MORIR EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI [I]

MORIR EN VENEZUELA [I] ÍNDICE

I. PREÁMBULO El Estado, conforme a la Constitución, es el garante de la vida de toda persona, independientemente de su condición social, política, cultural, religiosa, racial, etc.

En efecto, su artículo 43 consagra el derecho a la vida como derecho humano inviolable. Además el artículo 55 señala; “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Por otro lado afirma: “Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”.

Igualmente establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”. Sin embargo La Guardia Nacional es el único cuerpo de las Fuerzas Armadas con funciones explícitas de cooperar en operaciones para mantener el orden interno del país, según artículo 329 de la norma constitucional.

El artículo 83 de la Carta Magna declara que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”. En consecuencia, “El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.

La Constitución también garantiza el derecho a la alimentación en el artículo 305, pero con un menú alimenticio rico en proteínas animales y vegetales, inexistente en las cajas Clap que contienen harina de maíz precocida, harina de trigo pasta, aceite, lentejas, arroz, productos de mala calidad e insuficientes para que el sector de la población que los adquiere pueda alimentarse adecuadamente.

En cuanto el derecho a la manifestación, el artículo 68 es claro y preciso al respecto: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

Sobre la misma materia, el artículo 36 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones precisa: “Todos los habitantes de la república tienen derecho de reunirse en lugares públicos o de manifestar, sin más limitaciones que las que establezcan las leyes” y el 38 obliga a “Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones” a “participarlo con veinticuatro horas de participación, cuando menos, por escrito duplicado, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persigue”.

Este funcionario, “en el mismo acto de recibo de la participación deberá estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora”.

En lo que respecta al trato a los privados de libertad, el artículo 272 señala explícitamente: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos”.

Y en cuanto a lo tocante a la tortura en los establecimientos penitenciarios, el artículo 46 de la Constitución es bien claro: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ...

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Además, desde el 22 de julio de 2013 entró en vigencia a Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hasta el 3 de enero de 2021 no se ha aplicado a ningún reo de tal delito, a pesar del largo historial de torturas que se producen en la Dirección General de Inteligencia Militar, la Policía Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar y en los centros penitenciarios, con saldo lamentables de muertes, a cuyos autores, cuando ello ha ocurrido se les ha aplicado el Código Penal.

Ninguno de estos preceptos, en la práctica, benefician a la ciudadanía porque quienes están obligados legalmente a hacerlos cumplir actúan más como funcionarios de la narcodictadura, que como agentes del pueblo en la defensa de sus derechos humanos.

Tanto el defensor del pueblo como el fiscal general de la República, que deberían velar por el respeto de la vida y de la libertad, se abstienen de cumplir las obligaciones y deberes que les impone la Constitución Nacional, conducta delictual que favorece la comisión, por parte de funcionarios policiales civiles y militares, de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, uso desproporcionado de armamentos contra los manifestantes incluso disparándoles en el rostro a quemarropa y utilizando las bombas lacrimógenas como arma o en circunstancias de causar el mayor daño posible a quienes, en forma pacífica, manifiestan su disentimiento contra el régimen por la falta de agua, gas doméstico, carestía de la vida, electricidad, telefonía, transporte y otros servicios públicos.

En el socialismo del siglo XXI ocurre como en la película de Pedro Infante, donde la vida no vale nada.

En consecuencia, quienes constitucionalmente están obligados a velar por la vida de las personas, son los principales asesinos.

Se puede morir en una cola bancaria esperando el pago de la miserable pensión del seguro social, en el hospital por falta de insumos médicos, durante una protesta antigubernamental por escasez de gas doméstico, agua potable, gasolina, malos servicios de electrificación, carestía de la vida, etc.,; en el hogar, debido a la violencia familiar; en presidio, por desnutrición, por otro preso, por la Guardia Nacional sofocando un motín, o por falta de atención médica; en la calle por el arma de un atracador o de un agente policial o militar; en una mina del Arco Minero del Orinoco, por fuerzas militares o de guerrillas colombianas y narcotraficantes y muchos otros lugares.

También puede asesinarte un hermano en el marco de una discusión por un pedazo de queso como le ocurrió el 30 de diciembre de 2020 a Freddy Tomás Real Vásquez en La Victoria, Estado Aragua, según reveló El Nacional el 5 de enero de 2021 con información del diario El Siglo, de Maracay. Igualmente se puede morir tratando de salvar vidas afectadas con covid-19, como ha ocurrido con médicos y paramédicos. O de desnutrición, o víctima de malaria y tuberculosis, enfermedades que ya habían sido erradicadas en Venezuela. O en un naufragio entre Trinidad y Tobago y Güiria, Estado Sucre, huyendo del hambre y el hampa amparado por efectivos de la Guardia Nacional y la Guardia Costera. O de otras maneras que trataré Indicar en el presente estudio, nutrido documentalmente de esa fuente inagotable de acceso al conocimiento universal, como lo es el Internet, manifestado en redes sociales, periodismo ciudadano y periodismo digital.

II. LA MUERTE ESTÁ EN CUALQUIER LADO No es exagerado afirmar, como en el corrido mexicano, que en la Venezuela del socialismo del siglo XXI la vida no vale nada, especialmente en los barrios más pobres de Caracas y otras ciudades importantes.

En consecuencia, el ciudadano de a pie puede toparse con la muerte, durante las razzias de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, en su propio hogar o en la calle porque su rostro le resultó feo a los matones de ese organismo represivo que en los operativos se cubren la cara O puede morir en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar o en un Centro de Detención Preventiva donde no debería permanecer más de 72 horas.

O puede ser abatido por una bala loca durante enfrentamientos entre bandas hamponiles rivales o entre delincuentes y policías.

O puede morir en un servicio hospitalario por falta del oxígeno que la narcodictadura criminalmente regala a Brasil.

O torturado. O asesinado por la Guardia NAZIonal cuando trataba de adquirir combustible para su vehículo o de muchísimas otras maneras.

II.1. Morir tratando de salvar vida

Con salarios de hambre, en instalaciones hospitalarias carentes de agua potable, insumos médicos elementales y muchas veces sin luz eléctricas, tratando de salvar la vida de afectados de covid-19, exponiendo las suyas, hasta el 7 de enero de 2021 habían fallecidos 302 trabajadores de la salud, según informó el diario El Nacional, con datos que dio a conocer públicamente la ONG Médicos Unidos por Venezuela.

La fuente periodística detalló: -Siete nuevos profesionales de la salud fallecieron en Venezuela por covid-19 entre el 31 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, así lo informó este jueves la ONG Médicos Unidos por Venezuela.

De acuerdo con la organización, serían 302 muertes relacionadas al área de la salud.

Las últimas víctimas de la pandemia son 3 médicos y un enfermero del estado Zulia, un médico en Mérida, un enfermero en Lara y un médico en el Distrito Capital.

La ONG recordó que Zulia con 68 es la entidad más afectada por muertes del personal sanitario a causa del coronavirus, seguido del Distrito Capital con 28.

Hasta el 7 de enero la cifra de afectados por la pandemia ascendía a 115.322 casos, con 1.053 decesos.

Morir violentamente en la vejez Aparte de que los viejos en Venezuela tienen que sufrir las horribles consecuencias de la indolencia oficial que les niega una pensión digna, instituciones de asistencia geriátrica eficientes, medicina y alimentos a su alcance, deben además padecer las embestidas de la violencia, la cual no respeta edad, sexo, religión, etc,. y ha dejado un saldo fatal en este segmento de la población que en los países industrializados es tratado con respeto y disfruta de muchos privilegios en materia de

salud, alimentación, servicios públicos y otras prebendas, pero que en la narcodictadura es discriminad, inclusive en el transporte colectivo, donde no se le acepta muchas veces porque legalmente debe pagar medio pasaje.

Desgraciadamente, por obra y gracia del socialismo del socialismo del siglo XXI, Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Ese no era el caso de nuestro país en 1999, año en el cual el teniente coronel [r] Hugo Chávez accedió a la Presidencia de la República, luego de haber fracasado el 4 de febrero de 1992 en su intento de derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2019, el país registró un total de 16.506 muertes violentas, una tasa de 60,3 homicidios por cada 100 mil habitantes. De cada 100 delitos se castigan a lo sumo 8 y la impunidad ronda por el 92%. Ese mismo año, las muertes violentas de personas mayores representan, aproximadamente, una tasa de 2,48 por 100 mil habitantes de estas todas las muertes.

Ese trágico año, por tercera vez consecutiva, se convirtió Venezuela se convirtió en el país más violento de América Latina.

El Informe de Victimización- Vejez en Riesgo revela que desde el año 2015, -aunque la narcodictadura lo niega en distintos foros multilaterales- el país está sumido en una Emergencia Humanitaria Compleja de origen político, causada por una multiplicidad de factores que tienen amplias repercusiones en la destrucción del Estado, la economía y el bienestar de la sociedad.

-Esta crisis –advierte- multiplica y genera nuevas necesidades de índole humanitaria, agrava los problemas de inseguridad humana, profundiza el deterioro de los servicios públicos y menoscaba el sistema de protección de los derechos humanos.

Ello afecta a toda la población, pero con una incidencia mucho mayor en los más vulnerables, como los son las personas mayores.

El referido informe refleja la violación al derecho a la vida y a la integridad de las personas mayores ocurridas durante el año 2019, cuyos datos fueron recogidos y sistematizados a partir de la información hemerográfica de la sección de sucesos de cincuenta y siete portales noticiosos digitales, nacionales, regionales y locales.

Ese cotejo permitió registrar un total de cuatrocientas once (411) muertes violentas de personas mayores; de las cuales ciento ochenta y tres (183) o 45 % fueron clasificadas como muertes violentas por causas específicas (incluye las muertes por asfixia mecánica, arma blanca, arma de fuego, golpizas y otras donde no hay información sobre la causa de la muerte) teniendo como principal móvil al robo.

-En su mayoría, -detalla- estas muertes sucedieron en la vivienda de la propia víctima. En estas circunstancias se registraron 100 fallecimientos de personas mayores, que constituyen 57% del total de muertes registradas. Por otro lado, ocurrieron setenta y dos (72) decesos producto de muertes violentas por descuido,

negligencia o impericia que representa el 18% del total de muertes violentas de personas mayores registradas.

En otra parte del documento se lee: -De entre éstas, la causa más recurrente fue el arrollamiento (16%). El 13 % del total de las muertes violentas sucedidas en el año 2019 es atribuible a la responsabilidad directa del Estado, bien sea por acción, omisión o consentimiento, directo o incitado, cuya consecuencia inmediata fue el fallecimiento de 52 personas mayores. Esta distinción se hace porque, la protección de la vida de todas las personas -y en especial de los grupos más vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas mayores- es una obligación ineludible del Estado tal y como lo establecen las diferentes convenciones, tratados y acuerdos internacionales.

El informe explica igualmente que “Estas muertes expresan diferentes formas de violación al derecho a la vida, a la provisión de medios necesarios para evitar muertes no naturales o tempranas, de ausencia de acciones o políticas públicas dirigidas a la protección de la vida de las personas mayores ante las amenazas de una muerte temprana, negándoles las posibilidades de medios de asistencia médica o social oportuna”.

El 17 de marzo de 2021 El Nacional reportó: -En 2020 372 adultos mayores perdieron la vida de manera violenta en Venezuela, informó la Asociación Civil Convite en un estudio publicado este miércoles 17 de marzo.

La asociación especificó en el reporte que de los 372 adultos mayores fallecidos, 178 fueron víctimas de la delincuencia en Venezuela.

Seguidamente, se detalló en el informe que 69 de las muertes se dieron por negligencia, descuido o impericia como arrollamientos o accidentes provocados; 46 fueron muertes con responsabilidad del Estado como inanición, torturas o falta de atención y las últimas 79 correspondieron a otro tipo de violencia como suicidios o accidentes.

El Nacional añadió: -Convite detalló que los adultos mayores que murieron estaban en un rango de edad entre los 60 y 80 años. Asimismo, se registró que 275 eran hombres y 97 mujeres.

El lugar que más muertes violentas registró fue Caracas, con 36, le sigue Lara con 35, Anzoátegui con 33 y Zulia con 30.

Por otro lado, el Informe de victimización de Personas Mayores también detalló que el año pasado fallecieron 539 adultos mayores a causa del covid-19. De esta cifra, 71 pertenecían al sector de la salud.

-En el informe –precisó El Nacional- se responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por las alarmantes cifras de decesos ya que es responsabilidad del Estado brindar las condiciones de salud y seguridad a esta población.

