MORIR EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI [Iv]

Rodulfo González

MORIR EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI [IV]

Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, Venezuela, Mayo de 2021

Producción: Centro de Investigaciones Culturales Neoespartanas [CICUNE] cicune@gmail.com

A quienes ofrendaron sus vidas en aras de la libertad del pueblo de Venezuela, secuestrada desde febrero de 1999 por el castro-chavismo-madurismo-militarismo, basura histórica que más pronto que tarde recibirá su justo castigo por la justicia nacional e internacional.

“La lucha de pocos vale por el futuro de muchos”.

Neomar Lander : “Hoy me pegaron una pedrada en la espalda, un cascazo por la nariz, trague bomba lacrimógena, cargue al chamo que falleció ¿y tú qué hiciste?”

Robert Redman

ÍNDICE I. Manifestar no es delito II. El primer asesinado III. El segundo asesinado IV. Más héroes y heroínas

I.MANIFESTAR NO ES DELITO

Foto: El País, España

Ningún venezolano debería ser asesinado por participar en una manifestación contra la violación de los derechos humanos por partes de los entes que irregularmente detenten el poder o de naturaleza reivindicativa, social, escasez de alimentos, gas, gasolina, diésel y medicinas, brutalidad policial y castrense, malos servicios públicos, etc.

El artículo 68 de la Constitución Nacional es claro y preciso al respecto: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

[No resulta ocioso asegurar que las manifestaciones de los sectores democráticos son pacíficas hasta el momento en que llegan las mal llamadas fuerzas de seguridad a disparar a diestra y siniestra contra los protestantes, al inicio o al final de ellas. Esos funcionarios, pagados con el dinero de todos los venezolanos, muchas veces se retiran del lugar

cuando llegan los colectivos del terror a asesinar, a maltratar, a ofender y amenazar a quienes disienten de la narcodictadura. En ocasiones trabajan con esos criminales, pagados también con dinero público, al servicio del régimen y del Partido Socialista Unido de Venezuela] Entre el 12 de febrero, inicio de las protestas contra la narcodictadura y el 29 de mayo de 2014, fallecieron 43 personas.

Algunos colectivos actuaron violentamente en contra de la oposición sin que las fuerzas del gobierno tomaran medida alguna para impedir esa violencia.

Se denunció el uso de armas de fuego por parte de autoridades para controlar manifestaciones, por estar prohibido por el artículo 68 de la Constitución Nacional, el cual reza: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público».

Amnistía Internacional denunció haber recibido reportes del uso de “balas de goma y gas lacrimógeno disparados en forma directa contra los manifestantes a corta distancia y sin advertencia” y que “estas prácticas violan los estándares internacionales y han resultado en la muerte de por lo menos un manifestante.

La organización también expresó preocupación por “el uso de químicos tóxicos en altas concentraciones por parte de fuerzas del gobierno”.

Ha privado la impunidad en la mayoría de los asesinatos.

Según Wikipedia, la enciclopedia libre, para febrero de 2015, entre las 43 muertes solo cuatro estaban siendo investigadas: la de Bassil Da Costa, la de José Alejandro Márquez, la de Geraldine Moreno y la Adriana Urquiola, y ninguna había sido resuelta.16 En el caso del homicidio de Geraldine Moreno, al menos 25 funcionarios de la Guardia Nacional estuvieron involucrados, pero solo cuatro fueron presentados por el caso, de los cuales dos fueron privados de libertad y los otros dos se encontraban bajo régimen de presentación. Un año después de su muerte, el juicio no había iniciado y había sido diferido ocho veces.

En abril de 2015, fueron aprehendidos ocho funcionarios públicos, seis del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).17 El juicio por el asesinato de Da Costa y Montoya fue diferido en diversas oportunidades hasta que finalmente inició el 16 de junio de 2015.1819 El 1 de diciembre de 2016, el comisario del SEBIN José Ramón Perdomo Camacho fue encontrado responsable por el asesinato de Bassil Da Costa y sentenciado a 29 años y seis meses de prisión. Jonnathan José Rodríguez Duarte, uno de los funcionarios implicados, fue escolta del Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, y fue condecorado con la Orden Francisco de Miranda en su tercera clase por el gobierno nacional.

Pero hacer uso de este derecho constitucional, como se ha señalado en párrafos anteriores, puede significar para el manifestante la pérdida de la vida por parte de las fuerzas de exterminio de la narcodictadura, seguras de la impunidad que les brinda el Ministerio Judicial del régimen, vale decir el fiscal general, el defensor del pueblo y los tribunales de la República.

Neomar Lander, asesinado por una bomba lacrimógena que impactó en el tórax lanzada por un efectivo de la siniestra Policía Nacional el 7 de junio de 2017, mientras manifestaba entre las avenidas Miranda y Libertador del Municipio Chacao, como la mayoría de los jóvenes de su generación, no conoció la democracia, pero ofrendó su vida por ella.

En honor a su memoria la alcaldía de ese municipio mirandino colocó el nombre Túnel Neomar Lander a la conexión subterránea entre la Avenida Francisco de Miranda y Avenida Libertador en sentido oeste, justo en el lugar fue donde se produjo su muerte.

Durante las protestas en Nicaragua de 2018, el rostro de Neomar fue pintado con esténciles en varios muros de Managua con la cita por la que es mejor conocido: A pesar de su juventud, legó ese y otros pensamientos que sirven de epígrafe al cuarto volumen de “Morir en el socialismo del siglo XXI”.

II. EL PRIMER ASESINADO El 12 de febrero, de 2014, en el marco del Día de la Juventud, fue asesinado Bassil Alejandro Da Costa, de 23 años de edad, quien era estudiante de Mercadeo de la Universidad Alejandro de Humboldt en Caracas y residía en la ciudad de Guatire, Estado Miranda.

En esa fecha histórica varios partidos de oposición y grupos estudiantiles marcharon en todo el país.

La de Caracas se movilizó desde la Plaza Venezuela hasta la Fiscalía General de Venezuela, sin contratiempo, pero al finalizar se llevó a cabo un tiroteo en el que fueron asesinados tanto Da Costa como Juan Montoya, miembro de un colectivo afín al gobierno de Nicolás Maduro, quien al día siguiente afirmó que ambas víctimas fueron asesinados por la misma persona, y que los asesinatos formaban parte de la violencia opositora generada el 12 de febrero, versión desmentida por su parte, el secretario de la ya extinta Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, rechazó que los jóvenes que manifestaron tuvieran un plan violento y no descartó la presencia de infiltrados en la marcha.

Las evidencias encontradas después durante las primeras investigaciones realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encargaron de darle la razón a Aveledo.

En efecto, ese cuerpo policial identificó al menos a tres integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que dispararon en contra de los manifestantes en las cercanías de la Fiscalía General, entre ellos el supuesto autor material de las muertes de Da Costa y Montoya.

-Días más tarde, -se lee en Wikipedia, la enciclopedia libre- un trabajo de investigación del periódico Últimas Noticias realizó la reconstrucción de los sucesos, el mismo demostraría que uniformados y civiles efectivamente dispararon en contra de los manifestantes el 12 de febrero de 2014. En abril de 2015, inicialmente fueron aprehendidos ocho funcionarios: seis funcionarios del SEBIN, José Perdomo Camacho, Manuel Pérez, Edgardo Lara Gómez, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez; uno de la PNB, Andry Jaspe, y una sargento del ejército, Jonathan Rodríguez.

[Una mera casualidad permitió que ese siniestro 12 de febrero fueran asesinados dos manifestantes del sector democrático y otro de los asesinos a sueldo de la narcodictadura, que nombro en el estudio, pero no analizo por razones obvias] Fue acusado formalmente el supuesto autor material de la muerte de Bassil Da Costa, el comisario del SEBIN, José Ramón Perdomo Camacho y a los demás funcionarios se les concedió libertad bajo régimen de presentación cada ocho días.

Como es ya habitual en la justicia del socialismo del siglo XXI, el juicio por ambos asesinatos fue diferido en diversas oportunidades, hasta que finalmente se inició el 16 de junio de 2015, más de un año después del suceso.

La fuente añadió: -El 1 de diciembre de 2016, el Tribunal 27 de Juicio de Caracas acordó condena de 29 años y seis meses de prisión contra el comisario del SEBIN, José Ramón Perdomo Camacho, a quien encontró como presunto responsable del asesinato de Bassil Da Costa Frías. Aunque hubo muchas irregularidades en la investigación, algunas personas ven en este caso la sola búsqueda de lo que se llamaría un "chivo expiatorio" para dar una falsa apariencia de justicia. La sentencia fue emitida en el Palacio de Justicia de Caracas.

Jonnathan José Rodríguez Duarte, uno de los tiradores implicados, era escolta del Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Rodríguez. Había sido condecorado con la Orden Francisco de Miranda en su tercera clase por el estado venezolano cuando Carmen Teresa Meléndez Rivas ocupó por primera vez ese cargo, que ostentaba en marzo de 2021.

[Wikipedia, la enciclopedia libre, registra sobre Miguel Rodríguez Torres, general retirado, que durante el intento de golpe dirigido por el teniente coronel Hugo Chávez para derribar el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, que tuvo lugar el 4 de febrero de 1992, “Llevó al Batallón José Leonardo Chirinos para la toma de resguardo de La Casona, la casa presidencial. Durante el asalto, fueron asesinados: Gerson Gregorio Castañeda, 26 años, agente de la DISIP adscrito a la División de Patrullaje Vehicular; Edicto Rafael Cermeño, Agente de la DISIP; Jesús Rafael Oramas, 30 años, agente de la DISIP, adscrito a la División de Patrullaje Motorizado; Jesús Aponte Reina, 21 años, agente de la Policía Municipal de Sucre, quien murió al recibir un impacto de mortero”. La fuente añade: “Según la página web oficial

de Miguel Rodríguez Torres, la fecha es utilizada por la Oposición "en el marco de una conspiración que pretendió incendiar el país de palmo a palmo. Leopoldo López y María Corina Machado, utilizaron a los estudiantes como fachada" para infiltrar personas "que tenían como objetivo encender la mecha que propagaría la carga nacional”. Adicional a esto, en dicha página de la mano de la firma de Miguel Rodríguez Torres, se dice también que: el resultado de estos hechos fueron: "vidas perdidas, personas heridas, ciudadanos y funcionarios presos, severos daños materiales a las instalaciones del Ministerio Público y una gota más de odio en sectores del país que solo ven en la violencia la manera de zanjar las diferencias políticas.". Igualmente al represor de las protestas cívicas “Luego de expresar su desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y de ser inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante un año por orden de la Contraloría General el 1 de febrero de 2018, el 13 de marzo Rodríguez fue arrestado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional después de una conferencia en el hotel President de Caracas por "atentar contra la patria" y por presuntamente "estar incurso en acciones contra la paz y la tranquilidad pública y en la conjura dirigida a atentar contra la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb)”] Según informó la oficialista YVKEMundial, la investigación efectuada por el Ministerio Público, determinó que Perdomo Camacho fue quien disparó contra el joven, motivo por el cual el fiscal 138º del Área Metropolitana de Caracas, José Ernesto Ikovic, ratificó en la audiencia preliminar la acusación contra el comisario por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos innobles.

Adicionalmente, fue acusado por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República.

A los otros inculpados se les acusó por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República. Sin embargo, la referida instancia judicial ordenó una medida cautelar consistente en la presentación periódica cada ocho días.

El 13 de febrero de 2015 El Universal reportó: -Habitantes de Candelaria y del norte de Caracas, líderes del movimiento estudiantil y abogados de Fundeci realizaron un homenaje a las personas asesinadas durante las protestas del pasado 12 de febrero, en el acto efectuado en la esquina de Tracabordo exigieron justicia y el cese de la impunidad que reina en estos casos. En la protesta participó la madre de Bassil Da Costa quien afirmó que su hijo perdió la vida por alzar la voz pidiendo libertad para Venezuela.

Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, explicó que luego de un año de los hechos del 12 de febrero existe total impunidad con respecto a las 43 personas que fueron asesinadas durante las protestas, resaltando que este homenaje es una forma de exigir justicia y afirmar que sus muertes son ejemplo de lucha por la democracia. “La represión y la tortura se han legalizado en Venezuela y reflejos de esto son Bassil Da Costa y Juan Montoya, que perdieron la vida por balas disparadas por el Sebin, o Alejandro Márquez el cual fue torturado a patadas en plena Avenida Urdaneta por 7 guardias”, dijo.

La fuente añadió: -Rojas relató que sin ningún tipo de miedo los vecinos de la parroquia y de otras partes de Caracas marcharon desde la Plaza Candelaria hasta la esquina de Tracabordo encabezados por la madre de Bassil Da Costa, llevando como símbolos flores, velas y la fuerza de caraqueños que se expresan pacíficamente pero de manera contundente, “El pueblo no debe pedir ningún tipo de permiso para ejercer su derecho a la protestas y rendir tributo a nuestros héroes, recordando las palabras de Alí Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Cantamos el himno nacional en pleno centro de Caracas, rezamos y pintamos la figura de Bassil en la pared, Este es el rostro de la lucha por una verdadera revolución”.

El también miembro del Frente en Defensa del Norte de Caracas señaló que este tipo de protestas creativas en homenaje a las víctimas de la represión y la tortura de un Gobierno que calificó de fascista, son punta de lanza para el llamado a una reconciliación nacional y el cese de la impunidad en Venezuela. “No hay muerto rojos ni azules sino venezolanos víctimas de la represión y la tortura de un Estado autoritario, allí están los 43 asesinados, los presos políticos, miles de detenidos con medidas cautelares y el ultimo hito son las cárceles del Sebin con la llamada tumba que no tienen nada que envidiar a la antigua Rotunda”, aseguró.

Por su parte, Janeth Frías, madre de Bassil Da Costa, agradeció las muestras de amor de los vecinos de Candelaria y de todos los venezolanos hacia su hijo, recalcando que este entregó su vida por la libertad del país y que ahora su tarea como mama es lograr que se haga justicia con él y los otros 42 asesinados en las protestas.

-Luego de un año –denunció- los responsables de la muerte de mi hijo siguen en libertad, Maduro, le exijo al Gobierno que se ponga los pantalones, esto demuestra la impunidad que vivimos y por esto seguimos luchando. Ahora no soy solo la mama de Bassil sino de millones de jóvenes que luchan por Venezuela.

Igualmente, Conan Quintana, secretario ejecutivo de la FCE UPEL, expresó que están comprometidos con la memoria y lucha de los 43 venezolanos que perdieron la vida desde las protestas del 12F, los cuales salieron a la calle a luchar por la libertad y democracia en Venezuela.

-Exhortamos al gobierno –apuntó- a que no siga usando la represión como arma para callar la voz del movimiento estudiantil, en este acto nos acompañaron Hasler Iglesias, Hilda Rubí González y Sairam Rivas por la UCV, Alfredo Grafe USB, Rolando Antiveros USM y Anleleymar Rosales UAH. En el lugar donde fueron asesinados Da Costa y Montoya se colocó una placa recordatoria, destruida por colectivos chavistas el 22 de marzo de 2014.

El 12 de febrero de 2021 los estudiantes recordaron a Bassil Da Costa y Robert Redman, en el marco de la conmemoración del Día de la Juventud.

Al efecto, el diario El Nacional, uno de los tantos medios que le dieron cobertura a los eventos de ese día, reseñó: -Los jóvenes se movilizaron a los lugares donde fueron asesinados los primeros caídos de las protestas de hace siete años. Desde la plaza Bolívar de Chacao, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, llamó a la unidad y a ejercer la mayoría para salir del régimen de Maduro.

Y adicionó: -Con homenajes a Bassil Da Costa y Robert Redman protestaron los estudiantes el Día de la Juventud, fecha simbólica por haber marcado el inicio de las protestas antichavistas de 2014, y que terminaron con un saldo de 43 fallecidos y cientos de heridos.

En La Candelaria, un grupo de estudiantes se movilizó desde la avenida Urdaneta hasta la esquina Tracabordo, el lugar donde fue asesinado Da Costa, el primer caído a manos del régimen de las manifestaciones de hace siete años.

En el lugar extendieron una Bandera nacional y El Señor de los Papagayos le dedicó una pieza tanto a Da Costa como a Robert Redman, quien murió horas después en Chacao ese mismo día.

Luego indicó: - Redman, cuyo caso no ha sido aclarado, había cargado el cuerpo de Da Costa en La Candelaria cuando este recibió disparos de funcionarios del Sebin.

Por el caso de Da Costa fueron aprehendidos en principio ocho funcionarios, seis del Sebin, uno de la PNB y otro del Ejército.

José Ramón Perdomo fue acusado formalmente por el caso, pero a los demás funcionarios les concedieron libertad bajo régimen de presentación. En 2016 lo condenaron a 29 años y 6 meses de prisión.

Luego de la manifestación en La Candelaria comenzó la concentración en la Plaza Bolívar de Chacao, a la que asistieron jóvenes militantes opositores y diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Con pancartas y banderas exigieron elecciones, democracia y libertad para el país. “Hoy y todos los días luchamos por tus derechos humanos, por el futuro de tus hijos, por la libertad”, decía una pancarta que llevaba una de las asistentes.

Desde allí el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, ofreció un discurso en el que llamó a la unidad y a ejercer la mayoría.

La reseña periodística igualmente precisó que luego de ese evento “los estudiantes marcharon al lugar donde fue asesinado Redman”, en la que hay “una placa en homenaje al joven, para colocarle flores”.

Reportó igualmente que también se registraron protestas y concentraciones en Carabobo, Lara, Zulia y Mérida.

Todas las fotos son de la autoría de Ramsés Romero.

El 12 de febrero de 2019, bajo el título “Rinden honores a Bassil Da Costa, primer caído el 12 de febrero del 2014” la periodista Nilsa Varela Vargas escribió en Diario Vistazo, del Estado Anzoátegui: -Pocas horas antes de cumplirse cinco años del asesinato de Bassil Da Costa, primer caído el 12 de febrero de 2014, habitantes de La Candelaria y distintas parroquias populares de Caracas se apostaron en la esquina de Tracabordo, para rendir homenaje a él y al resto de jóvenes asesinados durante las manifestaciones de 2014, 2017 y 2019. En el asfalto fueron dibujadas las siluetas y nombres de algunos caídos en la capital.

Bassil Da Costa Frías, joven nacido en Guatire el 7 de mayo de 1990, falleció el 12 de febrero 2014 en Caracas tras participar en una manifestación. Da Costa recibió un disparo en la cabeza y aun cuando fue trasladado por la Policía Nacional Bolivariana a un hospital cercano, no resistió.

Luego añadió: -Rendimos honores a esos mártires de la democracia encabezados por Bassil Da Costa quien fue asesinado hace cinco años a manos de los cuerpos de represivos de Nicolás Maduro”, expresó Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas. José Alejandro Márquez, Conan Quintana, Carlos Moreno, también fueron mencionados. Las víctimas de la represión de este 2019 también fueron recordadas.

Muchos jóvenes como son Alixon Pisani de 19 años, asesinado por el Faes en Catia solo por el hecho de trancar la calle exigiendo la salida de Maduro, Nick Borges de apenas 18 años ajusticiado en las protestas de las Adjuntas, o Estefany Layoy de 20, su error fue salir a manifestar que tenía un mes sin gas».

Señaló la periodista que en el acto habló también la madre de Bassil, Janeth Frías, quien comentó que la muerte de su hijo “fue lamentablemente necesaria” para mostrarle al mundo la situación que se vive en Venezuela. “Ya son 90 países de todo el mundo los que saben que el venezolano quiere la libertad” dijo, y afirmó que “este es el año en que Venezuela renace de nuevo”.

También refirió que, “dentro de todo” se hizo justicia en relación al caso del asesinato de su hijo Bassil, el primero que cayó en las protestas del año 2014, cuando Leopoldo López llamó a protestar en el movimiento llamado “La Salida”, porque “Luego de dos años de proceso se logró la condena de José Ramón Perdomo Camacho, el exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), principal acusado del delito. “Estos jóvenes caídos en el 2014, 2017, 2018 y ahora los de las protestas de 2019, son víctimas de un odio, una rabia, un rencor; a ellos les digo, la libertad no es sólo democrática, es la libertad del corazón”.

El 30 de marzo de 2014 El Universal reportó: -Caracas.- El pasado sábado en la madrugada grupos violentos lanzaron una bomba molotov en la esquina de Tracabordo en la Candelaria y quemaron del altar que había colocado la comunidad en honor a Bassil Dacosta, quien fue asesinado en medio de las protestas el pasado 12 de febrero, sin embargo hoy los vecinos restauraron el lugar nuevamente.

Luego apuntó: -Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, explicó que las acciones de los colectivos violentos tienen atemorizados a los vecinos del municipio Libertador, recorren las calles en motos portando armas de fuego, lanzando disparos al aire e incluso golpeando a habitantes a diestra y siniestra.

