MORIR EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI [III]

Rodulfo González

MORIR EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI [III] Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela, Abril de 2021

Producción: Centro de Investigaciones Culturales Neoespartanas [CICUNE] cicune@gmail.com

ÍNDICE La inutilidad de la ONU La masacre de El Ripial Siguen las ejecuciones Casi tres mil personas asesinadas en 2020 por los cuerpos de exterminio Morir por balas perdidas Morir en una masacre policial Morir en la casa Morir por resistencia a la autoridad Morir en una cola para surtir gasolina Impunidad en la muerte del músico Armando Cañizales La FAES asesinó a Cristian Charris

LA INUTILIDAD DE LA ONU

de folios informes

Millares suman los

levantados “in situ” por los expertos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de exterminio de la corporación criminal instalada fraudulentamente en el Palacio de Miraflores, cuyos resultados prácticos el pueblo no percibe y las recomendaciones consignadas en esos documentos en modo alguno son acatadas, al contrario, los autores materiales de esos crímenes identificados en los mismos, en vez de ser sancionados penalmente el régimen los asciende jerárquicamente..

En uno de esos informes se recomendó la disolución de la Fuerza de Acciones Especiales, conocida con las siglas FAES, uno de los más siniestros órganos de exterminio del régimen, pero la narcodictadura hizo caso omiso de tal recomendación y además, encomió a sus componentes y exclamó ¡Viva la FAES! En marzo de 2021 a Michelle Bachelet se le ve sonriéndole al narcodictador en una videoconferencia. ¿De qué se reiría?

Sobre esa repudiable escena que dio la vuelta al mundo, el diario El Nacional, comentó al final del editorial de ese día [5 de marzo] que “La sonrisa de Michelle Bachelet hablando con el dictador es un puñal para quienes esperan verdadera justicia, libertad y democracia y el juzgamiento de quien ha cometido crímenes de lesa humanidad”. Igualmente se preguntó: “Dinos Michelle, ¿qué fue lo que más te dio gracia? ¿Los presos políticos y torturados? ¿Los inmigrantes que mueren en las trochas y caminos huyendo de la crisis humanitaria y la dictadura? ¿Los enfermos sin tratamiento? ¿La devastación social y económica producida por la dictadura más corrupta del continente?

Puro informes reconociendo los crímenes de la narcodictadura, pero nada de una acción concreta para ponerles fin y sancionar a los culpables en cadena de mando. El más reciente de marzo fue una actualización del anterior y como siempre Nicolás Maduro arreció la represión, como la desarrollada por la Guardia Nacional, la Faes y la Fuerza Aérea contra los pobladores de La Victoria, Estado Apure, en pleno desarrollo, y una diáspora forzada a Colombia superior a las tres mil personas huyendo de los organismos que debería protegerlos, dejando atrás todos sus pertenencias, saqueadas por efectivos de dichos cuerpos mal llamados de seguridad.

LA MASACRE DE EL RIPIAL

El sábado 27 de marzo de 2021 la periodista Sulay García, del portal Crónica.Uno, publicó un esclarecedor reportaje sobre los hechos sangrientos ocurridos dos días antes en el sector El Ripial, de la localidad de La Victoria, Estado Apure, donde perecieron cinco personas luego de ser detenidas por efectivos de las erróneamente llamadas fuerzas de seguridad, que el ministro de Defensa de la narcodictadura, Vladimir Padrino López, calificó de guerrilleras, pero que fuentes confiables desmienten, según los datos aportados a la periodista, reflejados en el reportaje.

-San Fernando de Apure. Las cinco personas asesinadas en los hechos del asentamiento campesino El Ripial de La Victoria, Estado Apure, ocurridos este jueves

25 de marzo, según familiares y habitantes de esta población, no son “terroristas” como lo reportó la REDI Llanos, sino campesinos conocidos de la localidad.

Las cinco personas asesinadas en El Ripial eran de una misma familias y no eran guerrilleros -Raiza Remolina, familiar de los fallecidos, -explicó la periodista- narró que sus parientes eran campesinos, todos miembros de una misma familia, quienes fueron sacados de su vivienda, de La Victoria y luego aparecieron muertos, kilómetro y medio más adelante en El Ripial con indumentaria guerrillera y armamentos. La grave denuncia fue reproducida en el Twitter de la organización de derechos humanos Provea.

Mi nombre es Raiza Isabel Remolina, familiar de la señora Luzdey Remolina y Jeferson Uriel Remolina. Mi tía, mi primo, el esposo de ella, Emilio Ramírez, Einer Villamizar, fueron asesinados vilmente el día de ayer 25 de marzo, del 2021, en el Estado Apure, parroquia Urdaneta, La Victoria”, la joven relata en un video.

Sulay García apuntó luego: -Contó además, que “del barrio 5 de Julio fueron sacados mis familiares, por los grupos de las FAES del gobierno nacional. Estos grupos estaban revisando todas las casas en el sector de La Victoria, se metían a las casas y supuestamente estaban buscando guerrilleros en ese barrio 5 de Julio de La Victoria y a mis familiares se los llevaron y aparecieron en El Ripial de la parroquia Urdaneta también, un poco más lejos de donde ellos eran”.

En seguida apuntó: -Remolina agregó: “Aparecieron tirados en el campo, uniformados con lo que usan los grupos irregulares, con sus uniformes; a mi primo le amarraron un pantalón, le pusieron botas, un arma a su lado, a mi tía le colocaron unas botas de guerrillera, a su esposo también, a su cuñado. Gente inocente que no tenía nada que ver con grupos irregulares, gente que se dedicaba al trabajo de campo; el esposo de mi tía Emilio Ramírez, se dedicaba al trabajo de campo”.

En el siguiente segmento escribió: -Por otro lado, Javier Tarazona, presidente de la organización Fundaredes, indicó también en su cuenta Twitter: “Casas quemadas por las FANB, denuncian pobladores de El Ripial, en La Victoria, estado Apure”, con la publicación de un video en el que un poblador de la zona, responsabiliza al ejército venezolano.

“Hoy jueves 25 de marzo, aquí estamos viendo, una de las casas que quemó el Ejército venezolano en La Victoria, El Ripial, casas de gente campesina, trabajadores que no tienen nada que ver, gente civil, viviendas honradas… quemadas totalmente, reventadas con explosivos”, describe el lugareño.

En numerosos videos y fotografías que comenzaron a circular por redes sociales desde las 3:00 de la tarde del jueves, que dieron a conocer la situación, los pobladores

mostraron y narraron, que los uniformados venezolanos, ingresaron a las viviendas de forma violenta, derribaron puertas y saquearon en algunas, mientras que en otras, quemaron y detonaron artefactos explosivos, sobre todo, en El Ripial a kilómetro y medio de del caso urbano de La Victoria.

Quienes enviaron los registros de estos hechos, expresaron que hay un profundo temor en la población hacia los funcionarios militares venezolanos. Pidieron el resguardo de sus identidades y manifestaron que, más temprano, funcionarios de las FAES, apostados en La Victoria, les requisaron sus teléfonos para verificar sus mensajes.

[Vale la pena hacerse las siguientes preguntas: ¿La defensa del territorio venezolano no es función constitucional de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué la FAES está participando en una operación netamente militar? ¿Por qué el ministro de la Defensa de la narcodictadura omite en sus declaraciones públicas la masacre de El Ripial y disfraza a las víctimas con uniforme nuevos de la guerrilla colombiana, compinche del régimen? ¿Por qué ese funcionario castrense acusa a la CIA para encubrir su incompetencia?]

30-3-2021 El sábado 26 de marzo la misma periodista había emitido el reporte que sigue: --San Fernando de Apure. Vecinos de El Ripial que huyeron a Arauquita, Colombia, denunciaron que funcionarios militares y policiales venezolanos cometieron una masacre en ese sector, donde se reportan cinco fallecidos, de acuerdo con la Redi Los Llanos y la Zodi 31 de Apure.

Según lo informado por el Ceofanb, hubo «cinco terroristas neutralizados». En el texto oficial se lee: «En el área de Operaciones, sector «EL RIPIAL», comisión militar de FF.EE del EJB y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES-PNB), sostuvieron

enfrentamiento armado con grupo de terroristas, quienes hicieron frente a la comisión, resultando neutralizados. Igualmente, se les incautó armas de fuego, granadas de mano, cilindros explosivos, pertrechos y uniformes militares, insignias y revistas de las F.A.R.C» (sic).

La periodista añadió: -Habitantes de La Victoria manifestaron estar atemorizados y pidieron auxilio a organismos externos este jueves en la tarde, debido a destrozos, quemas y saqueos en las comunidades campesinas El Ripial y La Capilla, un kilómetro más adelante.

Igualmente señaló: -Las víctimas responsabilizan de estos hechos a militares venezolanos e indicaron, además, que al propio pueblo de La Victoria llegó en la mañana un contingente de las FAES que revisó los celulares de varios de los pobladores, lo cual les ocasionó temor de salir de sus casas.

Aseguraron que ante estos hechos continúan los desplazamientos masivos hacia Arauquita, en el frente colombiano y que, los que aún permanecen en sus casas resistiendo por el resguardo de sus pertenencias, están asustados.

Los denunciantes, por seguridad, no quisieron dar sus nombres, pero pidieron a los escasos medios que circulan que denuncien esa masacre.

[El ministro de la Defensa de la narcodictadura, general Vladimir Padrino López, en vez de reprimir a las guerrillas colombianas que han violado el territorio de la República, la emprendió contra las redes sociales por visibilizar lo que él criminalmente se propuso invisibilizar]

El 27 de marzo Reporte Confidencial reseñó: -Una habitante de La Victoria en el Estado Apure denunció este viernes que efectivos de las Faes sacaron de su casa a su tía junto a su esposo y su primo, quienes “fueron asesinados vilmente” este jueves. La Fanb y las Faes se han enfrentado a supuestas disidencias de las Farc en la zona, aunque se desconoce si los combates son contra disidencias de Iván Márquez o las de Gentil Duarte, que serían las dos que operan en la zona, según RCN. La informante añadió: -Mi tía, mi primo, el esposo de ella Emilio Ramírez, Einer Villamizar, fueron asesinados vilmente el día de ayer 25 de marzo en el Estado Apure, Parroquia Urdaneta, La Victoria, del barrio 5 de Julio, fueron sacados mis familiares por los grupos del Faes del Gobierno nacional”, detalló Raiza Remolina, familiar de los fallecidos a VPItv. En referencia a esa masacre el periodista Junior Parra, aseguró que fue la Guardia Nacional, en El Ripial, la responsable del asesinato de las víctimas creando un falso positivo vistiéndolas de guerrilla.

“Voy con información de la familia que masacraron ayer en Apure. Familiares me aseguran

que no eran guerrilleros, me cuentan que se dedicaban al trabajo del campo. Me dicen que militares venezolanos llegaron a las casas, revisaban y sacaban a las familias, se las llevaban y las regresaban, sin embargo, a esta familia no, se las llevaron del barrio 5 de julio, en pleno pueblo de La Victoria (donde vivían) y aparecieron muertos en El Ripial”, posteó Parra en su cuenta en Twitter, agregando que Luz Dey Remolina (ama de casa), Jeferson Uriel Ramírez (joven que se dedicaba a estudiar) y Emilio Ramírez (esposo de Luz Dey Remolina) se dedicaba al campo.

Además reveló que armas y granadas fueron colocadas de forma estratégica para las fotografías y justificar sus muertes.

-Los uniformes –observó- lucen limpios y planchados, las botas lucen nuevas. La cabuya para amarrar el pantalón hace pensar que no eran del cuerpo.

La narcodictadura niega que en El Ripial la Faes y las FAN cometieron una masacre.