II.2. Morir de hambre El 8 de noviembre de 2019 la especialista en nutrición, Susana Rafffalli, afirmó en el portal Aula Abierta a María José Núñez que al cierre de ese año el índice de desnutrición en el país sería del 16% debido a la crisis humanitaria, la hiperinflación, el

incremento del dólar paralelo y la escasez de alimentos, medicamentos y otros servicios básicos del hogar.

Ese porcentaje equivale a más de 4 millones 600 mil habitantes.

-La escala de ayuda que se está recibiendo en comparación a la magnitud del problema -explicó- no llega a ser suficiente y estamos ante situaciones humanitarias muy por encima de los niveles que se puede manejar para evitar pérdidas de vida,.. En una emergencia como la venezolana, los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores son los más afectados en salud. El agotamiento metal, físico y la desnutrición son los factores del aumento de la natalidad.

La especialista añadió: -La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sitúa a Venezuela entre el tercer país del mundo — después de Yemen y Sudán del Sur— que atravesarán en los próximos meses los más altos riesgos para su seguridad alimentaria y su agricultura, así se desprende del más reciente reporte Alertas Tempranas del trimestre abril-junio 2019, donde constataron que el 21% de la población no come lo suficiente, este porcentaje equivale a 6.8 millones de venezolanos.

En la actualización oral del informe sobre Venezuela (9 de septiembre) emitido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, se reconoció que el acceso a los alimentos es limitado y costearlos implica 41 salarios mínimos.

[La pobreza en 2020 afectaba al 90% de la población; sin embargo el narcodictador Nicolás Maduro se vanaglorió públicamente que en la Navidad de ese año aumentó seis kilogramos, mientras que el pueblo sufría por no poder consumir para la fecha la tradicional hallaca o disfrutar de una alimentación digna de la fecha] Raffalli, defensora de los derechos humanos, citó: -Un estudio publicado en la revista ‘The Lancet Global Health’ concluyó que la mortalidad infantil en Venezuela alcanzó 21 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2016, una tasa no vista desde la década de 1990.

[El hambre cabalga cómodamente en más del 90% de los hogares venezolanos, en las cárceles y retenes policiales, en los cuárteles militares, en los hospitales y en las escuelas, de done la narcodictadura elemin´el PAE].

Luego recordó “que la mortalidad infantil en Latinoamérica ubica a Venezuela entre los primeros puesto con los peores registros y aseguró que las estadísticas de mortalidad materna se elevan a un 60% y 70% debido al deterioro en la calidad de los servicios de salud, por ello inició una investigación sobre la seguridad alimentaria y la calidad de servicios en los hospitales del país” y refirió que “El Estado Mundial de la Infancia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) concluyó en sus investigaciones que al menos 13 mil niños murieron durante el 2018” a su juicio “por causas que se podían evitar y que, incluso, se estima que 6 mil niños neonatos murieron por causas relacionadas con el parto”.

II.3. Morir de desnutrición y paludismo

El 3 de enero de 2021 falleció en la cárcel El Rodeo II, sita en el Estado Miranda, el prisionero político de la narcodictadura Salvador Franco , uno de los 13 indígenas de la etnia pemón que fueron detenidos en 2019 acusados de asaltar un destacamento militar en el Estado Bolívar.

El Foro Penal denunció en varias ocasiones que los detenidos se encuentran en graves condiciones en el centro penitenciario Rodeo II, en Miranda. Allí han tenido síntomas de covid-19 y problemas estomacales.

[El hecho de confinar a Franco y sus compañeros de desventura en una cárcel muy distantes de sus lugares de residencia, además de violar el Código Penitenciario, constituye una violación de los derechos humanos, por cuanto imposibilita la visita de familiares y amistades, máxime tratándose de indígenas] La referida fuente aseguró también que la muerte de Franco se produjo por negligencia estatal.

La mal llamada justicia le había imputado los cargos de conspiración en la forma política, terrorismo, sustracción de arma de fuego o municiones en resguardo, asociación para delinquir, uso de adolescentes para delinquir, porte ilícito de arma de fuego y aprovechamiento de la cosa proveniente del delito, por los cuales no se le realizó un proceso con todas las garantías y en el marco de los derechos humanos.

Foro Penal, en la voz de su director Gonzalo Himiob, señaló además: -Desde que Franco fue apresado se informó sobre sus problemas de salud y por ello un juez había ordenado que se trasladara a un hospital. Dicha orden fue ignorada.

Franco había sido diagnosticado con anemia y bajo conteo de plaquetas.

Por otro lado, en los días cercanos a su muerte el detenido presentó síntomas relacionados con la covid-19 y de otras enfermedades relacionadas con problemas de salubridad en el centro penitenciario.

- El informe entregado después de su muerte – señaló Himiob- afirma que murió por tuberculosis y desnutrición. Murió sin que se le permitiera asistencia legal por su condición de enfermedad. Por eso lo declaramos un crimen de la dictadura de Maduro.

En su cuenta oficial en Twitter el director de la ONG Foro Penal escribió: “Según Certificado de Defunción emitido después de la autopsia, Salvador Franco murió a causa de edema cerebral, shock séptico y otras reacciones producto de la tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta de atención médica”.

Este nuevo crimen de la narcodictadura contra un miembro de la población originaria del país, levantó otras voces de repudio y condena.

En efecto, el presidente interino de la República, Juan Guaidó, sentenció: “Esto es un asesinato de la dictadura”.

Alfredo Romero, de Foro Penal: aseveró: “Lo dejaron morir ya que nunca fue traslado a un centro de salud, teniendo orden judicial desde el 27 de noviembre…

Jamás fue acatada dicha orden”. También recordó que “desde hace meses tanto Foro Penal como familiares han “denunciado la situación de 13 indígenas pemones. Presos políticos. Particularmente insistimos en urgente y grave condición de salud de Salvador Franco quien hoy fallece por falta de atención médica”.

Stefanía Migliorini, también de Foro Penal, señaló al respecto: “Hay un familiar que fue a visitarlos y tenían como 12 días que no les llegaba agua” Agregó que el 30 de octubre advirtió que “en el recinto hay ratas, cucarachas y de comida solo les dan arroz con grano”, También la Organización de Estados Americanos, en la voz de su secretario general Luis Almagro, repudió ese crimen en su cuenta en Twitter: “Condenamos la muerte por tortura del preso político venezolano de la etnia pemón Salvador Franco.

Otro crimen de la dictadura en Venezuela. Nuestras condolencias a sus familias y allegados”, dijo, según reseñó el portal TODOSAHORA.COM. el cual añadió; “Asimismo, resaltó que según un informe médico realizado semanas atrás, el indígena mostraba deterioro en su estado de salud. Franco, se encontraba con un diagnóstico de anemia, bajo conteo de plaquetas y síntomas de COVID-19. Además, enfermedades gastrointestinales, según lo reseño también el Foro Penal, quien llevaba una campaña para exigir su liberación.

El repudio de Amnistía Internacional se expresó en Erika Guevara Rosas, directora para las Américas, quien señaló vía Twitter que el régimen de Maduro negó trasladarlo a un centro de salud.

-Salvador Franco,-expresó- indígena pemón detenido arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, falleció después de que el gobierno de Nicolás Maduro negara traslado a un centro de salud, según orden del tribunal, para recibir atención médica urgente que requería”.

En junio, Amnistía Internacional exigió las garantías de un debido proceso, porque “Estarían siendo procesados penalmente por un tribunal con competencia en terrorismo. Esto sin apegarse a las disposiciones constitucionales y estándares de derechos humanos que indican la obligación de los Estados de respetar los sistemas de justicia indígenas”, dijo la organización.

Según publicó Héctor Rodríguez Cárdenas el 23 de octubre de 2020 en Cotejo.info, 130 presos murieron por tuberculosis y desnutrición en Venezuela durante 2020.

-Venezuela, -explicó- con menos cantidad de privados de libertad, es el único país de Suramérica que registra presos muertos por hambre y enfermedades erradicadas hace una decena de años La falta de atención médica adecuada y oportuna, el hacinamiento y la inoperancia del Ministerio para Asuntos Penitenciarios es el patrón que atenta contra los reos.

Y añadió: -Desde 2019 las grandes prisiones y los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela están sumergidos en dificultades sanitarias que afectan mortalmente a

los privados de libertad, pero en 2020 esa crisis se ha hecho más cruenta hasta el punto que en la historia carcelaria de países como Colombia, Perú, o Paraguay no hay un registro de tantas muertes de presos por enfermedades médicamente tratables.

Hasta agosto de 2020 dos organizaciones no gubernamentales que tienen como misión monitorear los derechos humanos de los reclusos, contabilizaban 130 reclusos fallecidos en las cárceles y CDP del país a causa de enfermedades curables. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) suma 60 muertes en centros penitenciarios, desde enero hasta agosto, mientras que Una Ventana a la Libertad (UVL) -en ese mismo lapso- tenía precisados 70 prisioneros que murieron enfermos en al menos 273 calabozos policiales de los 19 estados que investigan.

Luego indicó: -Estas ONG en sus diferentes informes semestrales de 2020 (desde enero hasta junio) han detallado que la tuberculosis, la insuficiencia respiratoria, los casos de grave desnutrición e infartos intestinales son las enfermedades que han generado la mayor cantidad de muertes. Esta realidad desnuda un patrón de violación de derechos humanos por parte del Estado venezolano vinculado a la garantía de servicios básicos como agua potable, la alimentación y la atención médica adecuada y oportuna. …En su informe anual de 2019, el OVP logró confirmar que las muertes de reos por salud fueron más en comparación con las riñas intracarcelarias, motines u otro hecho violento dentro de las cárceles y la tendencia en los primeros seis meses de 2020 no ha cambiado, porque ya suman 48 privados de libertad fallecidos por salud del total que contabilizan que son 119.

El estudio del año pasado indica que 66 presos fallecieron porque estaban enfermos; en 2018 fueron 40 y en 2017 registraron 28, lo que evidencia una curva ascendente en el renglón de las causas de muerte por salud en el país.

El 26 de septiembre de 2020 la periodista Luna Perdomo, de TalCual, escribió: -El informe del Observatorio Venezolano de Prisiones del año 2019, presentado el pasado mes de julio, reveló que el aumento de muertes en presos por temas de salud había aumentado. A pesar de que no se ha dado a conocer una investigación de las circunstancias de este año, se puede afirmar que durante los seis meses de cuarentena por el coronavirus la situación en las cárceles empeoró.

[“Las muertes por desnutrición y tuberculosis han tenido un repunte muy alto durante los meses de cuarentena. Los hechos violentos han bajado, pero las muertes por estas dos causas son importantes”, asevera Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).]

Después indicó: -En este mismo sentido, el coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, no cree que la pandemia haya causado mayores estragos en los recintos penitenciarios porque, a su juicio, “la situación en las cárceles venezolanas siempre ha estado muy mal”; aunque admite que con la pandemia “la situación es más

grave”. Explica que aunque en las cárceles ya existía hacinamiento, retardo procesal, tuberculosis, escabiosis, hepatitis, HIV y otras enfermedades, “las muertes se incrementaron”.

En el siguiente párrafo precisó: -Fénix (Lara) y Tocuyito (Carabobo) son penales donde las muertes por desnutrición y tuberculosis son alarmantes”, sostiene Girón y lo confirma Nieto.

Asimismo, la representante del OVP dice que cree que “ya se superó la cifra total de muertos del año pasado” y solo con los datos que se manejaban hasta junio.

Después apuntó: -En el mes de julio hubo un repunte de muertes entre los presos por las malas condiciones de salud. “Hubo un momento que era un fallecido diario y no había respuesta oficial”, asegura la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones.

Igualmente, Girón explica que esta lamentable situación creó más tensiones dentro de los recintos carcelarios, lo que llevó al Estado a permitir el ingreso de comidas, medicinas, artículos de limpieza y afines.

Durante la cuarentena por la pandemia, las preocupaciones de las madres y familiares aumentaron, principalmente porque se enteraron del fallecimiento de su ser querido por terceros y no por confirmación de las autoridades competentes.

La periodista citó además casos conocidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones.