Rojas explicó: -Lo ocurrido con el altar de Bassil es solo un reflejo de las acciones terroristas de estos grupos que actúan bajo el amparo de los cuerpos de seguridad del estado, usando invasiones como guarida desatan el miedo en los caraqueños. Pero nuestra respuesta a la destrucción es la construcción.

III. EL SEGUNDO ASESINADO

El segundo manifestante asesinado ese fatídico 12 de febrero, Día de la Juventud, fue Roberto Redman Orozco, quien horas antes había auxiliado a Bassil Da Costa.

El 13 de febrero de 2014 Univisión, con el título “Roberto Redman, el estudiante que tuiteó su muerte en Caracas”, reportó: -Roberto Redman Orozco, mejor conocido como Escualido Reload en Twitter, era un activo opositor del gobierno de Nicolás Maduro y a través de su cuenta se encargó de relatar los sucesos violentos de las manifestaciones en Caracas el día 12 de febrero, incluida su muerte.

Luego indicó: -Horas antes de morir baleado, Redman narraba en su cuenta de Twitter ( @EscualidoReload) cómo había cargado en sus brazos a Bassil Da Costa,

primer víctima mortal de los enfrentamientos entre estudiantes venezolanos y las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.

"Hoy me pegaron una pedrada en la espalda, un cascazo por la nariz, trague bomba lacrimógena, cargué al chamo que falleció, y tú qué hiciste?", escribió por la tarde.

Más tarde continuó dejando testimonio de la jornada violenta, donde denunció los golpes recibidos por la policía, describió cómo los colectivos armados chavistas seguían hiriendo a los estudiantes, e ilustró con fotos el escenario de Chacao, lugar en el cual moriría horas más tarde.

Desde Chacao, al oeste de Caracas, eran pasadas las 7:00 pm cuando subió a su cuenta.

Univisión apuntó en el siguiente párrafo: -Unos minutos después del tuit, Redman reportaba que lo habían herido en el brazo con un "perdigón de plomo", aunque no daba detalles de la gravedad de sus heridas.

Unos veinte minutos más tarde, el usuario @Aslanatenea (Jeison Miguel Orozco) le preguntaba dónde estaba, a lo que él respondió: "en chacao". Ese fue su último tuit.

Minutos más tarde el usuario @jennyoro1 (Jenny Oropeza) tuiteó: "acaban de matar a otro joven en Chacao", acompañado de una foto donde se pude ver a Roberto Redman tirado en el suelo ensangrentado.

Asimismo precisó: -A las 8:45 de la noche, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, anunciaba la muerte del joven, también a través de la red social.

Roberto Redman ejercía el periodismo ciudadano, era asiduo a correr maratones, le gustaba el boliche, escalar la montaña y trabajaba como forista en un noticiero digital.

Tras su muerte, la cuenta de Runners Venezuela lamentó su fallecimiento y exigió fin a la violencia en el país.

El 11 de febrero de 2015, bajo el título “Robert Redman: El héroe que cayó en una esquina”, el Staff de Panam Post, tras señalar que “Redman murió de un disparo en la frente” y “Se identificaba en Twitter como «Demócrata Liberal» (@runnersvzla)”.

Fue asesinado la noche del 12 de febrero [2014] en la avenida Arturo Uslar Pietri del municipio Chacao, en Caracas.

-Ese día –recordó- había acudido a la marcha convocada por opositores hasta el Ministerio Público y más tarde ayudó a cargar a Bassil Dacosta cuando este cayó herido de bala en Candelaria.

Regresó a su casa, contó lo ocurrido a su padre, Dereck Redman, y salió de nuevo a participar en la manifestación nocturna que había en Chacao.

Luego, “A través de su cuenta en Twitter @EscualidoReload se encargó de relatar los sucesos violentos de las manifestaciones en Caracas el día 12 de febrero, incluida su muerte”.

Apuntó después: -En su último tuit, Redman reportaba que lo habían herido en el brazo con un «perdigón de plomo», aunque no daba detalles de la gravedad de sus heridas. Más tarde, el pasajero de una moto disparó en su frente, y el joven murió en plena calle.

Su homicida aún no ha sido identificado, a pesar de que la cámara de seguridad de un edificio adyacente al lugar donde fue herido registró que los disparos los hizo un hombre que usaba un casco integral y viajaba como parrillero en una moto de alta cilindrada, como las utilizadas por funcionarios policiales.

Su muerte sigue impune.

El 12 de febrero de 2016 Venezuela Awareness reportó: -A dos años de su muerte, continúan las investigaciones para encontrar a los responsables del homicidio de Roberto Redman Roberto José Redman Orozco, piloto y bolichero, fue asesinado en una protesta del 12 de febrero de 2014, en Chacao. A dos años de su muerte, el caso sigue impune.

Actualmente, no hay detenidos por el homicidio de Redman. Luego de una serie de investigaciones, el padre de Roberto, Dereck Redman, considera que su hijo fue asesinado por un funcionario policial.

-¿Qué motivó a Roberto a protestar el 12F?- le preguntó al padre de la víctima, Derek Redman, quien respondió que su hijo no acató la convocatoria de los dirigentes políticos opositores; salió a la calle para defender sus ideales.

-Roberto, -agregó- desde años atrás, era un activo luchador contra el régimen de Chávez y luego contra el de Maduro. Él supo lo que era la democracia civil y luego notó el cambio cuando llegó Hugo Chávez al poder.

También indicó: -Espero que con la nueva Asamblea Nacional se logre citar a todos los comandos de la Guardia Nacional Bolivariana. Aparentemente, los hombres que le dispararon a Roberto venían acompañados por una cuadrilla de la GNB y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

La nota expresó igualmente que “Después del 12F, Dereck Redman se ha involucrado mucho más en las protestas y manifestaciones del movimiento estudiantil que ocurren en el país”, porque “Considera que debe seguir en la calle por la lucha que no pudo continuar su hijo”.

Después apuntó: -A dos años de que iniciara la ola de protestas en Venezuela, Redman manifestó que las muertes de las 43 víctimas lograron marcar un antes y un después en el país.

No solo la muerte de mi hijo, sino la de otros asesinados también. Se están viendo los cambios, tenemos casi 8.000.000 de votantes, que incluyen muchos chavistas del PSUV quienes se dieron cuenta de que han sido engañados por unas personas que han llegado al poder con malas intenciones”, concluyó.

IV. MÁS HÉROES Y HEROÍNAS Geraldine Moreno fue asesinada por efectivos de la siniestra Guardia Nacional mientras participaba en Naguanagua, Estado Carabobo, en una manifestación en

contra

de la

narcodictadura el 19 de febrero de 2014. Dejó de existir el 22 del mismo mes.

Ese crimen aparece registrado en Wikipedia, la enciclopedia libre, en los siguientes términos: -El 19 de febrero de 2014, a las ocho de la mañana, se convocó a un cacerolazo en Naguanagua, en el estado Carabobo. Llegaron seis motocicletas de la Guardia Nacional disparando y Moreno corrió junto con otros protestantes. El sargento de segunda clase Francisco Caridad Barroso efectuó un disparo, que alcanzó a Geraldin en el cuerpo; otro sargento, Albin Bonilla, hizo un disparo que la alcanzó en la cara, haciéndole caer boca arriba, y acto seguido le dispara de nuevo directamente al rostro de Geraldin, instado por otro compañero que según testigos le gritó «métele, métele».

Bonilla dispara una tercera vez. Su prima, Liseth Madía, declaró que los perdigones no eran de plástico, sino de hierro. El conductor de la motocicleta, Alexander López Vargas, declaró al Ministerio Público que Alvín Rojas admitió haberle disparado a «esa maldita». Moreno fallece tres días después. La causa de muerte fue «Herniación de amígdalas cerebelosas y paro-cardio-respiratorio debido a hemorragia, lesiones encefálicas y ocular y edema cerebral debido a fracturas cráneo faciales por herida de disparo de arma de fuego de proyectiles múltiples facial-craneal». Geraldin falleció el 22 de febrero.

También registra: -Para febrero de 2015, entre las 43 muertes solo cuatro estaban siendo investigadas: la de Bassil Da Costa, la de José Alejandro Márquez, la de Geraldin Moreno y la Adriana Urquiola, y ninguna había sido resuelta. Al menos 25 funcionarios de la Guardia Nacional estuvieron involucrados en el homicidio de Geraldin, pero solo cuatro fueron presentados por el caso, de los cuales dos fueron privados de libertad y los otros dos se encontraban bajo régimen de presentación. Un año después de su muerte, el juicio no había iniciado y había sido diferido ocho veces. En 2016 Albin Bonilla Rojas fue condenado a 30 años de prisión por la muerte de Geraldin Moreno, la pena máxima en Venezuela, mientras que el sargento Francisco Caridad fue condenado a 16 años y 6 meses de cárcel. Otros miembros del destacamento,

cómplices de lo sucedido, incluido el teniente coronel Frank Osura, recibieron promociones y condecoraciones después del incidente.

El 1 de septiembre de 2017 El Nacional recordó: -A Geraldine Moreno le gustaba participar en las movilizaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro que se hicieron en 2014, año en que empezó a gestarse la desobediencia civil en Venezuela hacia la gestión del chavismo.

El 19 de febrero de ese año, Rosa Orozco, madre de Moreno, le había dicho a su hija que quería descansar ese día, pero la respuesta fue tajante: “Mamá, Venezuela no espera por ti”. Y salió a protestar en la ciudad donde nació, Naguanagua [Estado Carabobo].

Minutos después de que Geraldine fue a la manifestación, a Rosa le dijeron que su hija había sido herida.

“Salgo a la entrada de la urbanización y veo a mi muchacha en el piso con la cara tapada”, dijo Orozco.

El Nacional comentó luego: -La muerte de Geraldine Moreno, por sus características de tratos crueles e inhumanos, permanece en la memoria del imaginario venezolano, en especial de los ciudadanos que perdieron a sus familiares durante las protestas de 2014.

La joven deportista y estudiante de Citotecnología fue asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes le dispararon perdigones en la cara y el cuerpo.

Geraldine fue trasladada a la Clínica Metropolitana. Allí los médicos informaron a los familiares que la estudiante había perdido el ojo derecho y 80% de la masa cerebral.

A pesar del diagnóstico, Rosa Orozco afirmó que su hija pudo articular sus últimas palabras: “¡Bendición! Te espero en libertad, no dejes la calle”. Fueron cuatro días de agonía, el 22 de febrero falleció.

Por ese asesinato de los cuerpos represivos de la narcodictadura el Ministerio Público condenó a 30 años de prisión a Albin Bonilla Rojas, sargento de la GNB; y a 16 años y seis meses a Francisco Caridad Barroso, también militar.

Génesis Cristina Carmona Tovar fue otra de las víctimas mortales en el Estado Carabobo de las manifestaciones contra la narcodictadura efectuadas en febrero. Se constituyó en la quinta manifestante asesinada por las huestes criminales de Nicolás Maduro.

Sobre ese crimen, Wikipedia, la enciclopedia libre, registra: -Génesis Carmona (Valencia, Venezuela, 20 de septiembre de 1991–ibídem, 19 de febrero de 2014) fue una de las víctimas más notables en el marco de las manifestaciones en Venezuela de 2014.

Carmona estudió en la Universidad Tecnológica del Centro, un politécnico ubicado en la región de la capital metropolitana del estado de Carabobo en Venezuela.

Carmona había participado como modelo en las actividades de la semana de la moda, celebrada en la ciudad de Valencia, un evento anual conocido como Venezuela In Moda. También desfiló para las pasarelas del Fashion Week de Valencia, y modeló ropa de los diseñadores Eduardo Kano, Olga Bolaños, Eduardo Macero y Franco Montoro. En 2010 fue precandidata al Miss Venezuela, sin embargo no logró clasificar.

En mayo de 2013, a los 21 años de edad, entró en un concurso de belleza regional para el estado de Carabobo, y ganó uno de los títulos, Miss Turismo 2013.

Se lee también: -El 16 de febrero de 2014, durante las protestas de ese año, Francisco Ameliach escribió en su cuenta de Twitter: "UBCH a prepararse para el contra ataque fulminante.

Diosdado dará la orden #GringosYFascistasRespeten", junto a una foto del expresidente Chávez.5 El 17 de febrero Ameliach anunció que las marchas de protesta no estaban permitidas en los barrios ubicados al sur de la ciudad de Valencia, por precauciones de seguridad. Advirtió desde Twitter que el expresidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello daría la orden a las UBCH a que atacaran a los manifestantes diciendo "Tengan cuidado gringos y fascistas".

El 18 de febrero de 2014, en el marco de las manifestaciones en Venezuela de 2014, Carmona fue gravemente herida en una manifestación en la ciudad de Valencia, cuando una ráfaga de balas interrumpió la manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Fue transportada a la Clínica Guerra Méndez de Valencia, e ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde murió el día siguiente por trauma cerebral y pérdida de sangre. Para el momento, fue la quinta víctima mortal desde que las protestas comenzaron el 12 de febrero de 2014.

El párrafo siguiente registra: -Una fotografía de Carmona siendo sostenida en los brazos de una persona que la lleva en motocicleta al hospital recorrió los medios de comunicación, causó conmoción y recordó el asesinato de la Miss Venezuela Mónica Spear. Carmona y su familia planeaban huir de la criminalidad que estaba viviendo su país, por lo que preparaban un viaje a Estados Unidos.

Asimismo cita una evidencia fotográfica publicada por diversos medios de comunicación, demostrativa de que la agresión de la manifestación fue provocada por grupos pro-gubernamentales conocidos como colectivos, que se infiltraron la parte posterior de la marcha.

El 20 de febrero la entonces ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, anunció en su cuenta de Twitter que la causa de muerte de la modelo fue

un disparo por la espalda, mientras que Nicolás Maduro, se refirió a su muerte en la televisión nacional, culpando a los manifestantes opositores del crimen.

Wikipedia, la enciclopedia libre, recuerda igualmente que “Para febrero de 2015, a más de un año del asesinato, la justicia venezolana no había imputado a ningún individuo por el crimen de Carmona.

[La muerte de Génesis Carmona, quien murió después de recibir un balazo en la cabeza en una manifestación, es una muestra del drama que se vive en las calles de Venezuela.

Conmovidos e indignados, familiares y amigos de la joven contaron detalles de lo que ocurrió con la modelo el martes.

Univisión].

El 20 de febrero Univisión refirió cómo fueron los últimos minutos de Génesis Carmona.

-Un amigo de la víctima, que la acompañaba durante la protesta, relató el momento en el que Génesis fue alcanzada por el disparo. "De repente ella me agarró de la mano y justo en ese momento le meten el balazo en la cabeza y se desmaya. Yo no sabía que era un balazo en la cabeza", dijo a la agencia de noticias Reuters. El amigo de Génesis prefirió no identificarse.

En los siguientes párrafos señaló: -En medio del caos de la movilización, la joven buscaba a su hermana: "Yo no me puedo ir sin Ale", le había dicho a su madre antes de que fuera herida.

"Fue un momento confuso, intentaba reagruparse con su madre y sus hermanos, todos estaban allí manifestándose, pero se habían separado. Cuando empieza el caos, le dice a su mamá que no ve a su hermana, a Alejandra Carmona, y cuando regresó a buscarla, cayó al piso. Así simplemente", comentó Erica Rodríguez, una de las amigas de la Miss Turismo Carabobo 2013.

Héctor Rotunda, otro amigo de Génesis, narró primero por Twitter y después en una entrevista de radio cómo fueron los últimos momentos de la joven.

“Nosotros estábamos en la marcha frente a la estación del metro Cedeño. Se escuchó una ráfaga de disparos y nos lanzamos al suelo”, escribió al día siguiente del ataque.

“Cuando nos dimos cuenta Génesis estaba en el piso la revisamos, las amigas y hermana pensaron que estaba desmayada nunca pensaron lo peor...”, agregó.

“Montala, le dieron, gritó el pana que se la llevó en la moto cargada. Yo me fui atrás. Nos estaban disparando a matar”, aseguró Rotunda.

“Quienes nos estaban disparando eran grupos armados del gobierno, indignante ver que la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) no hizo NADA”, manifestó.

Luego, por radio, dijo: “Son una brigada motorizada. Ellos son grupos armados del gobierno que van a todas las marchas opositoras del gobierno para arremeter contra los manifestantes. Portan armas de fuego y sin importar a quien este enfrente

ellos disparan. Ellos no tenían uniforme pero tenían camisas de color rojo que identifican al régimen en Venezuela”.

Rotunda llegó a la clínica acompañando a la familia de la joven. “Se podía decir que (Génesis) estaba consciente. Ella estaba moviendo los brazos, las piernas, tenía los ojos entreabiertos y ella trataba de responder a los llamados que nosotros le hacíamos”, dijo en una entrevista con Radio Cope.

Rotunda dijo que quienes la acompañaban le pedían “que se mantuviese tranquila, que respirara que todo iba a estar bien”. Luego, la joven fue ingresada en cuidados intensivos. “No se podía extraer la bala. Es una zona muy difícil de la cabeza”, explicó sobre la cirugía que se le practicó a la Miss en la noche del ataque.

“Había que esperar que la zona del impacto se desinflamara para ver qué se podía hacer con la bala”, señaló. Pero Génesis no pudo y falleció al día siguiente.

Tenía 23 años y estudiaba marketing.

[El colmo del cinismo y la hipocresía es que después de que el narcodictador Nicolás Maduro acusó a la oposición de la muerte de Génesis luego exprese sus condolencias a los familiares y afirme que se están haciendo diversas investigaciones para llegar con los responsables]

El 24 de febrero Willmer Carballo Amaya, de 43 años, fue asesinado cuando participaba en una manifestación en Cagua, Estado Aragua, y recibió un disparo en la cabeza después de que colectivos abrieran fuego contra la marcha.

Sobre ese crimen net noticias en Tweets, reportó: -Este lunes 24 de febrero fue asesinado en la entrada de la Urbanización la Fundación de Cagua, Estado Aragua, el ciudadano Wilmer Juan Carballo Amaya(conocido como Jhonny por sus amigos y en las redes sociales), de 43 años de edad, quien fue impactado con un disparo en la cabeza presuntamente proveniente de un grupo de personas que se trasladaban en motos afectas al gobierno venezolano. La fuente añadió: -Según reporta el diario El Periodiquito, Wilmer Carballo se encontraba desde tempranas horas de la mañana protestando en las adyacencias a su residencia en Corinsa, Cagua, cuando motorizados irrumpieron en la zona disparando al aire. La víctima quedó atrapada en la línea de fuego y fue alcanzado por un proyectil que le quitó la vida. Según comentó Miguel Petit en Twitter, (@miguelpetit) y demostró con una fotografía, por una estrella de la bandera salió la bala con la que mataron a Wilmer Carballo en Cagua. En las redes sociales se rumorea que quien le disparó a Wilmer Carballo fue un policía regional quien está escondido dentro del CDI, sin embargo, esta versión no se ha confirmado.

Carballo fue llevado al Centro Medico Cagua donde confirmaron su muerte.

Era miembro de La Cofradía La Candelaria, que se ocupa del cuido de bienes religiosos, según reporte del abogado Carlos Ramírez López.

José Ernesto Méndez, de 17 años, fue asesinado el 17 de febrero al ser arrollado por Rodolfo Pazos, un empleado de PDVSA, cuando manejaba su Ford Runner por la avenida Perimetral en Carúpano y aceleró contra unos protestantes que trancaban la avenida. Murió por un trauma en la cabeza.

Sobre ese crimen Mariana De Barros, del portal Reportero24, reseñó: -Joven atropellado en Carúpano, cuarta víctima en protestas/ Un estudiante que manifestaba en Carúpano, en contra de la inseguridad que se vive en el país y de las políticas del Gobierno de Nicolás Maduro, murió esta noche luego de ser atropellado en el lugar por interrumpirle el paso a un ciudadano que iba a bordo de una camioneta Ford Runner.

La información fue confirmada por el diputado a la AN por el Estado Sucre, César Rincones, quien más temprano escribió a través de su cuenta en Twitter que el José Ernesto Méndez, de 17 años, estaba entubado en la clínica muy grave, pues

presentaba triple fractura de cráneo. “Los médicos no dan esperanzas”, lamentó hace minutos.

El joven es la cuarta víctima que se registra en Venezuela durante las manifestaciones estudiantiles. La información fue confirmada por el diputado a la AN por el estado Sucre, César Rincones, quien más temprano escribió a través de su cuenta en Twitter que el José Ernesto Méndez, de 17 años, estaba entubado en la clínica muy grave, pues presentaba triple fractura de cráneo. “Los médicos no dan esperanzas”, lamentó hace minutos.

