las 58 lenguas oficialmente reconocidas: aun cuando hablan un idioma nativo, es poco 140 ⎥ David Lehmann

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probable que sepan la versión escrita, lo que es necesario en la enseñanza convencional de una lengua. En una escuela, además, se puede suponer que todos los alumnos hablan la misma lengua, por ser de la misma localidad, y se pueden formar profesores para que enseñen con base en textos fijos. Por su parte, en una universidad no se puede contar con tal homogeneidad, y no hay ninguna base legal para restringir la admisión a estudiantes que, por ejemplo, sólo hablan cierto idioma, y menos aún a los que sólo pertenecen a ciertos grupos étnicos (Schmelkes, 2009). En la uvi, dice Dietz (2012), dos tercios de los alumnos tienen dominio de una lengua indígena (native speakers of indigenous languages), lo que no quiere decir necesariamente que posean un dominio completo de ella. Se trata de ocho lenguas distintas y de todos modos un tercio no sabe ninguna lengua nativa. En este sentido, no es práctico para una universidad ofrecer clases en más de una o dos lenguas indígenas, sobre todo dada la escasez de profesores competentes en la materia (ver anexo 1).

Acción afirmativa A pesar de que los estudiantes de las ui no son seleccionados con base en su raza o su pertenencia étnica, su mera existencia y la política que hay detrás de ella es una forma de acción afirmativa. Como explicó Lourdes Casillas en una entrevista, directora de Educación Media Superior y Superior de la cgeib, la idea de la educación intercultural consiguió reconocimiento después de años de frustrados esfuerzos de mejoramiento de la educación de los pueblos indígenas y de las poblaciones excluidas en general. En 2006, la cgeib publicó el extenso documento Universidad Intercultural: Modelo Educativo (Casillas Muñoz y Santini Vilar, 2006). El escrito contiene varios elementos formales (legislación nacional e internacional), así como la historia del nacimiento del proyecto de educación superior intercultural, aunque su esencia está presente en la sesenta páginas de lineamientos detallados sobre los principios pedagógicos y filosóficos subyacentes, el diseño de su plan curricular, la evaluación institucional y la evaluación de los alumnos. El texto expone que el término universidad indígena fue rechazado “a fin de evitar la idea de segregación de los grupos étnicos del resto de la sociedad mexicana, a la que generalmente se asocia el término” (Ibíd., 2006: 131). Éste es el punto de partida para una acción afirmativa que crea mejores condiciones tendientes a que los grupos excluidos puedan superar sus desventajas sin caer en una guetización. Así, por su ubicación cercana a los centros de población indígena, por la imagen que promueven y por el contenido de los cursos, las ui se proponen aumentar la representación de indígenas en la educación superior, hacerles sentir a eventuales estudiantes que sus necesidades específicas están siendo tomadas en cuenta y que existe valoración por sus tradiciones, su cultura y sus idiomas. El reconocimiento cultural y la inclusión de cursos que se nutren de la lengua y las tradiciones que han Convergencias y divergencias en la educación superior ⎥ 141

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sufrido marginación, son parte del proyecto, en tanto que se pretende ayudar a la superación de la exclusión, la falta de confianza y de autorrespeto provocados por la marginación racial. Sin embargo, si el reconocimiento cultural y la afirmación o la renovación cultural predominan exageradamente en la autodefinición de tales instituciones, corren el riesgo de volverse propiedad exclusiva de un grupo dado y no coadyuvan a la superación de la dimensión socio-económica de su exclusión. Si se crean instituciones reservadas para ciertos grupos definidos racial o étnicamente, se tendería a acentuar las divisiones étnicas en una sociedad fuertemente mestizada. Hay corrientes de pensamiento que insisten en el peso de la dimensión cultural en la identidad de las personas al punto de pasar por alto la propuesta de mejoramiento socio-económico como una especie de negación de aquella identidad. Es una tendencia que denominaría “multiculturalismo duro”. Sin embargo, hay que reconocer que probablemente las Universidades Interculturales siempre jugarán un papel secundario en el sistema de educación superior, porque los alumnos que éstas reciben han tenido en promedio una educación primaria y secundaria deficiente, y porque ofrecen una gama bastante estrecha de opciones académicas. Además, su autonomía relativa reduce su estatus –y en el mundo de la educación el renombre, la patente, la imagen, son fundamentales en el desarrollo institucional. De modo que los alumnos que ambicionan terminar una carrera universitaria tendrían que pasar a una universidad convencional después de completar sus cursos-. El Modelo no prevé el indudable impacto que tiene aún una institución pequeña en la economía local de lugares apartados, aunque contempla un papel para las ui en el desarrollo regional y local planificado, formando profesionales provenientes de zonas de población indígena y también –lo que es uno de sus aspectos más innovadores– incorporando la investigación en el terreno y la vinculación a sus comunidades en el corazón de su enseñanza y no en contextos simulados. Vale la pena citar el texto original a propósito de este tema: El estudiante construirá su conocimiento valorando su experiencia previa y también sus potencialidades orientadas hacia el saber hacer, en un marco de respeto a su entorno cultural. De esta forma se promueve que el estudiante se reconozca como protagonista del proceso de construcción del conocimiento y sea capaz de valorar su aprendizaje como resultado de múltiples interacciones socioculturales (Ibíd., 2006: 207).

Para los autores, “el saber hacer requiere de la organización y planeación de actividades en la comunidad por parte de los estudiantes apoyados por los docentes”, y revela su búsqueda de una educación que reconoce la identidad pero, al mismo tiempo, forma alumnos para poder desarrollar sus potencialidades en el mundo, explicando que “estas prácticas constituyen el andamiaje entre el conocimiento formal y la cultura de pertenencia”. De cualquier forma, la educación contemplada por el Modelo se inspira en “los valores humanistas y so142 ⎥ David Lehmann

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ciales fundamentales del enfoque intercultural y no sólo en el conocimiento” (Ibíd., 2006: 182). He podido observar en las ui que el tema de la vinculación pudo arraigarse rápidamente y representar uno de los elementos que las distinguen de otras instituciones. Veremos también que el origen de este énfasis no se encuentra sólo en las ideas interculturales. En sus primeras etapas, se esperaba de las ui que ofrecieran carreras de lengua y cultura indígena, desarrollo sostenible, comunicación intercultural y turismo alternativo, aunque no todas han adoptado todas estas carreras. La uvi, por ejemplo, descartó al turismo alternativo como superficial para un curso de primer año, a pesar de las posibles ventajas económicas que pudiera traer. Esta lista de carreras preferidas realizada por la cgeib refleja el aspecto vocacional del proyecto de educación superior intercultural de abrir posibilidades profesionales para sus egresados y posibilidades de desarrollo para las poblaciones indígenas, lo que ha suscitado la crítica que sostiene que se trata de una simple continuación del indigenismo clásico del ini. Lo que llama la atención en las ui es menos el contenido de los cursos que la cultura emergente dentro de ellas, que se contrapone con la que reina en la educación superior tradicional, y eso parte del enfoque constructivista que figura prominentemente en el Modelo y que también pude recabar en varias de mis entrevistas.

Constructivismo social y “multiculturalismo duro” En la perspectiva constructivista se adquiere o se construye el conocimiento (en vez de transmitirlo) al valorar la experiencia previa y el potencial del estudiante, centrándose en el saber hacer. El Modelo consagra toda su sección referida al enfoque psicopedagógico a este asunto, mucho más que lo dedicado a temas multiculturales como la diferencia cultural y los saberes indígenas. Los autores más destacados en estas páginas son los psicólogos Lev Vygotsky (1896-1934) y Jerome Bruner (1915), quienes también fueron citados a menudo en mis entrevistas. El renombre del ruso Vygotsky viene de su énfasis en la creación y comunicación de significados en el proceso educativo, a diferencia de la simple trasmisión de capacidades (Moll, 1990). Por su parte, el conocido psicólogo norteamericano Bruner denuncia el modelo por el cual “un solo profesor (supuestamente omnisciente) explícitamente cuenta o muestra a aprendices (también supuestamente ignorantes) algo de lo cual son supuestamente ignorantes” (Bruner, 1996: 20).14 En su lugar, Bruner defiende el aprendizaje como “un proceso interactivo en el cual las personas aprenden los unos de los otros y no simplemente al mostrar y contar” (Ibíd., 1996: 22). Estas ideas, que se asemejan también a las del educador más famoso de América Latina, Paulo Freyre (1921-1997), han sido ampliamente difundidas y aplicadas en la educación informal en América Latina bajo el lema 14

Traducciones del inglés del autor. Para la traduccion al español ver: Moll (1996) y Bruner (1995).

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de “educación popular” o “educación liberadora”, a menudo estimulada por sectores ligados al basismo católico asociado a las comunidades de base y la Teología de la Liberación, que influyó mucho en la formación y el pensamiento de Sylvia Schmelkes en el Centro de Estudios Educativos, estrechamente ligado a los Jesuitas y a la Universidad Iberoamericana. Para los autores del Modelo, está claro que la enseñanza en las ui tiene que diferenciarse claramente de los métodos presentes en la mayoría de las instituciones. Ellos se proponen crear un sistema en el cual se invita a los estudiantes a interpretar información nueva a la luz de su propia experiencia, rompiendo con la práctica establecida de la trasmisión de información en sentido único.15 Aprender es explorar; el estudiante formula dudas e hipótesis y sale a la búsqueda de lazos inspirados en la experiencia y el contexto. De allí la prioridad dada en el Modelo a la investigación y la vinculación: los estudiantes aprenden métodos de investigación a partir del primer año y se espera que lleven a cabo proyectos de investigación ligados al desarrollo en comunidades, muchas veces sus propias comunidades, tal como está previsto por la investigación participativa.16 A su vez, también se crea un contexto para establecer una relación novedosa entre profesores y estudiantes que se refleja en el curso preparatorio del primer año (diseñado para subsanar las deficiencias de la educación básica de los estudiantes) que, según el diseño, consiste exclusivamente en talleres o seminarios. También pude observar esa relación en las universidades que visité. El Modelo también contempla tutorías: en conformidad con la idea de una educación centrada en el estudiante, se le asigna un tutor que acompaña su evolución y lo aconseja en materias académicas y en sus desafíos personales. Todas las partes parecen entender que estudiar trae problemas especiales para estudiantes de origen rural, indígena y humilde –aunque en este aspecto cabe anotar que la unich de Chiapas presenta un perfil más tradicional-. El ambiente de la unich se asemeja más a la universidad de masas: las clases son más grandes y el estudiantado parece más mestizo, aunque ello es sólo una impresión. Al finalizar esta discusión, en el Modelo hay una confluencia entre el enfoque constructivista y el “diálogo intercultural de saberes”: Los principios del constructivismo sociocultural convergen con la intención formativa de la Universidad Intercultural, que pretende abrir un espacio a los conocimientos y saberes alimentados 15

“El profesor es el poseedor y transmisor del conocimiento, y el estudiante el receptor pasivo. Desde esta postura, el aprendizaje es concebido como mera acumulación de conocimientos, y el estudiante, como receptor y reproductor de conductas aprendidas. Este modelo prevalece en la mayor parte de las instituciones educativas, caracterizado por la escasez de estímulos para despertar el interés de los estudiantes por aprender lo que transmiten los profesores. No obstante, persiste la inercia de someter a los estudiantes a largas exposiciones de los profesores, debido a que presumiblemente ellos son los poseedores del saber” (Casillas Muñoz y Santini Vilar, 2006: 156). 16   Método promovido por el sociólogo colombiano Orlando Fals-Borda. Joanne Rappaport dirige un proyecto sobre el tema (“La dinámica de equipos de investigación en América Latina”) que se basa en la obra de Fals-Borda. Ver el sitio del Georgetown University Centre for Latin American Studies: <http://pdba.georgetown.edu/CLAS>.

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por la experiencia y la axiología de los pueblos de México con el fin de contribuir a su recuperación, análisis y sistematización para lograr una nueva proyección científica de su valor, de la vigencia de su aplicación y de sus potencialidades para complementar y colaborar con la ciencia moderna (Casillas Muñoz y Santini Vilar, 2006: 158-9).

En principio, la idea de que distintas culturas producen distintos saberes es más propia del multiculturalismo que de la interculturalidad. Es en el multiculturalismo que se encuentra el énfasis sobre la inconmensurabilidad de las culturas, pero aquí los autores parecen querer conciliar las dos corrientes. También es necesario distinguir entre distintos saberes y distintos conocimientos. Es evidente que estos últimos varían entre culturas porque sus portadores han vivido siglos en lugares distintos y han tenido que desarrollar conocimientos diferentes para la reproducción de sus estructuras sociales y económicas. Pero hablar de distintos saberes puede implicar que sus portadores piensan de forma diversa, que su razonamiento (su lógica) es diferente y eso es mucho más controvertido. El peso de estos dos elementos, tanto en los pensamientos de los que formulan la política como en la vida diaria de las universidades mismas, parece más o menos el mismo –y si algún sesgo existiera sería a favor del enfoque constructivista, que recibe atención mucho más detallada en el Modelo–. Los objetivos del constructivismo son más comprensibles que los que se inspiran en las versiones más duras del multiculturalismo que requerirían construir esos “otros saberes”, “otras epistemologías” y sus cosmovisiones. Estas versiones parecen implicar que los saberes indígenas son inconmensurables respecto de la ciencia que llaman peyorativamente occidental, moderna y monocultural (Walsh, 2000; Dietz, 2012). De hecho, la cgeib ha publicado un documento anterior que ofrece un buen ejemplo del “multiculturalismo duro” dirigido principalmente al sector de educación primaria, titulado Políticas y fundamentos de la educación intercultural bilingüe en México (2004).17 Este documento puede no corresponder muy fielmente a la filosofía del cgeib, pero es un buen ejemplo de la versión “dura” del multiculturalismo. La palabra “diversidad” aparece 45 veces en 27 páginas (sin contar citas de otros documentos y usos que no se refieren a la diversidad cultural). La palabra “otro” en el sentido de “mi otro” o “tu otro” aparece 15 veces, cada vez en bastardilla, y la palabra “otredad” tres veces. Otras dos palabras características del vocabulario multicultural, “lógica” y “epistemología”, aparecen 16 y 13 veces respectivamente. En comparación, en el Modelo predomina un vocabulario más universalista: “equidad” 17 veces, “inequidad” cinco veces, “justicia” nueve veces y “diversidad” 37 veces, mientras “otro”, “otredad” y “epistemología” están ausentes. Este documento habla de la validez de “otras lógicas” y dice que: 17

También disponible en el sitio de la Secretaría de Educación Pública: <http://www2.sepdf.gob.mx/info_dgose/ textos_digitales/archivos/cd1/politicas_y_fundamentos_mod.pdf>

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Los conceptos fundamentales de la ciencia (…) necesitan ser contrastadas y enriquecidas con otros conceptos y modelos provenientes de las culturas para encontrar la lógica en los diversos temas de la ciencia. Es necesario analizar los etnocentrismos para liberar a (…) cada una de las ciencias de una mirada deformante e innecesaria (cgeib, 2004: 51).

Después de hablar de la “llamada ciencia moderna”, y de haber enumerado conocimientos indígenas en el campo de la herbolaria, la astronomía, los tipos de suelo y los ciclos lunares, el texto resalta que la contribución más importante de los conocimientos indígenas es la ampliación del “horizonte de las posibilidades lógicas y de rutas alternas para conocer el mundo” (Ibíd., 2004: 51). El texto aborda el tema de la cognición a partir de: Un pensamiento ético renovado (…) construido a partir de la intersubjetividad y de la interculturalidad (…) intenta articular las lógicas de construcción de las cosmovisiones indígenas de México y envuelve una mirada amplia y compleja sobre el proceso de construcción del conocimiento (Ibíd., 2004: 45).

En mis entrevistas pude detectar muy poco la influencia práctica de estas ideas, aun si a veces escuché tales expresiones y pude observar una auténtica perplejidad de mis interlocutores, quienes buscaban entender si sus alumnos realmente pensaban de forma “diferente”, con otra “epistemología” o “lógica”. El abismo que ellos sentían que los separaba de sus alumnos parecía derivar menos de las diferencias de cosmovisión que de las derivadas de la educación superior o de posgrado recibida por los docentes, -frente a los alumnos, que escasamente habían aprendido a razonar o a escribir un párrafo en sus 8 o 9 años de escuela y colegio-. Me encontré de frente con estas cuestiones cuando fui invitado a participar en una discusión entre profesores de la uiet sobre “¿qué es un ensayo?” –un tema muy presente para ellos porque se preguntaban en qué medida debían dejar que los alumnos expresaran opiniones personales en sus trabajos-. Mi respuesta fue exactamente lo que se esperaría de una persona de mi formación: muy severamente dije que un ensayo no es para expresar opiniones personales sino que deben contener argumentos basados en información disponible en la esfera pública. Una profesora me respondió que el conocimiento codificado y establecido podía descalificar, deslegitimar o dominar los conocimientos de los propios estudiantes. Dicho así, teóricamente, tales ideas pueden sonar cuestionables. Después de todo, ¿por qué se le dejaría a un indígena en las tinieblas de la ignorancia cuando jamás se haría lo mismo con un niño o una niña de un barrio urbano (que por otra parte podría muy bien por su ascendencia ser tan indio como el otro)? Una respuesta más dura podría decir que sería irresponsable negar a estos alumnos la posibilidad de una educación que les provee de una manera de estructurar sus pensamientos y desarrollar sus capacidades analíticas. Pero tales respuestas ignoran el contexto del aprendizaje y tienen otras implica146 ⎥ David Lehmann

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ciones cuando se trata de alumnos egresados de escuelas públicas que han tenido escasa oportunidad de expresarse y que sufren, como dijo una de las profesoras en la reunión, de “asimetrías escolares y sociales tremendas”: ellos han sufrido de la “cultura pedagógica del profesor lo sabe todo” (como dice Bruner). La discusión siguió, conducida por la asesora del programa, y las opiniones iban diversificándose. Una persona dijo que si se puede decir cualquier cosa entonces “todo se vacía”. Otra dijo que el desafío de la multiculturalidad era ser “competente en cualquier lugar”, tomando en serio lo “multi”; una voz elocuente se elevó recordando la represión que estos “chamacos” (como todos los llamaban aunque no eran tan jóvenes) habían sufrido en la escuela y el colegio. Como niños, dijo, habían tenido que dejar de hablar de los seres mágicos y sobrenaturales que poblaban su imaginario porque los maestros se reían de ellos. La discusión tuvo dos ejes: por un lado, la dimensión cultural de la represión era vista como parte integral de un sistema educacional autoritario en sí, independientemente de las diferencias culturales que pudieran regir a una u otra localidad. Por otro lado, la recuperación o renovación cultural era importante para que los “chamacos” adquirieran un mínimo de confianza en ellos mismos. Parecía que los métodos de la educación liberadora eran tan importantes como la recuperación de tradiciones antiguas o del aprendizaje de idiomas difíciles para elevar el nivel educativo de los estudiantes. Pero al mirar un poco más de cerca, se puede ver que en esta perspectiva la recuperación cultural es parte del proceso de construcción del sujeto aprendiz. Para ello, no es necesario especular sobre otros saberes, sino apreciar el patrimonio cultural de un pueblo, entendido -en un sentido amplio- como su producto, tal como dijo Taylor en el ensayo fundacional del multiculturalismo (Taylor 1992: 70).18

Ansias y dudas entre la educación intercultural y popular: la Universidad Autónoma Indígena de México El proyecto más radical de reconstrucción de la educación nació en la más antigua de las ui, la uaim de Sinaloa, liderada por el antropólogo Jesús Ángel Ochoa Zazueta y su coordinador académico, Ernesto Guerra, formado en economía pero posteriormente convertido en teórico e impulsor de una educación para los excluidos. Al menos en sus primeros años, la uaim tuvo mayor autonomía que otras ui. Fue establecida con autonomía -al menos nominal- antes de la creación de la cgeib, estaba localizada lejos de la capital federal y contaba con un fuerte apoyo del entonces gobernador del estado. 18

Authentic recognition of a people is recognition of their worth, and the worth of their products (in the broadest sense). The supposed beneficiaries of the politics of recognition, the people who might actually benefit from acknowledgement, make a distinction between the two acts. They know that they want respect, not condescension (Taylor, 1992).

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En un largo ensayo programático, Ochoa y Guerra parten de la simple observación de los fracasos espectaculares de la educación en México. Su principal crítica no es la acostumbrada, usualmente centrada sobre el corporativismo de los maestros y su mala formación, sino que denuncian la preferencia en el sistema mexicano (y muchos otros) por la didáctica y la pedagogía por sobre el aprendizaje. En dos entrevistas, realizadas con un año de distancia entre ellas (2006 y 2007), Guerra resumió su filosofía: a) insatisfacción con los procedimientos jerárquicos y prefabricados con los cuales los profesores imparten sus materias; b) oposición a las formas tradicionales de evaluación que crean competencia innecesaria entre estudiantes e imponen uniformidad (“el examen tiende a uniformizar y nosotros estamos trabajando con la diversidad”); c) los exámenes “producen el fracaso”; d) una conciencia aguda del sesgo cultural es inherente al sistema de exámenes: “una cultura no puede reprobar a otra”, y e) un multiculturalismo moderado, porque por un lado dice que “aquí pensamos que el conocimiento es relativo a cada cultura”, pero por otro, “no estamos hablando de saberes indígenas sino de conocimientos indígenas”, lo que yo interpreto como una manera de distanciarse del relativismo cultural. Pero no se trata de privilegiar una u otra cultura, sea occidental o no, sino de crear un diálogo entre estudiantes: “una mezcla entre su bagaje cultural y el bagaje cultural de los facilitadores sin decir cuál es el verdadero, sino simplemente, un dialogo intercultural”. El modelo prescindió del aula y del examen tradicional: los titulares académicos (porque no hay “estudiantes”) buscaban a facilitadores o facilitadores-clarificadores (porque no hay “profesores”). Éstos procedían por investigación, formaban pequeños equipos y, cuando se sentían listos, se presentaban a un jurado (un sínodo en la jerga de la uaim). Si el resultado no era satisfactorio, se les aconsejaba volver a presentarse en otra ocasión. Como dice Guerra, “aquí no hay fracasados”. La visión, que durante unos años pudo concretarse, imponía una pesada carga de presencia sobre los facilitadores porque el modelo preconizaba acceso permanente de estudiantes y múltiples sínodos para ir abriendo las etapas sucesivas de aprendizaje. En dos artículos publicados en la revista Ra Ximhai de la propia universidad (Guerra, 2005; Ochoa Zazueta, 2005), usando un lenguaje que recuerda a veces a Freire y al iconoclasta Ivan Illich, Ochoa y Guerra denuncian lo que llamaría la infantilización a la cual los métodos educativos convencionales sujetan tanto a alumnos como maestros y profesores. La búsqueda, la conceptualización y la investigación, son atributos de personas de todas las edades, y la división entre la juventud (para recibir conocimiento) y la madurez (para explorar o buscarla) es una división falsa. Los titulares académicos son tratados como adultos que investigan y exploran, y son estimulados a trabajar en grupos y presentarse así a los sínodos: aprender es una actividad que se lleva en cooperación con otros titulares y con facilitadores. No hay examen de admisión (lo que parece ser el caso en todas las ui donde basta el bachillerato para entrar), pero tampoco hay fracasos porque se solicita a los alumnos que vuelvan a presentarse. 148 ⎥ David Lehmann

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Aun sin tomar en cuenta ciertas desavenencias político-burocráticas propias del contexto local, el modelo no ha dejado de tener sus costos en lo que el pifi representa como burocratización de la vida académica.19 Por otra parte, es evidente que si los titulares académicos tienen acceso permanente a sus facilitadores, éstos sufren una presión más fuerte de lo que sería en un sistema donde la jerarquía controla el horario. Para las autoridades federales (dueños de la certificación de la institución como universidad), una institución sin exámenes ni profesores ni aulas es como un desafío al sistema reinante. También el modelo planteaba serios desafíos a los estudiantes. Durante mis conversaciones se mencionó que los estudiantes abandonaban en el primer trimestre porque habían venido con la expectativa de que se sentarían frente a un profesor que les diría “lo que tienen que hacer”. Un miembro de un equipo de inspección enviado por la Subsecretaría de Educación Superior a solicitud de la cgeib, la antropóloga Patricia Torres, declaró en la entrevista que “nos quedamos sorprendidos: los estudiantes estaban estudiando bajo los árboles (…) había colas para ir a presentarse al examen [aunque debería haber dicho “sínodo”]. Describió una escena que parecía inspirada en Jean-Jacques Rousseau con estudiantes acostados en el pasto leyendo Durkheim: “no hay materias: el facilitador está con su proyecto consiguiendo alumnos y es el experto en esa materia; en vez de dar clases a intervalos regulares, él está allí y cuando siente que hay un grupo grande hace reuniones con ellos para decirles lo básico, qué tienen que leer”. Al describir la trayectoria “sinuosa” de la uaim, Guerra navega entre (o tal vez combina) su ideal universalista de una educación que libera al que aprende en vez de someterlo a una autoridad opresora, con una apreciación de las brechas culturales y socio-económicas que tienen efectos nocivos en la educación y en la sociedad. A veces emplea el término “sociointercultural” para combinar lo universal con lo identitario, e insiste en que ese tipo de educación, aun cuando se identifica con “una cultura propia y específica”, debe producir “ciudadanos y comunidades cosmopolitas” que no sólo reconozcan los derechos de otras culturas sino que respeten sus derechos y “estén abiertos a aprender de ellas” (Guerra, 2005: 244). A pesar de que las ideas de Guerra y de los que lo inspiraron hayan tenido bastante repercusión en las ui, el experimento de la uaim tuvo que ser contenido, a los ojos de la Subsecretaría de Educación Superior. Se nombró un nuevo rector con una larga trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional (pri) estatal, con el objeto de instaurar un sistema convencional de exámenes y cursos estructurados, aunque también él adoptó la terminología del modelo que Guerra y Ochoa habían creado. 19

El pifi es básicamente un invento inglés de los años 80 y el aparato de accountability y de evaluación multipolar que estableció trajo un cambio profundo en la cultura universitaria británica. La uaim pidió afiliarse al pifi mucho antes que las otras ui.

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La barrera de la opacidad: ansias de un educador Si bien en su ensayo/apología Ernesto Guerra navega con seguridad en las aguas de la interculturalidad, buscando un “camino medio” entre universalismo y multiculturalismo (entendido éste como una concepción de culturas como entidades separadas y casi monolíticas), Antonio Saldívar, del Colegio de la Frontera Sur, educador con doctorado de la Universidad de Salamanca y fuertemente influenciado por Vygotsky, cuenta con sorprendente franqueza sus dudas y su sentimiento de incomodidad como emisario del mejoramiento modernizante, sea indigenista o intercultural: para él todos estos esfuerzos son condenados al fracaso en una sociedad escindida. Para Saldívar, una persona como él, al llegar a una comunidad indígena, no puede evitar un sentido de jerarquía, de poder desigual: “de entrada hay una sobrevaloración de lo que yo puedo aportar a esa comunidad y hay una subvaloración de esta comunidad” de parte del portador de un proyecto de mejoramiento –el profesional que llega siempre trae un proyecto-. Llegando de fuera, el profesional entabla, de entrada, una relación de desigualdad, de poder, que niega la posibilidad de diálogo entendido como una conversación entre iguales: “yo no puedo dialogar con el otro (…) porque entonces no se va a dar un proceso realmente de aprendizaje entre ambos”. Eso deviene también de sus hábitos, de su modo de hablar, de vestirse y de su red social. A Saldívar le parece que iniciativas como las ui contribuyen a acentuar la desigualdad específicamente cultural, o por lo menos no la reducen. Además, el currículo de las ui –refiriéndose a materias como desarrollo sustentable y turismo alternativo- es un buen ejemplo de la misma asimetría, por su orientación al mercado. En su opinión, si el plan curricular se ocupa de las características específicas de las culturas indígenas, su objetivo sólo es folclorizar. Al mismo tiempo, sin embargo, Saldívar estaba agudamente consciente de que las familias indígenas esperan que los estudios confieran a sus hijos las capacidades –ante todo lingüísticas– que requieren para entrar al mercado laboral. “Claro, piensan que el tzotzil ya no les sirve”. Él reconoce las desigualdades enraizadas en su entorno, pero ni siquiera está convencido de que las políticas y los proyectos deben tratar de revertir la tendencia, porque están imbuidas ellas mismas de la relación de desigualdad, tal como él la describe. Saldívar habló también de la distancia cultural, pero en términos distintos de los usados por el documento base de la cgeib. Esbozó el contraste entre el espíritu occidental de “pensamiento abstracto, de sistematización y clasificación” y el énfasis indígena en el aprendizaje por el contacto personal. No hay, decía, una sola manera de adquirir el conocimiento. Pero, al mismo tiempo, para los que poseen una cultura mestiza o dominante, no hay interés en adherir a una identidad cultural con nombre: eso es sólo para “el otro”, “el otro oprimido”; “yo nunca me cuestiono quién soy yo”; “el que tiene que cuestionarse y tratar de entender su cultura es el otro, no yo. Entonces, cuando de repente me veo frente a esta circunstancia, hay 150 ⎥ David Lehmann

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una incomprensión”. De hecho, tal vez la misma atribución de la necesidad de proferir una identidad cultural es una especie de imposición externa de “mi” o “nuestra” parte. En esta frase laberíntica, el “yo” de Saldívar es la tercera persona –un representante estereotipado de la cultura dominante-. No es él mismo quien habla, porque si fuera él no reconocería estas contradicciones. Al mismo tiempo, está diciendo que, quiéralo o no, él es esa otra persona, esa persona que coloca al “otro” –el indígena– en una situación donde, de nuevo, quiéralo o no, es heredero de un patrimonio cultural y tiene de alguna manera que responder por ella. La cultura dominante está exenta de auto-comprensión o auto-descripción y aun de capacidad de autocrítica (poscolonial, posmoderna, y con una carga de auto-flagelación). Es ésta otra afirmación más de su estatus como cultura hegemónica. Con todas sus dudas, Saldívar también se dedica a tareas prácticas. En 2004 publicó en la Revista Mexicana de Investigación Educativa (Saldívar, Micalco Méndez, Santos Baca y Ávila Naranjo, 2004) una descripción de un curso titulado “Diplomado Educar en y para la diversidad”, organizado para maestras de primaria durante el ciclo escolar 2001-2002. Se inspiró en el método constructivista de Vygotsky y Bruner: “el trabajo tiene que partir de la experiencia personal, dado que el aprendizaje opera a nivel del cuerpo y no sólo de la cabeza, como estamos tradicionalmente acostumbrados a pensar” (Ibíd., 2004: 115). El propósito del enfoque constructivista, según el trabajo de Saldívar y sus coautores, es la apropiación de “las estrategias pedagógicas participativas” y, según una evaluación provisional, el trabajo muestra que así fue, aunque su efecto no fue duradero: de vuelta a sus clases, la rutina misma devolvía las maestras a sus hábitos anteriores. La experiencia viene reforzada por una investigación llevada a cabo en 2007 con estudiantes de la flamante Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” (eniib) en las afueras de San Cristóbal de las Casas (Navarro Martínez y Saldívar Moreno, 2011-12). En esta última se vio que, si bien los estudiantes absorbieron el credo intercultural, apreciando la importancia del diálogo entre culturas, la diversidad de lenguas indígenas habladas entre ellos y la pérdida de la vergüenza de hablar en idioma indígena en público, la interculturalidad quedaba como una burbuja dentro de la institución educacional. Este estudio nos alerta sobre el hecho de que educar en forma bilingüe en las escuelas no garantiza la dimensión intercultural y puede dejar intactas las relaciones de poder y menosprecio. No es, entonces, contradictorio que sean precisamente las instituciones de educación intercultural donde las ideas constructivistas tengan influencia, porque ellas permiten mejorar la educación ofrecida por el estado a grupos excluidos racial y culturalmente, sin tener que adaptar su enseñanza a las particularidades de la cultura de uno u otro grupo étnico, contornando así las desavenencias y los desencuentros de la lengua y la cultura (Zavala, 2002). Esto no quiere decir que los enfoques constructivistas sean culturalmente afónicos: quiere decir que cuestiones de autenticidad y de demarcación entre culturas toman un segundo plano porque los profesores no están obligados a pronunciarse sobre tales demarcaciones, Convergencias y divergencias en la educación superior ⎥ 151

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ni tampoco a proveer versiones empobrecidas de culturas o lenguas que no dominan. En estas condiciones, el reconocimiento de las diferencias culturales depende del clima dentro de la institución y no de las prescripciones formales.

El contexto de San Cristóbal de las Casas En una conversación estructurada llevada a cabo en mayo de 2008 con un grupo de profesores de la unich de Chiapas, se conjugaron los temas de la lengua, la cultura y la identidad en una discusión donde el carácter urbano del estudiantado también tuvo que ser tomado en cuenta. Interrogados sobre lo que diferenciaba a las ui de otras universidades, ellos tejieron una tapicería con hilos de colores variados: la búsqueda de la lengua ancestral por parte de estudiantes ansiosos de recuperar su identidad; la idea de que la lengua está ligada a ciertos valores; el reconocimiento de que si la cultura indígena es distinta, entonces también ella comporta conocimientos distintos por su propia historia; la autocrítica hacia lo que otros habían llamado la imposición o la relación autoritaria del profesor con el alumno, y la vinculación como eje trasversal y central de la educación ofrecida en las ui. Uno habló con cuidado de la vinculación como una manera de “retroalimentar con los saberes tradicionales, pero no en un sentido nacionalista, esencialista o fundamentalista”, pero criticaba ese “conocimiento meramente occidental que todavía hacemos llegar a los estudiantes”, a la vez que expresó que “hay muchos conocimientos indígenas que falta trabajar”. Los estudiantes se mostraban inquietos en cuanto a su pertenencia étnica (siendo 90 % de procedencia urbana en la tercera generación, según sus profesores): algunos organizaban talleres de lengua los sábados, por su propia cuenta. La unich, con su Centro de Lenguas, pudo hacer una mayor inversión en el aprendizaje de lenguas indígenas y en la conversación, esto fue señalado como un desafío tanto o más profesional que identitario. En cuanto al “modelo constructivista”, aunque en general en la ui se le tomaba “como base”, no estaban todos convencidos ya que “a veces uno se pierde”, y la palabra “constructivista” encadenó con la constatación de que “estamos en un proceso de construcción de la interculturalidad”. No hay que olvidar que en ese momento, en el mes de mayo de 2008, los primeros estudiantes admitidos a la unich todavía no habían egresado.

Educación Popular: la Universidad Veracruzana Intercultural La uvi se distingue no sólo por su inserción institucional al interior de una universidad autónoma, sino también por el hecho de que su primer liderazgo provino de la tradición 152 ⎥ David Lehmann

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de la educación popular y la investigación educativa parecida a la de los fundadores de la cgeib. Sergio Téllez, su primer director, quien se calificó como un antropólogo sesgado hacia la socio-lingüística, había sido un miembro destacado del cincuentenario Instituto de Investigaciones en la Educación de la uv. Para él, la educación intercultural –la cual distinguió de una educación indígena- tiene como fin producir personas orgullosas de hablar su propia lengua o su lengua ancestral, y que tomarían un papel protagónico en el desarrollo de sus comunidades. En esta entrevista, como en las que sostuve en la misma época con coordinadores de programas de la uvi, no se habló de epistemologías alternativas ni de “otros saberes”. En cambio, se habló mucho del papel de la investigación por parte de los estudiantes en el desarrollo de sus comunidades (la vinculación) y de cómo el aprendizaje de lenguas indígenas fortaleció su autoconfianza. Por ejemplo, supe que a menudo en el formulario de solicitud de entrada a la uvi los candidatos no admitían hablar su propia lengua a causa del estigma que se le atribuye, pero una vez iniciados sus estudios se revela que saben hablarla, y en el segundo año (y a pesar de no hablar habitualmente una lengua indígena), son capaces de traducir textos en ambas direcciones. El coordinador de una de las tres sedes de la uvi (Sede Selvas), localizada en una zona indígena, Huazuntlan, maestro en Lingüística Indoamericana del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), dio su interpretación del ethos intercultural en términos de diálogo, de mutualidad y renovación, más que de la diferencia y la intraducibilidad: “aquí entendemos la interculturalidad como un espacio de diálogo entre grupos culturales que se escuchan mutuamente y formulan alternativas de cómo salir adelante” (entrevista, octubre 2006). Para él, era “un concepto en construcción”, y acotó que: En la zona hay castellanos, zoques, etc. En ese sentido (de que entre los estudiantes se encuentran gente de distintas afiliaciones étnicas y distintas tradiciones lingüísticas) somos multiculturales (…) pero somos interculturales por estar compartiendo algo, somos un espacio de diálogo donde nos escuchamos y nos retroalimentamos y tratamos de rescatar las diferentes formas de ser o de pensar de diferentes grupos.

De igual manera, el coordinador del Programa de Desarrollo Regional y Sustentable dijo que: La uvi supone que el conocimiento se genera en el diálogo: tú tienes un saber que tiene cientos, tal vez miles de años, y estás generando conocimientos y prácticas (…) yo tengo contacto con muchas fuentes (…) vamos a ponerlos en diálogo.

Para él, formado en la “tradición latinoamericana de educación popular” y la educación no formal de las ong, beber en la fuente de los conocimientos indígenas no significaba un rechazo de la ciencia moderna ni tampoco el descubrimiento de una epistemoloConvergencias y divergencias en la educación superior ⎥ 153

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gía alternativa, sino el reconocimiento de que los conocimientos indígenas son el fruto de decenas de generaciones de experimentación por prueba y error, tal como la historia de la ciencia.

La política del reconocimiento Aun si su vocación no es la del “multiculturalismo duro”, las ui pasan mucho de ser una mera iniciativa educacional convencional con un complemento de cursos de lengua. Evidentemente, los fundadores estaban motivados por un ideal, por una pretensión de intervención en la política de la identidad y del reconocimiento. Creo que lo que estaba en sus mentes era menos la mirada hacia atrás –la búsqueda de las raíces, la reivindicación o restauración de instituciones cuya memoria ya es muy borrosa–, que el empoderamiento de los portadores de esas culturas para el reconocimiento de lo que producen hoy en la realidad contemporánea, como dice Charles Taylor. Reconocimiento que significaría también plena participación en instituciones como la educación, la política, los negocios, las artes y también participación en la gestión y reforma de las mismas. Para que este reconocimiento tenga los efectos deseados, esas instituciones tienen que ser legítimas y “reformables” en cierto grado. En este sentido, es un démarche abierto a la crítica de parte de los que ven a las instituciones como irremediablemente sesgadas e infundidas de prejuicios de raza y de clase, como sostiene la filósofa Iris Marion Young (Young, 1994). También, difícilmente se concilia con los puntos de vista que ven cualquier tipo de transacción con las instituciones como mestizaje o integración y, por ende, una negación de la identidad –puntos de vista defendidos por Quijano, Mignolo y Walsh por ejemplo– o con los que ven al indigenismo de Estado como una manipulación del neoliberalismo (Mignolo, 2000; Quijano, 2000; Walsh, 2000; Hernández, 2004; Sierra 2009). Son los profesores de las ui quienes aplican la interculturalidad y pocos son los profesionales que la practican en contacto tan íntimo con la “población-alvo” de la política intercultural. Los profesores son los emisarios del reconocimiento “a flor de piel” y en nuestras conversaciones se retrataban como encargados de diseñar un “paquete” que formaría a intelectuales y profesionales como agentes del desarrollo, en el cual los temas de la lengua y cultura indígenas tendrían su lugar, pero no preponderante: la recuperación de rasgos culturales, de ritos o costumbres total o parcialmente perdidos, o simplemente el anhelo de aprender la vida de los ancestros, no les parecía un proyecto de reconstrucción del pasado sino una contribución a un proceso que llevaría a sus estudiantes, una vez graduados, a contribuir al desarrollo de sus comunidades, lo que viene confirmado por Dietz en su artículo sobre la uvi (donde se desempeñó en el año escolar 2013-14 como director) cuando hace mención de “varios antiguos estudiantes y dos antiguos profesores que han sido elegidos 154 ⎥ David Lehmann

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como consejeros municipales” (Dietz, 2012). Será interesante ver a largo plazo si los estudiantes de la unich, siendo predominantemente de familias urbanas, no acaban también trabajando con poblaciones indígenas: sabemos que los líderes de movimientos de renovación étnica tienden a ser jóvenes con educación superior urbana. Claro que un propósito de la interculturalidad tiene que ser vencer el abismo que separa los portadores del mejoramiento de su otro: eso es lo que tanto le angustiaba a Antonio Saldívar. Los herederos de las otras culturas o las culturas de los otros tendrán tales ambiciones. Pero aun así, ellos operan bajo la influencia de ideas que vienen de uno, o sea de la sabiduría teórica académica y erudita. Es así que podemos entender la existencia de opiniones u observaciones que parecen apuntar en direcciones opuestas dentro de la misma institución cuando se trata de la autenticidad y de la recuperación cultural. El entonces coordinador de la Sede Selvas de la uvi, Crisanto Bautista Cruz, hablaba del estudiante que “está siempre corriendo detrás de su abuelo que se está muriendo” –que está tratando de recuperar su lengua–. Ese abuelo que es “la lengua que te da identidad” y se quejaba de que “llevamos cientos de años durante los cuales el gobierno nos ha dicho que nuestra lengua y nuestra cultura no sirve al desarrollo del país, que no vale nada”. Pero al mismo tiempo, este sentimiento de exclusión no era motivo para concentrarse sólo en la recuperación de lo propio. Más bien, se tradujo en una concepción de la interculturalidad como “un espacio de diálogo donde nos escuchamos y nos retroalimentamos y tratamos de rescatar las diferentes formas de ser o de pensar de diferentes grupos”. Para él, era como “un espacio de diálogo entre grupos culturales que se escuchan mutuamente y formulan alternativas de cómo salir adelante”. Esos temas no estaban libres de polémicas. El jefe de programa de la misma uvi expresó su malestar frente a discusiones que hubo en torno al papel de las ui. Habló de “un discurso de reivindicación identitaria” y evocaba en un tono algo exasperado la repetición de lemas o frases hechas: “nosotros los indígenas, nosotros sí somos originarios, nosotros tenemos las culturas indígenas”. Para él, formado en la tradición “muy rica de pensamiento y acción latinoamericana de educación popular”, tal valorización de la identidad indígena “muchas veces tiene rasgos esencialistas o fundamentalistas”. Recordó que en un momento ciertos intelectuales indígenas o de líderes indígenas hablaban de “universidades indígenas, para los indígenas”, lo que él veía como “un discurso que sirve para mantener ciertas relaciones de poder al interior de las comunidades indígenas”. En esta sección he explicado que a pesar del tono a veces combativo, tanto los teóricos como los que se encuentran en la práctica intercultural, evitan tomar posiciones definitivas sobre la incompatibilidad de sistemas de pensamiento y así obvian caer en un relativismo fuerte, el “multiculturalismo duro”. Observamos la persistente influencia de la tradición latinoamericana de la educación popular o educación liberadora, como dijo el profesor de la uvi. El compromiso de esa tradición con lo popular sigue teniendo viConvergencias y divergencias en la educación superior ⎥ 155

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gencia aun cuando su trasfondo teórico y teológico en la Teología de la Liberación ha perdido algo de su poder de convocatoria en la plaza pública frente al auge del discurso identitario y del protestantismo.

Vinculación y retroalimentación En una entrevista realizada en mayo del 2008, Lourdes Casillas, directora de Educación Superior en la cgeib, contó de su consternación y la de sus colegas al escuchar la discrepancia por parte de los estudiantes a quienes se pretendía enseñar las técnicas agrícolas en una pizarra. Ella habló de: La imposición del maestro (…) la creencia absoluta en lo que da el maestro (…) hablando con estudiantes -nos dimos cuenta-, que decían que ellos no entendían cómo un profesor podía enseñar a sembrar [haciendo dibujos] en el pizarrón, cuando ellos lo han aprendido y lo saben hacer perfectamente aprendiendo directamente, como sus padres les han enseñado en el campo.

Su conclusión fue que había que buscar un equilibrio entre las contribuciones de la ciencia y la experiencia de las comunidades. Ella daba mucha importancia a lo que se podría llamar el fortalecimiento de la autoconfianza de los estudiantes. Con un trasfondo de una pedagogía que no deja hablar a los alumnos ni valora su propia experiencia, sobre todo cuando son de origen rural, de estratos de bajos ingresos o de áreas indígenas, se entiende porqué “el rasgo fundamental del modelo pedagógico” es “valorar la experiencia previa del estudiante”, algo que “ninguna otra de nuestras universidades convencionales ha desarrollado”. Por eso también se ha impulsado la “investigación-acción vinculada con fuertes nexos de trabajo con la comunidad”, lo que la lleva a reiterar que “en el terreno las cosas pueden tener otras concepciones y otras formas de sistematización, de análisis y de resolución”. De esta manera, la directora crea un puente entre la idea de que hay diferencias culturales reales que deben ser valoradas y la concepción derivada del constructivismo y de la educación popular del aprendizaje como un esfuerzo conjunto que reconoce que el aprendiz tiene una historia y una vida propia. De allí que surja la vinculación que, tal vez sin que se lo anticipara en tal grado, adquirió un estatus casi de amuleto en las ui. En varias ui, los estudiantes emprenden investigación en el primer año de estudio, y a menudo en sus propias comunidades. Las consecuencias pueden ser dramáticas, llevando cuestiones de la vida de la familia y del pueblo a formar parte de la experiencia educacional. En el Encuentro sobre Educación Superior Intercultural de América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Pátzcuaro en 2009, la directora de investigación de la uiet develó los es156 ⎥ David Lehmann

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collos morales e incluso emocionales que se pueden encontrar cuando estudiantes hacen investigación en sus propias comunidades. Para ilustrar la presencia de la vinculación en el salón de clase puedo describir la presentación de proyectos de investigación en la Sede Selvas de la uvi (localizada en Huazuntlán, Veracruz) en 2007. En el salón había tres profesores y ocho estudiantes –lo que ya de por sí es excepcional-. Al igual que en una comisión formal, se trató de proceder a la elección de un presidente y un relator entre los estudiantes, en medio de mucha risa y comentarios susurrados. Frente a la confusión de los estudiantes, un profesor tuvo que tomar las riendas. Los proyectos tocaban soluciones a problemas locales y tenían que ser conducidos en “reflexión común” con las comunidades y “sin imposición” –aunque se admitió que había un “objetivo concreto de estimular la lengua indígena”-. Además, los proyectos eran clara y repetidamente clasificados como de “investigación-intervención”. Una estudiante enumeró laboriosamente 13 preguntas que tendrían que hacerse al pensar sus proyectos, dando cuenta por un lado de los métodos a seguir y los antecedentes y, por otro, explicitando la utilidad que el proyecto representaría para sus comunidades. Quedaba claro que iban a trabajar en sus propias comunidades y la pregunta sobre los “vínculos” que podrían tener en ellas – como “actores, organismos, autoridades, sociedad civil, etc.”– generó una ola de carcajadas. Un alumno expresó su preocupación por el hecho de que su proyecto tocaba la vida de los niños en la comunidad y se preocupaba por cómo iba a poder conducir un taller con ellos. Después de los estudiantes siguió la intervención de uno de los profesores. Su propósito era recordar la necesidad de distinguir entre causas y efectos, pero el ejemplo mostraba un propósito muy práctico de cambiar las costumbres. En este caso, hizo hincapié en el problema de la contaminación del río Huazuntlán y al parecer quería decir que la causa que originaba dicha contaminación era el hábito de los habitantes de echar su basura al río –y no la falta de contenedores para la basura o la existencia de demasiado plástico, etcétera-. Aquí escuchamos la voz de un profesor que se ve como misionero dedicado a la reforma de las costumbres o las prácticas y que desecha las explicaciones que culpan a actores externos o condiciones fuera del control de la comunidad. Claro que al mismo tiempo, esos profesores daban cuenta de la exclusión cultural y la discriminación, pero siempre con resistencia a los “esencialismos” que pueden surgir, y en contra de la propensión al victimario, ambas tendencias inevitablemente estimuladas por el ambiente de una universidad intercultural. De nuevo se hace evidente la tensión entre la educación popular y la política del reconocimiento. Otro aspecto importante de la vinculación es el cambio que probablemente acarrearía el papel de los estudiantes en sus comunidades. Recordemos que la cgeib, cuando empezó a explorar esta iniciativa, mantuvo intercambios con comunidades indígenas y lo que recibió fue la preocupación por parte de las familias de que una vez que sus hijos, y sobre todo sus hijas, hubieran ido a estudiar, no volverían más, y con eso las comunidades perderían Convergencias y divergencias en la educación superior ⎥ 157

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su futuro. Ahora, si bien estos estudiantes de universidades que han sido diseñadas para estar próximas a las comunidades están volviendo a sus comunidades, vuelven con una vocación de agentes de cambio y agentes semiexternos. Dicen: “no debemos ser ni campesinistas ni tradicionalistas” y hablan de la dificultad de convivir, en su nuevo papel, con padres, niños y profesores de escuela (que tampoco han cursado curso superior). Su vuelta a casa, siendo en su mayoría mujeres, con proyectos de investigación-acción o investigación-intervención, interpone una distancia entre ellos y sus familias y vecinos, una especie de enajenación brechtiana, porque llegan con una teoría del funcionamiento de la comunidad. Y es que no han estado asistiendo a un curso rápido de concientización intercultural, sino que están inmersos por un período de años en la vida universitaria. Gunther Dietz, en su estudio, nos muestra la vinculación en la uvi bajo otra perspectiva y a partir de una época posterior. Describe un debate y cierto desacuerdo entre académicos que buscan introducir “enfoques pedagógicos constructivistas centrados en el estudiante” y, por otro lado, “activistas indígenas que rechazaban tales actitudes por ser excesivamente posmodernas”. Los activistas presionaban para que los estudiantes fueran “formados como portadores de culturas étnicas que requieren el empoderamiento del grupo a través de la trasferencia de conocimientos desde la academia a actores comunitarios”. O sea: combinaban la reivindicación de reconocimiento étnico con el modernismo de la educación tecnológica, una combinación que aparece poco en los debates antropológicos, los cuales tienden a oponer la modernidad a la identidad. El cuadro al final queda un poco confuso en esta descripción (y tal vez así fue), pero lo que aparece es que la interculturalidad no es una imposición sino más bien un espacio de debate, y que las organizaciones indígenas (que no son nombradas y de las cuales yo no había escuchado en mis dos visitas a la uvi), 20 buscaban apoyo práctico sobre todo en tecnología, más que una concientización cultural para lo cual no precisaban de cursos universitarios. Mientras los activistas indígenas buscaban herramientas prácticas para sus propios proyectos, los profesores constructivistas querían que los alumnos persiguieran y definieran ellos mismos la renovación cultural y su identidad. Las comunidades están acostumbradas a “perder” a sus jóvenes una vez que adquieren suficiente educación para encontrar trabajos fuera. Pero, en este caso, los estudiantes -por lo menos en principio- están volviendo a casa equipados con ideas adquiridas en un ambiente universitario de discusión abierta y análisis desapasionado –hábitos que podrían desestabilizar relaciones heredadas de autoridad-. No se hizo mención de esto en mis entrevistas, pero en su investigación doctoral, Karla Vivar menciona casos bastante agudos de tensión en torno a ello, como otros donde eso no sucede. Paradójicamente, esto resultaría de un proyecto que, por muy modernizante que sea, también comprende elementos de re20

Lo que no quiere decir que no hayan existido.

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cuperación de la identidad, de la historia y de las raíces. ¿Quién sabe si la idea que traen de vuelta de patrimonio cultural no choca con la que tienen sus familiares y vecinos? Aunque la realización de entrevistas individuales con estudiantes no formaba parte de mi proyecto, en cuatro instituciones los responsables organizaron conversaciones colectivas con ellos. En la unich de San Cristóbal, en mayo de 2008, pude así saber de cuatro experiencias de vinculación: entre ellas, una era un proyecto en el campo del saneamiento, y otro trataba de la diversificación de cultivos (cambiar el maíz por hortalizas utilizando fertilizantes naturales). Los otros dos eran encuestas sobre el avance de proyectos de desarrollo en las comunidades; les pregunté si los fertilizantes naturales no requerían más mano de obra que los químicos; la respuesta no tardó en venir: “volvamos de nuevo a la agricultura tradicional –que ellos [los agricultores] utilicen su conocimiento científico”. No se trataba sólo de recuperar una herencia, se trataba también de buscar un camino: “esa es la parte más importante de esta carrera, compartir tus conocimientos empíricos y los conocimientos teóricos, la gente sabe práctica, no sabe teoría; entonces, lo que pretendemos es llevar conocimientos, como están allá apagados (...) esto es una mini-iniciativa”. Lo que cabe notar en estas respuestas es la ausencia relativa de ideologización: los estudiantes no se refirieron a la superioridad o inferioridad de éste o el otro “saber”, sino que hubo un reconocimiento de los siglos de experiencia que en la agricultura han generado conocimientos y procedimientos que merecen ser escuchados. Otro reflejo de la penetración de la terminología de la interculturalidad apareció en la respuesta de un estudiante a la pregunta sobre la diferencia entre las ui y las más convencionales. Contestó utilizando el lenguaje de los constructivistas y del modelo inventado en la uaim de Sinaloa: dijo que los profesores en la ui, en vez de esperar que los alumnos simplemente aprendan lo que se escribe en la pizarra sin mayor discusión, actúan como “guías o facilitadores (…) nos hacen autodidactas; tú investigas según tu conveniencia”, y recordó que él “no tenía habito de investigar más allá de lo que decía el maestro”, pero ahora, con una frase reveladora, “nos hacen autodidactas”. Aun si este lenguaje le hubiera llegado de manos de un profesor, lo cierto es que ahora está arraigado en su mente. Contrastando con el uso de la tercera persona -algo desligado y semietnográfico- que utilizaban para referirse a los aspectos sociales de sus comunidades, cuando se trató de la lengua, los estudiantes se volcaron al uso de la primera persona, y así hicieron muestra de una capacidad lingüística emparentada con la identificación étnica. En este grupo de estudiantes cada uno empezaba, sin que yo se lo pidiera, identificándose como hablante de una u otra lengua autóctona. A partir de allí, se discutieron las experiencias que vivían al utilizar su lengua y también la idea misma de tener una lengua propia. Hablaron varias veces de las complicaciones que enfrentaban: muchas veces los padres, llegados a la ciudad, se habían alejado de la lengua nativa por vergüenza, e impusieron lo mismo a sus hijos; contaban casos, a veces autobiográficos, de maestras que “trataban mal” a alumnos por hablar Convergencias y divergencias en la educación superior ⎥ 159

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en “lengua”. Entonces, entendían que mucha gente escondía su pertenencia étnica para no ser reprobados al hablar su lengua, guardándola sólo “para ellos mismos”, como los candidatos a la uvi que escondían su conocimiento de una lengua indígena en el formulario de admisión. Otros, sin embargo, reflejaban el cambio en la cultura de la ciudad y de los hogares: una estudiante dijo que al aprender la lengua de sus abuelos –que habían migrado a San Cristóbal- y al hablarla en su familia, sentía que estaba “rescatando las raíces y volviendo a valorar nuestra cultura”. Las intervenciones reflejaron una diversidad de opiniones sobre diferentes temas: si hay prejuicio racial, o si el reconocimiento como indígenas o aun como mayas minaba las identidades diferenciadas que recobraban como tzeltal o tzotzil, etcétera. Si por un lado la conversación parecía reflejar un proceso de concientización étnica, ello iba a la par con la constatación de que la discriminación y la exclusión estaban en retroceso, en parte debido al turismo y a una explosión de lo intercultural. “Entonces” dijo, “ya se va dando, es algo normal, ha permitido que la gente se respete más, y hay respeto entre las culturas”. A su vez, consultados sobre la diferencia entre esta universidad y las otras, nadie dijo que el estudiantado tenía una composición étnica distinta. Aparte de los ejes de raza y de lengua, les planteé el tema de la cultura, y pude notar de nuevo que la percepción de diferencias culturales radicales era suavizada por una conciencia según la cual se percibía que las diferencias son movedizas en el tiempo y en el espacio. Así, se les preguntó si les parecía que gente indígena tenía “otra forma de pensar”, por lo que un participante se refirió inmediatamente a la “cosmovisión” entendida como “la religión que forma parte de sus creencias y su relación con la naturaleza”, mientras otro dijo que “partimos del hecho que somos una cultura diferente”. Pero luego, el primero volvió a hablar aludiendo a “culturas híbridas (…) la cultura religiosa que se nos fue” y después de mencionar a los “colonizadores”, también habló de la conversión de muchas comunidades al protestantismo evangélico. Es decir que en esta conversación por lo menos no se insistió en diferencias culturales y lingüísticas como muros de separación –más bien parecía que los estudiantes las veían con curiosidad, como objeto de análisis y de estudio-. Se estaban modernizando: aparte de ser vivencia, su patrimonio era objeto de estudio. Profesores de la misma unich expresaron ideas parecidas, como hemos visto, aunque con un lenguaje más elaborado. Para ellos también la palabra “retroalimentar” era la apropiada para describir la relación entre los conocimientos trasmitidos (y sin duda reformulados) por la tradición y los transmitidos en el aula. Evidentemente, el investigador tiene que interpretar el grado de repetición irreflexiva que hay en las respuestas a sus preguntas y puede equivocarse. La palabra cosmovisión, por ejemplo, se ha convertido en una especie de carta de visita del “multiculturalismo duro”, sobre todo en círculos académicos más inclinados a debates doctrinarios, pero en las conversaciones cotidianas de estudiantes puede ser menos intencionado, menos “pesado”. Así 160 ⎥ David Lehmann

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fue en la conversación en la unich, y en otra con unos estudiantes de tercer y cuarto año de la uniem en San Felipe del Progreso (Estado de México): éstos utilizaron la palabra para referirse no a un sistema de saberes o un trazado de los orígenes y el porvenir del universo, sino simplemente a una descripción de las costumbres de un pueblo, de las bendiciones para la lluvia, de los ritos e intercambios que circundaban el matrimonio, y de la religión “que forma parte de sus creencias y su relación con la naturaleza”. El pueblo del cual se trataba era su propio pueblo, los mazahua. Es decir, estaban hablando en tercera persona de un patrimonio que era el suyo pero con el cual no sentían una identificación exclusiva o excluyente porque ya estaban en el papel del estudiante que se distanciaba y se colocaba en la posición de observador.

Conclusión Las entrevistas citadas aquí se remontan entre cinco y siete años atrás, y son parte de una investigación más general sobre la propagación de la idea del multiculturalismo en América Latina. Esto me ha permitido experimentar discusiones académicas acaloradas y no siempre esclarecedoras del contexto de la práctica educacional. Me llama la atención la poca participación de las ciencias sociales (aparte de las ciencias de la educación) en el diseño de las ui: no me han dicho que antropólogos o sociólogos se negaran a participar, pero tampoco se ha dicho que fueran convocados. Ahora bien, es evidente que una vez puesto en marcha el proyecto atrajo a numerosos científicos sociales a trabajar en las ui y desde adentro ellos han ido reconfigurando el Modelo y la interculturalidad misma. Les ha tocado la suerte de una oportunidad única de construir una institución educativa de novo, y si bien evidentemente han tenido que negociar con el contexto institucional y financiero, el desafío de la interculturalidad permea sus proyectos. El sentimiento de que están embarcados en una aventura guiada por un ideal, aunque un ideal que (como todos) no es muy preciso, permeó todas las discusiones: tuve la suerte de captar un momento de creación y de búsqueda. Sería fácil -pero también equivocado- concluir diciendo que mis entrevistados mostraron que hay una gran distancia entre la teoría (lo que se escucha y se lee en congresos y revistas académicos internacionales) y la práctica. Esta búsqueda es teórica también, porque estaban descubriendo, o tal vez ya sabían y me estaban compartiendo el aprendizaje, que construir un proyecto educacional con una dimensión de concientización étnico-racial o étnico-cultural lleva a navegar en aguas agitadas, aunque no necesariamente traicioneras. Recordemos que tal proyecto requiere un elemento de relativismo, de humildad y de búsqueda que no ha sido común en la historia de la educación occidental –y menos aún en la oriental-. Nuestra tradición nos dice que educar es transmitir lo sabido de una generación a otra, por lo menos hasta culminar la primera etapa de la educación superior. Pero Convergencias y divergencias en la educación superior ⎥ 161

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la educación superior intercultural se plantea escuchar la voz del otro y del estudiante. Al mismo tiempo, y a pesar del “multiculturalismo duro” que he tenido la oportunidad de criticar, la relación pedagógica con el alumnado que ha sufrido de las “asimetrías” que hemos analizado, despierta expectativas mutuas: los estudiantes y sus comunidades pueden estar orgullosos de que sus profesores les pregunten a ellos cómo explicar la cultura de sus pueblos, pero no han perdido su anhelo de que la educación les traiga beneficios materiales. Esta aproximación se dio no sólo intelectual sino además socialmente en la medida en que –por lo menos en esos años cuando las primeras promociones se estaban todavía estudiando– ellos se conocían y compartían su vida social. La excepción fue, como siempre, la unich en San Cristóbal (en los campus satélite creados por la unich probablemente haya otra realidad que no pude conocer entonces). La interculturalidad como idea seguirá sirviendo de fuente de discusión teórica y política pero con las ui se creó otro campo de pensamiento y experimentación que dejará su huella. No es por casualidad que fue allí donde los ideales asociados con la “tradición latinoamericana de la educación popular” pudieron también volver al orden del día. La polarización en la filosofía política entre universalismo y relativismo es muy importante, porque si no guardamos las proporciones y la claridad en ese debate, se pueden propagar errores muy graves. En las ui, por mucho que el patrocinio estatal parezca complicado, la perspectiva de muy largo plazo ha favorecido la experimentación y al mismo tiempo ha llevado a los protagonistas a ver en la interculturalidad menos una oportunidad de proselitismo o de pedagogía con una dirección única, que una oportunidad para llevar al dominio de la educación pública una idea de la educación como descubrimiento que hasta entonces fue relegada al mundo de las ong, de los proyectos y del corto plazo.

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13/10/05

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (uiet)

06/09/04

Inicio de actividades

Universidad Intercultural de Chiapas (unich)

Universidad Intercultural del Estado de México (uiem)

Universidad

Lengua y Cultura Desarrollo Rural Sustentable Desarrollo Turístico

Lengua y Cultura Desarrollo Sustentable Comunicación Intercultural Turismo Alternativo

Lengua y Cultura Desarrollo Sustentable Comunicación Intercultural

Licenciaturas o ingenierías

Chol Yokotan Zoque Tzotzil Español (No HLI)

Tzeltal Tzotzil Chol Zoque Tojolabal Zapoteco Mame Akateco Español (No HLI)

Mazahua Otomí Tlahuica Matlatzinca Mixteco Náhuatl Mismito Español (No HLI)

Lenguas

232

571

164

h

215

601

322

m

Matrícula por sexo (agosto 2008 / febrero 2009)

447

1172

486

M. total 2008/2009

332

809

640

h

257

920

396

m

Matrícula por sexo (agosto 2013 / julio 2014)

589

1729

1036

M. total 2008/2009

Mayo 2007 Mayo 2008

Diciembre 2006 Mayo 2008

Mayo 2008

Fecha de visita

Anexo 1 Tabla 1 Matrícula total de las Universidades Interculturales en México, ciclos escolares 2008/2009 y 2013-2014

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Libro RMCPyS 223.indb 166

Segundo semestre de 2005

20/08/06

Universidad Intercultural del Estado de Puebla (uiep)

Inicio de actividades

Universidad Veracruzana Intercultural (uvi)

Universidad

(continuación)

Náhuatl Otomí Huasteco Tepehua Totonaca Zapoteco Zoque Popoluca Mixe Chinanteco Inglés Francés Otro Español (No HLI)

Lenguas

Lengua y Cultura Totonaco Desarrollo Náhuatl Sustentable Popoloca Mixteco Español (No HLI)

Gestión Intercultural para el Desarrollo. Cinco Orientaciones o Campos de Formación Profesional: Comunicación Salud Derechos Sustentabilidad Lenguas Maestría en Educación Intercultural

Licenciaturas o ingenierías

149

263

h

173

418

m

Matrícula por sexo (agosto 2008 / febrero 2009)

322

681

M. total 2008/2009

122

164

h

127

120

m

Matrícula por sexo (agosto 2013 / julio 2014)

249

284

M. total 2008/2009

n/a

Mayo 2007 Mayo 2008

Fecha de visita

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 223 ⎥ enero-abril de 2015 ⎥ pp. 133-170⎥ ISSN-0185-1918

166 ⎥ David Lehmann

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Libro RMCPyS 223.indb 167

Universidad Autónoma Indígena de México (uaim)

Universidad

(continuación)

2001

Inicio de actividades

Psicología Social Comunitaria Turismo Empresarial Sociología Rural Derecho Contaduría Ingenierías: Sistemas Computacionales Sistemas Forestales Sistemas de Calidad Desarrollo Sustentable Maestrías: Ciencias Sociales Educación Social Economía y Negocios Gestión de Desarrollo Municipal Ciencias en Desarrollo Sustentable de Recursos Naturales

Licenciaturas o ingenierías

Yoreme Kiliwa Mocho Purépecha Rarámuri Chol Tzeltal Tzotzil Zoque Chinanteca Chatina Mixteco Zapoteco Mixe Kichwa Kariña Pemon Cora Chaima Guarijio Huichol Kumiai Mam Maya Náhuatl Tepehuano Totonaca Trique Tarahumara

Lenguas

882

h 882

m

Matrícula por sexo (agosto 2008 / febrero 2009) 1714

M. total 2008/2009

1549

h 1641

m

Matrícula por sexo (agosto 2013 / julio 2014) 1641

M. total 2008/2009

Dic. 2006 Dic. 2008

Fecha de visita

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 223 ⎥ enero-abril de 2015 ⎥ pp. 133-170⎥ ISSN-0185-1918

Convergencias y divergencias en la educación superior ⎥ 167

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Libro RMCPyS 223.indb 168

2001

Septiembre de 2007

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (uiim)

Inicio de actividades

Universidad Autónoma Indígena de México (uaim)

Universidad

(continuación)

Yaqui Español

Lenguas

Lengua y Cultura Purépecha Gestión Mazahua Municipal Español (No HLI)

Estudios para la paz, la interculturalidad y la democracia Educación para la paz y la convivencia Escolar Doctorado: Ciencias Sociales Ciencias en Desarrollo Sustentable de Recursos Naturales Estudios para la paz, la interculturalidad y la democracia Educación para la paz y la convivencia escolar

Licenciaturas o ingenierías

117

882

h

180

882

m

Matrícula por sexo (agosto 2008 / febrero 2009)

297

1714

M. total 2008/2009

291

1549

h

285

1641

m

Matrícula por sexo (agosto 2013 / julio 2014) Dic. 2006 Dic. 2008

Fecha de visita

576 n/a (no incluye estudiantes de maestría)

1641

M. total 2008/2009

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 223 ⎥ enero-abril de 2015 ⎥ pp. 133-170⎥ ISSN-0185-1918

168 ⎥ David Lehmann

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Libro RMCPyS 223.indb 169

Agosto de 2007

20/09/07

Agosto de 2012

Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG)

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo

Inicio de actividades

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (uiimqroo)

Universidad

(continuación) Lenguas

Desarrollo Sustentable Lengua y Cultura Gestión Comunitaria y Gobiernos Locales

Nuhu Tepehua Náhuatl Hñahñu Español (No HLI)

Lengua y Cultura Me´phaa Desarrollo Rural Náhuatl Sustentable Tu´unsavi Español (No HLI)

Lengua y Cultura Maya Ing. en Sistemas Español de Producción (No HLI) Turismo Alternativo

Licenciaturas o ingenierías

57

199

h

108

201

m

Matrícula por sexo (agosto 2008 / febrero 2009)

165

400

M. total 2008/2009

92

258

230

h

74

216

288

m

Matrícula por sexo (agosto 2013 / julio 2014)

166

474

518

M. total 2008/2009

n/a

n/a

n/a

Fecha de visita

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 223 ⎥ enero-abril de 2015 ⎥ pp. 133-170⎥ ISSN-0185-1918

Convergencias y divergencias en la educación superior ⎥ 169

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Libro RMCPyS 223.indb 170

Informática Administrativa Derecho Derecho con Orientación en Asuntos Indígenas Antropología Desarrollo Económico Regional Salud Comunitaria Turismo Sustentable Lenguas Indígenas Administración Pública Municipal Ingeniaría Industrial

Licenciaturas o ingenierías

Total número de estudiantes

2011

Inicio de actividades

Náhuatl Tenek Xi’oi Otomí Español (No HLI)

Lenguas

Fuente: cgeib, Secretaría de Educación Pública (2008).

Universidad Intercultural de San Luis Potosí (uislp) (11 Sedes)

Universidad

(continuación)

2634

h

3050

m

Matrícula por sexo (agosto 2008 / febrero 2009)

5684

M. total 2008/2009

5857

1278

h

5105

913

m

Matrícula por sexo (agosto 2013 / julio 2014)

10962

2191

M. total 2008/2009

Fecha de visita

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 223 ⎥ enero-abril de 2015 ⎥ pp. 133-170⎥ ISSN-0185-1918

170 ⎥ David Lehmann

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Bajo materialismo y surrealismo El debate Bataille-Breton Base Materialism and Surrealism The Bataille-Breton Discussion Noelia Denise Dunan∗ José Taurel Xifra∗∗ Recibido el 5 de marzo de 2014 Aceptado el 9 de septiembre de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

Hacia 1923 Georges Bataille era un joven desconocido que comenzaba a entablar amistades y también enemistades en el núcleo del movimiento surrealista e intelectual de París. Alentado por algunos de aquellos vínculos, lee a Mauss y Durkheim, Nietzsche y Freud y, comienza a delinear un pensamiento que se plasmará en la creación de Documents. Resulta difícil comprender la relevancia de esta revista y la producción batailleana sin referir a sus primeras lecturas y al debate que tempranamente entabló con el máximo exponente del movimiento surrealista, André Breton. Bataille coordinó allí un grupo de disidentes y convirtió la publicación en una máquina contra el surrealismo. El presente artículo desarrolla la

By 1923, Georges Bataille was an unknown young man who was beginning to make friends and enemies within the surrealist and intellectual movement of Paris. Encouraged by some of those acquaintances, he reads Mauss and Durkheim, Nietzsche and Freud, thus shaping a thought that will be reflected in the creation of Documents. The relevance of this journal and Bataille’s works would be hardly understood without drawing attention to his first readings and the debate he engaged in early on with the major exponent of the surrealist movement, André Breton. There, Bataille coordinated a group of dissidents and turned the journal into a weapon against surrealism. This article ex-

∗

Licenciada en sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, (Argentina). Ayudante en la asignatura “Lenguaje. Deseo. Cultura. Teorías sociales estructuralistas y posestructuralistas”. Correo electrónico: noeliadunan@gmail.com ∗∗   Estudiante de maestría en sociología de la cultura y el análisis cultural en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín, (Argentina). Licenciado en sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Investigador en el proyecto “El problema de la prohibición, la transgresión y el castigo”, Instituto de Investigación Gino Germani, uba. Sus líneas de investigación son: teoría sociológica clásica y teoría social en la obra de Georges Bataille. Autor del capítulo “La dialéctica del cuerpo” del libro Marx manuscrito (2013), del cual es su compilador. Correo electrónico: joseltaurel@yahoo.com.ar

Bajo materialismo

Libro RMCPyS 223.indb 171

y surrealismo

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formación de Bataille para hacer hincapié en la categoría de bajo materialismo construida en tensión entre el idealismo surrealista y los distintos materialismos. Así puede verse que Documents y el bajo materialismo conjugan las preocupaciones que perseguirá toda su vida.

amines Bataille’s development, highlighting the concept of “base materialism” that was built as a tension between the surrealist’s idealism and the different forms of materialism. Thus it is shown that Documents and base materialism combine the issues that will concern Bataille throughout his life.

Palabras clave: Documents; bajo materialismo; surrealismo; Georges Bataille; André Breton.

Keywords: Documents; base materialism; surrealism ; Georges Bataille; André Breton.

Introducción Es habitual caracterizar la producción de Bataille como múltiple y dispersa o asistemática. Sin embargo, desde sus primeros escritos cuando ejercía de secretario general de Documents, se puede seguir el trazo de ciertas preocupaciones recurrentes a lo largo de su vida. Su labor intelectual comenzó en los agitados años veinte parisinos en un ambiente donde el surrealismo acaparaba la atención junto con las expectativas teóricas y estéticas. Bataille construyó la revista en un espacio donde articuló a un grupo de disidentes de este movimiento y elaboró una férrea crítica a sus posturas. No obstante, es menester evitar un lugar común en el que el debate con el surrealismo se presenta como un enfrentamiento personal entre el autor de El erotismo contra Breton, pues se enmarca en una toma de posición acorde a los conflictos políticos y sociales del momento. Ambos buscaban el camino para poner las fuerzas de la vanguardia estética al servicio de la revolución y militaban en contra del fascismo. En este contexto, desde las páginas de Documents, Bataille, inició su participación pública como intelectual y publicó sus primeros artículos a la vez que entabló una intensa polémica cuyo resultado será el ordenamiento de ciertos intereses y preocupaciones, que se condensaron en la categoría de “bajo materialismo”. Llamativamente, luego del cierre de la revista y junto con el ascenso del fascismo, quien fuera su secretario, reorganizó los elementos presentes en el bajo materialismo y dio a luz tres artículos que explicaban la realidad política: “La noción de gasto”, “El problema del Estado” y “La estructura psicológica del fascismo”. En el presente artículo se busca describir tanto los pasos iniciales de la formación de Bataille, como las condiciones de emergencia del bajo materialismo. A continuación, se ahonda en las particularidades de éste, en tanto doble movimiento por el cual critica al idealismo, al tiempo que se diferencia de él y denuncia otras versiones de materialismo.