-El OVP –reveló- lleva el caso de una mujer en Carabobo a la que se le murió su hijo en Tocuyito y el cadáver está desaparecido. Otro caso es el del Johel Castro, de 26 años de edad, quien llevaba siete años preso en la cárcel 26 de Julio, sin juicio: a la familia se le avisó el 30 de agosto que estaba muy enfermo -pesaba 26 kilos, vomitaba sangre y no podía caminar-. Los familiares fueron hasta el penal el 1 de septiembre y los funcionarios del centro aseguraron que Castro estaba bien de salud; sin embargo, el 5 de ese mismo mes otros reclusos le confirmaron la muerte a los familiares por presunta tuberculosis. “Mi familiar murió de mengua”, asevera un pariente.

En otra parte del reportaje registró: -Es un desastre porque no se sabe las personas que han muerto ni las que están ingresadas en los penales. Eso es inseguridad para todos”, detalla Girón mientras describe el otro caso en la cárcel de El Dorado, Estado Bolívar, donde dejaron cuatro cuerpos debajo de un árbol y cuando llegó el capellán tuvo que buscar fosas para enterrarlos de manera digna.

Para Carolina Girón, lo que ocurre dentro de las cárceles “es dantesco, cada día es peor”. A su juicio, hay indolencia e irrespeto.

Luego señaló al final: -El Observatorio Venezolano de Prisiones informó este viernes que en 2019 las principales causas de muerte en las cárceles de Venezuela fueron la desnutrición y la tuberculosis.

Un total de 104 privados de libertad murieron bajo la responsabilidad del Estado durante el 2019, de los cuales 66 de ellos perdieron la vida por condiciones de salud.

La desnutrición y tuberculosis fueron la causa de muerte de 63,46% de las víctimas”, señaló el OVP. Se conoció, además, que hubo un aumento progresivo de enfermedades crónicas, bacterias estomacales y paludismo, entre otras.

Carolina Girón, directora del OVP, explicó que a diferencia de años anteriores la violencia no fue la principal causante de fallecimientos en las prisiones.

II.6. Morir por consumir yuca amarga Tanto el follaje de la yuca como las raíces son utilizados para alimentar reses.

Dulce, es un excelente alimento humano, pero amarga, de donde proviene el casabe, es un terrible veneno que surte efectos mortales tres horas después de consumida. No debería permitirse su venta en los mercados. Esa omisión de las autoridades sanitarias, aunada a la hambruna que sufre la población venezolana, ha producido muchas muertes que pudieron haberse evitado.

El 26 de diciembre de 2016 el periodista Nicholas Casey, del diario norteamericano The New York Times, en un reportaje sobre los estragos del hambre en Venezuela, citó el caso del adolescente Kevin Lara Lugo, de Maturín, Estado Monagas, quien falleció en julio al cumplir 16 años.

-La familia pasó tres días sin comer –explicó- y el joven se enfermó después de ingerir la yuca que consiguió en un campo abandonado.

Para colmo de males, el hospital carecía de los suministros más elementales para salvarlo.

El 20 de febrero de 2017 la periodista Yohana Marra, de Crónica Uno, reportó: -Caracas. Tres kilos por 1000 bolívares. Esto fue lo que costó la yuca que comió una familia en el barrio Isaías Medina Angarita de Catia, municipio Libertador, y les provocó la muerte paulatinamente a cuatro de ellos, y a una vecina, por envenenamiento.

El tubérculo fue comprado por una de las víctimas, Alonso Cruz Durán, de 65 años, a un buhonero en la calle Argentina de Catia, el pasado sábado 11 de febrero. El domingo, luego de consumirla, su hermano Jesús María Cruz Durán, de 53 años, presentó dolores abdominales y vómito; de inmediato lo llevaron en un carro particular al hospital de Los Magallanes de Catia donde le brindaron primeros auxilios y lo enviaron a su casa nuevamente.

Luego agregó: -Jesús continuó con el padecimiento y falleció a las 5:00 a. m. del lunes 13 de febrero. Sin embargo, sus familiares no sabían que se trataba por el consumo de la yuca y al regresar de su entierro —el martes 14 de febrero— su sobrino, Jonathan Stiven Linares Cruz, de 19 años, presentó los mismos síntomas alrededor de las 3:00 p. m. Los parientes supieron el deceso de la vecina Berta, este día, quien también ingirió el alimento.

Las víctimas presentaron dolor abdominal y vómitos tras ingerir el tubérculo.

El joven fue trasladado al hospital Periférico de Catia y murió a las 10:00 a. m. del miércoles 15 de febrero. Ese mismo día le iniciaron los síntomas a Alonso Cruz Durán, quien falleció al día siguiente a 11:00 a. m. en el hospital Pérez Carreño.

La periodista reveló también:

-La última en morir fue Xenia, quien inició con los síntomas el viernes 17 de febrero y después de llevarla al hospital Pérez Carreño, falleció en horas de la mañana del sábado.

El 14 de febrero de 2018 el diario ecuatoriano El Universo, con información de AFP, reportó: -Seis niños y un adulto murieron desde el domingo pasado en Venezuela por consumir un tubérculo venenoso que suele confundirse con la yuca, denunció este miércoles una diputada opositora, que vinculó los hechos con la aguda escasez de alimentos.

Y añadió: -Son seis niños y un adulto mayor fallecidos. En total fueron 30 personas afectadas las que acudieron a hospitales", dijo a periodistas la legisladora Karin Salanova, al exigir una investigación en la Fiscalía del estado de Aragua (noroeste), donde ocurrieron los envenenamientos. "¿Cuántos inocentes tienen que morir por la intoxicación con la yuca amarga?", añadió.

El Universo señaló en otra parte del reportaje que “La yuca amarga suele confundirse con la yuca tradicional, tubérculo de bajo costo no venenoso y cuyo consumo es masivo en Venezuela” e indicó que “El año pasado se reportó la muerte de al menos una docena de personas por envenenamiento con yuca amarga”.

Asimismo apuntó: -La diputada denunció además que en los hospitales a los que acudieron los afectados no había suficientes insumos médicos para atenderlos.

El 30 de noviembre de 2019 Nilsa Varela Vargas, del diario El Vistazo, reportó: -Por presunto envenenamiento al comer yuca amarga, falleció una joven de 24 años de edad y sus hijos varones de 5 y 2 años, residenciados en el municipio Independencia de Anzoátegui.

La víctima fue identificada como Girseida Coromoto Medina Maigua.

El viernes 20 del mismo y año la ingesta de yuca brava cobró la vida en el hospital de Pdvsa en San Tomé del militar Orlando Alexander Hernández Hernández.

El 6 de marzo de 2020 el periódico Qué Pasa reseñó la muerte de un niño indígena de la etnia yaruro, de dos años de edad, en el hospital Francisco Antonio Rísquez, Municipio Achaguas, Estado Apure, por consumir la raíz de la yuca amarga cuando se encontraba en su casa ubicada en el sector Los Bancos, parroquia Guachara, -El hecho ocurrió –explicó la fuente- cuando el hoy occiso en compañía de otros 19 integrantes de una misma familia habrían consumido el venenoso alimento.

Familiares informaron que hay 16 menores de edad cuyas edades oscilan entre tres a seis años respectivamente, así como tres adultos, entre ellos una mujer embarazada que lucha por sobrevivir.

El 22 de enero de 2021 la periodista Mónica Salazar, del portal Crónica Uno, reseñó: -La tragedia de la crisis alimentaria que a diario golpea a la familia venezolana cobró la vida de una niña que consumió yuca amarga sin saberlo. La escasez y alto costo de los alimentos hace que las familias sucrenses, así como del resto del país, sucumban a la desesperación de buscar cómo saciar el hambre de sus hijos.

El hecho ocurrió en el sector Los Molinos, Cumaná, Estado Sucre.

II.7. Morir linchado La impunidad con que actúan los delincuentes es el principal factor determinante de la presencia del linchamiento al que han tenido que recurrir sectores de la comunidad para hacer justicia en el socialismo del siglo XXI. Por supuesto cuando se trata de que la víctima de la delincuencia es un alto funcionario del régimen o familiares, los organismos policiales y judiciales actúan con inusitada eficacia y aparecen culpables, inclusive violando normas constitucionales en materia de derechos humanos.

Pueblo enardecido quema vivo a presunto violador en Gómez El 26 de febrero de 2015 el periodista Mario Guillén Montero, del entonces diario impreso Sol de Margarita, de Porlamar, Estado Nueva Esparta, reportó: -Una situación dantesca se vivió la tarde de ayer en el sector Cerro La Cruz de Santa Ana, municipio Gómez, cuando la comunidad decidió tomar la justicia por sus manos y quemó vivo a Jhonatan Guzman Marval Marcano de 34 años, que presuntamente violó a una escolar de 12 años residenciada en esta zona.

Guillén Montero agregó: -Según comentaron vecinos de la localidad, pasadas las 12:00 del mediodía la niña recibió un mensaje de texto de una compañerita de clases donde la invitaba a su casa para contarle algo urgente.

Al parecer la hijastra del presunto violador dejó el celular olvidado en su casa y el depredador sexual aprovechó esto para engañar a su víctima, que fue recibida por el padrastro de su amiguita, quien le comenta que su hijastra está en el baño y le pide que la espere adentro.

-Esta –precisó- habría sido la artimaña que usó este sujeto para lograr que la pequeña entrara a la vivienda y posteriormente abusar sexualmente de ella.

El hombre le subió el volumen de la música que escuchaba y en el baño de la casa procedió a violarla.

El periodista reseñó luego que los cuerpos de seguridad no pudieron intervenir para impedir el linchamiento de quien el pueblo calificó de Monstruo del Cerro La Cruz y llevaba una Biblia en las manos.

Una de las mujeres que presenció el linchamiento declaró:

-Ese monstruo tenía un pacto con el diablo. Con todos los golpes y la quemada que tenía no se terminaba de morir. Debido a que seguía con vida, la muchedumbre le volvió a prender fuego para asegurarse de su muerte.

El 2 de mayo de 2016, según la Asociación Civil Paz Activa, la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, reveló que su despacho estaba investigando 24 casos ocurridos hasta esa fecha del año en referencia.

Paz Activa citó el caso ocurrido en Caracas de un delincuente al que luego de quemarle los brazos, el torso y la cara, golpearlo y dispararle en una pierna, lo soltaron y le hicieron creer que le perdonarían la vida. Corrió y le dieron otro tiro “Pa´que sigas robando, pues”.

La escena fue grabada por quien suministró la información.

-Es el testigo de un fenómeno –revela Luis Cedeño, director de esa organización- que no es nuevo en Venezuela, pero que cada día parece crecer. Son los linchamientos. La “justicia” tomada de la mano de cualquiera… No hay un cómputo oficial y el rastreo solo se puede hacer por las reseñas que aparecen en prensa.

Tampoco es un fenómeno nuevo, pero la actual situación económica y de inseguridad ciudadana parecen ir de la mano del incremento en la frecuencia de los linchamientos.

Cedeño explicó además: -Esto no es algo nuevo para el venezolano, pero si antes se veían 20 en un año, hoy ese número puede estar ocurriendo en un mes particular y no se reporta.

Dentro de las categorías formales de homicidio no existe el linchamiento, por lo que se hace aún más complicado levantar la estadística, a la vez que puede haber un acto de linchamiento que no desemboca en muerte, porque se sobrevivió o intervino la fuerza pública, “pero igual se consuma ese comportamiento en masa”.

El 21 de octubre de 2015 Radio Martí, con información de la agencia EFE, reseñó: -En los últimos meses, los medios locales registran por lo menos tres ajusticiamientos por semana, escenas que muchas veces son difundidas sin censura a través de las redes sociales.

Venezuela ha reportado en las últimas semanas el linchamiento, casi a diario, de presuntos delincuentes por parte de comunidades enardecidas una situación que, de acuerdo con la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), obedece a la desesperación de los ciudadanos ante el aumento de los delitos.

Luego indicó: -El linchamiento en Venezuela ha aumentado de una manera impresionante por el desespero de las personas y porque ha aumentado mucho más también la acción delictiva, porque hay más delincuentes", dijo a Efe el director de OVV, el sociólogo Roberto Briceño León.

En el siguiente segmento precisó: -No existen estadísticas oficiales o independientes que indiquen la cantidad de linchamientos o de intentos de linchamientos que se han producido en lo que va de año, pero medios como la página web de noticias venezolana Efecto Cocuyo contabilizaba a mediados de agosto pasado 25 agresiones en 2015 en todo el país.

Sin embargo, “El diario La Voz, por su parte, dijo a principios de septiembre que ya eran 30 los linchamientos registrados, solo en Caracas, en lo que va de año”.