“José Ernesto Méndez muere atropellado por un oficialista. Hasta cuándo tanto odio. 17 años, estudiante 5to año. Carúpano”, escribió el diputado César Rincones en su cuenta en la red social Twitter.

José Alejandro Márquez, de 43 años, ingeniero de sistemas, murió el 21 de febrero luego de recibir una golpiza mientras filmaba una protesta el 19 de ese mes en la avenida Urdaneta en la Candelaria, Caracas -Varios guardias nacionales – se lee en Wikipedia, la enciclopedia libre- le piden que entregue su teléfono. Márquez huye, cae y se golpea la cabeza. Una vez en el suelo recibe una fuerte golpiza por los funcionarios, quienes se llevaron el teléfono. Lo obligaron a subirse en una patrulla y fue dejado en el Hospital José María Vargas, donde llegó con fuertes golpes en la cabeza, cuello, rostro y brazos. Fallece en una clínica privada dos días después por traumatismo craneoencefálico. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, lo acusó de ser un sicario que planeaba asesinar al presidente Maduro y dijo que la oposición lo mató por no "haber cumplido el trabajo", mostrando fotos en las que Márquez practica airsoft. La Federación Venezolana de Airsoft emitió un comunicado rechazando categóricamente las acusaciones contra Alejandro Márquez.

El 23 de octubre de 2015 una nota de prensa del Ministerio Público informó que en virtud de la acusación presentada por ese organismo se ordenó el pase a juicio de un teniente y dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por su presunta responsabilidad en la muerte del ingeniero en Sistemas, José Alejandro Márquez Fagundez (45), quien falleció a causa de varios golpes que recibió durante las protestas que iniciaron en febrero de 2014.

-En la audiencia preliminar,- explicó la NP- los fiscales 39° nacional y auxiliar, junto al 139ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Juan Barrada, Héctor Alvarado y Silvia Honigman, respectivamente, ratificaron la acusación contra el teniente Luis José Amaya y los sargentos Luis Lionel Reyes González y Jorby Alexander Peñaloza por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego.

Al respecto, el Tribunal 27º de Control del AMC, luego de evaluar los medios de pruebas presentados por los fiscales, admitió la acusación y decretó el enjuiciamiento de los militares.

Vale recordar que el 19 de febrero de 2014, Márquez Fagundez se encontraba cerca en la esquina de Candilito, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, observando una protesta que mantenía cerrada la calle, cuando comisión de la GNB llegó al lugar y dispersó la manifestación.

Ante tal situación, el ingeniero comenzó a filmar lo que ocurría, motivo por el que Amaya habría dado la orden de detener a Márquez, quien fue golpeado en repetidas ocasiones.

Por esta razón, Márquez Fagundez fue llevado al Hospital Dr. José María Vargas, donde falleció el 23 de febrero de ese mismo año como consecuencia de las lesiones.

En su momento, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denunció el 24 de febrero, a pocos días del ataque a José Alejandro Márquez, que al ingeniero lo atacaron por “no haber cumplido el trabajo”.

Reiteró que “A ese señor lo mataron sus propios compañeros (…) recibía entrenamiento paramilitar. Lamentamos que esté fallecido”, reportó Últimas Noticias en esa oportunidad.

Cabello mostró las fotos de un hombre vestido con un uniforme militar y con armamento de guerra.

“A ese señor lo contrataron como sicario y como mercenario para matar al compañero Nicolás Maduro (…) a este señor se la cobraron porque no cumplió el trabajo”, sostuvo Cabello.

El 12 de marzo Jesús Eduardo Acosta, de 23 años, falleció al recibir un disparo en la cabeza hecho por colectivos con ropa alusiva al PSUV. Sobre ese crimen radiotelevisionmarti.com reseñó: -Muere otro estudiante en Venezuela en el marco de las protestas/ "Jesús Enrique Acosta, de 23 años de edad, intentaba buscar refugio mientras pasaba un grupo de motorizados cuando fue alcanzado por un tiro en la cabeza".

La reseña explicó luego: -Un estudiante murió y al menos seis personas resultaron heridas en un incidente violento registrado el miércoles en la ciudad de Valencia, al oeste de la capital venezolana, cuando desconocidos dispararon contra vecinos en el populoso barrio obrero La Isabelica.

Miguel Cocchiola, alcalde de la ciudad central de Valencia, dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica que en esa localidad hay "un muerto seguro por arma (de fuego)... fue en (un) sector de La Isabelica, cerca de la alcaldía". El alcalde opositor no dio otros detalles.

Por otro lado indicó que “El periódico El Universal informó este miércoles que el estudiante Jesús Enrique Acosta, de la Universidad de Carabobo, fue asesinado de un tiro en la cabeza en La Isabelica”.

Del mismo modo apuntó que "Luis Acosta, primo de la víctima citado por el diario Notitarde, relató que se encontraba con él conversando sobre lo que estaba ocurriendo en la zona, cuando fueron avisados que se resguardaran ya que colectivos

armados se dirigían hacia ese lugar, sin embargo, cuando ambos se disponían a correr, el joven de 23 años se desplomó al piso luego que una bala alcanzara a darle en la cabeza. Inmediatamente, fue trasladado a la Clínica La Isabelica, donde ingresó sin signos vitales".

En la misma fecha y la misma ciudad fue asesinado Guillermo Sánchez, de 42 años, mientras regresaba de la casa de su madre a quien pintó las rejas, y fue alcanzado por un grupo de entre 50 y 60 motorizados que se acercaron lanzando piedras y disparando contra edificios. Según el testimonio de vecinos, citado por Wikipedia, la enciclopedia libre, “es golpeado fuertemente a pesar de explicar que no participaba en las protestas y recibe un tiro de gracia con una bala expansiva”.

La misma fuente indicó que la viuda de la víctima, Gina Rodríguez, desmintió a Nicolás Maduro, quien responsabilizó a "francotiradores guarimberos" del asesinato.

El 13 de marzo de 2018 el Equipo de Documentación de Amnistía Internacional Venezuela dio a la publicidad un informe donde se lee: -Guillermo Sánchez fue asesinado por un grupo de civiles armados que le dispararon y golpearon. Su esposa, Ghina Rodríguez, fue hostigada por pertenecer al Frente de Víctimas contra la Represión, por lo que hoy vive como asilada política en México junto con sus dos hijos.

Guillermo Sánchez falleció tras recibir disparos presuntamente realizados por civiles armados pro gobierno en La Isabelica, Valencia, el día 12 de marzo de 2014.

Ese día Guillermo Sánchez había salido a pintar la casa de su madre. Guillermo vivía en la avenida donde se estaban desarrollando unas protestas. Su esposa, Ghina Rodríguez, relató a Amnistía Internacional cómo testigos presenciales le indicaron que un grupo de civiles armados le dispararon y le golpearon. Después le montaron en una moto y se lo tiraron a los policías del estado que estaban destacados cerca de las protestas, diciendo: “ahí les traemos otro y esperen más”. Al parecer, fueron los policías quienes dejaron a Guillermo en la puerta de una clínica, donde intentaron salvarle la vida.

El informe añadió: -Hasta la fecha, un funcionario de las fuerzas del orden estaría siendo procesado por la muerte de Guillermo Sánchez al haberse encontrado evidencia balística que le relaciona con los hechos. El funcionario habría alegado que prestó su arma a otra persona que hasta la fecha no habría sido identificada.

Ghina Rodríguez forma parte del Frente de Víctimas contra la Represión, organización que fue creada por familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante las protestas entre febrero y julio de 2014. Miembros y colaboradores del Frente han sido objeto de hostigamientos por parte de personas no identificadas vestidas de civil. En junio de 2014, la reportera Viczliz Faudul, quien apoyaba el Frente, fue amenazada. Ghina explicó a la organización cómo lanzaron piedras al domicilio de la periodista y dejaron un panfleto que decía: “Ya vemos que no hiciste caso de la primera advertencia… Ya ves cómo los tenemos infiltrados y los seguimos a todos

lados. Ésta es la segunda advertencia y no habrá una tercera, esta vez son piedras: la próxima serán balas.” La amenaza tenía la foto de los integrantes del Frente, en donde salía Ghina, entre otras personas.

AIVEN apuntó en otra parte del documento: Cuando Ghina Rodríguez denunció los hechos, la fiscalía le otorgó medidas cautelares que consistían en protección durante 24 horas de la policía municipal de Valencia. Sin embargo, cuando se acercó a la policía a solicitar que se hiciera efectiva la medida de protección “los policías se burlaron, manifestando que no perderían el tiempo en cuidarnos y nunca las cumplieron”.

Ghina y sus dos hijos abandonaron Venezuela en julio de 2014 por temor a su seguridad. Actualmente se encuentran en México donde se les ha reconocido la condición de refugiados.

En febrero de 2016 Jhon Anderson Torres Sinisterra, civil relacionado con sindicatos de la zona sur de la ciudad de Valencia, fue acusado por el delito de homicidio intencional e intimidación pública y habría sido condenado a cinco años de prisión domiciliaria, luego de que se declara culpable aceptando los hechos.

El 19 de marzo Anthony Rojas, de 18 años, estudiante de la Universidad del Táchira, perdió la vida al recibir un disparo en la cara mientras tomaba un refresco con un grupo de amigos, quienes no resultaron afectados, cuando motorizados pasaron tratando de dispersar una protesta en Cárdenas, efectuando más de 20 detonaciones.

Respecto a ese crimen el diario La Verdad, de Maracaibo, reseñó: -Anthony Rojas, de 18 años y estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Experimental de Táchira (UNET), se sumó a la lista de fallecidos que se contabilizan desde que iniciaron las protestas en el país contra el Gobierno nacional.

Según reseña la página web del diario Últimas Noticias, el joven se encontraba en el sector Diamante de Táriba, estado Táchira, cuando se produjo un tiroteo. Una de las balas impactó en la cara de Rojas.

Juan Carlos Palencia, diputado al Consejo Legislativo de Táchira, informó al diario capitalino que, al parecer, el estudiante se encontraba a 200 metros de una barricada donde se produjo un enfrentamiento.

“Se sospecha que fueron los colectivos los que llegaron disparando”, declaró el diputado.

A pesar de esta información, los familiares de la víctima no han declarado a los medios por lo que se tiene claro si el joven realmente participaba en una protesta.

Por su parte, la UNET confirmó el fallecimiento del joven a través de su cuenta en Twitter @UNEToficial.

La institución lamentó el hecho. Este sería el segundo estudiante de esa institución asesinado por la “violencia y la intolerancia”.

Anthony Rojas, estudiante de ingeniería mecánica falleció por impacto de bala.

Comunidad universitaria Unet nuevamente de luto.

— UNET (@UNEToficial) marzo 19, 2014 En una semana dos jóvenes unetenses han sido asesinados. Dos vidas valiosas y productivas perdidas a manos de la violencia e intolerancia.

— UNET (@UNEToficial) marzo 19, 2014 Wilfredo Rey, de 31años, el 21 de marzo fue herido con arma de fuego disparada por colectivos del terror. Murió el siguiente día.

Wikipedia, la enciclopedia libre, registra: -Mientras circulaba por Barrio Obrero en San Cristóbal, encontró a colectivos que disparaban contra viviendas de protestantes. Su esposa relató al diario zuliano La Nación que "iba a comprar un refresco". Recibe un disparo en la cabeza y otro en un brazo cuando baja a socorrer a un joven herido. Su muerte desató fuertes protestas al tratarse de un trabajador que no participaba en las protestas y al ser asesinada por un gesto de solidaridad.

Sobre ese crimen Venezuela Awareness reportó: -Un conductor de transporte público falleció tras ser herido por arma de fuego en un incidente violento en Barrio Sucre/ El conductor, identificado como Wilfredo Rey, murió tras recibir un disparo en la cabeza la noche del viernes, durante supuestos ataques de colectivos contra viviendas de opositores que se mantienen en protestas callejeras desde hace más de un mes , informó a The Associated Press Sergio Vergara, alcalde encargado de San Cristóbal.

Vergara dijo que supuestos grupos oficialistas, conocidos como “colectivos”, atacaron con armas de fuego algunas barriadas de San Cristóbal cuyas vías permanecen bloqueadas con barricadas desde hace varias semanas. “Llegan directamente a atacar, o sea, no ejecutan ninguna labor de recolección (de barricadas) sino directamente llegan a disparar con gases lacrimógenos, con perdigones (balas de goma) e incluso con armas de fuego”, agregó.

El 22 de marzo Argenis Hernández, de 26 años, encontró la muerte en San Diego, Estado Carabobo al recibir un disparo en el abdomen por un motorizado mientras protestaba en una barricada. Fue trasladado al ambulatorio de esa población donde recibió los primeros auxilios y luego fue remitido al Hospital Carabobo, pero al no poder controlar una hemorragia interna es llevado a la Ciudad Hospitalia Enrique Tejera en Valencia, donde falleció.

Sobre ese crimen radiotelevisionmarti,com reportó: -Un joven manifestante murió baleado en un incidente que se registró en el municipio San Diego del estado de Carabobo, informó el sábado el director de Relaciones Institucionales de la alcaldía, Asdrúbal Farfán.

El diario El Carabobeño publicó hoy que Argenis Hernández de 26 años, resultó herido luego que un motorizado armado le disparara en su abdomen, en la urbanización Tulipán, en San Diego, murió a las 3:00 am en la unidad de cuidados intensivos de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”.

El joven protestaba en una barricada que el motorizado intentó atravesar por encima de los escombros.

El 23 de marzo de 2015 Dorys López Villegas, periodista de referido periódico, escribió: Un año ha transcurrido desde el 22 de marzo de 2014, cuando Argenis de Jesús Hernández Moreno, de 26 años de edad, pasó a encabezar la lista de asesinados en Carabobo durante protestas. Hasta la fecha, su caso continúa impune.

Pese a la magnitud del caso y a la cobertura que tuvo, dada las circunstancias bajo las que ocurrió, las autoridades hasta ahora no han realizado ninguna detención por esta muerte, al menos así lo afirmó una fuente cercana a la familia Hernández.

Aunque medios regionales, nacionales y hasta internacionales han intentado dialogar con los padres de Argenis, estos se han mantenido al margen por miedo a represalias y daños a terceros.

La periodista añadió: -Argenis de Jesús murió la madrugada de aquel sábado 22 de marzo tras recibir un disparo en el abdomen cuando manifestaba en la urbanización El Tulipán, municipio San Diego. En aquel entonces, testigos presenciales aseguraron que el “gatillo alegre” que disparó en contra del muchacho fue un presunto funcionario de la Policía Municipal de esa jurisdicción.

Pasadas las 10:30 de la noche del viernes Argenis estaba en El Tulipán, adonde frecuentaba ir desde que iniciaron las protestas del 12 de febrero en rechazo al Gobierno nacional, cuando junto a un amigo le pidió a un motorizado que se detuviera luego de saltar por una barricada.

El hombre, presunto funcionario de la Policia Municipal de San Diego, no emitió palabra y les disparó tres veces. Una de las balas lo alcanzó en el abdomen y fue llevado a un ambulatorio cercano. Luego al Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde y posteriormente a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), donde murió cerca de las 3:00 de la mañana.

Un amigo de Argenis señala que el motorizado iba con la intención de dispararle a alguien. Según contó, llevaba una pistola en la pierna preparada para el ataque.

Adriana Urquiola, de 28 años, fue asesinada el de 23 de marzo. La víctima era intérprete de señas del canal Venevisión y estaba recién casada y embarazada. Perdió la vida mientras bajaba de un autobús para pasar una barricada colocada por

protestantes en la carretera Panamericana, a la altura de Los Nuevos Teques, y un sujeto disparó catorce veces contra los protestantes, hiriéndola. Fue trasladada al hospital Victorino Santaella en una patrulla de la Policía de Miranda, donde llegó sin signos vitales. El responsable fue identificado como Yonny Bolívar, ex escolta de la entonces ministra Iris Varela y expresidiario por el delito de usurpación de identidad. Bolívar huyó del país, asegurando en una entrevista para el Nacional que "para evitar que su caso fuese utilizado políticamente", registra Wikipedia, la enciclopedia libre.

El asesino, que había huido a Colombia, ocho días después fue traído a Venezuela y presentado ante el Tribunal Sexto de Control de Miranda donde le imputaron homicidio calificado con alevosía, entre otros delitos.

El 27 de septiembre de 2017 el portal El Estímulo reportó: -Condenan a 27 años a Yonny Bolívar, asesino confeso de Adriana Urquiola / La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (AMC) condenó a Yonny Bolívar a 27 años y seis meses de prisión por el asesinato en 2014 de Adriana Urquiola (28), intérprete de señas de Venevisión que estaba embarazada.

Luis Sucre, abogado de la familia Urquiola, informó a la televisora por Internet VPI sobre el fallo. Recordó que Bolívar había sido condenado previamente por un tribunal de juicio a una pena de 17 años, pero la defensa y la familia de la víctima manifestaron su inconformidad por el cálculo de la pena.

Tras reclamar ante la corte, el homicida deberá ahora pasar 27 años en la cárcel.

Sucre en compañía de Manuela Pérez, madre de Adriana Urquiola, señaló que el primer obstáculo al que se enfrentaron en el proceso, fue lograr la aprehensión de en Barranquilla, Colombia, por la Interpol.

Bolívar (37 años) admitió su responsabilidad en la muerte de la intérprete de señas. El asesinato ocurrió el 23 de marzo de 2014, en el sector Los Nuevos Teques del municipio Guaicapuro, estado Miranda.

El 29 de marzo fue asesinado en Maracaibo Roberto Luis Annese Gorín, de 30 años, y sobre su muerte se manejaron dos tesis: una, que ocurrió a raíz de un arma de fuego disparado por efectivos de la Policía del Estado Zulia y otra, que fue por la explosión de un mortero que manipulaba.

Vecinos y familiares sostuvieron que un grupo de policías del Estado Zulia le dispararon con una escopeta en el pecho cuando a las dos de la mañana se presentaron efectivos policiales, bajaron de una camioneta blanca y dispararon.

-Annese huyó –indicaron- y fue encontrado muerto en la azotea de una casa con la herida en el pecho.

Sin embargo, la autopsia oficial determinó que la causa de muerte fue "Shock hipobulímico producido por explosivo de alto impacto a nivel del tórax superior derecho".

Ese crimen fue reseñado por El Universal, con información de AP en los siguientes términos: -29 de marzo de 2014/ Un estudiante murió el sábado durante una protesta en el estado occidental de Zulia, informó la alcaldesa del municipio de Maracaibo Eveling Trejo.

Roberto Annese, estudiante de Ciencias Políticas de 33 años, falleció en la madrugada en la urbanización El Naranjal de la ciudad petrolera de Maracaibo, a unos 500 kilómetros al extremo occidente del país, donde había una barricada, indicó la alcaldesa sin dar otros detalles.

El gobernador oficialista de Zulia, Francisco Arias Cárdenas, refirió que Annese falleció como consecuencia de la explosión de un presunto mortero que habría manipulado en el techo de una vivienda, cerca de una barricada localizada en las inmediaciones de Universidad Rafael Belloso Chacín.

El reporte, sin embargo, observó: -Pero allegados al estudiante, citados por el diario Panorama de Zulia, dijeron que murió por un disparo recibido "cuando estaba en la azotea de una vivienda defendiendo una barricada ante la llegada de efectivos del Cuerpo Bolivariano de Policía del estado Zulia".

Fue el primer asesinato de la narcodictadura en la región zuliana.

El 10 de abril falleció Mariana Ceballos Belisario, de 32 años, como consecuencia del arrollamiento del que fuera víctima el 14 de marzo por parte de Kennet Martínez con una camioneta Toyota Hilux, mientras participaba en una protesta pacífica.

Según la ONG Provea, Martínez era un funcionario del Ministerio de Agricultura y Tierras. El impacto le produjo traumatismo craneoencefálico, hemorragia cerebral, fractura de pelvis y fémur derecho. Falleció en el Centro Policlínico La Viña.

Josué Farías, de 19 años. Falleció 21 de junio de 2014, luego de recibir un disparo en el abdomen mientras se retiraba el 29 de mayo, de la Universidad Rafael Belloso Chacín, de Maracaibo.

Al efecto, se lee en Wikipedia, la enciclopedia libre: -Recibe un disparo en el abdomen mientras se retiraba de clases el 29 de mayo. El impacto le perforó el estómago, el hígado y el páncreas. Luego de casi un mes sufre un paro respiratorio. Durante la autopsia se le extrajo una metra alojada en la columna vertebral. El movimiento estudiantil de la universidad responsabilizó a la policía de Zulia, mientras que Foro Penal indicó que los responsables serían funcionarios de la Policía Nacional.

Fue la segunda víctima mortal durante las protestas en el Zulia. .