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y José

Taurel Xifra

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Primeras lecturas y acercamiento al surrealismo Es en 1923 cuando se puede establecer el final de su compromiso religioso y el comienzo de una serie de lecturas (Freud –principalmente Tótem y tabú-, Dostoievski, Kierkegaard, Sade, Pascal, Platón, Hegel y Lautremont) y amistades. Sabemos lo peligroso que puede resultar establecer relaciones directas entre la vida de un escritor y sus textos, sin embargo en el caso de Bataille resulta indispensable mencionar quiénes fueron sus amigos y sus enemigos, ya que también ellos fueron sus interlocutores. Buena parte de su obra nació en diálogo (amistoso o en disputa) con ellos. Tal es el caso de Alfred Métreaux (con quien compartió unos años en la École des Chartes, antes de cambiar su rumbo académico y decidirse por la antropología), quien lo introdujo en la historia de las religiones y la antropología. A él debe su lectura de Marcel Mauss y la posibilidad de sentirse seguro al momento de hablar sobre el tabú y la transgresión. Así como Métreaux fue el puente entre Bataille y Mauss, Lev Shestov lo fue entre él y Dostoievsky, Tolstoi, Pascal y Nietzsche. Ya había tenido un primer contacto con los textos de Nietzsche, pero esto había sido en un marco de cercanía con la fe católica. Shestov fue el responsable de que abandonara una lectura poética (idealizada) de Nietzsche y se convirtiera en un ferviente militante del anti idealismo. Para él el idealismo no era más que evasión ilusoria de aquello inexorable en la vida de los individuos: la muerte. Después de haber emigrado de la Unión Soviética, Shestov no creía que algo así como una “buena sociedad” existiera; Bataille aprendería de él que “la violencia del pensamiento humano no es nada sin su cumplimiento” (Kendall, 2007: 41). Años después, Bataille dirá de Sade aquello que Shestov había predicado sobre Dostoievsky: “era el único en todo el universo en envidiar la majestuosa moral del criminal” (Surya, 2002: 60). El año 1924 fue importante por dos motivos: conoció a Michel Leiris –uno de sus amigos más cercanos a lo largo de toda su vida- y comenzó su ambivalente relación con el surrealismo y los surrealistas. Quien los presentó fue Jacques Lavaud (colega de Bataille en la Biblioteca Nacional de París y viejo amigo de Leiris) y el primer sentimiento fue de admiración mutua: “admiraba su cultura, su espíritu inconformista signado por lo que todavía no se había convenido en llamar humor negro. Me atraía la apariencia exterior del personaje, más bien delgado y de aspecto a la vez moderno y romántico” (Bataille-Leiris, 2008:15). Lo que Leiris pensaba en un primer momento de Bataille no era muy distinto de lo que había pensado Métreaux al conocerlo: una mente inconformista, nada bohemio, con la elegancia propia de un dandy, un dandy cínico. Los tres tuvieron la intención de fundar un movimiento literario y una revista sobre los cuales, en palabras del propio Bataille, nunca tuvieron “más que ideas bastante vanas” (Bataille-Leiris, 2008: 48). El movimiento se llamaría “Oui” en oposición al “Non” de los dadaístas. Según Leiris, Paul Valery, a quien Bataille juzgaba como el representante más perfecto del academicismo, era para él –en virtud de esa misma perfección– el enemigo número uno. Bajo materialismo

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y surrealismo

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Tampoco el espíritu de Dadá resultaba de su agrado y hablaba de la oportunidad que habría para lanzar un movimiento “Sí”, que implicaría un perpetuo consentimiento a todas las cosas y que tendría sobre el movimiento “No” que había sido Dadá la superioridad de escapar de lo pueril que tiene una negación sistemáticamente provocativa (Bataille-Leiris, 2008: 16). Donde ellos decían “no”, Bataille decía “sí”; sí a la existencia de todas las posibilidades, incluso las imposibles de imaginar. Habían decidido establecer como sede de redacción un burdel del viejo barrio de Saint-Denis con la intención de asociar al personal femenino a la redacción de la misma. Pero la imaginada revista nunca vio la luz. En octubre de ese mismo año, André Breton publica el Primer manifiesto surrealista. Un texto mayormente expositivo en el que se presentan los principios del movimiento. Aquí no sólo se define al surrealismo como una escuela literaria, sino como una concepción del mundo.1 En esa concepción se jerarquizan valores tales como la imaginación, la belleza, lo maravilloso, lo elevado, la acción creadora y el amor. La importancia concedida a estos valores se ve claramente plasmada en las páginas del Primer Manifiesto, donde aquello que es rescatado positivamente por el surrealismo es lo que más se aleja de lo material (lo bajo) para acercarse a una forma pura e ideal (lo alto). Al discutir con aquellos que pretendían ridiculizar lo maravilloso, Breton dirá: “terminemos de una vez: lo maravilloso es siempre bello, cualquier especie de maravilloso es bello, y no hay nada fuera de lo maravilloso que sea bello” (Breton, 2001: 31). Bataille percibe con preocupación la búsqueda de formas idealizadas o puras, y es allí donde se emplazará su crítica al surrealismo y el punto de partida para el desarrollo del concepto de bajo materialismo. Tan sólo un mes después Leiris se unió al movimiento y Bataille se sintió traicionado: “Leiris ingresó en el grupo surrealista y dejamos de hablar al respecto: creo que la amplitud y la dureza del movimiento naciente le produjeron un shock” (Bataille-Leiris, 2008: 49). El amigo realizó insistentes esfuerzos por acercarlo al surrealismo, especialmente a las reuniones que tenían lugar en el taller del pintor André Masson en la calle Blomet. Junto con estos surrealistas, Bataille discutía textos de Dostoievsky, Nietzsche y Sade, pero su relación con quien fuera el líder del movimiento fue ambivalente. Su actitud desconfiada del principio se volvería, poco tiempo después, abiertamente hostil. “Rápidamente pensaba que la atmósfera del surrealismo me paralizaría y me ahogaría. No podía respirar dentro de esa atmósfera de ostentación” (Bataille-Leiris, 2008: 49). Dos meses después del Primer Manifiesto se publicó el primer número de La Révolution Surréaliste. Los primeros números juntaron a intelectuales y artistas con trayectorias muy disímiles alrededor de la figura de Breton. El grupo de la calle Blomet (un grupo sin líder ni revista, el grupo disidente, como lo deno1

También se definen sus enemigos, “la actitud realista inspirada en el positivismo de Anatole France se me revela con un aspecto hostil hacia todo vuelo intelectual y ético. Me causa repulsión porque está constituida por una mezcla de mediocridad, odio y chata suficiencia” (Breton, 2001: 22).

174 ⎥ Noelia Denise Dunan

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y José

Taurel Xifra

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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 223 ⎥ enero-abril de 2015 ⎥ pp. 171-190⎥ ISSN-0185-1918

minaría Masson), se unió al liderado por Breton. Ambos diferían en cuanto a sus opiniones acerca de Dostoievsky y Nietzsche, pero –quizás más importante- disentían en los medios con los cuales lograr ciertas metas. En el grupo de la calle Blomet la cuestión moral no era un tema relevante y no se juzgaba a nadie por algo más allá de su trabajo. Por el contrario, la lucha por la afirmación de una moral era para Breton un objetivo torturante, ya que no podía tolerar la bohemia y el exceso, el libertinaje y la poligamia. La única contribución de Bataille a La Révolution Surréaliste consistió en la presentación de una selección de fratasies,2 que se publicó en el número 6 con una nota suya que no está firmada, ni siquiera con sus iniciales. Si bien el texto recibió los elogios de Breton, la relación siguió siendo de mutua hostilidad. Aquello por lo cual el grupo de la calle Blomet disentía con el líder, en Bataille constituía un verdadero obstáculo para acercarse al movimiento. El “contagio” del surrealismo lo dejó cada vez más solo, alejándolo, incluso, de quienes eran sus amigos más cercanos. En sus propias palabras: Aquello que la actitud, el cambio que se había producido en Leiris me hacía saber, lo percibí primero de manera oscura, pero muy pronto iba a tener una sensación clara al respecto: era un terror moral que surgía de la brutalidad y de la habilidad de un conductor (…) Estaba de pronto ante personas que habían asumido el tono de la autoridad, que habían encontrado en sí mismas -¿por cansancio?, por tedio, ¡pero sin actuar!-, que habían incluso deseado esa voz tajante, ajena a todo (Bataille-Leiris, 2008:50).

Durante esos primeros años del movimiento, Bataille trató de alejar a Leiris del surrealismo, Leiris trató de acercarlo. Gracias a su relación con algunos de los miembros del movimiento surrealista, llega a conocer al Dr. Adrien Borel quien le mostrará unas imágenes que desempeñarán un papel decisivo en su vida. Borel le facilita una fotografía de Louis Carpeaux, tomada en 1905 y reproducida en el Tratado de psicología de Georges Dumas. En ella se veía el suplicio de un chino, acusado de haber asesinado al príncipe y condenado por el emperador a ser despedazado en cien trozos. Lo que Bataille veía materializarse súbitamente en esa fotografía “era la identidad de esos perfectos contrarios que oponen al éxtasis divino un horror extremo” (Roudinesco, 2012: 186); descubrió en el tormento de los cien trozos el enigma del dolor y el gozo. Luego de su estadía en el monasterio de Quarr Abbey se había vuelto devoto lector de Le latin mystique de Rémy de Gourmont. El libro compilaba las historias de los más importantes mártires de la Edad Media con el objetivo de empujar a las almas impías a renunciar a la carne (no tanto porque fuera odiosa, sino porque era atemorizante). La carne no era más que enfermedad y dolor, y estaba condenada a pudrirse. 2

“Género poético basado en los juegos de palabras que floreció en el siglo xii en los ambientes cortesanos franceses” (Surya, 2002: 18).

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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LX, núm. 223 ⎥ enero-abril de 2015 ⎥ pp. 171-190⎥ ISSN-0185-1918

La carne cristiana era una carne mortal. Si Bataille había retenido algo de sus años de cristianismo era ese sentimiento ambivalente que despierta la carne, que no puede ser amada sin generar repugnancia, sin ver en ella la muerte a la que está destinada. El terror que ella inspira es tan grande como su belleza. Aquello que despertó su interés en 1919 con el libro de Gourmont reaparece en 1925 con la fascinación por el horror de la foto de Carpeaux. Tal como lo manifestara Leiris, Bataille aún no se había revelado como escritor, sólo podía jactarse de un buen artículo aparecido en Cahiers de la République des Lettres de Sciences et Arts bajo el título de “América desaparecida”3 (Bataille, 1928) motivado para publicitar la exposición “Las artes antiguas de América” organizada por Alfred Métraux y George Riviere,4 y algunas colaboraciones sobre numismática para la revista de arte y arqueología Aréthuse. Es durante este año, 1926, que comienza a escribir su primer libro: W.C. Aunque nunca fue publicado como tal, fue el primero del que quiso hablar y reconocería como propio. Leiris comenta al respecto: “me habló de una novela donde se representaba bajo la apariencia del famoso asesino Georges Tropmann (su homónimo parcial), pero que luego tomó la forma de un relato en primera persona” (Bataille-Leiris, 2008: 17). Resulta un poco confuso saber qué fue lo que finalmente sucedió con este manuscrito. Él mismo aseveró haberlo destruido por considerarlo “demasiada literatura de loco”, pero luego “reapareció” en 1945 como introducción de otro de sus libros: El azul del cielo. Uno de sus amigos, el Dr. Dausse, encuentra sus escritos obsesivos y perturbadores y lo anima a empezar terapia con Borel, quien alentó a Bataille a escribir y, según comenta Roudinesco, la Historia del ojo fue comentado en cada sesión. “El primer libro que escribí no pude escribirlo más que psicoanalizado”, dijo en la mentada entrevista. Por el resto de su vida mantuvo con Borel una relación amistosa, a punto tal que le dirigió el primer ejemplar numerado de cada uno de los libros que publicó. Ni una sola línea de sus textos menciona su primer encuentro ni su relación con Sylvia Maklès. Se conocieron en 1927 (probablemente en el taller de Raymond Queneau) y se casaron al año siguiente. En su círculo de amigos se preguntaban si la vida conyugal haría a Bataille renunciar a las orgías y los burdeles. Uno estaría autorizado a creer que no, a juzgar por lo que varios coinciden en identificar como la única alusión específica en El azul del cielo: “me he portado como un cobarde con toda la gente que he amado. Mi mujer fue abnegada conmigo. Se volvía loca por mí, mientras yo la engañaba” (Roudinesco, 2012: 192). 3

Ensayo en el que compara al Estado “burocrático” incaico con el “exceso monstruoso” de la cultura azteca.   “La luz, el sol, la broma, la sangre, el sacrificio, la muerte fueron temas presentes en El ano solar y El ojo pineal. Los aztecas le dieron la oportunidad de considerarlos de otra manera, desde otro ángulo, legitimados por la etnografía. Los dioses mexicanos lo abrumaban: religiosos al punto del horror preferían lo amargo de sus dioses crueles a la dulzura del dios de los cristianos. Para ellos la muerte no era nada, o mejor que nada algo por lo que tenían una avidez tentadora. Una religión que recurre al amor a la muerte tiene una inconmensurable ventaja sobre el cristianismo que se doblega, juzga, llora y aterroriza. La antropología no contradiría estas ideas; Bataille estaba adelantado a su tiempo” (Surya, 2002: 138). 4

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En el año de su casamiento, finalmente publicó su primera novela, Historia del ojo, aunque lo hizo bajo el seudónimo de Lord Auch.5 La novela tuvo dos versiones. La primera fue publicada en 1928 (aunque recién le será atribuida años después de su muerte, en 1967), con ocho litografías de André Masson. La segunda, de 1944, fue ilustrada con seis aguafuertes de Hans Bellmer. Historia del ojo dejó atónitos a varios surrealistas, entre ellos a Breton que en ese mismo año había publicado una novela que él mismo calificara como de “amor loco”, Nadja. Sendas novelas ponen de manifiesto las concepciones completamente distintas que uno y otro tenía del amor y el erotismo. Breton narra una verdadera historia de amor donde las fotografías y los dibujos muestran lo que el autor no podría decir en palabras. Es ese amor monógamo, exclusivo, singular y electivo el que justifica el erotismo; en ese esquema la existencia de un tercero resulta inconcebible para Breton. Bataille, en cambio, considera el “libertinaje” (debauchery) como suficiente justificación; el amor aviva el exceso. Historia del ojo es una novela sobre el “eros negro” cuyo eje no es el amor sino el exceso, la angustia y la muerte (Assandri, 2007). Las divergencias entre ambos podrían sintetizarse en las lecturas que cada uno de ellos hace del marqués de Sade. Bataille veía el prestigio del que gozaba entre los surrealistas como un fraude. Creía que éstos no estaban autorizados a reivindicarse sadeanos, ya que lo colocaban en un altar y hacían de él una figura inmaculada. Le resultaba imposible conciliar el discurso libertino de Sade, para el cual los seres humanos son presa de los deseos físicos, con un hombre como Breton a quien consideraba un mojigato que odiaba el libertinaje, que encontraba los burdeles repulsivos, que defendía la monogamia, el amor más puro y el erotismo menos degenerado. No es casual que en esos años Bataille haya estado trabajando en un texto que nunca llegó a publicar en vida, “El valor de uso de d.a.f. de Sade”. Originalmente pensado como pieza fundamental de un almanaque erótico en el que trabajaría junto con André Masson (que tampoco vio la luz), se constituyó en un programa de estudio de la materia baja que denominó heterología. Aquí realiza una crítica del uso que los surrealistas hacen del escritor maldito. Al ubicarlo en un pedestal y apartarlo de su propia obra, le dan el tratamiento que se le da a algo ajeno que es vivenciado como un cuerpo extraño. En contrapartida, la propuesta batailleana es apropiárselo, realizar el valor de uso del marqués, hacerlo parte de su propia escritura. Apropiación por un lado, excreción, por el otro. Ambas categorías dividen el mundo de los hechos sociales y fundamentan el programa de la heterología. Una dicotomía que comenzó a forjarse en las páginas de su primera aventura editorial.

5

El seudónimo elegido para este libro resulta tan provocador como el texto mismo. “Lord”, que significa “señor” o “dios”, y “auch” que remite a la frase “aux chiottes” que podría ser traducida como “al inodoro” o “a la mierda”. “A la mierda con dios” sería la traducción literal (Mattoni, 2011).

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El nacimiento de Documents La labor desarrollada en Documents será el primer escalón de relevancia en la trayectoria intelectual de Bataille. No sólo porque, designado formalmente secretario general, en los hechos actuó como editor de la revista en la que contribuyeron personajes importantes.6 Sino porque además fue en estas páginas donde aparecieron, si bien en estado embrionario, los temas y problemáticas que desarrollaría a lo largo de su vida. El proyecto nació de los editores de Aréthuse, Jean Babelon y Pierre d’Espézel, como una propuesta para el coleccionista y comerciante de obras de arte, George Wildenstein, de reemplazar la vieja publicación. Aunque la idea original no provino de Bataille, al poco tiempo le imprimiría su sello distintivo. La propuesta también incluía extender a la etnografía su campo de interés. En la revista participarán un amplio abanico de disciplinas y tradiciones. Habitarán en sus páginas curadores, artistas, etnógrafos, historiadores, con el objetivo de lograr una revista científica seria. Es menester aclarar que la asociación entre etnología y arte no era ni pretendió ser una innovación, pues esa combinación no era rara en los años veinte. El aporte de Documents fue que confrontaba por primera vez etnólogos profesionales con artistas modernos. El comité editorial trató de garantizar la seriedad convocando a George H. Riviere (quien por el momento ostentaba el puesto de subdirector del Museo de Etnografía del Trocadero) para el cargo de director. También merece ser destacada la participación de Carl Einstein7 cuyo rol ha quedado sin precisar. Bataille, en una nota que le dirige a Breton, lo menciona como editor, aunque en varios números no aparece como tal. Recientemente llegado de Berlín y con una destacada trayectoria intelectual en Alemania como historiador del arte, se puede encontrar un indicio de la importancia de su función en el incremento que fueron teniendo las colaboraciones alemanas, de las que él fue el principal promotor.8 De esta manera comenzó a tomar forma. En el clásico artículo sobre la revista, publicado como introducción a la versión facsimilar, Denis Hollier (2005) afirma que fue Bataille quien sugirió el título, que para sus fundadores cobraba el estatus de un programa, casi de un contrato. La palabra “document” había aparecido en la presentación de L’odre de chevalerie, su tesis de 1922 en la École des Chartes. Pero aquello que se planeó como una revista formal sobre arte y etnografía, rápidamente bajo la impronta de Bataille cobraría otra fisonomía. 6

Algunos de sus participantes fueron: Jean Babelon y Pierre D’Espezel, Georges Henri Rivière y Paul Rivet, Marcel Griaule, André Schaeffner y, en un número, un joven Claude Lévi Strauss (bajo el seudónimo de G. Monnet). Gradualmente, otro grupo de escritores y fotógrafos comenzarán a aparecer en las páginas de la revista con cada vez mayor frecuencia: disidentes surrealistas en su mayor parte, muchos de los cuales habían sido excluidos del movimiento y atacados en el Segundo manifiesto. Tal es el caso de Pierre d’Espezel y Jean Babelon, que también eran amigos de Bataille (Kendall, 2007: 70-71). 7   Junto con Bataille y Leiris, fue quien más contribuciones realizó. 8   Para mayor detalle del vínculo de Carl Einstein con Documents, véase: Joyce (2002).

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Quizá el observador atento podría haber previsto el rumbo que tomaría la empresa al examinar cuidadosamente los nombres de los colaboradores y su procedencia. En torno a Bataille, se habían reunido un grupo de surrealistas disidentes como Georges Limbour, Jacques-André Boiffard, Roger Vitrac y Robert Desnos. Estos jóvenes que ingresaron al comité editorial generaron una tensión al interior de éste, porque enfrente se encontraban los miembros más antiguos y conservadores. Sin planearlo, denodadamente se reunió el mundo de la vida del día y de la noche de Bataille. Juntó radicales y reaccionarios, viejos respetados y jóvenes impertinentes, también exponentes de diferentes disciplinas hostiles entre sí. Y aunque al principio primó la cautela, ya convergían los ingredientes para obtener, según la calificó Leiris, una revista “imposible” pues sus: (…) colaboradores provenían de los horizontes más diferentes puesto que algunos escritores situados en un punto extremo –la mayoría, tránsfugas del surrealismo reunidos en torno a Bataille- se codeaban con representantes de disciplinas muy variadas (historia del arte, musicología, arqueología, etnología, etc.), algunos de los cuales eran miembros del Instituto o bien pertenecían al personal jerárquico de museos y bibliotecas. Una mixtura precisamente imposible (Bataille-Leiris, 2008: 19).

Otra característica de Documents, que merece ser destacada, fue el particular método puesto en práctica para analizar las obras de arte. Sustentado en el heteróclito conjunto de disciplinas que la integraban, se apartó de la tendencia clásica de análisis, la cual se centraba en la forma del objeto aislándolo del contexto de creación, y recurrió a un ejercicio interdisciplinario donde, la etnografía se encargaba de poner el valor de la obra de arte en relación con su propia cultura. Documents tendría como plataforma la resistencia hacia el punto de vista estético, una resistencia que es la primera connotación de su título. Un documento es un objeto desprovisto de valor artístico. Desprovisto o despojado dependiendo de si alguna vez tuvo o no valor artístico alguno. El resultado fue que ambas perspectivas se complementaban mutuamente en las páginas. Pero la etnología no tenía la última palabra, pues ésta quedaba sometida al juicio crítico de la historia, logrando así, un análisis científico riguroso. Documents también dejó su huella por su prolífico estilo en el uso de las imágenes. Desde el inicio, las fotografías de objetos de arte de museos o étnicos adquirieron un rol central, no sólo por cantidad sino porque se presentaban como el complemento necesario del texto. La organización de los artículos acompañados por fotografías perseguía una comprensión en conjunto que difícilmente se lograría aislando los elementos. Un claro ejemplo de esto se puede encontrar en la intervención del propio Bataille en el primer número (Año I) que apareció en abril de 1929, donde toma figuras de caballos acuñados en monedas por dos culturas distintas, unas griegas y otras galas. “El caballo académico” no respondía a un pacato interés por comparar la forma de representación del caballo en dos culturas distintas, Bajo materialismo

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sino que el núcleo central consistía en poner en evidencia la noción de belleza ideal que proveniente de Grecia que irradia y domina el imaginario artístico de esos años, incluido el surrealismo. La argumentación batailleana se apoya en las imágenes que acompañan la nota otorgándole un valor extra. A las siluetas de los caballos griegos esbeltos se le oponen como una burla de mal gusto la imagen de los caballos creada por los galos. A partir del contrapunto, Bataille detecta dos tipos de formas que permean la vida social: la académica, por un lado, a la que se oponen las formas barrocas, dementes o bárbaras, por otro. Estas figuras equinas deformes transgreden el estereotipo: Desde el siglo iv a. C., los galos, que habían utilizado para sus intercambios comerciales algunas monedas importadas, comenzaron a acuñar las propias copiando ciertos modelos griegos, en particular unos diseños que tenían en el reverso la representación de un caballo (como las estatuas de oro macedónicas). Pero sus imitaciones no sólo presentan las deformaciones bárbaras habituales que derivan de la torpeza del grabador. Los caballos dementes imaginados por las diversas tribus no dependen tanto de una falla técnica como de una extravagancia positiva, llevando siempre hasta sus consecuencias más absurdas una primera interpretación esquemática (Bataille, 2003: 14-15).

En estas líneas, Bataille comienza a desarrollar una idea que no sólo caracterizará a Documents, sino a su futura producción. Aludimos a su ataque contra el idealismo en sí mismo y, contra el idealismo que subyace en los diversos materialismos. De allí que Documents actuara como máquina de guerra contra las ideas preconcebidas y, contra aquello que Bataille identificaba como la tendencia idealista a caracterizar lo excesivo y lo defectuoso en términos de carencia o como una desmesura negativa. Apoyado por el grupo de disidentes que lo acompañaban, sumado al estímulo de jóvenes artistas, su anti idealismo se enardeció. Luego del primer número, uno de los fundadores (Pierre d’Espézel), manifiesta por carta a Bataille su completo desacuerdo con la publicación: “Después de lo que he visto hasta ahora, el título que he elegido para esta revista apenas se justifica, excepto en el sentido que nos da Documents acerca de su estado mental” (Surya, 2002: 118). Es un claro ejemplo del raro clima que se vivía en la revista, que aún así se mantuvo (o empeoró) en esa línea.

El bajo materialismo: un materialismo a la Bataille Tanto Breton como Bataille prestaron especial atención al concepto de materialismo. Uno de los principales puntos de divergencia lo constituyó la relación que cada uno de ellos estableció con la interpretación de la dialéctica hegeliana. Mientras que el primero la concebía 180 ⎥ Noelia Denise Dunan

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como un movimiento ascendente de reconciliación de los contrarios, el segundo proponía un materialismo desdialectizado donde las oposiciones (ya no contradicciones) no se resolvían de manera definitiva. Frente al afán surrealista por idealizar el materialismo, Bataille proponía rematerializarlo. Pero, siguiendo la pregunta de Macherey (2003) ¿cómo podría revalorizar la materia/lo bajo sin recaer en una nueva idealización? ¿Cómo darle relevancia a la materia sin colocarla en el lugar que los surrealistas le asignaban a la idea? Bataille desarrolla un esbozo de tesis propia sobre el materialismo. Su objetivo es desprenderse del materialismo ontológico, que ubica a la materia como la cosa en sí, “pues ante todo se trata de no someterse, ni uno mismo ni su razón, a algo que sería más elevado” (Bataille, 2003: 62). Los materialismos (el dialéctico, el mecánico, el ontológico)9 se encuentran preñados de idealismo y por tal motivo, limitados por la razón que los engendra. De allí que la búsqueda por un materialismo distinto derive en una apelación de aquello que venía insinuando, es decir: la “materia baja”. La cual es “exterior y extraña a las aspiraciones ideales humanas y se niega a dejarse reducir a las grandes máquinas ontológicas que resultan de esas aspiraciones” (Ibíd., 2003: 62). El objetivo es hallar una materia que no limite. En esto fundamenta su ataque al surrealismo, a pesar de no nombrarlo: “las representaciones plásticas son la expresión de un materialismo intransigente que recurre a todo lo que compromete a los poderes establecidos en materia de forma, ridiculiza las entidades tradicionales, rivaliza ingenuamente con esperpentos que causan estupor” (Ibíd., 2003: 63). La operación de Bataille no es un simple intercambio, sino que resulta más adecuada la descripción del bajo materialismo como un “tercer término”, pero más nietzscheano que hegeliano. Es una fuerza disruptiva más que un operador dialéctico. Bataille no busca invertir, sino que invita a volver desde lo alto a revolcarse en el lodo; rechaza el materialismo mecánico y el dialéctico. Al primero, porque ubica a la materia en la cúspide de la jerarquía, confinándola al ámbito de la investigación científica. Al segundo, porque la materia ingresa y pasa a formar parte de la dialéctica. Aunque según Benjamin Noys, Bataille alberga una esperanza de conectar el bajo materialismo con el dialéctico, que con gran esfuerzo intenta poner a funcionar en “La crítica de los fundamentos de la dialéctica hegeliana”. Sin embargo, el autor señala que es un punto que sobrevuela rápidamente: el bajo materialismo amenaza al dialéctico. Lo que resulta irónico es que Bataille no percibiera que su bajo materialismo amenazaba la dialéctica (tanto la hegeliana cuanto la marxista) con un límite interno que lo dañaba desde el principio; y que ya había demostrado que la dialéctica depende de una base material que no permanece fija en el interior del esquema dialéctico. De allí que lo que el bajo materialismo produce es lo que Machery llama un materialismo desdialectizado (Noys, 1998: 502). 9

Cabe aclarar que más que tendencias establecidas o que se reconocieran como tales, corresponden más bien a la lectura que el propio Bataille hiciera de ciertos discursos.

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La crítica al idealismo del primer escrito se profundiza en “El lenguaje de las flores” (1929, número 3, año i), pero sin llegar a la hostilidad con el surrealismo. Aquí Bataille ofrece un primer esbozo de la filosofía agresivamente anti idealista que lo caracterizó. Bajo la apariencia de una prosa poética que busca dar con las emociones que nos trasmiten las flores (“egoísmo, amargura, expansión”), Bataille lanza sus dardos por sobre los pétalos e intenta dar en el núcleo de la belleza de las flores. Así, rápidamente sentencia: “Sin embargo, no deja de ser interesante observar que cuando se dice que las flores son bellas es porque parecen conformes a lo que debe ser, es decir, porque representan, porque son el ideal humano” (Bataille, 2003: 24). La belleza de las rosas es también producto de una perspectiva idílica que recorta la totalidad de la rosa y fija su atención sólo en los pétalos. Por un lado, esta operación invisibiliza que “el interior de una rosa no se corresponde para nada con su belleza exterior, y si uno arranca hasta el último de los pétalos de la corola, no queda más que una mata de aspecto sórdido” (Ibíd., 2003: 25). Para ilustrar esta idea, Bataille utiliza una foto de Karl Blossfeldt10 cuyo epígrafe indica que los pétalos de la flor fueron arrancados. Por el otro, esconde lo bajo: las raíces inmundas, embarradas y con insectos responsables de animar a la rosa en su belleza: En efecto, las raíces representan la contrapartida perfecta de las partes visibles de la planta. Mientras que éstas se elevan noblemente, aquéllas, innobles y viscosas, se revuelcan en el interior del suelo, enamoradas de la podredumbre como las hojas de la luz (Ibíd., 2003: 27).

El recorrido no demuestra únicamente el anti idealismo que Bataille comienza a cultivar por esos años. Además, nos presenta el nacimiento de su interés por lo abyecto, lo maldito, aquello moralmente excluido. Un proyecto singular desarrollado al interior de Documents es el “Diccionario crítico”. Como su nombre indica que el objetivo era dar los significados no aceptados formalmente de las palabras o mostrar su trasfondo idealista. Precisamente en el artículo “Informe” puede leerse: “Un diccionario comenzaría en el momento en que ya no suministra el sentido sino el trabajo de las palabras” (Ibíd., 2003: 55). Ocuparse del trabajo de las palabras implica una posición donde “informe no es solamente un adjetivo con determinado sentido sino también un término que sirve para descalificar, exigiendo generalmente que cada cosa tenga su forma” (Ibíd., 2003: 55). Para Hollier la palabra sería entonces un lugar de acontecimiento, explosión de un potencial afectivo y no medio de expresión de sentido. Así también esta sección se convirtió en un vehículo de la lucha contra el idealismo y nos permite sumergirnos de lleno en el segundo eje de reflexión que caracterizó a la revista y en particular a Bataille: el materialismo.

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Las tomas de este fotógrafo alemán que mediante una cámara diseñada por él lograba obtener ampliaciones unas treinta veces mayores al tamaño normal, fueron elegidas personalmente por Bataille.

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El “Diccionario crítico” debutó en el segundo número con la entrada “architecture” que llevaba la firma de Bataille. La arquitectura hace patente que: “el ser ideal de la sociedad, aquel que ordena y prohíbe con autoridad, se expresa en las composiciones arquitectónicas propiamente dichas” (Bataille, 2003: 19). Denis Hollier (2005) escribe al respecto, que en un edificio su arquitectura no se reduce a la obra, a eso por lo que una construcción escapa al espacio puramente utilitario, eso que habría en él de estético. Damos aquí con una incipiente preocupación sobre la contradicción entre el exceso y la utilidad. Porque la arquitectura no es sólo la construcción de un espacio habitable para la reproducción humana, sino además una manifestación excesiva, estética y de gasto con respecto a esa función: las catedrales, los coliseos, los monumentos. Pero para Bataille, no sólo la Iglesia y el Estado imponen silencio a las multitudes con catedrales y palacios, no sólo inspiran temor y sabiduría social, sino que la fisonomía, el vestido, la música, la pintura, todo eso que exige una cierta composición, también es una arquitectura. Otra de las entradas sumamente significativas del diccionario es la de “Ojo”, al punto que hay cuatro textos de distintos autores dedicados a esta palabra. La primera fue escrita por Robert Desnos, la segunda por Bataille, la tercera por Marcel Griaule y la cuarta apareció sin firma. El texto de Bataille explora el temor y la fascinación por esa parte del cuerpo que es además una figura de la conciencia moral y una imagen de la represión (Bataille-Leiris, 2008). Para ilustrar la extrema ambigüedad que suscita el ojo para las sociedades occidentales, Bataille recupera la expresión “golosina caníbal” de un texto de Stevenson. Y en virtud de ese deslizamiento entre sensaciones ambiguas que la concepción de esta palabra permite, Bataille la emparenta con lo filoso. Algo que él mismo señala que había hecho el surrealismo de Buñuel y Dalí en Un perro andaluz, en una escena donde con una navaja filosa se le corta el ojo a la protagonista. El “ojo” será tematizado por Bataille no sólo en esta entrada del diccionario crítico, sino también en varias de sus novelas:11 El ano solar, El ojo pineal y, fundamentalmente, en Historia del ojo. Esta última es verdaderamente la historia de un ojo. Pero lo es, tal como enfatiza Barthes, como composición metafórica (doble)12 y metonímica.13 11

Leiris (2008) sugiere que en esta época (la de Historia del Ojo y Documents) Bataille se empezó a interesar por una pequeña glándula que alberga el cerebro, cuyas funciones no están del todo definidas. Efectivamente, tanto en El ojo pineal como en El ano solar, Bataille explora la idea de la existencia de un ojo que habría estado destinado a contemplar al sol cara a cara. Al punto que la glándula pineal es presentada como una suerte de ojo fallido. 12   Barthes identifica dos cadenas metafóricas en este texto de Bataille. La primera variación (aquella que apela a la blancura y la rotundidad) es la del ojo y el huevo; la segunda (la que hace uso de los “avatares de lo líquido”) la del ojo y las lágrimas. 13   “Una vez manifestada la doble metáfora, Bataille hace intervenir una nueva técnica: intercambia las dos cadenas” (Barthes, 2003: 331). “Si llamamos metonimia a esta traslación de sentido operada de una cadena a la otra, en peldaños distintos de la metáfora (ojo chupado como un seno, beber mi ojo entre sus labios), sin duda reconocemos que el erotismo de Bataille es esencialmente metonímico” (Ibíd., 2003: 333).

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Según entiende Barthes, podemos encontrar en este texto la ley de la imagen surrealista que utilizara Breton: la imagen será tanto más intensa cuanto más alejadas y exactas sean las relaciones entre las dos realidades presentadas: Un término, el Ojo, se varía a través de un cierto número de objetos sustitutivos, que tienen con él la estricta relación de objetos afines (…) y sin embargo desemejantes (…); esta doble propiedad es la condición necesaria y suficiente de todo paradigma: los sustitutos del Ojo son déclinés (declinados) en todos los sentidos del término: recitados como las formas flexionales de una misma palabra; revelados como los estados de una misma identidad (Barthes, 2003: 326-327).

La osadía de Bataille es máxima, porque al lanzar sus dardos contra el idealismo no se recuesta sobre las versiones establecidas del materialismo, sino que se dedica a criticarlas, advirtiendo los peligros que aquellas concepciones que proclamándose como tales, en realidad se limitan a cambiar al dios idea por el dios materia abstracta, reproduciendo aquello que critican. En la entrada “Materialismo” podemos leer: “La mayoría de los materialistas (…) han situado la materia muerta en la cúspide de una jerarquía convencional de hechos de diverso orden, sin percibir que así cedían a la obsesión de una forma ideal de la materia” (Bataille, 2003: 29). Esta concepción arraigada de la materia no hace más que reproducir el interrogante de la problemática idealista en clave materialista, dejando intacto su trasfondo: “la pregunta por la esencia de las cosas”. Para Bataille, un materialismo auténtico debería desidealizar la materia y buscarla en su manifestación social espontánea sin preconceptos. La solución que encontró para la pregunta que nos hacíamos más arriba, es apuntar hacia lo bajo, a la materia embarrada, sucia, los excrementos (algo de lo que lo acusará Breton). La bajeza de la materia muchas veces coincide con su topografía: el piso sucio, el barro, los pies, la desnudez oculta. Aquello que ya había anunciado en “El lenguaje de las flores”, mirar las raíces fétidas que nutren la belleza de la flor. Pero el nombre no proviene de allí, sino que apunta al desprestigio social que carga. Allí, también se encuentra la materia no idealizada. De esta manera resuelve la aporía tomando el camino de la materia abyecta. Dos textos radicalizan esta línea de pensamiento en pos de un materialismo no idealizado, que aparecían con tibieza en los artículos referidos. En “El dedo gordo” repite el esquema de razonamiento, sin olvidar que la cabeza humana apunta hacia el cielo, origen de lo bueno y lo bello, dirige su mirada al sostén de esa cabeza erguida y orgullosa, donde aparecen los pies, que son el apoyo en la tierra para la cabeza. El dedo gordo es la condición necesaria para buscar el cielo. El texto es acompañado por fotos a página completa de dedos gordos en primer plano. Esta mirada batailleana, que busca lo bajo y lo alto (la cabeza, pero también el arte de museos) alternativamente es el motivo por el cual Michel Leiris calificara de “Jano” a Bataille y a su revista. 184 ⎥ Noelia Denise Dunan

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Para acabar con la jerarquía implícita del materialismo, Bataille trae a escena todo aquello que hasta el momento había sido excluido alternativamente por el idealismo y el materialismo. De allí que su vocabulario se pueble por la reflexión por el luto, el lujo, la muerte, la sexualidad perversa, la guerra. Lo bajo es lo abyecto, lo despreciable, Bataille trae al recuerdo la descalificación que traducida a nuestra cultura sería “pata sucia” (“pied dans la boue”), para demostrar la asociación. Esta condición dota al pie de un carácter de tabú en diversas culturas que son ejemplificadas en el texto. El pie también es símbolo de la prohibición y su contrapartida, la transgresión. Por eso lo extendido del fetiche con los pies: del placer que se obtiene al violar la regla y establecer contacto. Placer emanado de su bajeza y fealdad. Es menester aclarar que el uso transgresor de la imagen de un pie desnudo no fue exclusivo del autor aquí considerado. En el filme “La edad de oro”, Buñuel y Dalí lograron plasmarla magistralmente. Durante una fiesta para las clases aristocráticas, los dos amantes que buscan consumar su deseo (interrumpido a lo largo de toda la película), se ven impedidos producto del efecto cautivador que el robusto pie de una estatua genera sobre el protagonista que no puede apartarle la vista. Momentos después será ella quien chupe apasionadamente uno de los pies cuando su compañero se ve obligado a atender un llamado. Debemos retener una característica, sobre la que volveremos enseguida, que Bataille menciona y nos proporciona una clave de su bajo materialismo. El dedo gordo es ambiguo: es lo bajo, pero también, es evolutiva y anatómicamente lo que distingue al hombre de los monos, de su origen animal y bruto. El dedo gordo establece el primer contacto con la cultura: “es la parte más humana del cuerpo humano en el sentido de que ningún otro elemento del cuerpo se diferencia tanto del elemento correspondiente del mono antropoide” (Bataille, 2003: 44). “El bajo materialismo y la gnosis”, publicado en el número 8 (1930, número 1, año ii,) consistió en una respuesta pensada y severa contra el Segundo manifiesto aparecido poco tiempo antes. Aquí arremete (nuevamente) contra lo que se proponía como una reconciliación dialéctica de los opuestos,14 porque continuaba con la búsqueda de una síntesis para la falsa disputa entre idealismo y materialismo, pues lo que se lograba era hacerlos trepar en una dudosa jerarquía filosófica.15 El verdadero problema, según Bataille, se encontraba al interior del materialismo, como ya hemos señalado. Ante un materialismo metafísico que se apoya en formas idealizadas, la alternativa es construir un materialismo bajo que restituya 14

“Todo nos induce a creer que existe un punto del espíritu donde la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo pasado y lo futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, dejan de ser percibidos como contradictorios. Sería vano buscar en la actividad surrealista otro móvil que la esperanza de determinar ese punto. De aquí se desprende claramente cuán absurdo resultaría adjudicarle una orientación exclusivamente destructora o constructora: el punto en cuestión es a fortiori aquel en que la construcción y la destrucción dejan de ser blandidas la una contra la otra” (Breton, 2001: 84). 15   “Se forman así dos entidades verbales que se explican únicamente por su valor constructivo en el orden social: Dios abstracto (o simplemente idea) y materia abstracta” (Bataille, 2003: 62).

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la materia abyecta, pero como se indica claramente en el ejemplo del dedo gordo, que no pierda la mirada hacia lo alto. Por tal motivo, esta teorización trasciende la mera inversión de términos. La reconciliación sólo es posible si no se soslayan las divisiones existentes y todos los términos pasan a formar parte de la dialéctica. Los ataques al surrealismo no fueron producto de una obsesión personal de Bataille, sino que se enmarcaron en un clima de época. Las posiciones encontradas entre él y Breton, fueron acicateadas de ambos lados, incluso el tono del Segundo manifiesto surrealista se tornó abiertamente agresivo contra Bataille.16 Con motivo de su publicación dirá: “André Breton me cuestionaba en él, y particularmente, me acusaba de estar reuniendo en su contra a los disidentes y a los excluidos del surrealismo” (Bataille-Leiris, 2008: 67). Con la publicación de Documents, Bataille se encontró por primera vez como líder de opinión, frente a las críticas que le hiciera en virtud de su autoritarismo y su vigilancia moral. Breton responde que le “divierte pensar que no se puede salir del surrealismo sin caer en el señor Bataille, tan cierto es que la aversión al rigor sólo se traduce por una nueva sumisión al rigor” (Breton, 2001: 149). Desde el rol en la revista operó como aglutinador de un grupo que, estrictamente, no existía como tal. Esta no era la primera vez que el líder surrealista había demostrado que necesitaba individualizar a sus enemigos externos, anteriormente había hecho algo similar con el grupo filosófico de Morhange, Politzer y Lefebvre. Ahora era el turno del “señor Bataille” al que acusaba de “filosóficamente vago”, “pascaliano”, “poéticamente vacío”, “filósofo excremental”, “obsesionado con la degradación y la decadencia”, y de “no querer considerar en el mundo sino lo más vil, lo más desalentador y lo más corrompido” (Breton, 2001: 147). La ofensiva lanzada por Breton para galvanizar a los miembros del movimiento y vengarse de los disidentes empujó a Bataille a asociarse con gente con la que no compartía ni metas ni motivos. Los firmantes del panfleto anti-Breton, Un cadáver,17 “nunca estuvieron unidos más que por la hostilidad” (Bataille-Leiris, 2008: 68). De los doce firmantes, él era el único que nunca había sido surrealista de modo tal que no tenía necesidad de lamentar una verdad y un compromiso que nunca había sido suyos. Si Bataille había lanzado su crítica a Breton por ser el paladín de la idealización ciega, por levantar barricadas de flores, por ser un falso revolucionario, un Papa, un león castrado (en el texto de Un cadáver Leiris escribe “El ramo sin flores” y Bataille colabora con “El león castrado”), un cura y un policía; Breton no se había quedado atrás al burlarse de su doble vida: la diurna, paseando “sus cuidadosos dedos de bibliotecario sobre antiguos y a menudo seductores manuscritos”; la nocturna, 16

Es llamativo que jamás mencionó a Breton –al menos por su nombre propio- en ninguno de los quince números que se extendió Documents. 17   La respuesta al Segundo manifiesto surrealista fue inicialmente concebida por Robert Desnos. De modo irónico tomó prestado la forma y el título de aquel panfleto que en 1924 publicaran los surrealistas con motivo de la muerte de Anatole France.

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atiborrándose “de inmundicias con las que le gustaría ver cargados esos textos igual que lo está él” (Breton, 2001: 151). Antes de los cruces que tuvieron lugar en el año treinta, Bataille tuvo más de una posibilidad de acercarse al surrealismo. Su negativa quedó sintetizada en una frase que Breton sería incapaz de perdonarle durante muchos años: “No me hagan perder el tiempo con el idealismo”. El idealismo era el enemigo y el surrealismo representaba la enfermedad infantil del materialismo (Surya entiende que la crítica de Bataille al surrealismo retoma la terminología leninista), el reemplazo de unos valores (los del capitalismo) por otros pretendidamente superiores, pero valores al fin. Y esta fe que Breton pregonaba hacia ciertas “virtudes morales” era lo que, para Bataille, constituía su debilidad y su cobardía. Consideraba que los surrealistas no estaban yendo lo suficientemente a fondo con la crítica y que estaban proponiendo una revuelta que hallaba su justificación en el mundo que condenaba y del que al mismo tiempo dependía. A esta altura, cabe preguntarse si Bataille cesó alguna vez su hostilidad hacia el surrealismo. Es difícil decirlo. Lo que sí podemos suponer es que al menos él y Breton se propusieron una tregua durante el breve período de Contre-Attaque. Éste era –una vez más- un grupo verdaderamente heterogéneo que reunía a antiguos compañeros de Bataille en el Círculo Democrático Comunista, a los más importantes surrealistas del momento (Breton, Éluard y Péret entre otros) y a algunos independientes. A todos ellos les ofrecía una vía de activismo político de izquierda que se autodefinía como revolucionario y crítico del comunismo. La originalidad de Contre-Attaque reside en que: “planteaba problemas sintomáticamente ausentes en todas las ideologías revolucionarias. Proponía reemplazar los mitos del fascismo por otros mitos. Era bajo el signo de Sade, Fourier y Nietzsche que Bataille ubicaba la revolución prometida de Contre-Attaque” (Surya, 2002: 222). Sin embargo la tregua duró poco. En mayo de 1936 apareció el primer y único número de Cahiers de Contre-Attaque; para ese momento el grupo ya estaba fracturado. Lo que precipitó la ruptura entre las dos facciones (una liderada por Bataille y la otra por Breton) fue la publicación de un panfleto de una sola hoja titulado “Sous le Feu des Canons Française”. Bataille había colocado a Breton en la lista de los firmantes sin haberle consultado previamente. El texto comenzaba con una condena a la Unión Soviética a propósito del tratado que recientemente había firmado con los ganadores de 1918, las democracias burguesas. “Estamos en contra de los pedazos de papel, en contra de la prosa esclavista de los ministros (…) Frente a ellos preferimos, pase lo que pase, la brutalidad antidiplomática de Hitler” (Bataille, 1970: 398). Para entonces, la desavenencia entre los seguidores de Bataille y los de Breton era total. Mientras Breton hizo del surrealismo un instrumento de lo maravilloso, Bataille hizo de Documents un instrumento de lo monstruoso.

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Conclusión Independientemente del enfrentamiento personal, se busca destacar el bajo materialismo que cobró forma y contenido en las páginas de Documents al calor del debate con el surrealismo y no sólo contra éste. Esta nueva categoría no se limita a la crítica, sino que adquiere relevancia al constituirse como posición superadora (no en clave hegeliana, sino como un tercer término que es condición de posibilidad de los otros dos) tanto del idealismo como de otras formas de materialismo. La lógica del bajo materialismo entiende que todo lo alto o ideal depende de la materia baja, y que esa dependencia implica que la pureza del ideal está siempre contaminada. Esa dependencia sistemáticamente negada por el ideal, que al separarse de aquello que es desagradable, vil, subhumano intenta mantener lo bajo en su lugar. Pero esta separación nunca es del todo completa porque lo bajo constituye la base, al tiempo que funciona como un recordatorio perpetuo de todo aquello que amenaza con arrastrar y arruinar el ideal. Documents condensa los temas principales de la futura filosofía y estética batailleanas. Las ideas allí elaboradas constituyen la espina dorsal de su pensamiento. La fascinación por lo bajo y lo abyecto; el deslumbramiento por el derroche y el exceso con su crítica al utilitarismo y al moralismo idealista nunca saldrán de la órbita de sus preocupaciones. A él le debemos la creación o resignificación de nociones tales como heterología, soberanía, imposible, homogéneo, heterogéneo, y de aquellas más sociológicas como prohibición y transgresión. A pesar que la experiencia de Documents finalizó a principios de 1931, Bataille continuó reflexionando sobre ellos, pero esta vez motorizado por la necesidad de encontrar respuestas al apoyo masivo que lograron los dos procesos políticos que se gestaban en ese momento: el fascismo y el estalinismo. El resultado de esas reflexiones se plasmó en tres artículos (“La noción de gasto”, “El problema del Estado” y “La estructura psicológica del fascismo”), publicados en 1933 en La critique sociale. En éstos, se delinean más nítidamente las categorías sobre las cuales había comenzado a trabajar pero alcanzan ahora un mayor grado de madurez y elaboración. Sumado a que allí Bataille ensaya el uso de esos conceptos para intentar dar una explicación a lo que él veía como el problema político del momento: los totalitarismos y sus efectos en las masas.

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¿Por qué importa la desigualdad? Del economicismo a la integridad social Why Does Inequality Matter: From Economism to Social Integrity Tim Anderson∗ Recibido el 16 de septiembre de 2014 Aceptado el 2 de octubre de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

La falta de consenso existente en torno a la desigualdad contrasta con el aparente consenso construido alrededor de la necesidad de eliminar la pobreza. Se estudia la desigualdad por una diversidad de razones: para identificar sus fuentes, sus consecuencias, el grado en el que la desigualdad es deseable, los vínculos dinámicos entre desigualdad y pobreza, o tratando de discernir las grandes fuerzas estructurales que la impulsan. Sin embargo, se presta poca atención a la objeción principal ante la desigualdad. La mayoría de las explicaciones económicas son opacas, y con frecuencia comparten supuestos muy distintos a los que plantean los sociólogos. En este artículo se sostiene que debemos considerar la amplia gama de diferencias existente entre las explicaciones, pero es importante identificar los distintos fundamentos que tratan la problemática de manera más

The lack of consensus over inequality contrasts with the obvious agreement regarding the need to eradicate poverty. Inequality is studied for a number of reasons: to identify its sources, its consequences, to what extent it may be desirable, the dynamic links between inequality and poverty, or to try to discern the major structural forces underlying it. Little attention has been given though to the main objection as regards inequality. Economic accounts are for the most part obscure and their assumptions are often very different from those of sociologists. This paper argues that while the many differences among different accounts must be considered, it is also important to identify the various approaches tackling this issue in a more direct way. This work explores four categories: the economic arguments, the accounts on dynamic poverty and human development, the theories

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Licenciado en Economía y Política Internacional. Doctor en Economía Política y Liberalización Económica. Profesor titular del Departamento de Economía Política de la Universidad de Sydney (Australia). Sus líneas de investigación son: derechos humanos y estrategias de desarrollo; tierra y medios de vida en Melanesia; integración económica en América Latina. Entre sus publicaciones destacan: “Chavez and American Integration” (2014); In Defence of Melanesian Customary Land (2010); Defend Yourself: Facing a Charge in Court (2008). Correo electrónico: t.anderson@ sydney.edu.au. Traducción del original en inglés: Lucía Rayas.

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directa. El trabajo explora cuatro categorías: los argumentos económicos, las explicaciones sobre la pobreza dinámica y el desarrollo humano, las teorías sobre el contrato social y la justicia social y, por último, aquellas que tratan sobre integridad social. Entre ellas, se sostiene que resultan más satisfactorias aquellas explicaciones con base en la integridad social ya que éstas tienden a demostrar, con mayor lógica elemental, cómo la desigualdad grave puede socavar la agencia social integral, así como a un cuerpo político coherente tan necesario para el progreso social y la plena vigencia de los derechos de las y los ciudadanos.

on social contract and social justice, and finally, those focused on social integrity. It is argued that approaches based on social integrity are more conclusive as they tend to demonstrate, with a more basic logic, in what way serious inequality may undermine both the whole social agenda and a coherent political body which is so necessary for social progress and a thorough enforcement of citizens’ rights.

Palabras clave: desigualdad social; pobreza dinámica; desarrollo humano; integridad social; agencia social; contrato social.

Keywords: social inequality; dynamic poverty; human development; social integrity; social agenda; social contract.

Introducción Los sociólogos tienden a suponer que la desigualdad importa, mientras que los economistas a menudo suponen que no, aduciendo que la desigualdad genera incentivos dinámicos en mercados competitivos. De manera alternativa, otros economistas opinan que la desigualdad sí importa; lo juzgan así principalmente porque afecta el crecimiento económico que, sostienen, es el cimiento del progreso social. Entre tanto, los sociólogos discrepan, debido a que suponen que ésa viola los principios de justicia social, la idea hipotética del contrato social, o porque en efecto socava los fundamentos de una sociedad humana, coherente y funcional. Este trabajo sugiere que entre las posturas disponibles, la última es la que ofrece las explicaciones más coherentes. La falta de consenso en torno a la desigualdad contrasta con otro consenso aparente (como meta, si no es que también de método) alrededor de la necesidad de eliminar la pobreza, el cual ha llevado a esfuerzos sostenidos por mapear la pobreza aun cuando los datos globales sean inciertos. Quienes abogan por la globalización corporativa (Norberg, 2005), afirman simplemente que los mercados abiertos realzan el crecimiento y reducen la pobreza. La evidencia no afirma dicha aseveración. Los datos del Banco Mundial sugieren un fuerte descenso en la pobreza por ingresos a nivel mundial entre 1984 y 2004 (de 64% a 48%), 192 ⎥ Tim Anderson

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aunque gran parte de esta medida se debió a la contribución de China. Cuando se elimina a ese país, los datos muestran un descenso global de 59% a 52%, con la extrema pobreza en descenso, de 30% a 21%. Con todo, en algunas regiones la pobreza había aumentado o había descendido poco (Ferreira y Ravallion, 2008). El impresionante crecimiento económico chino, por supuesto, difícilmente ha sido ejemplo de la filosofía de mercados abiertos. Además, la medición de la reducción de la pobreza china ha estado sujeta a algunos supuestos alarmantemente precarios. Esto se mostró en una revisión que hizo el Banco Mundial en 2008 de la inflación china, y de la paridad del poder de compra, que sugería “que la economía china era 40% menor en términos del ppp (Public-Private Partnership/Colaboración Público-Privada) de lo que previamente se había pensado” (Banco Mundial, 2008). Esas drásticas correcciones de datos difícilmente generan confianza en los números. Las cifras de pobreza nacional en ocasiones son más confiables, pero también pueden estar sujetas a supuestos débiles, estáticos (Jaque, 2007: 3). La dimensión de la desigualdad económica se documenta de manera aún más ineficiente. En tanto que algunos economistas piden repensar la manera en la que se concibe y calcula aquélla, señalando que “no hay ningún consenso [entre economistas] respecto a la dirección del cambio en la desigualdad global durante los últimos veinte a treinta años” (Atkinson y Brandolini, 20010: 31; Anand y Segal, 2008), otros señalan “un aumento espectacular de la desigualdad” desde la década de 1980 (Piketty, 2014: 24-25). El que estos cálculos representen algún tipo confiable de perfil de la sociedad, sin duda merece un mayor escrutinio. Podemos mostrar escepticismo ante estos datos estrechos y cambiantes, así como ante los supuestos sobre los que descansan. No obstante, hay elementos a considerar respecto al argumento económico sobre la funcionalidad de cierto grado de desigualdad, ligada a incentivos. Sin embargo, una desigualdad severa puede resultar corrosiva para los cimientos sociales. Así, ¿qué valores y qué lógica debieran conformar la piedra de toque de las políticas públicas? Un problema inicial es que muchas de las explicaciones de por qué importa la desigualdad descansan sobre supuestos y preocupaciones priorizadas de antemano, tales como las demandas de los economistas respecto a la centralidad del crecimiento económico como política pública. Dichos argumentos tienden a carecer de relevancia e interés para quienes no comparten estos supuestos. Obviamente se estudia la desigualdad por una diversidad de razones. Murray Milner, al observar que “una de las preocupaciones clásicas de la sociología ha sido identificar las fuentes de la desigualdad social”, habla de un “largo debate entre las teorías funcionales y del conflicto en torno [a ella]” que, opina, resulta una dicotomía infructífera (Milner, 1987: 1053). Los científicos sociales han discutido las consecuencias, las variedades de la desigualdad, y el grado al que ésta es deseable (Therborn, 2013: 41-43), junto con los vínculos dinámicos entre desigualdad y pobreza (Wedderburn, 1974; Townsend, 1974), así como las ¿Por

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grandes fuerzas estructurales que impulsan la desigualdad contemporánea (Piketty, 2014). Amartya Sen elabora un análisis individual de la desigualdad, con base en sus ideas sobre capacidades, pero se suma a las ideas de Rawls en cuanto a la crítica social (Sen, 1995: 144-148). Muy a menudo se presta poca atención a la objeción principal ante la desigualdad. La mayoría de las explicaciones económicas son incluso más opacas, y con frecuencia comparten supuestos muy distintos de los que plantean los sociólogos. Por ejemplo Piketty, después de su impresionante recuento empírico sobre cómo y por qué la desigualdad contemporánea ha “explotado” en épocas recientes, simplemente afirma que la desigualdad extrema debe, en algún punto, volverse “insostenible [y] una amenaza potencial a las sociedades democráticas” (Piketty, 2014: 571), pero sin explicar realmente las razones de ello. Sin embargo, las sociedades esclavistas en un pasado no demasiado distante, duraron siglos, de modo que, ¿qué podría ser aquello que haga “insostenibles” a las sociedades altamente desiguales? Una simple aseveración no basta. Con esto en mente, este trabajo arguye que la pregunta de por qué la desigualdad debe ser una preocupación importante para la política pública, sigue siendo una interrogante inicial relevante. Este ensayo comienza con las siguientes proposiciones: debemos considerar la amplia gama de diferencias entre las explicaciones existentes, pero es importante identificar los distintos fundamentos vigentes respecto a la preocupación por las políticas públicas. Debe subrayarse la lógica primaria de dichas preocupaciones, así como prestar mayor atención a aquellas que tratan la problemática de manera más directa. Las explicaciones que refieren a por qué la “desigualdad severa” es una problemática que merece políticas públicas, tienden a ser más convincentes cuando comienzan por detallar su naturaleza socialmente corrosiva; sin embargo, la mayor parte de los esclarecimientos no comienzan ahí. Así, parece que se justifica una breve revisión del tema. El trabajo explora cuatro categorías: los argumentos económicos, las explicaciones sobre la pobreza dinámica y el desarrollo humano, las teorías sobre el contrato social y la justicia social y, por último, aquellas que tratan sobre integridad social. Este documento sugiere que las últimas resultan, por lo general, más satisfactorias como explicaciones primordiales, así como porque respaldan la autodeterminación práctica, individual y colectiva.

Argumentos económicos No hace mucho, varios influyentes economistas occidentales postularon que “la pobreza importa, pero la desigualdad no” (Banco Mundial, 1990) sosteniendo que, mientras que la pobreza es un problema social que inhabilita, la desigualdad resulta funcional respecto a crear incentivos para participar en la “sociedad mercantil”. La revisión de este argumento postuló que la desigualdad importa porque daña el crecimiento económico y desestabiliza 194 ⎥ Tim Anderson

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la inversión. Una tercera versión vinculó el argumento a ideas de justicia social, y señaló que las desigualdades graves en riqueza e ingresos crean problemas sociales mayores, incluyendo una sociedad “insostenible”. Revisemos estos planteamientos uno por uno. La aceptación de larga data por parte del Banco Mundial sobre la “pobreza” como problema social mantuvo su atención sobre “la pobreza absoluta”, a diferencia de la “pobreza relativa” o la desigualdad. Esta agencia internacional de punta, dedicada a generar inversión privada, llamó a la pobreza absoluta una condición “por debajo de cualquier definición razonable de [vivir con] decoro humano”, definiéndola como “la incapacidad de lograr un estándar de vida mínimo”. Es algo “vergonzoso”, y su eliminación debe ser “el objetivo fundamental del desarrollo económico” (Banco Mundial, 1990: 26-32-1-24). Hubo algún reconocimiento de que la pobreza es más que el ingreso pero, a la vez, una consistente afirmación de que impulsar el crecimiento económico (por lo general medido como el producto interno bruto per cápita promedio) era el medio principal de reducción de la pobreza. Además, “invertir más en el capital humano de los pobres” contribuye al crecimiento económico (Banco Mundial, 1990: 32-33). Se argumentaba lo anterior como si se tratara de un tipo de círculo virtuoso. Sin embargo, se distinguía entre pobreza y desigualdad: “la pobreza no es lo mismo que la desigualdad; se debe subrayar la distinción” (Banco Mundial, 1990: 26), ya que la desigualdad era un incentivo importante para participar en los mercados y (según la doctrina neoclásica), se decía que la distribución se determinaba de mejor manera en los mercados competitivos. Entre muchos economistas permanece la perspectiva de que “la pobreza es problemática, pero la desigualdad, no” (Atkinson y Brandolini, 2010: 20). Otras personas, desde centros de estudio (think tanks) corporativos, sostienen la vieja idea liberal de que la libertad es más importante que la igualdad (Norberg, 2005), abrevando de la idea de que los intentos por regular la economía hacia una mayor igualdad son “tiránicos” (Friedman y Friedman, 1980). Éste es un enfoque que busca aislar la pobreza de la desigualdad. A menudo vinculadas con el proyecto “neoliberal” de los intereses corporativos, que usan el pensamiento liberal de manera selectiva, tales ideas han recibido una crítica rotunda por ignorar las implicaciones, tanto sociales como económicas, de la desigualdad grave. Robert Wade, por ejemplo, señaló la débil evidencia tras la reivindicación neoliberal de que la globalización corporativa es el mejor instrumento para promover el crecimiento y, por tanto, también para reducir la desigualdad (Wade, 2005: 17-20). Sostiene que ésta en efecto, importa, pero no explica con claridad por qué. En lugar de aclararlo, acude al argumento macro-económico de que la desigualdad “impulsa la ineficiencia” (Wade, 2005: 33). Lo anterior se refería a una línea de pensamiento económico corregida que sostiene la aceptación, entre una serie de macroeconomistas y de asesores corporativos, de que la desigualdad sí importa, porque daña el crecimiento económico y/o debido “al riesgo de inestabilidad, tanto financiera como política” (Boeck, 2014). ¿Por

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La actualización de esta línea de pensamiento sostiene que los bajos ingresos minan la sólida demanda del consumidor, tan necesaria para impulsar los mercados. Esto a su vez se vincula con políticas económicas que, notan los macroeconomistas, debían estimular el consumo masivo. Paul Krugman, por tanto, sostiene que “el papel verdaderamente crucial de la desigualdad en las calamidades económicas, ha sido político”, porque ha desviado la atención de la necesidad del estímulo gubernamental. (Krugman, 2013). Esto es, el impacto político en los debates sobre la desigualdad, dominados por ideas neoliberales, ha sido el socavamiento de una política económica orientada al crecimiento. En una vena semejante, Joseph Stiglitz critica los altos niveles de desigualdad en los Estados Unidos de América, sosteniendo que en lugar de los incentivos para los ricos (como los recortes fiscales), “se necesita la demanda para impulsar la economía” y crear empleos y oportunidades. Añade una advertencia más amplia, pero muy general, de que existe un “alto precio [a pagar] por esta desigualdad en términos de democracia y de la naturaleza de nuestra sociedad [ya que] la desigualdad económica se traduce de manera inevitable en desigualdad política” (Stiglitz, 2014). Existen múltiples problemas con los argumentos económicos en sus versiones tanto original como corregida. Su dependencia compartida en el crecimiento coloca en lugar secundario la cuestión de la desigualdad respecto al compromiso central –y lo hace dependiente de éste- en relación con algo que es, en efecto, la expansión indiscriminada de las economías formales. Sin embargo, la medición de éstas difícilmente toma en cuenta al desplazamiento y destrucción social, medioambiental y de medios de subsistencia informales asociados; y estos modos de subsistencia ligados con estos procesos –o afectados por ellos-, bien pueden superar cualquier beneficio producido por la expansión del sector formal. En cualquier caso, si el crecimiento general del sector informal reduce o no la desigualdad es otra cuestión sobre la que los propios economistas se muestran indecisos (Atkinson y Brandolini, 2010: 33-34). Una segunda debilidad relevante de los argumentos económicos puede encontrarse en las estrechas definiciones de pobreza y desigualdad, a la par de la separación artificial de ambas dimensiones. Las medidas con base en el ingreso frecuentemente dicen poco acerca del acceso a agua potable, educación, infraestructura elemental y un medio ambiente limpio y sustentable. Tales cuestiones son obvias y notables, en especial en los debates sobre el desarrollo, y en general se abordan de mejor manera entre los analistas sociales con perspectivas más amplias. La tercera variación del enfoque económico es una que alude a las supuestas consecuencias sociales y políticas de los extremos en la desigualdad económica, pero sin elaborar mayormente sobre las mismas. Lo vemos en Stiglitz (2014) y en Piketty (2014) más como una línea evocativa al final de su preocupación económica fundamental. Stiglitz, enfocado en la demanda agregada y los presupuestos, alude de manera breve y ominosa al “alto 196 ⎥ Tim Anderson

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precio” de la desigualdad en nuestros sistemas sociales. Piketty, después de explicar las razones estructurales tras un “espectacular aumento en la desigualdad” en décadas recientes (debido a que el rendimiento del capital ha permanecido en niveles más altos que la tasa de crecimiento), sugiere brevemente que esto debe ser “insostenible”, así como “una amenaza potencial a las sociedades democráticas y a los valores de justicia social sobre las que se fundan” (Piketty, 2014: 571). Sin embargo, no explica las razones. Sin lugar a dudas, no era el propósito central de su obra. No obstante, en estos casos como en otros en torno a argumentos económicos, es difícil encontrar una explicación primordial satisfactoria de las razones por las que la desigualdad importa.

Pobreza dinámica y las explicaciones en torno al desarrollo humano Algunas investigaciones económicas se centran en el análisis de la pobreza dinámica y en torno al desarrollo humano -Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)-. Las primeras desarrollaron la relación existente entre las medidas económicas definidas de manera más estrecha y las dinámicas sociales más amplias, en tanto que la segunda perspectiva amplió la vieja idea de desarrollo económico, para incluir una noción más acorde con las habilidades o capacidades humanas particulares. En las nociones dinámicas de la pobreza, la desigualdad persistente y grave podría ser vista como parte constitutiva de, o vista en relación dinámica con la pobreza. Estas ideas no son nuevas. Ya en los años 1970, Wedderburn cuestionó si la pobreza podía “discutirse de manera aislada respecto a la problemática más general de la desigualdad”. ¿Cuáles eran “los aspectos relacionales significativos de la desigualdad”? (Wedderburn, 1974: 2). Townsend sugirió que la pobreza podría ser “objetivamente definida y aplicada consistentemente sólo en términos de concepto de privación relativa”. Esto era así porque debía verse a la pobreza de manera más amplia, y porque “había muchas fuentes de desigualdad que tienden a ser [proscritas] del discurso público e incluso del académico” (Townsend, 1974: 15-36). Es decir, las múltiples formas de exclusión social jamás se calcularon de manera adecuada, con medidas simples de medición de la pobreza del tipo por ingresos. Las definiciones estáticas de la pobreza son inadecuadas. En sociedades en extremo desiguales, como las latinoamericanas, puede haber gran movilidad entre la pobreza y la “no pobreza”. Grandes grupos de gente vulnerable pueden permanecer en el delicado punto previo de caída a la pobreza (Bravo, 2001). Un estudio chileno, cuya base son medidas de pobreza por ingresos, mostró que “54% de los pobres de 1996 no lo eran en 2001, mientras que 48% de los pobres en 2001 no lo eran en 1996”. Esto implicaba que había 24% de “componente transitorio” de gente pobre a lo largo de esos años. Ninguna “instantánea” podría capturar el rango de personas expuestas a la pobreza por ingresos, incluso a lo largo de un ¿Por

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período relativamente corto. Muchas unidades domésticas experimentaron pobreza transitoria; los investigadores observaron que “el camino para salir de la pobreza [era] frágil”. Aquellos que tenían problemas de salud, quienes persistían en trabajos precarios, quienes tenían muchos hijos, y aquellos con bajos niveles educativos, eran los más vulnerables (Neilson, Contreras, Cooper y Hermann, 2008: 270). Un ministro chileno confirmó que la cantidad de familias que habían vivido en el nivel de pobreza a lo largo de varios años, era sustancialmente superior que aquellos capturados en cualquier marco temporal (Jaque, 2007: 3). Tales estimaciones ilustran algunos de los problemas que presentan las medidas simples para calcular la pobreza, y sugieren la necesidad de buscar vínculos con la exclusión social y la vulnerabilidad. No obstante, en general, no ofrecen explicaciones primarias sobre la importancia de la desigualdad. Un reporte reciente, adoptado por las Naciones Unidas, reconoció que la pobreza considerada de manera amplia se liga íntimamente con la desigualdad. En su “Informe sobre la situación social mundial, 2005”, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (onu) consideró “los aspectos tradicionales de la pobreza” en términos de ingresos, pero también las “desigualdades en cuanto a salud, educación y oportunidades de participación social y política”. Al referirse a la naturaleza dinámica de la pobreza, este informe señaló que un enfoque simple sobre “el crecimiento económico y la generación de ingreso, no reconoce la transmisión intergeneracional de la pobreza”. También sugiere la necesidad de “incluir las dimensiones social, económica y política, integrando las mejoras en salud, educación, desarrollo económico y representación”, para romper los ciclos de la pobreza (agnu, 2005: 12). Así, siguiendo el argumento, los vínculos entre exclusión social, desigualdad y pobreza, son evidentes. En un proceso paralelo, las estrechas ideas en torno al “desarrollo económico” fueron impugnadas en el seno del pnud por parte del proyecto de “desarrollo humano” (pnud, 1990). Estas ideas, incluyendo las teorías sobre las “capacidades” de Amartya Sen, han sido muy relevantes en los debates sobre el desarrollo, pero menos originales en aquellos sobre la desigualdad. Sen aplicó su teoría de las capacidades a la desigualdad, centrándose en desigualdades de “libertad efectiva” o de “libertad efectiva de esa persona para alcanzar estados valiosos de ser y hacer” (Sen, 1995: 5-6). No obstante, su punto de atención quedó en el individuo, lo que ofrece un sentido más humano y más amplio de “logro”, que el simple placer o el concepto “utilitario” manejado por los economistas neoclásicos. Sen en verdad esculpió una postura ubicada entre la vieja polémica de “igualdad de resultados” versus “igualdad de oportunidades”. De este modo, se distinguió de los liberales más conservadores (Friedman y Friedman, 1980), al tiempo que utilizaba una lógica paralela. Al igual que Keynes, quien distinguía entre “demanda efectiva” y demanda teórica, Sen distinguió las libertades teóricas de las “efectivas”. A esto llamó “libertad con verdadera oportunidad” (Sen, 1995: 31, 64-66). A la vez que creó un marco para “juzgar la ventaja individual” (Sen, 1995: 143), Sen 198 ⎥ Tim Anderson

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concedió que la desigualdad (como privación relativa) a menudo tenía una relación dinámica con la pobreza (como privación absoluta). “La privación relativa en el espacio de los ingresos puede producir privación absoluta en el espacio de las capacidades”, conforme se eleva el nivel con que se mida “el funcionamiento social” (Sen, 1995: 115). Fue intrínseco a este enfoque sobre “capacidades” el hecho de que la “privación comparativa (…) no se puede juzgar de manera adecuada considerando el ingreso de la persona”, ya que este no puede ser convertido fácilmente “en el logro que la persona valoraría” (Sen, 1995: 31,28). Pese a tratarse de un método individualista (Stewart y Deneulin, 2002), la perspectiva de Sen trata los temas económicos de la “agregación”. Sin embargo, al tratar la desigualdad social, Sen retoma los debates en torno a la justicia social bajo la influencia de Rawls (Sen, 1995: 144-148). Así como ocurre con las explicaciones de la pobreza dinámica, las ideas sobre el desarrollo humano comienzan a demostrar que el carácter social de la pobreza y la desigualdad están entretejidos, sin embargo, caen en el análisis del individuo. Pueden involucrar el contexto social de la privación relativa, pero su método a menudo sigue siendo individualista. Tales explicaciones pueden pasar de largo la trascendencia más amplia de la desigualdad a través de la erosión de las instituciones públicas (un subproducto necesario de la hipercomercialización) y mediante las desigualdades ambientales. Por ejemplo, el análisis individualizado de la privación relativa no toca la dinámica social del acceso desigual a la infraestructura, tales como el acceso al agua potable.