El 27 de enero de 2021 la versión digital del diario La Nación, de San Cristóbal, Estado Táchira, reseñó el linchamiento Rafael Antonio Tovar Tovar, presunto responsable de haber secuestrado, torturado, abusado y asesinado a la adolescente Dariannys Heredia Belisario, de 16 años de edad, habitante del sector Los Cocos, de San Fernando de Apure, desaparecida desde el día 20 del mismo mes.

Una vez localizado en la zona rural de Cantaura, de la capital apureña, los vecinos lo maniataron y le propinaron una severa golpiza. Posteriormente fue entregado al Conas, que procedió a llevarlo de urgencia hasta el Hospital General Pablo Acosta Ortiz, donde aseguraron que falleció a los pocos minutos de su ingreso, debido a las lesiones sufridas, relató la fuente.

II. 9. Morir por negligencia criminal El 18 de enero de 2021 TalCual, con información de la periodista Laura Clisánchez, del periódico Correo del Caroní, reportó:

-Fallecen dos pemones por retraso en traslado a unidad de quemados en hospital de Bolívar Tras explosión de una cisterna de gasoil volcada en Gran Sabana, las víctimas esperaron 48 horas por el traslado a la unidad de quemados del hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, lo que motivó denuncias del personal sanitario que advirtió que el retraso puso en peligro sus vidas.

Luego explicó: -David José Pérez Romero, de 36 años, y Michael Orsani, de 24 años, fallecieron el sábado 16 de enero. Eran dos de las tres personas que resultaron heridas tras la explosión de una cisterna de gasoil volcada cerca de la comunidad de Santa Cruz de Mapaurí, en la troncal 10 del municipio Gran Sabana.

Pérez presentaba quemaduras de segundo grado en 78% de su cuerpo, incluyendo áreas críticas como manos, cabeza y tórax. Mientras Orsani presentaba quemaduras en 70% de su cuerpo. Ambos tenían afectación de las vías respiratorias superiores.

La periodista añadió: -Pérez, Orsani y Vásquez ameritaban traslado urgente hacia la unidad de quemados del hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, la mañana del lunes 12 de enero cuando ocurrió la explosión.

Sin embargo, en un principio fueron recluidos en el Hospital Rosario Vera Zurita en Santa Elena de Uairén, a 702 kilómetros y 10 horas de distancia de la única unidad de quemados del estado Bolívar.

A Ruiz y Páez llegaron el miércoles 14 de enero a las 10:00 de la mañana, 48 horas después del incidente, pues el traslado fue postergado.

Por orden de la Gobernación de Bolívar, los lesionados debían ser trasladados vía aérea hasta Puerto Ordaz y en ambulancia hasta el hospital de Ciudad Bolívar el martes 13 de enero. Pero trascendió extraoficialmente que el vuelo se suspendió por el clima.

Luego acotó: -Personal sanitario del Ruiz y Páez había denunciado que conforme pasaba el tiempo, la vida de los pacientes corría mayor riesgo, pues ameritaban cuidados especiales.

“Ese traslado mal hecho y atrasado complicó mucho más sus estados de salud, las autoridades deben dotar adecuadamente y suministrar los equipos y materiales para nosotros poder salvar vidas”, manifestó el vicepresidente del gremio de enfermeros, Camilo Torres.

También escribió: -La primera semana de enero de 2021, el Colegio de Enfermeras del estado Bolívar denunció que en la unidad escasean el 80% de los insumos para realizar las curas diarias de los pacientes, como Betadine, gasas, guantes y vendas. A lo que se le suman retrasos en los traslados, tomando en cuenta que la unidad de quemados del Ruiz y Páez recibe pacientes de otros municipios de la región y de Amazonas, Delta Amacuro, Anzoátegui y Monagas.

Al final la periodista explicó: -La cisterna se volcó el domingo 12 de enero en la troncal 10 del municipio Gran Sabana. Extraoficialmente se conoció que la unidad estuvo volcada en el sitio por más tiempo del previsto, porque no había grúa disponible para levantar el siniestro.

De acuerdo con la versión oficial, un día después del accidente de tránsito los indígenas intentaron extraer combustible del vehículo, pese a que debió estar custodiado por funcionarios de la Guardia Nacional. Durante la maniobra explotó la cisterna.

II. 10. Morir por matar a dos policías nacionales El 21 de enero de 2021 Karina Peraza del diario El Nacional reseñó el asesinato de ocho presuntos delincuentes durante el operativo desplegado para encontrar a los homicidas de los efectivos de la Policía Nacional Luis Linarez y Jorge Sánchez.

La muerte ocurrió el martes 19 del mismo mes en Barquisimeto, Estado Lara.

[Una minuta policial señala que algunos de los ultimados formaban parte de la banda responsable de los asesinatos y otros se dedicaban a ser informantes] La periodista añadió que hasta esa fecha habían muerto ocho personas en el operativo para encontrar a los responsables de la muerte de los dos efectivos en enfrentamientos acaecidos en Yaritagua, Estado Yaracuy, y en la capital larense.

-Entre los muertos –explicó- se encuentran José Luis Jiménez García, alias El indio, y Carlos Alberto Medina, alias El palmarón. Ambos fueron ultimados en Corderito.

También falleció Jesús María Vivas, El chichi, caído en el cementerio De Tamaca y señalado como informante.

Igualmente perdieron la vida los presuntos delincuentes Geober Naicel Salcedo Salcedo, El zurdo, quien abatido en Cabudare, en la carretera vieja de Yaritagua.

-En horas de la tarde, -agregó- las autoridades dieron con Enderson Alirio Jiménez Cañizales, El ender, también en Corderito.

Blas López Vargas, El Blas, y Jaykel Rodríguez Álvarez, El Jay, fueron ultimados en Yaracuy. El octavo muerto es José Alexander Montes Rojas, El nano, a quien ultimaron en Chivacoa.

Al final periodista precisó: -Hasta ahora no se recuperaron las armas robadas de los uniformados. Se informó, además, que la camioneta Hilux blanca localizada fue una falsa alarma. Aún continúa la búsqueda.

Todos los grupos que pertenecen a la PNB, entre ellos la FAES y el BTI, están participando en el operativo.

II.11. Morir al desplomarse una pasarela El lunes 4 de enero de 2021, al desplomarse en horas de la mañana la pasarela que conecta Parque Central con San Agustín del Sur, La Charneca, Caracas, perdió la vida una persona y otras tres resultaron heridas, ambas del sexo femenino.

La información fue dada a conocer vía Twitter por el periodista Román Camacho, quien no indicó el nombre del fallecido, pero sí lo hizo la alcaldesa del Municipio Libertador, Érika Farías, la cual informó que el occiso fue identificado como Gregory Amundaray, de 28 años, Ese fatal accidente pudo haberse evitado. En efecto, el portal Crónica Uno reportó: -Caracas. Los vecinos tenían al menos seis meses denunciando el mal estado de la pasarela peatonal que conecta Parque Central con San Agustín del sur. La mañana de este lunes, 4 de enero, se desplomó y un hombre falleció. También tres mujeres resultaron heridas.

Morir al explotar bombonas de gas Dos personas resultaron muertas como consecuencia de la explosión de 161 bombonas de gas doméstico Caño de los Becerros del Municipio Piar, Estado Monagas, el 28 de diciembre de 2020, y donde resultaron gravemente quemadas por lo menos 48 personas Así lo reseñó el portal Crónica Uno, quien indicó que el 1 de enero de 2021 falleció Laura Figuera, de 28 años, y el 4 del mismo mes la niña Xabielis Sofía Figuera Gil, hija de ésta, de 5 años.

La explosión también afecto cinco viviendas y sus enseres.

El Nacional dio cuentas de otras dos personas fallecidas.

-Este jueves 7 de enero –informó- falleció una cuarta víctima de la explosión de bombonas de gas que se registró en Monagas el pasado 28 de diciembre, donde resultaron lesionadas 47 personas.

Y añadió: -La víctima fue identificada como Juan Ramos, de 60 años de edad, quien se encontraba recluido en una clínica privada en Maturín, de acuerdo información publicada por la periodista Natacha Sánchez.

Otras tres personas, entre ellas dos menores de edad, han muerto como consecuencia de las heridas provocadas en el siniestro en el que explotaron 161 cilindros de gas en el caserío Caño de los Becerros del municipio Piar, estado Monagas.

La primera víctima fatal fue Laura Figuera, de 28 años de edad, quien murió el pasado 1ero de enero en el hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín.

El 4 de enero, la diputada María Hernández Del Castillo informó de la muerte de Xavielis Figuera, de 4 años de edad. Mientras que un día después se conoció del fallecimiento de Emilys Romero, de 11 años de edad.

La cuarta muerte de esa lamentable explosión, que pudo haberse evitado si las bombonas de gas hubieran estado en perfectas condiciones se produjo del jueves 7 de enero. El fallecido, según informo a TalCual Manuel Gerónimo Sifontes, de Cáritas, fue Juan Ramón Ramos.

El quinto deceso, ocurrido el 13 de enero. fue el del joven Melvis Chacón, según reportó el Diario La Verdad.

Ese día el diario El Nacional, con información de El Periódico de Monagas, reportó otra explosión de bombonas de gas en Maturín, que tuvo como víctimas a Carlos Espinoza, Adriana Figueroa y su pequeño hijo de 4 años.

Según esa fuente, “La familia se encontraba dentro de su vivienda cuando se produjo la explosión de las bombonas de gas, sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro”.

El Nacional añadió: -Vecinos presumen que el hecho ocurrió mientras Figueroa preparaba el desayuno.

Los heridos presentaron quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que fueron ingresados a las 8:00 am al área de trauma shock del hospital Manuel Núñez Tovar.

En la mañana del sábado 6 de febrero, según informó TalCual, murió la novena víctima de la explosión de 161 bombonas de gas doméstico en Piar, Estado Monagas, ocurrida el pasado 28 de diciembre de 2020.

Se trata de Rutselis Leonett, de 34 años de edad, presentaba quemaduras de tercer grado en varias partes del cuerpo y falleció de un paro respiratorio.

TalCual explicó además que con su muerte la familia Leonett suma tres pérdidas a causa del accidente.

-La primera víctima de la explosión de las bombonas –indicó- fue Emily de 13 años de edad, quien falleció el 5 de enero; luego murió Genderson de 4 años de edad el pasado 29 de enero, quien dejó de respirar mientras estaba hospitalizado en la unidad de quemados del Complejo Hospitalario Ruíz y Páez de Ciudad Bolívar. Rutselis Leonett era tía de los dos menores.

El 18 de febrero de 2021 TalCual, con información de El Impulso, reportó: -La mañana de este jueves 18 de febrero, se conoció el fallecimiento de Gisela Mendoza, una de las víctimas de la explosión por fuga de gas doméstico en la urbanización Antonio José de Sucre, ubicada en Barquisimeto Estado Lara; luego de permanecer varios días hospitalizada.

Vecinos del sector lamentaron la pérdida, de quien en vida, era muy querida por su comunidad.

Mendoza presentaba quemaduras de tercer grado y desde la explosión, sus vecinos y familiares solicitaron ayuda para conseguir los insumos médicos que requirió para su atención.

Este miércoles, en horas de la tarde se dio a conocer un audio donde la señora Mendoza agradecía a su comunidad por las atenciones recibidas. “No tenía la comprobación de cómo me aman, cuiden de mis hijos”.

Refirió TalCual que la explosión ocurrió el día 14 del mismo mes dentro de un apartamento ubicado en el bloque 23 de la urbanización, donde la señora Gisela Mendoza, de 66 años de edad, residía desde hace muchos años.

-El hecho se registró –precisó- en horas cercanas a las 7:00 am y el estruendo provocó alarma en los vecinos, quienes llamaron a los bomberos del Municipio Iribarren para que realizaran las labores de apagar el fuego.

Mientras que la señora Mendoza fue trasladada al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda.

El siniestro produjo el derrumbe de las paredes del mencionado apartamento y la pérdida total de los enseres, mientras que afectó a otro apartamento cercano. Estaba ubicado en la planta baja.

II. 16. Morir por suicidio El 4 de noviembre de 2019, en Radio Martí, Carolina Morales-Chataing escribió: -Ante la crisis humanitaria que vive Venezuela, mientras algunos deciden huir de la grave situación emigrando, otros se suicidan. Según la Organización Mundial de la Salud, Venezuela ocupa el primer lugar en las estadísticas de suicidios en América Latina.