Sobre ese crimen Verónica Albarrán, del diario La Verdad, escribió: -Josué Enmanuel Farías Sánchez, de 19 años de edad, no le ganó la batalla a la muerte. El estudiante del tercer trimestre de Contaduría pública en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín permaneció 24 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, luego

de que el pasado 29 de mayo resultara herido durante los disturbios registrados en las adyacencias de la casa de estudios.

El reporte médico indicó que el universitario recibió un disparo, cuyo proyectil le alcanzó el área abdominal, le perforó el páncreas, el hígado y causó lesiones en el estómago. El joven fue sometido a una intervención quirúrgica, de la cual se recuperaba según la información ofrecida por los familiares. Ayer a las 9.00 de la mañana sufrió un paro respiratorio.

La periodista añadió: -La morgue forense de Maracaibo se colmó de estudiantes de las distintas universidades que expresaban sus condolencias a la familia de su compañero. Eduardo Novoa, dirigente estudiantil de la Urbe, lamentó la pérdida. Resaltó que Josué Farías no solo luchaba por un país con futuro, sino que además era buen amigo y buen estudiante.

El disparo que le arrebató la vida al estudiante provino del grupo de oficiales del Cuerpo Bolivariano de Policía del Estado Zulia (CBPEZ), que el día del incidente se encontraba en las inmediaciones de la Urbe enfrentándose con los manifestantes.

En otro fragmento de la nota periodística la autora indicó: -Yorman Barillas, presidente de la FCU de la Universidad del Zulia, rechazó la muerte del estudiante de Contaduría, al tiempo que realizó un llamado a las autoridades policiales y al Ministerio Público para que se investigue la muerte y las circunstancias en que fue herido Farías.

Exigimos que se reconstruyan los hechos para determinar con que arma hirieron a este compañero. El día de hoy está de luto todo el movimiento estudiantil zuliano.

Venimos denunciando la represión brutal de los cuerpos policiales en las protestas, estos funcionarios que accionan todo su arsenal en contra de quienes salimos a la calle”.

Josué Enmanuel Farías Suárez, de 18 años, cursaba tercer trimestre de Contaduría Pública en la Urbe. Recibió un disparo en el abdomen que lo mantuvo 24 días en la UCI. El 10 de julio de ese año Radiotelevisionmarti reportó: -Exigen investigar muerte de estudiante universitario en Zulia/ El joven estudiante de contaduría Josué Emmanuel Farías Sánchez fue herido en medio de una protesta protagonizada frente a la Universidad Rafael Belloso Chacín el pasado 29 de mayo.

La abogada venezolana Elenis Rodríguez informó en el programa Cuba al Día de Radio Martí detalles relacionados con la muerte del joven universitario de 19 años Josué Emmanuel Farías Sánchez quien falleció el 21 de junio luego de haber recibido el 29 de mayo un impacto de bala por la Policía del Estado de Zulia.

La fuente añadió: -Según Rodríguez desde esa fecha hasta ahora en el estado de Zulia no se había realizado ningún proceso investigativo por lo que decidió representar a la familia de Farías a fin de que se inicie la investigación relacionada con la muerte del joven y se determinen los responsables del crimen.

El joven estudiante de contaduría Josué Emmanuel Farías Sánchez fue herido en medio de una protesta protagonizada frente a la Universidad Rafael Belloso Chacín el pasado 29 de mayo.

A la fecha, los cuerpos de exterminio de la narcodictadura habían cobrado la vida de 43 personas.

Daniel Tinoco, de 24 años, fue asesinado el 10 de marzo con arma de fuego en San Cristóbal. Entre la avenida Carabobo y la calle 16, protestantes repelieron con piedras y morteros unas cuadras abajo a sujetos afectos al gobierno. Media hora más tarde, a las once de la noche, diez sujetos portando armas largas y cortas, presuntamente pertenecientes a colectivos pero descritos por los vecinos como funcionarios de seguridad, llegaron a las barricadas en dos camionetas blancas y dispararon contras los manifestantes. Tinoco recibe un disparo en el pecho y fallece minutos después.

Daniel Lozano, corresponsal de El Diario NY Noticias, reportó sobre ese crimen: -San Cristóbal, Venezuela – San Cristóbal, capital del Estado Táchira en Venezuela y bastión del antichavismo, se despertó de una noche donde muy pocos durmieron. Daniel Tinoco, líder estudiantil de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet), murió pasadas las 10 p.m. tras recibir un balazo en el pecho. Un nuevo crimen de los “colectivos” revolucionarios, las brigadas de choque del chavismo que actúan con total impunidad, que dejaron varios heridos y una estela de terror tras varias horas de operación.

Lozano añadió: -Tinoco fue uno de los estudiantes atrincherados durante semanas en la Avenida Carabobo, donde los rebeldes usan un antiguo tanque decorativo como barricada. Allí viven, duermen y tiran piedras cuando la Guardia Nacional y el Ejército intentan derribar sus barricadas. Reciben comida y atenciones de los vecinos, también de comerciantes….

Compañeros de Tinoco advirtieron a través de las redes sociales que algunos de los atacantes de anoche se ocultaban en ambulancias para traspasar las barricadas.

Esta información no pudo ser confirmada por fuentes independientes.

Kluivert Ferney Roa Núñez, de 14 años, perdió la vida el 24 de febrero de 2015 en San Cristóbal en el marco de una protesta, en la que no participaba, en contra de la narcodictadura de Nicolás Maduro.

Estudiaba segundo año de bachillerato en el Colegio Agustín Codazzi de la capital del Estado Táchira.

En su corta vida fue miembro del Movimiento Scout, entrenó como preselección del equipo de baloncesto Panteras del Táchira y asistió al primer nivel de discipulado en Pastores de la iglesia evangélica Jesucristo es el Rey Gilwell Park izó la bandera a media asta por su asesinato.

-El 24 de febrero de 2015, -se lee en Wikipedia, la enciclopedia libre- tras salir de clases, Roa se encontró con una manifestación la cual se estaba llevando a cabo aproximadamente a las 10:30 a.m. en el sector Barrio Obrero, cerca de las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira (UCAT),de acuerdo con testigos presenciales, «Roa ayudaba a un estudiante herido cuando en ese momento uno de los manifestantes se percató que se acercaban los efectivos de seguridad. El joven se escondió debajo de un coche, pero lo descubrieron y le dispararon a quemarropa... a la altura del cráneo, con exposición de masa encefálica.

Su cuerpo fue trasladado al Hospital Central de San Cristóbal; pero ya se encontraba exánime desde las 11:00 a.m.

El disparo lo efectuó Javier Osias Mora Ortiz, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quien posteriormente fue detenido y recluido en la cárcel de Santa Ana en Táchira, bajo los cargos de «delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles», «uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales».

El 8 de abril de ese mismo año, El Ministerio Público condenó a dieciocho años, al imputado del asesinato. Los fiscales 79 ° nacionales y 16° del Estado Táchira, Dilcio Cordero y Karina Hernández, respectivamente, ratificaron la acusación contra el PNB por incurrir en los delitos antes mencionados.

Ese crimen conmovió a la población venezolana, al papa Francisco, a políticos oficialistas y de oposición e inclusive al autor intelectual del asesinato, el narcodictador Nicolás Maduro, quien cínicamente, como ya es natural en él ante actos abominables similares, expresó sus condolencias a los familiares de la víctima.

Por otro lado, la gobernación del Estado Táchira decretó tres días de duelo y el

el comisionado de la Región Scout Táchira, Lizandro Diaz Acosta, emitió un comunicado en el cual informó que el Estado Táchira decretó luto y que no habría actividades en el Movimiento Scout de esa jurisdicción. Además, la Asociación Scouts de Colombia declaró tres días de luto desde el 26 hasta el 28 de febrero de 2015.

El 8 de mayo de ese fatídico año los medios de comunicación social, haciéndose eco de una información hecha circular por el Ministerio Público, Javier Mora, exagente de la Policía Nacional, reseñaron que el asesino del niño Kluivert Roa fue sentenciado a 18 años de prisión “por incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales”.

El tribunal de la causa fijó el Centro Penitenciario de Occidente como sitio de reclusión.

Ese asesinato generó protestas en diversas partes del país, atacadas violentamente por los círculos del terror y las fuerzas represivas de la narcodictadura.

El 26 de febrero del mismo año el periódico español La Vanguardia, en el reportaje “¿Quién mata a los estudiantes en Venezuela?” reveló: -Caracas (Redacción y Agencias).- Cinco estudiantes de la Universidad de Los Andes, en la ciudad venezolana de Mérida, resultaron heridos ayer miércoles en una nueva marcha de protesta por la muerte de un chico de 14 años que recibió un disparo en la cabeza el martes en San Cristóbal (Táchira). En una semana han sido asesinados o han aparecido muertos seis estudiantes en tres ciudades de Venezuela.

Uno de los estudiantes fue herido de bala en el muslo derecho y los otros cuatro fueron alcanzados por perdigones de plástico, según el secretario general de la Federación de Centros Universitarios (FCU-ULA), Eloi Araujo. Fue también un perdigón de plástico, disparado a dos metros de distancia, a decir de testigos, lo que mató al menor Kluiberth Roa, a dos metros de distancia, según testigos. El policía que le causó la muerte confesó el mismo día y se encuentra detenido.

Roa salía de su instituto cuando se encontró en medio de una manifestación.

La protesta de Mérida tenía lugar ante las facultades de Derecho y Medicina dela Universidad de Los Andes (ULA). Se da la circunstancia de que dos estudiantes de la ULA fueron hallados muertos el pasado 18 de febrero. Se trata de Alejandro García, de 22 años, y José Frías, de 20. El alcalde de Mérida, el opositor Carlos

García, dijo que ambos habían sido detenidos en una manifestación. Después, aparecieron en una cuneta a180 kilómetros de la ciudad.

Luego apuntó: -El caso de estos dos estudiantes es casi idéntico a los de otros tres jóvenes asesinados. Los cuerpos de todos ellos estaban maniatados, tenían signos de tortura y balazos en la cabeza o en la cara.

El 3 de marzo de 2015 el diario El Impulso, de Barquisimeto, reportó: -8 funcionarios de la Policía del Estado Zulia y un civil son los presuntos responsables del ajusticiamiento de dos jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados maniatados el pasado 17 de febrero en la vía hacia Santa Bárbara.

El Ministerio Público presentará en las próximas horas a los sospechosos del crimen, para imputarles por la muerte de Julio Alejandro García (22) y José Daniel Frías Pinto (20).

Y agregó: -Así lo señaló una nota de prensa de la Fiscalía, que da cuenta de lo adelantado por los fiscales asignados a la investigación. Imputarán al jefe de grupo del organismo policial, Renzo Humberto Arias; y a los oficiales Jean Carlos Delgado, Carlos Vinicio Medina, Wiston Amaya Gutiérrez, Wilson Gómez Rodríguez, Yordano González Coy, Junior Altamiranda Reina, Henry Villamizar Vargas; así como al civil Ángel Renato Chourio Pineda, por presuntamente incurrir en delitos establecidos en la legislación venezolana.

Las víctimas son originarias de la población de El Vigía, Estado Mérida.

Alejandro García era estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes (ULA), núcleo El Vigía y José Daniel Frías se dedicaba a vender frutas.

De acuerdo con la investigación preliminar que transmitió el MP, ambos jóvenes fueron interceptados el 16 de febrero por los policías cuando llegaban a Santa Bárbara del Zulia procedentes de El Vigía, estado Mérida, y luego desaparecieron hasta el día siguiente cuando fueron localizados entre unos matorrales con varios disparos.

Los ocho funcionarios y el civil fueron detenidos el sábado 28 de febrero, por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Zulia.

Al día siguiente de que se encontraran los cadáveres de los estudiantes de Mérida, se descubría en San Cristóbal el de Jhon Barreto, de 21 años. San Cristóbal es uno de los principales centros universitarios de Venezuela, y es donde comenzaron las protestas contra el Gobierno el año pasado, que dejaron 43 muertos y cientos de heridos entre febrero y mayo.

Barreto, estudiante de ingeniería, llevaba doce días desaparecido. Este caso no trascendió demasiado porque, después de que fueran detenidos dos presuntos autores, la policía dijo que Barreto fue asesinado por una deuda con los sospechosos, con los que compartía un dudoso negocio de compra-venta de teléfonos móviles.

Después indicó: -El 21 de febrero, otros dos estudiantes, Yamir Tovar, de 22 años, y Luis Arianyi, de 21, aparecían en un barrio de Caracas golpeados, maniatados y muertos a tiros.

Tovar presentaba tres disparos en la cara.

Funcionarios de policía dijeron que el motivo de los asesinatos fue el robo, por el hecho de que fueron despojados de todo lo que llevaban encima. Sin embargo, según otras fuentes, Tovar pertenecía al movimiento Resistencia y Arianyi participaba en manifestaciones. No eran universitarios pero aspiraban a cursar estudios superiores y tenían amigos en el entorno universitario. Tovar había sido, al parecer, amenazado por grupos bolivarianos.

El Movimiento Estudiantil, a través del

presidente dela Federación de Centros Universitarios Hasler Iglesias, exigió a la Fiscalía que inicie una investigación exhaustiva de las muertes de estos cinco jóvenes.

Asimismo, los estudiantes entregaron el miércoles una petición por escrito en el Ministerio del Interior para que se derogue la llamada resolución 8610, aprobada hace unas semanas y que autoriza “el uso de la fuerza potencialmente mortal” en manifestaciones. Tanto la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, como el defensor del pueblo, Tarek Williams Saab, coinciden en que el uso de armas de fuego debería estar prohibido en manifestaciones. El policía que mató a Kluiverth Roa está imputado por “homicidio intencional calificado”.

El 25 de febrero de ese año Daniel Pardo, corresponsal en Venezuela de BBC Mundo, reportó: -Los estudiantes se manifestaron con libros escolares simbólicamente cubiertos de sangre falsa cerca de la sede del Ministerio del Interior, Justicia y Paz en el municipio Libertador, exigiendo a la ministra Carmen Meléndez que investigue la muerte de Kluiberth Roa Núñez y que revoque la Resolución 8610, una resolución que otorga a las autoridades venezolanas usar la fuerza letal contra los manifestantes.

En Barinas, los estudiantes de la Universidad Santa María protestaron contra el uso de la fuerza letal contra los manifestantes y denunciaron el asesinato de Roa Núñez y exigieron la derogación de la Resolución 8610.

26 de febrero – Los residentes en Mérida protestaron contra el asesinato de Kluiberth Roa Núñez y cantaron el Himno Nacional.

27 de febrero – Los estudiantes comenzaron a recolectar firmas para derogar la Resolución 8610, una regulación que permite el uso de la fuerza letal para controlar las protestas.

28 de febrero – Miles de personas marcharon en San Cristóbal denunciando la represión del régimen de “Maduro y el asesinato de Kluiberth Roa Núñez, con María Corina Machado y los padres de Kluiberth participando en la marcha. Los grupos de oposición comenzaron a reunir firmas para el Acuerdo Nacional para la Transición en varias ciudades de Venezuela.

15 de mayo - El líder estudiantil Conan Quintana fue robado y asesinado junto con otra persona a dos cuadras de la sede del Ministerio del Interior y Justicia, lo que resultó en protestas inmediatas cerca de la sede después del asesinato.

16 de mayo - Más de 150 personas protestaron en Caracas fuera de la sede del Ministerio del Interior y Justicia tras el asesinato de Conan Quintana. En Mérida, los estudiantes también protestaron contra el asesinato de Quintana que bloqueaba la avenida Las Américas, lo que provocó que los oficiales de Polimérida dispararan a los manifestantes para dispersarlos.

Irónicamente, el narcodictador Nicolás Maduro repudió el asesinato del estudiante Roa por uno de sus esbirros uniformados de la Policía Nacional y BBC Mundo se preguntaba: ¿Se "militariza" el control de las protestas en Venezuela?

Luego afirmó que su muerte “reavivó el debate sobre el uso de armas letales en protestas”, acción prohibida por la Constitución chavista, pero violada mediante una resolución ilegal por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

-Y mientras algunos funcionarios del gobierno han dicho –apunta- que el caso de Roa es aislado, opositores lo consideran no solo parte de la violencia rampante que hace de Venezuela uno de los países más peligrosos del mundo, sino de una arremetida contra estudiantes de oposición.

Durante los últimos días se han reportado cinco casos más de estudiantes asesinados.

La Web, por otro lado, reportó: -En un video del incidente que ha sido divulgado por decenas de medios de comunicación, se ve cómo un oficial de la policía dispara y sale corriendo.

Después, las fotos del cuerpo de Roa en el piso, desangrado, inundaron las redes sociales.

-Su padre ha dicho a varios medios que espera que el caso no quede impune. "(El policía se declaró culpable) para que le rebajen la pena, es un muchacho de apenas 23 años, pero ya nosotros tenemos a unos abogados que se están preparando para el caso", le dijo al portal Contrapunto.

La Web también publicó: -El cuerpo en descomposición de Jhon Barreto, de 21 años, fue hallado el 19 de febrero por vecinos del sector de Las Minas de Arena, en San Cristóbal, Táchira.

Barreto, que era estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, estaba desaparecido desde el 6 de febrero.

Jhoan José Guzmán Pavón, de 24 años, fue arrestado como presunto autor del crimen.

Dos estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA), que tiene sede en la ciudad de Mérida, fueron encontrados el 18 de febrero muertos en un municipio del estado del mismo nombre.

En Mérida fueron localizados los cuerpos sin vida de Alejandro García, de 22 años, y José Frías, de 20.

El alcalde de Mérida, el opositor Carlos García, le dijo a BBC Mundo que los cuerpos estaban maniatados y con varios tiros en la cabeza.

-Aunque se manejan varias versiones, -explicó- los cuerpos de investigación no han informado cuál fue el móvil del crimen y hasta ahora nada es descartable…Los jóvenes no eran activistas políticos, aunque algunos reportes dicen que fueron detenidos durante una protesta estudiantil.

BBC Mundo añadió: -En declaraciones a un diario regional, familiares de los jóvenes dijeron que la policía se los había llevado y que no conocieron su paradero hasta que se enteraron de la muerte.

Los cuerpos fueron encontrados en un municipio a 180 kilómetros de la ciudad de Mérida.

Los estudiantes hacían parte del núcleo de la ULA del municipio del Vígia, a 70 kilómetros del mencionado municipio.

El 25 de enero el referido periódico reseñó: -Una cosa es un mortero artesanal, y otra que los manifestantes usen pistolas, que se ve muy poco, dicen los opositores a la resolución.

Las protestas en Venezuela ahora pueden ser reprimidas por cualquier ente de las Fuerzas Armadas, que además tienen, como último recurso, la facultad de usar armas de fuego.

Eso es lo que están leyendo muchos venezolanos en una resolución del Ministerio de Defensa publicada esta semana en la Gaceta Oficial que establece que la Fuerza Armada Nacional -del ejército, la Armada, la Aviación militar y la Guardia Nacional (GN)- podrá participar en el control de manifestaciones públicas.

Y añadió: -Es algo nuevo para la ley venezolana. Porque si bien la GN como policía militarizada tiene la labor constitucional de cooperar con la policía en el control de manifestaciones, no usa armas de fuego para dicho propósito, que además es una última instancia.

Pero, según el texto de la resolución, ahora se podrán usar "armas de fuego o armas potencialmente letales". Y no solo la GN, sino cualquier componente de las Fuerza Armadas La represión de las protestas hace un año dejó innumerables denuncias de violaciones a los DDHH. Luego expresó: -La resolución, firmada por el ministro de Defensa y General en Jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino, llega en un momento de tensión policía y social en Venezuela.

La crisis económica ha mostrado este año su faceta más grave tras la baja de los precios del petróleo, y el aniversario de un año de las protestas en contra de Maduro, el 12 de febrero, han prendido las alarmas de posibles nuevas manifestaciones.

Durante dichas protestas murieron 43 personas, cientos fueron heridas y más de 3.500 pasaron por la cárcel, en medio de decenas de denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades.

Después indicó: -Este viernes, Padrino habló sobre la resolución y dijo que "se han dedicado a descontextualizar ese documento hermosísimo y a poner en relieve lo que está por completo fuera del espíritu de toda la estructura del texto".

"Todo lo que dice allí está sujeto a la Constitución. Nosotros, como Fuerza Armada, lo que tratamos es de mantener el orden", aseguró Padrino en declaraciones transmitidas por la estatal Venezolana de Televisión.

"Esa dicotomía entre militares y civiles hay que desaparecerla por completo", dijo el ministro.

En cuatro páginas, la resolución establece las normas que deben seguir las autoridades para controlar las manifestaciones públicas.

El texto explica siete escenarios de manifestaciones, siete grados distintos de violencia: desde la "intimidación psicológica" hasta el escenario de "violencia mortal".