Las ONG afirman lo contrario. Al efecto, el 29 de marzo de 2021 el portal Crónica.Uno reportó: -Caracas. La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) junto con otras organizaciones no gubernamentales de la región elevaron su voz a través de un comunicado para condenar los sucesos de violencia acaecidos en la parroquia Urdaneta del municipio José Antonio Páez, Estado Apure, donde se han dado enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las FARC, lo que ha traído como consecuencia el desplazamiento de 4000 personas al país vecino.

De igual modo “Exigieron investigar de forma imparcial y exhaustiva la masacre en la cual fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos efectivos de las FAES en El Ripial”, por cuanto fueron sacadas de sus hogares en el barrio 5 de Julio, alegando los funcionarios que eran ‘guerrilleros”.

[Solicitar que el Fiscal de la narcodictadura, Tarek William Saab, adelante una investigación imparcial sobre esos crímenes es como pedirle peras al olmo]

También señalaron que los enfrentamientos entre la FANB y las FARC han afectado a productores y habitantes del lugar contándose entre ellos población vulnerable: niños, ancianos, mujeres, y familias en general.

-Son numerosas –indicaron- las familias desplazadas forzadamente por estos violentos hechos, las cuales han tenido que huir de sus propiedades a través del río Arauca. Un aproximado de 4000 ciudadanos han pasado hacia el vecino país, los cuales han sido atendidos en albergues de campaña y han recibido atención médica, alimentación y resguardo”.

SIGUEN LOS AJUSTICIAMIENTOS

En el socialismo del siglo XXI es una falacia hablar de órganos de seguridad del Estado, una figura que aparece en la Constitución Nacional y en muchas leyes pero que no se percibe en la realidad cotidiana.

Lo que existe son órganos represivos policiales militares y civiles que, como en las películas del agente 007, tienen licencia para matar impunemente a la ciudadanía que protesta por malos servicios públicos, por la carestía de la vida, por la defensa de sus derechos constitucionales, por la miseria salarial, por los atropellos gubernamentales, etc.

A pesar de que desde 1863 la pena de muerte fue abolida, convirtiéndose en uno de los primeros países en hacerlo, los cuerpos de exterminio del régimen, vale decir el Sebin y su brazo ejecutor la FAES, la Dgcim, el CICPC, el Conas, entre otros, siguen asesinando impunemente a quienes les viene en gana, sin que la Fiscalía General de la narcodictadura, ni la mal llamada Defensoría del Pueblo tomen acciones enérgicas para sancionar penalmente al funcionariado policial que viola el derecho a la vida garantizado en la Constitución Nacional chavista.

Erróneamente los medios de comunicación social califican estos hechos criminales como ajusticiamientos extrajudiciales, siendo que tal penalidad no está contemplada en ninguna ley de la República, sencilla y llanamente porque la prohíbe la Carta Magna.

El 10 de marzo de 2021 el periodista Juan Francisco Alonso, de Crónica.Uno, reportó: -Caracas. Las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes policiales y efectivos militares en Venezuela, bajo el pretexto de combatir el crimen, no hacen más que aumentar. Así lo denunció la Misión Internacional Independiente de

Determinación de Hechos de Naciones Unidas, la cual reveló que en lo que va del año ha contabilizado más de 200 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Alonso agregó que, “Entre el 7 y el 9 de enero, las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) llevaron a cabo la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha, en el barrio de La Vega, en Caracas” y señaló, con fuentes policiales, que se desplegaron 650 agentes en la operación.

Por su parte, María Viñas aseguró que “Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”.

Misión de la ONU ha contabilizado más de 200 ajusticiamientos en lo que va de 2021 En otra parte del reportaje la periodista se refirió a la actualización oral que hiciera la Alta Comisionada para los Derecho Humanos de la ONU del informe sobre el país publicado en septiembre del año pasado, en el cual reveló un aumento en el número de las ejecuciones extrajudiciales y en la persecución contra la disidencia.

-Así –expresó la periodista- informó de 36 nuevos casos de presuntas detenciones arbitrarias, aunque reveló que agrupaciones de la sociedad civil le reportaron 100 casos desde septiembre pasado.

Sin embargo, algo que ha causado alarma en la instancia es la ola de ataques y detenciones que vienen sufriendo organizaciones pro Derechos Humanos y caritativas, algo que a su criterio, revela que “el concepto estatal de ‘enemigo interno’ parece ser cada vez más amplio”.

Por otro lado, Juan Francisco Alonso apuntó que “La Misión no pasó por alto el caso de los cinco activistas de Azul Positivo, quienes fueron aprehendidos en enero pasado y señalados de delitos incluidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, por el simple hecho de entregar dinero a sectores más vulnerables para adquirir alimentos en el Estado Zulia.

-La excarcelación de los miembros de la agrupación –advirtió- no satisfizo a la instancia, la cual anunció que investigará cómo fueron tratados.

María Viñas, autora del informe, dejó en claro que la Misión continuará recopilando casos de violaciones a los Derechos Humanos, pero también continuará buscando a los responsables.

-De acuerdo con nuestro mandato, -aseguró- profundizaremos en nuestras investigaciones sobre estas estructuras, aclarando las responsabilidades y las cadenas de mando, utilizando el estándar de motivos razonables para creer. También estaremos atentos tanto a las acciones como a las omisiones por parte del Gobierno.

Asimismo aseguró que “también examinarán las tácticas utilizadas por los perpetradores estatales para eludir responsabilidades o protegerse de la rendición de cuentas, incluida la coordinación con actores no estatales para cometer violaciones y crímenes, como con colectivos y otros grupos armados civiles y guerrilleros”.

Además precisó que no solo indagará en el papel de los uniformados, sino también de quienes han debido investigar y sancionar cualquier desviación.

-Profundizaremos –observó- en nuestras investigaciones sobre las respuestas de los fiscales y del Poder Judicial a las violaciones y los delitos. Esto incluye analizar si, mediante actos de comisión u omisión, el Poder Judicial ha contribuido a perpetuar la impunidad”.

Sobre ese tema, al presentar su informe de gestión correspondiente a 2020, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, aseguró que desde que llegó al Ministerio Público en 2017, un total de 1019 funcionarios, entre civiles y militares, han sido procesados por delitos de homicidio, torturas, tratos crueles e inhumanos, privación ilegítima de libertad, entre otros, admitiendo que solamente 171 han sido condenados.

[El Fiscal General de la narcodictadura en ninguna parte del informe menciona que se les haya aplicado a los indiciados de crímenes de lesa humanidad la Ley Especial Para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, que castiga a los componentes de la cadena de mando, no sólo a los autores materiales de esos hechos criminales. Dicen que los bomberos no se pisan la manguera]

CASI TRES MIL PERSONAS ASESINADAS EN 2020 POR LOS CUERPOS DE EXTERMINIO El 9 de marzo de 2021 la Redacción del portal Crónica. Uno, reportó: -Caracas. “Los cuerpos policiales y militares de Venezuela fueron más letales que la COVID-19 durante el año 2020”, este fue el hallazgo del estudio “Lupa por la Vida” que hicieron el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Investigación Gumilla. El texto precisa que 2853 personas fueron víctimas de la letalidad de los cuerpos armados del Estado: “Graves violaciones de los derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad”.

El estudio especifica que la mayoría de las víctimas son jóvenes de los sectores populares de entre 18 y 30 años de edad, “lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes”.

Las organizaciones indicaron que realizaron un proceso de “contraloría social a la violencia institucional policial y militar”.

Igualmente destacaron que el confinamiento decretado por el Ejecutivo no frenó este tipo de violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos del Estado: -Este hecho, -indicaron- junto a la exclusión de este sector etario en el acceso a otros derechos, como el de educación y trabajo entre otros, da cuenta de la creciente migración forzada de jóvenes buscando protección en otros Estados”.

Crónica.Uno agregó: -Para estas organizaciones el Estado venezolano alienta a las autoridades a que cometan este tipo de actos y, a su vez, garantiza que no haya castigo: “Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.

Señalan que, en “los pocos casos que se investigan, las instituciones actúan con discriminación”. Como ejemplo pusieron el asesinato de los trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia, Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, en donde fueron detenidos seis funcionarios presuntamente vinculados al crimen.

También mencionan el caso del asesinato de cinco personas en el sector El Limón de Caracas, entre ellas Wilmer Yáñez, quien era escolta de la para entonces ministra Iris Varela. En esta investigación también están detenidos los presuntos responsables “En Venezuela la mayoría de la población no cuenta con el padrinazgo político y, por tanto, están excluidas del acceso al derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe.

Asimismo denuncian que casi siempre se hace uso de la versión de “presunto enfrentamiento”, por lo que el Ministerio Público no cumple con su labor de investigar:

-En la mayoría de los asesinatos –explican- perpetrados por la fuerza pública, por la vía del testimonio de familiares, se aportan elementos suficientes que conducen a presumir que se trata de ejecuciones extrajudiciales”.

Y concluyen señalando que la acción de los cuerpos de seguridad está dirigida a ocasionar la muerte de las personas.

-Este patrón –aseveran- se ha complejizado a tal nivel que dentro del grupo de víctimas es posible identificar desde (1) quienes fallecen por problemas personales o en el ámbito de la vida privada que sostenían con funcionarios de los cuerpos de seguridad (…) (2) otros por el despliegue de operativos y/o acciones adelantadas sistemáticamente para ‘acabar’ con la vida de jóvenes bajo el paragua de la ‘profilaxia social’.

De igual modo revelaron que la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana fue el responsable de 672 asesinatos, lo que representa 23,55 % del total, siguiéndole el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 593 casos, lo que equivale a 17,52 % del total.

Según el documento citado por Crónica.Uno las policías estadales fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones, equivalentes a 25,71 %, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de 359 casos, y las policías municipales, de 134: -Llama la atención –advierte el informe- el significativo incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB. Provea pudo identificar en 2019 la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Este resultado corresponde al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana”.

El informe recuerda la labor de la Misión de Determinación de Hechos establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la exhortación de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU a la disolución de las FAES y el primer pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que considera que existen elementos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

-Las autoridades –acusaron las ONG encargadas de la investigación- siguen sin dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, persisten en mantener una política de seguridad que no respeta el derecho a la vida y otros derechos humanos, no se investiga ni sanciona a los autores materiales y a las cadenas de mando de los responsables de los miles de presuntas ejecuciones.

El 11 de marzo de 2021Bachelet denunció nuevas masacres cometidas por los organismos de exterminio del régimen de Maduro y exigió que los responsables rindan cuentas ante la justicia y alertó que a pesar de la insistencia de la ONU, el régimen de Nicolás Maduro sigue permitiendo masacres en Venezuela a través de organismos de exterminio, reseñó el Centro de Comunicación Nacional En la nueva actualización de su informe, Bachelet señaló que a principios de enero, tan solo en un operativo de seguridad 14 personas habrían sido asesinadas en el barrio caraqueño de La Vega por la Fuerzas de Acciones Especiales, FAES. En el documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, la Alta Comisionada exhortó a que se realicen “investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”.

La fuente recordó igualmente que “Desde el año 2019 la Alta Comisionada de la ONU, ha insistido en que se debe eliminar al cuerpo de exterminio Faes, sin embargo, la dictadura de Nicolás Maduro ha ignorado las indicaciones y usan al grupo policial para infringir terror entre los ciudadanos.