Y agregó: -La crisis venezolana aumenta todos los días. Así lo reportan los medios de comunicación y distintas organizaciones no gubernamentales. La economía ha ido en picada, afectando al ciudadano en todas las áreas de su vida, incluyendo la salud mental.

En el siguiente fragmento indicó: -El Observatorio Venezolano de la Violencia reveló en un informe este año que antes de la llegada del chavismo en el año 1999, la tasa de suicidios era entre 4 y 5 personas por cada 100.000 mil habitantes. La estadística cambió con el aumento de la

crisis humanitaria que vive el país suramericano, especialmente a partir del año 2015, convirtiendo el suicidio en un fenómeno social.

Aymara Lorenzo entrevistó para Radio Martí a la psicóloga e investigadora en suicidios, Jocelyn Acosta, quien señaló que desde el 2015 los estudios que realiza muestran que la principal emoción reflejada en los venezolanos es la tristeza.

El empobrecimiento, el colapso de los servicios, el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de la seguridad social, la falta de trabajo y los pocos espacios de desarrollo generan, según la experta, incertidumbre y desesperanza que no contribuyen a la salud social ni mental de la población. Según la OMS la tasa mundial de suicidios es de 16 por cada 100 mil habitantes. Por el contrario, la media de suicidios en Venezuela este año es de 28 por cada 100 mil habitantes.

Después señaló: .La psicóloga afirma que la combinación del sentimiento de tristeza más la situación de recesión económica que vive el país provoca el alza de dos indicadores: la migración y el suicidio. En otras palabras, algunas personas, al tener una mezcla de tristeza o depresión y recesión económica pueden tomar dos decisiones: huir del país o quitarse la vida.

A pesar de estas alarmantes cifras sobre el aumento del suicidio en el país, el régimen de Nicolás Maduro no se pronuncia al respecto. Desde el año 2014, los anuarios de mortalidad en Venezuela dejaron de salir a la luz pública. Y en 2012 fue publicado el último informe del Instituto Nacional de Estadística en materia de suicidios.

Según Acosta, el gobierno conoce la situación y por eso impide que en las actas de defunción figure el suicidio como una causa de muerte.

Sobre ese tema expansion.com/ Datosmacro.com señaló: -Los últimos datos publicados indican que a lo largo de 2015 se registraron 924 suicidios en Venezuela. En este último año se quitaron la vida 4 personas más que en 2014. Así pues, de media, cada día se producen aproximadamente 3 suicidios en Venezuela.

Luego precisó: -De los 924 suicidios que se produjeron en 2015, 762 fueron suicidios de hombres y 162 de mujeres. Así pues, se suicidan 5,1 hombres de cada 100.000 y 1,07 mujeres de cada 100.000 Hay una gran diferencia entre la tasa de suicidios masculina y la femenina.

Esta fuente documental publicó el siguiente cuadro anticronológico sobre el tema: Fecha Suicidios mujeres Suicidios hombres Totales 2015 162 762 924 2014 160 760 920 2013 146 651 797 2012 168 757 925 2011 154 786 940 2010 194 803 997 2009 207 833 1.040 2008 205 987 1.192 2007 212 1.004 1.216 2006 212 1.142 1.354

2005 2004 2003 2002 2001 2000

239 254 266 306 256 220

1.244 1.350 1.552 1.626 1.769 1.688

1.483 1.604 1.818 1.932 2.025 1.908

El 1 de julio de 2020 Florantonia Singer, del diario El País, España, reportó: -En los últimos cinco años los suicidios han aumentado exponencialmente: entre 2015 y 2018 el incremento fue del 155%.

En la misma fecha Yohana Marra, del portal Crónica Uno, escribió: -Caracas. Desde el 1º de enero hasta el 29 de junio se registraron 94 suicidios en Venezuela, según una investigación del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). A partir del mes de marzo, cuando inició el confinamiento por la pandemia de COVID-19, se observó un incremento significativo.

Y agregó: -En enero se reportaron siete, en febrero y marzo 10. A partir de marzo aumentaron los registros: en abril hubo 14, en mayo 36 y hasta el 29 de junio se detallaron 17.

En cuanto al suicidio infantil, el 21 de mayo de 2020 la periodista Mariel Lozada, del portal Efecto Cocuyo reseñó: -Desde 2014, cada año más niños se quitan la vida en Venezuela. Tan solo en ese primer año la ONG Cecodap, que trabaja por la defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia nacional, registró 11 suicidios. El pasado 2019, la cifra llegó a 88.

El 10 de marzo de 2021 Georgette Sahhar, de El Diario, en el reportaje “Suicidio infantil, una realidad en Venezuela ignorada por las políticas públicas”, apuntó: -Un informe de Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reveló que en 2019 se registraron 88 casos de suicidio en niños y adolescentes.

Durante el primer semestre de 2020 obtuvieron el reporte de 19 Las políticas públicas empleadas en el país por el régimen de Nicolás Maduro no han priorizado el tema de la salud mental. De acuerdo con los estudios realizados por la organización defensora de los derechos de la niñez Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en Venezuela los suicidios en la población infantil han ido en alza en los últimos años.

Luego señaló: -Este 9 de marzo de 2021, Cecodap presentó el informe denominado “El suicidio infantil: un problema olvidado en medios de comunicación y políticas públicas de Venezuela”, el cual aborda el tema sobre la salud mental en la infancia y adolescencia.

“El informe lo que busca es dignificar la salud mental como un derecho humano fundamental. Sobre todo poder visibilizar el impacto de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa el país, agravada por el contexto de pandemia, en la salud mental de los niños”, precisó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.

La

periodista añadió: -En el estudio realizado por el observatorio se determinó que solo entre enero y junio de 2020, 19 niños, niñas y adolescentes (NNA) sufrieron muertes autoinfligidas.

En 2019, Cecodap obtuvo reportes sobre 88 casos de suicidios de NNA. Estas son todas las cifras que se revelaron en el informe: 2014: 11 casos de suicidio infantil.

2015: 14 casos de suicidio infantil.

2016: 17 casos de suicidio infantil.

2017: 34 casos de suicidio infantil Por su parte, el OVV señala que la crisis venezolana se ha hecho angustiosa para muchos y ha llevado a que se incrementen los actos suicidas asociados comúnmente a cuadros en los que se reporta depresión y ansiedad.

-El suicidio en Venezuela, - indicó- además de ser un problema de salud pública, puede considerarse también como un fenómeno de carácter social (…) la precarización de las condiciones de vida no solo ha incrementado la violencia directa y estructural, sino también la violencia de los individuos hacia ellos mismos”, indica la organización en el informe.

El 1 de julio de 2020 TalCual reportó: -Los suicidios se han incrementado en Venezuela, así como ha aumentado la pobreza, la inflación y el hambre en los últimos cinco años, según el informe presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que ha contabilizado 94 casos en lo que va de año.

Luego indicó: -El total de suicidios aumentó en 153% entre 2015 y 2018, aseguró Gustavo Páez, profesor de la Universidad de Los Andes, quien mencionó como causas relacionadas con estos hechos el «agravamiento de la crisis», caracterizado por el

crecimiento de la población que vive en miseria, el aumento de los precios y de la inseguridad alimentaria.

En el país nunca se habían registrado tasas como las que hemos visto en los últimos años. Jamás se habían registrado tasas tan elevadas como las que hemos visto desde 2015, dijo durante una conferencia.

Asimismo, indicó que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Venezuela se registraron 1.143 suicidios en 2015 mientras que la cifra estuvo «cercana» a los 2.900 en 2018.

TalCual apuntó luego: -Páez señaló que la tasa histórica de suicidios de Venezuela entre 1950 y 2014 arroja un promedio de 4,4 casos por cada 100.000 ciudadanos. Sin embargo, el OVV estima que esta indicador pasó de 2,1 en 2010 a 9,7 en 2018.

En términos relativos, entre 2010 y 2015 estimamos que (el suicidio) se incrementó en 81 % (…) entretanto, entre 2015 y 2018 el aumento fue mayor, alrededor de 155%», sostuvo.

El informe develó que el número de hombres suicidas es cuatro veces mayor que el de las mujeres, que el principal modo de acabar con la vida en el país es el ahorcamiento, seguido por el envenenamiento, y que en más de la mitad de los casos están presentes diferentes trastornos mentales.

Por otro lado, el director del referido Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, indicó que en 2016 la organización empezó “a notar un ascenso en los suicidios”, y en 2017 pudieron percibir que esto “no correspondía a unas patologías individuales” sino que “parecían vinculados a un contexto social”, en alusión a la crisis económica que atraviesa el país.

En el mismo medio, pero el 7 de mayo de 2019, Briceño León había declarado que Venezuela tiene la tasa más alta de suicidios del continente americano y que los venezolanos se quitan la vida por depresión, pérdida de empleo y enfermedades terminales.

“Antes del chavismo, el suicidio representaba entre 4 y 5 personas por cada 100.000 habitantes. Pese a la bonanza petrolera aumentó entre 8 y 9 suicidios pero a partir del 2015 los suicidios se dispararon a una media de 19 personas” explicó el sociólogo durante una entrevista al diario ABC de España.

Señaló también que la crisis económica del país ha incrementado el problema durante los últimos años, lo cual ha propiciado que muchas personas caigan en cuadros de depresión, primera causa de suicidios en Venezuela.

-En general por depresión. La severa crisis ha empujado a los venezolanos a suicidarse. Unos deciden que se van del país y otros deciden que se van a quitar la vida. La pérdida de empleo figura como segunda causa de suicidio… las personas caen en desesperación al no poder llevar comida a la casa. Unos van a comer en la basura y otros a matarse. Por otra parte, la tercera causa guarda relación con las enfermedades crónicas y la escasez de medicamentos para combatirlas. Prefieren inmolarse o recurrir a la eutanasia para no ser una carga económica para sus familiares.

El 30 de junio de 2020 el Observatorio Venezolano de Violencia dio a conocer un informe en el cual reveló que los suicidios en Venezuela aumentaron un 81% debido

a la crisis provocada por el chavismo gobernante. Igualmente señaló que el número de hombres suicidas es cuatro veces mayor que el de las mujeres.

[Al momento de la presentación el OVV había contabilizado 94 nuevos casos en el primer semestre de 2020]

Según el informe, los suicidios se han incrementado en Venezuela en medio del aumento de la pobreza, la inflación y el hambre del último quinquenio producida por el chavismo.

Entre 2015 y 2018 los casos de suicidio aumentaron en 153% explicó el investigador Gustavo Páez, quien mencionó como causas relacionadas con estos hechos el «agravamiento de la crisis», caracterizado por el crecimiento de la población que vive en miseria, el aumento de los precios y de la inseguridad alimentaria.

-En el país –afirmó- nunca se habían registrado tasas como las que hemos visto en los últimos años. En los 80 años de registro de estadística, jamás se habían registrado tasas tan elevadas como las que hemos visto desde 2015», dijo durante una conferencia telemática.

Asimismo refirió que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e registró 1.143 suicidios en 2015 mientras que la cifra estuvo “cercana” a los 2.900 en 2018.

Igualmente apuntó que la tasa histórica de suicidios de Venezuela entre 1950 y 2014 arroja un promedio de 4,4 casos por cada 100.000 ciudadanos. Sin embargo, el OVV estima que esta indicador pasó de 2,1 en 2010 a 9,7 en 2018.

-En términos relativos, -precisó- entre 2010 y 2015 estimamos que el suicidio)se incrementó en un 81 % (…) entretanto, entre 2015 y 2018 el aumento fue mayor, alrededor del 155 %.

Por otro lado, el director de esa ONG, Roberto León Briceño, indicó que en 2016 la organización empezó “a notar un ascenso en los suicidios”, y en 2017 pudieron percibir que esto no correspondía a unas patologías individuales sino que parecían vinculados a un contexto social, en alusión a la crisis económica que atraviesa el país.

Fuente PANAM POST

Morir en la cárcel En una cárcel el preso puede morir de hambre, por carencia de atención médica como lo prescribe el ordenamiento jurídico, por tortura, por el uso letal de la fuerza para dominar los motines que tienen diversos orígenes, etc.

En 2020, solamente en el Centro Penitenciario de Tocuyito, Estado Carabobo, el Observatorio Venezolano de Prisiones reveló la muerte, por hambre y tuberculosis, de más de 37 presidiarios.

Cabe señalar que a raíz de un motín por alimentos efectuado en esa institución el 1 de enero de 2021 el portavoz de los presos acusó a un inspector que acababa de

llegar al penal de haber prohibido que les permitieran a sus familiares pasarles comida, según reseñó el periodista Manuel Tomillo C., del portal Efecto Cocuyo.