El último es el que genera la mayor polémica: "La funcionaria o funcionario aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal", dice el artículo 22 de la resolución.

La orden ministerial deja a discreción de la Fuerza Armada decidir cuándo entra a intervenir determinada autoridad, sea ésta ejército, Armada, GN o policía, aunque la activación estará supeditada a "la autorización del Ejecutivo Nacional, a través del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana", como dice en el artículo 4to.

"Cuando los medios alternativos de resolución de conflictos no resulten satisfactorios, la Unidad actuante procederá a advertir a las personas que participan en reuniones públicas o manifestaciones sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza", dice la resolución.

BBC Mundo señaló en otro punto del análisis: -Mientras sectores opositores destacan esos apartes anteriores, oficialistas recalcan otros.

-El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter, destacó el artículo 15.9 del texto: "(Los funcionarios) no portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas…", escribió el funcionario.

Al texto de la resolución le sigue la siguiente frase: "…a menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, sea necesario su porte y uso".

Igualmente apuntó: -La constitución venezolana dice, en su artículo 68, lo siguiente: "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas".

Y la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que los Estados deben "asegurarse de que ninguno de ellos (los manifestantes) sea objeto de fuerza excesiva o indiscriminada, detención o prisión arbitrarias, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, abusos en los procedimientos penales y civiles o amenazas de algunos de los actos mencionados".

Los simpatizantes del oficialismo no consideran que la Constitución ni los tratados de DD.HH. se estén violando en esta ya famosa resolución número 008610.

En la foto, policía reprimen una protesta. ¿Necesitan la ayuda del ejército?

Recuerdos del Plan Ávila.

El doctor Alberto Arteaga, consultado por BBC Mundo, se mostró preocupado porque, según las normas internacionales de derechos humanos, los militares no deben intervenir en el control de manifestaciones: "No están preparados ni entrenados para eso", dice, y añade: “Los militares están instruidos para defender la soberanía del país en caso de que haya un riesgo externo".

[Función que no cumplen a la luz de los hechos bélicos ocurridos en marzo de 2021 en la población apureña de La Victoria, tomada por guerrilleros colombianos, que inclusive hicieron prisioneros a ocho efectivos de las FAN. Además, estos elementos extranjeros operan como autoridades en La Guajira y tienen presencia activa en el Arco Minero del Orinoco]

Y critica el hecho de que ahora, tras esta resolución, la decisión de usar o no el arma de fuego contra el manifestante está a discreción del militar, un funcionario que, dice el constitucionalista, "no ha recibido la instrucción necesaria y no tiene la experiencia para tomar una decisión tan compleja".

"Todo lo que dice allí está sujeto a la Constitución. Nosotros, como Fuerza Armada, lo que tratamos es de mantener el orden", aseguró Padrino en declaraciones transmitidas por la estatal Venezolana de Televisión.

"Esa dicotomía entre militares y civiles hay que desaparecerla por completo", dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

[Este general, considerado la mano derecha del narcodictador Nicolás Maduro en materia represiva, olvida que en las instituciones militares la palabra civil tenía connotación peyorativa. “Eres un civil”, decían a los cadetes o reclutas cuando no se comportaban conforme a la doctrina castrense de todas las épocas que los consideraba superiores a los civiles. A Padrino López se le debe también que los militares puedan participar en política militante, siempre que sea en el gobernante PSUV, contrario a lo establecido por la Constitución chavista de diciembre de 1999]

"Sin embargo, analistas e incluso algunos políticos de la oposición creen que lo que llaman esta 'nueva arremetida represiva' del gobierno busca reemplazar el debate político y económico por una nueva ola de violencia en la que el gobierno tiene mayor chance de ganar", añade el corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel Pardo.

El Observatorio Venezolano de Violencia ni otras fuentes registran asesinatos en 2016 manifestaciones. Pero sí en 2017.

Un informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los asesinatos de manifestantes por parte de las fuerzas represivas de la narcodictadura y los colectivos, entre el 1 de abril al 31 de julio de 2017 determinó que: A] El 10 de abril de ese año Yoinier Peña, un hombre de 28 años con discapacidad participaba en una manifestación en Barquisimeto. Fuentes entrevistadas por el ACNUDH informaron que alrededor de las 19.30 horas llegaron colectivos armados y comenzaron a disparar. Yoinier recibió un disparo en la espalda, que afectó su columna vertebral y su colon. Murió el 3 de junio, tras 54 días en el hospital, a raíz de una infección que no pudo ser tratada debido a la falta de antibióticos.

B] Seis días después Xiomara Scott (61 años) participaba en la consulta organizada por la oposición. Testigos informaron al ACNUDH que, alrededor de las 13 horas, un grupo de colectivos armados y a bordo de motocicletas comenzaron a disparar, primero al aire y luego contra los asistentes. La Sra. Scott resultó herida de bala y murió en el hospital. El Ministerio Público identificó a tres individuos como los perpetradores. En el momento de redactarse el presente informe esos individuos se encontraban detenidos y estaban siendo procesados.

C] Además de aterrorizar, herir y, en ocasiones, matar a manifestantes, los colectivos armados también han estado supuestamente implicados en casos de saqueo y de arresto de manifestantes. Un testigo ocular contó al ACNUDH lo siguiente: “Nos escapamos de las fuerzas de seguridad que nos perseguían. Cuando llegamos a una plaza, las fuerzas de seguridad comenzaron a retirarse de las calles y luego llegaron

los colectivos en sus motos. Eran unas 20 personas, armadas, con la cabeza cubierta y sin placa de matrícula en las motos”.

D] El ACNUDH recibió numerosos testimonios coherentes entre sí que indican que los colectivos armados operan con el consentimiento de las fuerzas de seguridad y de las autoridades locales, y en ocasiones en coordinación con las mismas. Las fuerzas de seguridad no han protegido a las personas frente a la acción de los colectivos armados, y de hecho, han abandonado el lugar a la llegada de dichos colectivos o no han hecho nada para detenerlos.

E] Un testigo informó al ACNUDH que cuando unos colectivos armados atacaron a un grupo de manifestantes, él habría pedido a un policía que los detuviera, pero él le respondió: “lo siento, pero tenemos órdenes de no actuar” F] En el cuatrimestre examinado por ACNUDH hubo entre 127 y 157 asesinatos de manifestantes haciendo uso del derecho constitucional a la protestas, según la fuente que se consulte.

G] Hubo el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las protestas y responsabilizó al gobierno de la muerte de al menos 73 manifestantes.

H] Varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas.

I] El equipo creado para documentar e informar sobre tales violaciones, que no pudo ingresar al país por falta de autorización del gobierno venezolano, realizó 135 entrevistas, y también recibió información del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de la Misión Permanente de Venezuela para las Naciones Unidas en Ginebra.

J] Durante las manifestaciones de principios de abril hubo cierto nivel de diálogo entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Sin embargo, a partir de mediados de abril (…) las fuerzas de seguridad empezaron a usar fuerza excesiva para dispersar las protestas, generalmente poco después de que éstas hubieran comenzado y, en ocasiones, antes de que comenzaran.

Cabe destacar que en febrero de 2018, la Corte Penal Internacional anunció que abriría una investigación preliminar de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas. El 29 de mayo un panel de expertos independientes designado por la Organización de Estados Americanos publicó un reporte de 400 páginas en el que concluyen que existen fundamentos de crímenes de lesa humanidad y responsabilizan a tanto a las fuerzas de seguridad como a los colectivos de 131 muertes durante las protestas de 2014 y de 2017.

El 3 de agosto de 2017 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social dio a la luz pública un informe, según el cual entre el 6 de abril y el 31 de julio de ese año extraoficialmente se había registrado el fallecimiento de 157 personas en el marco de la represión contra quienes manifestaban en contra del régimen de Nicolás Maduro. De esa cifra el Ministerio Público reconoció 129 muertes.

Los asesinatos ocurrieron en el Distrito Capital [24], Estado Miranda [23], Estado Táchira [21], Estado Lara [19}, Estado Carabobo [17], Estado Mérida [16], Estado Zulia [14], Estado Barinas [10], Estado Anzoátegui [4], Estado Aragua [3], Estado Bolívar [2], Estado Sucre [2], Estado Vargas [1] y Estado Trujillo [1].

El OVCS indicó igualmente que el Plan Zamora, creado por el régimen para promover y consolidar acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales, Policía Nacional Bolivariana, Milicias Bolivarianas y Colectivos Paramilitares -civiles armados

pro gobierno facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito- exacerbaron la violencia y la represión de manifestaciones.

Asimismo reveló que en al menos 523 protestas actuaron los colectivos paramilitares, cuya identificación se torna cada vez más compleja porque, además de operar en conjunto con los representantes de la fuerza pública del Estado, se presume que están empleando indumentaria correspondiente a los organismos de seguridad.

De igual modo exigió a las autoridades pertinentes realizar las investigaciones de manera expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas, poner fin a la ejecución del plan Zamora y garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

El primer asesinado por las fuerzas de exterminio de la narcodictadura en 2017 fue el estudiante de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo) de Caracas Jairo Ortiz, de 19 años. El 6 de abril recibió un disparo mientras participaba en una manifestación realizada en Colinas de Carrizal, Estado Miranda.

Según el Ministerio Público el autor del crimen fue un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, Rohenluis Leonel Rojas Mara, quien esgrimió su arma de reglamento y efectuó múltiples disparos en contra de un grupo de 81 jóvenes a pesar de la norma constitucional que prohíbe el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones.

-El asesinato de Jairo Ortiz –se lee en Wikipedia, la enciclopedia libre-, fue documentado en un reporte de un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, considerando que podía constituir un crimen de lesa humanidad cometidos en Venezuela junto con otros asesinatos durante las protestas.

El portal Analítica reseñó así el asesinato: -En la urbanización Colinas de Carrizal, específicamente en Montaña Alta, de los Altos Mirandinos, un grupo de aproximadamente 20 jóvenes estaban protestando y cerraron la vía hacia la Panamericana, durante la protesta reportan que murió el joven Jairo Ortiz de 19 años de edad.

Algunas versiones indican que recibió el disparo en el pecho y que murió al instante, otras que aún tenía signos vitales cuando lo llevaron al centro de salud.

Varios dirigentes políticos y estudiantes manifestaron su repudio ante el hecho, a través de la red social Twitter.

La fuente añadió que el entonces presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias, confirmó la muerte del joven y culpó a Nicolás Maduro del hecho.

El segundo asesinado durante las protestas contra la narcodictadura que se desarrollaban el 10 de abril fue el joven Daniel Alejandro Queliz Araca, de 19 años, estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad Arturo Michelena de Valencia, Estado Carabobo.

La investigación adelantada por el Ministerio Público determinó que los funcionarios Marcos Ojeda y Edwin Romero, de la Policía de Carabobo, esgrimieron sus armas de fuego de reglamento y dispararon en contra de los manifestantes. Dos funcionarios fueron imputados por el asesinato.

La víctima recibió un balazo en el cuello durante una protesta en la urbanización Los Parques de Valencia.

Sobre ese crimen, con información del Ministerio Público, El Nacional reportó el 11 de abril: -El Ministerio Público comisionó a los fiscales 34° nacional y 28° del estado Carabobo, Ramón Diamont y José Antonio López, respectivamente, para investigar la muerte de Daniel Alejandro Queliz Araca (20) ocurrida el pasado lunes 10 de abril en la parroquia Miguel Peña de Valencia.

Los fiscales coordinan las actuaciones que realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Según información preliminar, Queliz se encontraba en una manifestación frente al conjunto residencial Los Parques, lugar al cual se presentaron funcionarios de la policía del estado Carabobo.

Durante la situación, el joven resultó herido en el cuello por un impacto de bala.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde ingresó sin signos vitales.

Al asesinato anterior siguieron los de Miguel Ángel Colmenares Milano, de 36 años, y el del niño de 14 años Brayan David Principal Giménez, hechos ocurridos en Barquisimeto el 11 de abril.

Colmenares Milano, comerciante de filtros para vehículos, fue impactado por un proyectil de arma de fuego mientras se encontraba presenciando una protesta en la urbanización Ali Primera de la parroquia El Cují, en Barquisimeto, que le causó hemorragia interna y ruptura vascular visceral. Los disparos se efectuaron desde un vehículo en marcha, presuntamente por civiles armados. Por este hecho el Ministerio Público logró identificar a los autores; Yohan Zapata fue detenido, según los registros de Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sobre ese nuevo asesinato de la narcodictadura el diario El Impulso reportó el 12 de abril: -La muerte de Miguel Ángel Colmenares la noche de este martes fue confirmada a través de sus familiares. 11 disparos recibió el joven en las inmediaciones de la calle 59 con carreras 14B al oeste de Barquisimeto, donde las manifestaciones fueron atacadas por presuntos colectivos afectos al gobierno.

Junto con el occiso se encontraba Giovanni Arismendi Durán quien fue recluido con múltiples perdigonazos en un centro hospitalario al oeste de la ciudad.

Edgar Sira, primo del hoy occiso confirmó vía telefónica que a las 10 de la noche les fue avisado a sus familiares el asesinato del joven. Sira indicó que los padres del joven insistieron en que no saliera de la casa y por curiosidad Miguel Ángel salió a una cuadra de su vivienda en donde fue asesinado presuntamente por colectivos afectos al oficialismo.

El joven fue trasladado al Ambulatorio de El Obelisco sin embargo no pudieron hacer nada para salvar su vida.

Sobre el asesinato del niño Brayan David El Correo del Orinoco publicó la siguiente ficha: -Nombre: Brayan David Principal Giménez Edad: 14 Profesión/Oficio: Estudiante Lugar de residencia: Barquisimeto, Estado Lara Fecha de muerte: 11 de abril de 2017 Causa de la muerte: El adolescente salió a comprar café en la urbanización Yucatán en el norte de Barquisimeto, cuando se acercaron colectivos disparando, fue alcanzado por un disparo que lo hirió gravemente y luego falleció.

El 11 de abril a Gruseny Antonio Calderón Scirpatempo, de 32 años, deportista dedicado a la venta de repuestos de vehículos, funcionarios de la Guardia Nacional le disparan con una escopeta a quemarropa cuando transitaba por los alrededores de una manifestación que se desarrollaba en el sector Bellas Artes de Cabudare, Estado Lara, y en vez de ser trasladado al hospital, fue detenido y conducido a un centro de detención, y ya moribundo lo trasladaron al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, donde falleció el 13 de abril.

Según registro de Wikipedia, la enciclopedia libre, para investigar este hecho se comisionó a las fiscalías 85° nacional y 21° del Estado Lara, las cuales solicitaron y le fueron acordadas 14 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios adscritos a la Guardia Nacional, quienes jamás fueron arrestados en virtud de la protección de la que fueron objeto por parte del Comandante General de la Guardia Nacional y del Ministro de Interior de la época, Néstor Reverol.

El crimen fue reseñado por el portal La Patilla en los siguientes términos:

- Falleció una tercera persona tras manifestaciones en Lara. Durante horas de la madrugada de este jueves falleció en el hospital de Barquisimeto, Gruseny Antonio Canelón de 32 años de edad, la tercera víctima mortal de las manifestaciones en Lara hasta el momento.

La información fue difundida a través de su cuenta en Twitter por la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado y reseñada por El Nacional.

Además de María Corina Machado, varios periodistas locales confirmaron el hecho.

El 19 de abril Carlos José Moreno, de 17 años, estudiante de primer semestre de Economía en la Universidad Central de Venezuela, mientras se encontraba en una concentración que se desarrollaba en la Plaza la Estrella, San Bernardino, Caracas, recibió un disparo en la región cefálica cuando un grupo de civiles armados motorizados arrojó bombas lacrimógenas a los presentes y accionaron armas de fuego, hiriendo a Moreno y a un adulto.

El Ministerio Público de la narcodictadura, identificó al tirador como un funcionario de la Policía Municipal de Sucre que se encontraba de civil infiltrado en la manifestación, miembro del Colectivo 5 de marzo con sede en la zona de Cotiza El criminal resultó ser, según registro de TelesurTV, Alexander Linares, para el cual El Ministerio Público de Venezuela ordenó su detención por los delitos de homicidio calificado, lesiones y agavillamiento, ordenando que fuera recluido en la prisión de El Rodeo II. Sin embargo, según esa fuente, el oficial activo de la Policía del Municipio Sucre del Estado Miranda Jonathan Camacho, sería el autor material del asesinato.

Miguel Castillo Bracho, un comunicador social venezolano egresado de la Universidad Santa María, fue asesinado el 10 de mayo de 2017 mientras se encontraba en avenida principal de Las Mercedes, Municipio Baruta, Estado Miranda, y funcionarios de la Guardia Nacional dispararon con esferas metálicas, impactándolo a la altura del intercostal izquierdo.

Su asesinato fue documentado en el reporte de un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, considerando que podía constituir un crimen de lesa humanidad cometidos en Venezuela junto con otros asesinatos durante las protestas, según registra Wikipedia, la enciclopedia libre.

Sobre ese crimen la periodista María Emilia Jorge M,. del portal El Estímulo, escribió:

-Las Mercedes pasó de sitio de fiesta a epicentro del dolor. Una caminata partió desde el Colegio San Ignacio hasta el Centro Venezolano Americano para honrar a Miguel Castillo Bracho, asesinado el 10 de mayo cuando protestaba contra el gobierno de Nicolás Maduro. Es el segundo joven que pierde la vida en el lugar, tras el músico Armando Cañizales. Cinco minutos antes de que Miguel Castillo Bracho fuera asesinado con un proyectil que le impactó en el tórax, se adentró en la línea de fuego para salvar a Simón García de un enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana, que reprimía la protesta opositora que pretendía llegar al Tribunal Supremo de Justicia.

A la fecha, según recordó en su cuenta en Twitter SOS Venezuela, 49 venezolanos habían muerto durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, 39 de los cuales atribuibles a las fuerzas de exterminio de éste.

A los dos de su asesinato el portal Caraota Digital acusó a la Guardia Nacional del crimen, pero no hay justicia.

Como siempre, el entonces ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, acusó a la oposición de la muerte del periodista, la número 50 de caídos en las manifestaciones contra la narcodictadura.

El 19 de abril Paola Andreina Ramírez Gómez, de 23 años, estudiante de la Universidad Católica de San Cristóbal, se encontraba en las inmediaciones de la Plaza Las Palomas del barrio San Carlos, cuando fue interceptada por varios civiles armados en motocicletas que patrullaban la zona en virtud de las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en la zona. Los sujetos trataron de despojarla de sus pertenencias, y al salir corriendo fue impactada por un proyectil que le perforó los pulmones, registra Wikipedia, la enciclopedia libre.

El entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó en su cuenta en Twitter la detención del presunto asesino, Iván Alexis Pernía Pérez.

El 20 de abril, la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por los cuerpos de exterminio de la narcodictadura, cobraron la vida de Albert Alejandro Rodríguez Aponte, de 16 años, estudiante de bachillerato del Liceo José Avalos, de El Valle, Caracas.

Padecía de patologías cardiacas y mientras se encontraba en la calle San Andrés de El Valle salió de su casa junto a su tío, pero al llegar a la planta baja del edificio inhaló gas lacrimógeno, producto de la represión de la Policía Nacional en contra de los habitantes de la zona, que le produjeron complicaciones respiratorias y le causaron un infarto. Fue trasladado inmediatamente hasta el Hospital Materno Infantil en El Valle, donde falleció.

Ese mismo en dicha parroquia caraqueña perdieron también la vida Francisco Javier González Núñez, de 34 años, al recibir un disparo cuando se encontraba en una manifestación en la calle Cajigal y Kelvin Steeven León, de 19 años, quien recibió un balazo que le ocasionó fractura de cráneo.

A la fecha, el martes 25 de abril, en rueda de prensa, la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que el Ministerio Público ha contabilizado 26 muertos: cuatro adolescentes y 22 adultos. Otros seis fallecidos no habrían sido reconocidos por las autoridades, según Runrun.es, lo que aumentaría la cifra a 32.

El portal explicó: -Disparos en la cabeza, en el cuello y en el tórax han sido las constantes durante las últimas tres semanas de protesta. Ocho personas murieron producto de una descarga eléctrica, un adolescente producto de asfixia, una señora producto de un golpe en la cabeza y un joven de un perdigonazo a quemarropa.

El 24 de abril Renzo Rodríguez Rodas, de 54 años, se encontraba en una farmacia de la avenida Intercomunal de Barinitas, Estado Barinas, comprando un medicamento para su esposa, cuando pasó una manifestación por el lugar y recibió un impacto de bala en la región pectoral izquierda.