El 10 de marzo de 2021 Juan Francisco Alonso, de Crónica.Uno, reportó: -Caracas. Las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes policiales y efectivos militares en Venezuela, bajo el pretexto de combatir el crimen, no hacen más que aumentar. Así lo denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, la cual reveló que en lo que va del año ha contabilizado más de 200 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Y agregó: -Entre el 7 y el 9 de enero, las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana) llevaron a cabo la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha, en el barrio de La Vega, en Caracas. Según fuentes policiales, se desplegaron 650 agentes en la operación. Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, reportó María Viñas, presidenta de la instancia, al presentar este miércoles al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su actualización oral del informe sobre el país que publicaron en septiembre pasado.

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, en el operativo contra la banda de “el Coqui” unas 23 personas habrían perdido la vida. Las autoridades no se han referido a este caso y no han informado cuántos policías fallecidos o heridos dejaron los supuestos enfrentamientos contra delincuentes armados, ni tampoco cuántas armas habrían incautado a los fallecidos.

MORIR POR BALAS PERDIDAS El 8 de enero de 2021, durante una masacre que ejecutó en La Vega, Caracas, el grupo policial Faes perdieron la vida dos personas, según reseñó en su cuenta en Twitter el periodista Román Camacho, del diario El Nacional.

-Uno de los fallecidos –explicó- fue identificado como Nelson Villalta, de 50 años de edad. Era profesor de música en Fundamusical en Chapellín, aunque debido a la pandemia, actualmente trabajaba como vigilante en un hotel en Altamira.

Camacho no suministró el nombre de la otra persona fallecida.

El miércoles 4 de febrero de 2015 Iñaki Anasagasti, al recordar en su blogspot los 23 años del fracasado golpe del teniente coronel [r] Hugo Chávez contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, mencionó entre los cinco civiles asesinados por balas locas de los insurgentes el caso de la niña de 9 años Noelia Lorenzo Parada. quien recibió una bala de FAL en la cabeza cuando militares insurrectos iniciaron la toma del Palacio de Miraflores. Ella vivía en la Avenida Sucre y era una alumna brillante del Colegio Teresiano de La Castellana.

Es kilométrica la lista de venezolanos asesinados por las llamadas balas locas, que pueden provenir de enfrentamientos entre bandas delictivas rivales o entre éstas y efectivos policiales o en razzias en los barrios populares que se convierten en masacres.

El 7 de junio de 2016 el periodista Javier Mayorca, de El Nacional, experto en fuentes criminales, afirmó en un reportaje que Venezuela era el segundo país en América Latina con más muertos por balas perdidas -El domingo 29 de mayo -documentó- un tiroteo suscitado en el sector El Prado de Valencia arrojó una víctima que no estaba en los planes de ninguna de las dos bandas que se disputaban el control del sector.

Jaime Giovanni Tovar, de 24 años de edad, estaba ajeno al conflicto protagonizado por la banda del Marre contra unos advenedizos. El hombre estacionaba su automóvil en su vivienda cuando fue impactado por un proyectil en el cuello.

La bala no era para él…

Mayorca observó: -Casos como éste ocurren en el país por lo menos cada dos semanas, a juzgar por los resultados del último informe sobre fallecimientos y heridos por balas perdidas en Latinoamérica, elaborado por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec, por sus siglas en inglés).

Luego precisó: -El “documento de trabajo” sistematizó la información de los casos reportados en 25 de los 33 países de la subregión durante 2014 y 2015.

Después señaló:

-El ex jefe de Homicidios de la policía judicial, comisario Luis Godoy explicó que la expresión “bala perdida” no es utilizada por los pesquisas. Se trata de proyectiles que impactan contra un individuo que no estaba en la mira de quien accionó el arma.

Indicó que los agentes determinan que una muerte se produjo por esta razón cuando el proyectil impacta en el cuerpo de la víctima con poca fuerza, en ocasiones luego de ser desviados por golpear contra objetos.

Indicó que en diciembre se hacen más frecuentes estos casos, pues las personas hacen disparos al aire para celebrar. En estos casos las víctimas son heridas por balas con trayectoria descendente.

El 26 de diciembre de 2015, por ejemplo, una niña de once años de edad murió luego de ser herida en la cabeza por una bala perdida. La infante jugaba en el patio de su casa. Dos días antes, en una casa del barrio San Blas de Petare, un niño de siete años falleció cuando un proyectil lo impactó en la cabeza mientras él veía la televisión.

Godoy indicó que los niveles de impunidad en estos casos son más elevados que los habituales en el país, debido a la dificultad para establecer un nexo directo entre la persona que hace los disparos y quienes resultan afectados.

En lo que respecta a asesinatos por presunta resistencia a las autoridades. datos publicados en la Web por el Observatorio Venezolano de Violencia indican que en 2020 se registraron 4.231 muertes por resistencia a la autoridad en el país y aseguran que desde 2016 hay un aumento sostenido de la letalidad policial, que ese año cobró 5.281 víctimas y 5.535 en 2017.

En 2018, las víctimas por resistirse a la autoridad ascendieron a 7.523.

En 2019, según reseñó TalCual el 2 de enero de 2020, con información del OVV, se produjo una reducción de muertes en tales circunstancias, 5.286.

TalCual igualmente reveló que “Los funcionarios de la policía se aprovechan del «poder» para emprender ejecuciones extrajudiciales”. Pero sin embargo, “Las ejecutadas por las FAES gozan de total impunidad”.

Y agregó: -Una investigación del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reveló que se registraron al menos 16.506 muertes violentas en 2019, con una tasa de homicidios de 60,3 por cada 100 000 habitantes, duplicando en violencia a países como Colombia o México con una tasa de 25 y 29 homicidios, respectivamente.

Durante la presentación del informe anual, Carlos Meléndez, uno de los directores de la ONG, señaló que en Venezuela existe una especie de «epidemia de violencia policial» donde funcionarios del régimen se aprovechan de su «poder» para emprender ejecuciones extrajudiciales bajo la falsa excusa de «resistencia a la autoridad».

El informe señala que se llevaron a cabo muertes en manos de funcionarios policiales por el uso excesivo de la fuerza. De hecho, luego de que Michelle Bachelet presentara en julio su primer informe sobre la situación en Venezuela y denunciara las ejecuciones extrajudiciales, en el país fueron asesinadas 2.698 por la acción policial letal.

La fuente explicó de igual modo: -De acuerdo con el OVV, en su mayoría estos homicidios fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando especial de la Policía Nacional Bolivariana. El OVV realiza este

informe con base en los registros obtenidos por un observatorio de prensa, encuestas de muestreo y «cifras agregadas extraoficiales» que, aseguran han sido «levantadas por el Ministerio de Interior».

[Cabe advertir que desde diciembre de 2003 la dictadura del teniente coronel [r] Hugo Chávez invisibilizó las cifras oficiales sobre muertes violentas, la mayoría de ñas cuales cometidas por los cuerpos represivos del régimen]

Asimismo precisó: -Las FAES estarían implementando una especie de «rito de iniciación» para sus nuevos miembros. Se denuncia que quienes se convierten en sus funcionarios «deben ubicar una víctima y matarla» para iniciar sus carreras. Este es uno de los cuerpos de seguridad del Estado denunciado por su presunta vinculación con asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

Roberto Briceño-León, director del OVV, dijo a BBC Mundo que «El procedimiento suele ser el mismo. Llegan encapuchados y sin identificación, lo que viola todas las leyes venezolanas, y mientras unos cortan la calle y alejan a los familiares, otros matan al ciudadano, casi siempre en el interior de su vivienda».

Además, ha informado que «hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con las FAES la impunidad es total». Denunció que funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a la polémica fuerza policial son sistemáticamente bloqueadas.

Al final del reportaje TalCual denunció: -A pesar de las denuncias a nivel nacional e internacional, el pasado 20 de diciembre el mismo Maduro llamó a «expandir las FAES» para que trabaje de la mano con los consejos comunales y las comunas, organizaciones de origen cubano implementadas por el chavismo.

El 29 de diciembre de 2020 el periodista Carlos D´Hoy, de El Universal, reseñó la presentación, por parte del Observatorio Venezolano de Violencia, del informe sobre las epidemias ocurridas en el país el citado año, la del Covid-19 y la de la violencia policial, “que resultó once veces más letal que la del coronavirus”.

Los crímenes ascendieron a casi 12 mil, convirtiendo a Venezuela en el país con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. De esa cifra 4.153 fueron cometidos por los delincuentes y 4.231 decesos fueron catalogadas por organismos gubernamentales como resistencia a la autoridad, las cuales según el observatorio fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, “por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales”.

El 24 de febrero de 2021 Jhoalys Siverio @jhoalys, de Crónica.Uno, reportó: -Puerto Ordaz. Un total de 208 ejecuciones extrajudiciales contabilizó la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), de acuerdo con el monitoreo a medios de comunicación durante 2020.

El informe precisa que durante el primer semestre de 2020 hubo al menos 127 asesinatos a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. En el segundo semestre fueron 81 las ejecuciones extrajudiciales.

Codehciu detalló también que de estas 208 personas, 23 eran privadas de libertad y de las otras, 185 murieron en presuntos enfrentamientos reportados en medios de comunicación.

La fuente agregó: -Los municipios con más alto número de víctimas fueron Caroní con 103 muertes, Angostura del Orinoco con 47 y Sifontes con 20. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el organismo que sumó más víctimas en el registro, con 33 personas ejecutadas; seguido de la Guardia Nacional con 17 ejecuciones, y la Policía del Estado Bolívar con 14.

“Estas presuntas ejecuciones extrajudiciales son violaciones del derecho humano a la vida, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3. Con base en este artículo, el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, documento internacional publicado por la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene como objetivo proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas”, señala la ONG. El protocolo se aplica para investigar las muertes causadas por acción u omisión del Estado.

“Esto incluye toda muerte causada por funcionarios de las fuerzas del orden, por grupos paramilitares o escuadrones de la muerte sospechosos de actuar bajo la dirección, aquiescencia o consentimiento del Estado”, reitera.

Y agregó: -Entre los casos registrados en la prensa regional, que señala Codehciu, está el de Jhonjairo Ramón Yépez, de 23 años de edad. Fue asesinado durante un presunto enfrentamiento con el Cicpc en el Municipio Piar. Las fuentes oficiales aseguraron que estaba implicado en varios delitos.

Asimismo, está la muerte de Yulian Jesús Rivas, de 20 años de edad, que falleció debido a un cuadro agudo de tuberculosis pulmonar. Era uno de los más de 900 privados de libertad en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en San Félix.

También recuerda el caso de Adrián José Quijada y Framber Alberto Ferrer.

Según los partes oficiales, a los jóvenes los encontraron infraganti robando en la zona de Guaiparito, en el municipio Caroní, cuando llegaron los funcionarios del Cicpc. Sin embargo, familiares desmintieron esta versión y denunciaron que “a ellos los arrodillaron y los ajusticiaron”.

“Codehciu recomienda al Estado venezolano el desarrollo de una política de formación a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Además, lo exhorta a que garantice la vida de las personas que se encuentran en condición de detenidos, y a que realice las debidas investigaciones, imparciales y eficaces, que permitan ubicar y castigar a los responsables de las muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar”, indica la ONG. Las ejecuciones del año de 2019 fueron 218.

MORIR EN UNA MASACRE POLICIAL

Bajo el pretexto de enfrentamiento con bandas delictivas, efectivos policiales han asesinado a millares de inocentes, entre las que se cuentan niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Lo extraño en estos eventos es que no hay víctimas de los cuerpos de represión, cuyos miembros por regla general se tapan sus rostros con máscaras que aterrorizan.

Ni miembros del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo se hacen presentes en estos operativos de exterminio ni a posteriori, como si esos personajes tuvieran licencia para matar, aunque la Constitución garantiza el derecho a la vida.