Teorías sobre el contrato social y la justicia social Las ideas sobre la función y la disfunción sociales han contribuido a las teorías normativas del contrato social y la justicia social, que tienden a tratar la desigualdad de manera más directa que las previamente planteadas. Mientras que algún nivel de desigualdad podría considerarse funcional, por ejemplo, en la provisión de incentivos o recompensas, los niveles más graves a menudo se consideran ilegítimos. Pero, ¿en qué sentido y estándares? Un acuerdo implícito o “contrato social” a menudo ha sugerido que, como apuntó Weber, la legitimidad se define según “un mínimo de sometimiento voluntario [y, así también,] la obediencia”, cuestión que constituye un requisito (Weber, 1922: 2014-116). Las desigualdades existentes más allá de los límites implícitos pueden entonces considerarse “ilegítimas”, fomentando, a su vez, conflictos disfuncionales y delincuencia. La literatura sociológica y de criminología incluye grandes elementos sobre esta “percepción de privación relativa ilegítima”. En combinación con la inestabilidad del mercado laboral, se dice que ésta genera criminalidad, violencia e inseguridad social (Vanneman y Pettigrew, 1972; Braithwaite, 1979; Blau y Blau, 1982). Mientras que el resentimiento “legítimo” genera delincuencia e inseguridad, la desventaja derivada de la condición de clase ¿Por

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puede incrementarse en áreas clave como la educación y la salud, y luego, a su vez, socavar la cohesión social. La desigualdad puede ser vista como generadora de tensiones sociales ahí donde quienes menos tienen se sientan desposeídos, “lo que los conduce a buscar compensación y satisfacción por cualquier miedo” (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2002: 2; Stack, 1984: 229). En un estudio que analizó el robo y el homicidio como indicadores clave de la delincuencia, los índices de criminalidad y desigualdad mantuvieron una correlación positiva al interior de los países, así como entre ellos. Sin identificar los mecanismos de este proceso, el análisis encontró que “esta correlación refleja causalidad entre desigualdad y tasas de criminalidad, incluso cuando se controlan otros determinantes de la criminalidad” (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2002: 26). Otro amplio estudio llegó a conclusiones semejantes respecto a los crímenes violentos. La “desigualdad [tiene] un sólido y robusto impacto sobre los crímenes violentos”. Respecto a las tasas de los crímenes violentos, el impacto de la desigualdad era considerable, “incluso cuando se controlaron los efectos de la pobreza, la raza, y la composición familiar” (Kelly, 2000: 530, 537). Nótese, no obstante, que el enfoque hasta aquí desarrollado ha recurrido a los efectos disfuncionales de la desigualdad, más que a su carácter fundacional. Los problemas con la inclusión de la funcionalidad al interior de un supuesto contrato social son que este enfoque puede no colaborar a identificar los límites tras los cuales una grave desigualdad se convierte en antisocial. El conflicto social también puede surgir de la “percepción de privación relativa ilegítima”, aunque la ideología social puede “flexibilizar” las nociones de legitimidad, mediante una tolerancia inducida. Tal puede ser el caso en las culturas fatalistas. En otras palabras, puede haber “consentimiento” y “sumisión” (en términos weberianos) ante una gran cantidad de regímenes sociales profundamente desiguales. Más aún, el consentimiento o sumisión ante las explicaciones basadas en el contrato social pueden debilitar importantes vínculos sociales, así como instituciones sociales. A partir de la idea del “contrato social”, Rawls propuso una teoría de justicia alternativa a la del utilitarismo, pensamiento que había abogado por “el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas”. Rawls nombró a su perspectiva “justicia como equidad”. Los principios de la justicia debían determinarse mediante la elección racional, pero en circunstancias de imparcialidad. En esta línea de razonamiento, las desigualdades eran permisibles sólo si protegían o mejoraban a los integrantes menos privilegiados de la sociedad (Rawls, 1971: 11-15). Esta idea exigía una distribución equitativa de bienes y responsabilidades, que podría implicar la “completa e igual participación de todos los grupos en una sociedad conformada para satisfacer las necesidades de unos y otros”, y que también pudiera apoyar la antigua idea de derechos alienables. También se ha sugerido que esta perspectiva de justicia social significa “equidad o imparcialidad (…) un concepto ético fundamentado en los principios de la justicia distributiva” (Levy y Sidel, 2006: 8-9). Este es un punto de vista difundido, cuyas implicaciones para la desigualdad han sido adoptadas por Sen (1995) y 200 ⎥ Tim Anderson

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Therborn (2013), así como por algunos economistas como Stiglitz (2014) y Piketty. Este último afirma que una desigualdad grave implica que “el pasado devora al futuro”, y esto es “una amenaza potencial para las sociedades democráticas y los valores de justicia social sobre los que se basan” (Piketty, 2014: 571). Con todo, las explicaciones en torno a una justicia social idealizada, con frecuencia dejan de lado la función social integral y la agencia. Es por esto que sugiero que debemos avanzar un paso más.

Explicaciones en torno a la integridad social Cuando hablo de las explicaciones sobre “la integridad social” me refiero a aquellas perspectivas que colocan el énfasis sobre la integridad de los sistemas sociales, otorgando prioridad a la inclusión social y, de este modo, haciendo de la exclusión y de la desigualdad grave, temas de preocupación fundamental. Para estas perspectivas, la desigualdad grave socava la dinámica central de la autodeterminación popular, a la par del desarrollo individual y social. Se considera que la desigualdad degrada la integridad social, y que quebranta los “círculos virtuosos” de construcción social, además de los sistemas social, de salud y educativos universales. Tales aproximaciones empatan bien con las nociones más amplias de ciudadanía social y democracia social (Marshall, 1950), así como con el reconocimiento más contemporáneo de que los derechos de ciudadanía individual requieren del respaldo de un cuerpo político integral, que rinda cuentas y sea independiente (hrc/Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la onu, 1984). Las explicaciones en torno a la integridad social son más efectivas para demostrar que la desigualdad grave niega la identidad social, la cohesión y la agencia necesarias para llevar a la práctica el derecho a la auto-determinación, impide los derechos de participación de las personas en lo individual, excluye a los menores como seres sociales, es constitutiva de la pobreza y, asimismo, inhabilita y excluye. Muchos autores han hablado de la desigualdad grave como algo que corroe socialmente (Polanyi, 1944; Myrdal, 1957, Wilkinson y Pickett, 2010). Polanyi señaló que, en sociedades tradicionales que dependen de la reciprocidad, el individualismo extremo no era posible y que “el mantenimiento de los vínculos sociales [resultaba] crucial” tanto para los individuos como para la sociedad (Polanyi, 1944: 48). En cambio, el individualismo de los sistemas hipotéticos del “mercado autorregulador”, ampliamente promovidos en Europa, destruiría “la sustancia humana y natural de la sociedad” (Polanyi, 1944: 3). Myrdal (1957) aludió a una idea similar cuando habló de los círculos vicioso y virtuoso del desarrollo y la decadencia sociales. Ante esta manera de pensar, ni los progresos ni las regresiones sociales podrían entenderse simplemente mediante iniciativas individuales, ni con base en la atomizada dinámica de los mercados; se debían tomar en cuenta los complejos vínculos cruzados entre comunidades, gobierno e industria. La exclusión de grandes grupos de ¿Por

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personas debido a grandes desigualdades, necesariamente resultaba dañina para el núcleo de la funcionalidad social. Wilkinson y Pickett, a partir de una serie de observaciones llevadas a cabo en los sistemas de salud pública y privada, arguyen a favor de los beneficios más amplios, presentes en las sociedades más igualitarias o “colaborativas”. La igualdad social, sostienen, beneficia a la sociedad por entero, no sólo a los grupos más pobres. Tomando en cuenta principalmente a países ricos, le restan importancia a las exageradas ventajas de contar con ingresos más altos y, en lugar de esto, muestran las correlaciones existentes entre la desigualdad y una gama de problemas sociales y de salud: la falta de confianza, la enfermedad mental, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la obesidad, el desempeño educativo, el embarazo adolescente, el homicidio, las tasas de encarcelamiento, la movilidad social, y una práctica medioambiental incluso más precaria (Wilkinson y Pickett, 2010: 19-21, 82-83, 232). Después de repasar sobre otras posibles causas de estos problemas, concluyen que “la desigualdad es el denominador común, así como una fuerza en extremo nociva” (Wilkinson y Pickett, 2010: 190-195). En tanto que otros estudios señalan correlaciones similares usando el concepto más amplio de “estatus socioeconómico”, refuerzan lo dicho por Wilkinson y Pickett, mediante vínculos con las disparidades de ingresos (Daly, Duncan, Kaplan y Lynch, 1998: 315; Duleep, 1986). Utilizando una concepción más amplia de ciudadanía, así como nociones de reciprocidad o imparcialidad condicional, los socialistas fabianos Horton y Gregory presentan otra explicación con base en la integridad social. Señalando un aumento en la pobreza relativa desde principios de los años ochenta y los problemas que esto plantea para el bienestar social, sostienen que los principios de participación y los programas sociales universales son más propensos a mantener el apoyo que los regímenes contributivos u obligatorios (Horton y Gregory, 2009: 5-91-212). Por supuesto, esto tiene importantes implicaciones para la cuestión de contar con programas sociales universales versus programas sociales para poblaciones meta. Con un sólido enfoque social, Wilkinson y Pickett afirman que tratar la desigualdad requiere de una “transformación del equilibrio entre un consumismo auto-interesado, divisivo, impulsado por la competencia por estatus, y una sociedad más integrada en lo social, así como incluyente [para] desarrollar el ethos público y el compromiso de trabajar en conjunto [necesarios] para resolver los problemas que nos amenazan por igual” (Wilkinson y Pickett, 2010: 233). Una mayor igualdad, sostienen, beneficia no sólo a quienes tienen menos, sino a los ricos y al organismo social entero. Dicen que la evidencia demuestra que “la gente en cada categoría [de ingreso] es más saludable [o más alfabetizada] si se encuentran en una sociedad más igualitaria, que la gente en la misma categoría de ingresos, educación o clase, en una sociedad menos igualitaria”. Esto los lleva a concluir que “cuando la gente de la misma clase social, con el mismo nivel de ingresos o educación se compara entre paí202 ⎥ Tim Anderson

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ses, quienes viven en sociedades más iguales, tienen una mejor vida” (Wilkinson y Pickett, 2010: 275-276). Esta aproximación a los beneficios más extendidos de las sociedades más igualitarias, con base en la evidencia, constituye una poderosa posibilidad de intervención en las políticas públicas de las sociedades en extremo liberales o privatizadas, y representa un ejemplo importante de la perspectiva de la integridad social ante la desigualdad. Tal desarrollo social cohesivo también se encuentra en la raíz de un importante informe sobre el derecho a la educación (Tomasevski, 2006). El cuadro 1 resume los cuatro tipos de explicación que he planteado. Sugiero que la perspectiva de la integridad social es la más satisfactoria, ya que identifica de manera más directa, con una lógica más elemental, las bases que podría utilizar la política pública para tratar la desigualdad grave. Las explicaciones centradas en argumentos más sociales establecen vínculos más sólidos con los procesos orgánicos de la autodeterminación práctica individual, tanto como social, tan necesaria para la supervivencia y reproducción de las sociedades. Cuadro 1 Explicaciones de la desigualdad

Factores limitantes

Lógica fundamental

Argumentos económicos

Desigualdad definida por el ingreso, y limitada a éste

El aumento en el ingreso importa

Explicaciones en torno a la pobreza dinámica y el desarrollo humano

Los problemas de desigualdad se definen por derechos efectivos y/o por la justicia social

La desigualdad se vincula a la pobreza; los derechos individuales efectivos, importan

Teorías sobre el contrato social y la justicia social

El conflicto define al problema, el “consentimiento” lo puede mitigar, las relaciones idealizadas, lo evitan

Los acuerdos sociales hipotéticos y/o la justicia social idealizada, importan

Explicaciones con base en la integridad social

Involucramiento directo; la participación equitativa es socialmente necesaria

La desigualdad es un problema básico; la exclusión social obstruye la autodeterminación individual y social

Conclusiones Pese a que existen grandes discusiones sobre la desigualdad, existe poco consenso real sobre las bases por las que deben existir políticas públicas específicamente orientadas a ésta. Puede que ello no cambie en el corto plazo, pero hay razones por las que el asunto ¿Por

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debe ser discutido, así como los criterios en torno a tal problemática. La influencia de los argumentos económicos no es menor en cuanto a la ausencia de dicho consenso; éstos tienden a hacer de la desigualdad una problemática que deriva del crecimiento en las economías formales agregadas. Como se sostuvo antes, esta es una lógica débil y supeditada, que asume que el crecimiento económico ocupa un lugar común y privilegiado en la política pública, a la vez que trata a la desigualdad grave, ya sea como algo funcional para la “sociedad del mercado”, o como algo que tiene poca lógica disfuncional de amplias repercusiones por sí misma. Entre las explicaciones de corte más social, a menudo también encontramos una lógica secundaria, en ocasiones abstracta o idealizada, que muchas veces sólo se involucra parcialmente con la cuestión. Sugiero que resultan más satisfactorias aquellas explicaciones que vinculan la desigualdad grave, incluyendo la pobreza relativa y la exclusión social, de manera más directa tanto con la plenitud individual, como con la autodeterminación social. Las explicaciones con base en la integridad social pueden explicar de mejor manera que la desigualdad grave no sólo es constitutiva de la pobreza, injusta y percibida como ilegítima, sino que también niega una identidad social, así como la cohesión y agencia necesarias. Las explicaciones cimentadas en la “integridad social” tienden a demostrar, con mayor lógica elemental, cómo la desigualdad grave puede socavar la agencia social integral, así como a un cuerpo político coherente, tan necesario para el progreso social y para los derechos de ciudadanía.

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Desigualdades sociales e interdependencias globales en América Latina: una valoración provisional1 Social Inequalities and Global Interdependences in Latin America: A Provisional Appraisal Marianne Braig∗ Sérgio Costa∗∗ Barbara Göbel∗∗∗ Recibido el 1 de septiembre de 2014 Aceptado el 21 de septiembre de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

El artículo expone las bases desde las que se desarrolló la perspectiva de investigación de la red de investigaciones desiguALdades.net. Partiendo

The following working paper lays out the baseline from which the research approach of the research network desiguALdades.net was de-

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Este documento está basado en las discusiones que se llevaron a cabo en el contexto de la red investigativa interdisciplinaria internacional desiguALdades.net (Red Internacional de Investigaciones sobre Desigualdades Interdependientes en América Latina), financiada por el Bundesministerium für Bildung und Forschung. La red se estableció de manera conjunta a fines de 2009, por el Lateinamerika-Institut de la Universität Berlin y por el Ibero-Amerikanisches Institut del Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Los autores agradecen a Frank Adloff, Manuela Boatcă, (continúa siguiente página) ∗  Profesora de Ciencias Políticas en la Freie Universität Berlin, Lateinamerika-Institut (Alemania). Desde 2009 ha sido portavoz de desiguALdades.net como coordinadora de la dimensión investigativa ii: desigualdades sociopolíticas. Ha sido profesora invitada en universidades de Brasil, México y Chile. Sus líneas de investigación son: género y movilidad, cultura política, Estado, entramados y desigualdades transregionales y globales. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Globalización de la naturaleza y ciudadanía: resistencias, conflictos, negociaciones” (2013, coeditado con Barbara Göbel); Entre espacios. Movimientos, actores y representaciones de la globalización (2013, coeditado con Carlos Alba, Stefan Rinke, y Guillermo Zermeño). Correo electrónico: mbraig@zedat.fu-berlin.de ∗∗  Profesor de Sociología en la Freie Universität Berlin, Lateinamerika-Institut (Alemania). Desde 2009 ha sido portavoz de desiguALdades.net como coordinador de la dimensión investigativa iv: teoría y metodología. Sus líneas de investigación son: democracia y diferencia cultural, racismo y anti-racismo, desigualdades sociales y procesos políticos transnacionales. Entre sus últimas publicaciones destacan: Decolonizing European Sociology. Transdisciplinary Approaches (2010, coeditado con Encarnación Rodríguez y Manuela Boatcă); Democracia y reconfiguraciones contemporáneas del derecho en América Latina (2012, coeditado con Stefanie Kron y Marianne Braig). Correo electrónico: sergio.costa@fu-berlin.de ∗∗∗  Antropóloga Social y directora del Ibero-Amerikanisches Institut der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Alemania). Desde 2009 ha sido portavoz de desiguALdades.net como coordinadora de la dimensión investigativa iii: desigualdades socio-ecológicas. Investigadora principal del Consejo del Excellence Cluster “Image, Knowledge, and Gestaltung”, en la Humboldt-Universität en Berlín. Sus líneas de investigación son: relaciones humano-ambientales, formas y prácticas del conocimiento. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Globalización de la naturaleza y ciudadanía: resistencias, conflictos, negociaciones” (2013, coeditado con Marianne Braig); Ideas viajeras y sus objetos: el intercambio científico entre Alemania y América Austral (2011, coeditado con Gloria Chicote). Correo electrónico: goebel@iai.spk-berlin.de

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de las diversas dimensiones de la desigualdad social en América Latina, se busca poner énfasis en la multidimensionalidad de las desigualdades y sus interdependencias transregionales, tomando en cuenta una perspectiva sincrónica y diacrónica. De esta manera abreva, en primer lugar, del discurso de los puntos de vista globales para el estudio de las desigualdades, en particular del enfoque del sistema-mundo y del transnacionalismo. En segundo lugar, se fundamenta en el examen crítico de conceptos clave (configuración y régimen). Por último, busca vincular estos conceptos a temas y áreas, en especial a la dimensión medioambiental, que hasta ahora ha recibido poca consideración en la investigación sobre desigualdades.

veloped. Starting from diverse social inequality phenomena in Latin America, the network seeks to underline the multidimensionality of inequalities and their transregional interdependencies, taking a synchronic as well as a diachronic perspective into account. It thereby draws, first, on the discourse on global approaches to the study of inequalities, particularly world system approaches and transnationalism. Secondly, it is based on a critical examination of key concepts (like figuration and regime). Lastly, it seeks to link these to subjects and areas, especially the environmental dimension, that until now have received little consideration in research on inequalities.

Palabras claves: configuración; desigualdades interdependientes; regímenes; entramados transregionales.

Keywords: figuration; interdependent inequalities; regimes; transregional entanglements.

Introducción La creciente brecha social entre ricos y pobres se ha vuelto una vez más una problemática social importante. Junto con su prominencia en los debates políticos recientes, la temática atrae una mayor atención en el área de las ciencias sociales. Aunque el estudio de las desigualdades sociales ha sido tema central de la sociología moderna desde hace tiempo, el análisis enfrenta retos empíricos y heurísticos que revelan los límites de las teorías sociales comunes, al a vez que pone énfasis en la necesidad de superar el nacionalismo metodológico. En el contexto de las crecientes implicaciones globales, ya no parece que sea adecuado utilizar sólo al Estado-nación como unidad primaria de análisis. Más bien, se deben desarrollar unidades de análisis relacionales alternativas que tomen en cuenta las estructuras transregionales en las que se incrusta el Estado-nación. Una cooperación más sólida2 con

Barbara Fritz, Bert Hoffmann, Elizabeth Jelin, Wolfgang Knöbl, Philip Lepenies, Carlos Reboratti, Hilda Sábato, Imme Scholz, e Ingrid Wehr. No obstante, los autores de este documento son los únicos responsables de su contenido. Traducción del original en inglés: Lucía Rayas. 2  Lo que incluye la cooperación con la investigación crítica sobre el desarrollo.

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estudios de área puede ampliar la perspectiva de las disciplinas de las ciencias sociales, y salir de la camisa de fuerza tradicional del Estado-nación. En este contexto, la red de investigación desiguALdades.net persigue diversos objetivos. Uno de ellos es contribuir a la discusión sobre desigualdades en América Latina al fomentar el intercambio de ideas entre estudios de área y otras ciencias sociales organizadas en disciplinas. Un segundo objetivo es proveer de insumos metodológicos y teóricos a las discusiones actuales sobre desigualdades sociales en el contexto global. Por último, mediante la investigación empírica en América Latina, la red también busca contribuir a una comprensión más diferenciada de las desigualdades sociales, que tome en cuenta las interdependencias multidimensionales y transregionales. América Latina representa un punto de arranque empírico apropiado por una variedad de razones. América Latina –incluyendo el Caribe- es la región del mundo que muestra la mayor desigualdad social: 40% de su población se considera pobre y casi 20% extremadamente pobre. Sus sociedades se caracterizan por una distribución del ingreso en extremo polarizada. Los coeficientes Gini de la mayoría de los países latinoamericanos (después de impuestos y transferencias) excede 0.5, mientras que en los países europeos occidentales gravita 0.3 (cepal, 2012). Aunque las diferencias de ingresos han disminuido recientemente en algunos países, la estructura básica de las desigualdades económica y social difícilmente ha cambiado. El gran nivel de desigualdades económicas y de asimetrías de poder en América Latina no es algo nuevo. Se trata de fenómenos históricamente persistentes, que no se pueden considerar en su longue durée sin sus vínculos con la época colonial y el fundamento histórico de cada Estado-nación en el curso del siglo xix. Al mismo tiempo, las configuraciones tanto históricas como contemporáneas de las desigualdades en los países latinoamericanos se han configurado -y lo siguen haciendo- por sus interdependencias transregionales. Además de estas razones empíricas, América Latina también representa un buen punto de enfoque para promover un intercambio más concienzudo entre los estudios de área y las disciplinas de las ciencias sociales en el contexto de los estudios sobre desigualdad. En América Latina, la investigación científica social sobre desigualdades se ha desarrollado a lo largo de varias décadas para llegar a captar su multidimensionalidad y pensar en términos de dependencias. Con la excepción de las teorías de la dependencia de la década 1960, el conocimiento que se produjo en esta tradición no ha llegado a un público amplio en Alemania. Una de las metas del diseño de investigación de desiguALdades.net, por lo tanto, es introducir los resultados de la investigación de las ciencias sociales latinoamericanas en los debates de Alemania y Europa.

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Desigualdades interdependientes: desafíos teóricos y metodológicos A partir de los enfoques estándar (Dubet, 2001; Kreckel, 2004; Tilly, 1998), definimos desigualdad social como la distancia entre las posiciones de individuos y grupos en la jerarquía de acceso a bienes socialmente relevantes (ingreso, riqueza, etcétera) y a recursos de poder (derechos, participación política, cargos políticos, etcétera). A diferencia de la investigación convencional sobre desigualdades, que examina estas posiciones al interior de los espacios del Estado-nación, empleamos unidades de análisis que ni son fijas, ni están predeterminadas espacialmente. Las desigualdades interdependientes consideradas de esta manera requieren tomar en cuenta los entramados y flujos espaciales entre territorios que trascienden el marco del Estado-nación. En concordancia, las unidades de análisis se definen de manera relacional, esto es, según las estructuras relacionales relevantes para cada pregunta de investigación específica. Al centro de los intereses de investigación de la Red Internacional de Investigaciones sobre Desigualdades Interdependientes en América Latina se encuentran aquellas desigualdades que surgen de los entramados transregionales, y también las que se fortalecen o modifican mediante las interdependencias globales y las asimetrías de poder. Por lo tanto, la red pone énfasis en tres aspectos particulares de la investigación de las desigualdades sociales: 1. Las desigualdades sociales en los contextos de entramados globales, yendo más allá del nacionalismo metodológico, que ha dado forma a la investigación de las ciencias sociales sobre desigualdades, tanto en Alemania como en América Latina. Esto incluye la expansión de las unidades de investigación por lo general definidas de manera espacial, para también incluir unidades de análisis relacionales. 2. Las interdependencias entre distintos ejes de estratificación: la investigación se centra en interseccionalidades entre formas de adscripción étnicas, de género y otras que dan forma a las desigualdades sociales junto con factores específicos de la clase social. 3. La multidimensionalidad de las desigualdades sociales: las dimensiones cultural y socioecológica también se toman en cuenta, además de las dimensiones socioeconómicas y de poder político, que durante mucho tiempo han sido los únicos componentes centrales de la investigación sobre la desigualdad. También se consideran los efectos espaciales y temporales de las desigualdades. Además, estas dimensiones no se analizan por separado, sino que se estudian empíricamente mediante fenómenos particulares, considerando sus efectos combinados sobre las estructuras de desigualdad en América Latina.

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Enfoques en la investigación sobre desigualdad entre sociedades nacionales y entramados globales En la investigación sobre desigualdades, el concepto de interdependencia se refiere a dos formas complementarias de imbricación: a. Una forma son las interdependencias entre distintos ejes de desigualdad (clase, género, etnicidades, “raza”, lugar de residencia, etcétera), desde los que una persona o grupo se posicionan y desde los que participan en las jerarquías socioeconómicas y de poder político. Investigar las desigualdades desde la perspectiva del nacionalismo metodológico implica conceptualizar la sociedad y lo social desde el Estado-nación, sin reflejar sus implicaciones. b. Se entienden las interdependencias globales como entramados entre estructuras de desigualdad que van más allá de los espacios local, regional, nacional y supranacional. Más aún, éstas se refieren a fenómenos de desigualdad temporales tanto como espaciales (por ejemplo, desigualdades entre generaciones, o entre diversos lugares en regiones diferentes del mundo). El análisis de las interdependencias entre distintos ejes de desigualdad tiene una larga tradición en América Latina y permanece como una de las áreas centrales de investigación para las ciencias sociales de la región.3 En el caso de las interdependencias globales, desde principios de la década 1960 la investigación social en Latinoamérica hizo contribuciones importantes e innovadoras hacia una comprensión más profunda de las desigualdades interdependientes dentro de un contexto global, así como entre espacios sociales más allá del Estado-nación. Las ciencias sociales, en particular aquellas que se desarrollaron en el contexto de las teorías de la dependencia y la marginalización, produjeron estudios sobre las sorprendentes diferencias en riqueza tanto entre regiones del mundo, como al interior de sociedades nacionales en América Latina. Al mismo tiempo, pusieron énfasis en la naturaleza recíproca de las relaciones entre Estados-nación, y entre regiones del mundo. Estos enfoques interpretaban las dependencias como consecuencia de las relaciones asimétricas dentro de la economía mundial4 y al interior de los Estados latinoamericanos, para los que se toma en cuenta las dimensiones históricas. No obstante, los debates de las ciencias sociales que dieron lugar a las teorías de la dependencia y la marginalización se interrumpieron debido a varias discontinuidades y a un cambio de paradigmas. A lo largo de la década de 1980, la investigación en Latinoamérica se alejó de la perspectiva de la dependencia. Como en otras regiones del mundo, los enfoques 3

Véase: Fernándes (1965) y Stavenhagen (1969).   Véase: Cardoso y Faletto (1979).

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econométricos dominaron el campo de la investigación de las desigualdades,5 centrándose tan sólo en variables explicativas en el ámbito nacional. De este modo, las ciencias sociales en América Latina perdieron cierto grado de profundidad histórica y atención teórica, distanciando el énfasis de la investigación sobre las desigualdades sociales, para llevarlo a estudios sobre la pobreza y “la guerra contra la pobreza”. Estos estudios tuvieron el impulso, en gran medida, de las agencias de desarrollo internacional, en particular del Fondo Monetario Internacional (fmi) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (Banco Mundial), que se convirtieron en las financiadoras más relevantes de la investigación sobre pobreza en América Latina. En particular, el Banco Mundial (bm) proveyó del formato y la concentración de la investigación mediante sus World Bank Reports.6 Los estudios de ambas instituciones promovieron y alentaron una forma de producción de conocimiento que accedía a sus propios programas. Éstos tuvieron una enorme influencia en las agendas de investigación y en las directrices de los proyectos de las organizaciones dedicadas al desarrollo internacional, así como en las perspectivas de las consultorías en torno al diseño y gestión de las políticas públicas. No fue sino hasta fines de la década de 1990 que el campo de la investigación en América Latina experimentó una reconfiguración; los estudios, una vez más, modificaron el interés central para volver a la desigualdad social. El enfoque puramente económico se complementó con investigaciones más amplias sobre las desigualdades. Desde entonces, diversas disciplinas como la sociología, el derecho, la antropología cultural y social, las ciencias políticas, la economía política, la geografía y la historia, han contribuido al desarrollo de nuevas perspectivas teóricas y metodológicas, y han conducido a una cantidad considerable de nuevos hallazgos. Éstos son los antecedentes que incitaron una discusión más extensa en América Latina acerca de las dimensiones, causas e institucionalización de las desigualdades. La perspectiva clásica, centrada en la clase y el estrato, se amplió, y se colocó un énfasis reforzado sobre factores tales como el género, la etnicidad o raza, y se asentó la naturaleza complementaria e interdependiente entre los ejes de estratificación. En años recientes, proliferaron los análisis cualitativo y cuantitativo que analizan las desigualdades sociales, políticas y económicas desde una óptica específica de género, así como estudios que documentan y analizan patrones de desigualdad cultural, étnica o con base en la raza, como aquellos que examinan grupos poblacionales indígenas y afrolatinoamericanos.7 La investigación histórica más reciente se ha dedicado a los entramados transnacionales, subrayando la relevancia analítica del concepto de interdependencia. Al usar varias cadenas 5

Véanse: Deiniger y Squire (1996); Psacharopoulos, Morley, Fiszbein, Leey y Wood (1997).   Véanse: Shiraishi, Yamagata y Yusuf (2009); Banco Mundial (1990 y 2006). 7   Véase: Barros, Ferreira, Molinas Vega y Saavedra Chanduvi (2008). 6

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de producción y de mercancías como ejemplos, analizan cómo se entretejen los procesos globales (externos) y políticos (internos).8 En la médula de estos estudios se ubica el papel histórico de América Latina como abastecedora de materias primas y productos agrícolas para la economía mundial. El consumo global de materias primas (minerales, gas, petróleo, etcétera), así como de productos agrícolas de América Latina (soya, palmas de aceite, entre muchos otros), ha vuelto a adquirir importancia durante los últimos años. Esto se debe, en parte, a la demanda de los países en crecimiento, tales como China e India, de modo que se forman nuevas (inter)dependencias transregionales.9 Las consecuencias del nuevo auge de la extracción orientada a la exportación en los ámbitos nacional y subnacional, varían ampliamente. En el caso ideal, la tendencia a la extracción permitiría que el Estado tuviera entradas independientes de su base económica nacional, con las que podría financiar transferencias sociales (dependiendo de la orientación política del gobierno en cuestión). Localmente, el consumo global de tierra y recursos naturales desencadena conflictos sociales, así como complejas negociaciones respecto a la distribución de ganancias, costos y riesgos. Una serie de estudios recientes, que vinculan perspectivas de la ecología política con las de investigación de conflictos para poder investigar disputas sobre derechos de propiedad, participación, así como la distribución de ganancias, costos y riesgos en contextos locales, nacionales e internacionales, toman en cuenta los entramados transregionales de los regímenes legales indígena y ecológico, así como las políticas públicas.10 Estas investigaciones utilizan puntos de vista que se centran en la interdependencia entre los distintos niveles y marcos de referencia. También examinan el conflicto entre diferentes formas y prácticas del conocimiento en el contexto de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Por lo general, no obstante, estas investigaciones colocan un mayor énfasis sobre las asimetrías de poder en el acceso a los recursos naturales que en cuestiones de desigualdad socioeconómica. En resumen, la investigación sobre desigualdad en América Latina demuestra, en primer lugar y sobre todo, una persistencia de las desigualdades. En segundo lugar, la investigación se ha centrado en desigualdades sociopolíticas en las que los análisis de las relaciones de poder también incorporan la importancia de las dimensiones cultural, étnica, pertinentes a la raza y al género, así como a otras dimensiones no específicas de la clase social. En tercer lugar, la investigación toca cada vez más las dimensiones ecológicas de la desigualdad, al investigar las repercusiones de la tendencia a la extracción, en particular debido a los consiguientes conflictos medioambientales. Éstos no sólo se correlacionan con la creciente importancia global de las materias primas latinoamericanas, 8

Véase: Bonanno y Cavalcanti (2011); Topik, Marichal y Zephyr (2006).   Véase: Gudynas (2012); Orlove, Taddei, Podestá y Broad (2011). 10   Véanse: Bebbington (2007); Benjaminsen, Alinon, Buhaug y Tove Buseth (2012); Lund (2011). 9

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sino también con la mayor percepción social de los problemas ambientales y de recursos, como conflictos en torno a la distribución y su relevancia para el desarrollo de la desigualdad social. Además de los acercamientos estructurales y los análisis sobre el poder, la investigación socioecológica sobre desigualdades toma en cuenta las dimensiones del conocimiento y del análisis de la cultura, tales como las distintas nociones de bienes públicos y de derechos de propiedad privada. A pesar del amplio espectro de teorías y temas, la academia latinoamericana dedicada a la investigación sobre desigualdades permanece, en general, analíticamente limitada al Estado-nación11 -a excepción de aquellos casos donde persiste una conexión directa con la teoría de la dependencia-. En este sentido, no se aparta del patrón general que se observa en la investigación en las ciencias sociales, donde predominan unidades de análisis desarrolladas desde la perspectiva de las sociedades nacionales. Desde este punto de vista, diferentes posiciones sociales se mantienen ancladas en sociedades dentro de los Estados-nación; las premisas teóricas y metodológicas, así como las implicaciones de este posicionamiento, no han estado sujetas a un cuestionamiento crítico suficiente. Esta perspectiva se apoya en las experiencias de las sociedades respectivas, así como en el discurso público que la rodea.

Contribuciones recientes a la investigación global sobre desigualdades Existe una serie de perspectivas que pueden usarse de manera fructífera para el análisis de los entramados transregionales de las desigualdades sociales. La mayor parte de las miradas comparativas adoptan perspectivas socioeconómicas basadas en la teoría del sistema-mundo de Immanuel Wallerstein para estudiar brechas de ingreso entre grupos de países (países centrales, semiperiféricos y periféricos).12 Otro enfoque importante que toma en cuenta las desigualdades interdependientes que existen más allá de las fronteras nacionales es el enfoque del transnacionalismo. Resultan particularmente innovadoras aquellas contribuciones que investigan las desigualdades interdependientes de los actores, como es el caso de los migrantes,13 en sus marcos específicos transnacionales y translocales. Tales estudios demuestran cómo se pueden reducir o mitigar las desigualdades sociales por la vía del capital social y cultural, así como por

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Wehr y Burchardt (2011).   Bornschier (2008a); Korzeniewicz y Moran (2009). 13   Véase: Weiβ (2005); Weiβ y Berger (2008); Pries (2008a y 2008b). 12

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la etnicidad, en el caso de la migración.14 Las contribuciones que investigan15 las reconfiguraciones de las estructuras sociales como la clase en espacios transnacionales, también son relevantes.16 Los avances metodológicos recientes también han producido nuevos instrumentos útiles para la investigación de las desigualdades en contextos transnacionales.17 Las publicaciones recientes sobre la transnacionalización de derechos han jugado un papel significativo. Muestran que los derechos globales pueden tener un efecto sobre las desigualdades sociales, que hasta ahora no se ha investigado lo suficiente.18 Esto sin duda ha abierto nuevos caminos para la investigación de las desigualdades dentro del contexto global. De todos modos, en la mayoría de los casos se presta poca atención al hecho de que las desigualdades sociales son parte de una historia contingente de la modernidad, que ensambla su producción en Europa, con estructuras de desigualdad en otras regiones del mundo mediante el sistema colonial y el comercio de esclavos, durante varios siglos (Randeria, 2005).19 Además de la consideración de la restricción teórico metodológica del estudio de los procesos globales de desigualdad, el rango empírico de los fenómenos bajo examen también puede sujetarse a la crítica. En primer lugar y por encima de todo, una cantidad muy numerosa de los estudios que aparecen en lengua alemana se han limitado a los estudios de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). Por tanto, la red investigativa desiguALdades.net está diseñada para crear un puente entre hallazgos empíricos, así como entre enfoques teóricos de América Latina con el objeto de integrarlos nuevamente al estudio en alemán sobre las desigualdades.

El concepto investigativo de desiguALdades.net Puntos de partida Desde su fundación en el 2009, la red de investigaciones desiguALdades.net ha buscado acercar contribuciones y perspectivas de distintas comunidades epistémicas que examinan las desigual14

Véase: Collaborative Research Center 882 “De la heterogeneidad a las desigualdades”, en especial el Proyecto C, “De la heterogeneidad las desigualdades más allá del Estado-nación”, en la Universidad de Bielefeld. Disponible en: <http://www.sfb882.uni-bielefeld.de/de/areas/c> [Consultado el 17 de octubre de 2014]. 15   Una vez más, el papel de la ciudadanía en la configuración de las desigualdades globales se investiga, de manera predominante, utilizando perspectivas que se basan en la teoría del sistema-mundo. Véanse: Shachar, (2009), Kreckel (2006) y Greve (2010). 16   Véase: Schwinn (2008). 17   Véase: Bauböck y Faist (2010); Pries (2005 y 2007). 18   Véase: Fischer-Lescano y Möller (2012). 19   Hasta ahora, los procesos globales de desigualdad difícilmente se han incluido en la evaluación crítica del papel del conocimiento sobre pobreza y desigualdad social en el desarrollo de la teoría. Un ejemplo para el caso de los Estados Unidos son O’Connor (2001) y Shiraishi, Yamagata y Yusuf (2009).

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dades interdependientes, generando diálogo e intercambio mutuo y expandiendo la comprensión de los procesos de imbricación mediante la introducción de un enfoque transregional. Retomando a Reinhard Kreckel (2004), tomamos la siguiente cuestión como punto de partida: ¿en qué medida las posibilidades de acceso y distribución a bienes deseables, el estatus social y las posiciones de poder en América Latina se conforman no sólo por vínculos locales, regionales y nacionales de interdependencias, sino también por aquellos globales y transregionales? Al centrarnos en los procesos globales que estructuran las desigualdades sociales y en su carácter multidimensional, se busca contribuir a una reorientación de la investigación sobre ese tema. Nuestro acercamiento a las desigualdades interdependientes y multidimensionales abreva de los nuevos hallazgos en el campo del transnacionalismo (desigualdad transnacional) y de la teoría del sistema-mundo (desigualdad global). Los contextualizamos en las discusiones macrosociológicas sobre “modernidades entramadas” (Randiera, 2005) para alcanzar una clara comprensión de las mismas (Costa, 2011a). La perspectiva del transnacionalismo pone énfasis en la interconexión entre las distintas estructuras nacionales de desigualdad. Al centro están los actores que se mueven entre fronteras, tales como los migrantes y su incorporación en las redes transnacionales o los miembros de una clase media globalizada, cuyos estilos de vida se han desarrollado de manera semejante en las sociedades de diversos Estados-nación.20 Las contribuciones que se fundamentan en la teoría del sistema-mundo lidian con procesos históricos globales como el colonialismo, la esclavitud, y las asimetrías en el comercio mundial, que aún dan forma a las desigualdades contemporáneas.21 La perspectiva de la teoría del sistema-mundo, así como la del transnacionalismo, no limitan el rango de sus investigaciones a la comparación de sociedades contenidas dentro de fronteras nacionales; también desarrollan unidades de investigación analíticas22 que permiten que la investigación se centre en flujos entre espacios con diferentes niveles de entramados. La investigación en ciencias sociales, tradicionalmente se enfocaba en el estudio de las sociedades nacionales en Europa Occidental y América del Norte; esta perspectiva debe expandirse para incluir los entramados entre distintas regiones y desigualdades del mundo, y buscar nuevas unidades de análisis. Resulta importante subrayar en este punto que las unidades de referencia constituidas políticamente, relacionadas con el Estado-nación, continuarán teniendo significado.23 20

Véase: Faist (2010); Fraser (2010); Pries (2008a); Weiβ (2005); Wimmer y Glick Schiller (2012).   Véase: Bornschier (2008b); Korzeniewicz y Moran (2009); Korzeniewicz (2011). 22   Véase: Pries (2005, 2007 y 2008b). 23   El llamado a contar con un enfoque investigativo más amplio y abierto ante las desigualdades no busca descartar los “factores nacionales” de las mismas. Las instituciones estatales de bienestar social (nacionales), por ejemplo, juegan un papel central en el equilibrio de las asimetrías; dimensión que también se toma en cuenta en el trabajo que lleva a cabo la red investigativa desiguALdades.net. Véase: Bach (2008); Esping-Andersen, (1990). 21

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Más allá de esto, utilizar unidades analíticas que no se limitan al espacio nacional o subnacional, nos permite demostrar cómo las desigualdades sociales en América Latina fueron creadas y adquirieron forma (y aún es así), de manera significativa, por interdependencias transnacionales y procesos globales. Nuestros resultados muestran al mismo tiempo que -pese a la aceleración de la globalización- las arenas políticas donde las negociaciones en torno a acceso a recursos, participación política y social, distribución de riqueza y recursos han permanecido, ha sido principalmente en los contextos nacional y subnacional. Aunque las arenas políticas actualmente se ven más influidas por factores globales como los actores transnacionales, la división internacional del trabajo, y marcos legales internacionales (que ejercen efectos particulares sobre la economía, el comercio, el medio ambiente y las poblaciones indígenas, así como sobre la producción de conocimiento), éstas permanecen en gran medida orientadas hacia unidades ligadas a fronteras territoriales nacionales y subnacionales. Por tanto, los procesos globales y las interdependencias transnacionales que crean y/o dan forma (parcialmente) a las estructuras de desigualdad, no tienen un espacio correspondiente en las arenas políticas en las que las negociaciones sobre políticas redistributivas y participativas toman lugar. En el marco de la Red Internacional de Investigaciones sobre Desigualdades Interdependientes en América Latina, se logró ampliar los enfoques de la investigación internacional e interdisciplinaria de las desigualdades, al tomar las perspectivas presentadas más arriba como puntos de partida. Junto con las escalas analíticas propias de las sociedades de los Estados-nación, las regiones mundiales, el sistema mundial, y de la sociedad mundial, también se pudieron considerar unidades de referencia que tomaron en cuenta los entramados transregionales en su completa profundidad histórica. También fue posible especificar, de manera más precisa, cómo las configuraciones transregionales de la desigualdad24 se reprodujeron y transformaron durante las distintas fases de la globalización.

El estudio de las desigualdades interdependientes El análisis de las desigualdades interdependientes25 en América Latina resulta particularmente adecuado para la ampliación de las perspectivas presentadas en este trabajo. Por 24

En el contexto de la migración transnacional y, más tarde, de las consecuencias distributivas de la migración, Ludger Pries cita a Norbert Elias (1986) cuando habla de espacios sociales transnacionales como “contextos sociales de entramados” [soziale Verflechtungszusammenhänge] (Pries, 1996: 467). Véase también Pries (2008a 2008b). Como se explicará a continuación, el término “configuración” desempeña una función diferente en nuestra investigación de la que tiene en la de Pries. 25   Latinoamérica se ha conformado por entramados transregionales desde la época colonial, y su lugar en el mundo ha cambiado en el contexto de la intensificación de estos entramados transregionales. Véase: International Research Training Group, “Entre espacios. Movimientos, actores y representaciones de la globalización”. Disponible en: <http:// www.lai.fu-berlin.de/entre-espacios/index.html> [Consultado el 17 de octubre de 2014].

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ejemplo, los entramados ahora involucran más casos que a las potencias coloniales europeas de antes. En la actualidad, los contextos transpacíficos de entramados adquieren influencia sobre la creación de desigualdades en América Latina (Rosales y Kuwayama, 2012). Estas relaciones sur-sur se traslapan y modifican las configuraciones de desigualdad de las relaciones transatlánticas, incluyendo la del “Atlántico del sur” y la de El Atlántico negro (Alencastro, 2000; Gilroy, 1993), así como también las transregionales y translocales dentro de las Américas, que han dominado al subcontinente latinoamericano a lo largo de las últimas centurias (Boatcă, 2011). Mediante un análisis más detallado de las configuraciones transregionales de la desigualdad, buscamos desarrollar unidades de análisis que sean mucho más adecuadas para la investigación empírica, para poder hacer más visibles y comprensibles las relaciones interdependientes que constituyen y modifican las desigualdades sociales. Fundamentamos nuestro uso del término “configuraciones” en las interdependencias dinámicas de Norbert Elias (1996: 139-140), que provienen de la interrelación recíproca entre agencia y estructura. Transregional, a su vez, significa que estas redes de interdependencia no se predefinen de manera espacial –por ciudad, país, o fronteras del Estado-nación-, sino que más bien surgen de otras redes de interdependencia, y están en constante cambio dentro de éstas. Para nuestros propósitos, utilizar el concepto de configuración –en el sentido de una red de entramados- tiene ciertas ventajas. El concepto, usado en este sentido, suspende las divisiones disciplinarias y analíticas que ha adoptado el enfoque tradicional de la sociología para tratar los niveles sociales que existen dentro de un Estado-nación, desafortunadamente utilizado hasta este momento sin tomar en cuenta las limitaciones implícitas del mismo. Desde hace tiempo, los problemas internacionales se han dejado de lado en las investigaciones de los procesos sociales internos, porque se consideraba que pertenecían al campo de las relaciones internacionales, una subdisciplina de la ciencia política y no de la sociología. Según Elias, tales separaciones no se sostienen en los análisis de las configuraciones: [J]e weiter sich die Interdependenzverflechtungen über die ganze Menschheit hin ausgebreitet haben und je enger die Verflechtung der verschiedenen Staaten der Menschheit geworden ist, umso weniger einträglich ist es, die Erforschung dieser beiden Ebenen der menschlichen Gesellschaft nach Fächern zu trennen. [...] Wo immer man hinblickt, stößt man auf die Interdependenz der innerstaatlichen und der zwischenstaatlichen Prozesse26 (Elias 1983: 75).

26

Cuantos más entramados de interdependencia estén difundidos sobre toda la humanidad, y más estrechos se vuelvan estos entramados entre los distintos Estados, es menos beneficioso dividir estos dos niveles de la sociedad humana en disciplinas de investigación independientes (…) Dondequiera que miremos, encontramos la interdependencia entre procesos internos e interestatales.

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De este modo, el concepto de configuración nos permite utilizar un enfoque sensible al contexto y relacional, que supere los espacios esencialista e ideológico (como cultura y nación), al colocar entramados e imbricaciones al centro de su atención. Al hacerlo, no sólo se supera el concepto de Estado-nación entendido como contenedor social, sino que la idea misma de tener niveles claramente separados al interior de éstos (niveles subnacionales) y al exterior (niveles múltiples nacionales), también queda superada. El concepto nos permite ir más allá del enfoque de la “interdependencia de los procesos internos e interestatales” (Elias, 1983: 75) y mirar a otros espacios (más allá del Estado-nación y al interior de éste),27 conformados por la dialéctica entre procesos externos e internos. El concepto de configuración, en el sentido de una red de interdependencias, nos parece útil porque nos permite ilustrar las relaciones entre distintos actores de una variedad de contextos estructurales, por un lado, y el movimiento entre distintos espacios y niveles, por el otro. Las configuraciones transregionales de las desigualdades incluyen procesos dinámicos de negociaciones en torno al acceso y distribución de recursos materiales e inmateriales, que pueden reunir a actores del ámbito local (por ejemplo, a pobladores indígenas), a corporaciones transnacionales y gobiernos nacionales, con instituciones internacionales, como algunas cortes, en redes interdependientes.

Resultados iniciales En primer lugar, posicionamos la investigación de las interdependencias regionales dentro del marco de los desarrollos recientes en la investigación sobre desigualdades. El cuadro siguiente presenta las características distintivas de nuestro enfoque por entramados, en relación con las perspectivas del sistema-mundo, y con los estudios sobre la transnacionalización de la desigualdad social. El concepto de configuraciones de desigualdad es importante para poder identificar una unidad de análisis relacional y abstracta adecuada, que pueda englobar los elementos que resulten relevantes para la desigualdad, desde una óptica transregional, lo cual nos permite delinear el contexto teórico analítico en el que deseamos colocar nuestra investigación. Sin embargo, ya que “configuraciones de desigualad” es un concepto abstracto, a menudo resulta insuficiente, operativamente, para las investigaciones empíricas. Por lo general, resulta necesario traducir el término a categorías intermedias, apropiadas para cada contexto. En la investigación empírica, términos como “régimen” y “cadenas” son muy útiles para esta finalidad. No obstante, aún se debe considerar si la sostenibilidad de estos términos no se

27

Investigamos al Estado como traductor y mediador entre las interdependencias globales y los ejes internos de desigualdad.

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limita en sí misma por su origen teórico y los contextos empíricos, o si la configuración conceptual resulta ser útil precisamente debido a su calidad abstracta. Cuadro 1 Perspectivas de investigación de las desigualdades globales Sistema-mundo

Transnacionalismo

Desigualdades entramadas

Regiones del mundo centro/ semiperiferia/periferia

Espacios transnacionales, plurilocales

Configuraciones de desigualdad relacionales, no definidas de manera espacial

Perspectiva Diacrónica temporal

Sincrónica

Diacrónica y sincrónica

Centro de atención

Clases transnacionales, familia, redes de migrantes

Movimientos, estructuras y actores transregionales

Unidad de análisis

Flujos globales (comercio internacional, flujos financieros, etcétera)

Fuente: (Costa, 2011a: 16).

Para poder describir de manera concreta los aspectos relevantes de una configuración transregional de desigualdad específica mediante categorías y conceptos intermedios que provengan de distintas disciplinas y tradiciones teóricas, tales como “régimen” (por ejemplo, regímenes de género, de bienestar social, de raza), “cadenas de mercancías” o “cadenas de cuidado”, para capturar de esta manera y de modo más preciso el tema de investigación, también es necesario cuestionar el origen de tales términos intermedios, así como la postura que representan. En el caso de “régimen”, el concepto demuestra cómo se tratan diversos aspectos de las racionalidades de los entramados en diversas tradiciones disciplinarias. Esto nos permite tratar con la variedad de dimensiones de desigualdad presentes de diversas maneras, analíticas y empíricas.

Conceptos de régimen En la subdisciplina de las relaciones internacionales, el término régimen engloba acuerdos internacionales y regulaciones legales entre distintos Estados, así como entre organizaciones privadas y no gubernamentales. De acuerdo con Stephen D. Krasner (1982), éstos representan formas de cooperación internacional, gobernadas por normas y reglas, que sirven para manejar problemas y conflictos en distintas áreas de políticas en las relaciones inter222 ⎥ Marianne Braig, Sérgio Costa

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nacionales, y que crean un rango específico de regulaciones políticas e institucionales. Los regímenes surgen, se expanden y refuerzan mediante procesos de negociación. Se pueden castigar las violaciones y las desviaciones mediante sanciones o procesos de “inculpar y avergonzar”, dependiendo de cómo se les refuerce en lo formal. Un ejemplo es el régimen internacional de derechos humanos y el régimen global para el clima, ya que ambos permiten que (partes de) la comunidad internacional establezcan regulaciones supranacionales dentro del espacio de un régimen que puede influir en los procesos de toma de decisión nacionales.28 El concepto como tal es una unidad analítica de investigación, útil para comprender los entramados formales e informales de las reglamentaciones en un área específica y hasta cierto punto. Sus limitaciones se encuentran en su capacidad de dar cuenta de las asimetrías de poder, de los procesos de dependencia e interdependencia,29 así como de representar procesos históricos. Por estos aspectos, es mejor un tipo de enfoque diferente, uno que vincule el concepto de régimen con la gubernamentalidad de Michel Foucault (1994). Aquí, régimen significa la urdimbre de discursos, instrumentos y prácticas que una potencia disciplinaria puede utilizar para hacer que el sujeto y sus interacciones sociales se conformen respecto a la norma y, de ahí, que su supervisión y control llegue a todas las esferas de la vida social. Partha Chaterjee (2006) aplica exitosamente este tipo de conceptualización de régimen, caracterizado por el poder, en el contexto de los estudios poscoloniales. Examina los procesos que se imbrican en la interdependencia entre distintas sociedades, así como la influencia del régimen sobre distintos ejes de estratificación. Estos ejes consisten de técnicas y tecnologías de gobierno, que hacen de los ciudadanos meros objetos de políticas públicas, más que sujetos políticos autónomos; los regímenes supervisan y regulan todos los aspectos de la vida. En particular, aquellas sociedades que experimentaron un gobierno europeo colonial, muestran una conexión entre la fragmentación de la ciudadanía y una resistente jerarquización y categorización de la población en subgrupos. En este proceso perpetuo de clasificación y reglamentación, se utilizan categorías que datan de la época colonial y se incorporan a la vida cotidiana, así como al comportamiento social de los individuos. Las configuraciones de desigualdad, como los regímenes de raza y género, se pueden analizar de esta manera (Costa, 2011b). Un tercer componente del concepto de régimen relevante para nosotros ha estado presente durante un período considerable de tiempo. El uso del concepto de régimen en la investigación sobre desigualdad data del estudio de regímenes de bienestar social en Europa Occidental, desarrollado por Gøsta Esping-Andersen (1990). En este estudio, utiliza el 28

Véase: Haggard y Simmons (1987).   Robert Keohane y Joseph Nye (1977) fueron figuras centrales para la inclusión de las interdependencias en el estudio de los regímenes. 29

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clásico concepto de régimen de la ciencia política,30 que incluye la regulación de las formas de la vida social mediante un conjunto institucionalizado de principios, normas y procedimientos formales e informales. Sin embargo, estos tipos de perspectivas hasta ahora sólo se han aplicado para dar forma a campos en torno a políticas públicas, tales como políticas sociales, fiscales y familiares, así como al papel de género en sociedades limitadas a Estados-nación, y a comparaciones entre regímenes europeos occidentales. Aplicar el concepto a América Latina31 requiere de una meticulosa consideración de las intersecciones entre los diferentes ejes de desigualdades (además de la clase, la etnicidad, el género y la raza), los procesos transnacionales y los desarrollos históricos. Los procesos transregionales que afectan de manera directa la regulación de las formas de la vida social –en este contexto de regímenes de bienestar social- pueden incluir: a. La informalización de los mercados de trabajo, que experimentó un crecimiento masivo durante la apertura de los mercados latinoamericanos en la década de 1990, lo que en parte condujo a un descenso de las relaciones empresariales formales y a una reducción de las contribuciones para la seguridad social; b. La migración y la consecuente creciente importancia de las remesas en sus efectos de bienestar específicos (ya sea individual o local); c. La interdependencia de las políticas fiscales respecto de las entradas por pago de materias primas (tales como la financiación de trasferencias sociales a partir de ingresos con base en la exportación de materia prima).

El concepto de cadenas de valor Otra manera de definir y captar el concepto de configuración es centrarse en los bienes materiales e inmateriales, en sus movimientos entre distintos espacios, y en sus interdependencias. Examinar la producción, el transporte, el consumo y la introducción de bienes de exportación al mercado como cadenas de valor y sus entramados mutuos, se extiende más allá de las escalas analíticas atadas al Estado-nación, y se concentra en las interacciones relacionadas con el cruce de fronteras. Los bienes materiales, como la soya, el aceite de palma, el azúcar, la cocaína, etcétera y sus cadenas de producción y de materias primas,32 no son los únicos temas en la discusión sobre los procesos transnacionales de la desigualdad; las cadenas globales de cuidado, que se vinculan de manera cercana con los procesos

30

Para una revisión del concepto, véase: Zürn (2002).   Véase: Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea (2012); Schachar (2009); Wehr (2009). 32   Véase: Bonanno y Cavalcanti (2011); Topik, Marichal y Zephyr (2006). 31

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transnacionales de migración (en particular aquellos de las mujeres), también han sido sujetas a análisis.33 Estos conceptos se han aplicado de manera exitosa y fructífera en una serie de proyectos de investigación empírica –en especial en tesis doctorales- desde la Red Internacional de Investigaciones sobre Desigualdades Interdependientes en América Latina.34 Debe subrayarse que no sólo estamos reconociendo una dependencia estructural simplista respecto a las configuraciones globales. Para nosotros, el mercado global no es sólo una fuerza exógena. Más bien tomamos en cuenta cadenas concretas de producción extractiva y de mercancías (por ejemplo, en la minería o en la agroindustria) que conectan distintos espacios naturales, económicos, políticos y culturales; vinculan a actores sociales y grupos de poder en contextos supranacional, subnacional o local, del mismo modo que a las corporaciones multilaterales que producen en el ámbito local sobre redes transregionales, con consumidores locales que obtienen materiales agrícolas de otras regiones del mundo, sobre modelos de consumo globalizados, dominados por bienes cárnicos (por ejemplo, productores de soya de la región del Chaco argentino y consumidores de carne en Beijing y Berlín). Mediante tales cadenas se crea valor y se (re)distribuye en distintos sitios; el acceso tanto a los recursos como al valor producido se asigna de manera muy desigual. Al mismo tiempo, la explotación de los recursos naturales incurre en ciertos costos y riesgos ecológicos (por ejemplo, la pérdida de bienes ambientales y el daño a la integridad de los ecosistemas). Las ganancias de algunos se acompañan de pérdidas distribuidas de modo desigual, tanto en lo espacial como en lo temporal. Estas pérdidas no se manifiestan exclusivamente en el presente; también tienen un impacto futuro que -a su vez- se distribuye de manera desigual. Además, es la población local que vive en el lugar de origen de los recursos la que acarrea las consecuencias de los costos y riesgos actuales y futuros, mucho más que otros actores que forman parte de la cadena de valor y se quedan con la mayor parte de las ganancias. Mientras que los beneficios de la recuperación y el procesamiento de materias primas minerales y agrícolas se cosecha más allá de lo local, y a menudo incluso más allá del contexto nacional (incluso, en su mayoría se acumulan en el transnacional), los costos medioambientales de la explotación de los recursos se externalizan sólo localmente, es decir, se transfieren sobre todo a la población local. Estas poblaciones locales a menudo reaccionan participando en movimientos sociales que protestan contra la explotación global de la tierra y de los recursos naturales del medio ambiente en que viven. Las cuestiones sobre derechos de acceso, participación en procesos de toma de decisiones, acceso a las ganancias y compensación por daños ambientales,

33

Véase: Lutz (2008 y 2009).   Véase: <http://www.desigualdades.net/investigacion/index.html> [Consultado el 17 de octubre de 2014].

34

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se encuentran al centro de los conflictos y las negociaciones.35 La resistencia también se puede articular mediante alianzas con otros actores sociales y organizaciones no gubernamentales transnacionales. La explotación global de recursos naturales y las cadenas de valor involucradas reflejan los entramados transregionales existentes, a la vez que el debate social sobre los efectos de las cadenas de valor conecta diversos espacios, actores, e instituciones. El estudio de la naturaleza crecientemente globalizada, del uso de los recursos naturales locales y los productos agrícolas configurados cada día de manera más y más global, su participación en cadenas de valor globales, así como su efecto sobre las desigualdades sociales, vuelve concreto otro aspecto que se discutirá con mayor detalle más adelante. Se trata del papel de los entramados internacional, nacional y subnacional, de sus traslapes y de la inconmensurabilidad de los distintos marcos legales (regímenes legales), prácticas del derecho, y políticas sectoriales (economía, comercio, investigación, medio ambiente, derechos humanos, derechos de grupos indígenas, etcétera) en las características de las desigualdades sociales y sus negociaciones locales y subnacionales. En conclusión, al considerar el medio ambiente como un prisma de desigualdades interdependientes, podemos analizar minuciosamente las cadenas de valor globales en su total complejidad.

Ejemplos de desigualdades interdependientes Para demostrar cómo se puede utilizar el concepto de configuración para definir aún más el concepto de régimen, presentamos a continuación tres ejemplos de proyectos de investigación que se llevan a cabo en la Red Internacional de Investigaciones sobre Desigualdades Interdependientes en América Latina.

Regímenes de coexistencia interétnica Nuestro primer ejemplo parte de una investigación sobre las desigualdades sociales en la población afrolatinoamericana. Estimada en alrededor de 160 millones de personas, representa una tercera parte del total poblacional de América Latina y el Caribe. Desde los puntos de vista socioeconómico, cultural, y político, los afroamericanos en la actualidad son tan heterogéneos como el total de la población del subcontinente (Costa, 2011a). Por tanto, esta configuración transregional de la desigualdad no está constituida por un grupo demográfico 35

Bebbington (2012); Martínez-Alver (2002); Svampa y Antonelli (2009).

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homogéneo difuso a la largo de distintos contextos nacionales, sino por sus interdependencias, que son las que ligan a esta población entre sí. Desde una perspectiva histórica, el comercio de esclavos y la esclavitud representan una red transregional de interdependencias. El intercambio actual (y muy activo) entre organizaciones antirracistas transnacionales y la difusión de políticas antirracistas a lo largo de los países del norte y del sur de América, constituye el entramado más importante que puede llevar a una reducción de las desigualdades entre los grupos afrolatinoamericanos y otras poblaciones que habitan la región. En el estudio de estos entramados, varios investigadores de la Red aplican el concepto “regímenes de coexistencia interétnica”. Un régimen incluye el principio de estratificación, los discursos políticos, las prácticas políticas, los marcos legales correspondientes y las interacciones cotidianas. Algunos resultados preliminares de nuestra investigación se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro 2 Regímenes de coexistencia interétnicos: afrolatinoamericanos Características del régimen (temporalidad)

Estratificación Principio de distribución

Entramados transregionales

Esclavitud (hasta el siglo xix)

Por casta

Comercio esclavista Comercio triangular atlántico

Nacionalismo racista (desde fines de la esclavitud hasta 1930)

Adscripción con base en la raza

Intercambio científico Europa / Las Américas (racismo científico)

Nacionalismo mestizo (1930-1990)

Adscripción de clase con base en la raza

Circulación de conceptos culturalistas (Las Américas)

Bienestar social compensatorio (desde 1990)

Adscripción de clase con base en la raza, poblaciones objetivo

Alianzas antirracistas transnacionales (Atlántico Negro), entramados legales, organizaciones multilaterales

Fuente: Costa (2011a).

La especificación de estos cuatro regímenes de coexistencia presenta una configuración transregional de la desigualdad en su forma actual, sin pasar por alto su historicidad.36 Además, este acercamiento facilita la descripción y el análisis de los entramados transregionales

36

Véase: Góngora-Mera (2012).

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y de las características nacionales (las distintas características del mestizaje, las diversas políticas compensatorias, etcétera).

Regímenes interdependientes de bienestar social Este eje de investigación consiste en el estudio de los regímenes de bienestar social interdependientes, haciendo hincapié en las instituciones, los actores políticos, sus instrumentos y en las dependencias determinadas por las trayectorias históricas.37 La constitución y configuración de los regímenes de bienestar se investigan al vincular varios ejes de las desigualdades entre sí (raza, etnicidad, género, clase). De manera semejante, enfrentar las categorías de los regímenes de bienestar de Esping-Andersen (1990), con la diferenciación social con base en el género, mediante la teoría social feminista, ha llevado a resultados críticos y fructíferos.38 Las investigaciones llevadas a cabo fuera de los Estados Unidos y de Europa Occidental, por lo general se han limitado a la comparación de algunos aspectos específicos y se han basado en una amplia gama de casos en lo individual. Uno de estos casos es el latinoamericano; por un lado, como laboratorio de políticas sociales orientadas al mercado (como la privatización de servicios educativos y de salud, o la conversión del sistema de pensiones de un sistema redistributivo a un sistema de seguridad social, acumulador de capital) y, por otro, como ejemplo de la continua fragmentación del régimen de bienestar social iniciada en la década de 1980, ocasionada por el diseño e implementación de programas focalizados que han tenido como meta a grupos específicos en la guerra contra la pobreza.39 Más allá de esto, nuestros intereses se centran en los efectos de los entramados transregionales sobre los regímenes de bienestar social. Hemos observado, en primer lugar, cambios radicales en el mercado laboral. La apertura de los mercados laborales latinoamericanos condujo no sólo a una migración masiva transfronteriza, sino también a la informalización de los modos de ocupación, en conexión con el aumento de actividades comerciales informales (como la venta callejera) y de servicios personales (como el trabajo doméstico y el transporte por taxi). Esto afectó a los sistemas sociales nacionales de manera directa, tanto en la dimensión de los ingresos (por ejemplo, con la reducción de la base de contribuidores y, por tanto, del ingreso para los sistemas de seguridad social), así como para los egresos (por ejemplo, con el recorte de los derechos de los contribuyentes, déficits presupuestales, divisiones entre tipos distintos de beneficiarios de la seguridad social, pérdida de 37

Véase: históricas Skocpol y Rueschemeyer (1996).   Véase: Betzelt, (2007); Füller, (2004); Lessenich, Olk y Ostner (1998). 39   Véase: Braig (1997 y 2004); Martínez Franzoni y Voorend (2009). 38

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derechos sociales y fragmentación de grupos meta). La leve disminución en la disparidad de ingresos observada en años recientes (López-Calva y Lustig, 2010) y el surgimiento de una llamada “nueva clase media” en algunos países latinoamericanos (Ferreira, Messina, Rigolini, López-Calva, Lugo y Vakis, 2013) puede atribuirse, en su mayor parte, al crecimiento económico inducido de manera externa (principalmente debido a la mayor demanda global de materias primas y productos agrícolas) y a la transformación de los mercados laborales conectados a este tipo de actividad económica. En segundo lugar, los procesos externos que dieron forma a la política social en América Latina merecen un examen. Se trata de los flujos financieros provenientes del exterior que, o se redistribuyen entre instituciones estatales (ingresos por productos de exportación, transferencias para el desarrollo, préstamos de los mercados internacionales de bonos) o se trata de remesas conectadas con la migración masiva que modifican de manera directa la distribución del ingreso entre las unidades domésticas. Lo que estas fuentes financieras tienen en común es que dirigen las políticas sociales, locales o nacionales, hacia una red de interdependencias entre cadenas de valor, que existe más allá de la economía nacional. Los Estados latinoamericanos también intentan intervenir en esta red de interdependencias. Los ingresos externos adquiridos durante el auge de las materias primas de años recientes, han posibilitado que los Estados latinoamericanos aumenten sus gastos y transfieran pagos (por ejemplo, en las áreas de la educación y la salud), sin modificar la distribución nacional del ingreso mediante el cobro de impuestos sobre la propiedad o el ingreso.40 Sin embargo, tal combinación de falta de aumento de los impuestos sobre la renta y la expansión de los gastos por transferencias ha tenido un efecto regresivo, que resulta en pocas mejoras en el intento por reducir las diferencias entre la distribución de la renta primaria y secundaria en América Latina (después de ingresos y transferencias), en especial en comparación con la mayoría de los países europeos.41 La experiencia histórica muestra que una fuerte dependencia de los procesos globales para el crecimiento (como la exportación de materias primas), es objeto de una alta inestabilidad y de distorsiones periódicas,42 lo que limita, al mismo tiempo, el rango de opciones de reacción estatal de cara a la estructuración global de las desigualdades. Para poder revisar críticamente el concepto de régimen, tal como lo usa Esping-Andersen (1990) en el contexto latinoamericano, y para ilustrar los procesos de desigualdad en sus interdependencias históricas, debemos colocar los entramados presentes en su contexto histórico cabal. El cuadro siguiente representa una consideración inicial de los tipos de regímenes de bienestar social interdependientes: 40

Véase: Jiménez y López Azcúnaga (2012).   Véase: Therborn, (2011). 42   Véase: Bértola y Ocampo (2012) 41

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Cuadro 3 Regímenes interdependientes de bienestar social Características del régimen (temporalidad)

Estratificación Principios de distribución

Entramados transregionales

Sociedades liberales limitadas bajo gobiernos oligárquicos (siglo xix a principios del xx)

Fragmentación social mediante la imposición de derechos universales sobre una sociedad corporativa; aislamiento racista de población pobre y trabajadora, de mujeres, negros e indios.

División internacional del trabajo formada en las épocas colonial y postcolonial; incorporación selectiva dependiente de los recursos al comercio mundial abierto; internacionalización parcial de la élite y de sus estilos de vida.

Parte de la modernidad organizada Regímenes autoritarios nación-populistas (1930-1970/80)

Urbanización, estructuras modernas de empleo, clases. Establecimiento de instituciones más nuevas entre Estado, sindicatos y agroindustrias (tripartitas); a la vez, marginalización de partes específicas de la población.

Dependencia de las exportaciones de materia prima y de bienes de inversión, de los aranceles e impuestos asociados; Regulación estatal de los entramados globales: políticas proteccionistas industriales y sociales; mercados financieros controlados; Regímenes internacionales de derecho en el mercado laboral, política social (oit), e intercambio de prácticas dentro de América Latina (tripartitas).

Régimen liberal transicional (1980 y 1990)

Informalización del mercado laboral; política social orientada a grupos meta; nuevos derechos específicos para grupos dados.

Dependencia de las exportaciones; reducción de los ingresos estatales; migración masiva y remesas; transferencias financieras con límites; regímenes internacionales de derechos.

Fuente: Wagner (1995).

Conclusión desiguALdades.net trabaja con perspectivas investigativas que toman en cuenta la multidimensionalidad de las desigualdades y sus interdependencias transregionales, desde perspectivas tanto sincrónicas como diacrónicas, con base en el fenómeno de desigualdad social observada en América Latina (véanse las diversas contribuciones en la desiguALda230 ⎥ Marianne Braig, Sérgio Costa

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des.net Working Paper Series).43 Utilizar unidades relacionales de investigación desarrolladas para problemáticas específicas (regímenes de género y de raza, cadenas de valor y regímenes de bienestar social), ha dado resultados particularmente fructíferos. Sin embargo, aplicar estas unidades relaciones de investigación en una red de investigaciones internacional e interdisciplinaria, también exige una consideración crítica respecto a la transferibilidad de estos conceptos. Nos esforzamos por lograrlo al discutir los conceptos clave de manera sistemática, estableciendo con claridad los puntos específicos de las perspectivas disciplinaria y teórica, y al crear un lenguaje y términos en común. Estos incluyen los conceptos de configuración y regímenes planteados en este artículo, así como los conceptos de ciudadanía, entre otros. La discusión crítica de los diferentes enfoques en la investigación sobre las desigualdades en contextos global y transnacional (en particular las teorías del sistema-mundo y los enfoques del transnacionalismo) agudiza el foco de las perspectivas analíticas presentadas por desiguALdades.net, tanto en Alemania como en la investigación internacional sobre desigualdades. Estos enfoques ayudan a desarrollar con mayor amplitud las profundidades espacial y temporal de las contribuciones de la red a la perspectiva de los entramados. Nuestros resultados empíricos iniciales, que han sido útiles en el proceso de desarrollo de nuevas unidades de análisis, revelaron claramente las discrepancias entre la estructuración global de las desigualdades sociales y la negociación de los elementos de redistribución que se localizan principalmente en las arenas políticas nacionales y subnacionales. Estos hallazgos iniciales nos han permitido especificar la pregunta de investigación planteada al principio de nuestra pesquisa: los procesos globales, ¿cómo estructuran las desigualdades en la actualidad e históricamente? Ahora podemos formular preguntas más específicas sobre la discrepancia entre los procesos globales de estratificación y las negociaciones políticas nacionales y subnacionales. Las preguntas centrales que planteamos para el desarrollo ulterior de nuestros análisis son: ¿en qué arenas políticas específicas se llevan a cabo las negociaciones en torno a las desigualdades sociales, tanto para mantener la distancia social, como para promover una redistribución progresiva? ¿Qué discrepancias surgen de las estructuras de desigualdad creadas y (en parte) conformadas globalmente y las arenas políticas de negociación en gran medida nacionales y subnacionales?

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Disponible en: <http://www.desigualdades.net/Working_Papers/index.html> [Consultado el 17 de octubre de 2014].

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Riesgos sociales en América Latina: una interpelación al debate sobre desigualdad social Social Risks in Latin America: Questioning of Debate on Social Inequality Fiorella Mancini∗ Recibido el 6 de octubre de 2014 Aceptado el 17 de octubre de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

El objetivo del artículo es analizar el vínculo entre riesgos sociales y desigualdad social en América Latina a partir de las transformaciones económicas, políticas y culturales que, con diferentes magnitudes e intensidades, se vienen gestando en la región durante las últimas décadas, resaltando dos particularidades: el aumento en los procesos de individualización social y el acoplamiento entre desigualdades dinámicas y estructurales.

The aim of the paper is to analyze the link between social risks and social inequality in Latin America, based on the economic, political and cultural transformations that have been occurring in the region in the last decades, with different magnitudes and intensities. Two distinctive features are stressed: increased social individualization processes and the coupling between dynamics and structural inequalities.

Palabras claves: riesgos sociales; desigualdades persistentes; desigualdades dinámicas; regímenes de bienestar; individualización social; América Latina.

Keywords: social risks; persistent inequalities; dynamic inequalities; welfare regimes; social individualization; Latin America.

∗

Doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Investigadora asociada C de tiempo completo, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (México). Sus líneas de investigación son: riesgos sociales; trabajo y mercados laborales. Entre sus últimas publicaciones destacan: “El vínculo entre población y trabajo en los estudios laborales de América Latina” (2013); “Riesgos sociales y bienestar subjetivo: un vínculo indeterminado” (2014) y “El impacto de la incertidumbre laboral sobre el curso de vida durante la transición a la adultez” (2014). Correo electrónico: fiorella@unam.mx

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Introducción Una de las características medulares de las sociedades actuales –modernas, liberales, capitalistas, globalizadas– es la generalización y extensión del riesgo social. En ello coinciden una variedad de análisis sociológicos que lo conciben como derivado de transformaciones económicas y culturales ocurridas en las últimas décadas (Rosanvallon, 1995; Giddens, 1996; Douglas, 1996; Lash, 1997; Beck, 1998; Luhmann, 1998; Alexander, 2000; Leisering, 2003; Castel, 2004; Bauman, 2009). La crisis de la modernidad organizada (Wagner, 1997) cuestiona las principales regulaciones que desde el Estado, el mercado y las organizaciones sociales, habían garantizado el acceso a seguridades mínimas para la sobrevivencia de gran parte de la población. En el plano del debate teórico, la preocupación se ha expresado poniendo en duda no sólo algunas premisas metacomprensivas de la modernidad (y del proceso de modernización), sino también algunos sostenes teóricos del desarrollo social, de la capacidad reguladora de la sociedad industrial, de la división de clases y la estratificación, de los procesos de racionalización social e incluso del ideal de emancipación que subyace a la política democrática, a los sistemas económicos, a la ciencia o el conocimiento. En el plano empírico, la infinidad de cambios económicos, institucionales y culturales es lo que cuestiona estas posibilidades comprensivas de lo social. De allí que los debates actuales sobre los riesgos sociales resuelvan esta “paradoja de la desilusión” mediante un denominador común del cambio social: la transfiguración de la modernidad en una nueva etapa (segunda, alta, tardía, desarrollada, múltiple, incumplida, líquida, inacabada, etcétera), en la que predomina una sensación de incertidumbre que, además, emana reflexivamente y que, entre otras cosas, pone en cuestionamiento el mapa de las desigualdades sociales estructurales. Procesos relacionados con la internacionalización de las economías locales, el debilitamiento relativo de los Estados nacionales, la globalización y transnacionalización de las políticas estructurales y, en general, un profundo proceso de individualización y diferenciación social, han variado el tipo y la naturaleza de las protecciones sociales, dando lugar a la emergencia de nuevas pautas de (in)seguridades colectivas. En la actualidad, la idea de una existencia rodeada de sistemas de seguridad –especialmente, vía el empleo– es puesta en duda no sólo en sociedades históricamente vulnerables, como las latinoamericanas, sino también en las caracterizadas por un manejo razonable de los riesgos sociales (Castel, 2010). Desde esta especie de manto omnicomprensivo del riesgo,1 el debate contemporáneo sobre las desigualdades plantea nuevos interrogantes a las ciencias sociales y cuestiona 1

Si bien en las ciencias sociales hay un consenso relativo en que el riesgo es una construcción social e histórica –y por lo tanto una condición indeterminada–, en los últimos años una multiplicidad de análisis ha diversificado la naturaleza, el alcance heurístico, la centralidad teórica y las dimensiones de este concepto (Berian, 2008; Lupton, 2013).