Según registra Wikipedia, la enciclopedia libre, La investigación del Ministerio Público identificó como autores a miembros de un grupo de civiles armados que disparaban en contra de los manifestantes. Por el caso se solicitaron ocho órdenes de aprehensión y actualmente se encuentran detenidas tres personas.

El 30 de mayo del mismo año la Redacción Web del diario El Carabobeño reportó: -El Ministerio Público (MP) imputará en las próximas horas a Gabriel Antonio Rojas Moreno (24), por su presunta responsabilidad en la muerte de Renzo Jesús Rodríguez Roda (54), hecho ocurrido el pasado 24 de abril durante una manifestación en la población de Barinitas, Municipio Bolívar del Estado Barinas.

La fiscal 1ª de la referida jurisdicción Obdulia Díaz, imputará al hombre por incurrir en delitos previstos en la legislación venezolana.

La fuente agregó: -De acuerdo con la investigación preliminar, en horas de la noche de ese día la víctima se encontraba en las adyacencias del barrio Unión de la citada localidad, donde se desarrollaba una manifestación, cuando recibió un disparo de arma de fuego en la espalda.

De inmediato, Rodríguez Roda fue llevado al Hospital Nuestra Señora del Carmen, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso.

Rojas Moreno fue detenido el pasado 29 de mayo en Barinitas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), tras una orden de aprehensión solicitada por la fiscal y acordada por el Tribunal 4º de Control de esa jurisdicción.

El 24 de abril Jesús Leonardo Sulbarán , de 41 años, recibió varios disparos mientras se encontraba en la avenida Las Américas, con viaducto Campo Elías, de Mérida, y un grupo de civiles armados efectuaban disparos en contra de una manifestación que se llevaba a cabo en la zona.

Sobre ese crimen Leonardo León, corresponsal de El Nacional en Mérida, indicó que durante el “Gran Plantón” llevado a cabo en la entidad, un grupo de motorizados

disparó contra la manifestación que se llevó a cabo frente al centro comercial Yuan Lin aproximadamente a las 5:00 pm.

-Minutos después, -explicó- los motorizados ingresaron a las residencias de la zona, específicamente a las Residencias Viaducto donde quemaron dos vehículos. Saab aseguró que sujetos dispararon desde dichas residencias contra los motorizados, ocasionando la muerte de Sulbarán y la herida de Márquez.

Una versión del entonces defensor del pueblo de la narcodictadura, Tarek William Saab, aseguró que desde las residencias Viaducto dispararon contra los manifestantes, lo cual fue negado por los vecinos.

El 31 de octubre del mismo año el Ministerio Público acusó a Erickvaldo José Moreno Márquez de ser el autor del crimen.

El 25 de abril Orlando Johan Jhosep Medina Aguilar, de 22 años, bedel del Liceo Seferino Castillo, de El Tocuyo, Estado Lara. Recibió un disparo que le ocasionó traumatismo craneoencefálico mientras se encontraba en una manifestación en la avenida Lisandro Alvarado. El Ministerio Público identificó a los autores, a quienes se les solicitó una orden de aprehensión, según registro de Wikipedia, la enciclopedia libre.

El día anterior, en el callejón Rómulo Gallegos del barrio Francisco de Miranda, en Valencia, Christian Humberto Ochoa Soriano, de 22 años, estudiante de electricidad recibió un disparo en el abdomen cuando un grupo de funcionarios de la policía estatal irrumpieron disparando indiscriminadamente donde se producía una protesta. El Ministerio Público identificó a los autores e imputó a un efectivo policial.

Sobre ese nuevo crimen de los cuerpos represivos de la narcodictadura, la periodista Tibisay Romero, del portal El Estímulo, escribió el 4 de mayo del mismo año: -Los padres del joven Christian Humberto Ochoa Soriano, quien fue herido mortalmente por PoliCarabobo cuando llegaba a su casa en el sector Francisco de Miranda al sur de Valencia, acudieron este jueves 4 de mayo a la Fiscalía de Carabobo para exigir que se haga justicia por este hecho.

Romero añadió: -Zuleima Soriano, madre del joven asesinado, dijo entre sollozos que desconocían cuántos policías habían actuado en el ataque que recibió su hijo el pasado 24 de abril y que tampoco sabían –en horas de la mañana- si fueron presentados ante los tribunales….

Por su parte, Eliécer Jiménez, abogado y representante de la Organización No Gubernamental Defensa y Justicia Carabobo, indicó que asistieron al Ministerio Público para exigir que se haga justicia por la muerte de Ochoa.

Aseguró que el muchacho murió “debido a la represión brutal, salvaje, violadora de absolutamente todos los derechos humanos que se generó ese día en ese sector”.

Dijo que solicitaron a la Fiscalía de Derechos Fundamentales que se les informe sobre el estado de la investigación, porque después de este hecho el Ministerio Público no se ha comunicado con los familiares de Christian Ochoa.

El 26 de abril la periodista Darsy Alvarado, de El Carabobeño, con información del diario La Nación, reportó: Un adolescente de 16 años de edad y de quien se asegura que era un observador casual de una protesta en la vía a Capacho-Libertad, en el sector Llanitos, fue presuntamente asesinado de dos balazos, cuando personas aún no precisadas le dispararon a la concentración de personas en horas de la noche de lunes, reseña el diario La Nación.

Alvarado añadió: -Como Jackson Enrique Hernández Hernández fue identificado el joven quien murió casi de manera instantánea. Las heridas le afectaron órganos vitales.

Las versiones conocidas por los medios de comunicación refieren que desde tempranas horas del día lunes, un grupo de personas decidió sumarse a la jornada de protesta contra el Gobierno nacional, lo que llevó a un nutrido número de jóvenes a quemar cauchos e instalar barricadas para impedir el tráfico de vehículos por la zona.

La reseña del diario explica que tras casi 12 horas del inicio de la manifestación y de la quema de un vehículo, buena parte de quienes se hallaban en el sitio optaron por retirarse hacia sus hogares, momento en que el joven casualmente transitaba por la zona hacia su residencia en Táriba, cuando desde un vehículo efectuaron numerosos disparos contra la multitud.

Desafortunadamente, en ese preciso instante, Jackson Enrique recibió dos balazos, uno de ellos en el pecho y otro en la región torácica, que causaron que la víctima se desplomara al piso.

Luego apuntó: -El ataque armado fue repelido por la turba, quienes lanzaron rocas y objetos contundentes contra los atacantes, que al verse acorralados, huyeron velozmente del lugar.

A causa de las heridas mortales, el joven murió prácticamente de manera instantánea, por lo que personas que observaron el cadáver tendido en el piso lo cubrieron con una manta.

El asesinato del adolescente se había producido el día anterior.

El 26 de abril se produjo el asesinato de Juan Pablo Pernalete, de 20 años. Era estudiante del segundo semestre de Contaduría Pública de la Universidad

Metropolitana, pertenecía al equipo de baloncesto de esa universidad y tenía una beca por excelencia deportiva.

Un efectivo de la Guardia Nacional –registra Wikipedia, la enciclopedia libre- le dispara con un cartucho de bomba lacrimógena al tórax que le produjo un shock cardiogénico mientras se encontraba en una manifestación en Altamira. Es trasladado de inmediato a un centro asistencial del municipio Chacao, donde ingresa sin signos vitales.

-Esta versión, aunque desmentida por voceros de la narcodictadura, fue ratificada por la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

En una reseña del 24 de mayo de ese año Univisión escribió: -La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ratificó que el impacto de esta arma causó la muerte del joven protestante.

Además, Ortega mostró preocupación por la situación que atraviesa su país ante las denuncias de violaciones de derechos humanos.

El 26 de abril de 2019, al cumplirse dos años de su asesinato la periodista Claudia Smolansky, de Crónica. Uno, reportó: -163 venezolanos perdieron la vida en contexto de manifestación entre el 1° de abril y 31 de julio de 2017 por el uso abusivo de la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado. La mayoría de los responsables se mantienen impunes.

Caracas. En las canchas de básquet, parques, iglesias y en las calles, recuerdan este 26 de abril a Juan Pablo Pernalete, quien hace dos años se sumó a una jornada de protestas en rechazo a la sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las que se desconocía a la Asamblea Nacional (AN) y se habilitaba al Ejecutivo a legislar.

Y explicó: --Juan Pablo Pernalete fue el 34° venezolano que murió en contexto de una manifestación. Sin embargo, fue el primero que algunas autoridades del Estado reconocieron. A un mes del hecho, el 24 de mayo, la fiscal general para ese entonces, ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz, declaró que el joven de 21 años falleció tras el impacto de una bomba lacrimógena disparada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El Ministerio Público presentó como evidencia un análisis de mil horas de video de más de 20 cámaras diferentes, cinco testigos presenciales y uno referencial, la autopsia, tres inspecciones técnicas en el sitio del suceso, seis levantamientos planimétricos, dos análisis químicos, 38 reconocimientos técnicos sobre evidencias físicas, dos análisis toxicológicos, dos hematológicos, uno de ADN, uno histológico, así como estudios radiológicos, antropométricos, entre otros.

Igualmente señaló que el entonces alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, calificó a la fiscal de “traidora” y expresó que la “derecha” asesinó al estudiante.

-De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), indicó- 163 venezolanos murieron entre el 1° de abril y 31 de julio de 2017. Además, el caso de Pernalete junto con los otros fue documentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), institución que aseveró que se trataba de crímenes de lesa humanidad.

Juan Pablo Pernalete estudiaba Contabilidad en la Universidad Metropolitana, donde consiguió una beca para jugar básquetbol. El joven le enseñaba este deporte a niños de distintos colegios cerca de su comunidad. Por eso, realizarán una Copa «Juan Pablo Pernalete» en el Colegio María Santísima, este viernes 26, sábado 27 y domingo

28 de mayo. En la avenida intercomunal del Valle-Coche también lo recordarán, así como en la iglesia Nuestra Señora del Rosario en La California.

Sobre ese crimen, el de septiembre de 2017, con información de EFE, El Nacional reportó: -Tarek William Saab, fiscal general designado de forma inconstitucional por la fraudulenta asamblea nacional constituyente, reveló hoy que reabrirá el caso de Juan Pablo Pernalete, uno de los más emblemáticos de las protestas antigubernamentales, asesinado supuestamente por un funcionario que disparó a quemarropa un proyectil de la La Fiscalía dirigida por Saab mantiene en la impunidad el asesinato de Juan Pablo Pernalete.

El 30 de abril de 2018 el portal Suprema Injusticia reportó: -Silencio absoluto. Esta es la respuesta que los familiares del estudiante universitario Juan Pablo Pernalete han recibido del Ministerio Público dirigido por Tarek William Saab. Ni siquiera la conmemoración, el pasado 26 de abril, del primer aniversario de su trágica muerte sirvió para obtener alguna respuesta del Fiscal General designado por la cuestionada Constituyente sobre el estado del caso.

Y agregó: -Desde que el pasado 7 de septiembre el funcionario anunciara la reapertura de la investigación por supuestas irregularidades cometidas durante la gestión de su antecesora Luisa Ortega Díaz, nunca más se ha vuelto a referir a este asunto en sus múltiples comparecencias ante los medios y su despacho tampoco ha informado sobre el avance de esas nuevas averiguaciones sobre las circunstancias en la que fue asesinado el estudiante de la Universidad Metropolitana de Caracas mientras participaba en una manifestación en las cercanías de la plaza Altamira de Caracas.

“Aquí descubrimos que el laboratorio criminalístico de la Fiscalía se usó para alterar pruebas, eso es grave, estamos en etapa de investigación, pero es sumamente grave”, afirmó en una entrevista a la agencia española de noticias Efe. Con estas palabras Saab pretendió contradecir a Ortega Díaz, quien el 24 de mayo de 2017, casi al mes de la muerte del joven, echó por tierra la primera versión dada por las autoridades en relación a que el estudiante habría muerto porque alguien le disparó una pistola de perno en el pecho. “Él fue impactado por un objeto como éste. Esto lo impacta: esto es una bomba lacrimógena”, soltó la ahora Fiscal General en el exilio en una rueda de prensa, mientras sostenía en su mano uno de los dispositivos empleados por las fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones.

Seguidamente la funcionaria responsabilizó a la Guardia Nacional de lo ocurrido.

“Sabemos de dónde salió, del grupo que salió este objeto, lo que todavía no hemos [logrado es] individualizar a la persona”, declaró.

Después precisó: -Directivos de la anterior gestión de la Fiscalía aseguraron que hasta el momento en que la Constituyente los removió de sus cargos, se estaban acercando al autor del crimen.

“Nosotros identificamos entre 22 y 24 funcionarios que ese día actuaron, gracias a los videos y a la información del pelotón. De ese grupo, doce iban en motos. Es decir, seis iban manejando y seis iban en la parte de atrás. Nosotros identificamos el tipo de bomba que le pegó al joven. Unas tienen el cartucho metálico y otras son de plástico

(trifásicas). Aquellos que tenían esta última los sacamos, porque esa no fue la responsable de la muerte del joven y así fuimos reduciendo el grupo, pero nos faltó que la Guardia Nacional nos diera los nombres de los que quedaron para interrogarlos y los reportes de cada sospechoso para saber con cuántas bombas salió cada uno y con cuántas volvieron”, relató el colaborador de Ortega Díaz.

El equipo de investigación que originalmente tuvo el caso Pernalete analizó la versión del Gobierno de la pistola de perno, pero llegó a la conclusión de que no tenía sustento. “Buscamos una pistola de perno y la disparamos sobre una piel de cerdo para ver si dejaba una marca como la que tenía Pernalete en el pecho y vimos que no era así. Eso se le llevó al Ministerio del Interior (Néstor Reverol Torres)”, relató el confidente, quien agregó que además realizaron pruebas en el polígono de tiro de la Guardia Nacional y constataron que si este tipo de dispositivos se disparan a 30 metros de distancia pueden ser mortales, pese a lo sostenido por los altos mandos del componente militar.

No obstante estos resultados, la actual directiva del Ministerio Público llamó a los expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales, el equipo que investiga los crímenes cometidos por policías y militares para que cambiaran sus informes sobre este caso. “Por eso ya no queda casi nadie en la Fiscalía de los que tuvieron el caso, porque renunciaron ante las presiones”, aseguraron fuentes del organismo.

Sin embargo, “Desde el equipo de Ortega Díaz se muestran seguros de su hipótesis, pues además de los resultados de las distintas experticias practicadas al cadáver de Pernalete y a su vestimenta, tienen el testimonio de testigos presenciales y además un video en el que se ve el momento en que la bomba lacrimógena le pegó al estudiante, quien tenía una beca para estudiar en la Unimet gracias a sus estudios y sus dotes atléticas”.

Luego reveló que ese video fue presentado a la Corte Penal Internacional como parte de las pruebas de la querella contra Nicolás Maduro y cuatro ministros. Indicó además que Pernalete fue uno de los 131 venezolanos que el año pasado perdieron su vida a consecuencia de la represión a la ola de protestas que sacudieron al país a raíz de que el TSJ emitiera dos sentencias (155 y 156) en las que se arrogaba las facultades que constitucionalmente le corresponde al Parlamento.

-Los restantes 130 casos –afirmó- no han corrido con mejor suerte, pues hasta ahora los tribunales no han emitido sentencias castigando a los responsables de sus muertes.

El 26 de abril de 2021 el periodista José Luis Carrillo, de TalCual, escribió:

-A cuatro años del asesinato de su hijo por parte de la acción represiva de la Guardia Nacional, José Gregorio y Elvira Pernalete denuncian que el manejo del caso por parte del Ministerio Público ha sido una burla y que aparentemente no se busca determinar quién fue el efectivo que disparó la bomba lacrimógena que impactó al joven de 20 años en el pecho ocasionándole la muerte.

Y agregó: -Los padres del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro el 26 de abril de 2017, emitieron este lunes un comunicado, al cumplirse cuatro años del hecho, en el que denuncian que el curso de la investigación sobre el suceso se ha convertido en una burla por parte del Ministerio Público, y que no se ve voluntad política para hacer justicia.

José Gregorio y Elvira Penalete, recordaron que el caso de Juan Pablo ha tenido 15 fiscales en estos cuatro años, y rechazaron la actuación de la Fiscal 62° nacional, Leddysalha Guillén, quien imputó a nueve guardias nacionales del delito de homicidio preterintencional (más allá del propósito) en grado de responsabilidad correspectiva.

Señalaron que a Juan Pablo Pernalete, quien según dio a conocer la entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, lo mató el impacto de una bomba lacrimógena, la cual fue disparada por una persona, un guardia nacional, a menos de 30 metros de distancia, por lo que el objetivo debe ser determinar al guardia nacional que ejerció la acción.

[Juan Pablo Pernalete fue víctima de los Planes Guaicaipuro y Zamora]

A continuación el periodista de TalCual apuntó: En el documento, los padres de Juan Pablo Pernalete recordaron que ese fatídico 26 de abril su hijo salió a ejercer sus legítimos derechos a reunirse y a la protesta pacífica, que lo hizo, como muchos otros en ese tiempo ante la escasez de alimentos y medicinas que sufría el país y que fue víctima de la política represiva por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

«Nuestro hijo no murió como consecuencia de una acción aislada que un funcionario de la Guardia Nacional haya ejecutado. Nuestro hijo fue víctima del Plan Guaicaipuro y del Plan Zamora, este último, activado directamente por Nicolás Maduro el 18 de abril de 2017», dicen los Pernalete en el comunicado.

[Madre de Juan Pablo Pernalete: Ministerio Público tiene paralizado el caso de mi hijo]

Añaden que su hijo fue víctima «del uso sistemático y generalizado de la fuerza de manera excesiva y no diferenciada en el control del orden público, como herramienta para ejecutar la política de ‘silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno´ de Maduro’, que atentó contra personas que, ‘a través de diversos medios, demostraron su desacuerdo con el Gobierno o fueron percibidas como contrarias a él’,

tal como lo estableció la Misión Internacional Independiente de la

Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas».

A continuación el comunicado completo: A cuatro años del asesinato de Juan Pablo Pernalete 26 DE ABRIL DEL 2021 Nosotros, José Gregorio y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete Llovera, recordamos con amor a nuestro hijo, quien fue asesinado el 26 de abril del 2017 en Altamira, Caracas-Venezuela, cuando un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana le disparó una bomba lacrimógena directamente a su pecho, a una distancia menor de 30 metros, lo que le produjo la muerte por shock cardiogénico y traumatismo cerrado de tórax.

Juan Pablo era un joven soñador, atleta de alta competencia, inteligente, hijo y hermano amoroso, buen amigo, compañero y ser humano, que creía en los derechos de todas las personas. Además, se dedicaba a rescatar animales, a los cuales amaba profundamente.

Ese fatídico 26 de abril, salió como otros días, a luchar por sus ideales y por un mejor país en el que él, su hermana Gaby y nosotros pudiéramos vivir sin miedo a la inseguridad y con acceso a los medicamentos y alimentos que garantizaran nuestras vidas. Nuestro hijo estaba ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión, de reunión y manifestación, todos reconocidos en pactos y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y en nuestra Constitución y por ello, el Estado lo privó de su vida.

Nuestro hijo no murió como consecuencia de una acción aislada que un funcionario de la Guardia Nacional haya ejecutado. Nuestro hijo fue víctima del Plan Guaicaipuro y del Plan Zamora, este último, activado directamente por Nicolás Maduro el 18 de abril de 2017.

Fue víctima del uso sistemático y generalizado de la fuerza de manera excesiva y no diferenciada en el control del orden público, como herramienta para ejecutar la política de “silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno del Presidente Maduro”, que atentó contra personas que, “a través de diversos medios, demostraron su desacuerdo con el Gobierno o fueron percibidas como contrarias a él”, tal como lo estableció la Misión Internacional Independiente de la Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas.

Han sido cuatro años muy duros. Nos hemos enfrentado a un Estado que desde el inicio no solo pretendió ocultar la verdad sino que no satisfecho con la muerte física de Juan Pablo, también buscó su asesinato moral, inventando historias contra él y algunos de sus compañeros de lucha.

No han respetado nuestro dolor, ni nuestra condición de víctimas, pues nos han sometido a expectativas de justicia como la que tuvimos tras las declaraciones de Luisa Ortega Díaz el 24 de mayo de 2017, en la que dejaba claro que el resultado técnico de la investigación adelantada por el Ministerio Público era que nuestro hijo había sido asesinado por un guardia y que en pocos días nos indicarían quién había sido el responsable.

Hoy, 4 años después, seguimos esperando que sean juzgados y condenados, no sólo quien accionó la carabina Narinco Narg 38 con la que dispararon la bomba lacrimógena NF01 38MM que mató a Juan Pablo, sino también a quienes idearon y

ordenaron la ejecución de las políticas antes señaladas, es decir, el autor material y los máximos responsables en la cadena de mando.