El más siniestra de estos organismos de represión tiene como denominación Fuerza de Acciones Especiales, más conocida por sus siglas FAES, dependiente de la Policía Nacional, cuya disolución recomendó la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el 4 de julio de 2019 en el informe presentado sobre la violación de tales derechos ante la ONU. La narcodictadura, no solamente hizo caso omiso de tal recomendación, sino que encomió y exaltó las actuaciones criminales de ese cuerpo represor.

[Escalada de violencia se demostró con sucesos de La Vega, dicen expertos] El 23 de enero de 2021 el periodista José Luis Carrillo, de TalCual, publicó un reportaje sobre los actos violentos acaecidos en la Parroquia La Vega, de Caracas, los días 8 y 9 de diciembre de 2020, que dejaron como saldo sangriento 23 asesinatos.

-Lejos de ser un caso aislado y eventual, -precisó- los sucesos ocurridos en la parroquia La Vega el pasado 8 de enero constituyen un eslabón en la cadena de la escalada de violencia que ocurre en el país, donde tanto la actividad de bandas armadas como el uso sin control alguno de la violencia por parte del Estado generan una espiral que está afectando profundamente el tejido social del país.

Los vecinos de La Vega vivieron horas de angustia y horror en esa semana que concluyó el sábado 9 de enero. Días antes, algunos habitantes de la zona habían reportado a través de las redes sociales la presencia de personas que portaban armas largas; se propagó la versión de que algunos de estos elementos estaban vinculados a una banda que prácticamente tiene el control de los barrios ubicados a lo largo de la Cota 905, zona adyacente a La Vega, y muchos vecinos intentaron resguardarse temprano en sus casas para evitar el peligro.

[El cuadro de violencia del país es producto de una criminalidad desbordada y una acción inadecuada y desmedida de los cuerpos de seguridad, aseguran la directora de Cofavic, Liliana Ortega, y el criminólogo Fermín Mármol García. Evitaron comparar los hechos con antiguos casos de masacres, e insisten en que la violación a los DDHH es un punto común en los operativos policiales y militares]

Carrillo explicó luego: -El viernes 8, con el ingreso a la zona de efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la angustia dio paso al terror: 23 personas cayeron víctimas de la actuación de este cuerpo de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro que la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, ha insistido en que debe ser desmantelada pues es uno de los de mayor letalidad en el país y desde entonces han surgido informaciones sobre violaciones a los DDHH durante el operativo, allanamiento de viviendas, y presunto asesinato de personas que no formaban parte de banda alguna, todo ello con el agravante de que en Venezuela no existe la pena de muerte, algo que la mayoría de los países han dejado de practicar pues nunca produjo los resultados que alguna vez se esperaron.

Después apuntó: -Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares y Víctimas (Cofavic) y el criminólogo Fermín Mármol García, coincidieron en señalar que la actuación fuera de los cánones admitidos por Naciones Unidas es lo que ha facilitado toda esta escalada de la brutalidad, e insisten en señalar que los países que han logrado superar sus

niveles de violencia lo han hecho trabajando en el marco de tales disposiciones y en

conjunto con ONG de derechos humanos e instituciones sociales.

Liliana Ortega le confió: -Desde el año 2005 hemos venido documentando una serie de casos en el interior del país, bajo la denominación de grupos parapoliciales que se denominaron ‘de exterminio’, y que es un primer antecedente de estos escuadrones de violencia, se trata de cuerpos dependientes de policías estadales y municipales. Hay varios casos que la Corte ha dictaminado que ocurrieron en un contexto de impunidad y violencia.

A su vez, Fermín Mármol García le señaló: -El crimen y la violencia son problemas sociales y requieren soluciones sociales. Es evidente que los operativos policiales son necesarios, el crimen hay que reprimirlo y la violencia reducirla. Cuando hay control de territorios y economía criminal es necesario que las acciones de los cuerpos de seguridad vengan acompañadas de políticas sociales y la llegada tanto del sector público como del privado”.

En otra parte del reportaje el periodista indicó: -Liliana Ortega aseguró que, tal como han acusado la Alta Comisionada Michelle Bachelet, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existe una grave escalada de violencia por parte del Estado en Venezuela que afecta a sectores vulnerables de la sociedad durante los operativos oficiales, en los que se han producido violaciones a los Derechos Humanos.

No estamos ante casos aislados, sino que tal como lo ha dicho la Alta Comisionada, estamos frente a patrones de actuación que se han venido agudizando y no responden a una sola zona del país, sino que hay distintos casos ilustrativos en diferentes regiones de la geografía nacional.

En el siguiente párrafo acotó que Ortega “Detalló que existe un modus operandi en los cuerpos de seguridad, que hay comunidades vulnerables y se articulan con una demostración del alcance de la violencia que pueden desarrollar estos organismos, que también podrían tener el objetivo de mantener el control social”, que se traduce “en allanamientos ilegales de domicilios, con casi ninguna observación del precepto legal de allanamiento y con una demostración de fuerza muy importante; no solo de un cuerpo policial sino presencia mixta de cuerpos policiales y militares” y por lo tanto, ”Las posibilidades de denuncias de estos casos son muy escasas porque el alto despliegue de mecanismos de seguridad deja una fractura importante en los vecinos y el entorno donde ocurren los hechos, lo que hace que tengan inhibición y sientan vulnerabilidad, lo que les impide acompañar los casos a pesar de que pudieron conocerlos bien”.

Sobre el mismo hecho, pero el 17 del mismo mes, Carrillo dio a conocer la opinión del párroco local, Alfredo Infante, quien expresó que ese día murieron muchos inocentes y lamentó profundamente la tragedia ocurrida que ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo se hayan pronunciado. Además señaló que la situación es producto de unas políticas públicas equivocadas en materia de seguridad, que han permitido que grupos particulares se apropien de territorios no solo de Caracas, sino del interior del país.

-Lo que pasa en La Vega –afirmó- no es una excepción, es algo que está pasando en el país, producto de una serie de políticas de Estado, que no sé cuántas van, son más de 20, que no son integrales, sino fundamentalmente represivas; y es

conocido que la represión no es la vía para restaurar o restablecer el orden, sino que es importante apostar por la educación, la cultura, el deporte, para que niños y jóvenes puedan crecer en espacios seguros, además de que haya empleo, así que hace falta un restablecimiento de la institucionalidad del país.

Carrillo igualmente recordó: -En la tarde del viernes 8 de enero, cuando todo parecía indicar que se iniciaría un fin de semana normal enmarcado en las restricciones de la cuarentena radical por la covid-19, los habitantes de La Vega sorpresivamente se vieron en el medio de un enfrentamiento armado que arrojó víctimas de un solo lado, y que pronto se sabría sumiría en el luto a varias familias de la zona, pues balas perdidas alcanzaron a vecinos que no tenían nada que ver con la operación. El resultado fue de 23 personas asesinadas, saldo que ha llevado a varias organizaciones de DDHH, entre ellas a Provea, a calificar de masacre el hecho.

Ese día, efectivos de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) irrumpieron en la parte baja de La Vega, la populosa zona ubicada al sur de Caracas, aparentemente para enfrentar a algunos elementos armados que estaban en la localidad. Por varias horas los habitantes de la parroquia vivieron el horror de estar en medio de una balacera, varios vecinos vieron cómo los vidrios de las ventanas de sus casas fueron destrozadas por los disparos.

Días antes, algunos vecinos habían reportado por las redes sociales la presencia de elementos armados, supuestamente vinculados a bandas de una zona adyacente a La Vega: la Cota 905. Fue la excusa para la acción de las FAES, en una operación que devuelve a la situación de las anteriores “Operaciones de Liberación del Pueblo”, donde caían abatidos supuestos delincuentes, pero sin que se llegara a corroborar que las víctimas eran tales, pues no hubo juicio y en muchos casos no tenían antecedentes penales, todo ello con el agravante de que en Venezuela no existe la pena de muerte.

A juicio de Marino Alvarado de la ONG Provea se trata de la mayor masacre en operativo policial ocurrida en Venezuela.

El 22 de enero del mismo año TalCual reportó: -Masacre de La Vega: «A todo el que veían con cara fea, le metían. Los policías disparaban a lo loco« es el reportaje que destacó por RunRun.es esta semana. El pasado viernes ocho de enero ocurrió una matanza en La Vega. De manera extraoficial, se maneja que 24 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado.

Sobre esta nueva masacre el portal Crónica Uno reseñó: -Los familiares denunciaron que la mayoría de las víctimas presuntamente fueron ajusticiadas. Y algunos vecinos consultados rechazaron este tipo de incursiones, en las que también se reportó la muerte de habitantes por balas perdidas. Además hay

padres de víctimas que aseguran que los funcionarios dispararon a barandas, paredes o puertas para simular enfrentamientos.

Días antes, concretamente el sábado 16, se produjo otro presunto enfrentamiento en el sector El Petróleo de La Vega.

“Enfrentamiento, enfrentamiento no hubo. Llegaron, se metieron en casa de él, sacaron a la familia y lo mataron dentro de la casa”, contaron los vecinos a la fuente digital.

Cifras del Monitor de Víctimas -un proyecto de data periodística-, publicadas en la Web revelan que 74 (40 %) de los 182 homicidios ocurridos en la Parroquia La Vega, entre mayo de 2017 y noviembre de 2020, fueron cometidos por cuerpos de seguridad, principalmente por la FAES, quienes dejaron 38 víctimas.

{La Vega: El operativo policial más letal en la historia reciente del país} Sofía Nederr y Luna Perdomo, de TalCual, escribieron el 16 de enero de 2021: -Especialistas en derechos humanos así como en criminología no dudan en afirmar que los sucesos ocurridos en La Vega el pasado 8 de enero califican como una masacre.

Y añadieron: -Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, sostiene que lo que “ocurrió en la popular barriada caraqueña es lo mismo que ha ocurrido en muchos operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), donde las personas son detenidas y luego ejecutadas. No hay enfrentamiento y no mueren como consecuencia de este”.

Del mismo modo, Alvarado se interroga: “¿Cómo explicas que no hay heridos de parte de los funcionarios policiales?, ¿por qué no hay heridos? Porque en cualquier enfrentamiento real hay muertos y heridos; y no todos los heridos tienen que fallecer; eso no ocurre ni en la guerra”, detalla.

Después señalaron: -El criminólogo Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) apoya la tesis de Alvarado y también califica los asesinatos de La Vega como una masacre.

“En la reciente incursión de la fuerza pública en La Vega no son pocas las denuncias de ejecuciones. Cuando hay tantas muertes de un solo lado y ni siquiera heridos del otro, es motivo para encender las alarmas, es un indicador de que el uso de la fuerza letal tuvo una finalidad distinta a la preservación de la propia vida, y sugiere un uso excesivo y desproporcionado.

El especialista explicó: -El punto es que en nuestro país no existe la pena de muerte -pena que está en extinción en el mundo entero-, y en esos casos la pena es producto de un proceso judicial, no es administrada discrecionalmente por la policía en la calles. Cuando eso sucede se le está otorgando un poder ilimitado a los cuerpos armados, mermando todos nuestros derechos como ciudadanos. En esto no se deben hacer excepciones, los derechos son para todos o no son para nadie. Si en La Vega intervinieron 300, 350 funcionarios y del otro lado hay 23 fallecidos, no hay una correspondencia. En términos bélicos, ¿eso es una guerra? No. Eso es una masacre.

Las periodistas escribieron luego: -Para el representante de Provea, los testimonios que han ido saliendo de los familiares de las víctimas demuestran que muchas de esas personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. “En la historia del país no hay un operativo de seguridad ciudadana donde haya habido tanta cantidad de víctimas”, asevera.