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–desde la propia complejidad y heterogeneidad de lo social- formulaciones clásicas y, hasta cierto punto imbatibles, con respecto a la distribución de recursos, capacidades y riquezas en un nuevo orden social que ya no admite explicaciones unificadoras y monocausales sobre la movilidad y la estratificación social o sobre la asignación estructural de posiciones sociales en una determinada sociedad. En este contexto, el propósito de este artículo es analizar el vínculo entre riesgos sociales, desigualdad y regímenes de bienestar en América Latina desde una perspectiva que admita comprender las interpelaciones que la incertidumbre social le impone a las estructuras de desigualdad en la región y, a partir de allí, desentramar explicaciones acerca de la superposición de las desigualdades (estructurales y dinámicas) que se observarían en la actualidad. En ese sentido, el debate sobre desigualdades dinámicas y persistentes cuestiona, en conjunto, diversos enfoques que se han venido utilizando para dar cuenta de los niveles de bienestar general de una determinada sociedad: la perspectiva de necesidades básicas que no tiene en cuenta las desigualdades distributivas; el enfoque de desarrollo que no permite capturar la heterogeneidad de situaciones individuales; y el papel de la agencia o las preferencias adaptativas de los individuos y todas aquellas perspectivas que se centran en la igualdad de recursos sin tener en cuenta que individuos diversos necesitan también capitales diferentes para lograr niveles similares de bienestar (Nussbaum 2006).2 Para ello, en la primera parte se expone el vínculo entre riesgos y desigualdades sociales; relación enmarcada en el debate sobre la distinción entre desigualdades persistentes y la generación de nuevas desigualdades dinámicas. La hipótesis rectora que guía al artículo es que el debate actual entre desigualdades persistentes y dinámicas ofrece miradas complementarias –y no excluyentes– para entender el problema de los riesgos sociales en América Latina, con capacidad heurística para dar cuenta de los nuevos procesos de reproducción social en la etapa actual del modelo de acumulación globalizado. En segundo lugar, se considera la vinculación entre los procesos de individualización social y los mecanismos de desregulación institucional a partir de los principios de igualdad que pone en duda el riesgo social, con énfasis en la discusión sobre los arreglos colectivos necesarios para la posible generación de nuevas cohesiones sociales. Finalmente, se cuestionan las nuevas (des)regulaciones de la protección social en América Latina a partir de los diversos mecanismos de distribución del riesgo que estarían contemplados en los actuales regímenes de bienestar. 2

El complejo debate en torno a las desigualdades persistentes y dinámicas tiene raíces profundas, como se sabe, en la filosofía, la sociología y la economía política de las últimas décadas. En general, además, ha cobrado mayor interés en los países desarrollados y en Europa, particularmente durante la década de los noventa y principios del siglo xxi. Es por esta razón que el núcleo duro de la discusión que aquí se presenta está centrado en autores y debates de principios del nuevo siglo, por ser estos trabajos los más representativos de la discusión que se pretende exponer. Ello sin dejar de reconocer las actualizaciones más recientes que se han esgrimido en este campo, en particular las provenientes de América Latina (Solís, 2012).

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Desigualdad social y nuevos riesgos sociales A partir de las transformaciones económicas y sociales de los últimos años, las sociedades latinoamericanas estarían asistiendo a un cambio social de envergadura en cuanto a la intensidad y a la distribución de los riesgos modernos, especialmente en términos de un nuevo reparto entre las tres fuentes básicas de gestión de las protecciones sociales: el Estado, la familia y el mercado, donde esta última parecería adquirir una preponderancia distinta y mayor que en el pasado reciente, en detrimento, sobretodo, de la primera. Estas transformaciones sugerirían que los sistemas modernos están construidos sobre nuevas inseguridades en la medida en que son sociedades de individuos que no encuentran la capacidad de asegurar su protección durante períodos prolongados de su vida. El riesgo social, en cuanto propiedad de un colectivo, devendría así en un acontecimiento que compromete, de manera extendida y persistente, las capacidades individuales para asegurar por sí mismas la independencia social (Castel, 2004). A pesar de esta observación extendida se admitiría, al mismo tiempo, la capacidad diferenciada de la política y los arreglos institucionales para generar configuraciones alternativas y dispositivos específicos para la administración, gestión o manejo de los riesgos y, en función de ello, diversas formas de experimentarlos, asumirlos y contrarrestarlos con repercusiones social y culturalmente distinguibles (Blossfeld, 2003). En el contexto de este aumento indiscriminado de incertidumbres sociales –con efectos sumamente diferenciados en función de las características estructurales de los diversos regímenes de bienestar– surge la pregunta por el vínculo entre riesgos y desigualdades sociales. Diferentes debates contemporáneos están intentando replantear el diagnóstico sobre el proceso de construcción de las desigualdades sociales. Tomando distancia crítica de los estudios clásicos sobre estratificación social3 (Ganzeboom, Treiman y Ultee, 1991), estas nuevas miradas intentan generar explicaciones generales sobre los mecanismos de la desigualdad a partir de las transformaciones económicas de los últimos tiempos mediante una perspectiva liberal más compleja que, en términos generales, rechaza el individualismo radical de las aproximaciones más clásicas, intenta situar al sujeto en perspectiva histórica, problematiza los resultados económicos por ser productos de decisiones políticas y, en cuanto tal, cuestiona la inevitabilidad de ciertas desigualdades sociales. Entre los principales exponentes de estas nuevas perspectivas, algunos autores defienden la existencia del predominio de desigualdades históricas, estructurales y persistentes (Tilly, 2000), mientras que otros observan y resaltan el surgimiento de un nuevo tipo de diferenciaciones sociales4 (Fitoussi y Rosanvallon, 1997). 3

El enfoque clásico estructural-funcionalista de la estratificación social considera que la desigualdad social es un rasgo constitutivo de la vida en sociedad, con independencia de la forma particular que asuma el devenir histórico. 4   Los planteamientos de Tilly no dialogan directamente con el debate de las desigualdades dinámicas sino que fueron elaborados para resaltar las estructuras relacionales de la desigualdad social en contraste, especialmente, con el individualismo metodológico predominante en las ciencias sociales norteamericanas (Wright, 1999).

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La premisa estructuralista de Tilly es contundentemente clara: la desigualdad social se genera cuando las organizaciones que controlan el acceso a derechos (y, por ende, a recursos) resuelven sus problemas de organización social por medio de distinciones categoriales. En otras palabras, la desigualdad se organiza a partir de criterios exclusivamente autoritarios que, por el poder de las organizaciones sociales, deviene un rasgo estable de la sociedad en la medida en que su reproducción garantiza la supervivencia de estas mismas organizaciones. En cuanto tal, lo que define a la estructura de la desigualdad social son sistemas de distinción que están socialmente organizados a partir de categorías históricas como clase, género o etnia. Esta desigualdad categorial –lógicamente– es duradera y sistemática. Es decir, perdura de un tipo de interacción social a otra a lo largo de la historia, a través de mecanismos específicos que la reproducen y controlan.5 De esta manera, la desigualdad social se reproduce a partir de mecanismos de institucionalización mediante pares categoriales, donde las grandes diferencias en la distribución de recursos se generan entre grupos claramente delimitados. Evidentemente, la principal de estas distinciones es la clase social en la medida en que es la categoría que permite posicionar a los individuos en función de su origen y de su ubicación en el mercado. En este contexto, cualquier desigualdad individual no es más que el producto de una organización categorial donde su larga duración –o persistencia estructural– se reproduce a través de diferentes pautas de interacción asimétricas mediante extendidas cadenas de dispositivos que involucran estructuras e instituciones que se sedimentan en el transcurso de la historia de una sociedad (Reygadas, 2004). De allí que una modificación en los niveles de desigualdad sólo sea posible mediante la transformación de estructuras y relaciones de poder complejas que organizan la distribución de los medios de acceso a los recursos.6 Por otro lado, el planteo de Fitoussi y Rosanvallon es igualmente preciso: a estas desigualdades históricas –que se han ampliado– se agrega una nueva modalidad de distinción social –dinámica– que operaría en el interior de categorías históricamente homogéneas. Son las llamadas desigualdades intracategoriales que si bien siempre han existido, ya no son transitorias o “normales”, como se sostenía en el pasado, y ello estaría dado, principalmente, por la heterogeneidad de situaciones de los agentes económicos y sociales. En cuanto tal, estas nuevas desigualdades se conectarían con los aspectos más conflictivos de los procesos de 5

Una de las principales críticas que ha recibido el argumento de Tilly es, precisamente, la ausencia de variables contextuales y culturales en su modelo explicativo, como si la desigualdad social fuera un fenómeno transhistórico y esencialista (Wright, 1999; Laslett, 2000; Morris, 2000 y Grusky, 2000). 6   Para el caso de América Latina, uno de los autores que más ha puesto énfasis en este carácter estructural y persistente de la desigualdad social es Gootenberg (2004), quien recupera las premisas organizacionales de Tilly pero incorpora las dimensiones culturales e históricas de la desigualdad. En la misma dirección se inscriben los estudios de Reygadas (2004, 2011) y Mora Salas (2010) para América Latina, quienes sostienen que la desigualdad no es una característica inherente a las nuevas formas de acumulación, sino una construcción social que se encuentra determinada por las correlaciones de fuerzas y las interacciones específicas entre los actores sociales.

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diferenciación e individualización social cuya atención, comprensión e intervención, implican abordar lo diverso, dinámico y relacional de tales procesos (Mathieson, Popay, Enoch, Escorel, Hernández, Johnston y Rispel, 2008; Arnold-Cathalifaud, 2012). Ciertamente, desde este planteamiento, estas nuevas desigualdades transformarían constitutivamente la estructura social y sus representaciones, en la medida en que son desigualdades menos aceptadas socialmente –con menores grados de tolerancia– y cuestionarían principios de identidad que históricamente habían cohesionado a las categorías sociales clásicas (por ejemplo, las desigualdades generadas entre trabajadores del mismo estatus frente a la situación de desempleo masivo que viven, actualmente, algunas categorías ocupacionales). En este modelo analítico habría, entonces, un reconocimiento explícito sobre la insuficiencia de estas jerarquizaciones clásicas (estructura de clases, estructura ocupacional, etcétera) para explicar –por sí mismas– mecanismos de movilidad social y, por ende, el sistema de estratificación en la actualidad.7 En otros términos, procesos relacionados con la individualización, la incertidumbre social, la prevalencia de estatus ocupacionales transitorios y efímeros, y el desamparo colectivo de protecciones sociales tradicionales (Giddens, 1996; Beck, 1998; Bauman, 2009), constituirían nuevos mecanismos de desigualdad social individual que, no obstante, por su origen estructural, su extensión y sus consecuencias, trascienden dicha dimensión individual y se colocan en el plano de la reproducción social. Evidentemente, el principio toral (des)regulador que organizaría este nuevo tipo de desigualdades sería el riesgo de exclusión social. En la actualidad, dos trabajadores pertenecientes a la misma categoría social no tendrían la misma probabilidad de estar desempleados (Fitoussi y Rosanvallon, 1997). Sin embargo, esta argumentación debería completarse con su contraparte: dos trabajadores pertenecientes a distintas categorías sociales tienen ambos mayores probabilidades en la actualidad –mayores riesgos– de caer en procesos de deterioro y pauperización social. En síntesis, las posibilidades de exclusión son mayores a las de inserción para la gran mayoría de los participantes en la estructura social, donde el gran fenómeno presente en casi todos los ámbitos ocupacionales es el riesgo extendido y generalizado (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004). No obstante esta aparente polarización del debate, ambos argumentos pueden leerse de manera complementaria por medio de dos significaciones que permiten incorporar las variaciones internas de la desigualdad y el reconocimiento a la heterogeneidad social contemporánea (Laslett, 2000). En primer lugar, se puede constatar un aumento de la heterogeneidad intracategorial a partir de las distintas dimensiones que adquiere el riesgo social 7

Especialmente, porque estas nuevas desigualdades dinámicas o individuales pondrían en duda, en principio, las determinaciones del origen social de los individuos. Para estas corrientes, la posición social de una persona estaría más relacionada con la educación y su propia trayectoria laboral (el primer empleo, por ejemplo) que con la ocupación o posición social del padre, tal como lo postulaban las primeras generaciones de estudios sobre estratificación, movilidad y desigualdad.

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(por ejemplo, trabajadores no manuales formales, precarios, por cuenta propia, desempleados, informales, inseguros, etcétera) y, por ende, una nueva distinción social (los trabajadores no manuales en riesgo) que va más allá de las categorías que históricamente han diferenciado a las sociedades modernas (trabajadores manuales y no manuales). En estos términos, el eje de la desigualdad social se trasladaría de su centralidad histórica en la estructura de la clases y se descentraría de un único núcleo explicativo, complejizando relaciones sociales, procesos de inclusión, acciones comunes, identidades colectivas y morfologías de los espacios públicos y privados. En segundo lugar, este nuevo principio de diferenciación a partir del riesgo no necesariamente recaería en distinciones individuales sino que las categorías continúan construyéndose socialmente, aunque lo hacen a partir de nuevos criterios de organización social que impone el riesgo como distinción social. El riesgo social genera desigualdades intracategoriales (entre profesionales precarios y profesionales formales, por ejemplo) pero también reproduce asimetrías intercategoriales (entre precarios y formales, independientemente de la ocupación). Son mecanismos institucionalizados socialmente los que generan estas nuevas distinciones individuales, acopladas a los modelos clásicos de diferenciación social (Giddens, 2002). Esta especie de desigualdad individual institucionalizada impone novedosas líneas de distinción en el mundo del trabajo que se manifiesta como un espacio en el que las normas externas y tradicionales de la regulación laboral han sido corroídas y los trabajadores deben entregarse a una negociación permanente (privada y personal) de poderes, saberes y reflexividades.8 El aumento sinuoso de la precariedad laboral, el desempleo masivo como condición estructural, la creciente inestabilidad en las trayectorias laborales, conforman –en cuanto mediación institucional– un canal fundamental para elaborar el enlace comprensivo de esta alteración de las desigualdades sociales a partir de la individualización de los riesgos. En este punto, Tilly y los teóricos franceses coinciden cuando sostienen que los sistemas sociales están generando permanentemente mecanismos de innovación para solucionar sus problemas de organización. Las nuevas reproducciones dinámicas de la desigualdad social devienen en procesos de decisiones políticas, intelectuales y culturales a partir de un abandono consentido de antiguas organizaciones de cohesión social. La generalización del riesgo, “su desparramo”, puede aparecer así, en cuanto resultado sistémico, como una solución organizacional con capacidad suficiente para disminuir posibilidades de conflicto 8

Mediante las teorías del rational choice, Goldthorpe (1996) dialoga con este debate sobre desigualdades dinámicas al introducir, desde sus estudios sobre estratificación social, el análisis de las orientaciones, expectativas y condicionamientos de la acción individual que influyen en las posibilidades de movilidad. El autor señala que las teorías actuales de clases sociales deberían romper con su carácter funcionalista y tener en cuenta la acción individual y de las élites políticas que son las que modifican las relaciones en el mercado de trabajo, las unidades de producción y que constituyen, finalmente, la matriz misma de la clase social.

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social. Introducir el riesgo como distinción social implica reconocer que las categorías estructurales se fraccionan en nuevas desigualdades (los que están y los que no están en riesgo de) y, al mismo tiempo, se desdibujan y reformulan las fronteras que históricamente han distinguido a los grupos sociales (clases, ocupaciones, etnias, géneros, etcétera). Las referencias categoriales se vuelven así mucho más complejas, la coherencia histórica de los sistemas sociales clásicos se debilita y las diferencias de estatus devienen más indeterminadas. Esta mayor indeterminación, no obstante, no obedece necesariamente a circunstancias aleatorias, como sostienen Fitoussi y Rosanvallon (1997), sino a criterios objetivables, modificados a partir de las transformaciones políticas y económicas de los nuevos patrones de acumulación. Que el azar sea el determinante del destino de muchos trabajadores es un producto histórico, es una solución adoptada por el sistema social para resolver sus problemas de organización que son mucho más complejos e indeterminados que en el pasado.9 Lejos de constituir la disolución de lo colectivo, la experiencia individual de la desigualdad se redistribuye no sólo entre sectores o clases sino también en trayectorias laborales durante una misma vida10 (Beck y Beck, 2003).Se podría constatar, entonces, un aumento de la heterogeneidad y de la desigualdad intracategorial a partir de las distintas dimensiones que adquiere el riesgo social (desocupación, precariedad, inseguridad, informalidad, etcétera) pero, a su vez, se detectaría una nueva distinción (“los en riesgo de”) que va más allá de las categorías que históricamente han diferenciado a la sociedad, especialmente en términos de educación e ingresos11 (Ibíd., 2003). Si bien desde la perspectiva del riesgo social las categorías socio ocupacionales pueden perder su pertinencia histórica –por ejemplo mediante el riesgo permanente del desempleo–, éste (en cuanto categoría social) está generando permanentemente nuevas fronteras y distinciones sociales: asalariados precarios, asalariados no precarios; incluidos, excluidos; trabajadores de autoempleo insertos en la globalización y en los mercados más dinámicos, trabajadores independientes en el mercado secundario; trabajadores informales seguros, trabajadores formales inseguros; etcétera. Las categorías sociales siguen predominando en las grandes diferenciaciones sociales –argumento de Tilly– sólo que la clase, el género o la etnia no son las únicas que las convalidan ni las 9

Esta argumentación está directamente vinculada con las explicaciones otorgadas por las nuevas teorías sistémicas de la desigualdad social (Arnold-Cathalifaud, 2012; Cadenas, 2012). 10   En ese sentido, la perspectiva de las desigualdades dinámicas rescata, metodológicamente, la esfera privada y la mirada de la agencia y la subjetividad en el análisis de las desigualdades sociales, elementos que se encuentran relativamente ausentes en las explicaciones estructuralistas (Laslett, 2000). Desde ese punto de vista, podría sugerirse que el estudio de las desigualdades dinámicas opera, en cuanto orientación metodológica, desde una mirada microsocial del mundo, mientras que el enfoque de Tilly se preocupa por aquellos elementos macro estructurales que condicionan la desigualdad (Wrigth, 1999). 11   Como se sabe, Beck y Beck (2003) llevan al extremo esta nueva configuración social a partir de la idea de una “sociedad de empleados individualizada” en la que las desigualdades se definen en términos de individualización de los riesgos sociales.

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predominantes en exclusividad –argumento de Fitoussi y Rosanvallon–. La estratificación, las diferencias de clase (y aun las diferencias entre centro y periferia) se mantienen pero en una posición descentrada respecto de la diferenciación que otorga el riesgo social (Cadenas, 2012). Las situaciones de riesgo no resultarían, entonces, de las relaciones individuales con una determinada coyuntura económica, sino de la construcción social del acoplamiento de ambas, es decir, de la combinación contingente entre características individuales y sistema social de oportunidades. Es en la intersección temporal de las desafiliaciones institucionales y la subjetivación de esas nuevas formas sociales donde emergería el riesgo social como condición hipermoderna de las nuevas desigualdades sociales (DiPetre, 2002; Mayer, 2001; Leisering, 2003; Blossfeld, 2003; Heinz, 2003). Las explicaciones relacionadas con las desigualdades dinámicas admiten, así, la posibilidad de que la desigualdad se reproduzca a partir de diferencias graduales y temporales en los atributos individuales, más allá de la pertenencia a una determinada categoría social (Wrigth, 1999). Es debido a este acoplamiento entre desigualdades dinámicas y nuevas categorizaciones sociales -hiladas a través del riesgo- que los principios de ciudadanía social garantizados a partir del criterio de igualdad de oportunidades devienen insuficientes para enfrentar los resultados de la exclusión. De allí que, tal como señala Luhmann (1996), el riesgo sea el sentido no intencionado de instituciones de la sociedad que fueron concebidas para fines totalmente diferentes a los que se están enfrentando. Los procesos de exclusión devienen en desigualdades sociales no necesariamente como resultado de una mayor autonomía individual y del aumento de opciones sociales –como sostiene la tesis liberal– sino como construcción sistemática de asimetrías vitales para la organización del sistema que las requiere para su reproducción (Goldthorpe, 1996). Así, el control anticipatorio de los riesgos (basado en políticas de bienestar de instituciones concebidas para un modelo de acumulación diferente) se transfiere a la compensación de las consecuencias, especialmente mediante la política social transversal y focalizada. Finalmente, el reconocimiento del carácter complejo y multidimensional de la desigualdad social es un denominador común de estas distintas corrientes que pretenden explicarla.12 La introducción del riesgo social como elemento dinámico en los procesos de generación y reproducción de desigualdades –es decir, como recurso a distribuir– otorga mayor fuerza a esta premisa. El riesgo, como recurso resultante de un proceso histórico de acumulación del capital, se distribuye desigualmente en marcos culturales específicos con pesos diferentes según el esquema de organización social de cada sociedad.

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En este sentido, tanto Tilly como Fitoussi y Rosanvallon retoman las severas críticas que comenzaron en la década del setenta hacia la falta de reconocimiento de estas características de la desigualdad social: sus diferentes tipos, la complejidad de estas distinciones, el carácter conceptual de la problemática y su fundamentación empírica (Runciman, 1972; Beteille, 1983 y Lenski, 1974; Mora Salas, 2003).

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Principios de igualdad, individualización y riesgos sociales Mediante la individualización de los riesgos la legitimidad de la desigualdad social se fortalece recreando el paradigma liberal: el resultado de las trayectorias biográficas deviene en dependiente de decisiones, elecciones y opciones vitales individuales.13 Sin embargo, y como se dejó entrever en el apartado anterior, el problema de esta nueva organización social es que, además de poner todo el peso de las consecuencias en los comportamientos individuales, cuestiona los principios mínimos de igualdad de oportunidades basados en la solidaridad y en el compromiso de clase en la medida en que se han erosionado ciertos requerimientos sociales, políticos, económicos, culturales y éticos, para la gestación, reproducción y sobrevivencia de los pactos de acumulación. Las nuevas categorías sociales que surgen de la generalización de los riesgos quiebran principios de igualdad basados en solidaridades colectivas y, frente a ello, lo político pierde capacidad adaptativa para ajustarse al cambio social y regular, desde allí, la organización de los sistemas sociales (Fitoussi y Rosanvallon, 1997). La concretización y el mantenimiento de los pactos sociales prototípicos de la sociedad de bienestar fueron posibles, en gran parte, debido a la relativa homogeneidad de las categorías sociales resultantes de la división social del trabajo –aun para identificar a los marginados, a los informales o a los excluidos–; por la centralidad del Estado -no sólo para delimitar las relaciones entre capital y trabajo sino para actuar como referente simbólico de la integración social-, y por la condensación de estos principios en colectividades uniformes con relativa capacidad de presión.14 Desde la perspectiva económica, los cambios en las prácticas asignativas de los recursos se explican, fundamentalmente, por el quiebre de la mayoría de las convenciones que habían caracterizado a las economías nacionales (Wagner, 1997). En primer lugar, las relaciones económicas ya no se pactan exclusivamente dentro del espacio nacional: las élites económicas se alejan del referente nacional, quedándose sin incentivos, intereses, necesidades o voluntades para establecer vínculos contractuales definidos de antemano con los 13

Ello está basado, como se sabe, en un esquema clásico de distribución de la riqueza social garantizada por un nivel básico de igualdad –de condiciones, oportunidades o capacidades– que establece condiciones mínimas de bienestar y desarrollo para lograr un acceso diferenciado a recompensas reconocidas socialmente a partir de la competencia y la libertad individual. La ciudadanía social de Marshall, los bienes primarios de Rawls, la maximización de capacidades en Sen, o el desarrollo de las oportunidades vitales en Dahrendorf hacen referencia explícita a la garantía de niveles mínimos de igualdad social sin renunciar a las libertades individuales que ejercen la diferencia en los resultados obtenidos. Para una síntesis de estas corrientes, véase; Van Parijs (1992), Salvat (2002), Mora Salas (2003). 14   El pacto supone que la seguridad social es independiente del mercado pero al mismo tiempo del individuo, que el riesgo es más estructural que cultural. En estos términos, el pacto social es la cristalización política de la diferenciación entre economía y sociedad, y supone que los riesgos sociales son consecuencias sistémicas de los mercados y filtran todas las relaciones capitalistas (Barba Solano, 2004; Brachet Márquez, 2010).

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trabajadores (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004). El desarrollo y expansión de cadenas globales de producción, donde el territorio nacional deja de ser el espacio por excelencia para regular las relaciones económicas, debilita las relaciones industriales frente al florecimiento del capital financiero y la expansión de la economía comercial exportadora de los bienes no transables. En segundo lugar, se erosiona también el consenso keynesiano – que predominó con diferentes velocidades en muchos países de la región– de desarrollar una economía nacional apoyada en el consumo. La economía nacional se debilita frente a la competencia de los mercados mundiales, el consumo deja de ser estandarizado y (como los grupos sociales mismos) se vuelve especializado, diversificado y fragmentado. En tercer lugar, se modificaron las reglas organizativas que definen y aseguran el puesto y la función de cada uno de los agentes económicos mediante la desregulación y la flexibilidad laboral. Materialmente, estas transformaciones se manifestaron en Estados nacionales colapsados, un funcionamiento internacional y corporativo del sistema económico, comunicaciones instantáneas y, en general, en una apertura cultural transnacional (proceso de globalización). Estas fragmentaciones están, a su vez, relacionadas con otros dos factores políticos centrales: el deterioro del sindicalismo y la (in)capacidad negociadora del Estado. Cuando el riesgo social deviene un principio organizador de la desigualdad, las representaciones políticas de lo social quedan desalojadas de su papel regulador y negociador. Las categorías históricas (sindicato, Estado) simplemente se quedan sin referentes para la confrontación. Ni la clase oponente ni el Estado se vuelven interlocutores legítimos. Las orientaciones sociales y políticas no sólo se pluralizan sino que –especialmente– se “desconvencionalizan” (Lash y Urry, 1998), fragmentando, además, el conocimiento operativo de las capacidades de acción. Así, el proceso de individualización de los riesgos se acentúa aceleradamente. Socialmente, esta “retirada” del Estado y la erosión de los sistemas de bienestar desencadenaron procesos de exclusión social y un aumento de la vulnerabilidad, pauperizando sectores sociales medios y profundizando la polarización social mediante políticas sociales focalizadas y transversales. En el ámbito cultural, ocurrían dos procesos simultáneos. Por un lado, habría disminuido la importancia de los marcos normativos tradicionales para regular comportamientos, actitudes, interacciones y relaciones sociales (proceso de des-tradicionalización social); por el otro, las representaciones simbólicas que modulan expectativas, experiencias y visiones del otro, continuarían profundamente ancladas en mecanismos que colocan a la desigualdad como una concurrencia histórica (Reygadas, 2004) que diluyen los cuestionamientos sobre los dispositivos de su reproducción. En la dimensión de la subjetividad, todo lo anterior se asocia con un mayor (auto)reconocimiento crítico de estas transformaciones, con el cuestionamiento a las estructuras institucionales clásicas de la modernidad (autoridad, ciencia, Estado, familia, etcétera) y con la reivindicación de la agencia como engranaje subjetivo aspiracional del cambio que, Riesgos sociales en América Latina ⎥ 247

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a su vez, supone racionalidad, deliberación, compromiso y una altísima confianza activa en el yo (proceso de reflexividad social). Finalmente, desde la perspectiva ética, los deberes morales basados en un principio de igualdad republicano -producto de solidaridades sociales entre clases trabajadoras y empresariadosdejan de ser funcionales a partir de los cambios anteriores. Aun en sociedades históricamente vulnerables como las de América Latina, el individuo asimiló la seguridad del Estado protector como proyecto social –la volvió conciencia práctica para el obrar (Giddens, 1997)–, aunque no contara con ella realmente.15 Es precisamente ese eje regulador (moral) de la conducta social lo que se erosiona a partir del proceso de individualización de los riesgos. Las crecientes necesidades individualizadas de negociar relaciones sociales y laborales y, por lo tanto, de superar los requerimientos del riesgo, suponen la negación ética de lo colectivo para la construcción social de las experiencias individuales. Se niegan las definiciones en función de la estructura (clases) y se les reemplaza por pertenencias privatizadas –social o económicamente– en función del “obrar”. Se niega la explotación y se le reemplaza por procesos de exclusión. Se niega un modelo de funcionamiento social y se le reemplaza por estrategias de transformación (Touraine, 1997). Se niega la idea de sujeto y se le reemplaza por una sucesión de presentaciones del yo definidas contingentemente. Entre otras cosas, estas alteraciones éticas de lo social (que impactan profundamente en las subjetividades) inducen a observar la distribución biográfica de las desigualdades dinámicas como incapacidades y deficiencias no sólo individuales sino principalmente personales (Beck y Beck, 2003). De allí también es que emana la contundencia estructural de los nuevos riesgos sociales: buscar –estructuralmente- soluciones biográficas a contradicciones sistémicas (Beck y Beck, 2003; Bauman, 2009). Evidentemente, estos cambios se encuentran empírica y contingentemente entrelazados y admiten visiones singulares sobre cada una de las sociedades donde se producen. Es el proceso de globalización el que enmarca el contexto de la liberalización del mercado y la debilidad de los sistemas de protección social; es la complejidad la que habilita mayores posibilidades de flexibilidad social y reflexividad; y es el proceso de des-tradicionalización el que refuerza el papel de la responsabilidad individual y los procesos de individualización que, a su vez, exigen una mayor atención a los estudios de las respuestas subjetivas para contender con los riesgos sociales. Al mismo tiempo, esta pérdida de centralidad de lo colectivo como ordenador social (Castel, 2010) genera, inevitablemente, respuestas fragmentadas a la reproducción de desigualdades (la migración, la informalidad, los proyectos civiles) en cuanto no dejan de ser acciones individuales surgidas desde abajo de la estructura social -que si bien están encausa15

Esto se puede explicar mediante la teoría de la civilización de Elías o por medio de la teoría de la cultura de Thompson donde tanto el Estado como el individuo aparecen como proyectos culturales y por lo tanto como construcción social que actúa como marco de referencia para la acción. Véase: Lash y Urry (1998).

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das a disminuir ciertos riesgos sociales, son insuficientes para constituirse institucionalmente en mecanismos de igualdad social (Reygadas, 2004)-. De una u otra manera, cada uno de estos mecanismos ponen de manifiesto que es el orden de la individualización el principio que regula estos nuevos arreglos sociales (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004), en la medida en que los propios principios básicos de justicia para evaluar la vida social se construyen, principalmente, de manera individual (Lash y Urry, 1998). En efecto, la gran paradoja de las sociedades contemporáneas es que, mediante los procesos de individualización, los sistemas sobreviven con niveles mínimos de cohesión social y, al mismo tiempo, sin el peligro actualizado de conflictos que amenacen el orden. La persistencia y regularidad del riesgo no generaría conflictos sociales ni alternativas para el cambio social porque sus bases se enraizaron individualmente sobre la plataforma de un proceso determinado histórica y socialmente. Ante la diversidad de situaciones sociales individuales, los límites del sistema de inclusión/exclusión se tornan débiles, adaptables y porosos (Calabresse, 1999). Así, la estructura clásica de la desigualdad social se retroalimenta permanentemente de flujos constantes de “riesgos extraordinarios”, moviendo permanentemente sus límites internos. La experiencia del riesgo es diferente para cada individuo, pero ello es una resultante de procesos socialmente organizados mediante modelos para la participación en clases particulares de relaciones sociales y una diversidad de medios para dar contenidos específicos a esas relaciones (Tilly, 2000). De allí que la experiencia del riesgo forme parte de un sistema institucionalizado y legitimado como mecanismo de distribución de la desigualdad social. “Lo nuevo”, como plantea Sennett (2000), es que el riesgo existe sin la amenaza de ser un desastre histórico; y, en cambio, se encuentra integrado en cada una de las prácticas cotidianas de la vida económica y social. En palabras de Arnold-Cathalifaud (2012): Dada su complejidad, la sociedad puede producir, sin colapsar, desigualdades de todos los tipos y grados. Aunque se multipliquen las exclusiones, se inhibe que puedan ser totales; quienes están en sus extremos son acogidos por organizaciones de asistencia social o caridad. Incluso pueden observarse mixturas de “exclusiones en la inclusión” o “inclusiones en la exclusión” (Robles 2000). Por otra parte, las vinculaciones con un sistema social, o con un par de ellos, no se corresponden con una integración plena. Se es paciente en la salud y no en el arte; se puede ser posgraduado, pero también desempleado; se puede habitar en un condominio de clase alta, pero vivir inseguro. Los individuos pueden estar incluidos parcialmente y, a la vez, parcialmente excluidos, o a lo largo de sus vidas experimentar multi inclusiones y multi exclusiones (Arnold-Cathalifaud, 2012: 37).

El cambio cualitativo con respecto a los viejos arreglos sociales en América Latina estaría dado, entonces, por el exceso de porosidad entre las fronteras de inclusión o exclusión antes

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claramente definidas.16 Esta imprecisión con respecto a los límites del sistema, junto con la admisión de un orden social diferenciado a partir de atributos individuales y con las posibilidades de naturalización de la desigualdad bajo la forma de privatización de los riesgos, son características que la vuelven legítima y tolerable en su conjunto.17 Por otro lado, desde el prisma de los sujetos sociales, una de las principales consecuencias de la falta de principios reguladores de igualdad es el alto costo de transacción para cualquier intercambio que se quiera hacer en el sistema de oportunidades. El riesgo es costoso porque las estructuras sociales que lo reproducen no funcionan como los participantes del sistema esperan que lo hagan (Tilly, 2000). En contextos de heterogeneidad estructural y posibilidades permanentes de oscilación entre una categoría social y otra (del desempleo al trabajo precario, de allí a la formalidad y nuevamente al desempleo), las interacciones sociales generan consecuencias imprevistas. Por lo tanto, se deben adoptar actitudes individuales de “salirse constantemente del libreto” (Tilly, 2000) no sólo para enfrentar la contingencia personal sino también para que no ocurran desastres organizacionales. Así, la improvisación constante mediante la acumulación de conocimientos locales y fragmentados es el mecanismo por excelencia para evitar los riesgos sociales (Tilly, 2000). La adaptación –dispositivo central de las desigualdades estructurales– se vuelve así el núcleo duro de la reproducción social en contextos de riesgos generalizados y extensos.18 Para quienes se encuentran inmersos en la lógica de la precarización, en la economía de subsistencia o en el desempleo, la adaptación permanente se torna en un mecanismo indispensable de sobrevivencia donde el acaparamiento de oportunidades, especialmente por redes sociales, suele ser fundamental para emprender e intentar controlar ciertos nichos de mercado (Peréz Sáinz y Mora Salas, 2004) y donde el conocimiento local individualizado se erige como válvula de ajuste que permite reparar situaciones de riesgo dadas las consecuencias no anticipadas que genera la ausencia de arreglos sociales y colectivos para el funcionamiento del sistema. De allí que los diferentes mecanismos de reproducción de la desigualdad (adaptación, acaparamiento) se refuercen mutuamente, convirtiéndose en un problema –coactivo– relacional (Tilly, 2000) donde las posibilidades de quedar sometido a cualquiera de los dos son mucho más indefinidas que en el pasado.19 La adaptación permanente al riesgo –que a su vez implica su naturalización y aceptación social– permite mantener los límites para el funcionamiento 16

Recuérdese que los estructuralistas de la década del sesenta definían a la heterogeneidad estructural de la región por las desigualdades que impedían la integración de los mercados internos profundamente segmentados (Gootenberg, 2004). 17   La teoría de la posmodernidad lo expresaría a través de la siguiente metáfora: el psicoanálisis le ha ganado la batalla a la acción colectiva, en cuanto forma de emancipación del self. 18   Gootenberg (2004) señala que la desigualdad de América Latina es un paradigma inquietante de la capacidad de adaptación que distingue a los sistemas sociales opresivos y disfuncionales. 19   Tilly (2000) distingue cuatro mecanismos centrales de reproducción de la desigualdad social: la explotación, la adaptación, el acaparamiento de oportunidades y la emulación. De una u otra manera, todos ellos suponen individuos egoístas que actúan exclusivamente para mantener sus privilegios o acumular los recursos que se tienen (Laslett, 2000).

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de las recompensas sociales en función de las rutinas de las organizaciones del mercado. A su vez, el incentivo individual que estimula este mecanismo estructural es la garantía de un empleo. La ausencia de capacidades de adaptación tiene un resultado seguro: el desempleo abierto. De allí que, a quienes sufren tanto de la explotación como del acaparamiento de oportunidades, se les otorguen incentivos permanentes para colaborar con dichos procesos y reproducirlos (Tilly, 2003). Exigencias e incentivos que, en una demanda permanente de creatividad y ruptura constante con la rutina, pueden normalizarse al punto de ser percibidas como rutinización (Calabresse, 1999). La institucionalización del riesgo –su normalización (Bauman, 2009)- en la vida cotidiana genera la sensación de estar frente a “algo natural”, rutinario, cuya legitimidad proviene de su carácter establecido, preconfigurado (Mora Salas, 2003). Son los trabajadores los que asumen la responsabilidad de sus fracasos y es esta institucionalización la que no admite exponerlos como parte de una estructura que implica condiciones sociales inequitativas. Esta explicación del proceso de individualización de los riesgos sociales supone un replanteamiento actualizado de la corriente liberal que considera las desigualdades sociales como expresión de un orden basado en diferencias de dotaciones, talentos, capacidades, y por lo tanto una visión más individualista de lo social (Mora Salas, 2003). Metodológicamente, tal como lo ha establecido Dubet (2006), este distanciamiento que los individuos viven frente al sistema exige revisar la experiencia individual para comprender la potencialidad de las instituciones sociales en la medida en que son las tentativas de emancipación y control sobre la propia trayectoria las que, en mayor grado, traslucen los dispositivos estructurales de la desigualdad. Así, el riesgo se desplaza desde el sistema hacia el individuo (Pérez Sáinz, 2004), reflejando capacidades individuales diferenciadas, una mayor o menor adaptación al cambio, y una cultura del riesgo profesionalizada (Castel, 2010) que genera, entre otras cosas, nuevas identidades y subjetividades colectivas. Sin embargo, si bien la canalización del riesgo se resuelve de manera individual –como respuesta atomizada a los mecanismos de ajuste que promueve el sistema–, es su distribución como producto social la que se consuma en función de decisiones sociales y políticas. Esta distribución se realiza entre grupos de individuos (o colectivos sociales) estructuralmente conformados –no individuos aislados– a partir de su capacidad de adaptación y de innovación o, dicho de otro modo, de las limitaciones diferenciadas para administrar y canalizar la contingencia.

Riesgos sociales y regímenes de bienestar en América Latina A principios de siglo xx, y desde una gran vitalidad heurística, Polanyi (1989) había advertido que las posibilidades de comprensión de las transformaciones sociales son viables en las medida en que se les ubica con respecto a situaciones previas que, de algún modo, perturban permaRiesgos sociales en América Latina ⎥ 251

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nentemente su presencia. La situación actual de las desigualdades en América Latina compele a su replanteamiento, ubicándola en el seno de diversos procesos de transformación. Ello implica intentar comprender la actualidad de un proceso como el punto de llegada provisorio, y siempre en movimiento, de una dinámica que comenzó mucho tiempo atrás. Como lo han demostrado varios estudios, América Latina es la región más desigual del mundo (Kligsberg, 2002). Los cambios en los modelos de acumulación, el nuevo y redistribuido peso de los factores sociodemográficos en el contexto de la reestructuración y el cúmulo de desprotecciones institucionales, organizacionales y sociales que conllevan dichas transformaciones, tienen una seria influencia en las dinámicas actuales de la desigualdad social en la región. Como bien lo establece Beteille (2003), lo que transforma las diferencias en desigualdades son escalas sociales de evaluación que no están dadas por la naturaleza sino que dependen de la convención social de cada contexto, cuya manifestación se cristaliza en un determinado régimen de bienestar social. Esping Andersen (1999) define a los regímenes de bienestar (en cuanto posibilidad histórica) como determinados arreglos institucionales que siguen las sociedades para generar trabajo y bienestar, mediante la redistribución de riesgos entre Estado, mercado y familia; arreglos que, en el caso latinoamericano, han virado desde principios más liberales hasta preceptos netamente corporativistas. En cualquier caso, el análisis de los regímenes de bienestar no puede dejar de tener en cuenta particularidades históricas, su vínculo con los procesos de democratización y el carácter interno (diferenciado) de las estructuras sociales que lo sostienen.20 En los últimos años, varios estudios han dado cuenta de la mayor heterogeneidad y de las implicaciones del riesgo en la estructura social de los países en desarrollo, en general, y de América Latina en particular (García 2006). La mayoría de estos trabajos tienen como punto de partida las transformaciones económicas y los cambios en el modelo de acumulación y desarrollo a partir de la internalización de la economía y de los procesos de estabilidad y ajuste económico que con diferentes intensidades, ritmos y resultados, se han aplicado a la región desde varias décadas atrás. Las diversas constataciones muestran un sentido agudo y general de indefensión frente a diversas formas y tipos de riesgos sociales: desempleo estructural (especialmente entre mujeres y jóvenes), crecimiento de la informalidad, recesión en el sector público y en las grandes empresas, y aumento generalizado de la inestabilidad, de la movilidad y de la volatilidad entre pequeñas empresas y actividades de poca duración, son algunos de los rasgos centrales de estas nuevas formas de desprotección social (Standing, 1999), que adquieren pautas diferenciadas, intensidades disímiles y causas específicas según el contexto, los diseños institucionales y las características individuales 20

Una gran variedad de estudios dan cuenta de las convergencias y divergencias de los regímenes de bienestar en los diferentes países de la región. Véase, por ejemplo, Martínez Fronzoni (2007), Gough y Wood (2004), Filgueira (1998, 2007), Huber (2005), Rudra (2005), Barrientos (2004), Barba Solano (2004).

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de quienes las padecen. En medio de ello, el Estado se recrea como paliativo de los costos sociales extremos. La transformación del Estado y los pactos sociales previos redefinen los sistemas institucionales garantes de bienestar que, además, suponen nuevos actores y actividades económicas, con un gran aumento de la flexibilidad para enfrentar la contingencia (De la Garza y Bouzas, 1998; Pérez Sáinz, 2004). Ante la ausencia de acuerdos tradicionales de asociación y sujeción social, estas transformaciones implican, necesariamente, redefinir criterios preestablecidos para diferenciar regímenes de bienestar, considerando las prácticas sociales internas en función de opciones específicas y condicionamientos particulares que se imponen en cada una de las realidades nacionales. Históricamente, como en el resto de las sociedades modernas, América Latina ha desarrollado procesos particulares de administración y distribución de las protecciones sociales. En el modelo de acumulación agroexportador aún se asistía a un manejo acotado, próximo, familiar, comunitario, de los riesgos sociales: el llamado proceso de familiarización de los riesgos (Esping Andersen, 1989 y 2001). En la mayoría de los países de la región, hacia finales del siglo xix y enmarcadas en el trabajo rural, las certezas sociales provenían de las costumbres, del arraigo espacial más que temporal, de las solidaridades próximas, acotadas a las unidades domésticas de producción económica y reproducción social de la población.21 No obstante esta generalidad (no libre de particularidades enormemente diferenciadas regionalmente), ello no ocurre necesariamente en un contexto de tradicionalización de las sociedades latinoamericanas, sino que es posible encontrar ciertos procesos civilizatorios de los riesgos sociales, allende los márgenes del Estado, pero insertos, más que en comunidades específicas, en organizaciones sociales determinadas (precapitalistas quizás): especialmente en el Cono Sur, los riesgos sociales eran una cuestión de la “sociedad civil”. Como se sabe, tiempo después, industrializaciones periféricas, procesos generalizados de urbanización, migraciones internas y, en fin, la “fabricación” de la vida social, serán la primera gran ruptura con ese modelo de certezas. El siglo xx representa el primer momento de la externalización de las protecciones sociales. Éstas ya no provienen de la reproducción endógena de la fuerza laboral sino del trabajo asalariado, masculino, industrial, asociado al movimiento obrero, a la acción colectiva, al vínculo estatal sindical y, en general, al (fragilizado de origen) Estado de bienestar. De hecho, los procesos más intensos de individualización en América Latina estuvieron cobijados por protecciones colectivas: puedo desplegar mi individualidad, puedo entrenarme para el trabajo, ejercerlo y retirarme, porque estoy protegido socialmente. A partir de los procesos clásicos de modernización e industrialización, con diferentes intensidades en la región, se produce una especie de des-sociabilización (primaria) de los 21

Hasta finales de los años ochenta, la unidad doméstica en América Latina constituía la mediación fundamental entre la estructura de clases y el comportamiento individual en los estudios sobre desigualdad social.

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riesgos sociales (más que su des-familiarización, como plantean los enfoques clásicos), a través de las (limitadas) políticas de bienestar. Con relativa independencia de los modos de inserción mundial de las economías nacionales, la mayoría de las sociedades gestaron durante esta época principios liberales de protección social y laboral a partir de acuerdos sociales específicos y de dispositivos políticos y estatales que habilitaron, a partir de un creciente proceso de ciudadanización de los trabajadores, el acceso a beneficios y seguridades laborales. Así, el esquema de protección social de los riesgos se fue construyendo a partir de demandas sociales concretas, de exigencias relacionadas con fuertes movilizaciones colectivas y sindicales, y de un poder de negociación de las clases trabajadoras que, permanentemente, interactuaban con los agentes políticos (especialmente los partidos políticos) y económicos. Es durante el modelo de sustitución de importaciones, a mediados del siglo xx, cuando la solidaridad social comienza a normarse, deviene en derecho como protección social, se constituye en principio ético de ciudadanía y finalmente se institucionaliza como responsabilidad cívica, regulada por el Estado. Aún en las debilidades estructurales y periféricas de América Latina, la consistencia del modelo de acumulación de estas épocas dependió, fundamentalmente, de lo colectivo: colectivo de trabajadores en la gran industria, colectivos sindicales, colectivos socioprofesionales, convenciones colectivas, regulaciones colectivas y, finalmente, con una preponderancia del Estado, instancia colectiva por excelencia (Mancini, 2013). Se pasa, así, de una sociabilización primaria a una sociabilización generalizada (legitimada e institucionalizada) y relativamente extendida de las protecciones sociales a partir de ciertos criterios de legalidad, justicia y derechos. En este contexto, gran parte de las ciudades latinoamericanas encararon, durante varias décadas del siglo xx, un relativo proceso de igualdad social como resultado del desarrollo sustitutivo y de las políticas del Estado de bienestar. El desmantelamiento progresivo de este sistema de protección social –el quiebre del pactoexigió, en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, el emplazamiento de un ambiente violento, conflictivo y de cambios estructurales para su concreción efectiva: un proceso que comienza con dictaduras militares en muchos países de la región y que termina de materializarse con profundas medidas de flexibilidad laboral durante la década de los noventa, cuyos resultados fueron el aumento generalizado de la desocupación, la informalidad y el empobrecimiento de una vasto segmento de la población trabajadora. En ese sentido, el proceso de pauperización de gran parte de las sociedades latinoamericanas durante la década de los noventa comienza a vislumbrar un quebrantamiento profundo de los vínculos sociales y simbólicos que habían caracterizado a la región décadas atrás y que se encuentran detrás –como causa y consecuencia al mismo tiempo– de los procesos de desigualdad social que están afectando a las sociedades contemporáneas de la región (Mancini, 2013). En la actualidad, y desde hace ya varias décadas, se asiste a nuevas rupturas sociales que suponen la transición hacia un nuevo modelo de certezas gestado en los últimos treinta 254 ⎥ Fiorella Mancini

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años. La reproducción de desigualdades dinámicas y la individualización y mercantilización de los riesgos son procesos que están directamente vinculados con estos nuevos esquemas de protección social. En los escenarios contemporáneos, la transición hacia procesos de individualización y de expansión de los riesgos en la región se explicaría tanto por el impacto (estructural y simbólico) de las reformas laborales, políticas y sociales, como a partir de transformaciones culturales y éticas. En ese marco, los diseños institucionales pierden su capacidad relativa como mecanismos de integración social y como productores de seguridades básicas que reducen contingencias y devienen fundamento de la ciudadanía. En cuanto tal, los riesgos sociales se combaten, cada vez más, mediante los sistemas familiares, de las redes sociales (de amortiguación) y de cooperaciones comunitarias (Martínez Fronzoni, 2007). Desde el punto de vista de los regímenes de bienestar, ello se explicaría por medio de procesos complementarios y superpuestos: una nueva remercantilización de los riesgos sociales (o de su propiedad social) para ciertos grupos sociales donde la sobrevivencia queda a merced de las (de)sintonías del mercado; una desmercantilización focalizada y selectiva para otros grupos sociales (especialmente, para los trabajadores del sector público); una renovada familiarización de las protecciones colectivas y; finalmente, una reindividualización de las principales estrategias de resiliencia, con escasas y frágiles garantías no mercantiles para su concreción (Martínez Fronzoni, 2007). Cuando los regímenes de bienestar desamparan institucionalmente las protecciones sociales, el riesgo mismo deviene en un acuerdo de alto nivel de contingencia (Luhmann, 1998) en la medida en que la desregulación social que imponen los nuevos regímenes de bienestar también exigen nuevos contratos sociales -paradójicamente- con una mayor dependencia social para el desarrollo de la autonomía individual. Esta complejidad implica que en la región los riesgos se lidien, simultáneamente, por medio de estrategias familiares, sociales, individuales, estatales, formales e informales, sin que los regímenes de bienestar establezcan un único principio –social, moral y ético– para su distribución. Así, la particular forma que adquiere la complejidad y la diferenciación social en América Latina no ocurre a expensas sino al ritmo de las pautas tradicionales de las formas sociales, con un particular proceso de individualización tradicional, asociado además con una concepción familiarista de bienestar y profundizando un manejo informal de los riesgos sociales. El componente social de los riesgos se multiplica, se diversifica y se reconstruye permanentemente. La privatización de los riesgos, al generalizarse y extenderse, deviene en un mecanismo social, público, institucionalizado, visibilizado, de nuevas formas de protección de “lo colectivo” aunque, ciertamente, de manera indeterminada, no prefijada y desigual. Finalmente, estos cambios en la manera de distribuir, organizar y administrar los procesos de desigualdad social ya no admiten su observación desde categorías exclusivamente dicotómicas o por medio de pasos lineales y progresivos totalizadores. Detrás de los mecanismos Riesgos sociales en América Latina ⎥ 255

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contemporáneos de reproducción social de la desigualdad se esconden lógicas sociales donde los procesos de desmercantilización, remercantilización y familiarización de los riesgos ocurren simultáneamente, aunque con un tremendo nivel de indeterminación social que hace difícil ubicar a grupos o categorías sociales específicos en el centro de cada una de estas dinámicas.22

Consideraciones finales ¿Cómo definir qué es lo que debe protegerse socialmente y a quiénes se protege de manera colectiva? Evidentemente, en función del tipo de respuesta -y de límites socialmente organizados- que cada sociedad establezca, se está ante la presencia de un determinado esquema de generación y reproducción de desigualdades sociales. El riesgo de exclusión social que puede devenir del desempleo estructural, la precarización salarial o del autoempleo de subsistencia –tres mecanismos de adaptación del patrón de acumulación implantado en América Latina durante las últimas décadas– genera límites muchos más difusos y borrosos que los supuestos por los mecanismos que considera la teoría de desigualdades persistentes a partir de la clase social, la etnia o el género. La actualización de la exclusión social –los vulnerados– marca una clara categorización entre los excluidos y los insertos en el sistema. Sin embargo, quienes están “en riesgo” de exclusión no forman parte de la misma categoría social sino de otra más amplia que no la supone ni la determina (no todos los que están en riesgo finalmente “caen”). Este doble proceso de limitación de los riesgos tiene, al menos, dos consecuencias inmediatas para su comprensión: hay categorías sociales claramente definidas –excluidos/integrados– que además son estructurales en la medida en que no dependen de características individuales sino de sistemas de organización y distribución de los riesgos (por ejemplo, desempleados versus ocupados) y hay, además, nuevas fronteras entre quienes están en riesgo de pertenecer “aleatoriamente” a cualquiera de las dos (por ejemplo, profesionales desempleados versus profesionales ocupados) donde el principal criterio de inclusión social parecería ser la posibilidad de capitalización del pasado de cada individuo que, a su vez, puede recombinarse según las situaciones que se dan en el presente, es decir, de manera contingente. Desde la perspectiva de estas fronteras se está en presencia, entonces, de nuevas desigualdades dinámicas donde los ámbitos actuales 22

En este nuevo contexto, varios son los estudios que desde América Latina han interpelado los nuevos mecanismos de desigualdad social en la región mediante análisis complejos y multidimensionales sobre estratificación y movilidad social. Fenómenos como el logro ocupacional, la movilidad educativa así como los cambios en el tiempo del papel de las categorías ocupacionales tanto en la distribución de activos como de ingresos son algunos de los campos temáticos que más se han desarrollado en los últimos años (Filgueira, 2000; Behrman, Gaviria y Székely, 2001; Pacheco, 2005; Solís, 2012; Boado, 2009; Benza, 2012).

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que muestran mayores niveles de inserción social tampoco garantizan estabilidad o permanencia en ellos (Pérez Sáinz y Mora Salas 2004) y ello altera –y cuestiona- la estructura clásica de marginalidad y vulnerabilidad en América Latina. A esta complejidad se debe agregar, además, la que proviene de un segundo proceso: el acoplamiento de categorías externas. La exclusión social genera efectos acumulados para la participación individual en diferentes ámbitos de socialización y reproducción, por medio de integraciones negativas en la sociedad (la integración de la exclusión laboral, económica, social, jurídica, etcétera). Así, el riesgo de exclusión social genera una serie de encadenamientos que profundizan la desigualdad: desempleo, pérdida de bienes, descomposición de vínculos personales, etcétera–. Esta acumulación de efectos impredecibles repercute de manera muy rápida e inmediata (es decir, de manera dinámica) en la vida social y ello supone un acoplamiento estructural de desigualdades que es mucho más difícil de tratar que en el pasado. Esta dimensión de la desigualdad social contemporánea está relacionada con lo que Reygadas (2004) llama las nuevas interconexiones de la diferenciación social. Las desigualdades asociadas a diferentes categorías sociales están interconectadas pero, a su vez, tienen especificidades propias y diferentes niveles de persistencia y reproducción en función de los mecanismos de decantación que tiene el sistema para depurarlas. Dicho de otro modo, el riesgo de exclusión social estaría rompiendo con la categorización histórica en América Latina entre integrados y marginados, y estaría, al mismo tiempo, fragmentando nuevas categorizaciones entre los integrados, generando nuevos procesos de clasificación y acoplamiento de las desigualdades sociales. Categorías históricamente desiguales como el trabajador manual y el no manual pueden encontrarse –de manera sistemáticaen una nueva posición social (la que otorga el desempleo o el trabajo precario e informal) y ello implica una nueva homogeneidad social estructural basada ya no en categorías ocupacionales clásicas sino en posiciones sociales mucho más dinámicas: precarios formales, seguros informales, profesionales desocupados, etcétera. En este contexto, el principal eje de diferenciación social estaría dado por un doble mecanismo que reproduce desigualdades de manera persistente: por un lado, en términos de exclusión actualizada donde se ubicaría la existencia de un excedente laboral (desempleo estructural y economía de la pobreza) que es funcional en cuanto su reproducción no genera distorsiones “graves” al sistema y que define un claro límite categorial entre los que se adaptan o logran acaparar oportunidades (incluidos) y los que sobran (excluidos); y por el otro, en términos de riesgo de exclusión donde se ubicaría todo el campo de las ocupaciones a partir de diferencias intracategoriales en función de las combinaciones posibles de precarización, cuyo límite externo es el riesgo de quedar excluido. Ambos procesos, a su vez, están organizados institucionalmente, devienen en lógica constitutiva del modelo de acumulación y generan respuestas individualizadas de ajuste que los consolidan, los legitiman y los naturalizan, donde el riesgo social termina siendo parte de Riesgos sociales en América Latina ⎥ 257

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la cultura histórica de tolerancia a la desigualdad que caracteriza a toda la región. La interpretación de la situación social se vuelve así mucho más ambigua porque el riesgo supone nuevas diferenciaciones inclusivas creándose formas individuales de desigualdad social que se superponen a las estructurales donde las tipologías sociales se temporalizan y las categorías históricas pueden devenir en diferentes fases en una sola vida (Lash y Urry, 1998). Desde estas consideraciones, el mapa de la desigualdad social en la región se presenta necesariamente más amorfo y, en cuanto tal, plantea nuevos desafíos tanto para su lectura y comprensión como para sus posibilidades de transformación social. Finalmente, desde una perspectiva metodológica, el análisis de trayectorias biográficas y transiciones vitales permite y admite reexaminar la complejidad de estas nuevas desigualdades. La pluralidad –social y política- de experiencias en el mundo del trabajo observadas a través de trayectorias vitales, abre enormes posibilidades de aprehensión de otras pluralidades asociadas al mundo de la desigualdad: variedad de identidades (no solamente las que genera un determinado empleo), multiplicidad de géneros, diversidad de fronteras (locales, nacionales, transnacionales) y, en general, una gran diversificación de subjetividades asociada a los nuevos procesos de individualización social (Mancini, 2013). Si lo que predomina en la actualidad es la dispersión e individualización de la fuerza de trabajo, lo que se requiere, entonces, es generar nuevas categorías de análisis y considerar modelos optativos de interpretación que admitan resignificar estas transformaciones de la desigualdad social en América Latina.

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Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo xxi: la brecha digital The New Faces of Inequality in the 21st Century: The Digital Gap Alma Rosa Alva de la Selva∗ Recibido el 30 de junio de 2014 Aceptado el 5 de septiembre de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

En el contexto del desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (sic) y de las crisis mundiales del capitalismo global, el trabajo aborda la problemática de la brecha digital como una expresión de las desigualdades del siglo xxi. Se presentan los antecedentes del auge que comenzó a cobrar ese proceso en los últimos años del siglo xx, así como las propuestas y proyectos formulados por los países latinoamericanos para construir esa nueva organización social. Se hace énfasis en el carácter estructural del problema de la brecha digital, en tanto “nueva desigualdad”. Se señalan las transformaciones fundamentales de dicho concepto para luego, con el apoyo de algunas estadísticas, presentar en un contexto general algunos puntos de análisis

In the context of Information and Knowledge Society (iks) and global capitalism’s world crisis, this work addresses the problems of the digital gap as an expression of inequalities in the 21st century. The precedents of the boom that this process began to gain in the last years of the 20th century are presented, as well as the proposals and projects developed by Latin American countries in order to build this new social order. The structural nature of the digital gap problem is emphasized, understanding it as a “new inequality.” The fundamental transformations of this concept are pointed out and, based on statistic data, some broad analysis points on the digital gap in Latin America and Mexico are presented.

∗

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora-investigadora en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ex presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Sus principales líneas de investigación son desarrollo de los medios de comunicación y las telecomunicaciones en México, legislación de la radio, televisión y telecomunicaciones, Sociedad de la Información y el Conocimiento. Entre sus más recientes publicaciones destacan: La Ley Televisa y la lucha por el poder en México (co-coordinadora, 2010); Los medios electrónicos de difusión y la Sociedad de la Información (coautoría, 2011); Brecha e inclusión digital en México: Hacia una propuesta de políticas públicas (2012). Correo electrónico: alvadelaselva@ hotmail.com

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sobre la brecha digital en América Latina y en México. Palabras clave: desigualdad social; Sociedad de la Información y el Conocimiento; brecha digital; agenda digital; Estrategia Digital Nacional; México.

Keywords: social inequality; Information and Knowledge Society, digital gap; digital agenda; National Digital Strategy; Mexico.

Introducción Como parte de una investigación más amplia cuyo objetivo fue identificar y analizar los factores de incidencia en la llamada brecha digital, este artículo propone un abordaje distinto al usualmente aplicado -según el cual se le entiende como un problema de falta de acceso a la tecnología-, para estudiarlo desde la perspectiva de la desigualdad, visión que justamente permite entender el carácter estructural de dicho problema y reconocer los múltiples agentes que lo generan. El trabajo se desarrolla con base en el supuesto de considerar la brecha digital como una nueva expresión de la desigualdad, en términos de las inequidades sociales en materia de acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic). La metodología aplicada es el análisis histórico-estructural, “una forma de apropiación dialéctica al estudio de la sociedad”, que surgió en los años setenta con el fin primordial de estudiar los procesos de desarrollo capitalista y cambio social (Sánchez Ruiz, 2011: 155). El artículo consta de cinco apartados; en el primero se plantea el contexto bajo el cual está tomando cuerpo esa nueva desigualdad; en el segundo se describe, en términos generales, el problema de la inequidad en el siglo xxi, con particular énfasis en América Latina, la región del mundo donde ese problema asume mayores proporciones. El tercero se concentra en comprender la brecha digital como la nueva desigualdad del siglo xxi. El cuarto apartado se refiere al estado de situación de este tema en el contexto específico latinoamericano donde, si bien se ha buscado corregirlo por medio de estrategias nacionales y regionales, no se ha conseguido superarlo sustantivamente. Un quinto apartado introduce la problemática de México en el asunto; se hace referencia a algunos de los programas gubernamentales puestos en marcha en los últimos años, los cuales, desde un enfoque reducido del fenómeno, han buscado “cerrar” o “eliminar” la brecha digital. Como última parte se incluyen algunas reflexiones generales sobre el tema.

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Antecedentes Mientras la sociedad mundial se interna en el segundo decenio del nuevo siglo, en medio de la duradera crisis del capitalismo avanzado –un capitalismo inmaterial- se develan y perfilan las auténticas características de procesos y fenómenos cuyos primeros rasgos se esbozaron a fines del siglo xx. Uno de esos grandes procesos ha sido el orientado a construir la llamada sociedad de la información. A pocos años de distancia de su impulso como uno de los conceptos novedosos y deslumbrantes de la etapa de la globalización, ese proceso ha mostrado sus insuficiencias frente a uno de los más graves problemas de la sociedad contemporánea que en su llamativo discurso pretendía resolver: la desigualdad. El concepto de Sociedad de la Información1 ingresó al pensamiento académico, político y económico a partir de finales de los años sesenta, en el marco de una progresiva intervención por parte de los Estados Unidos de América en el sector informativo y en la industria cultural, así como en medio de la creciente importancia de las telecomunicaciones y la informática en el ámbito de la comunicación. El derrumbe del bloque socialista y el término de la Guerra Fría sacudían la geopolítica. Comenzaba, así, un debate sobre el proyecto de sociedad a futuro en medio del cual, entre los asuntos de fondo, se encontraban el ascenso del proceso de globalización y las transformaciones de la figura del Estado. Progresivamente, el concepto “Sociedad de la Información” fue siendo adoptado en los espacios internacionales. En 1975 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), integrada entonces por los 24 países más ricos, comenzaba a utilizar el concepto. Tres años más tarde, el tema se vería impulsado por el célebre Informe Nora-Minc, a partir del cual el gobierno francés puso énfasis en la importancia de contar con un “proyecto de sociedad” para un “nuevo tipo de crecimiento” a partir de los esquemas de servicio público. “La creciente informatización de la sociedad está en el corazón de la crisis. Puede agravarla o contribuir a resolverla”, señalaba en sus primeras líneas el informe (Gifreu, 1996: 52). Eran los tiempos en los que, en el marco del surgimiento del llamado Tercer Mundo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (unesco) imponía un debate sobre la comunicación, reconocido como uno de los factores de relevancia en la estructura de poder internacional. En confrontación con la doctrina del free 1

Cabe diferenciar el concepto Sociedad de la Información -entendido como un discurso que ha presentado a la nueva sociedad en desarrollo como una sociedad avanzada y en camino asegurado al progreso por obra de la tecnología- del término Sociedad de la Información y el Conocimiento (sic), consolidado y generalizado después del anterior, y entendido como una sociedad donde la información se constituye en una importante fuerza productiva y generadora de valor, en medio de una dinámica de participación social e intercambio de saberes, con las tic como “asistente” de los cambios sociales, organizacionales y culturales.

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flow of information (impulsada por los Estados Unidos como uno de los baluartes de una sociedad libre), los países en vías de desarrollo demandaron la creación de un Nuevo Orden Internacional de la Información (noii), donde hubiese mayor equilibrio en los espacios informativos. A partir de los ochenta, los aspectos fundamentales del discurso sobre la “nueva sociedad” comenzaron a reflejarse en los programas de acción encaminados a tal fin. En 1987, la Unión Europea buscó generar una política pública regional para las telecomunicaciones con la presentación de un documento sobre políticas públicas denominado Libro verde (Linares y Ortiz Chaparro, 1995: 138). La postura de los países miembros, en ese momento, era de abolición de los monopolios nacionales con el objeto de dirigir las redes de información como elemento de construcción de un mercado único. Otro hito a registrar en el ingreso del concepto a los proyectos estatales lo constituyó el proyecto norteamericano conocido como las autopistas de la información. Promovido en los años noventa, en el contexto de la desregulación del sector de las telecomunicaciones y la progresiva apertura del espacio mundial a los movimientos de capitales, este proyecto daba continuidad a la política de los Estados Unidos iniciada ya en el período presidencial de Richard Nixon. Poco después, la Unión Europea dio a conocer el documento titulado “Crecimiento, competitividad, empleo. Retos y pistas para entrar al siglo xxi”. Más conocido como el Libro blanco o Plan Délors, el proyecto enfatizaba la importancia de las políticas públicas en el proceso. En contraste, el Informe Bangemann, planteado como complemento del anterior, se pronunciaba por una rápida liberalización de las telecomunicaciones, en aras de apoyar incrementos en la productividad, el desarrollo tecnológico y el pluralismo cultural (Linares y Chaparro, 1995: 139). En 1995, el concepto obtiene carta de naturalización al aglutinar intereses, cuando reunidos en Bruselas, en el seno del g7, los países desarrollados ratifican el término de Global Society of Information para la sociedad por venir. Ese organismo reitera la importancia de liberalizar el sector telecomunicaciones como necesario para construir las infraestructuras informacionales, que habrán de confiarse a la iniciativa del sector privado y adscribirse a “las virtudes del mercado”. Ante el ascenso del tema y las disparidades a nivel mundial de las que partía la construcción de la nueva organización social, la Organización de las Naciones Unidas (onu), apoyándose en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (uit), decidió llevar a cabo la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (cmsi), para discutir acerca de la necesidad de una “regulación global” en el tema, en relación con el carácter de “bien público global” que, desde su perspectiva, habrían de tener la información y el conocimiento. En América Latina, el tema se había convertido en un punto recurrente de la agenda pública a partir del año 2000, cuando los gobiernos de los países de la región generaron 268 ⎥ Alma Rosa Alva

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planteamientos iniciales para integrar una postura ante la realización del primer cónclave mundial sobre el tema, la cmsi, a realizarse en dos fases (2003 y 2005). En junio del 2001, en la ciudad brasileña de Florianópolis, los representantes de los gobiernos caribeños y latinoamericanos emitieron una declaración en la que establecieron como objetivo común “llegar al año 2005 integrados como miembros plenos de la sociedad de la información con eficiencia, equidad y sustentabilidad, en el marco de la economía global basada en el conocimiento” (cepal, 2003: 52). Generada en un momento en el cual el debate en América Latina sobre el tema se había intensificado, la Declaración de Florianópolis captó el interés internacional. Los representantes de los diversos gobiernos de la región llegaron con interesantes propuestas para colaborar conjuntamente en el desarrollo de la organización social del futuro, que se presentaba como la nueva posibilidad para resolver el arribo de nuestros países al progreso. Las reuniones y debates llevados a cabo, que conllevaron importantes esfuerzos de integración entre los países participantes, proyectaron el propósito de éstos de trascender, a partir del nuevo paradigma, las etapas de la larga búsqueda de los países de la región hacia el desarrollo, la gran asignatura pendiente del siglo xx latinoamericano. Un segundo pronunciamiento sobre el tema se produciría apenas meses después. En octubre de ese mismo año, en el marco del tercer Congreso Internacional de la unesco sobre “Desafíos éticos, jurídicos y sociales del ciberespacio”, esos países suscribieron una serie de recomendaciones, conocidas como la Declaración de Itacurucá, en la cual se refrendaron varias de las posturas asumidas en Brasil. También en el 2001, en Quebec, Canadá, los mandatarios asistentes firmaron los compromisos de la Agenda de Conectividad para las Américas. El tema fue planteado asimismo en la x Reunión Ministerial del Grupo de Río y la Unión Europea, en el marco de la reunión internacional denominada “Nueva economía, brecha tecnológica y empleo”. Allí se sostuvo que “el proceso de transición de América Latina hacia la sociedad de la información exigirá acciones coordinadas entre el sector público y el privado”, con el objetivo de “reducir la inequidad en la difusión de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones”. Bávaro, en la República Dominicana, fue la sede de la Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe en la que se formuló el que quizás sea el posicionamiento latinoamericano más completo hasta ahora sobre el asunto. En dicho documento, las naciones participantes dieron a conocer sus posturas al respecto y suscribieron acuerdos significativos. Entre los puntos más relevantes de la Declaración de Bávaro resalta el que apunta a “superar la brecha digital, la cual refleja e incide en las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y acceso al conocimiento, entre los países y dentro de ellos” (cepal, 2009: 57). Otro punto importante de la Declaración fue el “acceso universal” a internet y las tic como un objetivo fundamental para “todos los actores involucrados en la construcción de la sociedad de la información” en las diferentes naciones. Los nuevos rostros de la

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Fue así como desde los últimos años del siglo xx y los primeros del siglo xxi, varias naciones fueron generando proyectos para construir la sociedad de la información, abriendo una etapa de auge para el tema, que fue cobrando relevancia en diversos foros y espacios internacionales. Ante la promesa del progreso alcanzado, incluida en el discurso global de la nueva sociedad, los gobiernos -pero también importantes consorcios de telecomunicaciones- se integraron a la órbita de quienes comenzaron a mirar el futuro desde esa perspectiva, sin reparar en los grandes problemas estructurales y rezagos pendientes aún no resueltos. Entre éstos se encontraban, en el plano económico, el agotamiento del patrón fordista de acumulación, problema que exigía la reconfiguración de los mecanismos del orden capitalista. Justamente las tic se revelarían entonces como una de las vías más útiles para ello, por sus aplicaciones a la automatización flexible de los procesos productivos que fueron sustituyendo las condiciones anteriores de automatización rígida. Esa fue la etapa, como ha señalado Manuel Castells, en donde el capital comenzó a requerir de una extremada movilidad, fenómeno que exigía incrementar espectacularmente las capacidades de comunicación. “La desregulación de los mercados y las nuevas tecnologías de la información, en estrecha relación, proporcionan esas condiciones”, afirmaba el estudioso español. Esa transformación de las fuerzas productivas no sólo generó importantes cambios en el conjunto de las condiciones de la producción, sino que su impacto se extendió también al comercio, el consumo y el crédito. Comenzó a surgir una nueva división del trabajo que se trasladó a escala global, con impacto en las relaciones entre países y regiones del mundo. Se inicia un nuevo ciclo industrial, encabezado por el sector electrónico-informático, que empezó a propiciar una lógica diferente de acumulación del capital. La primera etapa de la Cumbre se llevó a cabo del 10 al 12 de diciembre del 2003 en Ginebra, con la asistencia de 175 países. Una de las reflexiones medulares ahí planteadas fue la del acceso desigual a las innovaciones tecnológicas en materia de comunicación que, se sostenía, acentuaba las diferencias entre países pobres y ricos. Resultaba indispensable encontrar opciones para resolver dicho problema. Los países africanos, secundados por otros, presentaron la propuesta de creación del Fondo de Solidaridad Digital (fsd) cuyo propósito sería el de dotar de recursos a los países más pobres del mundo para que estuviesen en posibilidad de desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y generar contenidos propios. Los representantes de los países avanzados rechazaron destinar recursos para reunir un fondo de las proporciones recomendadas por los impulsores de tal iniciativa y propusieron la creación de un grupo de trabajo que examinase las posibles salidas al problema.2 La segunda fase de la Cumbre fue realizada en Túnez, en el 2005. Los temas principales de ese cónclave estuvieron orientados a revisar los avances del plan de acción de la 2

Véanse los documentos de trabajo del Task Force on Financial Mechanism, grupo creado en el marco de la cmsi.

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primera etapa -entre los cuales destacaba el compromiso de impulsar la elaboración de “ciberestrategias nacionales”-, discutir el complejo tema del “gobierno de internet” y revisar nuevamente el problema de los mecanismos de financiamiento para el proceso de construcción de la nueva organización social. La Cumbre, en este punto -habiendo reconocido que las tic y las telecomunicaciones son un instrumento fundamental de desarrollo para los países- asumió que el financiamiento se obtendría a partir de compromisos en la materia asumidos previamente. En los primeros años del siglo xxi, para un creciente número de países -sobre todo los avanzados- la llamada Sociedad de la Información fue establecida como el siguiente punto de su itinerario. Con el impulso de un discurso que la presentaba como “el paso al progreso universal” gracias a la intervención de la tecnología, la nueva organización social se convirtió en la promesa del futuro a conseguir. Se anunciaba el arribo de una nueva sociedad, necesariamente más progresista y democrática, imparable en su ascenso e impulsada por las tic y las telecomunicaciones, base tecnológica y cultural sobre la cual habría de construirse aquélla.

Desigualdades en el siglo xxi Con el auge de la llamada Sociedad de la Información como núcleo de las aspiraciones mundiales, y en tanto “discurso promocional” y promesa que certificaba alcanzar por fin el progreso universal gracias a las tic, el “sueño del desarrollo” retornaba a América Latina. Con las sucesivas crisis acontecidas a lo largo de la década de los ochenta y las reestructuraciones promovidas desde entonces por el Consenso de Washington, se buscó asegurar la supervivencia del orden económico prevaleciente. Fue así como se recurrió al expediente del neoliberalismo, un proyecto económico y político con una dimensión ideológica convertido en: La estrategia política en la cual el capital monopólico y las burocracias políticas o élites gubernamentales de las grandes potencias se adaptan al contexto de la globalización y promueven una forma de inserción de las naciones, las comunidades y los individuos en ella y un modo particular de regulación mundial en su seno (Ramo, 1999: 100).