Hemos tenido quince fiscales encargados de la causa, algunos con más o menos interés, donde incluso una de estas funcionarias públicas se refirió, peyorativamente, a nuestro hijo como “guarimbero”. Ninguno ha buscado hacer justicia.

Nuestra revictimización es evidente. Recientemente, el Fiscal 62°, actuando con la anuencia, según su propio dicho, de quien dirige la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y de Tareck William Saab, imputó a nueve Guardias Nacionales por el delito de homicidio preterintencional en grado de responsabilidad correspectiva.

Para él, es un gran logro obtenido por su dedicación al caso, para nosotros, lejos de ser un avance, constituye o bien una burla con la que pretenden engañar al mundo o el resultado de una negligente investigación.

A Juan Pablo le dispararon de manera directa al pecho. Ello se desprende de los múltiples elementos que cursan en el expediente: el dicho de testigos; videos recogidos; la herida de impacto en su pecho así como de diversas experticias, de las cuales también se evidencia que la distancia no era mayor a 30 metros, lo que permitió que la bomba lacrimógena actuara como un proyectil, sin bascular, tal y como nos lo han asegurado numerosos expertos.

Adicionalmente, es importante destacar que el manual de uso de dichas bombas expresamente indica que las mismas no pueden ser disparadas de manera directa contra las personas, toda vez que ello puede resultar letal.

De acuerdo a sus características, la carabina usada es como una escopeta que posee una mira que permite apuntar. Es decir, el Guardia Nacional sabía que no debía disparar en la forma en que lo hizo porque podía causar la muerte y aún así, apuntó y disparó al pecho de Juan Pablo, la zona más amplia del cuerpo humano y también letal por la ubicación del corazón, por lo que no tenemos ninguna duda de que el oficial actuó de manera intencional para causarle la muerte.

Por otro lado, la calificación del Ministerio Público nos genera una preocupación adicional: ¿No seguirá realizando experticias que permitan individualizar al guardia que disparó? Porque al hablar de complicidad correspectiva, pretendiendo utilizar esa calificación de manera incorrecta ya que a Juan Pablo no lo mató un tumulto, lo mató un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana siguiendo lo establecido en los ya nombrados planes, parece que el Ministerio Público sugiere que no lo puede individualizar por lo que imputa a varios de ellos sin saber quién es el verdadero responsable.

Hemos solicitado la práctica de diversas diligencias con la idea de lograr dicha individualización pero se ha hecho caso omiso a nuestros pedimentos. En paralelo, siguen sin imputar siquiera a la cadena de mando inmediata, por lo que insisten en viciar la justicia de todas las formas posibles.

La privación arbitraria de la vida de Juan Pablo fue reconocida por la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos de Naciones Unidas y ha sido expuesta por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Calificar jurídicamente los hechos, de la manera en que pretenden hacerlo, manda un mensaje claro de que los abusos, la represión y la muerte pueden continuar sin consecuencias reales y efectivas.

Señores del Estado, cesen en su actuación por ocultar la verdad. Cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, investiguen, juzguen y condenen a los responsables por los hechos que cometieron y no por hechos que ustedes han ideado para decir que se sigue un proceso penal cuando en realidad están procurando garantizar la impunidad.

Tal vez, la justicia en el orden interno se nos ha hecho esquiva pero confiamos en las instancias internacionales. Hemos ido, e iremos, a todos aquellos espacios que nos puedan ayudar a evidenciar la verdad y a responsabilizar al Estado por las violaciones de derechos humanos de las que hemos sido víctimas. Todos los que han violado nuestros derechos humanos son responsables por ello y la justicia los perseguirá siempre y en cualquier lugar, porque los delitos asociados a estas violaciones y a los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y en ese sentido, la responsabilidad es individual.

Han sido cuatro años muy duros pero aquí seguimos firmes, guiados por el ejemplo de nuestro hijo, luchando por su justicia y la de otras tantas personas que han sido víctimas de violación a sus derechos humanos. Creemos en Dios y en la fuerza, que junto a nuestros ángeles, nos dan para seguir adelante a pesar de las intimidaciones de las que hemos sido víctimas. Seguiremos hasta alcanzar la justicia porque nuestro hijo nos enseñó que unas veces se gana y otras se pierde pero hoy, nosotros no estamos dispuestos a perder.

Te amamos Juan Pablo.

El 1 de mayo de 2021 el fiscal general de la narcodictadura, Tarek William Saab, admitió que Juan Pablo Pernalete años murió por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho.

Así lo informó el periodista José Luis Carrillo, de TalCual, quien agregó: -El Fiscal General designado por la asamblea constituyente que convocó Nicolás Maduro y no el pueblo, Tarek William Saab, dio un giro al discurso del Ejecutivo nacional en relación al caso del joven Juan Pablo Pernalete, asesinado en abril de 2017 en medio de las protestas contra el gobierno.

Este sábado 1° de mayo y al referirse al caso, Saab aseguró que el joven de 20 años falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho.

Añadió que el Ministerio Público imputó a 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.

En el siguiente segmento TalCual indicó: -Cabe recordar que el discurso del gobierno de Nicolás Maduro con respecto al caso de Pernalete, y explicado por el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas Poljack, fue que el joven murió por el impacto de una pistola de perno que otras personas que se encontraban en la manifestación y cerca del muchacho habrían accionado contra éste.

Después apuntó: -La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, había denunciado previamente, que según las investigaciones preliminares, Pernalete había muerto por el impacto en su pecho de una bomba lacrimógena disparada por las fuerzas represivas del Estado durante la manifestación.

Efectivamente, luego de más de dos años después, y tras una ardua labor de denuncia por parte de los padres del joven, acompañados por organizaciones de DDHH, el ministerio Público imputó a 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad.

Y en otro párrafo señaló: -Hasta ahora el Fiscal no había admitido abiertamente que la versión de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz (quien fue designada en su cargo por la Asamblea Nacional -Parlamento- según lo establece la Constitución) era la que estaba apegada a la realidad.

En la misma fecha, bajo el título “El día que Ernesto Villegas le mintió a Venezuela sobre el asesinato de Juan Pernalete”, La Patilla reseñó: -En el año 2017, protagonizado por las fuertes protestas contra el régimen chavista, diversos funcionarios adscritos al Palacio de Miraflores emitieron polémicas declaraciones que este sábado 1 de mayo quedaron al descubierto tras el desmentido de Tarek William Saab sobre los asesinatos de Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y, sobre todo, el joven Juan Pernalete.

La Patilla agregó: -Uno de los voceros chavistas en el ojo del huracán es Ernesto Villegas, quien durante su etapa de ministro de Comunicación aludió a la tesis de una pistola casera para no involucrar a la Guardia Nacional Bolivariana en la muerte de Pernalete.

En sus declaraciones ante la televisora estatal, Villegas comentó que las investigaciones indicaban que una pistola de perno cautivo haya podido ser el arma que causó el impacto en el pecho del joven Pernalete, causándole la muerte”.

Pero no se quedó ahí, Villegas dijo que “es llamativo que el momento en que el joven Pernalete es supuestamente auxiliado, venía él caminando por sus pies, se escucha una voz preguntándole ‘¿le dieron?’, y hay otra voz que dice ‘no’, pero en ese preciso instante el joven se desvanece.

Según el exministro de Comunicación, todavía ligado al régimen de Maduro, la versión de que una bomba lacrimógena causó la muerte de Pernalete, hoy corroborada abruptamente por Saab, era “alegre y ligera”. Además, condenó a la prensa nacional e internacional por respaldar tales sospechas.

El 2 de mayo de 2021 la periodista Olgalinda Pimentel, de Crónica. Uno, reportó: -Los padres de Juan Pablo Pernalete, ONG de derechos humanos, dirigentes sociales y políticos reaccionaron contra los señalamientos del fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, sobre homicidios cometidos por funcionarios. Y coinciden en que ha mentido y busca “salvar” la cadena de mando.

Caracas. Si Tarek William Saab deseaba cambiar la percepción de que en Venezuela no se ha hecho justicia en los homicidios del estudiante Juan Pablo Pernalete y el dirigente de PJ Fernando Albán, no lo logró.

Al menos, los padres de Pernalete así lo expresaron ante las declaraciones de Saab de este sábado.

Luego puntualizó: -Hubo un cambio en la versión de la fiscalía, un cambio de Tarek William Saab.

Con este pretende garantizar la impunidad de la cadena de mando. Habla de complicidad correspectiva como si a nuestro hijo lo hubiese asesinado un tumulto en un hecho aislado”, expresó Elvira Pernalete, madre del joven asesinado, en video por Twitter. “La verdad es que fue víctima de la acción sistemática del régimen de atentar contra la población civil en el marco de la criminalización de la protesta”.

El fiscal designado por la ANC indicó que el joven murió como consecuencia de una bomba lacrimógena en el pecho. Y 12 funcionarios fueron imputados por homicidio preterintencional en grado de complicidad. El hecho ocurrió el 26 de abril durante una protesta, en Altamira, una de las decenas que marcaron seis meses de 2017.

También la abogada Delsa Solórzano, diputada de la AN de 2015, señaló por Twitter: “Buscan exculparse unos y señalar a otros en busca de impunidad”. La apoderada de la familia Pernalete ante instancias internacionales instó a la CPI a que continúe las investigaciones y abrir la etapa procesal que “conlleve a enjuiciar a los responsables”.

El 27 de abril Eyker Daniel Rojas Gil, de 20 años, fue asesinado al recibir un disparo en la región temporal izquierda mientras se encontraba en una manifestación en la vía pública de la parroquia Concepción de Barquisimeto, y se presentaron efectivos de la Guardia Nacional disparando en contra de los manifestantes desarmados.

Ese quinto crimen de manifestante en Lara fue reseñado así por la periodista Karina Peraza Rodríguez, de El Impulso: -Un proyectil de fusil le causa la muerte a la quinta víctima durante manifestaciones en Lara Eyker Daniel Rojas Gil (20), fue asesinado a las 9 de la noche de este miércoles en la carrera 15 con calle 61, zona oeste de Barquisimeto. Por su muerte testigos del hecho y familiares responsabilizan a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Luego apuntó: -Según relataron los familiares de Rojas Gil, este miércoles se encontraba en su casa ubicada en la calle 61 con carrera 13 y a pesar de que sus hermanos le dijeron que no saliera porque la situación estaba violenta y por la zona rondaban los colectivos, este no hizo caso, fue catalogado como un muchacho terco y salió con otro hermano de 19 años para la calle.

Al final precisó: -Residentes de la zona y testigos del hecho que se acercaron al lugar, entre ellos algunos de los jovencitos que se encontraban la noche del miércoles, comentaron que ellos estaban manifestando, algunos encapuchados, veían como los Guardias Nacionales se acercaban en modo intimidante. Fue lanzada una bomba lacrimógena, por ello detonaron algunos cohetes hacia los militares y posteriormente comenzó un enfrentamiento donde además de perdigones salieron a relucir armas largas en manos de los castrenses, específicamente fusiles Kalashnikov, que según los allí presentes, fueron disparados en contra de los manifestantes.

Uno de estos proyectiles fue a dar en el pómulo izquierdo de Rojas Gil, derribándolo inmediato y causándole una herida de gran dimensión.

El 2 mayo fueron asesinados durante protestas por las fuerzas represivas de la narcodictadura y colectivos en el Estado Carabobo Yonathan Eduardo Quintero Arenas, de 21 años; y Jesús Armando Alonso Valera , de 15 años, todos con armas de fuego; y en el Estado Miranda, Carlos Eduardo Aranguren Salcedo , de 30 años, con arma de fuego, y por arrollamiento, Ángel Enrique Moreira González, de 28 años. Era miembro de la Selección Nacional de Natación, y se encontraba en una

protesta trancando la autopista Prados del Este en el Municipio Baruta cuando el conductor de un vehículo que intentaba pasar la barricada de personas aceleró para arrollar a los manifestantes, logrando alcanzarlo.

El 3 de mayo perdieron la vida en el Estado Carabobo Daniel Gamboa, de 40 años, al recibir un golpe con objeto contundente y Jesús Asdrúbal, Sarmiento, de 26 años, por arma de fuego.

En la misma entidad, el siguiente día, un arma de fuego le arrebató la vida a Luis Eloy Pacheco, de 22 años.

También en Carabobo, el 5 de mayo, fue asesinado con arma de fuego Hecder Vladimir Lugo Pérez, de 20 años, estudiante. Ese trágico día se encontraba en una manifestación en la avenida Don Julio Centeno, adyacente al conjunto residencial Los Tulipanes, en San Diego, cuando un grupo de funcionarios policiales dispararon en contra de los manifestantes. Recibió un disparo en la región frontal derecha con salida parietal izquierda.

En esa misma fecha El Nacional, entre otros, reportó la muerte de Miguel Medina, de 20 años.

-Después de nueves días hospitalizado, -recordó- Miguel Medina, de 20 años, falleció víctima de un impacto de bala en el marco de las protestas ocurridas en el Estado Zulia.

Medina fue herido el 26 de abril cuando fue a buscar a su hermano, que se encontraba en una protesta en el sector Santa Clara, avenida Circunvalación.

Hasta los momentos no se tiene claro quiénes son los responsables de disparar contra el joven, los vecinos le atribuyen a la policía del Zulia la acción, mientras que otros a grupos civiles armados.

El 30 de agosto, con información de EFE, el portal Pulzo, bajo el título

“Ya van 38 muertos desde inicio de protestas contra dictadura, en Venezuela”

reportó: -En un comunicado, el Ministerio Público señaló que “la víctima resultó herida el pasado lunes 8 de mayo cuando se registraba una manifestación” en el municipio Libertador de la referida jurisdicción y falleció hoy en el Hospital Universitario de Los Andes, en la capital merideña.

Según la información preliminar que ofrece la Fiscalía se indica que durante la manifestación “se originó una situación irregular”, en la cual Anderson Enrique Dugarte, “mototaxista de oficio”, resultó herido en la cabeza “por un arma de fuego”.

Al final del reporte precisó: -Con la muerte de Dugarte se elevan a 38 las muertes durante los últimos 40 días, en los que una ola de protestas, a favor y en contra del Gobierno del dictador Nicolás Maduro, también ha dejado cientos de heridos y detenidos.

La víctima mortal participaba en una manifestación en la calle 26, con Viaducto Campo Elías, cuando un grupo de civiles armados dispararon en contra de los manifestantes, y recibió un disparo en la región temporal derecha.

Sobre ese crimen el portal Analítica reportó el 10 de mayo:

-La mañana de este miércoles murió en el Hospital Universitario de Los Andes Anderson Enrique Dugarte, de 32 años, quien era una de las ocho personas que resultaron heridas el pasado lunes durante la represión y enfrentamientos en una manifestación en el Estado Mérida.

La fuente añadió: -Dugarte, que se desempeñaba como mototaxista, recibió un disparo en la cabeza el 8 de mayo en la calle 26, entre las avenidas 2 y 3 del Municipio Libertador.

Sería la tercera víctima mortal en la entidad y la n° 37 confirmada por el Ministerio Público (MP) desde que comenzaron las protestas el 4 de abril. Falleció siete días después.

Dos víctimas dejaron en el Estado Táchira el 15 de mayo las protestas contra la narcodictadura, Luis José Alviarez Chacón y Diego Armando Hernández Barón, ambas por disparos de armas de fuego provenientes de los cuerpos represivos del régimen.

La primera de las víctimas, de 18 años, era bachiller y jugador de pingpong y fue asesinado mientras se encontraba en una manifestación en la Parroquia Palmira del Municipio Guásimos, por funcionarios de la Policía Nacional que dispararon sus armas de reglamento en contra de los manifestantes, quienes le impactaron nivel del tórax.

Sobre ese crimen el portal El Cooperante reportó: -Caracas, 18 de mayo.- El Tribunal de 7° de Control del Estado Táchira dictó privativa de libertad para los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Wilfredo Casanova y Carla Sayago, por su presunta responsabilidad en la muerte de Luis José Alviarez Chacón (18), ocurrida la tarde del 15 de mayo luego de resultar herido en una manifestación en Palmira, Municipio Guásimos del Estado Táchira.

La fuente añadió: -En este sentido, los fiscales 85 ° nacionales y 20º de esa jurisdicción, José Alexis Martínez y Edward Narváez, respectivamente, imputaron a los funcionarios por los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles y uso indebido de arma orgánica.

La otra víctima, Diego Armando Hernández Barón, de 32 años, era mototaxista y TSU en administración, mención contabilidad y finanzas. El día de su asesinato se encontraba en una manifestación diagonal a la plaza Bolívar, Municipio Capacho Nuevo, cuando recibe un disparo en el tórax. El Ministerio Público identificó como autor al funcionario de la policía estatal Luis Oviedo Ávila, quien disparó en contra de los manifestantes.

Sobre ese crimen el portal El Cooperante reportó:

Las contradicciones «rojitas» sobre asesinato de Diego Hernández en Táchira -

Caracas, 16 de mayo.- Este lunes, la sangre de tres venezolanos enlutaron todo el territorio nacional, luego de recibir certeros impactos de balas que les sesgó la vida en cuestión de minutos.

El despacho añadió: -Diego Hernández, es una de estas víctimas, y como de costumbre, el chavismo ha responsabilizado a la oposición de su deceso. Sin embargo, el Ministerio Público imputó a un funcionario de PoliTáchira.

En horas de la mañana de este martes, la Fiscalía anunció que imputará al funcionario Luis Oviedo, por la muerte de Diego Hernández, ocurrida este lunes en la población de Capacho, al recibir un disparo en el pecho, lo que contrapone la versión de los “rojitos”.

Luego precisó:

-El gobernador José Vielma Mora, fue uno de los que responsabilizó «a la derecha» de la muerte de Hernández, durante unas declaraciones ofrecidas este martes. “Dentro de su maldad, la derecha atacó el Centro de Coordinación Policial de Capacho, lugar falleció Diego Armando Hernández Barón, quien era jefe de los CLAP del Municipio Independencia”.

Freddy Bernal también hizo lo propio y responsabilizó a Voluntad Popular de los hechos.

El 16 de mayo perdieron la vida por participar en manifestaciones contra la narcodictadura Yeison Nathanael Mora Castillo , de 17 años, y Diego Fernando Arellano De Figueredo, de 31 años, asesinados ambos con arma de fuego.

Mora Castillo se encontraba el día anterior en una manifestación en la Parroquia Ciudad Bolivia, Municipio Pedraza, Estado Barinas, cuando recibió un disparo de la Guardia Nacional en la región infra orbital derecha. En el Hospital Luis Razetti, donde fue intervenido quirúrgicamente, no pudieron salvarlo de la muerte.

Sobre ese crimen Crónica. Uno reportó: -Caracas. El Ministerio Público investigará la muerte de un joven de 17 años en Barinas, tras ser herido en una manifestación el 15 de mayo en el sector Ciudad Bolivia, municipio Pedraza de la entidad.

Yeison Nathanael Mora Castillo falleció en el hospital Luis Razzetti en la madrugada de este martes.

En un comunicado, la Fiscalía informó que el joven “se encontraba en las adyacencias del referido sector, lugar en el que se desarrollaba una manifestación, cuando repentinamente llegó un grupo de personas que efectuó varios disparos, hiriendo al joven en la región craneoencefálica”.

El entonces ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró por su parte durante una rueda de prensa, que la víctima murió por un impacto de bala, mientras que la gobernadora de Barinas, Zenaida Gallardo, afirmó que Yeison Mora murió por impacto de metra en la cara, según reportó Proiuris.

La segunda víctima de ese día, Diego Fernando Arellano De Figueredo, biólogo de 31 años, se encontraba en la avenida Perimetral en la entrada de la urbanización Los Castores en San Antonio de Los Altos, y recibió un disparo en el tórax cuando funcionarios de la Guardia Nacional dispararon de forma indiscriminada contra los manifestantes. Falleció en la clínica El Retiro.

El portal Crónica.Uno reseñó al respecto con información de Yohana Marra @yohanamarra el 19: -Diego Arellano: el biólogo, scout y karateca que mató la represión.

Este viernes 20 de mayo fue el sepelio del joven de 31 años que fue asesinado durante una manifestación en San Antonio, estado Miranda, el pasado martes.

Caracas. “Diego era luz”, coincidieron dos amigas de Diego Fernando Arellano Figueredo, de 31 años, que arribaron a la capilla 1 del cementerio del este, la mañana lluviosa de este viernes 19 de mayo.

La periodista agregó:

-El pasado martes 16 de mayo, Diego recibió un impacto de proyectil en el tórax mientras se encontraba en una manifestación en San Antonio, municipio Los Salias del estado Miranda, que era reprimida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Murió en la Clínica El Retiro durante una intervención quirúrgica.