Por otro lado, el 6 de enero de 2021, según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones los presos del Centro Penitenciario David Viloria, ubicado en Barquisimeto, Estado Lara Lara, provocaron un motín en el que falleció el recluso identificado como Robert Amaro.

Esa trifulca habría ocurrido por un cambio de poder de los bandos que lideran el penal. Se les conoce como pranes, y con muchos de ellos aparece retratada la exministra de Servicios Penitenciarios Iris Varela.

En una de esas fotografías aparece abrazada sobre una cama con Teófilo Rodríguez Cazorla, mejor conocido como “El Conejo”, un criminal que lideró el cartel llamado “Tren del Pacífico”, asesinado el 24 de enero de 2016 al salir de la discoteca Yards, situada en el centro de Porlamar, Estado Nueva Esparta, custodiado por cuatro guardaespaldas.

Fue interceptado por sus asesinos quienes dispararon sobre su cuerpo más de setenta balazos, cinco de ellos en el abdomen y el cuello.

En otra, se le ve abrazada con el pran El Wilmito, apodo de Wilmer José Brizuela Vera, a quien ésta el 18 de diciembre del 2016, le otorgó un beneficio de Régimen de Confianza Tutelado.

Todas esas informaciones fueron divulgadas en su momento por los medios El Político, El Estímulo y Crónica Uno, entre muchos otros.

En los centros de detención policial, que deberían ser temporales. pero en la práctica se han convertido en cárceles, como los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, se cuentan por centenares los reclusos que han muerto por tortura, hambre y enfermedades como la malaria y la tuberculosis.

El 24 de mayo de 2019, según registros periodísticos de BBC News Mundo y otros medios, con información del secretario de Seguridad Ciudadana del Estado

Portuguesa, Óscar Valero, fallecieron en un intento de fuga y una riña entre bandos rivales 29 detenidos del Complejo Policial José Antonio Páez, sito en Acarigua.

Ese centro, para esa fecha, albergaba 355 reos.

Los reclusos detonaron tres granadas de mano.

El 2 de mayo, pero de 2020, BBC News Mundo y otros medios, con información de Beatriz Girón, directora de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones a la agencia Reuters, decenas de reclusos fallecieron durante el sangriento altercado que tuvo como escenario el Centro Penitenciario de Los Llanos, sito en la ciudad occidental de Guanare.

Las autoridades describieron el suceso como un "intento de fuga", pero otras fuentes refutaron esa versión y apuntaron a problemas en la entrega de alimentos del exterior.

-Es como difícil creer –explicó la vocera del OPV que a la 1 de la tarde, a plena luz del día, se vayan a escapar los presos por la puerta principal.

BBC News Mundo añadió: -El gobierno no proporcionó un balance de víctimas, si bien medios locales y agencias internacionales de noticias sitúan la cifra de muertos en al menos 46.

El número de heridos varía según la fuente, entre al menos 50 y 75.

Un funcionario del penal citado por la Agencia EFE de forma anónima advirtió que la cifra de muertos "irá subiendo", porque el estado de algunos lesionados es de "extrema gravedad".

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, Los Llanos tiene una capacidad instalada para 750 reclusos, pero actualmente dentro de las instalaciones sobreviven unos 2.500 reos.

Durante la refriega, los reos usaron armas de fuego y blancas, así como objetos punzantes y una granada.

Su director, Carlos Toro, fue apuñalado en la espalda y en la región occipital, informó EFE, agregando que “Entre los heridos, además, también se encuentra la teniente de la Guardia Nacional Bolivariana Escarlet González, quien fue alcanzada por esquirlas de granada”.

La versión oficial de estos hechos sangrientos fue puesta en duda por diversas ONG y la diputada por el Estado Portuguesa María Beatriz Martínez, que consideraron lo ocurrido una "masacre".

EFE explicó igualmente: -Se estableció una modalidad de que los familiares entregaban la comida en la entrada de la cárcel y los funcionarios posteriormente debían entregarla a los reclusos, pero aparentemente estos alimentos no llegaban a la población penal, por lo que decidieron iniciar el reclamo", señaló la directa de la OPV en un comunicado.

"La información relacionada con la masacre sigue siendo de opacidad", denunció por su parte la parlamentaria María Beatriz Martínez, en Twitter.

"Se pretende hacer ver como una fuga frustrada, aunque todo indica que es el resultado de un motín por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad".

El 28 de marzo de 2018 murieron 68 personas recluidas en los calabozos de la Policía del Estado Carabobo.

Uno de los tantos medios que se hizo del sangriento suceso, El País, de España, con información de Miguel Gutiérrez, de la agencia EFE, reseñó: -Al menos 68 muertos, 10 de ellos mujeres, sería el saldo de un incendio tras un motín carcelario que tuvo lugar en los calabozos de la policía regional del Estado Carabobo, ubicada en la ciudad de Valencia, a dos horas de Caracas, en la región central del país.

Y agregó: -Según los expertos en el tema carcelario, se trata de uno de los accidentes más graves de la historia penal del país. Concretamente, el segundo, después del incendio de la cárcel de Sabaneta, también tras un motín hace más de 20 años Por su parte, Carlos García Rawlins, de la agencia Reuters, reportó: -El calabozo de PoliCarabobo, la comandancia de la policía regional, como todos los centros carcelarios del país, presenta niveles importantes de hacinamiento. El motín se produjo durante el día de visitas conyugales.

Según las informaciones, los reos habrían atrapado a uno de los soldados de vigilancia, e intentaron tomarlo como rehén, hiriéndole con una navaja.

Uno de los cabecillas de la rebelión exigió ciertas condiciones a las autoridades como requisito para liberarlo, amenazando a la custodia con una granada. Como las autoridades no respondían a sus planteamientos, los reos comenzaron a quemar colchones para agravar la protesta.

Un análisis del corresponsal en Venezuela de BBC News Mundo reveló: -Las matanzas se repiten con alarmante frecuencia en las cárceles venezolanas.

La del penal de Guanare se suma a lo ocurrido en mayo 2019 en Acarigua, donde murieron al menos 48 personas, entre presos y policías, y a los 66 que murieron en el incendio de un centro de detención de Valencia en marzo de 2018.

Han sido solo los últimos episodios.

Asociaciones pro derechos humanos y familiares de los presos llevan años denunciando el hacinamiento y las malas condiciones de vida e higiene en los centros penitenciarios.

Como ocurre en otros países de América Latina, hay también denuncias de que las bandas criminales son las que tienen el verdadero control de las cárceles ante la negligencia del Estado.

El 17 de diciembre de 2020 la Web dio a conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Venezuela por la muerte de siete reclusos durante una operación militar en una prisión en 2003, y ordenó reparaciones a los deudos, según una sentencia divulgada en la referida fecha.

Ese tribunal consideró que, "las muertes ocasionadas durante el operativo del 10 de noviembre de 2003" en la cárcel de Vista Hermosa, Estado Bolívar, "al ser consecuencia del empleo de la fuerza excesiva y desproporcionada, configuraron privaciones arbitrarias de la vida".

Sobre esos hechos mortales, ocurridos el 10 de noviembre de 2003 en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, Wikipedia, la enciclopedia libre, registró que efectivos de la Guardia Nacional dispararon contra la población carcelaria ocasionando la muerte de siete reclusos e hiriendo a más de cincuenta personas, incluidos custodios del penal.

Respecto a esa masacre hubo dos versiones:

-La primera fue un supuesto motín que se produjo luego de que los detenidos disparan contra el comando de la GNB que estaba a las afueras de la cárcel. Cuando los uniformados entraron al internado, fueron atacados a tiros por los reos. En respuesta, los efectivos lanzaron gases lacrimógenos para hacer salir a los reclusos de los lugares remotos a donde se habían replegado y los enfrentaron a balazos. La segunda versión es que durante la mañana de ese 10 de noviembre, los prisioneros esperaban el conteo diario cuando los militares ingresaron disparando. Posteriormente, llevaron a los internos al campo de béisbol del recinto para golpearlos con peinillas y tubos. A siete de ellos, que habían iniciado una huelga de hambre días atrás y habían logrado mejoras para los presos, los llamaron aparte y los ejecutaron.

En otra parte del registro la fuente precisó: -Aunque originalmente las autoridades explicaron los sucesos como resultado de una riña, versiones posteriores del Observatorio Venezolano de Prisiones y de los mismos reclusos apuntan a la responsabilidad de funcionarios de la GN destacados para la custodia de la prisión, con complicidad de los vigilantes internos.

Según los testimonios recogidos por la ONG, agentes de la GN buscaron a las víctimas y los ejecutaron, para luego golpear a los otros reclusos presentes durante los hechos.

Wikipedia, la enciclopedia libre, registra sobre la Masacre en el I.J. de Bolívar “Vista Hermosa”: -Los reclusos del penal escribieron una carta relatando los hechos ocurridos el 10.11.03 e hicieron llegar la misiva a los representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones. En la misma se detalla que funcionarios de la GN, junto con custodios del penal, entraron en las instalaciones disparando con ametralladoras, FAL y revólveres.

Los reclusos buscaron refugio, pero fueron sacados violentamente hasta el área de deporte, los obligaron a desnudarse y colocarse contra la pared, para luego golpearlos con peinillas, bates, tubos y escopetas.

Según el OVP, el 80% de los internos del Internado de Vista Hermosa presentaron hematomas, escoriaciones y heridas de armas de fuego y armas blancas, después de los sucesos del 10.11.03. Según fuentes periodísticas, las autopsias practicadas a los cadáveres exhumados por orden del tribunal encargado del caso, habrían aportado elementos que corroboran la hipótesis de la ejecución, de acuerdo con el tipo de heridas presentadas. Posteriormente, se denunciaron traslados irregulares de reclusos que habían presenciado los homicidios, hostigamientos a la población del penal e intentos de influir en los testigos para que cambiaran su versión de los hechos.

El 8 de diciembre de 2007 Noticias24 reportó: -El Ministro Pedro Carreño acaba de confirmar que, en la cárcel de Santa Ana (Táchira) se ha producido un motín dirigido por un grupo de paramilitares que se encontraban allí presos con un saldo de 15 muertos y múltiples heridos hasta la fecha.

El intento de toma del control del penal, por parte de esos paramilitares, se ha producido durante las horas de visita Masacre en Santa Ana. Tres días después, en TalCual, Marino J. González R. escribió: -En las cárceles lo que existe es una Política de Exterminio. Dieciocho reclusos muertos y otros doce resultaron heridos de bala, producto de un enfrentamiento

registrado en el Centro Penitenciario de Occidente, Santa Ana, Estado Táchira, cuando dos grupos armados se enfrentaron en el penal.

Seguidamente señaló: -El enfrentamiento se produjo, aproximadamente, a las 2:45 de la tarde del pasado sábado, cuando en el penal se encontraban más de 100 personas visitando a sus parientes; muchos de ellos se despedían de familiares y amigos presos, porque restaban 15 minutos para que el tiempo de visita culminara.

El 25 de enero de 2021 la periodista Orianny Granado, de TalCual, recordó que los centros de detención preventiva están diseñados para que los privados de libertad no pasen un período mayor a 72 horas, sin embargo, en Venezuela se han vuelto los suplentes de las cárceles, lo que ha generado hacinamiento, y lugares propicios para las enfermedades.

En dos meses murieron 77 privados de libertad en centros de detención del Estado Zulia Luego refirió: -Este 25 de enero la organización Una Ventana a la Libertad, publicó su informe sobre las condiciones de salud en la que se encuentran los privados de libertad recluidos en los centros de detención preventiva ubicados en Distrito Capital y los estados Vargas, Miranda, Nueva Esparta y Zulia.

Por otro lado su coordinador general, Carlos Nieto Palma, explicó: -Los centros de detención preventiva son lugares que no cuentan con espacios adecuados, baños, agua potable, presupuesto para alimentación, consultorios médicos, ni transporte, por lo tanto, el hacinamiento hace estragos y acelera las enfermedades virales e infectocontagiosas.

El documento indicó además que entre mayo y octubre de 2020 los privados de libertad de centros de detención preventiva de Distrito Capital, Miranda y Vargas padecían deterioro progresivo de garantías para el derecho a la salud.