Marino Alvarado recuerda que los cuatro operativos de seguridad ciudadana del país con mayor cantidad de víctimas son la primera Operación Liberación de Pueblo (OLP), realizada en la Cota 905 el 13 de julio de 2015, donde fueron asesinadas 15 personas. Detalla que, a diferencia de la masacre de La Vega, en ese momento el ministro de Interior, Gustavo González López, dio el parte informando cuántas personas fueron asesinadas y cantidad de funcionarios que participaron. “En este caso (La Vega) no ha habido mayor información”, condena.

En segundo lugar, Alvarado menciona la masacre de Barlovento, cometida por el Ejército, donde 12 personas fueron detenidas, hubo desaparición forzada y, luego de un mes, aparecieron asesinadas.

Seguidamente, recuerda un operativo OLP en varios municipios de Carabobo, donde el mismo día mataron a 13 personas. El cuarto que refiere Alvarado fue otra Operación Liberación de Pueblo en varios sectores ubicados entre El Valle y Coche, en mayo de 2016, donde mataron a 12 personas.

El 11 de enero la periodista Jackelin Díaz, de El Diario, escribió un extenso reportaje sobre esa masacre cometida por funcionarios de la FAES, del cual tomamos los fragmentos que siguen: -Los vecinos de La Vega, en Caracas, fueron testigos de los últimos momentos de algunos ciudadanos que transitaban por la zona el pasado jueves 7 de enero, pero que sus cuerpos amanecieron la mañana siguiente en la Morgue de Bello Monte. Los familiares de un colector de autobús, identificado como Eliécer Rafael Martínez Rojas, de 23 años de edad, dijeron para Monitor de Víctimas que, en un primer momento, sospechaban que se lo habían llevado detenido, pues la última vez que tuvieron contacto con él fue mediante una llamada telefónica a las 6:00 pm.

Relatan que escucharon el forcejeo y el sonido desesperado de sus manos tocando algunas teclas del teléfono. Hasta ese momento tuvieron contacto.

Su cadáver, según versión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, fue hallado en la vía pública a las 7:00 pm del mismo día.

Otro fragmento: -La cifra de fallecidos durante el operativo policial realizado en La Vega, un barrio al oeste de la capital, es de 23 personas. El hecho estuvo a cargo de funcionarios de las Fuerza de Acciones Especiales (FAES), cuerpo de seguridad que ha sido señalado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por perpetrar ejecuciones extrajudiciales.

Michelle Bachelet, alta comisionada y representante de esta oficina, pidió la disolución de esta fuerza en el año 2019 por las graves violaciones y prácticas de las que es partícipe.

Un año después, Bachelet también denunció que las FAES habían actuado y ejecutado extrajudicialmente a más de 2.000 jóvenes entre 1° de enero y 19 de mayo de 2020.

Su preocupación coincidió con un informe que presentó la Misión Internacional Independiente de la ONU, presidida por Marta Valiñas. Quien dijo que “funcionarios de las FAES mantienen patrones para ejecutar extrajudicialmente y recibir órdenes de superiores para matar en vez de detener y juzgar”.

La periodista explicó: -Su oficina ha documentado casos que se replicaron la tarde del jueves 7 de enero en La Vega. A Yeferson José Moreno Plazola, de 28 años de edad, lo ejecutaron dentro de su propia casa. Familiares indicaron que funcionarios de las FAES ingresaron a la vivienda y sacaron a la fuerza a mujeres y niños. Luego, retiraron el cuerpo del hombre con un disparo en la cabeza. En esa misma calle, contaron familiares, otros tres vecinos también fueron víctimas de la masacre.

Ese mismo día, a Julio Alexander Pino Moreno, de 23 años de edad, le dispararon cuando iba bajando de la calle Las Margaritas junto a su esposa y su hijo, un bebé de un año. A su pareja le dijeron que sostuviera a su hijo en brazos mientras fue obligada a permanecer contra una pared. A Pino Moreno lo obligaron a echarse al suelo. Lo asesinaron en ese instante, de acuerdo con el reporte de la anteriormente mencionada ONG. Por otro lado, una investigación realizada por la ONG Proiuris, publicada en la Web, destaca que un patrón que se repite constantemente en los operativos policiales es el accionar tras la irrupción violenta en las viviendas de barrios pobres.

-Además, -explica- las víctimas más frecuentes son hombres jóvenes y los presuntos enfrentamientos son calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad.

Amnistía Internacional considera que ejecuciones de La Vega constituyen crímenes de lesa humanidad El informe anual de Amnistía Internacional, reportado el 18 de febrero de 2021 por la periodista Yohana Marra, del portal Crónica.Uno, consideró que, luego de una investigación y análisis, hay suficientes indicios para considerar que en los operativos policiales en la Parroquia La Vega, entre el 6 y el 9 de enero, se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Luego indicó: -Caracas. Ha pasado más de un mes desde que se llevó a cabo un operativo policial en La Vega y hasta el momento no se conoce información pública acerca de una investigación de la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo.

Amnistía Internacional hizo una investigación a través de fuentes abiertas de los hechos en la parroquia, entre el 6 y el 9 de enero de 2021, y concluyó que hay suficientes indicios para considerar que se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

“Al insertarse las mismas dentro de un patrón sistemático de crímenes de derecho internacional, y que son parte de una política de control social de la población, en particular dirigida contra hombres jóvenes en situación de pobreza, política que ha sido identificada y denunciada por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas”, dice parte del informe publicado este miércoles 18 de febrero.

Después observó: -La mañana del 8 de enero un operativo policial de comisiones mixtas tomó La Vega, porque presuntamente desde la última semana de diciembre de 2021 miembros de la megabanda de la Cota 905 habían tomado algunos sectores de la comunidad. Sin embargo, por testimonios recogidos por el Monitor de Víctimas e informaciones policiales, se conoció que hubo otras incursiones entre el 6 y el 9 de ese mes.

Tras esa incursión, 14 cadáveres fueron identificados por sus familiares, sin embargo, la organización Provea indicó que fueron al menos 23 fallecidos.

En los siguientes fragmentos la periodista reveló: -Crónica.Uno recogió testimonios de parientes que indicaban que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) sacaron a algunos jóvenes de su casa y, presuntamente, los ejecutaron en otra parte para luego fingir un enfrentamiento.

También denunciaron robos de las pertenencias por parte de los policías.

Amnistía verificó nueve videos filmados entre el 8 y el 9 de enero que muestran la actividad policial en La Vega. También tuvo acceso a imágenes de 14 cadáveres, que fueron evaluados en un análisis forense, y existen distintos hallazgos que elevan las preocupaciones en materia de derechos humanos y la posibilidad de que se trate de patrones sistemáticos de ejecuciones en contra de hombres jóvenes, en situación de pobreza.

A continuación explicó: -Los hallazgos en las fotografías evaluadas señalan lo siguiente: Cinco de los cuerpos presentan una sola herida en el pecho, en el área cercana al corazón.

Uno de los cuerpos presenta una herida cercana al corazón y otra en el lado derecho del tórax.

Uno de los cuerpos presenta dos heridas de bala, una en el abdomen y otra en el pecho, cercana al corazón.

Dos de los cuerpos presentan heridas de bala en la zona toráxica por encima del corazón.

Dos de los cuerpos tienen una única herida de bala en la cabeza (uno con orificio de entrada en la ceja derecha y el otro con orificio de salida en la parte posterior de la oreja izquierda).

Uno de los cuerpos presenta una herida de bala en el abdomen derecho superior.

Uno de los cuerpos presenta dos heridas de bala en el abdomen.

Uno de los cuerpos no pudo identificarse el lugar de la herida porque se encontraba vestido, pero la ropa en la parte superior del cuerpo estaba manchada de lo que parece ser sangre.

El informe de Amnistía revela que en las fotos hay evidencia de que el uso de la fuerza por parte de los funcionarios habría sido intencionalmente letal, y esto no se apega a los estándares sobre el uso de la fuerza.

“Existen fundados motivos para creer que estas muertes son producto de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes que obraron bajo las órdenes o con la tolerancia de las autoridades venezolanas”, dice la investigación.

A lo anterior adicionó: -Además, el informe expresa que estas ejecuciones, y otros crímenes de derecho internacional, que se han cometido y se cometen regularmente en Venezuela, “responden a un plan o política preconcebida por las autoridades para controlar a la población”.

Al final del reportaje precisó: Entre el 29 y el 30 de diciembre de 2020 supuestos miembros de la megabanda del Coqui, identificado como Carlos Luis Revete, tomaron la calle Zulia y los sectores Valle Alegre, El Carmen, Las Margaritas, Las Maticas, Los Paraparos, Los Cangilones, San Miguel, La Ladera y La Fila de la Parroquia La Vega.

Hay versiones que indican que al parecer eran jóvenes del mismo barrio a quienes armaron; otra información señala que provenían de la Cota 905. Desde noviembre de 2020 la presencia de estos hombres era esporádica, según los vecinos consultados por Crónica.Uno. De acuerdo con ese reporte, los patrones violentos dentro del accionar de este cuerpo tiene un impacto diferenciado en mujeres y en niños, niñas y adolescentes.

Entre enero y septiembre del año 2019, alrededor de 301 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de sus padres.

En su informe anual, el Observatorio Venezolano de Violencia reveló que durante el año 2020 se registraron 11.891 fallecidos por causas violentas.

De esas muertes 4.231 fueron catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, las cuales fueron homicidios perpetrados por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 16,2 víctimas por cada 100.000 habitantes.

Durante la dictadura del teniente coronel [r] Hugo Chávez se produjeron varias masacres registradas por los medios de comunicación social de la época.

El 25 de junio de 2005, el asesinato de Edwin Toussaint, agente III, de la Dirección de Inteligencia Militar por un delincuente apodado El Delvys, residente en el sector Las Casitas de la urbanización Kennedy de Caracas, impulsó a ese organismo castrense a colocar arbitrariamente alcabalas, efectuar requisas y efectuar allanamientos sin la presencia de fiscales del Ministerio Público, procedimiento que trajo como consecuencia trágica el asesinato de los estudiantes de la Universidad Santa María Leonardo González Lares, Erick Montenegro, Edgar Quintero, Daniza Buitrago, Irúa Moreno y Elizabeth Rosales.

Sobre esa masacre se lee en Wikipedia, la enciclopedia libre, que las víctimas viajaban a bordo de un vehículo Corsa, color arena, propiedad de González Lares quien ofreció llevar a sus compañeros a sus residencias, toda vez que estaban cercas una de la otra.

-Al entrar a la zona de Kennedy, frente al Bloque I, -explica- se encontraron con un grupo de hombres armados y provistos de pasamontañas, que ocultaban sus rostros, portando fusiles y ordenándoles que se estacionaran.

En vista que no tenían uniformes y todos tenían los rostros cubiertos, los estudiantes emprendieron la huida temiendo ser víctimas de un robo por parte de delincuentes. Uno de los funcionarios de la DIM efectuó un disparo de fusil contra el carro, que rebotó e hirió al Agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) Luis Peña. Aparentemente los efectivos pensaron que el disparo había salido del vehículo en que iban los estudiantes y comenzaron a disparar, hiriendo a una de las jóvenes. Luego se comprobó que el funcionario había sido herido por uno de sus compañeros.

En otro fragmento indica: -Varios metros más adelante, una segunda alcabala de la DIM y el CICPC, detuvo el vehículo y empezó a disparar contra los estudiantes quienes logran escapar avanzando hacia las casas de la zona.

Leonardo González fue el primero en morir. A Edgar Quintero y Erick Montenegro -quienes gritaban que eran estudiantes- se les asesinó en un callejón, luego de someterlos, esposarlos y golpearlos.

Las víctimas estudiaban el tercer semestre de Ingeniería de Sistemas que iban a celebrar por haber aprobado el examen de Matemática.

Por esos crímenes fueron privados de libertad 22 funcionarios.