Entre otras medidas aplicadas, el esquema neoliberal conllevó la desregulación económica (con los procesos de privatización de las empresas estatales y los bienes públicos de por medio), la liberalización de los flujos de mercancías y capitales, así como el impulso a los intereses del capital financiero. Lo anterior se tradujo, por ejemplo, en el adelgazamiento del Estado y la disminución de su papel regulador en la economía, la reducción del Los nuevos rostros de la

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gasto público y un notable fortalecimiento del capital privado transnacional y global. La implantación de ese esquema conllevó el predominio del capital financiero sobre el productivo, una fuerte reducción del poder adquisitivo de los salarios, precios bajos para los productos agropecuarios y la puesta en marcha de modalidades “flexibles” y superexplotadoras de la fuerza de trabajo. Tal modelo incluyó también el estímulo a las estructuras de concentración en la economía, que derivaría en el fortalecimiento y expansión de los oligopolios y monopolios. Mientras tanto, el proceso de globalización reclamaba una conectividad sin fronteras que permitiese los intercambios instantáneos de información, sobre todo con los actores empresariales, en un proceso que requería de condiciones económicas, jurídicas y políticas compatibles. Sin embargo, transcurrida la primera década del siglo xxi –a lo largo de la cual, con los Estados Unidos como epicentro, se registraron al menos dos grandes colapsos económicos mundiales-, la promesa deslumbrante del “progreso universal” y la equidad, radicada en el advenimiento de la sociedad de la información, comenzó a perder el brillo de que la dotó el tecnodeterminismo. Las realidades económicas, políticas y sociales que se desprenden del desarrollo del capitalismo inmaterial y del conocimiento comenzaron a mostrar con crudeza a los entusiastas del “discurso promocional de la Sociedad de la Información” las razones de fondo de las advertencias según las cuales el “progreso generalizado”, al que se apostaba, no estaría al alcance, pues la construcción de la nueva organización social se estaba generando en el marco de las necesidades de ajuste del capitalismo, y por lo tanto, expuesta a sus problemas y crisis. En tales condiciones, comenzaron a colocarse los cimientos de la organización social emergente, en la cual la información empezó a sobresalir notablemente como un nuevo paradigma que atraviesa las actividades humanas. En medio de aquel “discurso promocional” y de los episodios de entusiasmo ante el progreso que se anticipaba, las realidades estructurales se abrían paso y contradecían la tesis del progreso universal y del arribo a una sociedad más democrática por obra y gracia de las tecnologías. Entre esas persistentes realidades sobresalía particularmente una: la desigualdad social. Lejos de las promesas de la Sociedad de la Información, la pobreza, la exclusión y la desigualdad se encuentran entre los más graves problemas de la sociedad global del siglo xxi. Y si bien en América Latina la desigualdad constituye un problema de larga data, es reconocido que en los últimos años se ha agravado, surgiendo desigualdades nuevas de tipo económico, social y cultural. Se advierten nuevas y diferentes exclusiones sociales y prácticas discriminatorias que se suman a las existentes en el siglo pasado. Viejas y nuevas desigualdades cruzan las coordenadas del espacio latinoamericano. Herencia de tiempos remotos, los contrastes sociales salen al paso en múltiples dimensiones de la vida social, como reflejo de las condiciones estructurales inequitativas. Se asoman y reafirman los rostros de la desigualdad: el desempleo, la precarización del trabajo, las diferencias de inserción de los países 272 ⎥ Alma Rosa Alva

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en las redes globales, las disparidades en la distribución de la riqueza, etcétera (Reygadas, 2008a: 99). Así, las “viejas causas de la desigualdad” -los factores estructurales que la explican- continúan operando al tiempo que surgen nuevos tipos de desigualdades propias de las sociedades del conocimiento y la globalización. Son aquellas inequidades que se relacionan con el conocimiento científico y tecnológico y la participación o no de los ciudadanos en las redes globales. A las desigualdades prexistentes se están sumando otras, radicadas en “procesos de exclusión y precarización, que dejan a la mayoría de la población fuera de las redes de educación de calidad, de producción y apropiación de conocimientos valiosos, de empleos dignos y de ciudadanía económica” (Ibíd., 2008a). Lo que se produce entonces es “un desplazamiento del eje central de la desigualdad”: a la par que continúan funcionando diversos dispositivos de explotación y discriminación, cada vez actúan con mayor fuerza otros mecanismos generadores de desigualdad, como la concentración de oportunidades y las diferencias entre distintos niveles de inserción en las redes globales, que reflejan lo que Reygadas llama “una desigualdad por desconexión”. Ciertamente, la desigualdad en sus antiguas y nuevas expresiones continúa siendo una asignatura pendiente en la región. Sin embargo, es muy importante tener claro que no se trata de un problema “inherente” a las sociedades latinoamericanas. Cabe oponer aquí una visión diferente del asunto, siguiendo a Reygadas, que pueda permitirnos avanzar en su resolución: lejos del “fatalismo” o la “inexorabilidad” de tan lacerante problema social, es indispensable identificar los aspectos en los cuales la región es menos desigual que otras, y con un enfoque dialéctico, concentrarnos en el análisis a fondo de los procesos que generan la inequidad, así como de aquellos que pueden disminuirla. Parte relevante de tal postura es la que logra comprender que las “redes de la desigualdad” no se auto-reproducen al infinito, sino que son configuraciones que se transforman, aun cuando ello sea lentamente, a partir de los procesos sociales. De acuerdo con lo anterior, la desigualdad se presenta como una construcción histórica: los niveles y tipos de desigualdad “cambian de una sociedad a otra y a lo largo del tiempo, son fruto de procesos complejos y contradictorios, y no de una fatalidad cultural y económica” (Reygadas, 2008b: 112). Desde esa pertinente perspectiva, en lugar de asumir solamente y por principio de cuentas que la desigualdad es irreversible, es indispensable llevar a cabo un análisis a fondo del problema y emprender la búsqueda de rutas alternas ante ese fenómeno, que constituye una construcción histórica mediada por relaciones de poder. Vista desde ese mirador, la brecha digital, uno de los “nuevos rostros” de la desigualdad en el siglo xxi, no se aprecia como una condición ineluctable y que habrá de prolongarse para los tiempos por venir, sino una construcción histórica mediada por relaciones de poder, un complejo problema generado y sostenido por estructuras económicas, políticas y sociales de largo alcance sobre las cuales es preciso actuar. Los nuevos rostros de la

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La brecha digital: la “nueva desigualdad” Al conjunto de desigualdades acumuladas a lo largo del tiempo hoy se suma una más, aquella que conlleva la marginación de amplios sectores sociales del acceso, uso y apropiación de los bienes y servicios de las telecomunicaciones y las tic que le permiten o no participar en el desarrollo de la nueva sociedad que se construye. Esa nueva desigualdad la constituye la brecha digital. Las desigualdades en la sociedad, antes radicadas en estratos y niveles, o bien en distinciones según identidades étnicas o nacionales, como señala Néstor García Canclini, es pensada ahora desde la metáfora de la red: “Los incluidos son quienes están conectados; sus otros son los excluidos, quienes ven rotos sus vínculos al quedarse sin trabajo, sin casa, sin conexión” (García Canclini, 2006: 73). En la ruta de la inclusión social que exige el desarrollo de la región es necesario invertir esfuerzos en identificar en qué consiste el problema, es decir, cuál es la naturaleza de la desigualdad de la brecha digital, cuáles son los factores que inciden en ese problema y sus diversas manifestaciones. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo definir la brecha digital? ¿Cuáles son los factores que la originan o la detonan? ¿Cómo se explica este problema? Para comprender el fenómeno es importante responder a éstas y otras preguntas. Un primer paso necesario es revisar los conceptos formulados y reflexionar también sobre los enfoques aplicados en el análisis del tema. A pesar de que la brecha digital constituye un fenómeno relativamente nuevo (si se considera que se relaciona de forma central con la penetración de internet que cobró impulso a finales del siglo xx), en la medida en que fue revelando su complejidad, su conceptualización se ha modificado. Puede decirse que existen dos etapas en la conceptualización del fenómeno de la brecha digital. En una primera fase, se le identificó casi exclusivamente con la conectividad y, en concreto, con la posibilidad de acceso a internet. Desde esa perspectiva, se entiende la exclusión de la sociedad de la información y el conocimiento como un problema predominantemente de acceso a las tecnologías y el cual, por tanto, puede resolverse por la expansión de las infraestructuras, la disponibilidad de equipos y conexiones. Existe un vasto número de investigaciones y trabajos académicos y empíricos que continúan asumiendo ese concepto de brecha digital, a pesar de su drástica bifurcación respecto de la realidad. Pero la idea de la digital gap -descrito por primera vez en el 2001 por Pipa Norris- se ha extendido también a otros ámbitos de magnitud, como lo son muchos de los proyectos nacionales para el desarrollo de la nueva organización social, tanto en países desarrollados o emergentes, que se concentran en extender la conectividad y enfatizar el acceso a las redes, para dejar de lado aspectos de primera importancia vinculados con esta nueva desigualdad. 274 ⎥ Alma Rosa Alva

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Cabe puntualizar que esa visión de la brecha digital, al no considerar ni partir del carácter estructural de dicho fenómeno (habiendo quedado claro ya que la mera disponibilidad de equipos no garantiza el paso a la sociedad de la información y el conocimiento), puede derivar en una inconveniente interpretación del problema, con su cuestionable resultante: la de alcanzar el “acceso universal” sin generar un cambio social (Servon, 2002: 15). En ese orden de ideas, resulta interesante subrayar que ante el argumento de que la progresiva disminución en el costo de los dispositivos de acceso y el avance de las conexiones a internet tendrá impacto en la disminución de la brecha digital, los estudiosos que han optado por una visión más profunda de la conceptualización del fenómeno han afirmado que aun en medio de tales circunstancias éste muestra tendencias a prevalecer e incluso a profundizarse, tanto entre los países avanzados como en los llamados emergentes. Ante tal perspectiva, conviene recuperar la propuesta de una “visión social de las tic”, surgida en la Fundación Acceso3 y basada en dos principios fundamentales: “La sola conectividad es importante, pero no suficiente para contribuir al desarrollo”, y “para sacar provecho de las oportunidades y posibles resultados positivos se necesita de acceso equitativo, uso con sentido y apropiación social de los recursos de las tic”. Una segunda etapa en la definición del concepto se abrió paso en la medida en que el propio desarrollo de la sociedad del siglo xxi fue revelando que el factor tecnológico no era el único involucrado en la configuración del problema, como tampoco el único indispensable de atender en la búsqueda de la solución del mismo. Ante las grandes diferencias entre los usos y aplicaciones de las herramientas tecnológicas existentes, tanto para el crecimiento económico o social como en lo que se refiere al ocio -que distinguen a unos usuarios de otros a partir de múltiples variables como el nivel educativo, la edad, el género y la situación socioeconómica-, se puso en evidencia que era indispensable “ir más allá del acceso”. Fue evidente, entonces, que más difícil de superar que la carencia de equipo y conexión es la “barrera de los usos”, dado que ésta se relaciona con la capacidad de cada individuo para lograr explotar los recursos de las tic y aplicarlos a sus necesidades. Esa es, de acuerdo con Cecilia Castaño, la segunda brecha digital; una desigualdad que depende de las habilidades y capacidades de los cibernautas para participar y desarrollarse en la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Castaño, 2008: 19). No obstante, con la divisoria de los usos no se agotan las expresiones de la brecha digital. Es importante continuar explorando las profundidades de las múltiples diferencias de los usos que realizan unos y otros usuarios con implicaciones para ser partícipes de la nueva organización social e identificar otras expresiones de desigualdad en los nuevos espacios de la convergencia. Uno de ellos, aun insuficientemente conocido, es el ámbito de la 3

La Fundación Acceso es una organización no gubernamental con sede en Costa Rica dedicada a impulsar programas de desarrollo en América Central. Información disponible en: <www.acceso.org.cr>.

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apropiación social, con su variedad de aplicaciones en función de las necesidades sociales, profesionales y de la vida cotidiana. Así, a medida que las tic se incorporaban en las prácticas de la sociedad mundial se advirtió la presencia de nuevas brechas, y con ello, en la discusión académica internacional se produjo un alejamiento de las nociones originarias de la digital gap. En los primeros años del siglo xxi surgieron concepciones más profundas sobre el tema, con la reformulación o ampliación de la perspectiva inicial. La investigación comenzó a centrarse en las condiciones de las capacidades y habilidades de quienes usan las tecnologías. Uno de los trabajos más interesantes en ese momento fue el de Lisa Servon (2002), que incluyó el “analfabetismo digital” como uno de los elementos obligados a considerar en la configuración del problema. En cuanto a los organismos internacionales relacionados con el tema, puede reconocerse que manifestaron un mayor interés por ampliar su visión sobre esta nueva desigualdad. Así, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina (cepal) ofreció la siguiente definición de brecha digital: La brecha es la línea divisoria entre el grupo de la población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las tic y el grupo que aún es incapaz de hacerlo. En otras palabras, es una línea que separa a las personas que ya se comunican y coordinan actividades mediante redes digitales respecto de quienes aún no han alcanzado ese estado avanzado de desarrollo. (…) La brecha digital es, en esencia, un subproducto de las brechas socioeconómicas prexistentes (cepal, 2009: 11).

Por su parte, en el 2003, en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la Unión Internacional de Telecomunicaciones había presentado un concepto donde los aspectos del acceso fueron englobados, al igual que los relativos a los usos de las tic. De hecho, el organismo generó una tipología del fenómeno, según la cual existen: la brecha digital del acceso (basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder a las tic y las que no); la brecha digital de uso (a partir de quienes saben utilizar las tic y quienes no) y la brecha de calidad del uso (basada en las diferencias entre los propios usuarios). La unesco hizo énfasis en otra esfera de la nueva desigualdad al subrayar la importancia de lo que denominó la brecha cognitiva (knowledge gap) definida como las desigualdades en “la producción de conocimientos y la participación en ellos” (unesco, 2005: 39). Para la unesco, abatir la brecha cognitiva constituye uno de los más grandes desafíos en la edificación de las sociedades del futuro. Fue así como comenzaron a surgir otras posturas que visualizaron claramente a la brecha digital como una cuestión central del desarrollo. No obstante lo anterior, son escasos los estudios que abordan el problema desde la perspectiva de la desigualdad. En algunos casos, específicamente se relaciona el fenómeno con situaciones de pobreza y exclusión. A partir de identificar cuál es el papel que desempeña el acceso a la información y la comuni276 ⎥ Alma Rosa Alva

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cación a través de las tic dentro de las causas estructurales de la pobreza, se ha desarrollado el concepto de pobreza de información y comunicación, con el fin de “llegar a una mejor comprensión de los factores clave que determinan si una sociedad está preparada para tomar ventaja de las tic, a fin de lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobreza” (Galperin y Mariscal, 2009: 25). Desde la perspectiva de las capacidades que resultan indispensables para el desarrollo de los individuos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la pobreza de comunicación e información (pobreza digital) se constituye como “la privación de las capacidades básicas de participación en la sociedad de la información” (Barja y Soren, 2009: 26). En esta línea, la pobreza digital es definida como “una carencia de tic, de acceso y de utilización de la información y comunicación que las tecnologías permiten”, con la consecuente necesidad de que “se averigüe no solamente el componente de conectividad, que es el más estudiado, sino el componente que muestre los usos que se dan a la conectividad” (Barrantes, 2009: 79). A su vez, el enfoque de la marginación digital sostiene “la trascendencia de las redes digitales que se encuentran posicionadas, por el discurso dominante, en el centro de varios aspectos de la cotidianidad, y la ineludible universalidad del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación” (Toudert, 2013: 154). Por último, en lo que respecta a las principales perspectivas de investigación que se han dedicado a la brecha digital, cabe citar la propuesta por Martin Hilbert, quien se orienta a definir el problema “en la práctica, para las políticas públicas” (Hilbert; 2011: 715). Desde su perspectiva, basada en la difusión de innovaciones, el comportamiento de la brecha digital conlleva una dinámica de tiempos y velocidades diferenciados, a partir de una serie de variables (tipos de tecnología, sujeto en estudio, niveles de conectividad, ingreso per cápita, educación de los individuos, nivel de adopción de las tic, entre otras). Es así como el autor propone una matriz con cuatro vertientes, cada una de ellas con diversas variables que se resumen en la siguiente formulación: “¿Quiénes, con qué características, cómo se conectan y por qué?” Si esa matriz se relaciona con los niveles de adopción digital del caso (acceso, uso y adopción efectiva) y con seis tipos de tecnologías (teléfono fijo, teléfono móvil, computadora, tv digital, internet y banda ancha), el resultado puede ser útil para el diagnóstico de una determinada brecha digital (Hilbert; 2011: 727). A partir de lo expuesto, la brecha digital habrá de definirse a partir del reconocimiento de la existencia de desigualdades estructurales y como inequidad antepuesta a los individuos en las esferas del acceso, uso y apropiación de las tic, con consecuencias para su participación y desarrollo en la sociedad de la información y el conocimiento. Asimismo, se considera con base en el enfoque conceptual amplio, que se trata de un fenómeno multifactorial y multidimensional, compuesto de seis esferas o dimensiones: económica, política, sociocultural, cognitiva, tecnológica y social. Cada una de ellas con un peso específico en el comportamiento del problema a partir de las mediaciones o factores Los nuevos rostros de la

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de influencia, y de donde se desprende un conjunto de fenómenos de exclusión, es decir, brechas específicas sobre las cuales es posible realizar un diagnóstico, insumo indispensable para la formulación de políticas públicas eficaces. Así, por ejemplo, entre los factores de la dimensión económica de la brecha digital habría que considerar el costo de servicios de tic (costo de acceso) y el poder adquisitivo de la población, en tanto que en la dimensión política habrán de tomarse en cuenta las características y orientación de las políticas para las telecomunicaciones y las tic, así como el marco legal y la estrategia digital en cuestión. Con respecto a la dimensión sociocultural, implica aproximarse a los imaginarios simbólicos que construye la sociedad sobre la tecnología, a partir de comprender que las tecnologías transmiten significados, se relacionan, se involucran con la cultura y la permean, vinculándola con los patrones de pensamiento de los grupos sociales y las actitudes sociales frente a los artefactos tecnológicos. En este rubro habrán de considerarse también las experiencias de apropiación social de las tic. Los procesos cognitivos relacionados con los usos de las tic constituyen una dimensión más de la brecha digital, que se expresa en las diferencias en los conocimientos y capacidades de apropiación de los instrumentos tecnológicos, así como en cuanto a las competencias o capacidades requeridas para un uso significativo de dichas herramientas, vía la alfabetización digital múltiple (Gutiérrez Martín, 2003: 36), de carácter crítico-reflexivo y no puramente instrumental. En tanto que la dimensión tecnológica se refiere a los modelos de uso y modelos de acceso a las tic, con la calidad de la conexión (y con la velocidad de banda ancha disponible para el usuario como una de sus variables), la dimensión social reviste especial importancia por su relación intrínseca con los grandes problemas nacionales, con la desigualdad y la pobreza encabezando la lista. Es indispensable considerar en esta instancia las inequidades sociales con repercusión en el comportamiento de la brecha digital como la insuficiente oferta educativa, el desempleo y la concentración de la riqueza, así como la disminución de los índices de calidad de vida y desarrollo humano en el país en los años recientes. A partir de dicha dimensión se desprenden, entre otras, la brecha digital de usos, la brecha digital de género y la brecha digital etaria (surgida entre los llamados “nativos” y “migrantes” digitales). En este orden de ideas, lejos de reducirse al factor tecnológico, la brecha digital se presenta como un nexo de múltiples dimensiones, articulaciones y agentes que se vinculan y cruzan entre sí con una interacción dialéctica. Pensar el problema desde tal perspectiva permite comprenderlo en su complejidad, y por tanto definirlo en términos más precisos: la brecha digital es la nueva desigualdad social surgida en el siglo xxi en el marco del modelo económico del capitalismo global, que consiste en las inequidades entre diferentes grupos sociales en términos del acceso, de las 278 ⎥ Alma Rosa Alva

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diferencias cognitivas, de conocimiento o de competencias para los usos de las tic; de las significaciones y experiencias simbólicas de dichas herramientas y de experiencias de apropiación que construyen los ciudadanos, favorables o no a la inclusión digital; las diferencias en las condiciones institucionales que permiten a aquéllos desarrollarse y participar en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, o bien, que no están siendo incorporados a ésta en función de su edad, género o etnia. Como se aprecia a partir de lo antes señalado, en razón de las propias transformaciones del problema, el concepto de brecha digital es cambiante y está en revisión continua. En lugar de reducirse a la esfera del acceso, debe entenderse desde una visión integral que considere sus diferentes manifestaciones. Acercarse a la brecha digital desde un enfoque amplio es indispensable para comprender su compleja naturaleza. Pero no sólo eso: mirarla desde esa perspectiva nos permite comprenderla como una de las manifestaciones actuales de la desigualdad, ese problema atávico de los países latinoamericanos y remite, como subrayan Hilbert y otros autores, a la “pregunta fundamental” de cuáles son los componentes necesarios y suficientes para el desarrollo.

La “nueva desigualdad” latinoamericana Hoy, en América Latina, en medio de los continuos estragos generados por la crisis global y la posible construcción de un orden posneoliberal, las inquietudes de los países ante la persistencia en la región del problema de la brecha digital se han acrecentado. Una de las razones de tal preocupación es la complejidad que reviste esa nueva desigualdad, de carácter multidimensional y multifactorial, que abarca diversas dimensiones y ámbitos. Las cifras disponibles y las estimaciones relacionadas con la brecha digital confirman las inquietudes sobre la persistente presencia del problema en el contexto regional. Más allá de las evidencias que en ese sentido han arrojado datos de diversos indicadores que reflejan una amplia distancia con respecto a los países avanzados en materia de acceso, uso y apropiación de las tic -con lo que se configura una profunda brecha digital internacional-, una situación desfavorable en la región se encuentra en lo relacionado con la esfera del acceso. De hecho, si hace años la cepal había establecido que entre los países de América Latina y el Caribe la “brecha digital interna” es aún más seria que la “brecha digital internacional”, un informe del 2012 del Sistema de Información de Tendencias Educativas (siteal) reiteró que las oportunidades de acceso a internet en los países latinoamericanos son muy desiguales entre sí, por lo que es necesario concentrarse en ofrecer soluciones que resuelvan la brecha digital interna de la región. Otros datos documentan el carácter duradero del problema. De acuerdo con las cifras del Monitoreo del Plan e-lac2015 de la cepal, al comparar la posición de los países latinoaLos nuevos rostros de la

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mericanos y caribeños durante el 2009, en el subíndice “acceso a internet” se encontró que con respecto a los datos de dos años atrás, sólo 30% de los países de la región había mejorado en el ranking respectivo (Chile y Colombia, entre otros), 9% se mantuvo en el mismo sitio (Brasil y México) mientras que 61% descendió (cepal: 2011, 20). Las heterogeneidades entre los países latinoamericanos se extienden a otros rubros de las tic (por ejemplo, penetración de telefonía fija y móvil). Sin embargo, uno de los renglones donde actualmente más se refleja la brecha digital interna latinoamericana es el del acceso a internet en banda ancha. De acuerdo con datos del 2011, si bien ningún país de la región en esa fecha contaba con 10% de la población con acceso a dicho servicio, existe un grupo de países donde ese índice no alcanzaba 1% (Ecuador, Guatemala, Haití). La persistencia de la brecha digital en América Latina se explica, también, a partir del factor educativo, dado que en la región el analfabetismo digital presenta tasas considerables aún, que varían de país a país y se incrementan en el caso de los grupos marginados o minoritarios. Por cierto, se distingue la pertenencia a una etnia como factor relevante en este problema, una de cuyas más claras manifestaciones se encuentra en que los pueblos indígenas registran cifras sensiblemente menores en cuanto a acceso a equipos. Ésas y otras evidencias parecen alejar los propósitos de la ya citada Declaración de Florianópolis del año 2000, equidad y sustentabilidad. La Declaración de Panamá, emitida en julio del 2013 en el marco de una importante reunión de jefes de Estado, donde se estableció el objetivo de cerrar la brecha digital en la región en el año 2020, plantea varias propuestas de políticas para alcanzar ese objetivo. Sin duda, todas ellas pueden ser útiles para avanzar en el tema. Sin embargo, se considera indispensable que tales cursos de acción tengan como punto de partida la noción del desarrollo con las tic, que concibe a la tecnología como un medio a favor del desarrollo humano y social más inclusivo, y justamente coloca a los diferentes aspectos del desarrollo (educación, salud) como elementos centrales de la transición hacia la nueva organización social, y así lograr avanzar en la ruta de una sociedad más equitativa y justa.

La brecha digital en México México es un país de desigualdades. La inequidad presenta aquí varias facetas y expresiones a las que se está sumando la brecha digital. A pesar de la creciente trascendencia de este problema y sus manifestaciones como una desigualdad emergente, existe un déficit de investigación, tanto en términos teóricos como empíricos (nivel atendido de forma significativa por empresas consultoras y de telecomunicaciones, que proveen parte considerable de los datos disponibles sobre el tema). El conjunto de los grupos sociales del país que debido a múltiples factores no cuentan con posibilidades de participar y desarrollarse en la Sociedad de la Información y el Cono280 ⎥ Alma Rosa Alva

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cimiento es de tal magnitud que puede señalarse el problema de la brecha digital como una de las grandes asignaturas pendientes para el México del siglo xxi. La brecha interna en el país se expresa claramente con algunas estadísticas básicas. Más de la mitad de la población nacional no tiene acceso, uso y apropiación de internet (el servicio más característico de la Sociedad de la Información y el Conocimiento): de una población de 112 millones 336 mil habitantes, sólo 51.2 millones son usuarios de la red (amipci, 2014: 5), mientras que sesenta millones se encuentran desconectados. En cuanto a la dimensión de género, el estudio citado asegura que la distribución de usuarios de internet se distribuye en 50% entre hombres y mujeres; en lo que respecta a los grupos de edad se advierten diferencias importantes: en el 2013 el mayor número de usuarios se localizó en el grupo de 13 a 18 años (24%), mientras que el de menor acceso fue el correspondiente a mayores de 55 (4%) (amipci, 2014: 7). Éstos y otros muchos datos hacen ver que, con respecto al conjunto de la población, el uso de internet está concentrado de forma notable en los mexicanos jóvenes, así como en las grandes ciudades. En cuanto al nivel socieconómico predominante en los cibernautas, los datos son escasos; no obstante, algunas estadísticas (amipci; 2010: 12) han referido que el único nivel que ha continuado en ascenso en cuanto a número de usuarios en la red es el de mayor poder adquisitivo (abc+), en tanto los segmentos que le siguen en la escala (cyd+) han reflejado un estancamiento, o incluso un descenso (segmento d+e). Más allá de la visión optimista que, a partir sólo de algunos datos cuantitativos afirman periódicamente un sustantivo incremento de internautas en el país, es imperativo atender el problema a partir de los recursos de la investigación científica. Contar con datos fidedignos y recopilados sistemáticamente con categorías de análisis pertinentes para el caso (en los ámbitos nacional, regional y local; por niveles socioeconómicos, educativos, etnia, grupos de edad, estrategias de apropiación, entre otras), haría posible aproximarse a una caracterización de la brecha digital en México, así como conocer su comportamiento e identificar su evolución y tendencias. En cuanto a la brecha digital externa -el sitio que ocupa México con respecto a otros países en cuanto al acceso, uso y apropiación de las tic-, los datos reflejan una distancia significativa, incluso frente a naciones con un desarrollo similar al nuestro (entre ellos, varios países latinoamericanos). De acuerdo con datos de la ocde, nuestro país se ubica en el lugar 32 de los 34 países pertenecientes a dicha organización en el rubro de banda ancha, con velocidades de transmisión muy inferiores a las registradas en promedio en esas naciones (ocde, 2012:14). Otras estadísticas difundidas por el Banco Mundial reflejan un rezago importante del país en cuanto a conectividad a internet y a tic, que ubica al país en la posición 76 entre 142 economías del mundo (Banco Mundial, 2013b). Por lo que toca a los países latinoamericanos, de acuerdo con los indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial; 2013a), los índices de penetración de internet que se Los nuevos rostros de la

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registran en México son menores incluso que los de los países de menor o similar desarrollo: si Chile aparece con un índice de 61.4 y Argentina 56, Brasil con 50, Colombia con 49, Jamaica con 47 y Venezuela con 44, México aparece con 38, al lado de Perú, superando a Ecuador (35), Honduras (18) y Haití (10). Resultaría extenso exponer aquí los programas gubernamentales que se han propuesto a partir del año 2000 para abatir la brecha digital. Baste con señalar que el primero de ellos, denominado Sistema Nacional e-México y planteado por el gobierno de Vicente Fox, fue diseñado desde una perspectiva neomodernizadora y tecnodeterminista, al conferir a las tic la capacidad de resolver los problemas estructurales del país vía “la generalización de las tecnologías de la información”. En efecto, esa estrategia planteaba dar un “salto cuántico” en el desarrollo y no sólo “cerrar la brecha digital, sino también la de educación, salud, acceso a los mercados y la existente con el gobierno, en especial la que prevalece entre el federal y los locales” (sct, 2001: 229). La propuesta educativa del e-México, llamada Enciclomedia, fue puesta en marcha en el 2003 y fue presentada como un conjunto de acciones que revolucionarían ese ámbito. Con una visión conceptual desde el enfoque limitado, el sistema confería un carácter central a la esfera del acceso a las tic, sin considerar en sus planteamientos centrales la problemática de los usos sociales, las expresiones culturales y los procesos de apropiación de tales herramientas, entre los muchos aspectos o facetas de la brecha digital. Una de las acciones más relevantes de dicho programa fue el despliegue de un importante esfuerzo de conectividad. El tema no figuró entre las prioridades del gobierno siguiente, que no se interesó en generar un nuevo proyecto o bien en dar continuidad al anterior. De éste se conservó solamente, como un fin específico, el propósito de abatir la brecha digital. Se pretendió conseguir esa meta especialmente por medio de tres programas que vinieron a constituirse como sucesores del proyecto Enciclomedia en la búsqueda de “cerrar” la brecha en determinados sectores: Vasconcelos 2.0 (orientado a adultos de entre 20 y 54 años, sin acceso previo al aprendizaje y uso de las tic ); Habilidades Digitales para Todos (hdt, dirigido a la población de entre 6 y 17 años de edad, altamente receptiva a la tecnología y que cuenta con atención escolar en el tema) y el programa Servicio Aula Base Telemática (sabt), que buscó impulsar un modelo educativo vía la incorporación de las tic a los procesos de aprendizaje y desarrollo de habilidades digitales de los alumnos de quinto y sexto de primaria. En noviembre del 2013 se dio a conocer la Estrategia Digital Nacional (edn), propuesta de la administración de gobierno de Enrique Peña Nieto y cuyo objetivo es el de “lograr un México Digital en el que la adopción y uso de las tic maximicen su impacto económico, social y político en beneficio de la calidad de vida de las personas”. Derivado del análisis de dicho programa gubernamental, puede decirse que, contrario a la necesidad de una redefinición a fondo de los planteamientos centrales de la primera estrategia de su tipo, antes citada, la edn presenta significativos paralelismos con el e-México que 282 ⎥ Alma Rosa Alva

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desestimulan la posibilidad de una etapa diferente en el importante asunto de lograr remontar la brecha digital en el país. Varios de sus puntos fundamentales reflejan la visión tecnodeterminista y neomodernizadora que ha venido permeando notoriamente las nociones sobre ese proceso en determinados círculos de la administración pública y de los consorcios de telecomunicaciones, e incluso en ciertos espacios legislativos, en el sentido de que la tecnología tiene capacidad, por sí misma, de transformar los grandes problemas del país. En la edn se confiere a la digitalización ese papel y se le presenta como “el concepto que describe las transformaciones sociales, económicas y políticas con la adopción masiva de las tic”. Cabe destacar, entre otros puntos de la edn, su insistencia notable de tomar como referencia para avanzar en la materia a los países desarrollados, en medio de un vacío en cuanto a las condiciones particulares del país y, en consecuencia, de sus verdaderas necesidades. Por otra parte, la inclusión digital, el gran objetivo de las políticas en el tema, aparece en la edn sólo en el ámbito de los “habilitadores”, es decir, en términos de “herramientas”, lejos de plantearla como una meta superior. En un México como el de hoy, donde sobresalen las desigualdades sociales, ese objetivo habría de figurar como piedra angular y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, donde la brecha digital, la nueva desigualdad, vaya siendo desterrada. Remontar la brecha digital es una tarea de grandes proporciones pero indispensable de asumir, si es que realmente se pretende frenar el avance de una nueva desigualdad social y aprovechar las oportunidades para el desarrollo del país que pueden aportar las tic, en términos de generación de conocimiento y de apoyo a las actividades productivas.

Colofón Superar la brecha digital en sus múltiples facetas es uno de los grandes asuntos por resolver en América Latina, donde es indispensable revisar y, en su caso, reformular las estrategias regionales de frente a la persistencia en muchos países de esta nueva desigualdad. Esa reformulación posible para acometer el problema habrá de partir de la perspectiva de “las tic para el desarrollo”,4 que concibe a la tecnología como una herramienta para el desenvolvimiento humano y social. En cuanto a la problemática de nuestro país en la materia, entre muchas otras acciones es indispensable -además de hacer efectivo el derecho constitucional de acceso a las tic para todo ciudadano- contar con una estrategia que garantice la ampliación de los procesos sociales de uso y apropiación de la tecnología, como parte de un necesario avance en la compleja ruta de la inclusión digital. 4

Véase: Sunkel (2010).

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La desigualdad salarial de género medida por regresión cuantílica: el impacto del capital humano, cultural y social Gender Wage Inequality Measured Using Quantile Regression: The Impact of Human, Cultural and Social Capital Alan Araújo Freitas∗1 Recibido el 14 de septiembre de 2014 Aceptado el 1 de octubre de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

La desigualdad salarial media entre hombres y mujeres es un fenómeno conocido por la literatura nacional e internacional. Sin embargo, la desigualdad salarial de género en la distribución del ingreso es menos conocida en Brasil. El objetivo central de este estudio es medir la desigualdad de ingresos de los individuos en el mercado de trabajo, a partir de algunas condicionantes visibles a lo largo de la curva de distribución de los salarios entre hombres y mujeres: el capital humano, la integración en el trabajo, el capital social, el capital cultural y el estado civil. Las siguientes preguntas guían el estudio: ¿En qué medida un mayor nivel educativo alcanzado por las mujeres fue capaz de reducir la brecha salarial por género? ¿Es posible argumentar que a medida que avanzamos en la estructura salarial, la diferencia entre los

The average wage gap between men and women is a well-known fact in Brazilian and international literature. However, gender based wage inequality in income distribution is less known. The main goal of this work is to evaluate income inequality of individuals who are in the labor market based on some conditioning factors which are visible along the wage distribution curve between men and women, namely: human capital, integration into work, social capital, cultural capital and marital status. The following questions guide the study: To what extent women’s higher education level can reduce the gender wage gap? Is it possible to argue that as we advance in the wage structure, sexual differences tend to increase? To answer these questions we used data from the Instituto do Milênio, 2008. The results showed that as long as

∗

Licenciado en Sociología por la Universidad Federal de Minas Gerais y maestro en Sociología con especialización en Administración Pública en la misma institución. Estudiante de doctorado en Sociología en la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil). Profesor del Departamento de Historia en la Universidad Federal de Ouro Preto. Sus líneas de investigación son: desigualdades sociales, teoría sociológica y teoría política. Correo electrónico: alan.freitas@ ufrj.br 1   La investigación que nutrió a este trabajo cuenta con financiamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y del Consejo de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior.

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sexos tiende a aumentar? Para responder a las preguntas planteadas, se utilizó el banco de datos del Instituto Milenio 2008. Los resultados mostraron que mantenidos los atributos intervinientes constantes, las mujeres ganaban en promedio 54% del salario de los hombres. Esta desigualdad salarial de género es prácticamente la misma desde hace cincuenta años, estimada entonces en 60%. El último percentil del ingreso salarial mostró una mayor desigualdad de género. En el percentil 99, el salario de las mujeres es 44% del que reciben los hombres.

the involved elements are maintained constant, women earned on average 54% of men’s wages. This gender wage inequality has been practically the same for the last fifty years, as it was then estimated at 60%. The last percentile of wage income showed greater gender inequality. At the 99th wage percentile, women earn 44% of what is earned by men.

Palabras clave: desigualdad salarial; género, regresión cuantílica; capital humano; capital cultural; capital social.

Keywords: inequality; wage gap; gender; quantile regression; human capital; cultural capital; social capital.

Introducción En los Estados Unidos, entre 1970 y 1990, la diferencia salarial entre hombres y mujeres disminuyó debido al aumento de los niveles educativos y las leyes antidiscriminatorias (Diprete y Buchmann, 2006). En palabras de estos autores, la segregación ocupacional declinó principalmente hacia finales de los años 1990. Los índices de empleo e ingreso entre las mujeres aumentaron de forma significativa en las últimas décadas, aunque no hay una convergencia en lo que se refiere a las posibles explicaciones de la tendencia. Abordajes economicistas atribuyeron el aumento relativo del empleo y de los salarios pagados a las mujeres al control de la natalidad2 y al crecimiento del empleo en el sector de servicios,3 así como por la disminución de los índices de empleo y de los salarios pagados a los hombres. Otros investigadores enfatizaron que explicar el aumento del empleo y del ingreso de las mujeres por la caída de los salarios pagados a los hombres es problemático, ya que durante la mayor parte del siglo los aumentos de las tasas de empleo e ingreso femenino ocurrieron 2

1Un hecho sustancial que explica el incremento del acceso de la mujer al mercado de trabajo se refiere al control de la natalidad. Véase: Correl, Bernard y Paik (2007). 3   Parte de esta reciente mano de obra femenina que accedió al mercado de trabajo fue ubicada en el sector de servicios o terciario. Las profesiones más concurridas y con mejores beneficios todavía tienen predominio masculino.

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simultáneamente al aumento de los salarios masculinos (England, 2005).4 El problema y el tratamiento para la comprensión de los diferenciales salariales de género5 fueron presentados en trabajos anteriores. El presente trabajo da un paso más en la medida que posibilita ver el problema de manera ampliada. En general, los estudios sobre diferenciales de ingresos se centraron en la desigualdad salarial media entre los individuos. Por otro lado, el diferencial a lo largo de la curva de distribución salarial fue inexplorado o explorado de manera limitada por la literatura. Santos y Ribeiro (2009) usaron regresiones cuantílicas y análisis contrafactuales para modelar la asociación del salario con el capital humano. Sin embargo, no consideraron el capital cultural, el capital social y la ocupación como fuentes potenciales de variación de los retornos salariales por sexo. Autores brasileños como Tomás Xavier y Dulci (2005) estudiaron el retorno de estos capitales en la diferencia salarial y concluyeron que existe una asociación entre los capitales simbólicos (cultura legítima, reconocimiento social y escolaridad) y el ingreso recibido a fin de mes. Esta línea nos pareció interesante de modo que terminó por sugerirnos la importancia de desarrollar una investigación del efecto del género en los ingresos salariales, a la vez que el análisis conjunto mostró la existencia de una estructura salarial idéntica. El objetivo central de este trabajo es medir las desigualdades salariales de las personas insertas en el mercado de trabajo, a partir de algunos condicionantes observables a lo largo de la curva de distribución salarial entre hombres y mujeres: el capital humano, la inserción ocupacional, el capital social, el capital cultural y el estado civil. Las siguientes preguntas guían el estudio: ¿hasta qué punto el aumento de la escolaridad de las mujeres fue capaz de reducir la brecha salarial por género? ¿Es posible afirmar que a la medida que se avanza en la estructura salarial, la diferencia entre los sexos tiende a aumentar? Para responder a estas preguntas se utilizó el banco de datos del Instituto del Milenio de 2008. Este artículo, en primer lugar, indica cuáles son las partes de la distribución del ingreso que son responsables de la mayor desigualdad salarial de género. Muestra la asociación de las variables independientes utilizadas en el estudio con el salario recibido, así como su variación en la brecha salarial por género. Así, se podrá observar, por ejemplo, si la brecha salarial por género es mayor en el primer o en el último decil de ingresos y, si tiende a aumentar o disminuir con el nivel de la escolaridad femenina y con otros factores que influyen en los ingresos salariales. En segundo lugar, conoceremos la sensibilidad de los ingresos salariales masculinos y femeninos 4

England (2005) sugiere que es necesario diferenciar el aumento de los ingresos de los individuos que son motivados por factores estructurales -como los que ocurren en períodos de prosperidad- de otros factores explicativos. Es necesario diferenciar la ganancia salarial teniendo como base la comparación de hombres y mujeres y aislar otros factores que puedan influenciar en el aumento de los ingresos. 5  Véase: Barros, Carvalho, Franco y Mendonça (2006); Hoffman y Leone (2004); Leme y Wanjman (2009) y Baptista (1998).

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en relación con diferentes cantidades de capital humano acumulado y en diferentes partes de la curva de ingresos. Esta contribución, en particular, es importante para dialogar con las políticas públicas involucradas en el aumento de la escolaridad como salida para la reducción de la brecha salarial sexual. El artículo muestra si el retorno monetario de mujeres y hombres ricos (o pobres) insertos en ocupaciones similares y con condiciones conyugales análogas responde de la misma manera a una cierta cantidad acumulada de escolaridad, experiencia, capital cultural y social. El banco de datos del Instituto del Milenio es particularmente adecuado para este propósito, ya que mide la historia escolar de los entrevistados sobre la muestra de los ricos, garantizando que la representatividad de esta clase social en el referido banco sea mayor que en otros bancos de datos producidos por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (ibge) (ex. pnad, Censo, ppv). El trabajo se compone de los siguientes apartados: de inicio se describe la brecha salarial por género, la teoría del capital humano, el contrapunto de la propuesta analítica de Pierre Bourdieu y algunas nociones de capital cultural. Después, se presenta la contribución de Lester Thurow respecto a la segmentación del mercado y el entrenamiento en las empresas y, finalmente, la influencia del capital social.

La brecha salarial por género Uno de los principales determinantes de la desigualdad salarial en Brasil está relacionado con las disparidades educacionales entre los que conforman la fuerza de trabajo (Barros y Mendonça, 1996). De esta manera, parte de la brecha salarial por género debe ser explicada por los diferenciales productivos de la población (escolaridad y experiencia), mientras que la otra parte se debe a factores discriminatorios. Estos autores diferencian la discriminación en dos formas distintas. Discriminación aparente y discriminación propiamente dicha. En la primera forma no existe el control de las variables intervinientes. En la segunda se realiza este control, cuyo residuo es atribuido a la discriminación propiamente dicha y a otros factores no observables o no medibles. En las últimas décadas existieron cambios significativos en la composición del mercado de trabajo, principalmente en lo que se refiere a la disminución de la brecha salarial por género. Los datos recabados muestran además, que entre principios de la década de 1950 y finales de la década de 1970, la razón del rendimiento femenino con relación al masculino se mantuvo alrededor del 0.60, lo que significa que, en promedio, las mujeres ganaban 60% del salario recibido por los hombres, manteniendo constante todas las otras variables intervinientes (Leme y Wajnman, 1999). Goldin (1990) verifica por medio de un análisis histórico que durante décadas, pero aún antes de los años cincuenta, la brecha salarial era 290 ⎥ Alan Araújo Freitas

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inestable pero se mantenía por debajo del nivel observado (60%). En su opinión, el ingreso vertiginoso de las mujeres en la fuerza de trabajo, la reducción de la segregación ocupacional por sexo, además de la inserción de éstas en ocupaciones que exigen nivel superior de estudios, generó que emergiera la discriminación salarial. El diferencial salarial por sexo, con énfasis en el componente atribuido a la discriminación, fue estudiado por Camargo y Serrano (1983). En este trabajo, fueron estimadas ecuaciones de salarios para hombres y mujeres en el sector de la industria que incluyeron, además de los años de estudio, variables de mercado tales como el tamaño del establecimiento, la intensidad de capital en el sector y la proporción de trabajadores en cargos administrativos. Se concluyó que los procesos de determinación de salarios de hombres y mujeres son bastante distintos. La escolaridad influenciaría más a las mujeres mientras que, para los hombres, las variables relacionadas al mercado de trabajo serían más importantes. Haciendo uso de datos de la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio entre 1981 y 1989 (Encuesta Nacional por Muestra de Hogares, pnad por sus siglas en portugués), Barros, Carvalho, Franco y Mendonça (2006) estimaron la magnitud del diferencial salarial en 50% promedio de ventaja para los hombres. Por medio de un ejercicio de descomposición,6 estos mismos autores mostraron la importancia reducida de los componentes de productividad y segregación ocupacional, vis-à-vis al componente de la discriminación. A su vez, desde el punto de vista temporal, señalaron que no hubo una reducción sustancial de esta brecha durante el período analizado. Otro autor que emprendió esfuerzos en esta dirección fue Baptista (1998), que utilizó datos de la pnad de 1996. En este estudio, Baptista demostró que efectivamente existían diferencias salariales de género, con ventaja para los hombres en relación con las mujeres. En un análisis del estado civil, identificó un deterioro todavía mayor para las mujeres casadas en relación con las solteras. El impacto del componente de “discriminación” es significativo al punto de anular las ventajas de las mujeres en lo que refiere a capital humano (Baptista, 1998). Kassouf (1998), con datos de la pnad de 1989, también estimó los componentes de la desigualdad salarial por sexo, teniendo como base los coeficientes de ecuaciones de rendimientos obtenidas de un modelo de corrección de la selectividad muestral. Sus resultados también sostienen la importancia de la discriminación para la comprensión de los diferenciales salariales por género. Existe un consenso por parte de los investigadores del área según el cual la discriminación es clave para la comprensión de la diferencia residual de los salarios en una comparación por sexos (Leme y Wajnman, 1999).

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Véase: descomposición contrafactual en Barros (1994).

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La importancia del capital humano para la productividad y el aumento salarial A partir de los años sesenta, con la formalización de la teoría del capital humano llevada a cabo por Becker, empezaron a acumularse evidencias empíricas en diversos países y en diferentes etapas de desarrollo, en relación con la aportación no elemental de la educación a las diferencias de ingresos observada (Langoni, 1973). La desigualdad de ingresos es generada por el mercado de trabajo a partir de la heterogeneidad de la fuerza de trabajo en relación con el nivel educativo, la ocupación, la edad, el sexo, el sector de actividad y la zona de residencia. El capital humano descrito por Schultz, se divide entre escolaridad, experiencia y salud. Schultz (1961), Becker (1965) y Mincer (1958) fueron los primeros autores en ocuparse por comprender la “tasa de retorno” de la escolarización. Según estos teóricos, parte de la diferenciación socioeconómica podría ser disminuida por la meritocracia educativa, teniendo en cuenta que el acceso a la educación representó un insumo fundamental para los actores sociales y, en cierta medida, estuvo asociado con una mayor productividad, por lo que proporcionaría un aumento salarial. Schultz (1961) propuso que las habilidades adquiridas por medio de la educación formal e informal, como son la escolaridad del individuo, su experiencia y salud, tendrían un papel fundamental en la determinación del progreso económico. Los gastos en capital humano favorecen al crecimiento económico y son extremadamente importantes para explicar el incremento de las posibilidades reales de los trabajadores de obtener ingresos más elevados. Las propias habilidades de nacimiento, tales como los conocimientos adquiridos por los individuos a lo largo de sus vidas, fueron considerados una forma de capital. Las personas que invierten en capital humano de manera efectiva con la intención de ampliar sus reservas de capital educacional disciplinar, amplían de modo positivo las posibilidades de lograr mayores retornos futuros (Schultz, 1961). Los individuos más escolarizados tenderían a ser más disciplinados y productivos, por lo que recibirían mejores salarios. La estructura de salarios e ingresos sería, de esta manera, influenciada por la inversión en educación y salud, así como por el capital social de los individuos, ejemplificada por sus posibilidades de conseguir un buen trabajo, sumados a los gastos en materia de migración y salud, factores que también contribuirían para el aumento salarial. Siguiendo con este paradigma, las inversiones en capital humano contribuirían a la equiparación de la distribución de los ingresos. La proposición de Schultz (1961) fue que esta distribución, por medio de la ampliación de la inversión en capital humano, sería más eficiente en el sentido de mejorar el bienestar de las capas menos privilegiadas de la población en detrimento de otras políticas sociales, como las políticas de transferencia de ingresos o de redistribución de la propiedad privada.

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El contrapunto de Pierre Bourdieu (el abordaje del capital cultural) Otro paradigma, desarrollado principalmente por Pierre Bourdieu (1975), defiende una posición distinta en relación con el abordaje del capital humano. Lo que se llamó capital cultural se refiere, en realidad, a una serie de características adquiridas o heredadas de los padres, como la escolaridad, el contacto con los libros y con la “cultura legítima” de las sociedades, lo que hace que algunos individuos tengan un mejor desempeño escolar por haber heredado de sus padres esta forma de capital. El ingreso familiar influye directamente sobre el capital cultural ya que, generalmente, individuos con mayor capital económico tienden a invertir en capital humano y cultural. Ahora bien, Bourdieu plantea que la educación formal fue utilizada justamente para mantener las disparidades sociales. La meritocracia propuesta por la teoría del capital humano sería inviable desde esta perspectiva, en la medida que el sistema educacional distribuye a los individuos de forma diferenciada. Para esta teoría, características adscritas como raza/color, clase y género poseerían gran poder explicativo sobre las diferencias sociales existentes entre los individuos. Los teóricos de la reproducción, al contrario de los del capital humano, no son entusiastas de lo que se dice respecto al poder de la escolaridad sobre la disminución de los deferenciales de ingresos entre grupos sociales distintos. Es posible afirmar que la decisión de estudiar está, en gran medida, influenciada por el análisis que hacen los individuos para determinar si los beneficios del estudio exceden sus costos. A partir de la lógica del actor racional, es coherente pensar que las mujeres tienden a estudiar más que los hombres por el hecho de que éstas se encuentran desfavorecidas en el mercado de trabajo. Desde esta perspectiva, la inversión en capital humano constituiría un intento por mitigar las diferencias sociales preexistentes, sesgo que se acerca al de los teóricos del capital humano (Becker, 1961 y Schultz, 1965). Este enfoque asume que las desigualdades sociales podrían ser disminuidas con la escolarización de las clases menos privilegiadas, teniendo en cuenta que la educación estaría asociada con mejores rendimientos. No obstante, la limitación de este tipo de abordaje se debe a que no proporciona una respuesta satisfactoria al aumento de la escolarización de las mujeres seguido por el mantenimiento de la brecha salarial de género. Para Bourdieu (1975), la educación es también una forma de promover la equidad social siempre que no existan desigualdades previas tan marcadas entre clases, etnias y géneros. De acuerdo con este enfoque, en Francia la educación escolar privilegió a los hombres en detrimento de las mujeres, por lo menos hasta el último cuarto del siglo pasado. La familia y la escuela cumplieron roles de segregación entre hombres y mujeres. Un ejemplo emblemático de esta visión es la idea de la vocación ocupacional: “las mujeres no son aptas para las ciencias duras”. Este es uno de los ideales más vendidos en casi todas las La desigualdad salarial

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sociedades del mundo. Bourdieu (1975) complejiza esta discusión al describir su concepto de habitus, según el cual los individuos se inclinan durante su socialización, de forma inconsciente, para ocupar determinados roles en el espacio social. Desde esta perspectiva, la educación formal escolar estaría lejos de ser “neutral”, en el sentido en que lo emplean los funcionalistas y teóricos del capital humano. La principal idea de la teoría de la reproducción de las desigualdades escolares y de rendimientos es que los individuos poseen de antemano, capitales económicos, sociales y simbólicos diferenciados que corroboran la diferenciación adscrita entre pobres y ricos, negros y blancos, mujeres y hombres. Tales capitales tendrían además un importante potencial explicativo del diferencial de las oportunidades y rendimientos entre los grupos sociales. En la teoría del capital social (background cultural), se busca visualizar cómo esa esfera de los bienes simbólicos y de las prácticas culturales reproduce y legitima las relaciones de clase entre individuos de diferentes características. Por lo tanto, empíricamente, el background familiar podría ser medido a partir de la escolaridad de los padres, especialmente de la madre, así como por otros medios como el campo cultural “legítimo”, la “cultura” adquirida por la socialización familiar, por la “habituación” de los gustos y las prácticas culturales, por el aprendizaje de la lengua, las matemáticas, las ciencias, música y las artes. Si bien Pierre Bourdieu nos dice que el capital humano no determina el ingreso salarial, por los motivos anteriormente expuestos, Thurow (1974) afirma algo parecido, pero haciendo uso de otros argumentos que veremos a continuación.

La segmentación del mercado y el entrenamiento en las empresas Podemos citar a Thurow como uno de los principales exponentes de la discusión respecto a los factores que condicionan o influencian las diferencias de oportunidades e ingresos entre agentes sociales. El autor afirma que algunas de las desigualdades sociales contemporáneas, especialmente en lo que a educación e ingresos se refiere, perdurarían no por el hecho de que la educación sea diferente según la clase, el color y el género de las personas, sino por el hecho de que los ingresos están determinados por la naturaleza del trabajo, por las distintas características de los individuos y por aquello que denominó las “filas de espera” del mercado. Thurow (1974) evidenció a mediados de la década de los años 70 que la educación –yendo en contra de lo que sostienen gran parte de los funcionalistas y los teóricos del capital humano– no está necesariamente vinculada con el aumento de los ingresos. En el trabajo titulado Education and Economy Equality, contrapuso la teoría del capital humano al afirmar que la educación en los Estados Unidos, en el período que va desde 1950 a 1970, aumentó considerablemente pese a que los ingresos medios hayan disminuido. El autor 294 ⎥ Alan Araújo Freitas

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sugiere que la educación no es el único determinante de los ingresos, pues también sería producto de una serie de factores imbricados en una realidad compleja, tales como: 1) las características sociohistóricas del empleo; 2) la naturaleza del progreso técnico generado por ciertos tipos de puestos de trabajo en determinadas proporciones; 3) lo que denominó “la sociología de la determinación de los salarios”, ejemplificada por los sindicatos y por la tradiciones de diferencias salariales y, por último; 4) por la distribución de los costos de formación entre los trabajadores y los empleadores que pueden influir en el salario que se asocia a cada puesto de trabajo. Los empleos que poseen un historial de ingresos más elevados tienden a mantenerse de esta forma. Asimismo, la articulación y el poder de los sindicatos y los consejos responsables de los derechos de las categorías profesionales, tales como la oferta y la demanda de mano de obra por área, son factores fundamentales para la determinación de los ingresos. Divergiendo del enfoque económico neoclásico, Thurow (1974) afirmó que la educación no causaría necesariamente el desarrollo económico y que los empleados con más escolaridad no serían necesariamente más productivos. Teniendo en cuenta que la educación se distribuye de forma relativamente igualitaria, lo que diferenciaría a los individuos sería el entrenamiento recibido en las empresas. Lo que él llama “certificados de entrenabilidad”. En el último cuarto del siglo pasado hubo una equiparación en la educación superior y una menor igualdad de ingresos en los Estados Unidos. Este argumento va en contra de la tesis que sostiene que niveles más elevados de escolaridad necesariamente mejoran la vida de los individuos. Lo que se ha demostrado es que las personas no adquieren habilidades importantes para el mercado únicamente por medio de la educación formal. Los individuos serían primeramente reclutados y luego entrenados por la propia empresa para llevar a cabo funciones específicas. A pesar de que la educación puede afectar la forma de la “fila de espera de trabajo”, eso no significa necesariamente que pueda alterar la distribución real de los ingresos. Esta sería una función no sólo de la fila de trabajo, sino también de la distribución de las oportunidades de empleo. Un grupo de trabajadores “idénticos” (en lo que refiere a sus potenciales costos de capacitación) podría asignarse a través de una distribución relativamente desigual de oportunidades de empleo debido a las fallas de mercado. Como resultado, la distribución del ingreso estaría determinada por la distribución de las oportunidades de trabajo y no por la distribución de la fila de trabajo, que sólo determina el orden de acceso y su distribución para oportunidades de empleo, pero no los ingresos obtenidos por los trabajadores. La forma de la distribución de la mano de obra y, por lo tanto, de la distribución del ingreso por medio del cual los trabajadores serán distribuidos se rige por la combinación entre la calificación profesional y la calidad de la oferta de puestos de trabajo compatibles. La desigualdad salarial

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La influencia del capital social Entre los principales teóricos del capital social se encuentran Bourdieu (1986), Coleman (1988) y Putnam (1993). El primero es el único que analiza el capital social de modo no necesariamente contributivo para el individuo, sino que, en cierta medida, puede ser considerado perjudicial. Bourdieu (1986) muestra que el capital social sería utilizado para mantener a los individuos en sus clases de origen impidiendo, de esta manera, la movilidad social ascendente. El principal problema que alude el autor se relaciona con los mecanismos sociales reproductores de las desigualdades sociales. Coleman (1988), por otro lado, entiende el capital social de una manera distinta que la de Bourdieu (1986). Para este autor, el capital social serviría como un factor capaz de resolver problemas planteados por la dinámica colectiva. A partir de la teoría de la elección racional, Coleman sostuvo que las relaciones sociales podrían ser vistas como activos para los individuos bajo la forma de capital social. De acuerdo con sus argumentos, los capitales humano y cultural sólo serían efectivos en la medida en que el capital social proporcionara el vínculo necesario para el logro de estos capitales. Desde este enfoque, de nada serviría que los individuos tuvieran educación, “cultura legítima” y experiencia, sin tener las redes y los contactos necesarios para aprovechar la eficacia de los capitales humano y cultural, tales como el aumento de la empleabilidad, del salario recibido y las posibilidad de promoción. En palabras de Coleman, el capital social familiar, por ejemplo, establece el contexto en el cual el capital económico y el capital cultural de los padres son convertidos en condiciones más o menos favorables para la socialización de los niños y por lo tanto funcionan como un filtro para los otros capitales. Putnam (1993) es reconocido como el autor que operacionalizó empíricamente el concepto de capital social, describiéndolo a partir de las características de la organización social, como las leyes, las normas, la confianza y las redes de contacto (personal y familiar). En teoría, la idea central de Putnam (1993) es que las normas que aseguran la confianza entre los individuos son creadas en la medida que proporcionan la reducción de los costes de las transacciones económicas y sociales, facilitando la cooperación entre los individuos. En una dirección similar Neves, Helal y Fernandes (2007) operacionalizan el capital social a partir de variables empíricas que indican la participación de los individuos en grupos y asociaciones. Estos autores afirman que la participación en grupos, asociaciones y organizaciones polarizan de manera positiva las posibilidades de conseguir un empleo y ser promovido en él. En nuestro caso específico, se busca identificar la asociación entre la pertenencia a sindicatos y sociedades profesionales y el salario recibido a fin de mes.

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Objetivos El primer objetivo es identificar los rangos de ingresos dentro de los cuales la desigualdad salarial entre hombres y mujeres es mayor. Parte de este primer objetivo es investigar los diferenciales cuantílicos de rendimiento por género, con control sobre la inserción ocupacional. El segundo objetivo es medir e identificar los rangos de ingresos en los cuales el retorno del capital humano y otros atributos es más evidente. Se medirán los diferenciales de retorno de capital humano de hombres y mujeres en diferentes sectores de la distribución del ingreso. Más concretamente, el objetivo principal de esta investigación es medir la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres insertos en el mercado de trabajo a partir de dos condicionantes: 1) el capital humano, teniendo en cuenta el alcance y el retorno educativo de las mujeres vis-à-vis el de los hombres en diferentes niveles de ingresos; 2) los capitales cultural y social, como el estado civil y la inserción ocupacional. El debate al que se hace referencia aquí es extenso, principalmente en las disciplinas de economía y demografía. En sociología, esta discusión no está siendo explorada en la manera aquí propuesta: buscamos describir las diferencias y/o similitudes existentes entre hombres y mujeres que reciben diferentes ingresos, teniendo en cuenta tanto factores de inserción en el mercado de trabajo que le son asignadas, así como las características de producción. Vale la pena mencionar que no tomaremos en cuenta otras formas de ingresos tales como: renta por alquileres, dividendos, fondos de pensión, acciones y unidades, que son, también, indicadores de riqueza. Partimos del supuesto de que el salario es una forma clara y objetiva de mostrar con cierta legitimidad las diferencias básicas de ingresos entre hombres y mujeres. Además de corresponder a más de 80% de todos los ingresos, el salario por hora puede ser fácilmente operacionalizado de manera empírica. Las siguientes preguntas guiarán la investigación: ¿hasta qué punto una mayor educación de las mujeres fue capaz de reducir la brecha salarial de género? ¿El retorno salarial del capital humano es homogéneo para mujeres y hombres, controlando ciertos atributos (escolaridad, edad/experiencia, ocupación y estado civil)? ¿Es posible afirmar que a medida que se avanza en la estructura salarial la diferencia sexual tiende a aumentar? Las preguntas de investigación están fundamentadas en la teoría del capital humano propuesta por Schultz (1961) pero, además, serán discutidos el papel del capital social y cultural.

Metodología Para analizar las diferencias salariales de género serán utilizadas regresiones cuantílicas que muestran la distribución salarial de manera pormenorizada, además de regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (mco). Estas últimas permiten el cálculo del beta La desigualdad salarial

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estandarizado al mismo tiempo que la regresión cuantílica permite asociaciones entre variables y covariables en diferentes cuantiles. Además, serán utilizados gráficos que contienen las razones entre los ingresos de hombres y mujeres, tanto con control como sin control de covariables. También se hará uso de ecuaciones de salarios basadas en la ecuación descrita por Jacob Mincer (1958). El análisis contrafactual lo utilizaremos con el objetivo de evaluar la brecha salarial, manteniendo constantes las variables de control. Las regresiones que miden la asociación entre las variaciones en X-Y serán modeladas de la siguiente manera: •

•

Y= Ingreso Salarial: variable dependiente o respuesta; construida a partir del logaritmo natural7 del salario/hora, donde se considera como salario todo ingreso derivado del trabajo. X= Variables independientes o covariables: serán establecidas comparaciones de ingresos entre los siguientes grupos:

X1 = Sexo: Hombre-0 y Mujer-1 (dummy);8 X2 = Raza: Blancos-0 e No Blancos-1 (dummy); X3 = Escolaridad y escolaridad al cuadrado; Variable Independiente Continua; 0 a 15 años de estudio. X4 = Edad y edad al cuadrado:9 medida de forma continua por edad del individuo; X5 = Macrorregiones de Brasil (Noreste/Sureste). Variables binarias: 1-Sureste 0-Caso Contrario; 1-Noreste 0-Caso Contrario; X6 = Capital cultural o background de las familias: medido a partir de la escolarización de los padres. X7= Capital social o redes de contactos: medido por la participación y/o asociación a sindicatos y asociaciones de clase; X8 = Ocupación: variable(s) independiente(s) binaria(s) (1-Empleado Sector Privado, 0-Caso contrario; 1-Empleado Sector Público, 0-Caso contrario; 1-No remunerado, 0- Caso contrario; 1-Cuenta Propia, 0- Caso contrario; 1- Empleador, 0 - Caso contrario).

7

Por no poseer una distribución normal, el salario hora es transformado en una función logarítmica. Con esta corrección es posible obtener los porcentuales de los coeficientes estimados en las regresiones multivariadas. El salario es ponderado por el número de horas trabajadas para tener en cuenta la diferenciación de carga horaria trabajada por hombres y mujeres. 8   Término técnico para variable binaria o dicotómica. 9   Término cuadrático que indica si el efecto marginal de la variable independiente sobre la dependiente es creciente o decreciente.

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Modelos utilizados: ecuación minceriana Uno de los modelos utilizados en este trabajo se fundamenta en la ecuación minceriana utilizada para la estimación de coeficientes (β) de retorno de escolaridad, experiencia, gastos en migración y salud. Se utiliza este modelo econométrico para estudiar la relación existente entre capital humano y los ingresos. Los estudios de Mincer (1958) fueron el marco inicial para una serie de análisis que midieron el impacto de los años de escolaridad en los salarios de los individuos. Según este modelo, la relación del capital humano con los ingresos está dada por la siguiente relación: ln (Y) =(β0 + β1Xi + β2Xii +…+ε)(1) Donde, ln (Y) – logaritmo natural del salario horario estimado de hombres y mujeres, que participan en el mercado de trabajo, donde Y es el salario recibido por el individuo que es influenciado, por ejemplo, por la educación (Xi), la experiencia (Xii) y otros factores no observables. β mide el efecto de la educación sobre el salario, manteniendo todos los otros factores fijos (ceteris paribus). βii= mide el efecto de la experiencia sobre el salario, manteniendo todos los otros factores fijos. є = componente residual aleatorio.

Modelo de regresión cuantílica Una consecuencia del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (mco) consiste en particularizar los coeficientes estimados para las secciones específicas de la distribución de la variable dependiente. La técnica de regresión cuantílica (rc) fue utilizada para modelar la asociación entre los rendimientos horarios, el sexo y el capital humano. Las regresiones cuantílicas son más apropiadas que los mco, teniendo en cuenta que los últimos resultados reportados por Budig y Hodges (2010) confirman la asociación entre diferentes covariables y los ingresos, ubicados en diferentes partes de la distribución de la renta relativa. Las regresiones cuantílicas permiten la medición de las asociaciones entre variables específicas y variables independientes y cuantiles específicos de la distribución de ingreso (variable dependiente). En su forma lineal, se puede expresar la regresión cuantílica de manera robusta aún frente a valores extremos y que no asumen ninguna distribución previa para el término de error, a diferencia del método de mco que asume que el error tiene una distribución normal. La formalización, estimación e implementación de regresiones La desigualdad salarial

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cuantílicas también fue descrita por Koenker y Basset (1978 y 2001), Cade y Noon (2003), Arias, Yamada y Terejina (2004) y Machado y Mata (2005). La formulación matemática de esta forma de regresión lineal puede ser descrita por: Q Y (τ|X) = β0 (τ) +β1 (τ) Xi+ ...+ βn(τ) Xn) (3). Donde: τ ε [0,1] indica el cuantil y su parámetro correspondiente (τ); β0 es el intercepto de la regresión específica de cada cuantil; X1...n representa un conjunto de características individuales, incluyendo sexo y capital humano. En la ecuación (3), la interpretación de los coeficientes β1...n es igual a la de otros modelos lineales: ellos representan el cambio en la variable respuesta resultante de un cambio unitario en la variable explicativa, manteniendo constante el valor de las demás covariables del modelo. La diferencia crucial es que el efecto se define ahora para cuantiles específicos. Por ejemplo, para τ = 0,5, QY (0,5|X) es el percentil 50 (o mediana) de la distribución de Y condicional a los valores de X (Cade y Noon, 2003).

Resultados El apartado que sigue señala las estadísticas descriptivas de nuestra muestra de estudio. Vale aclarar que las variables independientes a las cuales nos referimos fueron elegidas teniendo en cuenta su alto grado de asociación con la variable dependiente: salario/hora. Este análisis se realizó sobre la base de la revisión bibliográfica de estudios previos relacionados con el tema. Las elecciones de las covariables se dieron a partir de la importancia teórica de las mismas y por una prueba de hipótesis para la exclusión de variables. La escolaridad dejó de ser una privación de las mujeres a tal punto que sobrepasaron a los hombres (England, 2005; Diprete y Buchman, 2006). El rango de escolaridad con porcentual más elevado de individuos es el nivel básico de enseñanza completa, al que le siguen los niveles medio y superior, con una ventaja femenina en los dos niveles de escolaridad más elevados. El único nivel de enseñanza con predominio masculino es el nivel básico. Otros estudios muestran que la escolaridad de la madre posee un impacto marginal sobre la escolaridad del hijo y el nivel de ingreso que tendrá en el futuro (Bourdieu, 1986 y Fernandes, 2005). Las madres de los hombres están en promedio más escolarizadas que las madres de las mujeres de la misma muestra. La segmentación ocupacional y el entrenamiento recibido en las empresas son tan importantes en la determinación salarial como el capital humano y cultural (Thurow, 1974). En cuanto a la ocupación de los hombres, el mayor porcentaje de individuos declaró trabajar por “cuenta propia” (41%). Una explicación de este elevado porcentaje se debe a la amplitud de esta categoría y el número de profesiones y ocupaciones que el término puede abarcar. La otra ocupación con alto porcentaje de individuos es “empleado formal del sector privado” (37%). Las ocupaciones con menores porcentajes fueron “trabajador no remune300 ⎥ Alan Araújo Freitas

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rado” (0.2% hombres y 1.1% mujeres). Otra ocupación con poca representatividad en la muestra fue “empleador” (3.3% entre los hombres y 1.8% entre las mujeres). Otros autores sugieren que el estado civil también está asociado con la diferenciación en el mercado de trabajo entre hombres y mujeres (Polacheck y Siebert, 1994). Estos autores también se refieren a la diferenciación de la percepción de profesiones a seguir en el futuro y la intermitencia en el mercado de trabajo por parte de las mujeres –en gran parte explicada por el matrimonio, los hijos y los trabajos de atención a la familia-. En Occupational and Wage Discrimination, los autores describen las diferencias entre casados (con cónyuge presente y ausente) y hombres y mujeres solteros. Se verificó una clara ventaja para los hombres en todos los estados civiles, con una supremacía de los casados y una desventaja para las casadas. Para los solteros, no hubo diferencia significativa en la participación en el mercado de trabajo. En nuestro estudio, vimos que los casados o los que viven junto con el cónyuge poseen la participación más elevada en la muestra, 83% de hombres y 60% de mujeres. El estado civil de menor representatividad fue el de hombres viudos, 3.6%. El porcentaje de mujeres viudas (16%) es cuatro veces mayor que el de viudos, sobre todo debido a la prematura mortalidad masculina. El capital social, medido por la participación en asociaciones y colegios profesionales, se mostró significativo para las posibilidades de obtener un cargo gerencial (Neves, Helal y Fernandes, 2007). De la misma manera, como se verá en las regresiones estimadas en la presente investigación, está asociado positivamente al logaritmo del salario/hora.

Evolución histórica del diferencial de salarios En lo que respecta a la evolución del diferencial salarial por género en Brasil (en el período correspondiente entre el 1992 y el 2002) tomando en cuenta los microdatos del ibge (2012) (“series históricas y estadísticas”), puede observarse que la mayor diferencia fue registrada en 1995 y los menores diferenciales salariales entre hombres y mujeres fueron identificados en 1992 y 2002. Las diferencias salariales variaron de r$ 300 a r$440. Los números que se utilizan a seguir no poseen controles estadísticos inferenciales ya que se tratan de estadísticas descriptivas. En promedio, los individuos ganan r$1.108,27, el desvío estándar es de r$2.577,69, y los valores máximo y mínimo son respectivamente r$86.000 y R$3,00 al mes. Los hombres declararon tener ingresos salariales de r$1.349,85, con un desvío estándar de r $3.093,23, con mínimo de r$3,00 y r$86.000 de máximo. En el mismo período, el salario promedio recibido por las mujeres fue de r$809,89, con desvío estándar de r$1.695,58, un mínimo de r$5,00 y máximo de r$30.000. La tabla 1 presenta la distribución salarial real y por hora de las personas entrevistadas, por sexo y percentil. Con el análisis de la razón de los rendimientos salariales de hombres y mujeres, sin los controles del salario por hora y sin el control de las variables utilizadas en el estudio, hay una mayor La desigualdad salarial

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ventaja de los hombres en los percentiles menores que la mediana. El diferencial de género fue menor en el primero y en el último percentil. Los estudios que analizan la brecha salarial de género, en general, hacen un desglose salarial por el número de horas trabajadas en el mes. Este control se lleva a cabo teniendo en cuenta que hombres suelen participar más del mercado de trabajo y poseen más horas trabajadas en un mes. Los hombres trabajaron, en promedio, 8 horas por semana, mientras que las mujeres trabajaron 6 horas en el mismo lapso de tiempo. El desvío estándar masculino fue de 6,2 horas y el femenino de 3,7 horas trabajadas por día, con 4.182 observaciones. Tabla 1 Distribución percentílica salarial mensual, Brasil, 2008 Salario

Razón salarial

Percentil

Media

Hombre

Mujer

Diferencia %

1%

15

20

15

25%

5%

50

70

35

50%

10%

100

150

75

50%

25%

320

415

250

40%

50%

580

700

460

35%

75%

1.000

1.200

750

38%

90%

2.000

2.400

1.500

37%

95%

3.000

3.600

2.500

31%

99%

8.000

9.000

5.500

39%

Fuente: Instituto del Milenio (2008).

En el gráfico 1 se ve una situación diferente a la de la tabla 1, ya que a partir del control por hora/trabajo se verificó que el mayor diferencial se ubica en el percentil 99. El gráfico 1 fue construido a partir de la división del salario/hora masculino por el salario/hora femenino. Los valores del eje Y son los valores encontrados, considerando que su multiplicación por cien representa el valor porcentual de la diferencia salarial por género. El eje (X) representa los percentiles salariales. En el último percentil de rendimiento salarial, los hombres tuvieron salarios/hora con valor de r$200, mientras las mujeres tuvieron, en el último percentil, un salario hora de r$$98,00. En el percentil 95 los hombres ganaron r$50,00 por hora, mientras que las mujeres ganaron r$33,00. En la mediana, estos valores quedaron entre r$4,09 y r$2,8 para hombres y mujeres, respectivamente. La media fue de r$14,14 (masculino) y r$8,74 (femenino). 302 ⎥ Alan Araújo Freitas

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Gráfico 1 Razón salarial de género a partir del salario/hora, Brasil, 2008

E

Diferencia del salario/hora

1.2

E

1

E

0.8

E

0.6 0.4

A

0.2

C

0

1

5

10

25

50

75

90

95

Fu

99

Percentiles

E

Fuente: Instituto del Milenio (2008).