Luego la periodista precisó: -En el Estado Zulia es donde se vive la situación más alarmante, de acuerdo con este informe entre octubre y noviembre del 2020 murieron al menos 77 privados de libertad, todas víctimas de enfermedades que no fueron tratadas por el Estado, encargado de velar por la salud de estas personas que se encuentran bajo su custodia.

En 48 de los casos la causa de la muerte fue por tuberculosis, seis por desnutrición, dos por complicaciones acarreadas tras ser diagnosticados con VIH y al no recibir tratamiento entraron en su fase aguda de la enfermedad que es el SIDA, a esto se le suman dos muertes por coronavirus y 19 por distintas causas, todas relacionadas con problemas de salud, entre los que se presentaron, infartos y paros respiratorios.

Igualmente Nieto Palma explicó que el total de víctimas de la falta de atención médica dentro de los calabozos policiales podría ser aún mayor, esto “debido a que los

familiares de los detenidos ya no pueden acudir a las visitas, por ende, estos no reciben alimentos ni medicinas.

Asimismo aseveró que en ese estado existen 29 centros de detención preventiva, con una capacidad para albergar a 980 hombres y mujeres por un lapso no mayor a 72 horas, sin embargo, esto no se cumple, y los ha vuelto escenarios propicios para el hacinamiento, que se elevó a 460,41% en noviembre de 2020 cuando albergaban 4.512 reclusos.

En los 26 centros de detención preventiva ubicados en el Distrito Capital el documento reveló entre otras cosas, que 171 internos padecen de desnutrición severa, 150 tienen tuberculosis y uno está contagiado de VIH. Del mismo modo Una Ventana a la Libertad lamentó la inexistencia de cifras oficiales sobre casos de covid-19 y otras enfermedades como diabetes, escabiosis, abscesos cutáneos y que a la luz de esta dramática situación exista “un mercado negro” de medicamentos para la tuberculosis.

-Entre mayo y octubre de 2020 –especificó- , tres privados de libertad recluidos en comisarías policiales de Distrito Capital murieron de tuberculosis y uno murió electrocutado al intentar enchufar una cocina eléctrica. Los tres hombres que tenían tuberculosis también estaban desnutridos y uno de ellos presentó signos de haber sido golpeado.

Esos depósitos humanos tenían en noviembre de 2020 unos 3.072 privados de libertad, con un 304% de hacinamiento.

Según la referida ONG, entre los meses de mayo y octubre de 2020, ocho privados de libertad murieron por causas relacionadas a tuberculosis, covid-19 y problemas coronarios en retenes policiales del Estado Miranda con capacidad para albergar 961 recluso, pero que en noviembre de ese mes tenía 1.728 presos [120% de hacinamiento.

“Para colmo los privados de libertad deben dormir unos encima de otros y conviven con las heces fecales y la orina que producen a diario”, destacó el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de la misma, quien igualmente reveló el 1 de febrero de 2021 que la población reclusa de Guárico y de Venezuela toda no reciben buena alimentación porque no se le presta atención.

Un reporte de Radio Fe y Alegría indicó, según lo informado por Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, que en las primeras semanas de ese año se habían registrado al menos siete fallecimientos de privados de libertad en la Cárcel 26 de Julio ubicada en San Juan de los Morros, Estado Guárico, principalmente por causas de tuberculosis y desnutrición severa.

La fuente explicó igualmente que lo que ocurre en ese centro de reclusión es un reflejo de lo que ocurre en otros lugares similares en todo el país, y detalló que “Entre el 25 y 27 de enero fallecieron por tuberculosis en la cárcel guariqueña Julio César Jiménez Puerta, de 34 años y Pablo Antonio Perdomo Medina, de 44 años de edad.

-De acuerdo a fuentes anónimas que acudieron a Una Ventana a la Libertad, -precisó- otros tres reclusos sin identificar murieron la semana anterior.

Por otro lado apuntó, con datos de Radio Fe y Alegría, que los dos primeros reos fallecidos en 2021 quedaron identificados como Delfín Mena Requena, quien cumplía una condena por homicidio, el pasado 3 de enero, producto de una desnutrición y falla multiorgánica y Jesús Alberto Rondón el 7 de enero, luego de ser

trasladado e ingresado con desnutrición y diarrea al hospital Israel Ranuárez Balza de San Juan de los Morros.

Carlos Nieto Palma manifestó que la población reclusa en Venezuela no está recibiendo buena alimentación porque, según su opinión, no se le está prestando atención debida. En ese sentido, recordó que es el Estado el responsable de la comida y la salud de los presos.

También el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones del año 2019 presentado en julio de 2020 reveló un aumento de muertes en presos por temas de salud y desnutrición, situación que se agravó durante seis meses de cuarentena por el Covid-19.

“Las muertes por desnutrición y tuberculosis han tenido un repunte muy alto durante los meses de cuarentena. Los hechos violentos han bajado, pero las muertes por estas dos causas son importantes”, aseveró Carolina Girón, su directora, a los medios digitales.

Una información publicada en la Web por insightcrime.org dio cuenta de que entre marzo y agosto de 2020, murieron 287 presos en centros penitenciarios y celdas de retención de la policía.

La nómina de muertes de reclusos por razones de salud y desnutrición en los recintos carcelarios es abrumadora, a pesar de que esos dos derechos están garantizados en el Código Orgánico Penitenciario [2015].

II. 19. Morir en una protesta por gas doméstico El 26 de julio de 2019 el periodista Lenin Danieri, desde su cuenta en Twiter, reportó el fallecimiento de Leida Díaz Durán y Carmen García mientras protestaban en la avenida Ali Primera con Sucre, de Coro, Estado Falcón.

Por insólito que parezca, no fueron balas disparadas por los cuerpos represivos de la narcodictador o agresiones de los colectivos del terror quienes privaron sus vidas a las víctimas que hacían uso pacíficamente del derecho constitucional de la protesta, sino un camión 350 que pasó por el sitio, cuyo conductor no identificado sufrió un ataque al corazón y perdió el control del vehículo, según explicó en la misma red social Vanessa C. Moreno L.@MoreLosadaV, quien señaló que también hubo dos personas heridas.

II. 20 . Morir en el mar Los naufragos de Güiria, Estado Sucre, se iban a reencontrar con sus familiares en el vecino Trinidad y Tobago por ser época navideña pero el mar Caribe se los tragó, devolviéndoles poco a poco a las playas de esa localidad capital del Municipio Valdez.

Viajaban en el peñero "Mi recuerdo", que había zarpado el 6 de diciembre de 2020.

El fiscal general de la narcodictadura, Tarek William Saab, informó sobre 33 víctimas.

Las investigaciones posteriores al accidente han permitido encontrar, hasta el 22 de diciembre, según informó TalCual, a 34 personas: 25 adultos, un adolescente y siete niños. De acuerdo con la misiva, difundida por el periodista Eligio Rojas, todos los cuerpos han sido debidamente identificados y entregados a sus familiares.

Por otro lado, los güireños rechazaron indignados la presencia en el lugar del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, a quien tildaron de ladrón, y lo obligaron a retirarse. Había sido comisionado para suministrar a los familiares de las víctimas ayuda social.

Pero el presidente interino, Juan Guaidó, emitió un decreto declarando tres días de duelo nacional desde el día 14 de diciembre de 2020, por el lamentable fallecimiento de los venezolanos que perdieron su vida persiguiendo mejores condiciones para ellos y sus familiares.

Güiria fue una ciudad próspera hasta la llegada al poder del teniente coronel [r] Hugo Chávez y su peste del socialismo del siglo XXI que arruinó al pais y la presencia trinitaria dejó sus huellas en la culinaria, dulcería y la raza. Tenía aeropuerto, como Carúpano, ambos inactivos.

Esa terrible realidad ha obligado a muchos gúireños a emigrar en condiciones precarias a Trinidad y Tobago para encontrar allí el trabajo que les garantice sustento familiar que la narcodictadura les niega.

En un reportaje publicado en el diario español El País el 22 de diciembre de 2020 su autora, Florantonia Singer, señaló: Desde 2019 se han registrado 114 desaparecidos de cinco embarcaciones que salieron desde las costas de Sucre y Nueva Esparta, en el noreste de Venezuela, y Falcón, en el noroeste, según Johnny Romero, portavoz de una organización que agrupa a los familiares de las víctimas. En esos casos, no se recuperaron tantos cuerpos y los desaparecidos venían de distintas zonas del país. Sus parientes denuncian redes de trata que supuestamente operan en complicidad con funcionarios.

En este último naufragio, todos los que viajaban eran de Güiria, con familias establecidas en Trinidad y Tobago. “Estamos muy tristes por lo que pasó y porque nos sentimos sin apoyo. Lo que hace Trinidad es un acoso”, dice Anyelith Sanvicente, que aún espera que aparezca vivo un primo suyo que se encuentra entre los viajeros desaparecidos.

Hay otras maneras de morir en el mar.

El 9 de mayo de 2020 Amy Torres, del diario El Universal, reportó: -Este viernes el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) daba cuenta de olas de hasta dos metros de altura. No obstante, ni siquiera eso impidió que algunos bañistas se metieran a las playas. Es el caso de un grupo de

jóvenes que fue multado por desafiar las olas en cuarentena en Playa Surfista, Mare Abajo, parroquia Carlos Soublette; y otro más que fue desalojado de la Bahía los Niños, en Caraballeda.

Torres agregó: -Quienes no corrieron con la misma suerte fueron Ruth María Herrrera Hernández, de 39 años; y Alexis Williams Martínez Cisneros, de 57 años, que fueron arrastrados por el fuerte oleaje que acabó con sus vidas en una playa adyacente a la Planta de Tacoa, en Arrecife, Catia la Mar. Un reporte de mercurioweb informó: -Lechería- Este domingo 3 de enero {2021], un joven de 15 años falleció en la Playa Los Canales de Lechería debido al fuerte oleaje que ha presentado la costa en los últimos días.

La víctima identificada como Víctor David Rojas Misel, quien falleció alrededor del mediodía en la playa Los Canales y fue confirmada su muerte por funcionarios de Protección Civil Urbaneja y bomberos. A la 1:00 p.m., las autoridades de Protección Civil (PC) Lechería, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la policía del municipio comenzaron las labores de la recuperación del cuerpo sin vida. Según el reporte de novedades, estaba a escasos metros de la orilla.

El 31 de enero de 2021 un mar de leva privó de la vida en Puerto Cabello, Estado Carabobo, de los jóvenes Alejandro José Hernández y Miguel Parra y sus cuerpos fueron recuperados por el servicio de Protección Civil de dicha entidad.

La información fue suministrada el 5 de febrero por Libany Daniels, del diario 2001, con información de El Carabobeño.

El 3 de mayo de 2020 El Nacional, entre otros medios, reseñó otra presunta Operación Gedeón desplegada en las playas de Macuto, Estado Vargas, por efectivos de la temible Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional para supuestamente neutralizar una presunta “invasión de mercenarios terroristas” en la entidad.

Llegaron en la madrugada cuando los pescadores dormían cuidando las lanchas, Un informante anónimo citado por el diario señaló al respecto: -Según la gente, dicen que fue un simulacro. A los pescadores que se encontraban durmiendo en el muelle mientras cuidaban las lanchas, dijo, los mandaron a tirarse al piso con las manos en la espalda. Después de eso comenzaron a lanzar tiros como locos. Nosotros no tuvimos nada que hacer, íbamos a lanzarnos para el agua y lanzaron tiros hasta en el agua”, contó en un video difundido en las redes sociales.

La fuente agregó: -Ante el pánico que generó la acción, mencionó que los pescadores de la zona huyeron a resguardarse a casa de un compañero. La FAES recogía balas por todos lados El Nacional señaló en otra parte del reporte: -Esta mañana Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, informó que un grupo de mercenarios intentó una invasión por vía marítima por las costas de Vargas.

Señaló que los terroristas intentaron ingresar en lanchas rápidas por las costas de la entidad, pero fueron detenidos a tiempo. Esto, gracias a la «acción oportuna y rápida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana».

En ese momento habló de muertos y detenidos, sin embargo, no precisó el número de personas.

Minutos después se conoció de manera extraoficial que en el operativo murieron ocho personas y dos resultaron detenidas. Entre los fallecidos se encuentra el capitán Robert Colina, alias Pantera, ex jefe de seguridad del ex ministro Andrés Izarra.

Esta información fue confirmada alrededor de las 11:00 am por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cabello afirmó que la acción fue financiada por Estados Unidos, Colombia y el narcotráfico.