El 15 de enero de 2018 durante la llamada Masacre de El Junquito, fuerzas policiales y militares, con armas de guerra, en una proporción de cien funcionarios policiales y militares contra seis personas, el mundo entero pudo presenciar el asesinato del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Óscar Pérez y sus acompañantes José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Daniel Soto, Jairo Lugo y Lisbeth Ramírez.

MORIR EN LA CASA El 27 de mayo de 2020 Orianny Granado, de TalCual, reportó, con información del Monitor de Víctimas, que 266 caraqueños fueron asesinados en sus hogares durante el año 2019.

Luego aclaró que esos datos procedían de los reportes de periodistas y defensores de derechos humanos, ante la falta de información oficial.

-El hogar –apuntó- comúnmente es un lugar de refugio y protección para las personas, sin embargo, el contexto de violencia que se vive en Venezuela ha hecho que estos espacios se vuelvan altamente peligrosos, siendo en muchos casos, los escenarios más dantescos y el sitio menos seguros para estar.

Así quedó demostrado en el informe más reciente publicado por el Monitor de Víctimas, en el que se señala que solo en Caracas fueron asesinadas 266 personas dentro de sus viviendas, hechos ocurridos en el 2019.

Es decir, un 30% de los asesinatos ocurridos durante el año pasado en toda la ciudad capital, se registraron en el conocido «lugar seguro» y en horarios en el que la mayoría de las víctimas descansaban.

Indicó después: -Durante la presentación del informe «Hogares peligrosos y policías asesinos», la periodista Ronna Rísquez, explicó que este tipo de hechos violentos que finalizaron con la muerte de una o varias personas, agrupan no solo a las ejecuciones cometidas por funcionarios de los cuerpos de seguridad, sino los femicidios y también aquellos casos en los que padres asesinaron a sus hijos dentro de su hogar.

La periodista añadió: -De las 266 víctimas de asesinato dentro de sus hogares 153 murieron en manos de los cuerpos de seguridad, y aunque en la mayoría de los casos aseguran que se trató de resistencia a la autoridad, las muertes ocurrieron entre las 6 y 8 de la mañana, cuando la mayoría de las personas dormían o se preparaban para trabajar, incluidas las víctimas de este registro.

Según este monitoreo, Caracas registró en el 2019 un alza en la cantidad de homicidios ocurridos en los hogares, a donde muchas veces llegan los funcionarios, principalmente los de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), causando destrozos, agrediendo a familiares y por último acabando con la vida de la persona que fueron a buscar.

-Así ocurrió –reveló-en el caso de Keiber David, un chamo de 18 años asesinado en el barrio José Félix Ribas de Petare. El hecho ocurrió cuando este se encontraba visitando a un amigo y llegaron funcionarios de la FAES, quienes tomaron la casa y asesinaron a los jóvenes dentro de ella, así lo aseguró su padre, quien detalló que ese día los funcionarios mataron a cuatro personas en el barrio.

MORIR POR RESISTENCIA A LAS AUTORIDADES

Datos publicados en la Web por el Observatorio Venezolano de Violencia indican que en 2020 se registraron 4.231 muertes por resistencia a la autoridad en el país y

aseguran que desde 2016 hay un aumento sostenido de la letalidad policial, que ese año cobró 5.281 víctimas y 5.535 en 2017.

En 2018, las víctimas por resistirse a la autoridad ascendieron a 7.523.

En 2019, según reseñó TalCual el 2 de enero de 2020, con información del OVV, se produjo una reducción de muertes en tales circunstancias, 5.286.

TalCual igualmente reveló que “Los funcionarios de la policía se aprovechan del «poder» para emprender ejecuciones extrajudiciales”. Pero sin embargo, “Las ejecutadas por las FAES gozan de total impunidad”.

Y agregó: -Una investigación del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reveló que se registraron al menos 16.506 muertes violentas en 2019, con una tasa de homicidios de 60,3 por cada 100 000 habitantes, duplicando en violencia a países como Colombia o México con una tasa de 25 y 29 homicidios, respectivamente.

Durante la presentación del informe anual, Carlos Meléndez, uno de los directores de la ONG, señaló que en Venezuela existe una especie de «epidemia de violencia policial» donde funcionarios del régimen se aprovechan de su «poder» para emprender ejecuciones extrajudiciales bajo la falsa excusa de «resistencia a la autoridad».

El informe señala que se llevaron a cabo muertes en manos de funcionarios policiales por el uso excesivo de la fuerza. De hecho, luego de que Michelle Bachelet presentara en julio su primer informe sobre la situación en Venezuela y denunciara las ejecuciones extrajudiciales, en el país fueron asesinadas 2.698 por la acción policial letal.

La fuente explicó de igual modo: -De acuerdo con el OVV, en su mayoría estos homicidios fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), comando especial de la Policía Nacional Bolivariana. El OVV realiza este informe con base en los registros obtenidos por un observatorio de prensa, encuestas de muestreo y «cifras agregadas extraoficiales» que, aseguran han sido «levantadas por el Ministerio de Interior».

[Cabe advertir que desde diciembre de 2003 la dictadura del teniente coronel [r] Hugo Chávez invisibilizó las cifras oficiales sobre muertes violentas, la mayoría de las cuales cometidas por los cuerpos represivos del régimen]

Asimismo precisó: -Las FAES estarían implementando una especie de «rito de iniciación» para sus nuevos miembros. Se denuncia que quienes se convierten en sus funcionarios «deben ubicar una víctima y matarla» para iniciar sus carreras. Este es uno de los cuerpos de seguridad del Estado denunciado por su presunta vinculación con asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

Roberto Briceño-León, director del OVV, dijo a BBC Mundo que «El procedimiento suele ser el mismo. Llegan encapuchados y sin identificación, lo que viola todas las leyes venezolanas, y mientras unos cortan la calle y alejan a los familiares, otros matan al ciudadano, casi siempre en el interior de su vivienda».

Además, ha informado que «hay pocos casos de funcionarios policiales condenados en Venezuela, pero con las FAES la impunidad es total». Denunció que funcionarios del Ministerio Público admiten confidencialmente que las investigaciones que afectan a la polémica fuerza policial son sistemáticamente bloqueadas.

Al final del reportaje TalCual denunció: -A pesar de las denuncias a nivel nacional e internacional, el pasado 20 de diciembre el mismo Maduro llamó a «expandir las FAES» para que trabaje de la mano con los consejos comunales y las comunas, organizaciones de origen cubano implementadas por el chavismo.

El 29 de diciembre de 2020 el periodista Carlos D´Hoy, de El Universal, reseñó la presentación, por parte del Observatorio Venezolano de Violencia, del informe sobre las epidemias ocurridas en el país el citado año, la del Covid-19 y la de la violencia policial, “que resultó once veces más letal que la del coronavirus”.

Los crímenes ascendieron a casi 12 mil, convirtiendo a Venezuela en el país con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo. De esa cifra 4.153 fueron cometidos por los delincuentes y 4.231 decesos fueron catalogadas por organismos gubernamentales como resistencia a la autoridad, las cuales según el observatorio fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, “por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales”.

El 5 de marzo de 2021 El Nacional reportó: - En Venezuela se registraron 23 casos de femicidios durante el mes de enero de 2021 y 20 casos más durante el mes de febrero, así lo denunció la comunidad Utopix en sus redes sociales. En total son 43 mujeres que han perdido la vida de forma violenta en el país.

El grupo destacó en Instagram por medio del monitor de femicidios que algunos de los casos ocurrieron en el estado Portuguesa. También destacó que los 7 casos de la última semana de febrero llama a la reflexión. “¿Qué está haciendo el Estado venezolano?”, se preguntaron desde la comunidad de Utopix.

Y añadieron: “Hemos podido observar cómo durante el año 2020 los femicidios se incrementaron de manera alarmante a 1 femicidio cada 34 horas en Venezuela”.

En la publicación señalaron que esta medida es alarmante si se compara con la cifra de casos del año 2016 en el que ocurría 1 femicidio cada 72 horas.

“Durante el año 2021 al incluir los casos del mes de febrero la media es de 1 femicidio cada 33 horas”, especificaron.

El 24 de febrero de 2021 Jhoalys Siverio @jhoalys, de Crónica.Uno, reportó: -Puerto Ordaz. Un total de 208 ejecuciones extrajudiciales contabilizó la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), de acuerdo con el monitoreo a medios de comunicación durante 2020.

El informe precisa que durante el primer semestre de 2020 hubo al menos 127 asesinatos a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. En el segundo semestre fueron 81 las ejecuciones extrajudiciales.

Codehciu detalló también que de estas 208 personas, 23 eran privadas de libertad y de las otras, 185 murieron en presuntos enfrentamientos reportados en medios de comunicación.

La fuente agregó:

-Los municipios con más alto número de víctimas fueron Caroní con 103 muertes, Angostura del Orinoco con 47 y Sifontes con 20. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el organismo que sumó más víctimas en el registro, con 33 personas ejecutadas; seguido de la Guardia Nacional con 17 ejecuciones, y la Policía del Estado Bolívar con 14.

“Estas presuntas ejecuciones extrajudiciales son violaciones del derecho humano a la vida, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3. Con base en este artículo, el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, documento internacional publicado por la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tiene como objetivo proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y la reparación a las víctimas”, señala la ONG. El protocolo se aplica para investigar las muertes causadas por acción u omisión del Estado.

“Esto incluye toda muerte causada por funcionarios de las fuerzas del orden, por grupos paramilitares o escuadrones de la muerte sospechosos de actuar bajo la dirección, aquiescencia o consentimiento del Estado”, reitera.

Y agregó: -Entre los casos registrados en la prensa regional, que señala Codehciu, está el de Jhonjairo Ramón Yépez, de 23 años de edad. Fue asesinado durante un presunto enfrentamiento con el Cicpc en el Municipio Piar. Las fuentes oficiales aseguraron que estaba implicado en varios delitos.

Asimismo, está la muerte de Yulian Jesús Rivas, de 20 años de edad, que falleció debido a un cuadro agudo de tuberculosis pulmonar. Era uno de los más de 900 privados de libertad en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en San Félix.

También recuerda el caso de Adrián José Quijada y Framber Alberto Ferrer.

Según los partes oficiales, a los jóvenes los encontraron infraganti robando en la zona de Guaiparito, en el municipio Caroní, cuando llegaron los funcionarios del Cicpc. Sin embargo, familiares desmintieron esta versión y denunciaron que “a ellos los arrodillaron y los ajusticiaron”.

“Codehciu recomienda al Estado venezolano el desarrollo de una política de formación a los integrantes de los cuerpos de seguridad. Además, lo exhorta a que garantice la vida de las personas que se encuentran en condición de detenidos, y a que realice las debidas investigaciones, imparciales y eficaces, que permitan ubicar y castigar a los responsables de las muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar”, indica la ONG. Las ejecuciones del año de 2019 fueron 218.

Ni los niños ni los adolescentes se salvan en Venezuela por presuntamente resistirse a ser detenidos por los cuerpos represivos de la narcodictadura, a la luz del informe “Somos Noticias” que presentaran las ONG Observatorio Venezolano de Violencia [OVV] y Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap).

Según ese informe 1.120 niños, niñas y adolescentes murieron víctimas de la violencia solo en el 2019.

Roberto Briceño León, sociólogo y director del OVV, detalló que 425 de estas muertes fueron homicidios, es decir cada día murieron tres niños de manera violenta y 21 cada semana.

100 niños de entre cero y 11 años murieron víctimas de un homicidio, mientras que el 76% de estas muertes, es decir 325 de los asesinatos se cometieron contra jóvenes de entre 12 y 17 años.