Con respecto a la escolaridad, el gráfico 2 (b) muestra que el retorno salarial de la educación es mayor para los hombres en todos los niveles de educación. Puede observarse que el ingreso salarial se incrementa a medida que aumenta la escolaridad, tal como fue anticipado por la teoría del capital humano. Los hombres con nivel superior de escolaridad recibieron, en promedio, r$3.346,12 al tiempo que las mujeres con el mismo nivel de escolaridad ganaron, en promedio, r$2.120,14. En el nivel medio de enseñanza se observa un ingreso de r$1.381,66 y r$733,83 para hombres y mujeres, respectivamente. En el nivel básico existe una distribución media salarial de r$728,82 para los hombres y r$397,12 para las mujeres. De acuerdo con Fernandes (2001), la escolaridad de la madre (entendida como medida de capital cultural) mostró una distribución en relación con el ingreso salarial recibido. En el gráfico 2 (c), se observa la distribución salarial entre los género a partir de la escolaridad de la madre. Los hijos de madres con nivel superior fueron aquellos que obtuvieron los salarios más elevados. En una comparación por género se vio que los hombres (hijos de mujeres con escolaridad superior) ganaron r$2.846,64. Los salarios de las mujeres (hijas de madres con la misma escolaridad) fueron de r$2.084,84. Para las madres con nivel de escolaridad medio el diferencial de género fue más elevado. Mientras que los hijos de madres con nivel medio ganaron r$2.309,53, las hijas de madres con el mismo nivel de escolaridad ganaron, en promedio, r$1.288,05. La desigualdad salarial

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(a)

-.5

0

.5

1

1.5

2

2.5

3

Log. de ingreso/hora

Gráfico 2 Retorno Salarial del capital humano, años de edad, Brasil, 2008

10

15

20

25

30

35

40

45

Edad Hombre

50

55

60

65

Mujer

.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Log. de ingreso/hora

4

(b)

0

5

10

Años de estudio Hombre Mujer

15

.5

1

1.5

2

2.5

Log. de ingreso/hora

3

(c)

0

5

10

Escolaridad de la madre Hombre Mujer

15

Fuente: Instituto del Milenio (2008). 304 ⎥ Alan Araújo Freitas

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El rendimiento salarial medido por el capital social Otro factor interviniente es el capital social, medido por la afiliación a sindicatos y asociaciones profesionales. Los estudios muestran que el capital social tiene una correlación positiva con el ingreso, considerando que las personas afiliadas ganan, en promedio, más que los no afiliados (Neves, Helal y Fernandes, 2007). El salario de los miembros y asociados es de r$1.836,00 y el de los no asociados de r$1.024,00. Para las mujeres asociadas este monto fue de r$1.326,00 y de las no asociadas de r$599,00, o sea, las mujeres que son afiliadas a sindicatos y/o asociaciones profesionales ganan más que el doble de aquellas que no lo son. El gráfico 3 se refiere a la razón por sexo del rendimiento horario por tipo de vinculación con sindicatos y asociaciones profesionales. Los individuos asociados a sus categorías de clase poseen los salarios más altos, mientras que aquellos que no lo son reciben salarios inferiores. En el caso de las mujeres, los salarios son más bajos en cualquier condición de capital social, principalmente entre aquellas que se encuentran en la condición de afiliadas a otras asociaciones. Gráfico 3 Razón entre los salarios horarios según el capital social y el percentil de ingreso, Brasil, 2008

Fuente: Instituto del Milenio (2008). Referencias: Sind cat: sindicalizado en la misma categoría profesional; Sind out cat: sindicalizado en otra categoría profesional; Minha assoc: asociado en la misma categoría profesional; Out assoc: asociado en otra categoría profesional; Nao assoc: no sindicalizado ni asociado.

La desigualdad salarial

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Análisis inferenciales Regresiones lineales destinadas para la media (mco) Las regresiones multivariadas por mínimos cuadrados ordinarios (mco) son utilizadas en este trabajo para la comparación de sus coeficientes con los coeficientes de las regresiones cuantílicas. Otro motivo para su utilización es que regresiones por mco permiten el cálculo de betas estandarizados, además de ser un método más sencillo y didáctico. Las siguientes regresiones contenidas en la tabla 2 fueron estimadas en dos momentos, hombres y mujeres por separado. La inclusión de las variables (escolaridad, edad, edad² escolaridad de la madre, servidor público, casados10 y participación en asociaciones) fue simultánea. En un segundo momento, calculamos los diferenciales de los coeficientes y los coeficientes estandarizados betas.

Coeficientes

0,085

0,009

0.000

0.000

0,341

0,331

0,011

Edad

0,081

0,004

0,077

0.000

0.000

0,703

0,060

0,643

Edad²

-0,001

-0,001 -0,002

0.000

0.000

-0,626

0,109

-0,735

Escolaridad de la madre 0,017

0,019

-0,002

0.027

0.009

0,057

0,063

-0,006

Asociado

-0,061

0,114

-0,175

0.274

0.004

0,024

0,041

-0,017

Negros

-0,152

-0,188 -0,340

0.001

0.000

-0,066

-0,084

-0,015

Funcionario Público -0,029

0,014

-0,015

0.050

0.012

0,041

0,067

-0,026

Empleador

0,557

0,226

0,331

0.000

0.000

0,235

0,115

0,120

Soltero

0,028

0,193

-0,165

0.827

0.016

0,007

0,064

-0,057

Hombre Mujer

Mujer

Diferencial

Escolaridad 0,094

Log del Ingreso/ Hora

Hombre

Mujer

Beta Estandarizado

Hombre

P>|t|

Diferencial Desvío Patrón

Tabla 2 Regresiones multivariables por mco

10

Las variables de capital social y estado civil no fueron significativas para los hombres (p > 0.05). De la misma manera, la prueba de |t| para las casadas excedió el nivel de significación de (α) 0,05

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(continuación)

Constante

-1,172

-0,142

R²

0,166

0,186

N = 4.182

2.140

2.042

Mujer

Hombre

Hombre Mujer

Diferencial Desvío Patrón

Beta Estandarizado

P>|t|

Diferencial

Mujer

Log del Ingreso/ Hora

Hombre

Coeficientes

Fuente: Instituto del Milenio (2008).

La prueba de la hipótesis nula H0: βanest =/< 0 contra la hipótesis alternativa H1: βanest>0, de que el capital humano no tiene efecto en el salario recibido a fin de mes, se mostró poco pertinente considerando que los coeficientes de correlación entre escolaridad y salario fueron, en promedio, de 9%. De esta manera, descartamos la hipótesis nula de la no asociación entre años de estudio y salario recibido, y aceptamos la hipótesis alternativa de asociación entre escolaridad y salario/hora, con un intervalo de confianza de 95%. Los R² encontrados muestran una asociación media de 17% entre el logaritmo del salario/hora y todas las variables de control utilizadas. Por ejemplo, para los hombres el R² fue de 0,166 y para las mujeres de 0,186. Lo que quiere decir que las variables independientes o de control utilizadas, explican una variación de 16% y 18% en el ingreso salarial. La escolarización no nos muestra un diferencial sustantivo entre hombres y mujeres tal como lo hizo, por ejemplo, la experiencia. De acuerdo con la tabla 3, los hombres tuvieron 9% de incremento salarial para cada año más de escolarización. Para las mujeres este valor está próximo a 8%. Para la experiencia, se verifica un diferencial más elevado que el diferencial atribuido a escolaridad, siendo 7% en los coeficientes no estandarizados o 0,643 desvíos patrón en los betas estandarizados, con ventaja para los hombres. Se puede afirmar que para cada año más de experiencia en el mercado de trabajo hay un incremento porcentual en el salario de los hombres de 8% y para las mujeres este valor es inferior a 1%. Con ello, queda claro que la experiencia tiene gran relevancia para la explicación de las diferencias salariales de género. El capital cultural, medido por la escolaridad de la madre, no señaló diferencia significativa entre hombres y mujeres a partir de los coeficientes estimados por mco. Se verificó una mayor asociación entre la escolaridad de la madre con el logaritmo del salario/hora de las mujeres. La escolaridad de las madres influenció más los salarios de sus hijas que de sus hijos. Con relación al capital social, medido por la afiliación a sindicatos y asociaciones, La desigualdad salarial

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hay un mayor coeficiente entre salario y pertenencia a estas asociaciones para las mujeres, lo que quiere decir que ser asociado, para los hombres, no hace tanta diferencia como para las mujeres. En efecto, las mujeres que están afiliadas a sindicatos y/o asociaciones ganan más que el doble que aquellas que no lo son. Respecto a la variable ocupación, esta fue descompuesta en variables dicotómicas “funcionario público” y “empleador” por las cuales se verificó una baja asociación entre ser funcionario público y el logaritmo del salario por hora. Hubo un diferencial de género de 1% a favor de las mujeres. La variable “empleador” mostró alta asociación con el logaritmo del salario por hora, además de ser un diferencial de 33% a favor de los hombres.

Los valores previstos (de estimación por la media) El análisis de los valores medios previstos fue establecido para la muestra de hombres y mujeres a partir de la siguiente simulación: las variables continuas, como educación, edad y educación de la madre fueron mantenidas a partir de su valor medio. Para las variables categóricas se atribuyó el valor (1) para las respuestas de interés. Los valores previstos encontrados con y sin la corrección muestral de Heckman fueron 1,49 para los hombres y 1,05 para las mujeres. Figura 1 Valores previstos (media) 1,49

1,05

1,28

0,82

La razón entre ellos fue 1.547, lo que demuestra que las mujeres, mantenidas algunas variables intervinientes constantes ganaron 55% del salario de los hombres. El diferencial previsto, a partir del modelo de selectividad de Heckman, fue de 1,28/0,82 = 1.584. Con la aplicación de este modelo las mujeres ganaron, en media, 58% del salario de los hombres controlado por las variables de capital humano (Escolaridad = 7 y Edad = 42), capital social (Participación en asociaciones y entidades de clase), escolarización de la madre (=3) y si es funcionario público =1, casados = 1.

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Regresiones cuantílicas La utilización de regresiones por cuantiles permite medir las asociaciones de las variables independientes con la variable respuesta (Logaritmo natural del salario/hora) a partir de cuantiles específicos de la distribución de ingresos. Podemos comparar modelos estimados a partir de mco y regresiones cuantílicas. La tabla 3 fue construida a partir de regresiones cuantílicas simultáneas, estimadas para Brasil. El eje vertical indica los coeficientes de las covariables incluidas en el modelo. Cada figura representa el retorno salarial para cada variable independiente, la escolaridad y a otros factores productivos en los cuantiles estimados. El retorno de la escolaridad es equitativo entre hombres y mujeres. Concentrándonos en los intervalos de confianza, se percibe que no hay diferencia estadística para el retorno salarial de los años de estudio. Se puede decir que, en ambos modelos, el diferencial salarial explicado por los años de estudios no es el principal factor de las diferencias salariales de género. La experiencia medida por la edad del individuo, por ejemplo, fue una covariable que apareció de manera significativa en las regresiones. La edad tiende a beneficiar más a los hombres que a las mujeres, en todos los rangos salariales. Por ejemplo, en el modelo de mco fue verificada una diferencia de 7% en el salario recibido, con ventaja para los hombres. En el modelo de regresión cuantílica la asociación entre el logaritmo del salario por hora y la experiencia aumenta en los cuantiles más elevados. En el cuantil 99, por ejemplo, este valor llega a 16% de asociación para los hombres mientras que para las mujeres este valor es de 10% en el mismo cuantil. Algunos estudios (Fernandes, 2001) controlaron el retorno salarial a partir de la escolaridad de la madre y/o del padre como punto principal del análisis. La característica cultural de las familias se asocia a ingresos más elevados, pues el ambiente de socialización puede contribuir al aprendizaje y el desarrollo de los individuos. La tabla 3 indica que no existe diferencia significativa en el análisis por género. Sin embargo, la escolaridad de la madre tiene mayor asociación con los coeficientes estimados de las mujeres que de los hombres. Respecto al capital social, teniendo como variable proxy la declaración de participación en sindicatos y asociaciones, tanto los hombres como las mujeres que pertenecen a en alguna institución ganan mayores salarios que aquellos que declararon la no participación. En la tabla 3 la asociación entre salarios altos y participación disminuye en los últimos cuantiles salariales. De la misma manera que en el modelo de mco, el capital social medido por la pertenencia a asociaciones, demuestra una mayor asociación con el logaritmo del salario/hora recibido por las mujeres en todos los cuantiles de la distribución de salarios. Otra variable analizada en la regresión fue la de estado civil del individuo entrevistado, teniendo en cuenta que la tabla 3 ilustra las categorías de soltero (a) y casado (a). Los coeficientes calculados no fueron estadísticamente significativos al punto de que sea posible inferir la existencia de asociación entre la variable respuesta y el estado civil del individuo. La prueba estadística de t no representó relevancia. La desigualdad salarial

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En el modelo de regresión cuantílica se utiliza la ocupación “funcionario del sector público”. Tratándose de la naturaleza y de los principios de los cargos y funciones públicos, partimos del supuesto de que en el servicio público no hay gran diferencia salarial. Como se preveía, no hubo diferencias significativas en los coeficientes betas de las regresiones de mco y en las cuantílicas. La ocupación “empleador” indicó una alta asociación con el logaritmo del salario/hora, principalmente para los hombres. Este diferencial de sexo aumenta en los cuantiles salariales más elevados, con una diferencia todavía mayor en el último cuantil. Tabla 3 Regresiones cuantílicas (coeficientes estimados) Cuantiles

Logaritmo del salario/hora Q 25

Q 50

Q 75

Q 90

Q 99

Escolaridad

0,067

0,082

0,092

0,068

0,094

Edad

0,044

0,051

0,079

0,126

0,146

Edad²

-0,004

-0,004

-0,007

-0,001

-0,001

Escolaridad de la madre

0,013

0,012

0,008

0,02

-0,026

Asociado

-0,111

-0,102

0,052

0,474

0,469

Solteros

0,044

-0,002

-0,153

0,076

0,819

Casados

0,004

0,007

-0,116

-0,266

0,296

Funcionario Público

0,115

0,178

0,023

-0,093

-1,467

Empleador

0,406

0,878

1,004

0,925

1,031

Negros

-0,189

-0,189

-0,174

-0,208

0,032

Constante

-0,513

-0,423

-0,525

-0,798

-0,09

N=4.182 Cuantiles

Logaritmo do salario/hora Q 25

Q 50

Q 75

Q 90

Q 99

Escolaridad

0,064

0,073

0,097

0,111

0,074

Edad

0,005

0,028

-0,003

0,011

0,092

Edad²

-0,001

-0,001

-0,003

-0,001

-0,001

Escolaridad de la madre

0,017

0,017

0,026

0,025

-0,019

Cuantiles

Logaritmo do salario/hora Q 25

Q 50

Q 75

Q 90

Q 99

Solteras

0,133

0,059

0,127

0,291

-0,132

Casadas

0,09

-0,016

-0,062

0,125

-0,32

310 ⎥ Alan Araújo Freitas

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(continuación) Cuantiles

Logaritmo do salario/hora Q 25

Q 50

Q 75

Q 90

Q 99

Funcionaria Pública

0,187

0,171

-0,064

-0,437

-1,579

Empleadora

0,257

0,52

0,669

0,531

-0,614

Negras

-0,194

-0,155

-0,153

-0,007

-0,306

Constante

-0,154

-0,236

0,39

-0,066

2,315

N=4.182

Los valores previstos (estimación por cuantiles) Se utilizarán los valores previstos para igualar hombres y mujeres de manera que, mantenidas las características escolaridad, edad, ocupación, capital cultural y capital social constantes, se obtenga el diferencial de sexo a partir de cuantiles específicos. Como los valores están en forma logarítmica, fueron calculados los valores de los coeficientes estimados y después retirados de sus exponenciales para llegar al valor porcentual de la diferencia salarial controlada. Dado por: Exp (βiXih/βiXim), donde el exponencial de la razón del Beta de los Hombres (h) por el Beta de las Mujeres (m) multiplicado por 100, estima el valor porcentual del salario de los hombres en relación con el de las mujeres, con los controles realizados. En el gráfico 4, se observa la razón de los rendimientos previstos entre hombres y mujeres. Este gráfico muestra un diferencial mayor en el último percentil de rendimiento, donde los hombres ganaron 56% más que las mujeres. En los percentiles 95, 90, 75 y en la mediana estos valores fueron alrededor de 48%. Los percentiles con menores desigualdades fueron el primero y el quinto, en los cuales las razones de rendimientos de sexo quedaron entre 0,43 y 0,47, respectivamente. O sea, los hombres ganaron en estos cuantiles 43% y 47% más que las mujeres. En términos monetarios,11 mantenidos fijos los atributos educación, edad, capital cultural (escolaridad de la madre), capital social y funcionario público; las mujeres ganaron, en media, r$610,00 menos que los hombres. Este valor estimado fue de r $832,37 en el último cuantil. Ceteris paribus, las mujeres ganaron en el cuantil 25, r$534,55 menos que lo hombres. El valor diferencial en el cuantil 50 fue de menos r $627,00, en el cuantil 75 menos r$597,03, en el cuantil 90 menos r$657,21 y en el cuantil 95 menos r$755,00. 11

Se calcularon los valores monetarios a partir de los valores previstos encontrados sin la división del salario por el número de horas trabajadas y sin la forma logarítmica.

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Gráfico 4 Razón de rendimiento por género en los percentiles

Valores previstos

0.6

0.5

0.4

0.3

1

5

10

25

50

75

90

95

99

Percentiles

Fuente: Instituto del Milenio (2008).

Conclusión En trabajos anteriores se llevaron a cabo investigaciones sobre los diferenciales salariales de género. En el presente artículo se dio un paso más en tanto que posibilitó ver el problema más allá de la distribución salarial promedio, a partir de la regresión por cuantiles. Su principal contribución, es ampliar la comprensión de los diferenciales salariales relacionados con el género, mostrando toda la distribución salarial, a partir de los controles de covariables relacionadas con los capitales humano, cultural y social, del control de la ocupación del empleador y el estado civil. Exploramos los siguientes puntos: la creciente entrada de las mujeres en el mercado de trabajo brasileño en los últimos treinta años, los problemas y brechas provenientes de esta inserción, así como los factores asociados con los diferenciales de género. En lo que se refiere a la brecha salarial entre hombres y mujeres, se verificó que ésta es una constante en Brasil, aunque la porción del diferencial vinculado con la escolaridad haya disminuido. Como muestran los resultados empíricos, mantenidos los atributos intervinientes constantes, las mujeres ganaron en el año 2008 55% del salario de los hombres. El percentil de ingreso salarial cuya desigualdad de género es más evidente fue el más elevado (99), lo que nos lleva a concluir que el desafío actual es disminuir el efecto glass ceiling o “Techo 312 ⎥ Alan Araújo Freitas

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de cristal”, que minimiza las posibilidades de que las mujeres lleguen a niveles salariales más elevados. Vale reconocer que los valores encontrados sufren influencia de covariables omitidas en el modelo. Por ello, no es posible afirmar que el hecho de que las mujeres ganen 55% del ingreso de los hombres sea resultado de la discriminación propiamente dicha. También se observó que el retorno vinculado con la escolaridad fue homogéneo para hombres y mujeres. O sea, no hubo diferencia estadística entre los coeficientes de asociación entre escolaridad y salario para hombres y mujeres. Respecto a la pregunta inicial “si el aumento de la escolaridad de las mujeres fue capaz de disminuir la brecha salarial de género”, podemos afirmar que la diferencia salarial de género no puede ser atribuida a la escolaridad. No obstante, la experiencia ha demostrado que este elemento es importante para la comprensión del diferencial salarial de género. Además, podemos decir que existe una diferencia sustancial entre los empleadores y las empleadoras, con amplia ventaja para el primer grupo. La prueba de la hipótesis nula de que el capital humano no posee efecto en el salario recibido a fin de mes apareció como poco pertinente, considerando que los coeficientes de correlación entre escolaridad y salario fueron, en promedio, de 9%. De esta manera, descartamos la hipótesis nula de la no asociación entre años de estudio y salario recibido, a la vez que aceptamos la hipótesis alternativa que prevé la asociación positiva entre salario/ hora y nivel de escolaridad. El capital social se evidenció más relevante para las mujeres, teniendo en cuenta que aquellas que participaron de asociaciones, colegios profesionales y sindicatos, ganaron más del doble que aquellas que no participaron. En el caso de los hombres, aquellos que participaron de asociaciones también ganaron más, pero esta diferencia no fue tan significativa como en el caso de las mujeres. Respecto al capital cultural, vimos que la escolaridad de la madre tuvo mayor asociación con el logaritmo del salario/hora de las mujeres. La covariable estado civil no demostró ser significativa en el modelo. Se considera que trabajos futuros deberían emprender análisis más detallados de los factores que puedan estar influenciando a los retornos salariales, tal como la inserción de otras variables en los modelos de regresión. Además, es interesante la elaboración de estudios que verifiquen, en un análisis temporal, la cuestión de las desigualdades, convergencias y cambios en los retornos salariales. Futuras investigaciones destinadas a observar las diferencias salariales de género podrían utilizar nuevas variables empíricas para medir el capital cultural y el capital social. Existen limitaciones en la utilización de la escolaridad de la madre, como proxy de capital cultural, y en la afiliación a sindicatos y asociaciones profesionales como variable de medición de capital social. Tales variables pueden abarcar otras dimensiones. Por último, este trabajo buscó evidenciar, además de la brecha salarial por género asociado a los capitales humano, social y cultural, metodologías como la regresión cuantílica para la medición de las desigualdades sociales. La desigualdad salarial

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La participación política en México: entendiendo la desigualdad entre hombres y mujeres Political Participation in Mexico: Understanding Inequality between Men and Women Fernanda Vidal Correa∗1 Recibido el 26 de noviembre de 2013 Aceptado el 8 de septiembre de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

La literatura sobre participación política de las mujeres ha cuestionado el significado de la representación y se ha preocupado por discernir las causas que controlan su acceso a los cargos políticos. Algunas explicaciones se basan en la oferta y sugieren una falta general de interés y/o capacidades que limitan la participación de las mujeres. Otras analizan los efectos de la demanda y estudian la composición de las organizaciones políticas. A partir de estas ideas, el artículo examina la participación de las mujeres dentro y fuera de los partidos y en actividades que pueden resultar indirectamente en participación política. Se investiga la importancia de la participación de las mujeres en los órganos

Literature on women’s political participation has questioned the meaning of representation and has been concerned with identifying what controls women access to political posts. Some explanations focus on the offer and suggest a general lack of interest and/or capacity limiting women’s participation. Others analyse the effects of demand, and consider the composition of the political organizations. Based on this background, this article explores women participation inside and outside political parties and in activities that can indirectly result in political participation. The weight of women’s participation in the parties’ governing bodies is analysed, questioning whether their marginal participa-

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Doctora en Ciencia Política por el Departamento de Politics de la Universidad de Sheffield. Actualmente adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (México). Sus líneas de investigación son: partidos políticos y procesos electorales, estudios de género y estudios parlamentarios. Entre sus últimas publicaciones destacan: Understanding Equality in Mexico: Women in Politics (2014); La descentralización de los procesos de selección de candidatos en los partidos y su impacto en la nominación de mujeres en los congresos estatales de México (2013) y Las cuotas de género y la existencia de las candidaturas duales como limitantes a su aplicación (2012). Correo electrónico: mfer6@yahoo.com 1   Este estudio se realizó con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Personal Académico y Asuntos mediante el programa de Becas Posdoctorales. Se agradece el apoyo del doctor John Ackerman, así como los valiosos comentarios de los dictaminadores anónimos de esta revista, aunque la responsabilidad por el contenido es exclusivamente mía.

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directivos de los partidos, cuestionando si la presencia marginal explica la baja presencia de mujeres en puestos de elección popular. Se utilizan datos de doce estados mexicanos entre 1998 y 2012, incluyendo fuentes como la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadana, el Instituto Federal Electoral y la Encuesta Nacional sobre Discriminación. También se incluyen datos originales sobre los Consejos y Asambleas Estatales y los Comités Ejecutivos Nacionales. Se concluye que la participación de hombres y mujeres es similar y que la falta de participación no reconoce géneros. No obstante, se demuestra la existencia de prácticas restrictivas hacia la mujer que fomentan la incorporación de hombres a los cuadros políticos.

tion explains their low presence in elected office. Data from twelve Mexican states, between 1998 and 2012 are used, including sources such as, the National Survey on Political Culture and Citizen Practices, the Federal Electoral Institute, and the National Survey on Discrimination. Original data on local councils and assemblies and the National Executive Committees are also included. It is concluded that men and women participation is similar and the lack of involvement is not related with gender. However, this study does establish the presence of restrictive practices against women, promoting the access of men to political cadres.

Palabras clave: desigualdad de género, participación política; representación política; partidos políticos, México.

Keywords: gender inequality; political participation; political representation: political parties; Mexico.

Introducción La literatura sobre representación política ha cuestionado el significado de la participación y la representación política, cómo se produce y a quién se representa (Manin, 1997; Norris, 1998; Phillips, 1995; Rehfeld, 2005). Estas preguntas giran en torno a la acción y procedimientos de y para la representación y la participación. Una preocupación central versa sobre aquello que determina el acceso a los cargos políticos. Investigaciones previas se han preguntaron por qué pocas mujeres han sido electas para cargos legislativos estatales. En estas investigaciones se percibe que tradicionalmente se ha distinguido entre factores de oferta y de demanda para explicar los distintos niveles de representación política de las mujeres (Norris y Lovenduski, 1993 y 1995; Norris, 1997; Randall, 1987). Han surgido explicaciones basadas en la oferta existente de posibles candidatas (Norris y Lovenduski, 1993ª: 1995), mediante la cual se pretende explicar los niveles de representación descriptiva femenina. Dos argumentos se han desarrollado: primero, la falta general de interés y de participación por parte de las mujeres; segundo, la falta de capacidades desarrolladas por este grupo para participar en los partidos. Estos estudios indican que la “política (…) es dominada por los 318 ⎥ Fernanda Vidal Correa

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hombres porque son pocas las mujeres dispuestas a convertirse en candidatos y por ello, los partidos no pueden nominar a mujeres (…) [a la vez que] sugieren que no hay mujeres a quién elegir dentro del posible conjunto de candidatos” (Pitre, 2003: 2). Por otra parte, estudios previos también se han centrado en explicaciones que analizan los efectos de la demanda, siendo la composición de las organizaciones políticas, incluidos los partidos políticos, elementos centrales a investigar (Baer, 1993; Gauja, 2011; Kittilson, 2010; Sanbonmatsu, 2008). La literatura analiza los efectos de un posible sesgo en la composición de las organizaciones políticas debido al rechazo por parte de las propias organizaciones a las que las mujeres buscan pertenecer (Baer, 1993; Gauja, 2011; Kittilson, 2010; Sanbonmatsu, 2008). Estos estudios indican que los factores de demanda incluyen características propias de los países, los sistemas electorales y los partidos políticos. Estas afectan la probabilidad de que las mujeres sean seleccionadas de la oferta de candidatos disponibles. Las explicaciones con base en la demanda sugieren que varios factores, incluyendo la cultura, los roles de género y la educación, son posibles elementos explicativos de la ausencia femenina en cargos de elección popular. Así, esta distinción teórica indica que los arreglos institucionales y sus diferencias pueden manifestarse en una distinta “demanda” de mujeres. Estas dos explicaciones, oferta y demanda, se han aproximado al tema al descomponer el proceso de selección y elección en diferentes etapas. Se buscaba explorar aquello que podía transformar el suministro de aspirantes (supply) y la demanda de cierto tipo de candidatos (demand). Las explicaciones son diversas, síntoma de una amplia literatura sobre género y política. Se abordan temas sobre la desigualdad de género en actos políticos tan diversos como la votación, las campañas, así como las diferencias de género en la educación política, la socialización, las actitudes, la participación y posición de la mujer en la sociedad. La literatura continúa creciendo y expandiéndose. Esto ha generado explicaciones que van más allá de esta distinción, centrándose en explicaciones con base en la cultura, las cuales hacen hincapié en que las creencias y las actitudes influyen tanto en la oferta como en la demanda de candidatas (Arceneaux, 2001; Inglehart y Norris, 2003; Paxton y Kunovich, 2003). Inclusive, explicaciones más recientes destacan el papel y el poder de los actores internacionales y los reglamentos institucionales, como las cuotas de género (Klesner, 2007; Klesner, 2009; La Due Lake y Huckfeldt, 1998; Pacheco, 2006; Verba, Nie y Kim, 1987). En el caso de México, estudios previos han cuestionado factores sociales, en específico los roles de género. Apreza (2009), por medio de entrevistas, encuentra que los patrones de inserción femenina no consiguen borrar las rígidas fronteras creadas entre la esfera privada y la esfera pública. Por su parte, Peschard indica que la existencia de dichas normas no significa que los derechos y las libertades se traduzcan inmediatamente en una práctica social efectiva (2003). Los hallazgos de esta literatura empujan a cuestionarse sobre cuáles son las características de los distintos elementos restrictivos a la participación política de las mujeres en México, partiendo de la idea de que la distinción entre lo político y lo no político La participación política

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es complicada. El límite entre la participación política organizacional y la no política organizacional es difuso. Así, un elemento importante que se debe sustraer de la literatura es aquello que permita distinguir la participación política de una actividad voluntaria idéntica o similar que no tiene como inicio o fin un elemento político, especialmente cuando se trata de una organización que combina medios políticos y no políticos, como lo es la sociedad y las relaciones que en ella se dan. A partir de estas ideas, este artículo examina, por medio de tres ejes principales, la participación política de las mujeres, centrándose en su participación política fuera y dentro de los partidos políticos, así como en actividades que de forma indirecta pueden resultar en alguna actividad política. En primer lugar se examina el interés de las mujeres en actividades partidistas o de contenido político -expresándose en actividades directas como el voto, o indirectas como las actividades partidarias-. En segundo lugar se analiza la actividad de mujeres y hombres en asociaciones que por su carácter podrían resultar en actividades políticas y que sugieren la existencia de un vacío de capital social. Se investiga la importancia de la participación femenina en órganos directivos de los partidos políticos, teniendo como enfoque principal la presencia marginal dentro de los mismos como elemento que pudiese explicar la baja presencia de mujeres en puestos de elección popular. Finalmente, se sugiere que los modelos de oferta y demanda no logran explicar en su totalidad la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los cargos de representación popular. Es importante reconocer que los datos utilizados en este análisis son limitados. No existe información detallada sobre el número de mujeres y hombres afiliados a cada uno de los partidos.2 Por lo tanto, no es posible realizar un análisis sobre los efectos que pudiese tener la integración de los partidos por género y sus efectos en las elecciones internas. Asimismo, existe información que solamente mediante solicitudes de acceso a la información y tras un largo período de espera, ha podido ser recabada, especialmente en lo que se refiere a información sobre mujeres candidatas. Por ello y con el fin de cubrir las condiciones contextuales relacionadas con el objeto de esta investigación, se seleccionó una muestra de doce de los 32 estados de México. La muestra busca reflejar las variaciones socioeconómicas y políticas por lo que se siguieron dos criterios de muestreo: 1) la diversidad regional y la representación, y 2) la representación partidista. Con ello se buscó que la muestra reflejara las condiciones geográficas del país, incluyendo su extensión territorial y las diferencias sociopolíticas entre los estados. Además, la muestra refleja preferencias políticas, incluyendo participación electoral y el control mayoritario de la legislatura. 2

Se realizó una solicitud de acceso a la información (ue/11/03401) ante el Instituto Federal Electoral. Se requirió del Instituto información sobre el número de miembros inscritos en cada partido político, desglosado por género. Esta información fue negada debido a que fue clasificada como personal y privada. Una entrevista con un funcionario del ife reveló que los partidos políticos están obligados por ley a presentar información sobre sus miembros, pero, en realidad, hasta las elecciones de 2012, no existían datos precisos entregados al ife.

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Esta investigación utiliza datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de 2001, 2005, 2008 y 2012 (encup) con el fin de describir y analizar la participación de las mujeres en actividades políticas y partidos políticos. Con el fin de estudiar las instancias al interior de los partidos políticos, este trabajo utiliza los datos originales sobre la composición de los consejos y las asambleas estatales así como los datos obtenidos por González y Rodríguez (2008b) sobre la composición de los comités ejecutivos nacionales de los tres partidos más importantes a nivel nacional, el Partido Acción Nacional (pan), el Partido Revolucionario Institucional (pri) y el Partido de la Revolución Democrática (prd). Asimismo, se emplean datos del Instituto Federal Electoral (ife) para presentar cifras sobre el registro del padrón electoral y la lista nominal en México, buscando entender las diferencias entre géneros. Tomando en cuenta que no existen datos oficiales longitudinales desagregados por género en términos de diferencias en el voto entre mujeres y hombres, se utiliza el Estudio Muestral de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2009,3 informe creado a propuesta del Consejo General del ife, para establecer una base mínima para la interpretación de diferencias entre las mujeres y los hombres en términos del voto. Finalmente, se utilizan cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con el fin de analizar el impacto de los roles de género sobre la autonomía de las mujeres, tanto política como social y personal.

¿Dónde convergen la participación y la representación política? La participación política es un esfuerzo que se realiza con el fin de transmitir información a los encargados del gobierno, a los creadores de política pública y a los representantes en general, convirtiéndose en una actividad social enfocada a preservar a la comunidad reflejando esos mismos parámetros sociales. De acuerdo con Verba, Schlozman y Brady, esta participación debe ser entendida como “una actividad que se realiza sin amenaza o coerción o promesa de compensación económica y que tiene el propósito o efecto de influenciar lo que los gobiernos hacen” (Verba, Schlozman y Brady, 1995: 91). En ciertos países o regiones es complicado establecer si la participación ocurre en un ambiente libre de presiones o recompensas. La actividad política también varía en cuanto a la presión que los participantes logren generar en los creadores de la política pública. Si bien la capacidad de participar se ve influenciada por muchos factores -desde dónde se origina hasta la personalidad del propio participante- es posible establecer que ésta constituye un mecanismo que busca influenciar en la manera de gobernar. 3

Información disponible en: <http://www.ife.org.mx/docs/IFEv2/Principal/NoticiasAvisos/NoticiasAvisos2011/ estaticos2011/enero/Estudio_muestral_de_Participacion_Ciudadana_2009.pdf>.

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Existen actividades que pueden ser entendidas como políticas inmediatamente, porque se dan en espacios designados para tal actividad y porque establecen un vínculo directo entre el representante y el representado (por ejemplo, el voto). A pesar de las dificultades para clasificar, es posible establecer que existen otras formas de participar políticamente, incluyendo otras actividades fuera del proceso electoral, como son las manifestaciones, la defensa de los derechos políticos de los militantes y actividades que conciernen a la vida diaria de los partidos. Estas participaciones se entienden como políticas porque implican o conciernen a instituciones políticas. Definir lo que representa una participación que adquiere el adjetivo de política es todavía más complicado cuando ésta no ocurre en espacios que usualmente se espera y/o no concierne a los actores o instituciones identificados como políticos. Más allá de ciertas acciones que se desarrollan en el contexto nacional, como el voto, existen elementos que operan en el ámbito comunitario y que son relevantes para entender el origen de la participación política (Newton, 1997; Putnam, Leonardi y Nanetti, 1993; Putnam, 1995; Seligson, 1999). Es posible establecer que hay actividades sociales que son relevantes para la formación de capital social y que, por lo tanto, son significativas para el desarrollo de intereses y compromisos en y con la política. Si bien estas actividades se dan en espacios sociales -organizaciones escolares o de padres de familia, clubes sociales, clubes de deportes, organizaciones de vecinos-, en esencia, todos ellos tienen componentes intrínsecamente políticos (al buscar conciliar intereses divergentes dentro de un grupo social). Se ha demostrado que la producción de capital social es políticamente relevante ya que se encuentra en función de la experiencia política individual que se obtiene dentro de las redes políticas. Así: el número de votantes, los lectores de periódicos, la pertenencia a sociedades de coros musicales y clubes de fútbol, son señales de identidad de una región exitosa. Se sugiere que estas redes de reciprocidad y solidaridad cívica organizada, lejos de ser un epifenómeno de la modernización socioeconómica, son una condición previa (Putnam, 1995: 66).

Por ello, estas normas y redes de relaciones cívicas pueden afectar de manera sustancial el desempeño de un gobierno representativo. Los tipos de participación política han sido identificados en literatura previa (Alford y Scoble, 1968; Almond y Verba, 1989; Matthews y Prothro, 1962; Ventura, 2005; Verba, Schlozman y Brady, 1987). Se han reconocido distintos tipos de participación como el voto, la asistencia en campañas electorales, las actividades comunitarias, el contacto con autoridades gubernamentales, entre otras. Se pone énfasis en la observación y operacionalización de la participación política con base en actividades que van desde peticiones, manifestaciones o huelgas, hasta participación política no ortodoxa (Marsh, 1974). Tomando en consideración clasificaciones y estudios previos, este artículo establece una división de la 322 ⎥ Fernanda Vidal Correa

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participación política entendiendo como participación directa aquella que involucra actividades políticas específicas, o convencionales, como lo son el voto, actividades directas con partidos políticos y las preferencias que emanan de los ciudadanos con respecto a esta participación. Por otra parte, se entiende como participación indirecta aquella que se presenta de forma secundaria en otras actividades, que para efectos de este artículo, involucra actividades de tipo social o comunitario. Así, el análisis plantea estudiar las diferencias entre hombres y mujeres en función de estas dos áreas. Existe una gran crítica sobre el acto de representar debido a que se observa una falta de compromiso por parte de los representantes con las necesidades y deseos de la ciudadanía (Barber, 2004; Dryzek y Niemeyer, 2008; Dryzek, 1996; Hirst, 1988). Inclusive, parte de la literatura sobre la representación femenina se ha centrado en la discusión de la representación, siendo ésta en función de los intereses de las mujeres o mediante la representación como tal. A ello, Pitkin (1967) añade que la línea divisoria fundamental radica justamente en la distinción entre “posicionarse como” y “actuar para”. A pesar de que muchos autores: rechazan la hipótesis de que la presencia política de las mujeres es suficiente para asegurar una representación sustantiva de las mismas, están de acuerdo [sic] que la presencia política de las mujeres es un fin necesario, en y por sí mismo (Celis y Childs, 2008: 442).

La presencia así es entendida tanto como participación como representación. El estudio de la importancia de las ideas a ser representadas no debe eclipsar el estudio de la presencia de los grupos minoritarios en los órganos de representación. Incluso si: estudios feministas no están de acuerdo en una forma particular de representación, sí argumentan a favor de la legitimidad y la justicia, señalando que las mujeres no deben ser excluidas de la representación, ni deben enfrentar discriminación institucional si deciden entrar al mundo de la política (Rodriguez, 2003: 25).

Ante ello, la participación debe ser entendida junto con el acto de representar, ya que ambos se requieren inexorablemente. Como subraya Phillips: “un sistema no se considera democrático sólo porque se proclama a sí mismo como tal (…). La democracia implica siempre que las propias personas tomen parte en la determinación de las decisiones políticas” (Phillips, 1995: 28). Ello significa que la representación democrática no debe darse sin la participación de los ciudadanos. Al mismo tiempo, en las sociedades contemporáneas, pareciera no poder existir la participación colectiva sin un cierto grado de representatividad. Ambas se entrelazan por el principio más básico de un sistema democrático, el voto. No obstante, la participación no termina ahí. Para que una democracia opere en su forma óptima se necesita constancia y diversidad en la participación ciudadana. En esta relación La participación política

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entre participación y representación es en donde esta última puede ser entendida como un mecanismo de participación directa por excelencia, ya que la representación en función de la presencia es significativa (Phillips, 1995: 25). La participación política ejercida como representación se ve alimentada, y en muchos casos limitada, por categorías centrales como los roles de género, las normas de género y la división que éstas generan de lo público y lo privado. La controversia de dicha división en sociedades patriarcales, como la mexicana, se encuentra en la determinación de los respectivos lugares y tareas asignadas a hombres y mujeres. En esta división, el ámbito privado y el público son vistos como elementos ideales para generar dicha separación. Esta división se ha utilizado como justificación para el confinamiento de las mujeres a la esfera privada y la distorsión de opiniones sobre las actividades de las mujeres (Benhabib, 1998: 85). Ellas se han quedado fuera de todo lo visto como políticamente significativo porque la política ha sido erróneamente enmarcada dentro de los límites de lo público y porque aquello relacionado con la vida de las mujeres ha sido equivocadamente limitado al ámbito privado. La presencia y representación de sus intereses han sido relegadas a los márgenes o incluso omitidos de la esfera política. Por lo tanto, el género entendido como significados culturales sobrepuestos a mujeres y a hombres (Butler, 1998: 279) se convierte en un elemento central para entender el contexto y las condiciones en que esa participación ocurre.En este marco, se vuelve trascendental estudiar la participación política femenina en alguna de sus diferentes formas, para con ello comprender la función de representatividad y el lugar que guardan las mujeres dentro de la política y su sociedad. Con base en la división anterior, la siguiente sección estudia la participación política directa observada a través de: a) el interés que despierta la política en las personas, en la literatura referida como actitudes hacia la participación (Almond y Verba, 1963; Alford y Scoble, 1968; Mathews y Prothro, 1962); b) los niveles de votación en elecciones presidenciales en México; c) la pertenencia de los ciudadanos a los diferentes partidos políticos y d) la participación en actividades que los partidos políticos realizan. Por otra parte, se estudia la participación política indirecta. Este tipo se observa a partir de: a) la actividad de hombres y mujeres en asociaciones vecinales; b) la actividad de hombres y mujeres en asociaciones educativas, y c) la actividad de hombres y mujeres en la sociedad civil.

¿Cómo explicar el origen de la desigualdad? Entendiendo el interés y la participación política directa De acuerdo con distintas aproximaciones que han buscado explicar los niveles de participación política masculina y femenina, el interés sobre asuntos políticos pareciera ser una 324 ⎥ Fernanda Vidal Correa

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determinante. Norris y Lovenduski señalaron que las oportunidades de reclutamiento están restringidas por la oferta de aspirantes que quieran conseguir una carrera política (Norris y Lovenduski, 1995: 108). La motivación y el deseo de entrar a la política y establecer una carrera pueden ser constatados por expresiones de interés en la misma. Como se sugirió anteriormente, este tipo de explicaciones hacen: hincapié en que el resultado refleja el número de aspirantes que optan por seguir una carrera política. Si son pocas las mujeres, los jóvenes o aspirantes de la clase trabajadora los que quieren llegar a ser electos, tal vez es porque carecen de ambición o experiencia política (Norris, 1997: 210).

Ante este tipo de argumentos, es necesario extenderse y profundizar desde una perspectiva teórica como empírica, sobre el interés y el comportamiento político de las mujeres, sobre todo si se busca dilucidar si son determinantes en las diferencias entre unos y otras. Esta sección aborda temas importantes para el estudio de la oferta, tomando como referentes para su medición datos empíricos relevantes, incluyendo el interés en asuntos políticos, el interés expresado en votos, la militancia en partidos políticos y actividades partidarias. Para ello se utilizan datos de organismos públicos autónomos, incluyendo estudios censales sobre participación política y encuestas sobre discriminación detalladas anteriormente.

Interés y voto de las mujeres en México En lo que se refiere a la participación política femenina en México durante la última década, los patrones de participación a través de los canales formales (partidos políticos y el voto) han fluctuado constantemente. El interés de las mujeres en asuntos políticos ha demostrado ser escaso. La encup de 2001 mostró que sólo 9.5% de las mujeres estaban realmente interesadas en ​​ la política, mientras que 42% admitió que tuvo poco o ningún interés (encup, 2001). Estas cifras no han variado sustancialmente en los últimos años. En 2008, la encup reveló que el interés en la política había disminuido. Sólo 7.93% se mostraron muy interesadas mientras que 66.89% señalaron tener poco o ningún interés (encup, 2008). En la última encuesta 2012, los números se han modificado ligeramente: 13.43% de las mujeres expresan estar muy interesadas, mientras que 85.9% dicen estar poco o nada interesadas en la política. El elemento central es que la apatía no se observa sólo en las mujeres. Los hombres también expresaron desinterés: 60.19% aceptó que tenían poco o ningún interés en 2001, y en 2012 la cifra aumentó en tanto que 18.11% de los hombres están muy interesados y 81.55% reconoció estar poco o nada interesado (encup, 2001, 2012). Ha habido constantes fluctuaciones en el interés que muestran tanto hombres como mujeres en la política. Un año antes de la elección presidencial de 2006, los datos mostraron La participación política

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un pico, tanto en ellas como en ellos: 11.5% de los hombres y 8.20% de las mujeres estaban muy interesados en la política mientras que 57.44% de los hombres y 51.60% de las mujeres mostraban un ligero interés en ella (encup, 2005). Ello podría verse explicado por la gran cobertura mediática y el interés general que desató el proceso electoral, comenzando con eventos desde 2004, cuando se dio el juicio de desafuero al que fuese después el candidato a la Presidencia por el prd. Con respecto a la participación política directa, existen diferencias entre hombres y mujeres. El Estudio Muestral de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales (empcef) de 2009, informe creado a propuesta del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral), indica que las mujeres registraron los mayores índices de participación cuya tasa fue de 47.35 %, superando casi en 7 puntos porcentuales a la masculina (40.53 %). En el Estudio de 2012 la tasa de participación femenina (66.08%) superó en 8 puntos la tasa de participación masculina (57.77 %) Estos datos son relevantes ya que demuestran que existe un aumento en el interés de participar y de expresar opiniones en las nuevas generaciones de mujeres. Asimismo, se señala que en los tres tipos de secciones que existen en el país (urbana, rural y mixta), las mujeres participan más que los hombres. El último estudio (2012), indica que ellas presentaron una mayor participación que los hombres en las tres secciones. Los empcef de 2009 y 2012, así como lo señalado en estudios previos (Rodríguez, 2004), son indicativos de que las diferencias en términos de participación directa entre mujeres de urbe y de campo comienza a reducirse. Inclusive, Rodríguez indica que la participación de mujeres en el campo ha aumentado en luchas laborales y sindicales (2003:73). Por otro lado, la encup 2012 encontró que las mujeres demuestran una participación mayor en términos del ejercicio de una actividad directa, como el voto (ver gráfico 1). En las encup realizadas en 2003, 2005 y 2012 se preguntó si se había participado en alguna elección presidencial desde el año 2000 a la fecha de la encuesta. El resultado fue que la brecha disminuyó entre 2003 y 2005, y se modificó en 2012, siendo las mujeres las que reportaron mayor participación (ver gráfico 1). Aunque estos datos son indicativos de cambios en la participación directa, en otras áreas de la indirecta la acción femenina está aún sujeta a la autoridad masculina. La falta de autonomía se manifiesta en diversas áreas, situación que puede tener injerencia directa sobre la participación política de este grupo. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a través de su Encuesta Nacional sobre Discriminación en México4 (Enadis) reportó en 2010 que porcentajes importantes de mujeres solicitan permiso para participar o desempeñar diversas actividades. 33.3% de ellas pide permiso para salir de día y el 44.9% para salir de noche. Las actividades fuera del hogar no sólo se ven restrin4

Disponible en: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-mujeres-web_Accss.pdf >.

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gidas por falta de autonomía, sino también por una clara dependencia del uso del gasto. 24% de las mujeres reportó pedir autorización para realizar gastos cotidianos mientras que 38.1% señaló que avisan sobre el futuro uso de los mismos. Más de 22% de las mujeres reportaron pedir permiso para asistir a actividades comunitarias, aunque sólo 7.7% reportó injerencia en su decisión de voto. Este último porcentaje es bajo en comparación con los otros. Sin embargo, la tendencia a una vida restringida por una figura patriarcal dentro del hogar es clara. Gráfico 1 Participación directa de hombres y mujeres en las elecciones presidenciales en México, 2001-2012

2012

Mujeres Hombres

2005

2003

65

70

75

80

85

90

95

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas (2003, 2008 y 2012). Datos disponibles en: <http://www.encup.gob. mx/en/Encup/Encup>. Porcentaje de hombres y mujeres que contestaron positivamente a la pregunta: ¿Usted es o ha sido miembro de alguna de las siguientes organizaciones que le voy a mencionar?

El debate literario sobre los efectos de factores sociales y la cultura política en la representación de las mujeres es amplio (Coronel, Moreno y Carrasco, 2010; Cunningham, 2008; Miller, 1989; Rule, 1981; Vallance, 1979; Vieraitis, Britto y Kovandzic, 2007). Han surgido argumentos que afirman que los factores sociales tienen una gran influencia sobre la repreLa participación política

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sentación femenina en cargos políticos (Carroll, 1994). La idea es que los factores sociales están limitando la capacidad de las mujeres para competir en el sistema político. Para Lovenduski, estos “factores sociales son los principales obstáculos que las mujeres tienen que hacer frente para integrarse a la política” (2005: 45). Los factores sociales, o “desigualdades sociales que implican las distintas clases de poder que las sociedades han atribuido a las diferencias sexuales y las formas jerárquicas que han impuesto a las relaciones humanas” (Peña, 2004: 13), ya sea relacionados con la educación, la independencia económica o la cultura política, son explicativas de las barreras más importantes para la representación y participación de las mujeres. Si bien el propósito de este estudio no es analizar a detalle elementos de tipo cultural o contextual y dar cuenta de cómo estos afectan la participación política femenina, es importante establecer que futuros estudios deben tener en cuenta los posibles orígenes de la masculinización de las instituciones políticas y las funciones y prácticas socialmente construidas impuestas en hombres y mujeres.

Afiliación partidaria Existen diferentes estudios que han analizado la relevancia de la militancia política (Ackerman, 2012; Campbell, 2010; Elizondo, 2010; Reyes, 2012), desde los enfoques cuantitativos que plantean la importancia del número de afiliados que tiene un partido, hasta enfoques que estudian las características de los miembros y sus motivaciones para afiliarse (Ackerman, 2011; Sobrado, 2010). Independientemente de la forma de abordar el tema, se puede concluir que la afiliación es necesaria para los partidos ya que otorga ventajas organizacionales en diferentes áreas, sobre todo en planeación y conducción de campañas políticas. Inclusive, cuestionar disminuciones en el número de afiliados es cada vez más relevante, ya que pareciera existir una tendencia hacia la disminución de la membresía en los partidos (Mair y Van Biezen, 2001; Van Biezen, Mair y Poguntke, 2012; Whiteley, 2010). La disminución en la afiliación no implica de facto que exista una tendencia paralela a la reducción del activismo partidista. Inclusive, es posible que aquellos que continúen siendo miembros sean mucho más activos. Más aún, no existen correlaciones claras entre la disminución en la afiliación y cambios en la estructura del partido o en la centralización del poder. Independientemente de las consecuencias, la afiliación a los partidos -cualquiera que sea el enfoque empleado-, revela pertenencia e incluso participación. Ésta puede ser pasiva o activa. Inclusive, es posible argumentar que en un afiliado, la participación política tienda a ser mucho mayor. Por ello, es necesario entender si existen diferencias entre hombres y mujeres y si ayudan a explicar los contrastes entre hombres y mujeres electos en México. Como se mencionó anteriormente, en México no se cuenta con un registro dispo-

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nible de afiliados a los partidos.5 Por ello, la medición se basa en datos disponibles en las encup sobre afiliación a partidos. En México, la participación de hombres y mujeres es más baja en términos de afiliación o pertenencia a cualquier partido. Los datos de 2001 fueron más bajos que en otros años, situación que podría explicarse por los importantes cambios acontecidos a finales de la década de los años noventa y principios del siglo xxi. Por ejemplo, el pri perdió la Presidencia en 2000 a la vez que se continuó fortaleciendo a la sociedad civil. Ello se observa de manera más clara en las marchas llevadas a cabo en el 2004 en contra del desafuero del que sería el candidato a la Presidencia por el prd en 2006. El aumento repentino del número de afiliados puede ser resultado de diversos factores. Sin embargo, explicar estos cambios no es el propósito de este análisis. La evidencia que debe destacarse gira en torno a la participación de hombres y mujeres en los partidos. En 2003 fueron más las mujeres afiliadas que los hombres (gráfico 2). El aumento inicial de la afiliación femenina a los partidos en este año podría atribuirse a los avances de los movimientos de base y los movimientos de mujeres.6 Esto podría ser indicativo de una relación entre participación social y afiliación política. Por otro lado, podría ser el resultado de una necesidad derivada de la reforma electoral de 2002 que introdujo sanciones por incumplimiento del uso obligatorio de las cuotas de género para la elección de senadores y diputados federales. La reforma se tradujo en la necesidad de más mujeres en los partidos, así como en la movilidad de los grupos de base de los mismos.7 Los datos más relevantes muestran que, a través del tiempo, el promedio de hombres y mujeres afiliados a un partido político ha sido similar (11.42% y 7.95%, respectivamente). La brecha ha disminuido con el tiempo, de diferencias porcentuales de 6% en 2003 a 2% en 2012 (gráfico 2). Con el objetivo de observar si la variación entre la afiliación de hombres y mujeres a los partidos es significativa, se realizó una prueba tipo t. Se comparó la varianza entre hombres y mujeres con respecto a la aceptación de pertenencia o afiliación expresada. La prueba de Levene reveló que en cuanto a la afiliación política t= 0,216, donde t (6) = 1,912, p = .992, por lo que no se encontró una varianza significativa entre hombres y mujeres. No obstante estas posibles relaciones, son necesarios mucho más datos sobre afiliaciones en cada partido para estudiar cualquier hipótesis que relacione movimientos sociales con afiliación partidista. Como lo indican Roza, Llanos y de la Roza en sus recomendaciones dentro del reporte que elaboran con el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), es 5

La información fue solicitada al ife, solicitud ue/11/03401, misma que fue negada bajo el argumento de que se solicitó información personal. 6   Rodríguez desarrolla el tema en su estudio seminal sobre mujeres y política en México. Véase: Rodríguez (2004). 7   Las cuotas se introducen en el ámbito federal con un máximo de 70% de representantes de un mismo género en el año 1996. No obstante, es hasta 2002 cuando se introducen las primeras sanciones. Si bien las cuotas ya existían, sin sanción alguna resultan en una mera recomendación que puede ser ignorada en todo momento.

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necesario desagregar por sexo los datos de afiliación y composición de los comités ejecutivos nacionales. Ello con el objetivo de mapear la participación de las mujeres (Roza, Llanos y Garzón de la Roza, 2010: 69). Gráfico 2 Mujeres y hombres afiliados a partidos políticos en México, 2001-2012

2012

2008 Mujeres Hombres 2005

2003 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2003, 2008 y 2012). Datos disponibles en: <http://www.encup.gob. mx/en/Encup/Encup>. Porcentaje de hombres y mujeres que contestaron positivamente a la pregunta: ¿Usted es o ha sido miembro de alguna de las siguientes organizaciones que le voy a mencionar?

Actividades partidistas Son cada vez mayores las preocupaciones sobre los cambios sociales que pueden afectar la efectividad de la democracia (Calderon, 2008; Krishna, 2002; Lipset, 1994; Pamela Paxton, 2002; Subirats, 2005). Al centro de las mismas se encuentra lo que pareciera ser un aumento constante de la apatía social y política. Por ello, actores e instituciones convocan a la participación de los ciudadanos, de las agrupaciones sociales y de la sociedad en su conjunto. Esta convocatoria se encuentra unida a la creencia de que la participación le confiere a la democracia y a sus actores propósitos más transparentes. Como se mencionó anteriormente, la 330 ⎥ Fernanda Vidal Correa

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participación política por excelencia se observa en el voto. Sin embargo, como motor de la democracia continúa posteriormente mediante otras formas concretas de participación ciudadana. Una gran parte de estas actividades atañen a los partidos y a las actividades que las personas desempeñan alrededor de los mismos. Ante ello, es esencial analizar las actividades que emergen dentro de los partidos, entendiendo que la relación entre participación y representación es intradependiente. En el caso mexicano, la participación de hombres y mujeres en actividades relacionadas con los partidos políticos se ha mantenido en niveles muy bajos (incluso cuando se la compara con participaciones directas como el voto). No obstante los convocantes eventos previos a las elecciones de 2006, los niveles de participación en cualquier actividad política se mantuvieron bajos entre 1997 y 2001. En 2001, la encup reveló que sólo 3.92% de los hombres y 2.85% de las mujeres asistieron a actividades o reuniones partidarias durante el año previo a la encuesta (encup, 2001). En 2008 las cifras aumentaron ligeramente. La participación de las mujeres incrementó a 7.12% y la de los hombres a 14.80%. La última encuesta realizada en 2012 reveló que 12.02% de las mujeres y 13.44% de los hombres asisten a reuniones de partidos políticos “frecuentemente” o “en algunas ocasiones” (encup, 2012). La participación observada de hombres y mujeres en el último período evaluado por la encup demuestra que en todas las áreas analizadas hay mermas. La única excepción es la asistencia de hombres a reuniones o actividades de los partidos. La diferencia entre hombres y mujeres en este campo está aumentando gradualmente (ver gráfico 3). Con el fin de verificar si la variación entre hombres y mujeres con respecto a su participación en los partidos políticos es significativa, se realizó una muestra independiente t-test. Se encontró que si bien la participación de los hombres ha fluctuado a través del tiempo y, aunque ha sido más alta que la de las mujeres, no existe una diferencia estadísticamente significativa en la media de participación de los grupos (la Prueba de Levene = 0,355. donde t (6) = 1,512, p = .181). Buscar explicar las diferencias entre los niveles de representación de las mujeres y de los hombres con base en argumentos que esbozan una falta general de interés por parte de las mujeres pareciera ser insuficiente en el caso mexicano. Los niveles de representación de las mujeres se encuentran, en muchas áreas, por debajo de los hombres. Las diferencias en muchos casos son abrumadoras (tabla 1). Si bien en el contexto local la representación de las mujeres como síndicos aumentó en los últimos años en puestos ejecutivos, como lo son las presidencias municipales, la participación continúa siendo marginal. En otras áreas pareciera aumentar o presentar una tendencia constante. Sin embargo, el panorama es claro: en al menos dos terceras partes de los puestos de elección popular, en las secretarías de Estado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), son los hombres los que controlan los espacios.

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Gráfico 3 Participación de hombres y mujeres en actividades de partidos políticos en México, 2001-2012

2012

Mujeres Hombres

2005

2003 0

2

4

6

8

10

12

14

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2003, 2005 y 2012). Datos disponibles en: <http://www.encup. gob.mx/en/Encup/Encup>. Porcentaje de hombres y mujeres que contestaron positivamente a la pregunta: Durante el último año, ¿asistió a alguna reunión de las siguientes organizaciones? Partido o agrupación política. Los datos de 2008 no se incluyen, ya que en ese año no se hizo esa pregunta.

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Tabla 1 Participación política de mujeres y hombres en México, 2004-2011(%)

2004-2005

2006-2007

2008-2009

2010-2011

H

M

H

M

H

M

H

M

Síndicos

95.9

4.1

87.0

13.0

84.4

15.6

81.3

18.7

Regidores

73.9

26.1

72.4

27.6

68.2

31.8

67.4

32.6

Presidentes municipales

96.4

3.6

96.1

3.9

94.7

5.3

94.7

5.3

Diputados locales

79.1

20.9

79.1

20.9

78.1

21.9

78.3

21.7

Diputados federales

76.4

23.6

76.8

23.2

71.9

28.1

72.2

27.8

Senadores

78.9

21.1

82.8

17.2

80.5

19.5

76.6

23.4

Secretarios de Estado

*

*

78.9

21.1

84.2

15.8

84.2

15.8

Jueces de la scjn

*

*

81.8

18.2

81.8

18.2

81.8

18.2

Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de las Mujeres, inmujeres. * Estos datos no se encuentran disponibles. Cifras disponibles en: <http://estadistica.inmujeres.gob. mx/formas/fichas_inm.php?modo=v&dirUrl=tooltipayudas.php%3FIDpag%3D6>.

Las cifras aquí presentadas demuestran que el grado de interés y de participación de las mujeres no es dos o tres veces menor a la masculina. Como se indica más arriba, la participación directa de las mujeres (voto) es inclusive mayor que la de los hombres. En actividades relacionadas con partidos, la participación tanto de mujeres como de hombres se ha mantenido en niveles muy bajos. No hay diferencias significativas que permitan establecer que los grandes contrastes en términos de cargos de representación pueden ser explicados por elementos que conforman la llamada oferta (voto, afiliación o participación en actividades partidistas). Por ello es posible establecer que en México, el interés y la participación política no son explicativos de las grandes diferencias entre hombres y mujeres en términos de posiciones de poder. No obstante, las actividades claramente políticas no son las únicas que influyen sobre la política, ni son las únicas a través de las cuales se puede influenciar la oferta. Existen otras áreas, como las actividades sociales o grupos de la sociedad civil, que generan capital social y contribuyen a posicionar a las mujeres y sus intereses dentro de la política.

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Participación indirecta y capital social: elementos que explican algunas diferencias entre hombres y mujeres En un estudio sobre la política y la participación en Estados Unidos, Robert Putnam señala que: la participación directa de los estadounidenses en la política y el gobierno ha disminuido de manera constante y considerablemente durante la última generación, a pesar de que los niveles promedio de educación -el mejor predictor individual nivel de participación política- han aumentado considerablemente a lo largo de este período” (Putnam, 1995: 65).

En este estudio el autor establece lo significativo que son el compromiso cívico y la creación de una forma productiva de capital social para la democracia participativa de calidad. El compromiso cívico ha sido señalado como una pre o post forma de participación (Almond y Verba, 1989; Verba, Schlozman y Brady, 1995). Asimismo, se ha argumentado que el capital social fruto de las interacciones sociales puede no buscar influenciar directamente sobre la política. No obstante, las consecuencias no son limitadas (Hilger, 2005; Norris, 2002). Así, actividades pasivas como la pertenencia a grupos artísticos, deportivos o actividades en asociaciones motivadas por preocupaciones que no buscan influir en el gobierno, pueden estar produciendo activismo político. Las asociaciones sociales y organizaciones no gubernamentales se encuentran activas en una multitud de campos y tienen objetivos diversos. En su intento por alcanzar sus metas, su influencia va más allá del horizonte en el cual se desenvuelven. De este modo, contribuyen a un debate público en la medida en que introducen información, opiniones y objetivos de lo social a lo político. Por ello, más allá de estudiar la participación dentro de las instituciones formales, como lo son los partidos y las actividades que en ellos se presentan, es necesario analizar aquellas actividades que podrían considerarse informales. En términos de participación en organizaciones cuyos objetivos no son explícitamente políticos existen diferencias, aunque pequeñas. En promedio hay más hombres afiliados a grupos de la sociedad civil que mujeres, 11.29% y 7.49% respectivamente. Incluso con niveles más altos de afiliación, la pertenencia de hombres a estos grupos tiene una tendencia a fluctuar en el tiempo (gráfico 4). Si bien estas diferencias porcentuales existen, no son suficientes para establecer disparidades significativas.

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Gráfico 4 Participación de hombres y mujeres en grupos de la sociedad civil en México, 2001-2012 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2003

2005 Hombres Mujeres

2012

Fuente: elaboración propia con datos en la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2003, 2005 y 2012). Datos disponibles en: <http://www.encup.gob. mx/en/Encup/Encup>. Porcentaje de hombres y mujeres que contestaron positivamente a la pregunta: durante el último año, ¿asistió a alguna reunión de las siguientes organizaciones? Agrupación ciudadana, asociación escolar. Los datos de 2008 no se incluyen, ya que en este año no se hizo la pregunta.

En cuanto a su afiliación a los diferentes grupos, las cifras observadas entre hombres y mujeres no son estadísticamente significativas. La prueba t-test reveló la afiliación a grupos de la sociedad civil: Test de Levene = .578 Donde t (6) = 0,346, p = 0,450. Las mujeres parecen menos inclinadas a participar o afiliarse a cualquier tipo de asociación, incluidos los partidos políticos. El único caso donde los hombres y las mujeres suelen tener niveles similares de participación es en actividades o asociaciones escolares. Los datos La participación política

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arrojados por las encup revelan que las mujeres participan más en actividades comunitarias o relacionadas con la familia que en los partidos políticos o asociaciones políticas (encup, 2012). Tanto hombres como mujeres tienen niveles bajos de participación en asociaciones comunitarias o grupos de vecinos. Esto ilustra que las mujeres participan en la vida pública de forma diferente a los hombres. Estudios previos sugieren que ello puede explicarse por las diferentes percepciones que tienen las mujeres de sus funciones como actores políticos y como representantes (Caroll, 2002; Djupe, Sokhey y Gilbert, 2007; Sapiro, 1982; Welch, 1977). La evidencia sugiere que la participación interestatal de las mujeres en los partidos políticos y en las organizaciones sociales y los porcentajes de mujeres nominadas no están relacionados (tabla 1, gráfico 2). Ello no significa que la estructura de oportunidades para las mujeres dentro de los partidos o el gobierno sea irrelevante. La participación de las mujeres ha cambiado con el tiempo y en algunos casos existe una tendencia a aumentar. Al mismo tiempo, la selección de mujeres como candidatas también aumenta. Sin embargo, casos con comportamientos opuestos también existen. De los estados estudiados, entre 2001 y 2010, la tercera parte presentan altos niveles de participación. En cinco de las 39 elecciones estudiadas en el ámbito estatal (12.82%) los niveles de participación de las mujeres en partidos políticos se encuentra por encima de 10% y, al mismo tiempo, en estos casos hay porcentajes de nominación por encima de 30% (gráfico 5). Por ejemplo, Aguascalientes y Baja California Sur presentan un alto porcentaje de mujeres candidatas y, al mismo tiempo, la participación de las mujeres en los partidos políticos se ha incrementado. Por otro lado, en el Distrito Federal y Jalisco también se observa un alto porcentaje de mujeres candidatas en la última elección local, pero con bajos porcentajes de participación de mujeres en los partidos. Jalisco tiene el mayor porcentaje de candidaturas de mujeres, pero al mismo tiempo tiene el porcentaje más bajo de mujeres que participan en política o en actividades relacionadas con partidos políticos. Estudios previos que buscaban explicar el bajo nivel de representación de las mujeres en cargos legislativos estatales argumentaron que este grupo pereciera tener una falta de interés general y que ello explicaba los bajos niveles de participación política. Sin embargo, la conexión entre la participación creciente de las mujeres en actividades relacionadas con partidos políticos y el aumento de candidaturas de mujeres no está claro. Existen casos contradictorios en los que a veces las nominaciones de mujeres y su participación tienen una tendencia a aumentar juntas, mientras que en otros casos las tendencias corren en direcciones opuestas. El bajo porcentaje de mujeres nominadas no se explica por la posible falta general de interés o de capacidades de este grupo. Los hombres participan en grupos y asociaciones tanto como las mujeres. No obstante, ellos poseen la mayoría de los cargos de elección popular y de mando dentro de los partidos. Más bien, podría ser una situación cuyo origen se puede encontrar en obstáculos estructurales dentro de los partidos y del propio sistema electoral. Los partidos como organizaciones responsables del reclutamiento y 336 ⎥ Fernanda Vidal Correa

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selección de candidatos son los encargados de seleccionarlas y otorgarles recursos suficientes para desempeñar su trabajo y competir en campaña. Como MacIvor menciona, “si los partidos niegan a las mujeres una oportunidad real para postularse para un cargo, su subrepresentación numérica es inevitable” (MacIvor, 1996: 241). Por lo tanto, las estrategias, procesos y prácticas políticas de los partidos se vuelven relevantes para el estudio de la representación de las mujeres (Vidal, 2014). Gráfico 5 Mujeres nominadas para diputaciones locales en México, 1998-2010

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos a partir de visitas o solicitudes de información presentadas a los institutos o comisiones electorales de cada estado. Los datos incluyen nominaciones de propietarios y suplentes. Todas las cifras se basan en el número total de candidatos que presentaron el pan, pri y prd.

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Las mujeres al interior de los partidos El camino de las mujeres para su incorporación a las actividades políticas ha estado plagado de diferentes obstáculos y limitaciones, pero también de ventajas generadas a partir de diferentes reglas que buscaron incentivar su representación y participación. La literatura se ha centrado en el análisis de las consecuencias de las instituciones formales en la representación de las mujeres; por ejemplo: Baldez (2004, 2006, 2007), Hinojosa (2008), Reynoso (2005) y Rodríguez (1998, 2003). Otros, inclusive han estudiado los efectos de instituciones informales, sugiriendo que estos mecanismos operan como elementos adicionales a los procesos formales, incrementando en algunas ocasiones las barreras (Langston, 2006). En el marco de esta discusión sobre los efectos de la participación en actividades políticas y la falta de representación equilibrada en el Poder Legislativo se ha destacado la importancia de las reglas internas vigentes dentro de los partidos políticos en torno a las formas de participación. Los procesos de resguardo de los partidos en términos de quiénes pueden participar y las formas en que estas participaciones pueden operar -por ejemplo en asignación de candidaturas o en procesos internos de preselección- han sido señalados como elementos importantes que restringen la participación de las mujeres en procesos de elección (Hinojosa, 2009; Kittilson, 2006, Norris y Lovenduski, 1993, Zetterberg, 2008). Inclusive se han encontrado que los procesos centralizados benefician a las mujeres debido a que las élites nominan mujeres una vez que ello se ha convertido en una prioridad (Hinojosa, 2009; Kaminsky y White, 2007; Matland y Studlar, 1996; Norris y Lovenduski, 1993). Mujeres en posiciones de poder y con capacidad de afectar las resoluciones o decisiones internas, incluyendo el reclutamiento político, es cada vez más común. Kittilson encontró que “la presencia de mujeres en los comités ejecutivos nacionales de los partidos ha ido creciendo a través de Europa Occidental” (2006: 42). Se ha argumentado que la proporción de mujeres en los organismos de los partidos es fundamental porque un número considerable perteneciente a un grupo minoritario puede ganar suficiente poder para promover a sus miembros o sus intereses (Dahlerup, 1988; McAllister y Studlar, 2002). “Las mujeres con poder dentro del partido pueden ganar la atención de los otros dirigentes, e incluso pueden promover la institucionalización de normas que protejan sus ganancias” (Kittilson, 2006: 41). Por lo tanto, el estudio de la proporción de mujeres en los organismos partidistas puede ser central. En México, las mujeres están ganando espacios, aunque de forma muy lenta. En el pri, cuatro de los 49 presidentes han sido mujeres. Uno de los cuatro, Cristina Díaz (2011), se desempeñó como presidente interino durante sólo seis días. María de los Ángeles Moreno fue electa presidente del pri en 1994, la primera mujer en ser elegida. Permaneció en el cargo sólo un año. Dulce María Sauri y Beatriz Paredes cumplieron sus mandatos, entre 1999-2002 y 2007-2011, respectivamente. En el prd, dos de los ocho presidentes han sido mujeres. Amalia García fue electa en 1999 tras varias denuncias de corrupción en el 338 ⎥ Fernanda Vidal Correa

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proceso electoral. Rosario Robles le siguió en 2002, siendo presidente interina tras la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas. Ninguna mujer ha sido presidente del pan, aunque en 2012 Josefina Vázquez Mota fue electa candidata a la Presidencia del país por este partido. La participación de las mujeres en los altos mandos del partido es modesta comparada con la de los hombres. La de las mujeres en el Comité Ejecutivo Nacional (cen), aunque en aumento durante la última década, sólo ha logrado estar apenas por encima de 30% (tabla 2). Pocas mujeres han alcanzado posiciones en los comités de los partidos en el ámbito nacional, incluida la Presidencia del partido. Como se mencionó anteriormente, estudios previos han puesto en duda los efectos del creciente número de mujeres en los órganos de toma de decisiones sobre la representación de las mujeres en otras agencias del gobierno. Por ello, es relevante cuestionar si esos cambios, incluso los pequeños, han tenido algún efecto sobre la representación de las mujeres en las legislaturas mexicanas. González y Rodríguez (2008) encontraron que la mayoría de las mujeres en el prd consideraron que las posibilidades de entrar en el cen son mínimas. De acuerdo con su investigación, sólo 33% de las mujeres en el partido cree que sus posibilidades para entrar son buenas (Gonzalez y Rodriguez, 2008: 185). Además, encontraron que las mujeres creen que estar en el cen aumenta sus posibilidades de ser electas para puestos de elección popular. Arroyo y Correa (2008) señalan que “las mujeres en el pan, en relación con otros partidos, están menos involucradas, ya que no son seleccionadas para estar en el cen, ni en los consejos o comités directivos nacionales o estatales” (Arroyo y Correa, 2008: 141). En el pri, a pesar de tener más posiciones para ser electas debido a que el partido en el contexto nacional tiene más presencia, las mujeres no participan de forma sustantiva dentro de los organismos centrales, como el cen. En los últimos 20 años, la participación de las mujeres en el Comité Ejecutivo sólo ha aumentado en cuatro puntos porcentuales (Giron, 2008: 168). Las mujeres son discriminadas en los partidos políticos y sólo unas cuantas se están convirtiendo en miembros de los organismos directivos de los partidos en el ámbito nacional. A pesar de las circunstancias en las que las mujeres están accediendo en todos los partidos, como lo son los estereotipos sesgados, el prd tiene una política clara con respecto a la inclusión de mujeres en el cen. Con los datos disponibles es posible comenzar a establecer ciertas premisas con respecto a la representación política de las mujeres dentro de los consejos o comités estatales. En promedio, el prd tiene un mayor porcentaje de representación, 38.2%, siendo éste superior en más de 10 puntos porcentuales al del pri y al del pan, 26% y 26.7%, respectivamente.

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Tabla 2 Participación de mujeres dentro del Comité Ejecutivo Nacional de los partidos políticos en México, 1982-2006 (%) Año

pan

pri

prd

1982

10.4

na

*

1988

9.2

na

*

1994

12.1

12

22

2000

22.5

17

29

2006

20.6

24

34

Fuente: elaboración propia con base en datos de González y Rodríguez (2008). *El prd fue fundado hasta 1989.