El día siguiente la periodista Naky Soto Parra, del portal Cinco8, se refirió a ese evento, que calificó de supuesta invasión de la bahía de Macuto, en los siguientes términos: -Con la insólita historia, se intentó desviar la atención de la crisis, de la pandemia y de los terroríficos eventos de Guanare y Petare, y además incriminar a la oposición Las imágenes que distribuyó el régimen de Maduro muestran documentos y equipo decomisado a los supuestos invasores.

Y agregó: -El domingo comenzó con la declaración del ministro de Interior, Néstor Reverol, explicando que durante la madrugada frustraron un intento de invasión de “un grupo de mercenarios procedentes de Colombia (…) Algunos fueron abatidos y otros capturados”, dijo, y además incautaron unos fusiles de asalto. Supuestamente llegaron hasta Vargas en lanchas rápidas, a pesar de que Venezuela y Colombia comparten 2.150 kilómetros de frontera terrestre y otros tantos de costa. Reverol afirmó que vinieron a “cometer actos terroristas en el país, asesinato de líderes revolucionarios, incrementar el espiral de violencia, generar caos y confusión en la población, y con ello derivar de un nuevo intento de golpe de Estado”. Sin una investigación, adelantó esta tesis: “Pareciera que los ensayos frustrados imperiales para derrocar al gobierno (…) los ha arrastrado a formular acciones desmedidas”.

[Reverol posterormente fue relegado de esa cartera ministerial y colocado en la de Electricidad]

En otra segmento del texto periodístico expresó: -Diosdado Cabello dio el primer saldo de la invasión: ocho personas fallecidas y dos detenidos, dijo antes de responsabilizar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al de Colombia, Iván Duque, y a la DEA, de orquestar un intento de golpe de Estado. Nombró al capitán del Ejército Robert Colina (alias Pantera) y aseguró que trabajaba para Clíver Alcalá Cordones. También añadió que uno de los detenidos es agente de la DEA. Más tarde apareció Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, y anunció una nueva fase de los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020, rechazó la incursión marítima en Macuto, leyó un comunicado a nombre de la FFAA y reiteró que la incursión fue ordenada por EEUU y organizada en Colombia.

Añadió que, por su parte, “Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la ANC, informó la designación de los fiscales 73 y 74 con competencia plena para investigar la supuesta incursión naval en Macuto, y avisó que los detenidos están a la orden del Ministerio Público”.

Luego explicó: -Ninguna autoridad le ha dado identidad a los ocho asesinados ni a los dos detenidos.

El grosero silencio institucional, después de una masacre de las dimensiones de la del centro penitenciario Cepella en Portuguesa (un motín que terminó con la muerte de casi 50 reclusos) y de cinco días de disparos entre bandas rivales del barrio José Félix Ribas, en Petare, fue quebrado con una amenaza al poder. Ocurre una supuesta invasión frustrada y todo el chavismo habló. Todos los datos ofrecidos durante la mañana del domingo gestaron una narración absurda, que bastó para secuestrar la atención de la opinión pública en un juego sencillo: elige el punto débil de tu preferencia y coméntalo. Cualquier invasión demandaría más 10 personas; cualquier conspirador hubiese optado por un punto de invasión menos vigilado que Macuto; los motores de las lanchas rápidas (cuyos GPS indicaban que venían desde Colombia, según Diosdado), deben ser muy eficientes para navegar tantas millas náuticas sin reponer combustible; el “arsenal recuperado” fue material de mofa gracias a las tortillas de trigo, un recibo odontológico de 2014, las cédulas y los pasaportes, las tarjetas bancarias y las fotos tamaño carnet, el protector solar, el fusible y, por supuesto, el casco con la bandera de EEUU. Morir en un asalto de carretera En horas de la noche del 6 de enero de 2014, perdieron la vida la ex Miss Venezuela y artista Mónica Spear, así como su esposo Thomas Henry Berry, mientras se trasladaban por la autopista Valencia-Puerto Cabello, en el sector El Cambur del Estado Carabobo.

El vehículo donde viajaban sufrió un accidente a la altura del kilómetro 194 y cuando era remolcado por una grúa, llegaron delincuentes al lugar y la familia entró en el vehículo donde recibieron varios disparos.

El 19 de mayo de 2015 la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que un juzgado del Estado Carabobo condenó a Gerardo José Contreras Álvarez, alias el Gato, de 19 años, a 25 años de presidio luego de admitir su responsabilidad en el doble asesinato.

Ese criminal, según informó en su cuenta en Twitter el periodista Deivis Ramírez Miranda, falleció por tuberculosis en la cárcel de El Dorado, Estado Bolívar, el lunes 13 de julio de 2020.

Por la misma causa otros tres jóvenes ya habían sido condenados por este crimen a penas que oscilan entre 24 y 26 años de cárcel y dos menores de edad a cuatro años de cárcel, indicó el Ministerio Público en un comunicado, según reportó Chicago Tribune.

El 10 de agosto de 2019 fue asesinado el futbolista infantil Brayhan Navarro .

-La familia transitaba –escribió el periodista Manuel Alejandro Ramírez, de El Diario- la carretera El Tigre-Puerto Ordaz luego de que el equipo se proclamara subcampeón del torneo que se celebró en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui. Unos delincuentes interceptaron el automóvil en la vía de Los Pinos para robarlo. Sin mediar palabras, accionaron una ráfaga de proyectiles y uno de ellos alcanzó a Brayhan, quien un día previo al asesinato, el domingo 11 de agosto, había celebrado su cumpleaños.

Ramírez igualmente afirmó: -Viajar en carretera se ha convertido en un desafío para la vida de cualquier venezolano. Estas vías son sinónimo de peligro, y el deporte no se escapa de tal amenaza.

II. 22. Morir intoxicada con creolina El 6 de febrero de 2021 El Nacional reportó que una niña de 5 años de edad murió intoxicada por creolina en el Estado Anzoátegui.

El deceso ocurrió el 1 de ese mes en una vivienda ubicada en el sector Los Potocos, Barcelona.

La fuente añadió: -El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la entidad pudo constatar que familiares de la menor le rociaron en la cabeza desinfectante para acabar con los piojos y liendres que anidaban en su cabello y cejas.

Según El Tiempo, citado por El Nacional, el desinfectante empleado fue creolina, que al parecer le provocó a la pequeña una reacción alérgica y posterior intoxicación que finalmente le causó la muerte.

Los responsables del crimen fueron detenidos y puestos a la orden de un representante del Ministerio Público.

Morir por denunciar a un vigilante El 6 de diciembre de 2020 Alexis Ramón Muñoz Castañeda, técnico de telecomunicaciones de Cantv, fue asesinado por un vigilante de la empresa, a quien reportó por su mal comportamiento, lo cual generó que lo transfirieran de oficina.

La información fue dada a conocer por la periodista Felícita Blanco, quien indicó que el hecho ocurrió en las instalaciones de la empresa situadas en el Centro Comercial de Coche, Caracas.

-Muñoz y el vigilante de nombre José, -explicó la periodista- habían confrontado problemas porque el vigilante estaba prestando materiales de trabajo sin autorización, y Muñoz le hizo un memorándum. Debido al reporte que envió Muñoz, al vigilante lo cambiaron para una oficina ubicada en El Paraíso.

El día del suceso el asesino entró a las oficinas de la empresa en estado de ebriedad y sorprendió a la víctima en el tercer piso y la lanzó por las escaleras, donde cayó inconsciente, pero continuó golpeándolo con una botella.

Había sufrido fractura de rodilla, de clavícula y traumatismo cerrado de tórax.

Morir en una cola

En el socialismo del siglo XXI decenas de personas han encontrado la muerte en una cola para cobrar la mísera pensión del seguro social o surtir de combustible su vehículo, luego de permanecer en ella varios días.

El 2 de septiembre de 2019 perdió la vida Richie Larry Vivas arrollado mientras hacía cola para llenar el tanque, en la bomba de la avenida Antonio José de Sucre, en San Cristóbal, denunció la diputada nacional Karim Vera. Fue la segunda víctima en menos de quince días en estado andino.

La parlamentaria agregó, según El Nacional: -En menos de 15 días, este jueves, falleció el segundo tachirense mientras hacía una cola para surtir gasolina, denunció Karim Vera, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Táchira.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria detalló que el hombre fue arrollado por una unidad de transporte público cuando se encontraba en la cola de la estación de servicio ubicada en la Unidad Vecinal de San Cristóbal. ¿Hasta cuándo los tachirenses seremos sometidos a estas humillaciones que en algunos casos terminan con la muerte de ciudadanos? ¿Cómo en un país petrolero muere la gente en colas de gasolina, producto de la ruina de Pdvsa en manos de la tiranía usurpadora?, se preguntó Karim Vera.

Luego señaló: -La parlamentaria afirmó que debido al problema de la gasolina en la entidad fronteriza se registran colas de vehículos que alcanzan los 3 kilómetros. “Las calles parecen estacionamientos de carros”, agregó El 21 de febrero de 2018 Consuelo de Silva, informó en @chelodeSilva: “Otro pensionado muere en cola para cobrar pensión. ¿Estarán aplicando eutanasia indirectamente?”.

Dos días después Gabriel Lugo, reportó en su cuenta en @gabrielglug: -Lamento la muerte del pensionado Jesús García, adulto mayor que sufrió un infarto al miocardio luego de pasar 2 días haciendo cola en un banco de Barinas. Mi solidaridad con los familiares ¡Basta de atropellos por parte de este régimen, violador de DDHH! #23Feb. Sobre estas muertes, Ludmila Vinogradoff, corresponsal de ABC Internacional, de España, escribió el 27 de febrero de ese año el reportaje que sigue: -La crítica situación económica de Venezuela se ha cobrado la vida de tres jubilados, que tuvieron que soportar varios días de kilométricas filas junto a un Banco para cobrar su pensión. Se trata de Rosendo Villalobos Rodríguez (80 años) y Arnoldo Segundo Medina (66 años), que murieron en el estado petrolero de Zulia. El tercer pensionista, Jesús García, murió en Barinas, la tierra natal de Hugo Chávez, un estado rico en ganadería y agricultura. Las tres muertes en las colas ocurrieron en los últimos días, según informó el portal El Pitazo.

La falta de dinero en efectivo provoca las filas en las entidades bancarias. No hay bolívares en el mercado de divisas mientras.. Nicolás Maduro, se jacta de la creación de la criptomoneda denominada «Petro», que la gente humilde desconoce cómo funciona.

Luego apunto: -Arnoldo Segundo Medina murió el pasado 20 de febrero minutos después de entrar en la sede del Banco de Venezuela en el municipio Cabimas, Costa Oriental del

Lago, Estado Zulia. El pensionista se desplomó una vez que logró entrar, entre empujones y gritos, en la sede bancaria y tras horas de cola, explicó a El Pitazo Ramón Cárdenas, uno de los jubilados que presenció el deceso. «Lo que vivimos las personas de la tercera edad para obtener la pensión en efectivo es inhumano, ya que aunque lleguemos con días de anticipación, no nos aseguran que la cobraremos», comentó Cárdenas, que fue profesor de matemáticas.

Rosendo Villalobos Rodríguez madrugaba cada mes para cobrar su pensión en efectivo. Este mes no lo logró. Un vehículo se lo llevó por delante a las 5.00 de la madrugada del 21 de febrero cuando intentaba cruzar la avenida Bella Vista en Maracaibo. Su cuerpo quedó abandonado a menos de media manzana del Banco Provincial. El conductor se dio a la fuga.

Diputado Dávila denunció la muerte de un joven en Mérida mientras esperaba para surtir gasolina El 12 de junio de 2019 el diputado Williams Dávila, denunció el asesinato de Wildermar Paredes de 32 años, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras una discusión mientras esperaba para surtir gasolina, informó el Observador Parlamentario, agregando: -Dávila manifestó que existe un caos generalizado que se ha incrementado por el cierre de 100 bombas de gasolina, lo que ha hecho que se pierdan 160 toneladas de verduras y hortalizas semanalmente porque no hay combustible para que los camiones pueden trasladarlos al resto del país.

Dávila aseguró que esto tipos de hechos son recurrentes en la entidad, por lo que solicitó a la Comisión de Política Interior que abra una investigación y la denuncia se lleve a los organismos internacionales garantes de derechos humanos.

Denunció que los ciudadanos se ven sometidos a esperar más de 7 horas en las colas para surtir gasolina y les cobran entre 20 y 30 dólares por unos litros de gasolina con la complicidad de la Guardia Nacional Bolivariana.