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidios murieron en el estado Miranda, la entidad más peligrosa del país, seguidos por los estados Zulia, Bolívar, Aragua y Distrito Capital.

También existe una distinción por género. El 67,2 % de las víctimas eran hombres, mientras que el 38,8% eran mujeres.

Ambas organizaciones defensoras de los DDHH informaron que de las 1.120 muertes violentas en niños, niñas y adolescentes, al menos 68 de los casos fueron por resistencia a la autoridad.

Entre los casos que lograron identificar está el de una menor de edad de 12 años, mientras que en el 98% de los casos fueron adolescentes.

-Para estas organizaciones –se lee en la Webrepresenta una gran preocupación el hecho de cómo los cuerpos de seguridad son capaces de responder evitando el uso de la fuerza ante jóvenes menores de edad que podrían incurrir en algún delito, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que eliminen por completo la resistencia a la autoridad.

El mayor registro de muertes violentas (539) están en proceso de averiguación, según Briceño León, lo que determina que la causa de las muertes aun no están claras.

Incluso se atrevió a asegurar que en el país hay más de tres mil fallecidos a los que no se les pudo conocer su edad, por lo que no descarta que entre este grupo muchos sean adolescentes.

El 28 de diciembre de 2019 el diario El País, de España, recordó que el mes anterior Reuters publicó una investigación que documenta 20 ejecuciones sumarias cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Venezuela.

Hay 5.200 muertos por “resistir a la autoridad” en Venezuela

En esa ocasión Roberto Briceño, director del Observatorio Venezolano de Violencia, comentó: -Pareciera que la única política que se ha establecido (...) es la eliminación de delincuentes (...) dar de baja a presuntos delincuentes.

Agregó que en 2018 las muertes violentas por “resistencia a la autoridad” fueron 7.523 e indicó que los datos del OVV se basan en reportes de prensa y encuestas a familiares realizadas por especialistas de ocho universidades del país.

Muertes, agresiones y amenazas por parte de las FAES en Venezuela

El 28 de agosto de 2020 el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, [Iniseg] aseguró que durante la cuarentena por el COVID-19 han aumentado las ejecuciones extrajudiciales, agresiones y amenazas cometidas por la Fuerza de Acciones Especiales [FAES], un comando de la Policía Nacional creado en abril de 2016.

Ese organismo ha sido señalado de ser un instrumento político de Nicolás Maduro.

-Han recibido acusaciones –adicionó- de ser un grupo de exterminio y represión a opositores. Incluso, han sido llamadas la “Gestapo venezolana”. Son responsables del 62% de las muertes cometidas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En el primer trimestre de este año se registraron 357 presuntas ejecuciones extrajudiciales, según la ONG Comité de Familiares de las Víctimas.

El Iniseg expresó igualmente:

Durante la cuarentena, las nuevas estrategias de seguridad del Gobierno han permitido a la FAES hacer uso de su poder en forma desmedida en el marco del Estado de Alarma. Esto ha derivado en actos más violentos como amenazas de muerte, detenciones, criminalización, judicialización y mayor censura.

Estos actos de violencia extrema han quedado en la impunidad, ya que tienen el apoyo total de Maduro y nadie investiga los miles de casos, a pesar de que los hechos son evidentes y existen declaraciones y testigos.

No se aplican los mecanismos judiciales o investigativos para esclarecerlos, como ha venido ocurriendo hace varios años.

Los familiares de las víctimas no denuncian por temor a las represalias, ya que son amenazados por la FAES y el poder judicial no ejerce su función debido a la situación de provisionalidad de la mayoría de sus miembros. Lo que crea un clima de impunidad extendido.

El 6 de agosto de 2020, Ron González, de EFE, desnudó esta terrible realidad en el reportaje “Ejecuciones extrajudiciales, el otro virus de Venezuela”.

-La madrugada del 13 de marzo de 2019 la Policía ingresó a la casa de Luis Alfredo Ariza en el barrio pobre de Macarao, en el oeste de Caracas, y lo detuvo bajo acusaciones que aún al día de hoy, no están claras. Minutos después, en una calle cercana a su vivienda, lo ejecutaron de un disparo en el pecho.

Es la versión que repite desde ese día su madre, Miriam Gamarra, con base al relato de testigos y de la viuda de Luis Alfredo, que ese día dormía a su lado cuando los funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana -conocida solo como FAES- irrumpieron en la casa aquella fatídica madrugada.

La atribulada madre declaró a EFE: -Yo sé que aquí nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie, pero una de las cosas de las que yo me agarro es que mi hijo no era ningún delincuente.

Ron añadió en otra parte del reportaje:

-Según un informe de febrero pasado del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), durante 2019 murieron en el país caribeño 2.113 menores de 30 años por resistir a la autoridad. Casi 6 cada día.

Y en otro informe más reciente, la ONG detalló que durante 2019, por cada 1.000 muertes violentas causadas por los delincuentes, la Policía produjo otras 802, como si la justicia se tratase de un “ojo por ojo”.

El dato, dijo a Efe el director de la OVV, Roberto Briceño León, es “altísimo” y permite asegurar que la Policía venezolana es una de las que más muertes causa en el mundo, si se atienden a las proporciones entre población y fallecimientos en enfrentamientos.

La Policía venezolana mata 40 veces más que la Policía estadounidense, y si lo tomas en comparación con otro país como Brasil (…), la Policía venezolana mata 7 veces más que la Policía brasileña”, dijo Briceño León a Efe. Los datos de la OVV también señalan que un civil tiene 110 veces más probabilidades de morir en un enfrentamiento que un policía.

“Siendo así, ¿esos individuos son delincuentes, son especialistas, significaban realmente una amenaza, que los matan tanto?”, se preguntó Briceño León.

El especialista señaló que muchos de los casos se producen luego de un allanamiento de morada sin orden judicial previa, la captura del acusado y su posterior muerte tras lo que la Policía reporta fue un enfrentamiento, pese a que la víctima ya estaba bajo custodia de las autoridades y sin arma.

El periodista de EFE explicó más adelante que en un caso similar, perdió la vida el joven Jessé Gabriel Pérez, el 11 de julio de 2018 cerca de Santa Lucía, en otra población pobre y llena de dificultades del céntrico Estado Miranda.

Irrumpió el FAES como a las 5.30 de la mañana aproximadamente, llegaron golpeando, amenazando, robando, se llevaron varias personas presas y posteriormente mataron a mi hermano. Lo ajusticiaron ahí mismo, donde vivimos”, dijo a Efe Ruth Pérez, agregando: -El FAES volvió a irrumpir 8 meses después (de la muerte de Jesse), golpearon a mis hijas, a mi hija mayor la desnudaron, mataron a dos vecinos más (…), un funcionario me dijo que si le daba la gana me mataba, sacó su arma de reglamento y me la puso en la cara”, recordó.

En el expediente reposa que Jessé Gabriel Pérez se resistió a la autoridad, advirtió su hermana Ruth.

Pero al mismo tiempo, puso en duda la versión oficial y destacó que a su hermano, antes de morir, jamás se le acusó de nada.

Ron refirió luego: -En julio de 2019 la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, recomendó en un informe sobre la situación venezolana disolver las FAES por la presunta vinculación de sus efectivos en ejecuciones extrajudiciales.

Y en septiembre de ese mismo año, Bachelet afirmó en su actualización del informe que su oficina “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”, al tiempo que lamentaba que no se hubiera seguido su recomendación de disolver esa fuerza policial.

Pero Maduro, en vez de acatar esas recomendaciones salió en defensa de las cuestionadas fuerzas especiales, que definió como “una necesidad para la paz” de Venezuela.

Tienen todo mi apoyo, todo el apoyo institucional, legal (y) constitucional para que desarrollen sus funciones”, aseveró Maduro en un acto de graduación de policías en diciembre de 2019, mientras denunciaba la presunta existencia de “una campaña mundial” para eliminar ese cuerpo policial.

Sobre ese apoyo, dijo a EFE la cofundadora de la ONG Cofavic,, Liliana Ortega, que era inasumible, y explicó que desde 2012 hasta marzo de este año, la organización identificó 11.328 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

-El 71 % de estos casos ocurren bajo operativos de seguridad especiales, más del 90 % en zonas vulnerables”, dijo dibujando sin pretenderlo el tipo de operaciones que adelanta la FAES en los barrios pobres de Venezuela.

Ron puntualizó luego: -En todo caso, apuntó que cuando se habla de la Policía en Venezuela debe hablarse de una “reestructuración a fondo” y del fin de la impunidad a través de la Justicia, un paso necesario para que los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales puedan cerrar una etapa dolorosa.

El 99 % de los casos de violaciones de derechos humanos no llegan a juicio, (y) ese mensaje tan nocivo para los presuntos criminales y para quienes se desvían de sus funciones policiales es un contexto apropiado para multiplicar la violencia.

MORIR EN UNA COLA PARA SURTIR GASOLINA El

26 de

julio de 2020 funcionarios de la Guardia Nacional asesinaron a un hombre e hirieron a otro durante una protesta donde exigían el suministro de gasolina en la estación de servicio Buenos Aires Aragua en Barcelona, Estado Anzoátegui.

El diputado de la Asamblea Nacional, Héctor Cordero, informó que el funcionario militar pretendía colear a unos amigos en la cola que estaban haciendo los vehículos para abastecerse de gasolina, por lo que los ciudadanos que allí se encontraban se molestaron y comenzaron a protestar. Ante esto el uniformado disparó contra las personas que estaban en el lugar.

La víctima fue identificada por la ONG Provea como Carlos Chaparro.

Este hecho se suma a la larga lista de ejecuciones extrajudiciales que efectúa miembros de la Fuerza Armada Nacional contra el pueblo venezolano.

[Es insólito que este crimen se haya cometido en un estado productor de petróleo] La noticia fue publicada, entre otros medios, por el portal La Patilla.

Esta fuente, el 1 de septiembre, reportó:

-De acuerdo con un trabajo realizado por el Centro Gumilla y el Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), durante los primeros seis meses del año 2020 más de 200 personas perdieron la vida en ejecuciones extrajudiciales.

[Creo que si en Venezuela no existe la pena de muerte es incorrecto hablar de ejecuciones extrajudiciales] La Patilla agregó: -Según los organismos, 129 de ellas fueron localizadas en el Estado Miranda y 72 en el Distrito Capital.

En la mayoría de los casos, la versión oficial estableció que dichas personas habrían fallecido luego de enfrentarse a los cuerpos de seguridad del Estado, “de esta manera pasaron a formar parte de las estadísticas oficiales definidas como muertes por resistencia a la autoridad”, uno de los modos en que el régimen de Nicolás Maduro presenta públicamente las violaciones al derecho a la vida.

Luego apuntó: -La investigación señaló que en el caso del Distrito Capital, de los 72 fallecidos por violencia policial, en 37 de ellos los familiares o vecinos de las víctimas denunciaron que las personas habrían sido detenidas y posteriormente asesinadas.

El informe de Provea y Gumilla indicó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue responsable de 56 casos (43%) en el estado Miranda, mientras que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y su componente Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se situó en el segundo lugar con 49 (38%), le siguen las actuaciones conjuntas entre el Cicpc y PNB-FAES con 12 (9%), además de las policías de los municipios Baruta con 5 (4%), Independencia con 3 (2%), Cristóbal Rojas con 2 (2%) Los Salias con 1 (1%) y Sucre 1 (1%).

Las víctimas de la violencia institucional del Estado siguen siendo personas jóvenes. Vivir en una zona popular, ser hombre y tener una edad entre 18 y 30 años te convierte en una víctima potencial en los operativos de los organismos de seguridad”, señalaron las organizaciones que realizaron dicha investigación, quienes agregaron que los operativos de los cuerpos de seguridad del Estado son realizados en altas horas de la noche y sin orden judicial.