Si bien el promedio es mucho mayor en el prd, existen dos factores que también son importantes y podrían modificar las interpretaciones. Este partido no sólo tiene el promedio más alto, sino que también cuenta con niveles muy bajos en comparación con los otros partidos. En segundo lugar, los datos con los que se cuenta sobre este partido son limitados, de forma que no se pueden realizar afirmaciones tajantes sobre las diferencias partidarias (tabla 2). Tabla 3 Participación de hombres y mujeres en comités estatales del prd, 2012 (%) Entidades federativas

H

M

Aguascalientes

66.7

33.3

Baja California Sur

50

50

Distrito Federal

58.8

41.2

Jalisco

57.2

42.9

Nuevo León

77.8

22.2

Sonora

60

40

Promedio

62

38.3

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del prd. Información disponible en: <www. prd.org.mx>. 340 ⎥ Fernanda Vidal Correa

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El pan y el pri presentan valores similares en todos los estados, con desviaciones estándar de 11.17 a 13.55, respectivamente. La participación de las mujeres en algunos estados es marginal, apenas llegando a 15% de los espacios en los comités (tablas 3, 4 y 5). Los casos que se destacan en el pri debido a sus bajos porcentajes de participación son Nuevo León, Sonora y Yucatán. En el pan, los comités estatales con los porcentajes más bajos de mujeres son el Distrito Federal y Zacatecas. Por su parte, las mujeres en el prd tienen porcentajes bajos en Aguascalientes y Nuevo León. Estas tendencias sugieren que es en aquellos estados donde los partidos tienen una estructura organizativa mucho más amplia y con un mayor número de posiciones de gobierno donde las mujeres tienen mayores porcentajes de representación en los comités estatales. Tabla 4 Participación de hombres y mujeres en comités estatales del pan, 2012 (%) Entidades federativas

H

M

Aguascalientes

58.3

41.7

Baja California Sur

54.6

45.5

Chiapas

80.5

19.5

Distrito Federal

85

15

Jalisco

82.4

17.6

Querétaro

76.9

23.1

Sonora

60.7

39.3

Veracruz

76.7

23.3

Yucatán

75.4

24.6

Zacatecas

82.8

17.2

Promedio

73.3

26.7

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del pan. Datos disponibles en: <www.pan. org.mx>.

Los datos sobre la elección de mujeres y la representación de las mismas en los organismos de selectorate, tales como los consejos o comités regionales de los partidos, muestran que altos niveles de representación en estas agencias están en correspondencia con porcentajes La participación política

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grandes de candidaturas de mujeres. Por ejemplo, en Aguascalientes y Baja California Sur, la representación de las mujeres en los comités estatales en todos los partidos es alta. El comité del partido con mayoría en el Congreso de Aguascalientes cuenta con una representación equitativa de mujeres y hombres (tabla 4). En Baja California Sur, el Comité del partido, que hasta hace un año tenía mayoría en el Congreso (prd), está integrado de manera equitativa. En el Distrito Federal, el partido con mayoría en la asamblea, el prd, tiene mujeres en 41.17% de los escaños del comité (tabla 2), mientras que la tercera fuerza o grupo marginal, el pan, tiene una pequeña cantidad de mujeres en su comité local (tabla 3). El partido con mayoría en el Congreso probablemente es el que tiene más actividades, puestos o cargos para distribuir entre sus miembros, tanto a mujeres como hombres, sugiriendo inclusive que existen procesos de cooptación e intercambio de favores y votos. Tabla 5 Participación de hombres y mujeres en comités estatales del pri, 2012 (%) Entidades Federativas

H

M

Aguascalientes

50

50

Baja California Sur

66.7

33.3

Chiapas

77.8

22.2

Distrito Federal

59.9

40.1

Estado de México

78.6

21.4

Jalisco

80.6

19.4

Nuevo León

85.7

14.3

Querétaro

81

19

Sonora

88.9

11.1

Yucatán

87.5

12.5

Zacatecas

55.6

44.4

Promedio

74

26

Fuente: elaboración propia a partir de cifras del pri. Datos disponibles en: <www.pri. org.mx>.

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Por otra parte, en algunos partidos y estados existe congruencia entre la posición relativamente marginal de las mujeres en cargos públicos y en su falta de éxito al interior de los partidos. Esto puede ser explicado porque los partidos tienen fuerza electoral en los estados. En algunas entidades, el pan tiene más presencia, como en Jalisco y Querétaro. El prd ha perdido su presencia mayoritaria en Zacatecas y Baja California Sur, pero la ha mantenido en el Distrito Federal. El pri, después de la década perdida entre 2000 y 2010, está recuperando posiciones en todo el país (tabla 5). La evidencia sugiere que donde hay más lugares disponibles o esperados, el partido nomina más mujeres. Aunque hay algunas inconsistencias entre los estados, donde los partidos con comités constituidos con un alto porcentaje de mujeres tienen pocas nominadas como candidatas -como el pan en el Distrito Federal o el pri en Yucatán- el papel del selectorate es cada vez más importante. La devolución de la autonomía del centro a la periferia a través de la descentralización del poder también se observó en los procesos de nominación de los candidatos. Esto ha hecho que en la última década los comités estatales sean más importantes. Por lo tanto, es necesario analizar los cambios en la representación de las mujeres, que pudiesen ser resultado de la descentralización del poder. En un futuro será necesario cuestionar si un selectorate altamente descentralizado tiene mayores o menores niveles de participación de mujeres en congresos locales (Vidal, 2013). Para ello se sugiere que estudios a futuro incluyan una revisión de las rutas de vinculación y presencia de ellas al interior de los partidos políticos, estudio que podría incorporar el análisis de las reglas estatutarias de los partidos en materia de equidad de género (tabla 6 en anexo).8 En el caso de la selección de candidatos, es claro que la etapa de selección interna es cada vez más reconocida como un proceso crucial para incrementar la participación de las mujeres. En ella, la posibilidad de ser seleccionado puede ser modificada por las normativas internas, mismas que tienen la capacidad de alentar o desalentar a los posibles candidatos.

Conclusiones A lo largo de este artículo se examinó la participación de las mujeres, poniendo atención principalmente en la participación política en los partidos políticos y en actividades que de forma indirecta pueden resultar en alguna actividad política. El análisis se concentró en tres áreas específicas. Primero se examinó la acción y el interés de las mujeres en actividades partidistas o de contenido político. En segundo lugar se analizó su actividad en asociaciones que 8

Más aún, en el caso mexicano donde las normatividades que alteran las nominaciones están siendo modificadas, sobre todo en los llamados “distritos ganadores” en los que los partidos están obligados a mantener la paridad en sus nominaciones.

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por su carácter podrían resultar en actividades políticas y que sugerían el vacío de capital social. Finalmente se investigó la relevancia de la participación femenina en los cuerpos u órganos directivos de los partidos políticos, prestando especial atención a presencias marginales dentro de los mismos que pudiesen explicar su baja presencia en diversas esferas de la política, incluyendo los puestos de elección popular. La conclusión central alcanzada mediante estos tres ejes es que los modelos de oferta y demanda expuestos en la primera sección no logran explicar de manera independiente la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en el acceso a los cargos de representación popular. En términos del primer eje, el análisis demuestra que la participación política de los hombres y de las mujeres en distintas actividades ha sido similar en todo el país. La falta de interés y de participación en actividades políticas no conoce géneros. De acuerdo con distintas aproximaciones, el interés sobre los asuntos políticos pareciera ser una determinante. Como se explica a detalle, los indicadores de interés en asuntos políticos, como lo son el voto, la pertenencia a un partido político o la participación en actividades partidarias, no demostraron de forma concluyente que la falta de interés pudiese ser un elemento que diferencie a hombres y mujeres. Se encontró que los patrones de participación a través de los canales formales tuvieron pequeñas diferencias entre hombres y mujeres, siendo la apatía en relación a la política la tendencia general. En cuanto a la afiliación a cualquier partido político, los datos más relevantes mostraron que, a través del tiempo, el promedio de hombres y mujeres afiliados a un partido ha sido similar y no se encontró una varianza significativa entre hombres y mujeres. Finalmente, se estableció que con los datos disponibles no es posible establecer ningún tipo de cruce que nos permita analizar las relaciones del interés a través de sus múltiples facetas (voto, la pertenencia a un partido político o la participación en actividades partidarias) y el género de los representantes. Dentro del segundo eje de análisis se señaló que las organizaciones sociales, en su intento por mejorar las condiciones del grupo al que representan, son capaces de influir en condiciones o sujetos que están más allá de su objetivo. Así, terminan contribuyendo a un debate público en la medida en que introducen información, opiniones y objetivos de lo social a lo político y por ello cobran relevancia en el estudio de la participación política. Se encontró que si bien en distintas asociaciones hay más hombres afiliados que mujeres, las diferencias observadas no son estadísticamente significativas. Hombres y mujeres tienen niveles bajos de participación en asociaciones comunitarias, grupos de vecinos y grupos escolares. Se encontró que en los estados estudiados, entre 2001 y 2010, el bajo porcentaje de mujeres nominadas no se puede explicar por una falta general de interés o de capacidades de este grupo. Los hombres participan en grupos y asociaciones tanto como las mujeres. No obstante, ellos poseen la mayoría de los cargos de elección popular y de mando dentro de los partidos.

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El tercer eje de análisis evidenció que la presencia de mujeres en posiciones de poder podría afectar las resoluciones o decisiones internas, incluyendo el reclutamiento político. Sin embargo, se señaló que su presencia en altos mandos de partido es marginal y en los últimos diez años apenas ha logrado rebasar la barrera de 30% en los comités ejecutivos nacionales y de 15% en los comités estatales. Se encontró que en aquellos estados donde los partidos tienen una estructura organizativa mucho más amplia y con un mayor número de posiciones de gobierno, es en donde las mujeres tienen mayores porcentajes de representación en los comités estatales. Asimismo, se estableció la existencia de una relación directamente proporcional entre la presencia de mujeres en los consejos o comités regionales y las candidaturas femeninas. Finalmente, se puede concluir que no hay diferencias significativas que permitan establecer que, en cierta medida, los contrastes en la representación pueden ser explicados por elementos que conforman la llamada oferta (supply). Es posible establecer que en México, el interés y la participación en múltiples áreas no es explicativo de las grandes diferencias que se presentan entre hombres y mujeres en términos de posiciones de poder. Por otra parte, hay una clara relación entre los aumentos en las nominaciones de mujeres y la presencia de ellas en los cuadros directivos en el contexto estatal. No obstante esta relación, las mujeres y las candidaturas de las mismas se ven mayormente beneficiadas en aquellos estados donde los partidos a los que representan tienen un mayor control sobre la estructura de gobierno y una mayor representación en todos los distintos órganos gubernamentales. Así, todo parecería indicar que la estructura de repartición de espacios aunada a su organización institucional puede beneficiar a las mujeres registradas por el partido mayoritario. El análisis de los procesos al interior de los partidos y la operación de las estructuras en términos de los posicionamientos de los partidos y conquista de espacios mayoritarios cobra una mayor relevancia para el estudio de la representación política femenina. Sus dinámicas pueden verse distorsionadas en direcciones tanto positivas como negativas, por las condiciones estructurales y la llegada de nuevas oportunidades. Con ello, cada uno de los partidos puede acceder en plenitud al control gubernamental y hacerse de los espacios disponibles para distribuirlos en función de sus propios intereses y grupos de poder.

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Anexo Tabla 6 Normatividad en materia de candidaturas y equidad de género en estados de partido (pan, pri y prd), 2014 pan

pri

prd

Artículo 81 inciso 3 En tratándose de los métodos de votación por militantes, o elección abierta de ciudadanos, el Comité Ejecutivo Nacional podrá acordar, con la mayor anticipación posible y previo al plazo de emisión de convocatorias, las modalidades necesarias para facilitar el cumplimiento de la legislación aplicable, entre otras, la reserva de las elecciones en las que se podrán registrar solamente personas de un género determinado y demás similares para el cumplimiento de acciones afirmativas.

Artículo 7 En todo lo anterior el Partido garantizará la equidad de género en cumplimiento pleno a lo ordenado en los artículos 167, 168 y 170 de estos estatutos.

Artículo 8 inciso e El Partido garantizará la paridad de género en los órganos de dirección en todos sus niveles, asegurando siempre la alternancia equitativa y proporcional de dicha paridad. Dicha regla se aplicará en la integración de las listas de candidaturas a los cargos de elección popular por representación proporcional, asegurando que en cada bloque de dos haya uno de género distinto y de manera alternada, respetando el orden de los géneros del primer bloque hasta completar la lista correspondiente.

Artículo 89 inciso 2 Candidatos a Diputados Federales: a) Los militantes del Partido de un municipio y el Comité Directivo Municipal respectivo podrán presentar propuestas de precandidaturas a la elección Municipal, de la cual surgirán tantas fórmulas como distritos electorales federales comprenda el municipio. En el caso de distritos con dos o más municipios, las propuestas de precandidaturas se llevarán a una elección distrital de la cual surgirá sólo una propuesta.

Artículo 40 En la integración de las planillas para Ayuntamientos que el Partido registre para elecciones municipales, se garantizará sin excepción en materia de género, al menos el porcentaje que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tanto para propietarios como para suplentes, a excepción de aquellos municipios que se rigen por usos y costumbres. Este principio deberá observarse en una frecuencia mínima de colocación para cualquier sexo de uno de cada tres lugares.

Artículo 8 inciso j La paridad de género se observará sobre la aplicación de las acciones afirmativas de todas y todos los participantes, incluyendo jóvenes, indígenas y migrantes.

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pri

prd

Artículo 42 En los procesos electorales federales y estatales que se rigen por el principio de mayoría relativa, el Partido impulsará, en términos de equidad, que no se postule una proporción mayor del 50% de candidatos propietarios de un mismo sexo, salvo el caso en que sea consultada la militancia. En los candidatos suplentes, el Partido garantizará la paridad de género.

Artículo 255 inciso d En la renovación de los órganos de dirección y representación de los pueblos indígenas que se rigen bajo el sistema de derecho consuetudinario (usos y costumbres) se respetarán estas prácticas salvo que de la respectiva asamblea comunitaria se determine otro método contemplado en el presente Estatuto. En todo momento se deberá respetar las acciones afirmativas y la paridad de género contenidas en el Estatuto.

b) Las Comisiones Permanentes Estatales podrán hacer hasta tres propuestas adicionales, entre las cuales no podrá haber más de dos de un mismo género, que junto con las propuestas a las que se refiere el inciso anterior se presentarán en la elección estatal. En ella se elegirán y ordenarán el número de propuestas que correspondan a cada entidad. El número de éstas se establecerá según los criterios de aportación de votos del estado a la circunscripción, y el porcentaje de votos que obtuvo el Partido en el estado en las últimas elecciones a Diputaciones Federales. c) La Comisión Permanente Nacional podrá hacer hasta tres propuestas por circunscripción. En cada circunscripción no podrá haber más de dos propuestas de un mismo género. Artículo 92 inciso 3 Procede la designación de candidatos, una vez concluido el proceso de votación por militantes o abierto, en los siguientes supuestos: a) Para cumplir reglas de equidad de género u otras acciones afirmativas contempladas en la legislación correspondiente;

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Artículo 38 Las listas nacional y regionales de candidatos a cargos de elección popular que por el principio de representación proporcional presente el Partido para su registro en las elecciones federales, en ningún caso incluirán una proporción mayor del 50% de militantes de un mismo sexo. Igual fórmula se aplicará para las listas estatales de candidatos a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional en el caso de procesos electorales estatales, en los términos de la ley reglamentaria aplicable.

Artículo 280 Las candidaturas a regidurías y sindicaturas de los ayuntamientos se elegirán tomando en consideración las características de las leyes locales de la materia y el Reglamento General de Elecciones y Consultas. En las candidaturas de representación proporcional se observará en las listas de integración la paridad de género.

Artículo 168 Las listas nacional y regionales de candidatos a cargos de elección popular, tanto de propietarios como para suplentes, que por el principio de representación proporcional el Partido presente para su registro en las elecciones federales, en ningún caso incluirán una proporción mayor del 50% de militantes de un mismo sexo. Igual fórmula se aplicará para las listas de candidatos a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional en el caso de procesos electorales estatales. En ambos casos, se considerarán las propuestas que hagan los Sectores y Organizaciones nacionales del Partido.

Fuente: elaboración propia con base en información de Documentos Básicos, Estatutos de Partido, del Partido

Acción Nacional. Disponible en: <http://www.pan.org.mx/documentos-basicos/estatutos/>; Documentos Básicos, Estatutos de Partido, del Partido Revolucionario Institucional. Disponible en: <http://pri.org.mx/TransformandoaMexico/Documentos/Estatutos2013.pdf>; Documentos Básicos, Estatutos de Partido, del Partido de la Revolución Democrática. Disponible en: <http://www.prd.org.mx/documentos/estatuto_2014.pdf>.

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La construcción del otro y el discurso de la pobreza Narrativas y experiencias desde la periferia de la ciudad de México The Construction of the Other and the Discourse of Poverty Narratives and Experiences from the Periphery of the Mexico City María Cristina Bayón∗ Recibido el 2 de octubre de 2014 Aceptado el 17 de octubre de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

Junto a las bases materiales de la pobreza, es necesario comprender las dimensiones simbólicas y relacionales que contribuyen a crear, mantener y reproducir la privación. A partir del trabajo etnográfico realizado en un área de alta concentración de pobreza en la periferia de la Ciudad de México, el artículo se orienta a desmantelar los mitos, estereotipos y estigmas sobre los pobres y sus lugares que sustenta el discurso público de la pobreza. Desde una perspectiva sociológica, se indaga de qué manera quienes pertenecen a los sectores más desfavorecidos conviven, resisten y se adaptan a un discurso dominante que los denigra y estigmatiza, cotidiana y sistemáticamente. Se exploran los procesos y mecanismos sociales a través de los cuales los pobres son construidos como los

Besides the material sources of poverty, it is necessary to understand the symbolic and relational dimensions that contribute to create, maintain, and reproduce deprivation. Based on the ethnographic work carried out in an area of high concentration of poverty in Mexico City’s suburbs, this article aims at dismantling the myths, stereotypes and stigmas of the poor and their locations uttered by the official discourse on poverty. This work examines from a sociological perspective how the most disadvantaged segments coexist, resist and adapt to a dominant discourse that stigmatizes them in a daily and systematic way. The processes and social mechanisms through which the poor are constructed as the others (the otherness) are explored, as well as their implications for the experience of pov-

∗

Doctora en Sociología por la Universidad de Texas, Austin. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, (México). Sus líneas de investigación son: sociología de la pobreza y la desigualdad; segregación espacial urbana; políticas sociales y ciudadanía. Entre sus publicaciones recientes destacan: “Hacia una sociología de la pobreza: la relevancia de las dimensiones culturales” (2013); “The Cultural Dimensions of Urban Fragmentation: Segregation, Sociability and Inequality in Mexico City” (en coautoría con Gonzalo Saraví) (2013); “El lugar de los pobres: espacio, representaciones sociales y estigmas en la ciudad de México” (2012). Correo electrónico: cristina.bayon@sociales.unam.mx

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otros, y sus implicaciones para la experiencia de la pobreza, las políticas sociales y la convivencia social. Se examina cómo el discurso dominante de la pobreza, que culpabiliza y demoniza a los pobres por su situación, contribuye a legitimar, consolidar y reproducir las distancias sociales, oscureciendo la naturaleza política y económica de la desigualdad, en un contexto en el que esta última es ampliamente tolerada socialmente.

erty, social policies and social coexistence. It is also examined how the dominant discourse on poverty, which blames and demonizes the poor, contributes to legitimize, consolidate and reproduce social distances, thus hiding the political and economic nature of inequality, in a context were the latter is basically tolerated.

Palabras clave: pobreza; discurso; otredad; estigma; desigualdad; México.

Keywords: poverty; discourse; the otherness; stigma; inequality; Mexico.

Introducción El concepto de pobreza emerge en contextos socioeconómicos, históricos y culturales particulares que molden la experiencia, las representaciones y los discursos públicos sobre la privación. Involucra no sólo a los pobres, sino a los diversos grupos sociales (privilegiados y desfavorecidos) y sus relaciones, así como a las políticas e instituciones que surgen en relación con ésta. La distribución de recursos y oportunidades, la desigualdad, la riqueza y el privilegio son componentes inescindibles de una explicación sociológica del problema. En el escenario contemporáneo, el discurso público de la pobreza emergente del fundamentalismo de mercado, forma parte de una poderosa narrativa que equipara al Estado de bienestar y la protección social, con la decadencia moral y al imperio del mercado, con lo justo y adecuado. Se trata de un discurso fuertemente normativo, basado en ciertos supuestos teóricos –con pretensiones de universalidad- sobre el comportamiento (racional) de los actores (pobres), evidencias anecdóticas e interpretaciones ad hoc, aunque carentes de evidencias empíricas sistemáticas y confiables (Van Oorschot, 2006; Harkness, Gregg y MacMillan, 2012). La culpabilización y criminalización de la pobreza ha ido a la par de procesos de densificación espacial de las desventajas en ciertas áreas de las ciudades y de una fuerte estigmatización de las periferias más desfavorecidas y sus residentes. En este contexto, no es suficiente describir las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos y medir sus carencias; necesitamos comprender los modos particulares en que estas condiciones son problematizadas, lo que nos remite a las dimensiones culturales del problema. Estas dimensiones se relacionan con los diversos significados que personas y grupos construyen para interpretar sus experiencias de vida o crear fronteras

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simbólicas o morales entre categorías de personas o cosas, mediante las cuales se atribuye identidades a “otros” y a sí mismos. Tradicionalmente, en los estudios sobre la pobreza ha predominado una visión parsoniana de la cultura, entendida como un conjunto unitario y coherente de normas y valores o patrones de comportamiento imputables a un grupo social particular, y por tanto, propensa a ignorar las diferencias intragrupales. Esta visión inspiró y popularizó el concepto de “cultura de la pobreza” acuñado por Oscar Lewis en 1970, que, más allá de la intencionalidad original de su creador (Harvey y Reed, 1996), alimentó estereotipos y estigmas sobre “los pobres” y “su” cultura que se extendieron en el sentido común, sustentando el diseño de numerosas políticas sociales y no pocos trabajos académicos.1 Las tesis sobre la “cultura de la pobreza” fueron absorbidas por el pensamiento conservador y se constituyeron en una herramienta para “culpar a la víctima” y atribuir a los pobres una “cultura de la desviación” (O’ Connor, 2001). Recientemente, diversas investigaciones sociológicas han contribuido a un resurgimiento de las dimensiones culturales en la agenda de investigación sobre la pobreza, brindando un panorama más sutil, heterogéneo y complejo sobre cómo los factores culturales moldean y son moldeados por la pobreza y la desigualdad (Harding, 2007; Lamont y Small, 2008; Reutter, Stewart, Veenstra, Love, Raphael, Makwarimba, 2009; Small, Harding, Lamont, 2010; Young, 2010). En lugar de “tener” una cultura, los individuos existen en el contexto de, responden a, usan y crean símbolos culturales, a través de los cuales dan sentido a sus vidas. Además de facilitar la comprensión de los significados que adquiere la pobreza en diversas dimensiones y espacios, el esfuerzo de articulación entre los niveles micro (relaciones entre significados, experiencias y toma de decisiones entre los pobres) y macro (supuestos culturales de políticas e instituciones), permite indagar en qué medida y de qué manera estos significados contribuyen a la reproducción de la desigualdad. Es preciso entonces, desnormalizar y desmoralizar la pobreza y el discurso en torno a ésta; transformarla en objeto de reflexión sociológica.2 Puesto que las fronteras sociales son a la vez culturales y morales, el análisis de las dimensiones materiales de la pobreza difícil1

Como resultado de sus investigaciones en México y Puerto Rico, Lewis desarrolló el concepto de cultura de la pobreza, según el cual, las poblaciones marginadas desarrollan patrones de comportamiento particulares para enfrentar su situación (bajas aspiraciones, apatía política, indefensión, provincialismo y distanciamiento de los valores de la clase media, etcétera). Desde esta perspectiva, los pobres se orientan hacia el presente y la gratificación instantánea, prefieren la felicidad al trabajo, valoran más las redes familiares que las consideraciones morales sobre lo correcto e incorrecto, tienen relaciones sexuales con múltiples parejas durante el curso de vida, etcétera. Esta “cultura”, o más bien “subcultura” tiende a perpetuarse, más allá del cambio en las condiciones estructurales, e impide a los pobres escapar de su situación de desventaja (Lewis, 1970). 2   Como ya lo señalara Simmel ([1908] 1986), hace más de un siglo lo sociológicamente pertinente no es la pobreza como tal, sino la relación de interdependencia entre la población que se designa como pobre y la sociedad de la que forma parte.

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mente puede ignorar las dimensiones simbólicas y relacionales que contribuyen a crearla, mantenerla y reproducirla. A partir del trabajo etnográfico realizado en un área de concentración de pobreza en la periferia de la ciudad de México, el análisis que aquí presento se orienta a desmantelar los mitos, estigmas y estereotipos sobre los pobres y sus lugares que subyacen en el discurso público de la pobreza. Mediante entrevistas en profundidad con sus residentes, se exploraron sus trayectorias biográficas, percepciones y experiencias en torno al lugar de residencia, la ciudad, la pobreza y la desigualdad.3 El objetivo de este artículo es comprender, desde las narrativas y experiencias de los propios pobres, cómo éstos conviven, responden, resisten y se adaptan a un discurso dominante que los estigmatiza y denigra, cotidiana y sistemáticamente. Se indagan los procesos y mecanismos sociales a través de los cuales los pobres son construidos como los otros y sus implicaciones para la experiencia de la pobreza y la convivencia social. Se destaca que las representaciones dominantes sobre la privación contribuyen a legitimar, consolidar y reproducir las distancias sociales, obscureciendo la naturaleza política y económica de la desigualdad y la alta precariedad que caracteriza la inserción laboral de los sectores más desfavorecidos. No se trata sólo de entender qué tan extendida está la pobreza, sino qué tan tolerada socialmente es la desigualdad. Como señala Castel (1997), cuando los umbrales de tolerancia de una sociedad a la invalidación social son muy altos –como es el caso de México- la pertenencia a un mismo conjunto social está en duda.

Construyendo al otro: estigmatización, pobreza y desigualdad en la ciudad Los cambios sociales y económicos experimentados durante los últimos treinta años han hecho del espacio urbano un contexto cada vez más hostil para los grupos más desfavorecidos. Junto a su carácter más excluyente, la pobreza se institucionalizó en servicios de muy baja calidad -escuelas, hospitales, transporte público, infraestructura urbana, vivienda, centros de cuidado infantil destinados sólo a los pobres-. Paralelamente, las brechas sociales 3

Realicé el trabajo de campo en Chimalhuacán, municipio ubicado en el oriente de la ciudad de México que conforma una amplia periferia que concentra la población más desfavorecida del área metropolitana. La localidad estudiada pertenece al Estado de México, se ubica a 30 km del centro del Distrito Federal y es una de las que presenta mayores niveles de rezago social y concentración de desventajas del área metropolitana. Ha experimentado un rápido crecimiento poblacional en los últimos años (especialmente durante la década de los noventa): en sólo tres décadas su población se multiplicó por diez. Más de 60% de sus 620,000 habitantes viven en condiciones de pobreza (coneval, 2010). El principal factor de atracción poblacional ha sido la disponibilidad de terrenos baratos, situados en asentamientos informa­les donde predomina la autoconstrucción de vivienda en suelos salitrosos, de escasa permeabilidad y susceptibles de inundaciones. Se realizaron 36 entrevistas, 31 con residentes y 5 con actores locales (funcionarios municipales, directores de escuelas y centros comunitarios). El trabajo de campo se realizó durante 8 meses en el transcurso del 2008.

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se transformaron en abismos y los sectores privilegiados se recluyeron en sus burbujas de privilegio (áreas residenciales, escuelas, universidades, hospitales y centros comerciales), diseñados sólo para ellos. Si bien en el área metropolitana de la ciudad de México, con una población cercana a los 20 millones de personas, las marcadas desigualdades socioeconómicas entre clases son un fenómeno persistente y de larga data, las brechas sociales se han agudizado y se han hecho cada vez más evidentes, dando lugar a nuevos patrones de urbanización que se expresan en una ciudad de profundos contrastes. Junto a la gentrificación de las zonas centrales y a la emergencia de nuevas áreas residenciales de alta exclusividad, centros comerciales, restaurantes y tiendas de lujo, se produjo un proceso de expansión de la periferia urbana. Las áreas de concentración de pobreza crecieron y se densificaron, mientras que los grandes complejos de vivienda social, ahora a cargo de desarrolladores privados, se localizaron en áreas cada vez más alejadas (Bayón y Saraví, 2013). Al mismo tiempo, otros procesos, menos visibles, contribuyeron a la fragmentación urbana. La interacción social entre las clases privilegiadas y los sectores populares se hizo cada vez más inusual, débil y controlada, evitando –e incluso negando- el encuentro con el otro en los espacios públicos. Se trata de una sociabilidad urbana dominada por la desconfianza, la estigmatización y el miedo, por un uso y significación diferenciados del espacio urbano y por un creciente encierro de los sectores privilegiados paralelo al aislamiento de los más pobres (Ibíd., 2013). Como señala Harvey (2006), la separación entre las clases sociales existe tanto en entornos espaciales como en segregaciones verticales; todo modelo espacial lleva anclado un orden moral; las calles, los vecindarios y las viviendas están cargados de significado social. Según la encuesta “Lo que dicen los pobres”,4 seis de cada diez entrevistados considera que en el país hay mexicanos de primera y de segunda, ocho de cada diez se considera tratado como ciudadano de segunda, y nueve de cada diez afirma que en este país se discrimina a los pobres, entre otros motivos, por la falta de dinero, educación y por su forma de vestir; seis de cada diez han sentido personalmente vulnerados sus derechos por su situación económica, su nivel educativo y el barrio en el que vive. Más de la mitad de los entrevistados considera que en el país el que nace pobre, muere pobre, lo que revela que la discriminación y el estigma van acompañados de escasas expectativas de mejoramiento a futuro (Bayón, 2009). Entre la población general, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México realizada en 2005 revela que uno de cada tres entrevistados considera que “los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente”; dos de cada tres sienten desconfianza cuando una persona de aspecto pobre se acerca a ellos y para la mitad de los entrevistados el rechazo es la reacción más común si alguien de aspecto pobre se acerca. Estas actitudes y percepciones son pinceladas que nos permiten tener una primera aproximación sobre cómo la 4

Realizada en 2003 por la Secretaría de Desarrollo Social a la población en condición de pobreza a nivel nacional.

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sociedad mexicana se relaciona con la pobreza y sus pobres, a la vez que contribuyen a contextualizar las representaciones que aquí se exploran. Las percepciones públicas de la pobreza tienen un papel clave en la legitimación de la desigualdad y en la delimitación de las fronteras de la intervención del Estado en la provisión de bienestar, en general, y de las políticas destinadas a los pobres, en particular. La estigmatización de los pobres es más evidente en contextos donde predomina una visión de la pobreza atribuida a causas individuales, generadora de un discurso moralizador. Desde esta visión, los pobres son considerados “culpables” de su propia situación, de no hacer lo “necesario” por y para sí mismos, producto de una “cultura de la pobreza” y de situaciones anómicas que se transmiten intergeneracionalmente. La explicación por la “pereza” –“si no trabaja es porque no quiere, porque es un flojo”- remite a una idea moral basada en el deber y en la ética del trabajo. Los pobres son acusados de no hacer lo suficiente por ellos mismos, y el gobierno, por tanto, no tiene la obligación de ocuparse de ellos. En contraste, una explicación que enfatiza la dimensión social o las causas estructurales de la pobreza, remite a una idea más global de la sociedad, destacando la posición desfavorable de los pobres en la estructura social, por lo que los poderes públicos tienen el deber de ayudarlos para lograr una mayor justicia social (Van Oorschot y Halman, 2000; Paugam, 2007; Reidpath, Chan, Gifford, Allotey, 2005). Quienes padecen privaciones suelen estar excluidos tanto de la discusión como del diseño de las políticas orientadas a “combatir” la pobreza. Los pobres pueden ser considerados desviados y peligrosos, apáticos y pasivos, o visualizados como luchadores heroicos que enfrentan cotidianamente carencias y privaciones; en todos los casos somos nosotros lo que deberíamos hacer algo por ellos. Sean como víctimas o villanos, los pobres tienden a ser construidos como el otro, responsables de su situación u objetos pasivos generadores de “preocupación” y carentes de agencia; son quienes deben ser ayudados o castigados, ignorados o estudiados, pero raramente tratados como ciudadanos iguales y con derechos. Se trata de una estrategia de exclusión simbólica y moral que contribuye a culpar al otro de sus propios problemas y de los problemas de la sociedad, a la par que legitima nuestros privilegios y las desigualdades económicas que subyacen a la pobreza (Beresford y Croft, 1995; Pickering, 2001; Lister, 2004). La construcción del pobre como el otro, así como la estigmatización de que es objeto, es relacional y dependiente del contexto. En efecto, el estigma, como señala Goffman (1970) supone una identidad social devaluada en un contexto social particular; el sujeto estigmatizado lo es a los ojos de otros. Es una construcción social y una representación colectiva que involucra el etiquetamiento, los estereotipos negativos y límites simbólicos entre nosotros y ellos, la pérdida de estatus y la discriminación, en el marco de una relación de poder (Link y Phelan, 2001). Es precisamente el acceso a recursos de poder (social, económico y político) lo que permite que la desaprobación, el rechazo, la exclusión y la discriminación de 362 ⎥ María Cristina Bayón

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los sujetos estigmatizados se lleven a cabo, limitando su acceso a diversas oportunidades. Así, el estigma que pesa sobre los pobres y sus lugares está indisolublemente ligado a la desigualdad y contribuye a la aceptación y legitimación de la misma, con efectos fuertemente negativos sobre los sujetos estigmatizados. Como señala Sayer (2005), mientras que el estigma moral de clase afecta precisamente a los grupos más débiles, el privilegio moral se relaciona con las clases acomodadas. Uno de Polanco,5 simplemente de entrada va a decir: puros rateros o mal vivientes o lo que tú quieras. [Pensaría eso] por las formas de... que no tienen sus casas igual, nadie, no tienen limpio aquí, digamos, todavía hay basureros o... las calles mal (…) pensaría que somos rateros… pues sí, la forma de vestir o de caminar, ya sabes, que el rico siempre está más pulido, más vestido y todo eso... o sea que hay muchas cosas que cambian entre un rico y un pobre (Javier, 52 años, entrevista 10). [En las colonias de más dinero] yo creo que tienen la peor imagen (…) Porque pues que dicen, ahí vive la peor gente, ahí vive la gente que no tiene dinero, de bajos recursos, no tienen posibilidades de salir adelante. O sea, hay mucha diferencia entre allá y acá. (…) como yo vivo aquí, yo la veo de otra forma, ¿verdad? Yo digo que mi colonia pues es este... pues está bien, tiene todos los servicios, para mí no hay tanto... como ellos dicen, tanto ratero aquí. O sea, yo veo mucho mejor la colonia que ellos (Ana, 45 años, entrevista 19).

Fronteras morales y límites simbólicos en espacios de concentración de desventajas En un contexto en el que predominan los estereotipos negativos, no sorprende que pocos estén dispuestos a reconocerse como pobres. A diferencia de la definición de Townsend (1979), según la cual los pobres son quienes carecen de los recursos necesarios para lograr una participación plena en una sociedad particular, en las narrativas aquí analizadas, los pobres son quienes “no tienen nada”. La pobreza remite a la indigencia, al abandono y al aislamiento, a carencias absolutas y extremas (de alimento, vestido, calzado, vivienda, etcétera), lo que permite, a quienes padecen múltiples privaciones, distanciarse del pobre, ubicarlo en un estatus más bajo que el propio; el pobre es el otro, vive en otro lugar (otra colonia, otra calle, la parte alta o la parte baja del municipio; en suma, carece de lo que yo tengo. Lo anterior, es congruente con otras investigaciones sobre el tema, cuyos hallazgos cuestionan la existencia de una identidad homogénea de los pobres, como sostiene la cultura 5

Una de las áreas en la zona poniente de la ciudad donde residen los grupos privilegiados ubicada en la delegación Miguel Hidalgo.

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de la pobreza (Newman, 1999; Márquez, 2003; Moctezuma, 2012). A fin de distanciarse de quienes se encuentran en situaciones similares de desventaja se construyen límites morales, resaltando como propias ciertas virtudes de las que los otros carecen. Este distanciamiento, ciertamente, está atravesado por ambigüedades y contradicciones. Pus… pobreza es no tener que llevarse de comer a la boca, cómo vestirse, ni cómo calzarse, o sea... bueno... ni tener casa, tener nomás algo provisional, eso es lo que siento que es la gente más, la gente más pobre. (…) De este lado, en esta colonia… no hay mucha pobreza, tengo entendido que por allá arriba sí… o sea, exactamente no sé por dónde, pero sí dicen que es más... En la parte alta sí hay más pobreza, pero aquí yo siento que no son ricos, tampoco tan... estables, son... ¿cómo dicen? media baja, algo así, ¿no? (Virginia, 40 años, entrevista 3). Es como yo le dije ese día a mi hijo, cuando me dijo: “mamá, no me trajeron nada los Reyes Magos”. Hijo, dale gracias a Dios que tienes un techo donde vivir, tienes a tus papás juntos... debes echarle ganas. Cuántos niños no tienen ni qué comer, ni un techo, no tienen donde vivir. O sea, sufren de todo, carecen de todo, no tienen a su mamá... andan en las calles, no tienen que comer. Yo digo que la pobreza es eso. (...) Vaya allá arriba, y hay harto niño bien pobrecito, sus casitas de cartón, los niños descalzos... no tienen de comer. Entonces, por allá arriba sí hay. Sí, pues también pertenece aquí, a Chimalhuacán... por allá, en las partes de allá abajo también hay. No, pero pus aquí no. Yo aquí veo a muchos niños que sí tienen... o sea, sí tienen siquiera zapatos, tienen ropa (Lupita, 41 años, entrevista 5). Una persona que tú digas que es pobre, es porque realmente no tienen para comer… digamos… ahora sí que una... una gente que no pueda hacer nada. Esa sí que es una persona pobre, porque no puede a lo mejor salir adelante, tiene niños y... pues ya no, no puede hacer nada realmente (Pedro, 25 años, entrevista 7).

Paradójicamente, los residentes de estas periferias desfavorecidas no sólo son conscientes del estigma que pesa sobre ellos, sino que suelen compartir las representaciones colectivas de la pobreza en las que dicho estigma se sustenta. Los relatos no sólo incorporan el reconocimiento de la devaluación de que son objeto a la vista de los otros y de su vulnerabilidad a la discriminación (Crocker y Linden, 1998), sino que involucran los estereotipos negativos y el desprecio hacia los (otros) pobres. La criminalización simbólica de los grupos más desfavorecidos es un proceso social dominante y tan difundido que hasta las propias víctimas de los estereotipos acaban por reproducirlos, aunque de manera ambigua (Caldeira, 2007). Así, los prejuicios y estereotipos de las clases medias y altas respecto a los pobres son internalizados por los mismos pobres: la pobreza es una cuestión de actitud, de falta de voluntad. El pobre es el tramposo, el que no se esfuerza, 364 ⎥ María Cristina Bayón

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el que “no le echa suficientes ganas”, el otro. Así, los componentes estructurales de la pobreza y la desigualdad se diluyen y ambas se legitiman, enmascaradas por el efecto de naturalización (Bourdieu, 1999). En Chimalhuacán no, no tanto... no, este... no, pobres no. O sea, si hay gente que... es muy humilde, muy... pero pobre no, yo digo que no hay mucha... Si hay... hay poca pobreza. Depende, es como yo le digo, depende de cómo uno quiera vivir, porque como le vuelvo a decir, vea a los niños que están... que en el metro andan descalzos y todo, ¿qué tal si pueden llegar a su casa, y ahí viven bien? O sea, ¿uno cómo se da cuenta de la pobreza, cómo sabe uno que ellos son pobres? ¿Qué tal si al rato si están ellos mismos engañando a uno? (Graciela, 28 años, entrevista 8). Pues yo siento que la (causa de la) pobreza es mucho lo que es la dejadez de la persona. Mucho, mucho la dejadez (…) una cosa es ser pobre y otra cosa es ser sucio. Entonces… o sea, tú puedes ver a las personas que se dicen pobres, o sea que… que ves una pobreza así de casa de cartón y todo eso, o puedes ver a las personas, sucias, su casa sucia, el niño sucio, encuerado, sin peinar, yo siento que eso… esa actitud de las personas… de dejadez, dejadez que eso es lo que hace que la persona sea pobre. (…) Entonces, un gran defecto de aquí es la dejadez de la gente, de la gente, la… que pues digan, ay, pus ya así, ¿no? que no tengan ese hábito de progresar (Carlos, 24 años, entrevista 30).

El establecimiento de fronteras respecto a ellos, los pobres, a la par que permite distanciarse del estigma, contribuye a legitimar la desigualdad, culpabilizando a los propios individuos de su situación. El trabajo, el modo de vestirse, la higiene personal, la limpieza, el aspecto exterior de la vivienda e incluso el modo de adquirirla, son marcadores que operan como límites simbólicos entre los pobres y los que no lo son tanto. Así, se construyen tipologías de pobres: los pobres de afecto y los pobres de dinero, pobres buenos y pobres malos; los que trabajan y los que mendigan. O sea, eso sí se ve, creo que eso sí se ve, la diferencia de una persona que sea muy muy humilde, a una persona que no lo sea tanto (…) Creo que no debería tener relación una cosa con otra. La limpieza con la pobreza…Pero sí, por ejemplo, me he dado cuenta que personas que tienen menos, como que hasta les da más flojera el quehacer, porque “¡ay, mi casa está bien feíta!” o que “mi patio mejor ni lo barro, porque no tengo piso, entonces ahí que se quede la basura” (...) También hay excepciones. Hay gente que… tiene… que está muy pobre, muy humilde, y a nuestra casa tratamos de arreglarla un poquito… o en la ropa, que nos guste andar un poquito más limpios, cosas de ese tipo. Yo creo que ahí se ve más la diferencia (Marcela, 37 años, entrevista 26). La construcción del otro y el discurso de la

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Hay veces que si son pobres de dinero es porque a la gente no le gusta trabajar, porque no le gusta buscar trabajo... salen a la calle rogándole a Dios no encontrar, ¿se puede decir así? (…) hay otros pobres, digamos, los niños pobres, porque les faltó amor de la familia, porque les faltó atención o… mucho anciano solo, quien no tiene quién lo vea, se me hace pobre de amor, pobre de afecto. Pero en cuestión de dinero, depende también de la gente, la gente floja se queja de que no tiene dinero, pero tampoco buscan qué hacer, o que... digamos en el metro, pidiendo limosna, señoras jóvenes pidiendo dinero con su niño, cuando hay veces que hay aunque sea de lavaplatos, aunque sea barriendo las casas, no sé, pero el chiste es sacar el dinero para darle de comer a los hijos, que es lo principal. (…) Y esas personas en lugar de causarme dolor, me causan, la verdad, a mí me causan vergüenza, para mí es una vergüenza estar pidiendo (…) que este... que los mandan (a los hijos) a hacer todo eso, pedir dinero, o... hasta robar, obtener dinero de cualquier manera. Creo que eso sí es una vergüenza (Marina, 35 años, entrevista 4).

La vergüenza que siente Marina por quienes llama “pobres de dinero” –a los que considera “gente floja que no les gusta trabajar”- es una emoción socialmente construida que constituye un componente central de la experiencia de la pobreza en contextos socioeconómicos y culturales diversos, particularmente donde predomina una visión individual de la misma (Walker, Bantebya Kyomuhendo, Chase, Choudhry, Gubrium, Jo Yongmie, Lødemel, Leemamol, Mwiine, Pellissery y Ming, 2013). Estrechamente ligada a la experiencia de clase, la vergüenza resulta clave para el ejercicio de la dominación simbólica, puesto que, como señala Sayer (2005) produce conformidad y orden social. Es el resultado de la internalización de expectativas, normas e ideales sociales, que al constituirse en aspiraciones individuales, operan como mecanismos de autodisciplina y autocastigo. Expresa el fracaso de un individuo o grupo para vivir de acuerdo a los modos valorados por otros; es una respuesta al desprecio, la burla o el rechazo de otros reales o imaginados, en especial de aquellos cuyos valores y modos de vida son respetados y admirados. Nos remite a la dimensión subjetiva de la exclusión social, la cual se expresa en insatisfacción y malestar frente a situaciones en las que no se puede realizar aquello que se desea y aspira (Estivil, 2003). Pues aquí no hay mucha pobreza, porque a pesar de todo... los pocos trabajos que hay por aquí te dan para vivir. Muchos básicos. Muchos buenos, muchos no. Yo siento que la misma pobreza se va viendo conforme a las personas de que no quieren trabajar. (…) Es lo que te digo, trabajos hay. Trabajos pa’todo, de albañilería, con el bicitaxi, en los colados, de barrendero, si quieres quedarte a lavar los trastes o lo que tú quieras, te dan trabajo. De una u otra forma puedes generar dinero (Martín, 28 años, entrevista 14).

El trabajo es concebido de manera instrumental, como cualquier actividad generadora de ingresos, como una fuente de sobrevivencia que no se asocia con una vida digna ni con la 366 ⎥ María Cristina Bayón

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protección social característica de la sociedad salarial. La explicación de la pobreza por la pereza, choca con una realidad ampliamente extendida, la del trabajador pobre, que aunque “le eche muchas ganas”, no deja de sufrir privaciones. En otros términos, el pobre no es tal por no trabajar lo suficiente, sino precisamente porque trabaja durante largas jornadas en empleos inestables y condiciones inseguras, con escasas oportunidades de mejoramiento y a cambio de muy bajos salarios. Esta realidad pareciera ser “ignorada” por los programas de “combate” a la pobreza aplicados durante los últimos veinte años, que “suponen” que los pobres no están incorporados al mercado de trabajo, opacando las condiciones estructurales de funcionamiento del mismo, que, lejos de permitir escapar de la pobreza es uno de los principales factores que contribuyen a perpetuarla. Aunque poco extendida, la atribución de la pobreza a causas estructurales no está ausente entre los entrevistados. Entre los principales factores estructurales destaca, precisamente, el escaso potencial integrador del empleo para los trabajadores más desfavorecidos; la precariedad del trabajo, los bajos salarios y las escasas oportunidades de mejoramiento son los aspectos más relevantes en esta explicación de la pobreza. Yo creo que la principal causa de la pobreza es el desempleo, y los que tienen empleo están muy mal pagados, esa es la principal causa, que los sueldos están muy bajos. Por eso es que... cada quien agarra sus negocios por su propia cuenta... negocios propios, prefieren agarrar, este... trabajar en su casa, o ser albañiles... como mi esposo con la tablaroca, que irse a una empresa, porque están muy bajos, es el mínimo, el mínimo, es... empiezan con el mínimo. Y... dos, tres años y no hay aumento, cuatro o cinco años y no hay aumento, se desesperan y se salen del trabajo, y prefieren buscarle por su propio... aunque sea chicles a vender o al tianguis, pero... prefieren. Esa es mi opinión (Silvia, 38 años, entrevista 9). [Hay pobreza] porque la gente se ha dedicado a explotar al mismo ser humano. (…)Porque el cuate que tiene dinero siempre quiere tener más, o sea, no se conforma con un... con lo que ya tiene, sino que quiere más y quiere más y quiere más. Entonces, está explotando a las demás personas, las está explotando, nunca ganan más ellos, él si tiene más, y tiene más y tiene más, y el que trabaja, el que hace el trabajo, ese pues se le deteriora su vida en ese trabajo y nunca tiene nada similar al que nada más explota (Santiago, 33 años, entrevista 11).

La demonización de las periferias pobres: estigmas territoriales y aislamiento social Las representaciones de los sectores más desfavorecidos son casi siempre espacializadas y su valoración negativa suele traducirse en una patologización de sus espacios (barrios, escuelas, calles, etcétera). Los estigmas territoriales constituyen un elemento fundamental de La construcción del otro y el discurso de la

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la experiencia subjetiva de quienes residen en estos lugares, evidenciando la conjunción de desventajas asociadas al espacio social y al espacio físico. Así, la descalificación espacial emerge como la expresión territorializada de la descalificación social, ya que a los estigmas tradicionalmente adjudicados a la pobreza se superponen los estigmas territoriales (Wacquant, 2001; Paugam, 2007). Estos estigmas son construidos mediática y políticamente por medio de “imágenes de lugar”, que asocian “tipos de lugares” habitados por “tipos de gente”, criminalizados y demonizados como la encarnación de todos los males y peligros sociales (Reay, 2004; Silbey, 1995; Watt, 2006). El modo en el que el problema de la pobreza es enmarcado afecta no sólo el modo en que la historia es contada, sino cómo el problema es percibido. En su análisis sobre cómo la televisión norteamericana contribuye a crear y consolidar estereotipos negativos sobre la pobreza y los beneficiarios de programas sociales, Bullock, Fraser y Williams (2001) destacan que la privación es presentada mediáticamente de dos modos básicos: como un conjunto de comportamientos que amenazan el bienestar y la seguridad de la comunidad (relacionados con delitos, drogas y pandillas) o como los sufrimientos, padecimientos y carencias de los pobres. La imagen de los receptores de programas sociales responde a estereotipos clasistas, sexistas y racistas, que tiende a culpabilizar a los pobres por su situación, y las referencias a dimensiones estructurales (mercado de trabajo, desigualdad, provisión de servicios, etcétera) son casi inexistentes; el eje no suele ser la eliminación de la pobreza ni sus causas, sino la dependencia de los programas sociales. En su análisis sobre un conjunto habitacional de interés social en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, Kessler (2012) señala que si bien la estigmatización mediática no crea las desventajas del lugar, agrava los procesos de deterioro de las condiciones de vida y obstaculiza la acción colectiva para obtener mejoras. A su vez, dicha estigmatización refuerza internamente prejuicios preexistentes hacia otros subgrupos -permeados por el racismo y la xenofobia hacia los residentes de países limítrofes- lo cual, si bien constituye una estrategia para distanciarse de los estereotipos negativos, debilita las redes comunitarias a nivel local (Ibíd., 2012). En nuestra localidad de estudio, el análisis de la construcción mediática de imágenes de lugar y estigmas territoriales, se realizó a través de la revisión de las notas aparecidas sobre Chimalhuacán en dos periódicos de cobertura nacional entre 1999 y 2011, período en el que se contabilizaron 265 notas (166 en El Universal y 99 en La Jornada). Se encontró que casi la mitad de los artículos (47.5%) hacían referencia a carencias, deficiencias o rezagos en la provisión de servicios e infraestructura urbana (provisión de agua, recolección de basura, drenaje, inundaciones y transporte); 24% se referían a problemas de inseguridad y violencia (feminicidios, violencia intrafamiliar, pandillas y corrupción policial) y 19% a conflictos entre grupos caciquiles y prácticas clientelares (denuncias de fraude electoral, enfrentamientos armados, fraccionamientos irregulares, disputas por la provisión de 368 ⎥ María Cristina Bayón

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servicios). En varios de estos artículos, las propias autoridades municipales (y en ocasiones los mismos periodistas) se refieren a Chimalhuacán como el municipio urbano más marginado del país (a pesar de que estas afirmaciones no se sostienen en las evidencias empíricas disponibles, tales como los diversos índices de marginación y niveles de pobreza), enfatizando los rezagos, el caos urbano, la descomposición social, y la violencia. Es decir, los políticos locales -con frecuencia los propios presidentes municipales- contribuyen a construir, difundir y consolidar estereotipos negativos sobre el lugar. Dicha estrategia, básicamente orientada a obtener fondos públicos adicionales para el municipio, alimenta y consolida los estigmas y temores sociales. Aunque la concentración espacial de desventajas, ciertamente, no es un “invento” de la prensa o de los caciques locales, el tratamiento que se hace de éstas, y la asociación de la pobreza con “todos” y los “peores” males sociales, hacen del lugar una zona prohibida, un área a evitar, o en términos de Bauman (2009) un espacio vacío en el mapa mental de los sectores medios y altos, e incluso de los residentes de colonias populares cercanas. Así, los estigmas agudizan el temor de los de afuera hacia el lugar, denigra a sus habitantes y profundizan su aislamiento. Violencia, drogadicción, narcomenudeo, desintegración familiar y marginación social, son los jinetes del apocalipsis de Chimalhuacán. (…) En el municipio se concentran todos los males de la pobreza: desempleo, inseguridad, analfabetismo, violencia extrema y problemas de salud.6

Estas representaciones sobre los modos de vida de los sectores más desfavorecidos y los lugares donde viven con frecuencia oscurecen o ignoran las causas de sus desventajas. Las características “culturales” de los sectores pobres tienden a ser causalmente fusionadas con las características económicas de la pobreza (Haylett, 2003). La escasa o nula referencia a los determinantes estructurales de los problemas sociales que se concentran en estas áreas, remiten a un discurso que asocia las privaciones materiales con carencias morales. Los recursos educativos, el empleo y los niveles de ingreso, suelen discutirse junto a -y sin ser distinguidos de- la estructura y dinámica familiar, la crianza de los hijos y las actitudes de los jóvenes hacia la educación, el trabajo y el delito. La estigmatización criminalizante de la pobreza en las áreas periféricas suele recaer en un grupo particularmente demonizado: los jóvenes. Ser joven y residente en los barrios periféricos (en nuestro caso en el oriente de la ciudad de México) se traduce en ser “peligroso”, “violento”, “vago”, “ladrón”, “drogadicto”, “malviviente” y “asesino” en potencia (Reguillo, 2000; Saraví, 2009). “Los jóvenes del oriente” son presentados como una masa homogénea e indiferenciada, cargada de atributos negativos y la “desintegración familiar” como principal “culpable” de sus problemas, sin referencia alguna a constreñimientos estructurales. 6

El Universal, 31/8/2008.

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Cerca de 100 de cada mil estudiantes de niveles primaria y secundaria, que habitan en municipios de gran marginación de la zona oriente, están en riesgo de presentar problemas de alcoholismo, drogadicción y vandalismo, a causa de la desintegración familiar. (...) En centros educativos, ubicados en zonas marginadas de Nezahualcóyotl y Ecatepec, de cada mil alumnos 50 de ellos padecen adicciones como alcoholismo y drogadicción, mientras que en localidades como Chimalhuacán la cifra se triplica (Dirigente del grupo magisterial Nezahualcóyotl-Chimaluacán).7 A cambio de 500 pesos o una porción de droga sintética como las piedras o las grapas, bandas organizadas del Estado de México y Distrito Federal reclutan a jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 14 y 20 años de edad, para robar automóviles que se venden a comercializadoras de autopartes. (...) Los jóvenes, principalmente menores de edad, son resultado de familias desintegradas que ante la falta de oportunidades de estudiar y de trabajo, son presa fácil de la drogadicción y de la criminalidad (El Universal, 26/3/2006). Para los pandilleros de Chimalhuacán y de municipios de la zona oriente del Estado de México quedó atrás asesinar a sus víctimas con una roca sobre la cabeza. Ahora, los ejecutan hasta con armas de alto calibre. (…) En la década de los 90 y aún en los primeros años de este siglo, las pandillas desfiguraban el rostro de sus oponentes con piedras, rocas y tubos hasta que no los reconocieran ni sus familiares, pero desde hace tres años, estiman las autoridades de Chimalhuacán, el municipio urbano más pobre del país, las bandas aniquilan a rivales con armas. (…) En la parte baja de Chimalhuacán ya hay niños de ocho años que se han incorporado a las gangas (El Universal, 4/10/2008).

El exagerado énfasis en la delincuencia y la violencia con que los medios presentan a estos barrios construye una imagen universalmente negativa y estigmatizante que los asocia con todos los “horrores” de la vida urbana, exacerbando los temores de los sectores privilegiados (Gilbert, 2007). El estigma se construye fusionando y confundiendo las condiciones de la vivienda y el lugar con la gente que vive en ellos. Sus habitantes no son sólo visualizados como gente viviendo en condiciones precarias, sino como portadores de defectos personales y carencias morales (Ibíd., 2007). En congruencia con otros estudios, los relatos evidencian la profunda violencia simbólica que se ejerce a través de los estigmas territoriales, puesto que sus residentes tienen un claro conocimiento de los mismos (Lupton, 2003; Deay, 2004, Warr, 2005; Saraví, 2009; Kessler, 2012).

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El Universal, 23/09/2001.

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Pues por lo que dicen en la noticias, han de pensar que la gente de Chimalhuacán es de lo peor, y tantito la apariencia que tiene la colonia, y tantito las noticias que le ponen su toque... se acaba de completar el cuadro (Francisco, 33 años, entrevista 16). [Los de afuera] piensan que Chimalhuacán es un caos. Piensan que es una zona conflictiva, de drogadicción. Lo tienen de lo peor (…) [Donde yo vivo] si les digo “vamos a Chimalhuacán” me dicen: “No, no, las colonias… por allá, donde estás, matan a la gente” (…) “No, mira nomás, no sé por qué estás allá trabajando, si es una zona violenta”. Y no es cierto, la gente es… si uno sabe encontrarle sus situaciones, es gente noble, muy participativa (director de escuela primaria). Pues yo siento que en las colonias de más dinero ellos han de pensar que la gente de Chimalhuacán es de lo peor; que hay mucha delincuencia, que hay mucha drogadicción; que hay mucho vandalismo, precisamente porque es gente de... más bajo nivel (Armando, 47 años, entrevista 13).

La internalización de actitudes y creencias negativas sobre uno mismo, contribuyen a erosionar la autoestima y a debilitar las aspiraciones, operando como una barrera para desarrollar y mantener diversas conexiones sociales fuera del barrio y en una variedad de circunstancias. Paralelamente, los estereotipos negativos acerca del lugar desalientan a quienes no residen allí a visitarlo, o a relacionarse con sus residentes, profundizando la homogeneidad de las redes sociales y el aislamiento de quienes residen en el lugar. Una de las estrategias desarrolladas por los residentes de estos espacios para responder o contrarrestar los procesos de homogeneización y demonización consiste en construir una imbricación de buenos y malos aspectos del lugar (Reay, 2004). Los estigmas generan percepciones contradictorias que oscilan entre las propias percepciones negativas sobre el lugar y la negación de los estereotipos, por considerarlos una representación injusta y desvalorizante. Las narrativas evidencian las dificultades para desafiar estas imágenes de lugar y ubicarse fuera de las representaciones dominantes. Desafortunadamente, por fuera sí se tiene una imagen un poco deteriorada de Chimalhuacán. Y es triste, porque yo vivo aquí (...) Está exagerado ¿por qué? Por los medios de comunicación, por la gente que va y habla otras cosas, por las condiciones de vida que hay, por los caminos, por muchas cosas. Por ejemplo, la situación de los chimecos que atropellaron a (una mamá con su niño)… sí es algo muy delicado, pero generalmente la gente que vivimos aquí, lo exageramos. (…) Son muchas cosas que, cuando tú las vives aquí y de repente lo escuchas afuera, pues dices con la pena, pero sí es cierto (Marta, 26 años, entrevista 31). La imagen que dan los medios…pienso que… pues… que… que mucho es cierto. No es malo, parece que es malo, pero también siento que sí es verdad. O sea, que sí hay mucha carencia aquí, La construcción del otro y el discurso de la

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muchas necesidades, y yo creo que también por eso se da la delincuencia. El pandillerismo (…) no me gusta mucho que se vea así, lo que es Chimalhuacán, pero pues no tenemos otra alternativa (Marcela, 37 años, entrevista 26). Cuando me... cuando estaba en Estados Unidos y compré mi terreno aquí en Chimalhuacán, pasó lo de la Loba. No sé si tú viste que hubo muertos. Y ya todos los que sabían que ya había comprado el terreno, decían: “Híjole! allá compraste tu terreno, no, ese no vale nada, ¡adónde te fuiste a vivir!” Y la realidad es que hay una tranquilidad aquí, no hemos visto que maten a nadie por aquí (…) O sea, hay que vivir para darse cuenta realmente cómo es la colonia (Santiago, 33años, entrevista 11). 8

Consideraciones finales El análisis previo evidencia que la representación dominante de la pobreza, que tiende a culpabilizar a los pobres de su situación, no sólo es internalizada por los más desfavorecidos, sino que va acompañada de una marcada estigmatización y demonización de sus lugares, lo que supone un proceso de persistente y cotidiana degradación simbólica. Los residentes de estos espacios son plenamente conscientes de los estereotipos negativos que se construyen sobre ellos y sus lugares: “bajo mundo”, “donde vive la peor gente”, “vivir en el basurero”. Los pobres son los que “no quieren trabajar”, los que “no tienen el hábito de progresar”, “los que no pueden salir adelante”. A la par del malestar emergente de una marcada concentración de desventajas objetivas, la estigmatización debilita la vida y la pertenencia comunitaria. En una zona de pobreza homogénea, pensar en el pobre como el otro ciertamente no contribuye a establecer lazos comunitarios y solidaridad entre los más desfavorecidos. Desafiar los estigmas supone no ser como ellos; la cotidianidad de la pobreza convive así con la descalificación y la marginación social. Las experiencias, imágenes y representaciones del lugar difícilmente pueden ser entendidas fuera de una estructura de oportunidades marcadamente restringida y restrictiva, donde lo relevante no es sólo el acceso, sino la baja calidad de las mismas. En otros términos, la desconfianza entre los vecinos, la inseguridad y la violencia en los barrios periféricos no puede comprenderse fuera de un contexto que relega a los pobres a los espacios más alejados y peor equipados de la ciudad, los peores trabajos, salarios miserables y escuelas y hospitales de dudosos estándares y calidades.

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Se refiere al conflicto generado por los resultados de la elección del gobierno local de Chimalhuacán, ocurrido en 2000, en el cual, con armas de fuego, piedras y palos, se enfrentaron dos grupos caciquiles pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional. Murieron 10 personas y más de 30 resultaron heridas. “La Loba”, apodo de la lideresa de una de esas organizaciones, fue culpada por el enfrentamiento y sentenciada a 50 años de prisión.

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Como de manera clara y directa señalan Wilkinson y Pickett (2009), la mejor manera de reducir los perjuicios causados por los altos niveles de desigualdad es, precisamente, reducir la desigualdad. Ya no puede seguir desviándose la mirada en tanto que está en juego la convivencia social misma. Sólo a través de la redistribución de la insultante concentración de la riqueza y la opulencia, del achicamiento de las brechas generadoras de mundos aislados, podrá “combatirse” de manera efectiva la pobreza. Es preciso evidenciar y desenmascarar el cinismo de un discurso dominante que responsabiliza a los propios pobres de sus carencias y reemplazarlo por un discurso (y una realidad) de derechos; sobre todo, el derecho a una vida digna y a ser tratados como semejantes.

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¿Alcanza la educación para salir de la pobreza? Análisis del proceso de estratificación ocupacional de jóvenes rurales en México1 Is Education enough to Overcome Poverty? Analysis of the Occupational Stratification Process of Rural Youths in Mexico Iliana Yaschine∗ Recibido el 10 de octubre de 2014 Aceptado el 17 de octubre de 2014

RESUMEN

ABSTRACT

El artículo revisa el proceso de estratificación ocupacional de jóvenes de hogares rurales que han sido beneficiarios del programa Oportunidades por hasta diez años. Con Oportunidades, el gobierno mexicano ha buscado reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante la promoción del capital humano y así mejorar la inserción laboral de los descendientes de familias en pobreza extrema. Con base en información estadística y la aplicación de modelos de análisis de trayectorias, se analiza la relación entre distintos factores adscritos y meritocráticos en el proceso de logro ocupacio-

The article examines the occupational stratification process of youths from rural households who have been beneficiaries of the Oportunidades program for up to ten years. With Oportunidades the Mexican government has tried to reduce intergenerational transmission of poverty through the promotion of human capital as a means of improving labor market insertion of the descendants of families living in extreme poverty. Based on statistical data and path analysis models, the relationship among assigned and meritocratic factors in the process of occupational achievement is an-

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La autora agradece a Fernando Cortés y Delfino Vargas su retroalimentación al análisis estadístico incluido en el artículo. ∗   Investigadora del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (México). Licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México; maestra en Estudios Comparados, London School of Economics and Political Science, Reino Unido; maestra en Estudios del Desarrollo, Institute of Development Studies, University of Sussex, Reino Unido; doctora en Sociología, El Colegio de México. Sus líneas de investigación son: desigualdad; movilidad social; pobreza; desarrollo social; política social y evaluación de programas sociales. Entre sus últimas publicaciones destacan: Impacto del programa Oportunidades en el logro ocupacional de jóvenes origen rural en México (2014), Reflexiones en torno al análisis de la movilidad ocupacional intergeneracional de la población en condiciones de pobreza crónica (2013) y Replicar un programa de transferencias condicionadas: reflexiones a partir de la experiencia de Oportunidades (2012). Correo electrónico: ilianaya@unam.mx

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nal. Se concluye que la educación es el factor que más incide sobre el estatus de estos jóvenes en el mercado de trabajo, pero que los factores relacionados con su origen social tienen, en su conjunto, un efecto de magnitud semejante. Asimismo, se observan diferencias por sexo y condición de migración que resaltan la importancia de las características del contexto y de los mercados laborales. Los resultados sustentan que la educación es un elemento clave para impulsar la movilidad intergeneracional de este sector, por lo cual se deberá prestar atención a políticas educativas que garanticen el acceso a educación de calidad en todos los niveles para la población que vive en pobreza. No obstante, esto por si sólo sería insuficiente. Se requieren, además, acciones de política en otros frentes que logren reducir la asociación entre los orígenes y destinos sociales de los mexicanos.

alyzed. The study concludes that education is the most influential factor in the work market status of these youths, but that factors related with their social background on the whole have a similarly significant effect. Furthermore, differences by sex and migratory condition are found to highlight the weight of contextual characteristics and those of labor markets. The study’s findings support that education is a key element for the promotion of intergenerational mobility of this sector, a stress should be thus given to educational policies that guarantee access to quality education at all levels for population living in poverty. Nevertheless, this alone would be insufficient. Policy activities are also required in other fields in order to reduce the link between social origin and social destiny of Mexicans.

Palabras clave: desigualdad; movilidad intergeneracional; estratificación ocupacional; pobreza; jóvenes rurales; Programa Oportunidades, México.

Keywords: inequality; intergenerational mobility; occupational stratification; poverty; rural youth; Oportunidades Program, Mexico.

Introducción La desigualdad y la pobreza son fenómenos no sólo de gran magnitud en la sociedad mexicana, sino que persisten a lo largo del tiempo y se reproducen de una generación a la siguiente. Esto deja un panorama de poca esperanza para las personas que nacen en hogares con condiciones socioeconómicas desfavorables de mejorar su situación a lo largo del curso de vida. Durante las últimas décadas se han instrumentado en México diversas intervenciones gubernamentales que han tenido como objetivo la reducción de las brechas entre los sectores de la sociedad en distintas dimensiones de la desigualdad y la pobreza. Si bien ha habido avances importantes en indicadores sociales relacionados con la educación, la salud y la nutrición de amplios sectores de la población mexicana, en las últimas tres décadas 378 ⎥ Iliana Yaschine

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la incidencia de la pobreza por ingreso no se ha modificado2 de modo que en la actualidad todavía uno de cada dos mexicanos vive en condiciones de pobreza multidimensional y uno de cada diez en pobreza extrema (coneval, 2013: 21). El programa Oportunidades, recientemente nombrado Prospera, ha sido desde 1997 uno de los principales instrumentos de política del gobierno federal para afrontar el problema de la pobreza y su transmisión intergeneracional. Hacia finales del año 2014 la cobertura del programa alcanza a 6.1 millones de hogares en todos los municipios del país, tanto en localidades rurales como urbanas (Presidencia de la República, 2014: 136). El diseño de este programa se basa en la hipótesis de que una inversión en capital humano de los niños nacidos en hogares en condición de pobreza extrema puede constituirse en un mecanismo para lograr una mayor igualdad de oportunidades educativas y laborales. Propone que mediante la mejora en el capital humano de esta población se logrará un impacto positivo en indicadores laborales cuando se incorporen al mercado laboral, con lo cual se contribuirá a la movilidad social y a detener la herencia de pobreza. La intervención del programa se ha centrado en la entrega de transferencias monetarias a las familias, las cuales están condicionadas a la asistencia de sus integrantes a revisiones y talleres de promoción de la salud, y de los niños y jóvenes a la escuela desde la primaria hasta el nivel medio superior. Adicionalmente, se entregan complementos alimenticios a niños pequeños y mujeres en gestación y lactancia. Es bien conocido que los jóvenes constituyen uno de los grupos que enfrentan mayores dificultades en la entrada al mercado de trabajo, las cuales pueden expresarse en precariedad laboral, desempleo, subempleo, informalidad e inactividad por desaliento, entre otras situaciones.3 También hay suficiente evidencia de que entre los jóvenes existen desigualdades notables en el ámbito educativo y laboral que se expresan en la emergencia de mayores desafíos para algunos que para otros (Mora y Oliveira, 2010 y 2014).4 Los ejes de estratificación de este grupo en el mercado de trabajo están marcados por diferencias socioespaciales, sociolaborales, familiares e individuales (Oliveira, 2009). Quienes son más jóvenes, tienen baja escolaridad y provienen de localidades rurales, del sur del país y de hogares en condición de pobreza, poseen mayores probabilidades de laborar en un trabajo de alta precariedad (Oliveira, 2006). En la medida en que la escuela y el trabajo no logren ser instituciones de integración y movilidad social, esta etapa de transición a la vida adulta se configura como una de consolidación de las desigualdades sociales en México (Saraví, 2009). 2

La incidencia de pobreza de patrimonio, de capacidades y alimentaria en 1992 era de 53.1%, 29.7% y 21.4%. Treinta años después, en 2012, estas cifras eran de 52.3%, 28.0% y 19.7%, respectivamente (coneval, 2014). 3   Mora y Oliveira (2011) muestran que los jóvenes tienen características laborales más desfavorables que el promedio nacional y que este grupo de edad sufrió un efecto negativo mayor ante la crisis económica de 2008-2009. 4   Sobre la desigualdad de oportunidades educativas, véase: Mier, Terán y Pederzini (2010) y Solís (2010).

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El caso de quienes fueron beneficiarios de Oportunidades en comunidades rurales ejemplifica las desigualdades existentes al interior de la juventud. Se ha documentado que a pesar de los impactos positivos del programa en la escolaridad, estos jóvenes tienen aún amplias desventajas evidenciadas en indicadores educativos y laborales respecto al resto de la población de su misma edad. Por ejemplo, el grupo de 18 a 24 años (en 2007) alcanzaba en promedio 8.2 años de escolaridad; 9 de cada 10 que trabajaban lo hacían en puestos manuales y sólo alrededor de 16% tenían contrato escrito (cuadro 1). En comparación, el promedio de escolaridad para este rango de edad a nivel nacional era de 10 años, 19.1% de los jóvenes en el país se desempeñaban en trabajos no manuales y 43.7% tenían contrato escrito (Yaschine, 2012: 147). Diversos estudios sobre Oportunidades en las zonas rurales han mostrado que, si bien el programa ha mejorado indicadores educativos, nutricionales y de salud de los niños y jóvenes que han sido sus beneficiarios, estos no se han traducido de manera generalizada en una entrada exitosa al mercado de trabajo.5 Evaluaciones realizadas muestran que el programa no tiene impacto sobre la desigualdad de oportunidades laborales y el estatus ocupacional de los jóvenes que han sido sus beneficiarios rurales por hasta 10 años (Yaschine, 2012 y 2014).6 Esto plantea retos importantes para el diseño de políticas públicas que busquen promover la movilidad social de los individuos provenientes de hogares pobres y, con ello, reducir la pobreza y su reproducción intergeneracional. Con base en estos antecedentes, en este artículo se analiza el proceso de estratificación ocupacional de un grupo de jóvenes de 18 a 24 años que provienen de hogares en condiciones de pobreza extrema, que han sido beneficiarios de Oportunidades en el ámbito rural por hasta diez años y que actualmente están ocupados en el mercado de trabajo. El objetivo es identificar algunos de los factores tanto adscritos como adquiridos que determinan su desenlace ocupacional, el cual, como se ha dicho, tiene en promedio rasgos de precariedad, aunque también presenta una heterogeneidad interesante. El análisis explora las diferencias que existen entre hombres y mujeres, así como entre quienes continúan radicando en su comunidad de origen y aquellos que emigraron hacia otros contextos. Se considera que este conocimiento puede resultar útil para reflexionar sobre los factores que tienen el potencial de contrarrestar los efectos de las circunstancias de nacimiento sobre los resultados ocupacionales de jóvenes que han nacido en situaciones de desventaja. En el primero de los cinco apartados que conforman el presente artículo, se presenta la perspectiva analítica con la que se aborda el estudio, la cual se centra en la propuesta planteada 5

Véase: González de la Rocha (2008), Ibarrarán y Villa (2010) y Rodríguez-Oreggia y Freije (2008). Los análisis sobre el efecto del programa en la inserción laboral de los jóvenes sólo se han llevado a cabo para las zonas rurales, debido a la disponibilidad de información. 6   Si embargo, se han documentado trayectorias escolares y laborales de los beneficiarios que podrían considerarse como exitosas, lo cual muestra una heterogeneidad interesante al interior del conjunto (González de la Rocha, 2008).

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originalmente por Blau y Duncan ([1967]2001) con el objetivo de comprender el proceso de estratificación ocupacional. En el segundo apartado se describen de forma sintética algunos resultados de los estudios sobre movilidad social y estratificación ocupacional que se han realizado en México. En seguida se exponen los elementos metodológicos y técnicos de la investigación, así como las fuentes de información y las características del grupo de estudio. El cuarto apartado presenta los resultados del análisis para el conjunto de jóvenes estudiados, así como para los grupos desagregados por sexo y condición de migración. Finalmente, se reflexiona en torno a los hallazgos y las implicaciones que tienen para la política pública.

El proceso de estratificación ocupacional Los estudios sobre movilidad social intergeneracional buscan comprender la transmisión de la desigualdad, o de las ventajas y desventajas socioeconómicas, de una generación a la siguiente (Ganzeboom, Treiman y Ultee, 1991). Esta rama de los estudios sobre la desigualdad social analiza la relación existente entre la estratificación o estructura de desigualdad de la sociedad y las posibilidades que tienen los individuos o familias de moverse entre posiciones sociales (Mare, 2001). Desde esta perspectiva, y con base en una mirada enfocada en la (des)igualdad de oportunidades existente en una sociedad, se pretende dilucidar qué tan abierta (o rígida) es una sociedad.7 Es decir, interesa conocer qué tanto pesan las condiciones de origen de un individuo sobre sus condiciones de destino y, asimismo, comprender la forma en que, en el marco de la estructura de oportunidades de la sociedad, se distribuyen los recursos entre sus miembros a través de las generaciones. Si bien han tenido relevancia los análisis de movilidad educativa y los basados en indicadores de bienestar económico, la investigación sobre movilidad social en la disciplina sociológica se ha centrado principalmente en el ámbito ocupacional. Ello se justifica por la centralidad que se le asigna a la división del trabajo como eje de la desigualdad social y la estratificación, así como por la importancia del trabajo como medio para lograr el bienestar mediante las retribuciones y los recursos que se derivan de él (Ganzeboom y Treiman, 1996; Solís, 2005). En los estudios clásicos de movilidad intergeneracional ocupacional se pueden identificar dos vertientes. Una de ellas se ha interesado en el estudio comparativo de los patrones y tasas de movilidad ocupacional intergeneracional de las sociedades industrializadas, mientras que la segunda tiene como preocupación analizar el proceso mediante el cual los individuos son distribuidos (o se posicionan) en la estratificación ocupacional. 7

La igualdad de oportunidades puede entenderse como el acceso a las instituciones y posiciones sociales con base en el talento y mérito personal y no en factores adscritos, como podrían ser el sexo, la raza, la condición étnica o el origen socioeconómico. En el análisis de la movilidad social equivaldría, en su forma más pura, a la ausencia de asociación entre los orígenes y destinos de los individuos (Bobbio, 1993; Breen y Jonsson, 2005; Turner, 1986).

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Esta segunda vertiente analítica surgió a finales de la década de 1960 a partir del trabajo de Blau y Duncan, quienes plantearon un modelo explicativo del proceso de estratificación. El modelo se sustenta teóricamente sobre la hipótesis liberal que postulaba que el mérito sustituiría progresivamente al origen socioeconómico como determinante central de la estratificación en las sociedades modernas. Es decir, este eje de análisis se insertó en el debate central de los estudios clásicos de movilidad sobre el peso relativo de los factores adscritos (los rasgos definidos por nacimiento) y los no adscritos (o meritocráticos) en la determinación del destino social de los individuos. Blau y Duncan ([1967] 2001) propusieron un modelo que analizaba la influencia del origen social sobre el logro ocupacional individual mediado por factores adscritos y no adscritos. El modelo permitió distinguir y comparar el peso de ambos tipos de factores -con especial énfasis en la educación del individuo- sobre el destino laboral individual (Blau y Duncan, [1967] 2001; Ganzeboom, Treiman y Ultee, 1991). La figura 1 muestra una representación del modelo de Blau y Duncan en el cual intervienen cinco variables: la variable que se busca explicar es el logro o estatus ocupacional (ocupación) del individuo (o hijo) y las cuatro restantes conforman la secuencia explicativa que antecede temporalmente a este desenlace. El logro educativo (educación) y estatus ocupacional (ocupación) del padre representan las características adscritas de las personas o sus condiciones de origen, las cuales, por razones evidentes, inician la secuencia del modelo. Estas variables están correlacionadas entre sí e inciden directamente sobre el logro educativo de la persona, que es considerada teóricamente como uno de los factores no adscritos (ligados al mérito) más importantes en el proceso de estratificación. La ocupación del padre y la educación de la persona influyen directamente sobre el estatus ocupacional de la primera ocupación del individuo. Estas tres variables, a su vez, afectan directamente al estatus ocupacional actual del individuo, mientras que la educación del padre lo hace de forma indirecta a través de su incidencia sobre la educación del hijo. Los resultados de sus análisis sobre el logro de estatus en Estados Unidos mostraron la coexistencia e interrelación de los factores adscritos y no adscritos. Resaltaron a la vez el peso del origen social y la posibilidad de movilidad individual determinada fundamentalmente por la educación del individuo (Blau y Duncan, [1967] 2001). Este modelo explicó 43% de la varianza del logro ocupacional del individuo, lo que evidenció que los factores incluidos constituían tan sólo algunos de los determinantes que participan en el proceso de estratificación individual. No obstante, su identificación y el conocimiento sobre sus relaciones han sido importantes para la comprensión de este proceso. Este modelo fue replicado por Featherman y Hauser y por Treiman y Ganzeboom a nivel internacional (Hout y DiPrete, 2006) y posteriormente fue ampliado con la intención de proporcionar una explicación más fina de los mecanismos involucrados. Sewell, Haller y Portes (2001 [1969]) añadieron variables psicosociales (habilidad mental, aspiracio382 ⎥ Iliana Yaschine

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nes educativas, influencia de personas cercanas sobre la permanencia escolar), Kerckhoff (1995) argumentó a favor de la incorporación de factores institucionales relacionados con la educación y el mercado laboral, a la vez que Lin (1999) y Kerbo (2006) señalaron la trascendencia de las variables relacionadas con los recursos sociales (redes o capital social). Si bien los avances analíticos han sido relevantes, según Erikson y Goldthorpe (2002) el proceso de logro de estatus aún se asemeja a una “caja negra”. Figura 1 Modelo de Blau y Duncan de estratificación ocupacional

Educación padre

Educación hijo Ocupación hijo 1ª ocupación hijo

Ocupación padre Fuente: Blau y Duncan ([1967] 2001: 394).

La estratificación ocupacional en México Los estudios de movilidad intergeneracional en México han puesto a la luz el efecto que los cambios de modelo de desarrollo han tenido sobre el régimen de movilidad social. Desde mediados del siglo pasado, la transformación de la estructura productiva con el crecimiento de ocupaciones no manuales en el sector servicios y un aumento generalizado de la escolaridad se ha traducido en el predominio de la movilidad ocupacional ascendente sobre la descendente (Solís y Cortés, 2009; Zenteno y Solís, 2007). Eso es, la mayor oferta de trabajos no manuales ha abierto vacantes y ha permitido que un sector de la población experimente el ascenso a posiciones de mayor jerarquía. Existen, sin embargo, diferencias regionales que se derivan de las especificidades de la estructura productiva y de los mercados de trabajo de cada región (Solís y Cortés, 2009). Pese al predominio de la movilidad ascendente, el actual modelo económico ha generado, a partir de mediados de la década de 1980, una reducción en las oportunidades ¿Alcanza

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de logro ocupacional para todos los estratos sociales en comparación con el período de industrialización por sustitución de exportaciones (1940-1970). Asimismo, la distribución de estas oportunidades entre la población se ha tornado más inequitativa que en el pasado (Cortés y Escobar, 2007; Solís, 2007; Solís, Cortés y Escobar, 2007; Zenteno y Solís, 2007). Por su parte, los análisis del proceso de estratificación ocupacional individual de los mexicanos han mostrado que, aunque la educación es el factor que tiene mayor incidencia sobre el logro ocupacional, las variables relacionadas con los orígenes sociales también ejercen una influencia importante. Además de las variables de educación y estatus ocupacional del padre, Puga y Solís (2007) destacan que tener un origen rural en México constituye un factor de desventaja adicional en el logro educativo y laboral. La coexistencia e interrelación de factores adscritos y meritocráticos coincide con los hallazgos previamente relatados para Estados Unidos, pero en el caso de México cabe destacar que existe evidencia de que el efecto de la escolaridad sobre el logro ocupacional pudiera estar reduciéndose en las décadas recientes, mientras que se fortalece el de los factores adscritos (Puga y Solís, 2010; Solís, 2007). Ello es un indicador más del incremento en la desigualdad de oportunidades y en la rigidez del régimen de movilidad social nacional. Los mexicanos tienen en el presente una alta dificultad para moverse a un estrato distinto al de su origen, sobre todo para experimentar un movimiento de larga distancia (por ejemplo, entre los trabajadores agrícolas y los profesionistas que se ubican en los extremos de la jerarquía ocupacional), o a cruzar la barrera existente entre el sector rural y el urbano (Torche, 2010). En el ámbito ocupacional estos resultados son consistentes con los de movilidad intergeneracional de bienestar económico que indican que México es un país altamente rígido, con un patrón en el cual predomina la reproducción de la riqueza y de la pobreza. En términos comparativos, aunque México comparte el mismo patrón de movilidad, tiene una menor fluidez social que países como Suecia, Estados Unidos, Brasil y Chile (Torche, 2010). En resumen, aun cuando continúa predominando la movilidad intergeneracional ascendente, ésta es menor que en el pasado debido a los desenlaces económicos negativos. A su vez, la movilidad varía entre distintas regiones del país con claras desventajas en algunas zonas, hay una menor incidencia de la educación en el proceso de estratificación ocupacional y las oportunidades de experimentar movilidad se distribuyen de forma más desigual que antes en detrimento de quienes tienen un origen en los estratos sociales de menor jerarquía. En este contexto, se dibuja un panorama sombrío para la movilidad social intergeneracional en el país.

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Metodología y fuentes de información Modelo y técnica de análisis Con el fin de analizar el proceso de estratificación ocupacional del grupo en estudio se utiliza un modelo analítico basado en la propuesta de Blau y Duncan, con algunas modificaciones. La aplicación empírica del modelo se lleva a cabo mediante la técnica de análisis de trayectorias (path analysis) que consiste en la estimación de un sistema de regresiones lineales que permite observar la dirección y fuerza de la relación entre los factores o variables incluidas en la estructura explicativa. La técnica generalmente incluye una representación gráfica del modelo en la cual se hace visible la secuencia temporal de las variables y la relación que se plantea entre cada una de ellas hasta llegar a la variable final que se busca explicar. Las variables pueden ser de dos tipos: exógenas (independientes) -cuando ninguna otra variable considerada en el modelo ejerce un efecto sobre ellas-, o endógenas (dependientes) cuando reciben el efecto de una o más variables que constituyen su antecedente. Según Blau y Duncan ([1967] 2001), una característica de este tipo de estructura analítica es que las variables reconocidas como efectos de otros factores antecedentes pueden, a su vez, constituir antecedentes que generan efectos sobre otras variables. De ahí que la representación algebraica sea la de un sistema de ecuaciones en el que hay más de una variable que se quiere explicar. La configuración de este sistema de ecuaciones permite la identificación y estimación de efectos directos e indirectos de una variable sobre otra (que suman los efectos totales), lo cual constituye una de las principales ventajas de esta técnica (Asher, 1983; Foster, Barkus y Yavorsky, 2006).8 Este tipo de análisis permite identificar la importancia relativa de distintos senderos de influencia sobre el fenómeno estudiado (Asher, 1983). Otro rasgo del análisis de trayectorias es que la estructura explicativa debe estar completa, es decir, debe incluir todos los factores relacionados con el fenómeno que se busca explicar (o variable dependiente final). Esto se logra formalmente mediante la inclusión de los residuos que representan a aquellos factores que inciden sobre la variable en cuestión pero que no están incluidos en el modelo (los errores de medición y las diferencias de las relaciones reales entre variables respecto a los supuestos de linealidad y aditividad que se tienen). Como enfatizan Blau y Duncan ([1967] 2001) y (Asher, 1983) los modelos teóricos que se ponen a prueba están generalmente lejos de poder representar con precisión la realidad y, por tanto, la presencia de altos residuos (o bajos coeficientes de determinación) no significa que el modelo sea inválido sino que la realidad es más compleja y no se puede capturar en su totalidad. 8

Los efectos directos son aquéllos que se dan entre dos variables sin la intermediación de ninguna otra y los indirectos son los que están mediados por una o más variables.

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Los diagramas del análisis de trayectorias siguen algunas convenciones: 1) el orden temporal en el que suceden las variables se representa en el diagrama, con una secuencia que fluye de izquierda a derecha; 2) las flechas curvas y bidireccionales representan la existencia de correlaciones entre dos variables; 3) las flechas rectas unidireccionales representan una influencia directa de una variable sobre otra en el sentido que indica la flecha; 4) las flechas rectas unidireccionales que no tienen una variable de origen y se dirigen hacia alguna variable endógena o dependiente representan los residuos correspondientes a dicha variable; 5) los números, dependiendo de la línea o sendero junto a la cual se ubiquen, son la correlación entre variables, el coeficiente de regresión o efecto de una relación directa, o el residuo. Los coeficientes pueden presentarse de forma estandarizada o no estandarizada, dependiendo de lo que se quiera observar con el análisis.9 Como se podrá observar en las figuras del siguiente apartado, los modelos analíticos que se utilizan en este estudio incluyen seis variables: educación de la madre, educación del padre, ocupación del padre, edad actual del joven (o hijo), educación y ocupación actual.10 Los modelos podrían mejorarse con la incorporación de otros factores que la bibliografía teórica y empírica ha destacado como relevantes en la explicación del logro ocupacional pero, desafortunadamente, la información con la que se cuenta no permite su inclusión. La secuencia de los modelos inicia con tres variables que representan factores adscritos ligados con el origen socioeconómico del individuo: educación de la madre, educación del padre y ocupación del padre. Estas tres variables se correlacionan entre sí. La educación de ambos padres incide de forma directa sobre la educación del hijo -variable relacionada teóricamente con el mérito o talento individual-, así como también lo hace la edad del hijo. Cuatro factores tienen un efecto directo sobre el logro ocupacional del individuo, que es la variable dependiente final: ocupación y educación de su padre, así como la edad y educación del joven. La otra variable de origen (educación de la madre), como se precisará en el siguiente apartado, presenta relaciones distintas en el modelo utilizado para el análisis del grupo agregado de jóvenes respecto al que se aplicó para los grupos desagregados por sexo y condición de migración. En el primer caso, ejerce su efecto sobre la ocupación del hijo de forma indirecta a través de la influencia sobre su educación. En el segundo caso, se plantea una relación directa sobre la ocupación de los jóvenes. En estos modelos existen dos variables endógenas: el logro educativo del joven y su estatus ocupacional.

9

Los coeficientes estandarizados, al convertir a unidades estándar de medida, permiten identificar la importancia relativa de los efectos de las distintas variables antecedentes al interior de un grupo de población. Los coeficientes no estandarizados hacen posible la comparación de la magnitud del efecto de variables específicas entre dos o más subgrupos de población. 10   Se utilizará de forma indistinta educación, escolaridad o logro educativo, así como ocupación, estatus ocupacional o logro ocupacional.

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En comparación con Blau y Duncan, la estructura conceptual que se propone aquí difiere en los siguientes aspectos: 1) se incorporó la educación de la madre como variable adscrita debido a que en el contexto mexicano ha probado ser uno de los factores importantes en la determinación del logro educativo y podría serlo también sobre el logro ocupacional.11 Se propone que este factor ejerce una incidencia sobre la educación y ocupación del hijo; 2) se agregó la edad del individuo como factor que antecede a las dos variables endógenas dado que en este momento de su curso de vida, en que algunos todavía no concluyen su carrera educativa y están en el inicio de su trayectoria laboral, la edad influye directamente sobre su escolaridad y sobre su estatus ocupacional; 3) no se incluye la variable de estatus del primer trabajo como antecedente del trabajo actual por limitaciones de la información disponible;12 4) se propone un vínculo directo entre la educación del padre y la ocupación del hijo que es adicional al vínculo indirecto a través de la educación del joven. Esto se basa en la hipótesis de que el nivel educativo del progenitor puede afectar las aspiraciones laborales del hijo y, de esta forma, incidir sobre sus decisiones laborales independientemente del nivel educativo que haya alcanzado; y 5) se elimina el vínculo directo entre la ocupación del padre y la educación del hijo. Ello obedece a que las pruebas empíricas mostraron que este vínculo no es estadísticamente significativo. La razón pudiera estar en que en el grupo analizado existe una alta homogeneidad en el estatus ocupacional de origen.13

Fuentes de información y grupo de estudio Las principales fuentes de información utilizadas son la Encuesta de Evaluación Rural (encel) del programa Oportunidades, que es una encuesta panel que recolectó información longitudinal desde 1997 hasta 2007 para una muestra de hogares rurales en siete estados mexicanos, y la Encuesta de Seguimiento de Migrantes de la encel (encelmig) que en 2008 recogió información para una submuestra de jóvenes, pertenecientes a dichos hogares, que habían emigrado de sus comunidades de origen tanto a otras localidades del país, como a Estados Unidos.14 Si bien la encel se pensó para medir el impacto del programa

11

Véase, por ejemplo, Schmelkes (1997) y Blanco (2011).   Además de que el trabajo actual de los jóvenes pudiera ser su primer trabajo y, si no lo fuera, es probable que sus características sean más similares a aquél y distintas al que podrían llegar a tener cuando alcancen una edad en la que tengan estabilidad laboral. 13   La pequeña varianza en la ocupación del padre posiblemente explica que el coeficiente no sea estadísticamente significativo. 14   El panel de la encel se conforma por ocho rondas de encuestas. En este análisis se retoman los datos de la ronda levantada en 2007 y de la encelmig. Para fines de exposición, en adelante se referirá a la base de datos que se conformó para este análisis como encel 07. 12

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en las zonas rurales, por la naturaleza del análisis que aquí se presenta no se explota el diseño de la muestra que permite estimaciones de impacto.15 La encel07 contiene información de un conjunto amplio de variables socioeconómicas sobre la situación de los hogares y sus integrantes. Incluye, de forma relevante para este análisis, información sobre las características del origen social de los individuos del grupo de estudio, así como de sus propios rasgos demográficos, educativos y laborales. Las variables utilizadas para el análisis son: • La educación de los padres y del joven se miden mediante los años de escolaridad completados; • La ocupación del padre y del joven se miden con el Índice Internacional de Estatus Socioeconómico (isei, por sus siglas en inglés);16 • La edad se mide con los años cumplidos del joven. El grupo de estudio de esta investigación está conformado por 3,949 jóvenes de 18 a 24 años de edad (en 2007) que se encontraban ocupados en el mercado laboral. Ellos son originarios de localidades rurales de alta y muy alta marginación en los estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.17 Los jóvenes pertenecen a hogares que en 2007 habían sido beneficiarios de Oportunidades por distintos períodos de tiempo (desde 2 meses hasta 10 años), pero que en promedio llevaban incorporados al programa 7 años. En el cuadro 1 se muestran algunas características del grupo de estudio. Además de la distribución por sexo y condición de migración, se observa que 5.6% de los jóvenes estudian simultáneamente y que alcanzan, en promedio, 8 años de escolaridad. Asimismo, se constata el carácter precario de sus ocupaciones, así como de su origen social. Casi 8 de cada 10 jóvenes proviene de un hogar cuyo jefe es trabajador agrícola, es decir, se ubican en el peldaño más bajo de la jerarquía ocupacional. Entre los jóvenes, la participación en actividades agrícolas se reduce casi a la mitad, pero quienes laboran en empleos distintos a los de sus padres lo hacen en su mayoría en ocupaciones manuales que significan movilidad ascendente de corta distancia. Sólo 6% de ellos están involucrados en trabajos no manuales. Cabe destacar que las cifras aquí presentadas esconden la heterogeneidad existente en el grupo dentro del cual se encuentran jóvenes con primaria incompleta y otros que han concluido la educación superior, así como aquellos que son trabajadores agrícolas y otros que se desempeñan como profesionistas. 15

Se puede encontrar una descripción de la encel y de su diseño muestral en Yaschine (2012) y Yaschine, Hernández y Urquieta (2008). 16  El isei es la variable continua de estatus ocupacional más utilizada en análisis comparativos a nivel internacional y se considera una buena medida del ingreso permanente (Torche, 2010). Tiene un rango de 16 a 69, cuyo aumento significa un incremento en el estatus socioeconómico de la ocupación. 17   La muestra de la encel07 incluye 7,115 jóvenes de este rango de edad, pero sólo 56.5% de ellos trabajan.

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Cuadro 1 Características del grupo de estudio Característica

Valor

Sexo Varones (%)

68.2

Mujeres (%)

31.8

Condición de migración No migrantes (%)

82.4

Migrantes (%)

17.6

Educación Asiste a la escuela (%)

5.6

Escolaridad promedio (años)

8.2

Características laborales Contrato escrito (%)

15.4

Trabajador manual (%)

94.0

Trabajador agrícola (%)

41.0

Padre trabajador manual (%)

98.9

Padre trabajador agrícola (%)

75.4

Fuente: elaboración propia con base en encel07.

Resultados En este apartado se presenta el análisis empírico y sus resultados para el conjunto de jóvenes estudiados, así como para los subgrupos desagregados por sexo y por condición de migración.18 Con ello se busca conocer la forma en que se relacionan los distintos factores en el proceso de logro ocupacional de los jóvenes y si hay diferencias entre mujeres y varones, así como entre migrantes y no migrantes. Se exponen las regresiones, las representaciones gráficas del modelo, así como los resultados de los efectos directos, indirectos y totales. En el caso del grupo de jóvenes en su conjunto, las ecuaciones de las regresiones son las siguientes:19 18

Se llevó a cabo también el análisis para los subgrupos desagregados por condición étnica. Los resultados no muestran diferencias relevantes entre indígenas y no indígenas. Véase: Yaschine (2012). 19   En las ecuaciones no se incluye la constante ni el término de error, lo cual corresponde a la convención utilizada en la especificación de las regresiones en estos modelos.

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Eh = β1 Ep + β2 Em + β3 Ed (1) donde Eh es el logro educativo del hijo, Ep es el logro educativo del padre, Em es el logro educativo de la madre, Ed es la edad del hijo y β1, β2… βn son los coeficientes de cada uno de los senderos entre la variable endógena y una de las variables exógenas representados en la regresión; y Oh = β1 Ep + β2 Op + β3 Ed + β4 Eh (2) donde, además de las variables ya definidas, Oh es el estatus ocupacional del hijo y Op es el estatus ocupacional del padre. El modelo analítico y los coeficientes estandarizados que resultan de las dos regresiones se muestran en la figura 2. Dichos coeficientes indican el peso de cada sendero en el modelo y permiten conocer su importancia relativa. En el cuadro 2 se reportan los efectos directos (que corresponden a los representados en la figura), los indirectos y los totales de las distintas variables antecedentes sobre la educación y la ocupación del joven. Figura 2 Modelo de estratificación ocupacional para población total con coeficientes de trayectoria estandarizados Jóvenes rurales de 18 a 24 años de la encel07 .94

Edad

.44 .11 .19

Educación madre

-.06 Educación hijo

.17 .20

Educación padre Ocupación padre

.11 .28

.94

.05 .13

Ocupación hijo

Nota: todos los coeficientes son estadísticamente significativos al 95% de confianza. Fuente: elaboración propia con base en encel07.

Se puede observar que la educación del padre y de la madre son, en ese orden y en magnitudes semejantes, las variables que más inciden sobre el logro educativo del joven. La edad 390 ⎥ Iliana Yaschine

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del joven tiene un efecto negativo sobre su logro educativo, lo cual se explica porque dentro del grupo de estudio los jóvenes de mayor edad tienen en promedio una escolaridad más baja. Esto posiblemente se debe a que su acceso a las becas de Oportunidades fue más tardío y, por tanto, el impacto educativo del programa pudo ser menor. Cuadro 2 Coeficientes de trayectoria estandarizados y coeficientes de determinación de las regresiones. Población total. Jóvenes rurales de 18 a 24 años de la encel07 Variables endógenas

Logro educativo del joven1

Logro ocupacional del joven

Efectos

Variables antecedentes

Total

Educación padre

0.20***

Educación madre

0.17***

Ocupación padre

--

Edad joven Educación joven

Efectos R2

Directo

Indirecto

Total

0.05***

0.06***

0.10

0.00

0.05***

0.05

0.13***

0.00

0.13

-0.06***

0.11***

-0.02***

0.09

--

0.28***

0.00

0.28

0.11

R2

0.12

*significativo al 10%; **significativo al 5%; ***significativo al 1%. 1/ En el modelo planteado, la variable “logro educativo del joven” como variable endógena no recibe efectos indirectos, por lo tanto los efectos directos son iguales a los totales. Fuente: elaboración propia con base en encel07.

En el caso del logro ocupacional del joven, la variable con mayor efecto total es su propio logro educativo: a mayor escolaridad, mayor estatus ocupacional del individuo. El estatus ocupacional del padre es la segunda variable en importancia y también ejerce un efecto positivo (a mayor estatus del padre, mayor estatus del hijo), lo cual hace evidente que la herencia ocupacional es uno de los factores que determinan el proceso de estratificación. La escolaridad del padre y la edad del joven tienen efectos totales positivos de magnitud semejante. En el primer caso, el efecto indirecto a través de la incidencia de la educación del padre sobre la educación del hijo y el directo, son de magnitud semejante. En el caso de la edad del joven, el efecto principal es de tipo directo y positivo: a mayor edad del joven, mayor estatus ocupacional. La escolaridad de la madre es el factor que tiene menor efecto sobre el estatus ocupacional del hijo y de forma indirecta, a través de su influencia sobre el logro educativo del individuo. ¿Alcanza

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Se observa entonces, que para este grupo se sostiene la coexistencia e interrelación de factores adscritos y no adscritos en el proceso de estratificación ocupacional. Como se ha mostrado para otras poblaciones, la educación constituye el principal factor que por sí mismo incide en el proceso. Sin embargo, los factores adscritos en su conjunto tienen un peso semejante al de la educación. También es importante notar que los coeficientes de determinación de las regresiones que conforman el sistema analizado confirman lo que antes se había mencionado: el modelo aquí planteado sólo explica un porcentaje menor de la varianza de las variables endógenas (11% en el caso del logro educativo y 12% en el caso del logro ocupacional), lo cual apunta hacia la existencia de otros factores que no se han podido considerar aquí. Por ejemplo, la determinación del logro educativo por los factores adscritos incluidos no excluye el hecho de que ese fenómeno esté también determinado por características propias del individuo como su habilidad cognitiva o incluso, características institucionales o de contexto como pudieran ser las becas de Oportunidades o la calidad de la educación que experimentaron. Lo mismo puede decirse sobre el logro ocupacional, en cuya determinación inciden muchos más factores de índole individual y contextual que los que se incorporaron en este sistema analítico. El análisis anterior se realizó sobre el conjunto agregado de jóvenes bajo estudio. A continuación se hará lo propio pero diferenciando al grupo por sexo y condición de migración. El objetivo es indagar si la estructura de relaciones que explican el proceso de estratificación ocupacional difiere entre estos subgrupos de población. Como se ha descrito en el apartado metodológico, aunque la estructura conceptual del modelo planteado para el análisis de los grupos desagregados es en lo general la misma que la del modelo de la población total, hay una diferencia que se detallará a continuación. Para el análisis por sexo, el modelo se representa en la figura 3 tanto para las mujeres como para los varones. Este modelo tiene una diferencia respecto al utilizado para analizar el grupo de jóvenes agregado: se adiciona un vínculo que supone un efecto directo de la educación de la madre sobre la ocupación del hijo, el cual estaba ausente en el modelo anterior (en tanto que no era estadísticamente significativo) pero que resulta significativo en el caso de las mujeres. En esta figura (y en la figura 4) las líneas punteadas representan vínculos que no son estadísticamente significativos al 95% de confianza. La regresión sobre el logro educativo sigue siendo la misma que la de la ecuación 1. No obstante, la regresión sobre el logro ocupacional se modifica respecto a la planteada en la ecuación 2, al agregarse β1 Em que es el término correspondiente a la educación de la madre. La ecuación queda como sigue: Oh = β1 Em + β1 Ep + β2 Op + β3 Ed + β4 Eh (3)

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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎼ Universidad Nacional Autónoma de MÊxico Nueva Época, Aùo LX, núm. 223 ⎼ enero-abril de 2015 ⎼ pp. 377-406⎼ ISSN-0185-1918

La figura 3 y el cuadro 3 muestran los coeficientes no estandarizados de los senderos para ambos sexos, los cuales permiten comparar entre los subgrupos la magnitud de los efectos de cada variable antecedente sobre las variables endĂłgenas y, particularmente, sobre la variable final. El valor p en el cuadro 3 (y en el cuadro 5) indica si los coeficientes especĂ­ficos o el conjunto total de coeficientes son estadĂ­sticamente distintos entre los subgrupos. Figura 3 Modelos de estratificaciĂłn ocupacional por sexo con coeficientes de trayectoria no estandarizados. JĂłvenes rurales de 18 a 24 aĂąos de la encel07

,' ! " # ' */ +- ).'

Edad

.45 .14 .24

EducaciĂłn madre EducaciĂłn padre OcupaciĂłn padre

.23 .24

.94

Varones

-.11 EducaciĂłn .52 hijo .68 -.07 .18 .25

.94 OcupaciĂłn hijo

Nota: la lĂ­nea sĂłlida representa una relaciĂłn que es estadĂ­sticamente significativa con un 95% de confianza y la lĂ­nea punteada indica que no es estadĂ­sticamente significativa en este nivel. Fuente: elaboraciĂłn propia con base en encel07. ÂżAlcanza

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Cuadro 3 Comparación de coeficientes de trayectoria no estandarizados. Por sexo. Jóvenes rurales de 18 a 24 años de la encel07 Variables endógenas

Educación del joven

Mujeres Hombres Variables antecedentes Efectos directos Educación padre Educación madre Ocupación padre

Ocupación del joven

Comparación

Mujeres

Hombres

Comparación

Efectos

Efectos

D

I

p1

D

I

p1

0.37*** 0.42

T

D

I

T

p1

0.18**

0.16***

0.34

0.47 0.00

0.16***

0.09

0.01 0.02

0.05 0.25*** 0.00

0.25

0.00 ---

0.22***

0.24***

0.66

0.05

0.19***

0.23***

0.37

0.37** 0.32*** 0.69 -0.07

---

---

---

0.05

Edad joven

-0.05

-0.11***

0.17

0.74*** -0.08

0.66 0.52*** -0.08***

0.44

0.27 0.99

Educación joven

---

---

---

1.67*** 0.00

1.67 0.68*** 0.00

0.68

0.00 ---

Total

0.26

0.00

0.00

Nota: D= Efecto directo; I= Efecto indirecto; T= Efecto total. *significativo al 10%; **significativo al 5%; ***significativo al 1%. 1/El valor de p indica la significancia estadística de la prueba de hipótesis de igualdad entre los coeficientes de ambos subgrupos. Fuente: elaboración propia con base en encel07.

El cuadro 4 presenta para mujeres y varones los efectos directos, indirectos y totales estandarizados de las variables antecedentes sobre las endógenas, lo cual hace posible comparar el peso relativo de cada variable al interior de cada subgrupo. También se presentan los coeficientes de determinación de las dos regresiones para los subgrupos.

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Cuadro 4 Coeficientes de trayectoria estandarizados y coeficientes de determinación de las regresiones. Por sexo. Jóvenes rurales de 18 a 24 años de la encel07 Mujeres

Varones Variables endógenas

Logro educativo de la joven

Logro ocupacional de la joven

Logro educativo del joven

Efectos

Efectos

Efectos

Variables antecedentes

Total

Educación padre

R

2

Directo

Indirecto

Total

0.19***

0.01

0.07***

0.08

Educación madre

0.16***

0.07**

0.06***

0.13

Ocupación padre

--

0.03

0.00

0.03

Edad joven

-0.03

0.11***

-0.01

0.10

Educación joven

--

0.36***

0.00

0.36

0.09

R

2

0.16

Logro ocupacional del joven Efectos R

2

Directo

Indirecto

Total

0.20***

0.05**

0.04***

0.09

0.18***

-0.02

0.04***

0.02

0.20***

0.00

0.20

-0.07***

0.11***

-0.02***

0.09

--

0.21***

0.00

0.21

Total

0.11

--

R2

0.11

*significativo al 10%; **significativo al 5%; ***significativo al 1%. 1/ En el modelo planteado, la variable “educación del joven” como variable endógena no recibe efectos indirectos, por lo tanto los efectos directos son iguales a los totales. Fuente: elaboración propia con base en encel07.

A partir de los resultados mostrados en la figura y los dos cuadros anteriores, interesa destacar las principales diferencias entre mujeres y hombres. El conjunto de coeficientes de la regresión sobre la escolaridad no son estadísticamente diferentes (p=0.26), lo cual indica que la estructura de relaciones es similar entre ambos subgrupos en lo que toca a su logro educativo. Sin embargo, la estructura de vínculos que condicionan el logro ocupacional difiere entre ellos (p=0.00). Si se observan la figura 3 y el cuadro 3 se pueden notar las diferencias específicas. Primero, mientras que la educación de la madre tiene efectos directos e indirectos estadísticamente significativos sobre el logro ocupacional de las hijas, no tiene un efecto directo estadísticamente significativo sobre los hijos y su efecto indirecto es pequeño. Un aumento de un año de escolaridad de la madre genera un incremento de 0.69 puntos de isei en la posición ocupacional de la hija, independientemente del nivel educativo de la joven. Una ¿Alcanza

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posible explicación sería que una madre con mayor escolaridad podría impulsar a su hija a aspirar o buscar un trabajo del mayor estatus posible acorde con su nivel de educación, mientras que una madre con menor escolaridad pudiera no ejercer este tipo de influencia. Segundo, el estatus ocupacional del padre tiene un efecto sobre el logro ocupacional de los hijos, mientras que dicho vínculo no es significativo en el caso de las hijas. En el cuadro 4 es posible observar que, después de la escolaridad del hijo (aunque en magnitud muy semejante), la ocupación del padre es el factor de mayor incidencia sobre el logro ocupacional de los varones: un incremento de un punto de isei en la ocupación del padre genera un aumento de 0.25 puntos de isei en la ocupación del hijo. Tercero, mientras que la escolaridad del individuo es el factor con mayor incidencia sobre su logro ocupacional para ambos sexos, el efecto es más alto en el caso de las mujeres. En el cuadro 3 se observa que un año adicional de escolaridad del joven genera un cambio en el puntaje del isei de su ocupación que es más del doble en las mujeres que en los hombres (1.67 en comparación con 0.68).20 El modelo analítico aplicado a la comparación de los subgrupos por condición de migración es el mismo que el usado para la comparación por sexo, el cual está integrado por las regresiones representadas en las ecuaciones 1 y 3. La figura 4 y los cuadros 5 y 6 presentan el diagrama del modelo y sus resultados empíricos. Al igual que en la comparación por sexo, en este caso la estructura de los vínculos que explican el logro educativo de los hijos no presenta diferencias estadísticamente significativas entre los subgrupos (p=0.70), mientras que la estructura del modelo en cuanto al conjunto de relaciones que conducen al logro ocupacional de los jóvenes es distinta entre migrantes y no migrantes (p=0.00). Las diferencias de coeficientes específicos entre estos subgrupos ocurren únicamente en los vínculos directos entre variables antecedentes y el estatus ocupacional de los jóvenes. Como se muestra en el cuadro 5, el efecto directo de la educación de la madre y de la ocupación del padre sobre el estatus ocupacional del joven son estadísticamente diferentes entre no migrantes y migrantes. La incidencia de ambas variables de origen es más fuerte sobre los no migrantes.

20

Aunque es relevante que la escolaridad como determinante del estatus ocupacional duplique su fuerza en el caso de las mujeres, también es importante tener en cuenta la magnitud de la diferencia absoluta en términos del puntaje del isei, que es de 0.99. Por poner un ejemplo, una ocupación agrícola tiene un isei de 16 puntos, mientras que una ocupación en la manufactura no calificada tiene un puntaje de 20. Por tanto, la diferencia por sexo del efecto de la escolaridad sobre el puntaje de isei de su ocupación representa una cuarta parte de la distancia entre una ocupación agrícola y una manual no calificada en el sector manufacturero.

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Figura 4

Modelos de estratificaciĂłn ocupacional por condiciĂłn de migraciĂłn ,' ! " # ' con coeficientes */ +- ).' de trayectoria no estandarizados JĂłvenes rurales de 18 a 24 aĂąos de la encel07

Mujeres Edad .96 .05 EducaciĂłn .19 .74 EducaciĂłn madre hijo 1.67 .42 .22 .37 .05 EducaciĂłn .05 padre .10 .05 OcupaciĂłn padre

Varones .94 Edad -.11 EducaciĂłn .23 .52 EducaciĂłn madre .45 hijo .68 .24 .92 .07 EducaciĂłn .14 .18 .24 padre OcupaciĂłn .25 OcupaciĂłn hijo padre

.94 OcupaciĂłn hijo

Nota: la lĂ­nea sĂłlida representa una relaciĂłn que es estadĂ­sticamente significativa con un 95% de confianza y la lĂ­nea punteada indica que no es estadĂ­sticamente significativa en este nivel. Fuente: elaboraciĂłn propia con base en encel07.

En el cuadro 5 es posible apreciar que el factor que mĂĄs incide en el logro ocupacional de los jĂłvenes es su escolaridad, lo cual se sostiene tanto para los no migrantes como para los migrantes e incluso tiene una magnitud semejante en ambos grupos. No obstante, en el cuadro 6 tambiĂŠn se puede observar que la suma de efectos de las variables adscritas es mayor en tĂŠrminos relativos (comparando con el tamaĂąo del efecto de la escolaridad) en el caso de los no migrantes que en el de los migrantes. AsĂ­, si bien la escolaridad es fundamental para cualquier joven independientemente de su condiciĂłn de migraciĂłn, parece ser que la emigraciĂłn constituye una forma en que ellos logran alejarse del efecto directo de sus orĂ­genes sociales y depender de mayor forma del nivel educativo que han adquirido. Los resultados evidencian que en la determinaciĂłn del estatus ocupacional de los jĂłvenes participan tanto los factores adscritos como los adquiridos, lo cual coincide con anĂĄlisis empĂ­ricos previos de otras poblaciones. Se observa que, en todos los casos, la escolaridad del joven es el factor que, por sĂ­ solo, tiene mayor peso en la explicaciĂłn de su logro ocupacional. El estatus ocupacional del padre es el segundo factor mĂĄs importante para el conjunto, pero dicha relaciĂłn se sostiene entre los hombres y no migrantes, mientras que no se manifiesta en el caso de las mujeres y los migrantes. Esto apunta a la importancia de la segregaciĂłn laboral por sexo y del contexto de inserciĂłn laboral en el desenlace ocupacional de los jĂłvenes. Es posible que dicha segregaciĂłn en el caso de las mujeres y el cambio de estructura de oportunidades que experimentan los migrantes, ejerzan un efecto tal que

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contrarreste, al menos un poco, la influencia directa de la ocupación de sus padres sobre su posición ocupacional. Cuadro 5 Comparación de coeficientes de trayectoria no estandarizados. Por condición de migración. Jóvenes rurales de 18 a 24 años de la encel07 Variables endógenas

Educación del joven

Ocupación del joven

No MigranVariables an- migrantes tes Compa- No migrantes tecedentes ración Efectos Efectos directos 1 p D I Educación padre Educación madre Ocupación padre

T

0.22*** 0.32

Migrantes

Comparación

Efectos

D

I

p

p1

0.21

0.25

D

I

T

0.23***

0.27***

0.43

0.10

0.23***

0.18***

0.33

0.23*** 0.23*** 0.46

-0.40** 0.20*** -0.20 0.00

0.70

--

--

--

0.22***

0.22

0.03

0.00

0.03

0.00

--

Edad joven

-0.12***

-0.08

0.50

0.55*** 0.11*** 0.66

0.20

-0.09

0.11

0.13

0.68

Educación joven

--

--

--

0.97***

1.13***

0.00

1.13

0.33

--

Total

0.70

0.00

0.00

0.97

0.36** 0.20*** 0.56

1

0.00

Nota: D= Efecto directo; I= Efecto indirecto; T= Efecto total. *significativo al 10%; **significativo al 5%; ***significativo al 1%. 1/El valor de p indica la significancia estadística de la prueba de hipótesis de igualdad entre los coeficientes de ambos subgrupos. Fuente: elaboración propia con base en encel07.

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Cuadro 6 Coeficientes de trayectoria estandarizados y coeficientes de determinación de las regresiones. Por condición de migración. Jóvenes rurales de 18 a 24 años de la encel07 No migrantes

Migrantes Variables endógenas

Logro educativo del joven

Logro ocupacional del joven

Logro educativo del joven

Logro ocupacional del joven

Efectos

Efectos

Efectos

Efectos

Variables Total antecedentes Educación padre Educación madre Ocupación padre

R2

Directo Indirecto Total

R2

Total

R2

Directo

Indirecto

Total

0.07***

0.15

0.19***

0.02

0.05***

0.07

0.23***

0.08**

0.18***

0.05*** 0.05***

0.10

0.14***

-0.08** 0.04***

0.15*** 0.00

0.15

--

0.11

0.12 --

0.10 0.02

-0.04

0.00

0.02

Edad joven

-0.08***

0.10*** -0.02*** 0.08

-0.05

0.03

-0.02

0.01

Educación joven

--

0.27*** 0.00

--

0.29***

0.00

0.29

0.27

R2

0.09

1/ En el modelo planteado, la variable “educación del joven” como variable endógena no recibe efectos indirectos, por lo tanto los efectos directos son iguales a los totales. Fuente: elaboración propia con base en encel07.

Se confirma que la educación del padre y de la madre son factores importantes en el proceso, pero su efecto sobre el estatus ocupacional de los hijos ocurre principalmente de forma indirecta a través de su influencia sobre la escolaridad de éstos. La educación de la madre incide de forma directa en el caso de las mujeres, los no migrantes y los migrantes, mientras que la del padre tiene un efecto directo sobre el conjunto de los jóvenes, los varones y los migrantes. La edad, por su parte, ejerce en el grupo agregado y en todos los subgrupos (con excepción de los migrantes) un efecto total positivo sobre la variable final (el efecto positivo que tiene sobre el logro ocupacional compensa y rebasa el negativo que tiene sobre el logro educativo). Esto coincide con lo que se conoce empíricamente: a mayor edad, mayor estatus ocupacional. Como balance, puede decirse que aunque la escolaridad prevalece en la cima en cuanto a la magnitud de su importancia en comparación con las otras variables estudiadas, el conjunto de factores adscritos ejercen también una influencia de magnitud notable en la estratificación ocupacional de estos individuos. Sin embargo, el peso de los factores relacionados con el origen socioeconómico es mayor entre los hombres y los no migrantes en comparación ¿Alcanza

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con las mujeres y los migrantes. Esto muestra que la estructura de oportunidades en la cual los jóvenes se insertan al mercado de trabajo desempeña un rol fundamental. No obstante, esta ventaja relativa de las mujeres y los migrantes respecto a los varones y no migrantes no significa que tengan una posición favorable en comparación con los jóvenes a nivel nacional.

Reflexiones finales La juventud es una etapa del curso de vida marcada por transiciones vitales que son determinantes para el futuro de los individuos. En este período, la educación y el trabajo pueden constituirse en mecanismos de reproducción o de cambio social. Los jóvenes enfrentan desafíos complejos, pero algunos de ellos lo hacen con menores recursos y en contextos de oportunidades de mayor precariedad. La desigualdad social y la pobreza que prevalecen en México se expresan en las notables diferencias existentes entre los jóvenes en su búsqueda por lograr trayectorias de vida que conduzcan al bienestar. En el caso de los jóvenes que provienen de hogares en condiciones de pobreza y de localidades rurales, un conjunto de desventajas se agregan y conspiran a favor de la reproducción de la condición social de sus padres. Los estudios de movilidad social han mostrado que si bien no hay sociedades en las que la transmisión intergeneracional de la desigualdad pueda evitarse por completo, existen aquellas que logran ampliar la igualdad de oportunidades y ofrecer a sus ciudadanos nacidos en condiciones de desventaja altas posibilidades de trascender su herencia social. Desafortunadamente, México no figura entre estos casos. Por el contrario, es un país con un sistema de movilidad social rígido que favorece el mantenimiento del estatus quo entre una generación y la siguiente. No obstante, existen resquicios que pueden utilizarse para promover un cambio y mejorar las perspectivas de vida de la población mexicana que ha nacido en el seno de una familia con carencias socioeconómicas. El análisis presentado ha buscado contribuir al conocimiento de los factores que participan en la relación existente entre el origen social y el destino ocupacional de jóvenes con orígenes en hogares rurales en condición de pobreza extrema. Los resultados empíricos de los modelos aplicados evidencian que tanto los factores vinculados con el origen social como la educación inciden en el proceso de determinación de su estatus ocupacional. Asimismo, los resultados entre los grupos desagregados por sexo y condición de migración ejemplifican el efecto de factores macrosociales (como la segregación de género del mercado laboral y las características de los mercados de trabajo locales y regionales) sobre los desenlaces ocupacionales. Uno de los elementos relevantes a resaltar es que, incluso para aquellos que se encuentran en lo más bajo de la pirámide social, la educación aún tiene el potencial de favorecer una ruptura de la reproducción social. Por tanto, no debe soslayarse la idea de que mejo400 ⎥ Iliana Yaschine

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rar la educación de este sector puede tener un potencial transformador. En ese tenor, un programa como Oportunidades (y otros que impulsen mejoras educativas) podría contribuir favorablemente si logra elevar de forma sustantiva la escolaridad de los individuos y la calidad de su aprendizaje. Pero entonces, ¿cómo se explica que Oportunidades, a pesar de conseguir aumentar la escolaridad de sus beneficiarios, no tuvo un impacto sobre la desigualdad de oportunidades laborales en la que se desenvuelven ni sobre su estatus ocupacional? La respuesta puede ensayarse por una doble vía. Primero, el impacto de Oportunidades en la escolaridad, si bien ha sido positivo, también ha sido modesto. El promedio de años de escolaridad de los jóvenes del grupo de estudio corresponde al de secundaria incompleta, menor al del promedio nacional y muy distante del que ostentan los jóvenes de estratos altos, lo cual les impide competir en igualdad de circunstancias por los puestos de trabajo. Además, es conocido que este sector de la población tiene acceso a educación de calidad deficiente, así como bajos niveles de aprovechamiento. Si la educación ha de funcionar como motor de movilidad social y cambio, debe asegurarse el acceso a educación de calidad y llegar hasta el nivel superior a todos los niños y jóvenes mexicanos. Segundo, el programa no tiene intervenciones que favorezcan los vínculos entre educación y trabajo, además de que se ha instrumentado en un contexto económico y de política pública que más bien contribuye a reproducir las desigualdades. El magro desempeño del modelo de desarrollo económico vigente, el bajo efecto redistributivo de la política pública, el carácter segmentado y estratificado de las instituciones de bienestar social en México y la precarización del mercado laboral, entre otros factores, se conjugan para conformar un espacio en el cual el cambio social difícilmente podría tener lugar. Por ello adquiere importancia una enseñanza básica de los estudios de movilidad intergeneracional: en el vínculo entre origen social y destino ocupacional intervienen diversos factores, unos que favorecen la reproducción y otros el cambio. Para debilitar la transmisión intergeneracional de ventajas y desventajas es necesario tener incidencia de forma simultánea sobre ellos, tanto a nivel macrosocial como individual. Así, la incidencia en el capital humano de los individuos es necesaria, pero no suficiente. La experiencia de los países con mayor fluidez social (como es el caso de los escandinavos, por ejemplo) obliga a valorar la aportación de un sistema de bienestar fuerte y la implementación de políticas de índole diversa que sean conducentes a la reducción de la rigidez de la estratificación; la disminución de la inequidad en la distribución del ingreso y de la desigualdad social en sus distintas dimensiones; la redistribución de las oportunidades educativas y laborales entre los miembros de la sociedad; la articulación del sistema educativo y los mercados de trabajo; la ampliación de la demanda laboral en puestos de calidad; y la regulación de los mercados laborales de tal forma que se garantice la protección de los derechos laborales y el rol del trabajo como un medio para acceder a mejores oportunidades de vida.

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Entre la desigualdad y la convergencia Between Inequality and Convergence ■ Velasco,

Andrés y Cristóbal Huneeus, (2012) Contra la desigualdad el empleo es la clave. Santiago de Chile, Random House Mondadori. ■

Rebeca de Haro Mota∗ Susana Marceleño Flores∗∗ José Irán Bojórquez Serrano∗∗∗ Tal fue o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes, que proporcionaron nuevas trabas al débil y nuevas fuerzas al rico; destruyeron la libertad natural indefinidamente, establecieron para siempre la ley de la propiedad y de la desigualdad; de una hábil usurpación hicieron un derecho irrevocable, y, en provecho de algunos ambiciosos, sometieron en lo futuro a todo el género humano al trabajo, a la esclavitud y a la miseria

Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad

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a desigualdad o inequidad es parte del crecimiento, pero cuando es muy marcada se convierte en un desequilibrio que impide el desarrollo convergente. La convergencia supone que las áreas pobres

se desarrollen de tal manera que coincidan con las más prósperas, en niveles de calidad de vida y condiciones socioeconómicas. No obstante, algunas políticas públicas concentran recursos en territorios o poblaciones con

∗

Estudiante de doctorado en Ciencias Ambientales en el Posgrado en Ciencias Biológico Agropecuaria de la Universidad Autónoma de Nayarit (México). Correo electrónico: rehamo_4@hotmail.com ∗∗  Doctora en ciudad, territorio y sustentabilidad, Universidad de Guadalajara. Profesora-investigadora en la Universidad Autónoma de Nayarit (México). Entre sus últimas publicaciones destacan: “Análisis del sector turístico como clave para la definición de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en la costa de Nayarit” (2013); “Distribución y grado de establecimiento de cochinilla rosada del hibisco en Nayarit” (2013); “La cuenca de río Mololoa y su problemática socioambiental” (2014). Correo electrónico: smlmarcel@hotmail.com ∗∗∗  Ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit (México). Maestro (Edafología) y doctor en Ciencias (Biología) por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor-investigador en la uan y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Coordinador del cuerpo académico consolidado uan-ca-1. Correo electrónico: iranbojorquez@hotmail.com

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mayores ventajas para favorecer el desarrollo en éstas, incrementando la desigualdad. Otras políticas destinan recursos a territorios con rezago sin identificar puntualmente sus necesidades o su potencial de desarrollo, de modo que como resultado, la desigualdad perdura. Por ello, identificar la desigualdad es un paso previo y necesario a la planeación del desarrollo, a lo que le sigue la indispensable tarea de determinar la causante precisa de esta diferencia. Contra la desigualdad el empleo es la clave, es una contribución al tema de la desigualdad, y sobre todo al origen de la misma. Los autores de esta obra, Andrés Velasco y Cristóbal Huneeus, economistas, académicos e investigadores, nos ofrecen una revisión sistemática del mercado laboral chileno con énfasis en la reducción de la desigualdad. La investigación publicada lleva a cabo un análisis de la pobreza y la desigualdad en Chile con base en los datos suministrados por la Encuesta Caracterización Socioeconómica Nacional 2009 (casen). Su principal contribución está orientada a precisar que lo más efectivo para disminuir la desigualdad es el diseño e implementación de políticas destinadas a fomentar el empleo. Los autores presentan una serie de hechos a partir de los cuales proponen mecanismos para asegurar el bienestar de la población, mismos que impactarán en el desarrollo económico del país. Si el bienestar humano forma parte esencial del desarrollo, se deben considerar aquellas condiciones necesarias para la realización del potencial de la personalidad humana, lo que inevitablemente implica la disminución de la desigualdad (Seers, 1969). 408 ⎥ Rebeca

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Considerando la diversidad de matices existentes entre las líneas de investigación dedicadas al tema de la desigualdad (Wu y Li, 2013; Kit-Chun y Pak-Wai, 2014), la propuesta de Velasco y Huneeus es promover aumentos de productividad, crecimiento, desarrollo y bienestar utilizando el talento de todos los ciudadanos. En su análisis de la desigualdad, Velasco y Huneeus consideran que los ricos tienen mejores condiciones y oportunidades de trabajo, lo que impacta directamente en los ingresos económicos (en Chile, el ingreso familiar de los hogares ricos es 17.8 veces mayor que en los hogares pobres). De este modo, los autores estudian el impacto del empleo en la desigualdad, suponiendo que las personas tuvieran un empleo y ganaran el promedio del decil al que pertenecen. El resultado es que el ingreso de ese hogar se duplica y los deciles restantes aumentan casi 32%, disminuyendo así la desigualdad. En síntesis: incrementando el empleo, disminuye la desigualdad. Al igual que Velasco y Huneeus, algunos investigadores han hecho aportes valiosos en lo que refiere al tema del origen de las desigualdades. Ruiz (2010) argumenta que la desigualdad tiene una relación directa con al acceso a la educación y los servicios públicos. Vergara (2010) demuestra que la infraestructura básica y social influye en el crecimiento económico; Birdsall, Ross y Sabot (1996) encuentran que la desigual distribución de la educación en América Latina, tanto en calidad como en cantidad, limita el crecimiento económico e incrementa la desigualdad.

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Velasco y Huneeus, con el objeto de identificar las particularidades de la desigualdad existente en Chile, analizan las características de la desigualdad social de las familias más pobres y de los empleos disponibles en el mercado para ellos. Así, aseguran que no sólo la educación impide el acceso al empleo de calidad. Si bien las personas que viven en hogares pobres tienen menos años de escolaridad que las de hogares ricos -a la vez que la calidad de la educación a la que acceden es diferente- hay otros factores determinantes en la desigualdad: el lugar de residencia -la ruralidad es mayor entre los más pobres (25%) que entre los más ricos (9%)-; la distribución de trabajo -95% de los muy ricos tienen un trabajo asalariado con contrato, en contraste con el 55% de los muy pobres-.1 Además de lo anterior, los autores identifican algunas características que dificultan que las personas más pobres obtengan empleo; sus familias tienen más mujeres adultas, más niños pequeños, más jóvenes cesantes, menos años de escolaridad, más discapacitados y mayor ruralidad. El estudio de las condiciones que generan y recrean las desigualdades nos recuerda la teoría de convergencia propia del enfoque neoclásico del crecimiento, según la cual en el largo plazo el funcionamiento del mercado pone en marcha engranajes que le permiten a las economías atrasadas crecer más rápidamente que las avanzadas y hacer de esta manera el catching up (Barro y Sala-i-Martin,   Además, el tipo de trabajo al que acceden los pobres no es de calidad; rara vez es asalariado, muchas veces sin contrato y sin beneficios. 1

1992, Estay, 2001) y para ello, los primeros deben emplear su potencial acumulado. Abramovitz (según Guzmán, 2000) señala que el alcance de los pobres a los ricos ocurre no sólo por el potencial derivado de las brechas de desarrollo, sino que también depende de las capacidades sociales que los primeros posean para lograrlo. El crecimiento de los países atrasados (followers) depende de lo que Abramovitz llamó “capacidades sociales” (social capabilities), las cuales son una serie de condiciones que en conjunto son necesarias para alcanzar la convergencia: facilidades para la difusión del conocimiento; condiciones que faciliten los cambios estructurales y, finalmente, condiciones macroeconómicas y monetarias que alienten y sostengan la inversión de capital y el nivel de crecimiento de la demanda efectiva. Con esta teoría un país tecnológicamente atrasado tiene la potencialidad para generar crecimiento más rápido que los países más avanzados, siempre que sus capacidades sociales estén suficientemente desarrolladas para explotar exitosamente las tecnologías ya empleadas por los países líderes. Es decir, que un país atrasado requiere del progreso tecnológico para desarrollarse, mas no es suficiente sin el conjunto de éstas condiciones. Así, se abría a largo plazo la posibilidad de que países atrasados alcanzaran los niveles de crecimiento y productividad de los líderes. En su trabajo, Velasco y Huneeus estudian el potencial en Chile y los requerimientos para desarrollar el potencial existente. Siguiendo esta óptica, encuentran que existen mujeres y jóvenes que no están insertados en la vida laboral. Esta característica lleva a los autores

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a plantear la necesidad de generar oportunidades de empleo para ambos sectores. Para la integración de la oferta con la demanda de trabajo, el primer reto a vencer es la desinformación, tanto del aspirante al trabajo como del empleador, aseguran los autores. Las personas con menor calificación están en desventaja. pues no tienen acceso a la información. Así, los autores proponen una serie de políticas que buscan reducir las barreras que dificultan la inserción laboral de los que no trabajan. Desde su perspectiva, consideran necesario un sistema de intermediación laboral y un sistema de información de oportunidades de empleo. Otro reto a vencer es la deficiente capacitación y falta de antecedente laboral; para esto, Velasco y Huneeus sugieren un programa masivo de capacitación para el trabajo, diseñado para personas que nunca han trabajado -o que no han tenido empleo por largo tiempo-, que concilie las destrezas y habilidades que la educación formal ofrece con las destrezas y habilidades que la empresa requiere. Por último, ellos creen necesario negociar entre el sindicato y el empleador la adaptabilidad de horarios, turnos y jornadas de trabajo. Además de hacer coincidir la oferta y la demanda de trabajo, se necesita ofrecer a los futuros empleados servicios de cuidado infantil, proyectos habitacionales insertados en centros urbanos integrados, oferta de trabajos dignos, libres de discriminación y abusos. Finalmente, los autores hacen hincapié en la necesidad de inversión en políticas laborales activas que permitan la equidad, eficiencia y motiven e incentiven a las personas a estudiar, capacitarse, buscar empleo 410 ⎥ Rebeca

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y trabajar. También resaltan la necesidad de garantizar la estabilidad macroeconómica del patrón de crecimiento del país, de modo que los sectores con potencial para generar empleo se desarrollen. Sin duda, uno de los primeros obstáculos al desarrollo y a la convergencia es la creación y profundización de desigualdades en el bienestar de las personas en el ámbito económico y social. Las desigualdades son una expresión negativa del desarrollo, limitan el crecimiento equilibrado, incluyente y sostenido al tiempo que brindan oportunidades para algunos y se las niegan a otros. Para reducir la desigualdad y favorecer la convergencia se vuelve imperativo diseñar e implementar políticas de desarrollo que enfrenten exitosamente la situación de pobreza y desigualdad existentes, basadas en estrategias de inclusión social que respondan a la realidad de la población; políticas públicas que surjan del estudio de experiencias que permitan la aplicación de estrategias exitosas y eviten cometer una vez más los mismos errores; políticas resultantes de procesos de investigación sistémica de las problemas presentes, que definan alternativas viables y nos permitan resolver nuestras desigualdades.

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Haro Mota, Susana Marceleño Flores, José Irán Bojórquez Serrano

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La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (RMCPyS), como órgano editorial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Nueva Época se propone contribuir a la consolidación de una nueva identidad académica e institucional constituyéndose para ello en foro abierto a la producción científica del área de las ciencias sociales. Comprometida con la formación plural e integral de científicos, intelectuales y expertos capacitados para el desempeño académico y profesional, se erige como plataforma en la cual se exponen conocimientos de excelencia y de vanguardia académicamente relevantes y socialmente pertinentes, a la vez que promueve el diálogo y el debate en torno a interrogantes centrales de nuestro tiempo que convocan, cruzan y expanden las fronteras disciplinarias. Dirigida a las y los investigadores, académicos y estudiosos que convergen en la construcción del amplio y diverso campo problemático de lo social, la RMCPyS es un espacio de producción de conocimiento científico propio del área de las ciencias sociales comprometido con el pluralismo teórico y metodológico. La Revista aborda temas afines a las ciencias sociales en general y sus áreas específicas –sociología, ciencia política, relaciones internacionales, administración pública y ciencias de la comunicación–. A su vez, la nutren los campos de especialización y de convergencia entre disciplinas tales como: teoría política, teoría sociológica, comunicación política, economía política, opinión pública, gestión y políticas públicas, sociedad y Estado, actores internacionales y procesos de globalización, entre otras.

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Normas

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y políticas editoriales

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incluir, en los campos correspondientes de la sección “Introducir metadatos”, como mínimo cinco líneas de información de carácter biográfico-curricular: profesión, títulos académicos, filiación académica actual, líneas de investigación, últimas tres publicaciones destacadas y dirección de correo electrónico a ser publicada. En caso de que el artículo sea resultado de alguna investigación, incluir la información del proyecto en el que participa. La RMCPyS alienta a los autores a acompañar sus artículos con documentación que pueda ser puesta en línea a disposición de los lectores para informar y apoyar los resultados presentados en la versión en papel del artículo (soporte gráfico y audiovisual, facsímiles de los cuestionarios, tablas estadísticas adicionales, bases de datos y transcripciones de entrevistas, registros escritos, iconografía, entre otros).

III. Resumen / abstract y palabras clave En la primera página del material remitido al Comité de Redacción por medio de la plataforma de gestión editorial, se incluirá un resumen del artículo en español con una extensión de 150 a 200 palabras y su traducción al inglés (abstract). El resumen debe comprender una descripción sintética del tema, su hipótesis, método de investigación utilizado y las principales conclusiones. Se incluirán cinco o seis “palabras clave” en español y en inglés (key words), colocadas inmediatamente después del resumen y el abstract.

IV. Características de las reseñas: Las reseñas deberán ser originales y estar vinculadas a las temáticas de la RMCPyS. Deberán versar sobre libros que no tengan más de dos años de haber sido publicados. Este tipo de trabajos no necesita pasar por un proceso de arbitraje y podrán ser publicados de acuerdo a los tiempos y criterios que determine el Comité de Redacción. Formato del Texto: Procesador de textos Microsoft Word o Write de OpenOffice, fuente Times New Roman 12 pt., interlineado sencillo. Alineación justificada. Tamaño Carta. Margen superior e inferior 2,5 cm., derecho e izquierdo 3 cm. Las notas a pie de página se presentarán en Times New Roman 10 pt, espacio sencillo. Extensión: entre 1500 y 2500 palabras. Las contribuciones podrán asumir diferentes formatos. Podrán ser breves ensayos sobre: Normas

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• • •

Información crítica sobre un libro recientemente publicado en el ámbito de las ciencias sociales. El estado de la cuestión en algún campo de investigación. Varios textos o aportaciones de interés que aborden un mismo tema.

Las contribuciones deberán tener en cuenta (al menos) las siguientes premisas: • Breve introducción sobre la publicación en cuestión • Mínima referencia sobre el/la autor/a del libro (país de origen/ trayectoria en la investigación / líneas temáticas abordadas) • Presentación del argumento central • Justificación de su relevancia • Observaciones críticas • Conclusiones finales Pautas para la presentación de las contribuciones: • Las reseñas no pueden ser elaboradas sobre trabajos propios. • La reseña debe citar las páginas del libro, sobre todo cuando se refiere a temas centrales. • Junto con la reseña deberán enviarse los datos bibliográficos completos del libro o artículo reseñado. • Se admitirán trabajos en idioma español, inglés, francés y portugués. • Se incluirá en el documento, luego del título de la reseña propuesta, el nombre del autor/a que incluya cinco líneas de carácter biográfico: profesión, títulos académicos, filiación académica actual, líneas de investigación, últimas tres publicaciones destacadas y dirección de correo electrónico a ser publicada.

V. Citación La/el autor/a cuidará que las citas incluidas en el texto coincidan con los datos aportados en la bibliografía. Las referencias bibliográficas deberán corresponder al sistema de publicación y estilo Harvard-APA con las siguientes especificidades: • Para el caso de la citación en el texto: (Apellido, año: página) Ejemplo: (Bourdieu, 2000: 35-38). • La lista de referencias bibliográficas deberá colocarse al final del trabajo en orden alfabético según el apellido de los autores. Se deberá evitar abreviar los nombres de

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los autores. El orden y disposición de la información en cada referencia bibliográfica debe seguir el modelo que se ejemplifica a continuación:

Libros: Un autor: Apellidos del autor, Nombre, (año) Título del libro. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial. [Si el libro sólo consta de un volumen o se trata de la primera edición, no es necesario especificar los datos correspondientes]. Ejemplo 1: Simmel, Georg, (2002) Cuestiones fundamentales de sociología. Barcelona, Gedisa. Dos autores: Apellidos del primer autor, Nombre y Nombre Apellidos del último autor, (año) Título del libro. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial. Ejemplo 2: Bryant, Raymond L. y Senéad Bailey, (1997) Third World Political Ecology. Londres, Routledge. Tres o más autores: Apellidos del primer autor, Nombre; Apellidos del segundo autor, Nombre y Nombre Apellidos del último autor, (año) Título del libro. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial. Ejemplo 3: Portes, Alejandro; Guarnizo, Luis y Patricia Landolt, (2003) La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo: la experiencia de Estados Unidos y América Latina. México, FLACSO-México. Dos o más obras de un mismo autor: Se repite el nombre del autor y se colocan las obras en orden cronológico, de la más antigua a la más reciente. Si se citan dos o más obras de un mismo autor publicadas el mismo año, se diferencian con letras después del año de edición. Ejemplo 4: Roig, Arturo, (1993a) Historia de las ideas, teoría del discurso y pensamiento latinoamericano. Bogotá, Universidad Santo Tomás-USTA. Roig, Arturo, (1993b) Rostro y filosofía de América Latina. Mendoza, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Normas

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Roig, Arturo, (1995), El pensamiento social de Juan Montalvo. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar y Corporación Editora Nacional. Capítulos de libros: Apellidos del Autor del capítulo, Nombre, (año de publicación) “Título del artículo” en Apellido del autor, coordinador o editor del libro, Nombre, Título del libro. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial, número de páginas en las que se encuentra el capítulo. Ejemplo 5: Barba Solano, Carlos, (2006) “La reforma social y el régimen de bienestar mexicano” en Franco, Rolando y Jorge Lanzaro (coords.), Política y políticas públicas en los procesos de reforma de América Latina. Buenos Aires, CEPAL/ FLACSO/ Miño y Dávila Editores, pp. 169-209. Autor corporativo: Siglas de la institución, (año) Título de la publicación. Número de volúmenes, número de edición. Lugar de edición, editorial. Ejemplo 6: inegi, (2010) Mujeres y hombres en México 2010. Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obras en proceso de publicación: Se agrega la expresión “en prensa” entre paréntesis inmediatamente después del nombre del autor, en lugar del año de edición. Ejemplo 7: Sussman, Michael y Gerhard Preyer (eds.), (en prensa) Multiple Modernities in the Contemporary Scene. A continuation of the Multiple Modernities Research Program. Tesis de grado: Apellidos del autor, Nombre, (año de presentación de la tesis) Título de la tesis o trabajo de grado. Ciudad-país, institución en que se defendió la tesis y grado de la misma. Ejemplo 8: Hernández Velázquez, María Remedios, (1994) Mujeres magonistas: una participación política activa en las filas del PLM, 1900-1911. México, Universidad Autónoma de México, Iztapalapa, tesis de licenciatura.

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Artículos de revistas: Apellidos del autor, Nombre, (año) “Título del artículo” en Nombre de la revista. Vol., núm., periodo de publicación, páginas en las que se encuentra el artículo. Lugar, Institución. Ejemplo 9: Calvento, Mariana, (2006) “Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina” en Convergencia. Vol. 13, núm. 41, mayo-agosto, pp. 41-59. México, Universidad Autónoma del Estado de México. Artículos de periódicos: Apellidos del autor, Nombre, (año de publicación) “Título del artículo” en Título del periódico. Lugar de publicación, día, mes, números de páginas. Sección donde aparece el artículo. Ejemplo 10: Petras, James, (1999) “La globalización del imperialismo estadounidense” en Excélsior. México, 21 de marzo, pp. 1-3. Suplemento Cultural. Sitios Web: Apellidos, Nombre del autor, (año) “Título del artículo o documento” en Nombre de la página o sitio web. Disponible en: dirección URL [Consultado el día mes y año de último acceso o consulta]. Ejemplo 11: Fullick, Melonie (2013) “The politics of the public eye” en Impact of Social Science (blog de The London School of Economics and Political Science). Disponible en: http:// blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/03/26/the-politics-of-the-public-eye/ [Consultado el 1 de abril de 2013]. Archivo histórico: Apellidos, Nombre, (Año) Título del documento. [Tipo de documento]. Todos los datos necesarios de la Colección y de la ubicación del documento en ella, número que identifica al documento. Nombre del archivo o institución que resguarda el documento, Ciudad. Ejemplo 12: Pani, Álvaro J., (1929) Reporte sobre el Impuesto sobre la Renta al Secretario de Hacienda, 5 de julio. [Reporte]. Fondo Archivo Central de Hacienda y Crédito Público, Sección Secretaria Particular del Secretario, Caja 3, Expediente 101-033-20. Archivo General de la Nación, Ciudad de México.

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IV. Gráficas, tablas y cuadros: Se entiende que las y los autores poseen los derechos o el permiso para la reproducción de los elementos gráficos que se incluyan en el artículo. Si así no fuese, la responsabilidad recaerá en los autores. La RMCPyS se deslinda de cualquier tipo de responsabilidad en este sentido. Si en el artículo aparecen gráficas, tablas o cuadros, deberán enviarse en archivo aparte (en Excel o el software en el que hayan sido generadas), a fin de que puedan ser correctamente editados. Se deberá explicitar la fuente de los mismos al pie de cada uno de ellos. El autor deberá indicar el lugar preciso en el que desea que aparezcan esos elementos en la versión editada. Los cuadros y gráficos generados deberán estar numerados y con título. Las fotografías e ilustraciones deberán enviarse numeradas y con título y presentarse a una resolución de 300 pixeles por pulgada (ppp), en formato tiff o png. Si se trata de archivos jpg se solicita que sean en la calidad más alta.

VII. Evaluación Todos los artículos serán sometidos a una valoración editorial preliminar por parte del Comité de Redacción, que se reserva el derecho de determinar si los artículos se ajustan a las líneas de interés de la Revista y cumplen con los requisitos indispensables de un artículo científico, así como con todos y cada uno de los lineamientos editoriales aquí establecidos. El proceso de evaluación empleado es el sistema de doble ciego (peer review). • Las resoluciones del proceso de dictamen son: • Aprobado para publicar sin cambios • Condicionado a cambios obligatorios sujeto a reenvío • Rechazado En caso de que el artículo obtenga dos dictámenes positivos, el trabajo podrá ser publicado siempre y cuando su contenido sea compatible con los tiempos, líneas editoriales y temáticas que la Revista dicte en su momento. Si los dictámenes resultaran condicionados a cambios obligatorios sujeto a reenvío, el autor deberá atender puntualmente las observaciones, adiciones, correcciones, ampliaciones o aclaraciones sugeridas por los árbitros. La/el autor/a tendrá como máximo treinta días naturales como límite para hacer las correcciones. Una vez que el artículo sea corregido siguiendo las recomendaciones, será remitido a los dictaminadores y serán ellos quienes lo consideren finalmente publicable.

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Dos dictámenes negativos cancelarán la posibilidad de publicación del artículo propuesto, considerándolo rechazado. En caso de un dictamen positivo y uno negativo, el artículo será turnado a un tercer árbitro cuyo dictamen será definitivo e inapelable. ÁRBITRO A

ÁRBITRO B

RESOLUCIÓN

Negativo

Negativo

No publicable

Positivo

Positivo

Publicable

Positivo

Negativo

Envío de la propuesta de artículo a Árbitro C Su decisión será definitiva e inapelable.

Positivo

Condicionado Envío de las recomendaciones sustentadas (a cambios obligatorios en el voto condicionado a las/los autores. sujeto a reenvío) El artículo corregido regresa al dictaminador quien aprueba o no su publicación.

Negativo

Condicionado Se rechaza pero se insta a las/los autores (a cambios obligatorios que tomen en cuenta los comentarios sujeto a reenvío) y sometan nuevamente su artículo a consideración de la RMCPyS

El resultado del dictamen se dará a conocer al autor en un plazo máximo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de recepción del último dictamen, junto con los comentarios, sugerencias y observaciones de los árbitros. El contenido del dictamen es confidencial para uso interno de la Revista y del autor. Ante un conflicto, queja o inconformidad por parte de la o el autor respecto del resultado final del proceso de evaluación, será función del Comité de Redacción atender y resolver el caso.

VIII. Corrección y edición La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales se reserva el derecho de incorporar los cambios editoriales y las correcciones de estilo que considere pertinentes de conformidad con los criterios de la Editora y/o de su Comité de Redacción.

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IX. Cesión de derechos y difusión del material publicado La publicación del artículo implica la cesión por parte de la/el autor/a de los derechos patrimoniales de su artículo, así como su permiso a difundirlo por los medios que se consideren pertinentes, ya sean impresos o electrónicos. Para tal efecto, una vez aceptado el trabajo para su publicación, cada autor deberá firmar una carta de cesión de derechos. El formato respectivo está disponible en la plataforma de gestión editorial OJS de la Revista. Sin este documento no se podrá proceder a la publicación del material. La RMCPyS autoriza a sus colaboradores a que ofrezcan en sus webs personales o en cualquier repositorio de acceso abierto, una copia de sus trabajos publicados siempre y cuando se mencione específicamente a la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales como fuente original de procedencia, citando el año y número del ejemplar respectivo y añadiendo el enlace a la página web donde este órgano editorial puede ser consultado in toto de manera abierta y gratuita www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys. Los contenidos de la Revista están bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. Las y los lectores son libres para: • Compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato • Adaptar, remezclar, transformar y crear a partir del material Bajo los siguientes términos: • Atribución: la/el lector/a debe reconocer el crédito de una obra de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace. • No Comercial: la/el lector/a no puede hacer uso del material con fines comerciales. • No hay restricciones adicionales: El/la autor/a no puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros hacer cualquier uso permitido por la licencia.

X. Formas de entrega y números de ejemplares Los trabajos deben ser cargados en nuestra plataforma digital: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys

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Información para autoras/es: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/information/authors Para más información, dirigirse a: Directora y Editora: Judit Bokser Misses-Liwerant dir_revmcpys@politicas.unam.mx Editora Asociada: Eva Capece Woronowicz edi_revmcpys@politicas.unam.mx Asistente Editorial: Lorena Pilloni Martínez articulo.revmcpys@gmail.com No se requiere enviar textos impresos, pero si se desea mantener correspondencia con la RMCPyS, la dirección postal es: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Edificio “G”, Circuito Mario de la Cueva, s/n, Ciudad Universitaria, Copilco Coyoacán, Código Postal. 01045. Los autores de los materiales publicados tendrán derecho a cuatro ejemplares, mismos que serán proporcionados por la Secretaria de redacción de la RMCPyS. Secretaria de Redacción Iraís García Jacales info_revmcpys@politicas.unam.mx

XI. Devolución de originales La RMCPyS no se hace responsable por la devolución de originales.

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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 223, editada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Se terminó de imprimir el 1 de enero de 2015, en los talleres Offset Rebosán, S. A. de C. V. Av. Acueducto No. 115, Col. Huipulco Tlalpan, C. P. 14370, México, D. F. Tel. 62 36 38 06. El tiro consta de 500 ejemplares impresos mediante Offset en papel bond ahuesado de 90 gramos. La composición se hizo en Minion Pro 10.8/12 pts. y Breughelt 8.3 pts. Diseño y formación de interiores: Bonilla-Artigas Editores. Diseño y concepto de portada: AbellaDiseñadores. Cuidado de la edición: Eva Capece Woronowicz y Formas e Imágenes S.A. de C.V.

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