El 17 de julio de 2020 el diputado de la Asamblea Nacional, Avilio Troconiz, denunció en cuenta en Twtter la muerte de un joven pescador del Estado Zulia tras un brutal ataque armado de funcionarios militares de la dictadura de Maduro contra una manifestación en el pueblo de Isla de Toas.

La víctima fue identificada como Joel Luis Albornoz.

Asimismo, el parlamentario zuliano indicó que la protesta se realizaba luego de que funcionarios de la Guardia Nacional se apropiaran de la un cargamento de gasolina y no surtieran a los habitantes de la zona.

-Días sin gasolina,-denunció- llegó y la Guardia se apropió de ella. Los pescadores exigieron su derecho al combustible y la respuesta de los uniformados fue a tiros.

IMPUNIDAD EN EL ASESINATO DEL MÚSICO ARMANDO CAÑIZALES

El 30 de septiembre de 2020 la periodista Erika Hernández, de El Nacional, publicó un extenso reportaje sobre el asesinato a mansalva del violinista Armando Cañizales, ocurrido el 3 de mayo de 2017, y hasta esa fecha el caso permanecía impune.

El informe presentado este mes por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas concluyó que el joven violinista de 18 años de edad fue víctima de una privación arbitraria de la vida y que la Guardia nacional estuvo involucrada

-Cansado de ver la crisis en la que estaba sumergido el país, Armando Cañizales, de 18 años de edad, decidió que lo único que podía hacer para tratar de cambiar las cosas era protestar. El 3 de mayo de 2017 el joven violista, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, se plantó con los brazos abiertos ante un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana, y fue entonces cuando un proyectil metálico que impactó en su cuello acabó con su vida en unos minutos. Tres años después de su muerte, el caso permanece impune ante la justicia venezolana. Sin embargo, no ha sido olvidado.

Y añadió que “El documento señala además que el Ministerio Público paralizó el caso dos meses después del asesinato y los responsables siguen sin ser identificados”.

Sobre ese informe el padre de la víctima, Israel Cañizales, le reveló a la periodista: -Nos sorprendió bastante que el caso de Armando sea uno de los que se menciona en el informe y también la forma en como fueron señalados los responsables; si bien no aparece ningún nombre, se acusa directamente al contingente de la GNB que estaba allí presente. Nunca esperamos un informe de tal magnitud, porque los otros habían sido diplomáticos hasta los momentos. A nosotros como familia esto nos dice que el caso no se olvida, a pesar de todas las trabas que ha impuesto la justicia en Venezuela.

En el siguiente segmento del reportaje la periodista afirmó: -La Misión tuvo acceso al expediente de la investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Allí se indicó que Armando Cañizales y su hermano se encontraban en la esquina de la avenida Río de Janeiro y la avenida Jalisco, en Caracas, cuando se oyó un disparo. El joven se desplomó y fue trasladado en una ambulancia al hospital Domingo Luciani, pero falleció por una herida en la región supraclavicular en el cuello.

Un video grabado unos minutos antes, muestra al joven con los brazos extendidos hacia el contingente de más de 100 funcionarios de la GN que llegaron al lugar para reprimir a los estudiantes.

Pero el entonces ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró un día después que la esfera metálica que mató a Armando Cañizales fue disparada por los manifestantes, y que se usó arma casera no convencional.

Sin embargo, “Esta versión fue desmentida en el informe de la autopsia, donde se estableció que la herida fue causada por una esfera metálica de 1,1 centímetros, la cual Fue disparada por un arma de fuego, que entró por la base del cuello desde adelante”.

Luego precisó: -Casi tres meses después de la muerte del joven, los fiscales asignados al caso fueron cambiados tras la llegada al Ministerio Público de Tarek William Saab. A partir de ese momento, abogados del Foro Penal comenzaron a presentar inconvenientes para acceder a la Fiscalía. La GN nunca respondió a la solicitud del listado de los funcionarios que se encontraban presentes en el lugar de la muerte de Cañizales.

El padre de la víctima declaró después: -Para finales de 2017 y principios de 2018, nos enteramos que dieron instrucciones verbales para que los fiscales no continuaran con la investigación… Los representantes de la ONU se comunicaron con nosotros casi inmediatamente después

de lo sucedido y hemos conversado con ellos algunas veces. En este informe se recoge parte de esa información. Nos sorprendió que pudieran hablar con testigos, ya que muchas personas que estaban allí se fueron del país porque los estaban persiguiendo. Lo que está en el informe es lo que sucedió. Estamos satisfechos porque al menos la narrativa hace honor a la verdad.

También recordó que ese 3 de mayo de 2017 fue el único día que no acompañó a sus hijos a protestar.

-Yo siempre iba –relató- a cuidarlos en lo posible, tanto a ellos como a los otros muchachos que conocía. Pendientes que no se expusieran más de la cuenta. Ese día no estuve.

Respecto a las acusaciones de Néstor Reverol aseguró que los jóvenes manifestantes nunca usaron un arma de fuego para defenderse.

-Solo vi –explicó- muchachos ataviados con máscaras, guantes, lentes, escudos de cartón y latas. Para mala suerte de la vida, ese día el único que estaba solo al frente de la GN era Armando, los demás estaban al fondo. A los otros muchachos asesinados en las protestas los agredieron cuando estaban en pleno apogeo. Armando estaba solo a mitad de la calle con los brazos abiertos y el disparo fue directo hacia él. Fue una cosa a mansalva.

Israel Cañizales responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro por lo sucedido y aseguró que el alto mando tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo no solo en Caracas, sino en diferentes puntos del país.

-Yo siempre recuerdo –indicó- que a esa hora, a las 3:30 pm del miércoles 3 de mayo de 2017, estaba Maduro en Miraflores bailando salsa. Ellos sabían perfectamente lo que estaba pasando y montaron su distracción para ocultar todo. Los GN que llegaron allí ese día usaron la fuerza inmediatamente, aun cuando los muchachos que estaban allí simplemente estaban ejerciendo su derecho a protestar.

La sed de sangre de los cuerpos represivos de la narcodictadura no quedó saciada con el asesinato a mansalva de Armando Cañizales. Quería sembrar el terror en los manifestantes.

En efecto, Erika Hernández relató que tras la muerte del joven músico su familia sufrió asedio por parte de los organismos represivos del régimen, obligándola a dejar el país.

-Todo comenzó –apuntó- el mismo día del entierro del joven, cuando cuerpos de seguridad se presentaron en el lugar para llevarse detenido al hermano de Armando, lo que fue impedido por las personas allí presentes. Luego del incidente, comenzaron a llegar las amenazas a través de llamadas y mensajes de texto.

El padre agregó:

-Un día, justamente saliendo de la Fiscalía recibí una llamada supuestamente de la oficina de la vicepresidencia ofreciéndome dinero, carro y casa. Por supuesto me negué. Esas ofertas siguieron llegando y decidimos salir de Venezuela. Además, corríamos el riesgo de que se llevaran a mi otro hijo. Afortunadamente estamos juntos, pero el proceso de recuperación es muy lento. En el caso de su mamá y el mío eso no tiene reparación, pero nuestro otro hijo tiene derecho a rehacer y planificar una vida; por eso nos jugamos la opción de salir del país.

Al final del reportaje EH comentó: .-La muerte de Armando, así como la de otros cientos de jóvenes asesinados durante las protestas de 2014 y 2017, se mantienen impunes. No ha habido justicia .

LA FAES ASESINÓ A CRISTIAN CHARRIS

El 28 de diciembre de 2020 Sarahi Gómez y Jackelin Díaz, de El Diario, relataron el asesinato de Cristian Charris por efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales [FAES], -La violencia en Venezuela –señalaron - tiene múltiples rostros. Muchos de ellos usan la máscara de la delincuencia organizada y otros portan el antifaz del exterminio bajo el manto protector de la indiferencia del Estado. El daño infringido por aquellos rostros que portan uniforme policial y que asesinan a sangre fría se refleja en las cifras de ejecuciones extrajudiciales. Pero son mucho más que eso, detrás de cada número hay una historia, una vida aniquilada y una familia fracturada por una pérdida irreparable.

Ese cuadro trágico lo expusieron a continuación:

-Una persona fue asesinada por el impacto de una bala cargada con saña por parte de un cuerpo policial dedicado al exterminio e intimidación, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). La luz de la Luna fue la única testigo de un crimen que ocurrió la noche del 24 de septiembre de 2018. Los recovecos de Petare, la mayor barriada de Venezuela y una de las más grandes de Latinoamérica, estaban en calma. Pero al llegar la madrugada, las fiestas en la zona estaban en su apogeo. Los jóvenes aprovechaban el fin de semana para divertirse y bailar en casa de algún amigo o conocido. Entre el alcohol y la música, las preocupaciones se desvanecieron por un momento. Cristian Charris, de 26 años de edad, se divertía esa noche sin saber que sería la última para él.

Un poco más temprano, Cristian decidió ir a una fiesta para celebrar su cumpleaños. Bebió y bailó hasta que se hizo tarde y decidió regresar a su casa, aunque no pensó en las consecuencias de caminar de madrugada por las calles de

Petare y mucho menos que se encontraría de frente con un grupo de funcionarios de las FAES, organismo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y acusado de ser el responsable de miles de ejecuciones extrajudiciales.

A sus 26 años de edad ya era padre de tres niños… La comunidad lo quería y la herida que dejó su muerte aún no sana.

A continuación se lee: -El semblante de Carmen Arroyo, la madre de Cristian Charris, está marcado por el dolor que le infringió una pérdida irreparable. Las lágrimas recorren su mejilla y prefiere no ahondar mucho en el día en que ese cuerpo policial le arrebató la vida a su único hijo.

Yo nunca me imaginé que a mi hijo me lo iban a matar, mucho menos de esa manera.

Y en otro segmento: -La vida de Charris esa noche estuvo en manos de los uniformados, quienes, como parte de su jornada de exterminio, le dispararon sin ninguna razón, según lo que cuenta su madre. Estos funcionarios decidieron arbitrariamente terminar con la vida de un joven trabajador, un deportista comprometido y un hijo ejemplar. Estos hombres con el rostro cubierto también decidieron dejar a tres niños huérfanos y fracturar así una familia completa.

En parte del reportaje precisaron -Cristian Charris no se resistió a la autoridad, no portaba un arma y tampoco se enfrentó a un grupo de funcionarios encapuchados y con armamento. Esa noche regresaba a su casa de una fiesta cuando le arrebataron la vida. El dolor se deja ver en la mirada de su madre y la voz se le corta al recordar a su hijo: un joven de contextura delgada, tez morena y alto. Pero sobre todo, Carmen Arroyo lo recuerda como alguien “sano”, que no tenía problemas con nadie.

Más adelante apuntaron: -La tristeza la embargaba, pero no iba a dejar que la muerte de su hijo quedara impune, o por lo menos haría todo lo que estuviese en sus manos para conseguir justicia. Fue cuando se dirigió a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía a denunciar el asesinato de su hijo, pero las respuestas que obtuvo fueron pocas y no hubo una investigación del caso.

La entonces Fiscal General del régimen, Luisa Ortega Díaz, alegaba que hubo enfrentamiento.

-Y eso no fue así. Además si mi hijo hubiese sido delincuente ellos (la policía) no tenían por qué matarlo así. Mi hijo lo único que tenía en la mano era una botella de cerveza.

Las periodistas además indicaron: -La determinación y fortaleza acompaña cada una de sus palabras. Ella está segura de que la muerte de su hijo fue una injusticia, un asesinato como los miles que se le atribuyen a los cuerpos de seguridad del Estado.