La capilla donde lo velaron fue la misma donde estuvo hace una semana Miguel Castillo, de 27 años, a quien le quitaron la vida en la avenida principal de Las Mercedes el 10 de mayo, de la misma forma: en una protesta. El clima lluvioso hizo más dolorosa la despedida, igual que en el sepelio del comunicador social.

Diego era biólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 2012. Se especializó en animales exóticos y era amante de la fotografía, soñaba con ser fotógrafo de la revista National Geographic.

El 17 de mayo el niño José Francisco Guerrero Contreras, de 15 años, se encontraba en un abasto ubicado en el sector Sabaneta de San Cristóbal, donde se realizaba una manifestación, y recibió un disparo en la región umbilical inferior izquierda. Trasladado al Hospital Central José María Vargas, falleció al día siguiente.

El mismo 17 de mayo Manuel Felipe Castellanos Molina, de 48 años, estaba en un abasto en Tucapé, Municipio Cárdenas, Estado Táchira, en cuya localidad se realizaba una manifestación con barricadas contra la cual efectivos de la Guardia Nacional dispararon sus armas de fuego. La víctima recibió un disparo en el cuello que le arrebató la vida.

Ese trágico día también fueron asesinados con armas de fuego disparadas por los cuerpos de exterminio de la narcodictadura, en el Estado Miranda Freddy Jerson Ramírez Calderón de 36 años, y Reinaldo Márquez Rada de 19 años.

El 18 de mayo Amnistía Internacional Venezuela reportó en la Web el asesinato, por arrollamiento vehicular, de Paúl René Moreno Camacho, estudiante de quinto año de medicina en la Universidad del Zulia, de 24 años, quien trabajaba como paramédico y era miembro de un grupo de voluntarios que prestan servicios de auxilio médico.

-El 18 de mayo de 2017, -explicó AIVEN- Moreno se encontraba en una manifestación en las inmediaciones de la avenida Fuerzas Armadas de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, donde se habían colocado barricadas. Moreno murió producto del impacto de un vehículo, cuyo conductor pasó sobre las barricadas y luego huyó.

Fue trasladado al Hospital Adolfo Pons, donde falleció.

La fuente añadió: .

-El Ministerio Público acusó a Omar Andrés José Barrios Rojas por su presunta responsabilidad en la muerte de Paúl Moreno. Fue acusado por el delito de homicidio calificado ejecutado con alevosía.

El 17 de noviembre de 2017, de acuerdo a información publicada por familiares, el tribunal 6° de control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia le otorgó libertad condicional a Omar Barrios, ordenándole la medida de arresto domiciliario por un año y siete meses.

Según reportes, el 24 de noviembre, la defensa introdujo la apelación en contra de la decisión que le otorgó la libertad condicional a Barrios por considerar que hubo vicios en la audiencia preliminar.

De acuerdo con informes de prensa, el 31 de enero de 2018, la medida de libertad condicional a Barrios fue revertida.

El 19 de mayo Daniel Rodríguez Quevedo, de 18 años, estudiante de primer año de Derecho de la Universidad Católica del Táchira, encontró la muerte cuando se encontraba en una manifestación en la urbanización Venecia, en la avenida principal de Santa Ana, Municipio Córdoba, Estado Táchira, y varios civiles armados en motos le dispararon, impactándolo en la región cefálica. Murió en el Hospital Central de San Cristóbal.

El siguiente día, Edy Alejandro Terán Aguilar de 22 años, estudiante de Administración de Recursos Humanos en la Universidad Simón Rodríguez, fue asesinado cuando civiles armados dispararon contra los manifestantes en el sector El Murachí de Valera, Estado Trujillo. La víctima recibió un disparo, causándole una perforación cardíaca. Falleció en el Hospital Central de Valera.

El 22 de mayo Yorman Ali Bervecia Cabeza, de 18 años, se encontraba en la Avenida Cuatricentenaria de Barinas cuando se desarrollaba una manifestación y varias personas comenzaron a atacar el destacamento 33 de la Guardia Nacional Bolivariana. Recibió un disparo del lado izquierdo del tórax.

Sobre ese crimen el periodista Juan David López, de El Tiempo, de Valera, Estado Trujillo, reseñó: -Un joven de 19 años falleció este lunes en el Estado Barinas, en el oeste de Venezuela, tras recibir un disparo durante una manifestación, informó el Ministerio Público (MP, Fiscalía), con lo que la cifra de muertos por las protestas en el país subió a 49.

López añadió: -En un comunicado, el MP indica que designó a la fiscal primera de dicha entidad, Obdulia Díaz, "para investigar la muerte de Yorman Alí Bervecia Cabeza, ocurrida este lunes 22 de mayo durante una manifestación en las adyacencias de la urbanización José Antonio Páez de esa ciudad".

El organismo explica que la víctima, según información preliminar, "se encontraba en el sector antes mencionado de la ciudad de Barinas, lugar en el que se desarrollaba una manifestación, cuando recibió un disparo".

El 23 de mayo El Cooperante también reseñó ese caso criminal en los siguientes términos: - La casa natal de Hugo Chávez, en el Estado de Barinas, ha sido pasto de las llamas. Así lo aseguran medios venezolanos como El Nacional, que indican que la vivienda ha ardido a manos de personas enfurecidas por la muerte de un estudiante de 19 años que participaba en una manifestación. El fallecimiento de Yorman Alí Bervecia

Cabeza, muerto de un disparo en el pecho, ha llevado a grupos de ciudadanos a arrasar también un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana.

El Cooperante agregó: -Además, se han producido otras dos muertes durante las protestas, que han dejado también ocho heridos y varios comercios saqueados. El parlamentario opositor Freddy Superlano dijo a Efe que al menos 15 manifestaciones opositoras tuvieron lugar en el estado de Barinas este lunes, y que se tornaron violentas cuando fueron dispersadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Superlano informó además en su cuenta de Twitter que un joven llamado Jhon Alberto Quintero falleció al recibir un tiro en la localidad de Guanapa tras la "represión brutal" de los cuerpos de seguridad, una información que ha sido reiterada por varios dirigentes del antichavismo. Sin embargo, esta muerte no está confirmada por las autoridades locales ni por la Fiscalía.

Superlano también acusó a funcionarios policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) de haber causado heridas de bala a por lo menos ocho personas. Además, informó que en "situaciones irregulares" varios comercios de la capital del estado fueron saqueados, sin que precisara mayores detalles. El legislador no descartó que estos hechos pudieron haber sido "inducidos" para acusar a los opositores. "Son extraños", advirtió a Efe. En otra parte de la nota apuntó que el alcalde de la ciudad de Barinas, el opositor José Luis Machín, repudió estos actos al tiempo que acusó al Gobierno de Nicolás Maduro, de ser "el gran responsable de la violencia" que sacude al país.

De igual modo expresó que Venezuela atraviesa una ola de protestas contra el Gobierno de Maduro, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado al menos 51 muertos, incluidas las tres que hoy confirmó la Fiscalía.

Asimismo indicó que el ministro de Información, Ernesto Villegas, cifró en 60 el número de muertos registrados en distintos hechos desde el inicio de las manifestaciones.

Ese mismo día, también en Barinas, fueron asesinados Jhon Alberto Quintero, Miguel Ángel Bravo Martínez, Alfredo José Briceño Carrizález y Elvis Andonis Montilla Pérez.

Sobre la muerte de Jhon Alberto Quintero el portal Analítica reportó:

-Un joven habría muerto durante disturbios en el sector Guanapa en el Estado Barinas, la tarde de este lunes, según informó en Twitter el diputado del Consejo Legislativo del Estado Barinas, Pedro Luis Castillo.

«Lamentablemente tengo que informar que tenemos otro joven caído en #Barinas Jhon Alberto Quintero estaba manifestando en Guanapa», expresó en un mensaje acompañado de una foto en la que se ve el cuerpo de un joven rodeado de sangre en el pavimento.

Por su parte el diputado a la Asamblea Nacional Miguel Pizarro lamentó los hechos.

«Nuestras condolencias a los familiares y amigos de Yorman Bervecia y Jhon Alberto Quintero. Esta no es la realidad que merecemos», dijo.

Analítica añadió: -Hasta ahora el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre el hecho.

Quintero sería la segunda persona asesinada en la entidad en el contexto de las manifestaciones de este 22 de mayo, pues más temprano falleció el liceísta Yorman Bercevia tras recibir un tiro en el pecho.

Miguel Ángel Bravo Martínez, de 24 años, según Runrun.es protestaba en la Plaza Bolívar Socopó, Municipio Antonio José de Sucre, cuando falleció producto de un disparo de dos proyectiles en el pecho hecho por funcionarios policiales.

Alfredo José Briceño Carrizalez, de 25 años, murió durante una manifestación antigubernamental cuando fue impactado por un proyectil de arma de fuego a nivel del intercostal izquierdo.

Jepvenezuela reportó que “Fue asesinado en Barinas el lunes 22 de mayo de 2017 tras ser impactada su humanidad por un proyectil de arma de fuego”. Tenía 25 años de edad.

Elvis Andonis Montilla Pérez, de 20 años, estudiante de la Universidad Francisco de Miranda.

Se encontraba durante una manifestación en la avenida Los Llanos, frente a la urbanización Palma de Oro, parroquia Alto Barinas, cuando recibió un disparo en la región pectoral de un sujeto encapuchado que disparaba en contra de los manifestantes.

Ese crimen fue reseñado por el portal El Cooperante en los siguientes términos: Caracas, 23 de mayo.- El momento en que Elvis Adonis Montilla Pérez fue asesinado durante una manifestación opositora de Barinas fue capturado en un video, donde se ve cómo el joven se desploma tras recibir un impacto de bala en el pecho.

El video fue compartido por el periodista Alberto Rodríguez, se ve claramente al fondo al joven de franela amarilla en la manifestación, cuando de pronto se escuchan detonaciones, y el joven se desplomó en el suelo perdiendo la vida al instante.

El 23 de mayo fueron asesinados con armas de fuego Freiber Pérez Vielma de 21 años, al recibir un disparo a nivel del pulmón mientras participaba en una manifestación en el caserío La Mula, parroquia Dominga Ortiz de Páez, y Juan Antonio Sánchez Suárez, de 21 años, cuando recibió dos disparos a nivel de la región pectoral y otro en la región intercostal durante una manifestación en la urbanización José Antonio Páez, parroquia Rómulo Betancourt, Barinas.

Ambos fallecieron en el Hospital Luis Razetti.

El 24 de mayo fueron asesinados durante manifestaciones los jóvenes Augusto Sergio Puga Velásquez y Adrián José Duque Bravo.

La primera de las víctimas, de años, estudiaba Medicina en la Universidad de Oriente, Bolívar, la segunda, de 23 años, era contador público.

Augusto Sergio Puga Velásquez se encontraba en las adyacencias del núcleo de la UDO en Bolívar, donde se llevaba a cabo una manifestación que fue reprimida por funcionarios de la policía estatal. Fue alcanzado por un disparo en la región cefálica cuando los efectivos ingresaron en el interior del recinto universitario y dispararon de forma indiscriminada en contra de los manifestantes.

Adrián José Duque Bravo se encontraba en una manifestación que se desarrollaba en las Torres del Saladillo, ubicadas en la avenida Padilla de Maracaibo, cuando recibió un impacto en la región abdominal izquierda, que resultó ser una esfera de vidrio.

Ambos casos aparecen registrados en Wikipedia, la enciclopedia libre.

El 25 de mayo Manuel Alejandro Sosa Aponte, de 33 años, encontró la muerte por el proyectil 9mm disparado en su contra por un efectivo de la Guardia Nacional cuando estaba en una manifestación en la urbanización Valle Hondo de Cabudare, Estado Lara. La bala le penetró el cuello.

El 27 de mayo César David Pereira Villegas, de 20 años, estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi, siendo aproximadamente las 6:30 de la tarde, se encontraba en una manifestación que se llevaba a cabo en las adyacencias del Centro Comercial El Peñón del Faro, Municipio Diego Bautista Urbaneja, Estado Anzoátegui, cuando llegó una comisión de policías estatales a reprimir a los protestantes.

Según registro de Wikipedia, la enciclopedia libre, Pereira Villegas “Fue herido en el abdomen por una esfera de vidrio disparada de un arma de fuego y es trasladado al Centro Médico más cercano, en donde es intervenido quirúrgicamente y fallece al día siguiente. El Ministerio Público

demostró la modificación de municiones por parte de la policía para el control de manifestaciones para hacerlas más letales”.

Sobre ese crimen Diario El Vistazo, con información de El Nacional, reseñó: -César David Pereira Villegas, de 20 años de edad, fue víctima de la represión de las protestas opositoras. Era estudiante de Publicidad y Mercadeo en el Instituto Universitario de Tecnología “Rodolfo Loero Arismendi” (Iutirla) de Anzoátegui y activista de Voluntad Popular.

Y agregó: -El sábado 27 de mayo del 2017, Pereira fue herido por un impacto de una metra en el abdomen mientras protestaba en el sector Peñón del Faro, en Anzoátegui. Fue trasladado a un centro médico y operado de emergencia; sin embargo, falleció a las 6:15 am del día siguiente.

El 5 de mayo de 2021, diversos medios de comunicación social, entre ellos El Nacional, reportaron que su asesino, el exoficial de la Policía de Anzoátegui Onán Pereira fue sentenciado el martes a 26 años y 6 meses de prisión.

-La información –explicó El Nacional- la dio a conocer en una nota de prensa el abogado del caso José Francisco Santoyo, quien aseguró que se trata de la primera sentencia que se dicta en el país en referencia a los casos de muertes de ciudadanos durante las manifestaciones contra Nicolás Maduro ese año.

El Tribunal de Juicio 03, a cargo de la jueza Juliyen Rodríguez, ordenó que Pereira sea recluido en Internado Judicial de Puente Ayala.

Por cometer delitos de lesa humanidad, Pereira no tendrá ningún beneficio.

Los delitos imputados fueron homicidio intencional calificado por motivos fútiles o innobles, uso indebido de arma orgánica, manipulación de municiones y concurso real de delito.

El Nacional añadió: -Santoyo indicó que evaluará junto con el Ministerio Público la investigación de la cadena de mando y de otros funcionarios que declararon en el juicio, y que dispararon el día en que ocurrió el asesinato.

«Se hizo una experticia a las armas de los policías y casi todas tenían restos de vidrio en los cañones. Es decir, se pudo corroborar que los funcionarios de Polianzoátegui sustituyeron las municiones por metras para disparar a los manifestantes», manifestó.

El abogado agregó: «Han sido cuatro años de espera, de hacer un minucioso trabajo legal, de insistir, denunciar y no dejar de luchar. A pesar de la tragedia que ha significado para su familia y amigos perder a César Pereira de una manera tan vil, hoy nos queda la satisfacción de que hemos logrado que se hiciera justicia en su caso».

El 1 de junio María Estefanía Rodríguez, de 46 años, recibió un disparo en la región intercostal derecha cuando caminaba junto a otras personas por la avenida Intercomunal de Barquisimeto, a la altura de la Escuela La Granja, lugar en el que se desarrollaba una manifestación.

Sobre ese crimen 800noticias reseñó: -Una mujer de 46 años edad fue asesinada presuntamente durante una protesta en el sector Las Veritas, al norte de Barquisimeto.

La víctima quedó identificada como María Estefanía Rodríguez, de 46 años de edad, quien presentó un disparo en el pecho.

A través de la cuenta Twitter el reportero gráfico @AndrewsAbreu escribió «#ÚLTIMO Confirman muerte de María Estefanía Rodríguez (46) Por disparo en el pecho durante protestas en El Cuji #Lara Fuente: @KaryPerazaR« La fuente añadió: -Según algunas versiones, la dama pasaba por el sector Las Veritas, adyacente a la Escuela de Policía del Estado Lara, cuando se formó el tiroteo. Esta sería la octava muerte durante las protestas opositoras en Barquisimeto que se iniciaron en abril.

El Ministerio Público confirmo el fallecimiento de Rodríguez y designó al Fiscal 1 de Lara investigará muerte quien recibió un disparo durante una manifestación en El Cují.

El 2 de junio falleció en el Hospital Universitario Los Andes Luis Miguel Gutiérrez Molina, de 20 años, quien el 17 de mayo se encontraba en las inmediaciones de una manifestación en la Carrera Cuarta de Tovar, Estado Mérida, cuando un grupo armado efectuaba disparos hiriéndolo en el abdomen.

El 3 de junio falleció en el Hospital Central Universitario Antonio José María Pineda, de Barquisimeto, Yoinier Javier Peña Hernández, de 28 años, quien padecía discapacidad psicomotora de nacimiento.

-El 10 de abril de 2017 –registra Wikipedia, la enciclopedia libre-, se encontraba en una manifestación con un grupo de personas en las inmediaciones de la avenida Florencio Jiménez con avenida La Salle de Barquisimeto. Los presentes fueron sorprendidos por un vehículo en marcha desde el que dispararon varias veces, hiriéndolo en la región intercostal derecha.

Respecto a ese crimen la periodista Marlyn Silva, de El Impulso, reseñó: -

El 10 de abril, Lara y el país entero pronunciaron por primera vez el nombre de Yoinier Javier Peña Hernández. Era la génesis de una serie de protestas antigubernamentales que hasta hoy se mantienen. Él, un adulto de 28 años de edad, cuyo desarrollo estuvo afectado por una parálisis cerebral infantil, y un adolescente fueron los primeros heridos de bala relacionados con ese ambiente en la región larense. Ayer sábado, numerosas voces amanecieron hablando nuevamente de Peña. A las 03.15 de la madrugada falleció en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), por una septicemia o infección generalizada.

La periodista añadió: -De pasear a diario alegremente en unidades del sistema de transporte estatal, Transbarca, Peña pasó a abultar la lista de fallecidos en medio de las protestas: el número nueve en Lara.

Estuvo 54 días internado en el hospital central. El daño inicial del proyectil que le perforó en el lado derecho de la parte baja de la espalda fue en la vértebra L3, razón por la cual había perdido la movilidad de las piernas, tal como lo explicó en su momento el médico Jesús Guarecuco. También, le afectó el colón.

Neomar Alejandro Lander Armas, de 17 años, fue asesinado por las fuerzas de exterminio de la narcodictadura el 7 de junio durante una manifestación en la avenida Francisco de Miranda en el Municipio Chacao, Estado Miranda, por un impacto en el tórax.

-Fue trasladado –registra Wikipedia, la enciclopedia libre-, a la clínica El Ávila, donde ingresa sin signos vitales.

El ministro del interior Néstor Reverol aseguró que Neomar falleció al tratar de activar un mortero de fabricación casera, pero vídeos grabados de su muerte indican que Lander cayó después de ser impactado por una bomba lacrimógena disparada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. La noche de su muerte, un hombre haciéndose pasar por el padre de Neomar y el esposo de Zugeimar Armas declaró en el canal estatal Venezolana de Televisión que a Lander le pagaban para asistir a las marchas. Al día siguiente Zujeimar desmintió las declaraciones, mostrando cual era el padre verdadero de Neomar, que no fue el hombre que se presentó en "NotiPatria", y que los protestantes asistían a las marchas por voluntad propia, ya que el 80% de los venezolanos estaban en contra del gobierno.

El asesinato de Neomar Lander fue documentado en un reporte de un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, considerando que podía constituir un crimen de lesa humanidad cometidos en Venezuela junto con otros asesinatos durante las protestas.

El 8 de junio de 2017 fue construido un altar en su nombre.

Durante las protestas en Nicaragua de 2018, el rostro de Neomar fue pintado con esténciles en varios muros de Managua con la cita por la que es mejor conocido: «La lucha de pocos vale por el futuro de muchos».

La Alcaldía del Municipio Chacao, en honor a su memoria, colocó el nombre Túnel Neomar Lander a la conexión subterránea entre la Avenida Francisco de Miranda y Avenida Libertador en sentido oeste, justo en ese lugar fue donde se produjo su muerte.

[Su muerte, que conmovió a toda Venezuela y el resto del mundo democrático, quiso ser invisibilizada por la narcodictadura con teorías alejadas de la realidad de los hechos criminales que no resisten el menor análisis técnico]

“Las hipótesis de la muerte de Neomar Lander”, tituló la reseña que publicó El Nacional sobre ese crimen el día siguiente de haber ocurrido en la que señaló: -El 8 de junio [sic] a aproximadamente las 4:40 pm se escucharon dos detonaciones fuertes en la avenida Libertador, a la altura de la entrada que conecta esta vía con la Francisco de Miranda.

Inmediatamente después cayó el adolescente de 17 años de edad Neomar Lander, que se encontraba en el lugar protestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Fue llevado a la clínica El Ávila, pero ya estaba muerto.

Luego indicó: -Dos hipótesis se manejan: el Ministerio de Interior y Justicia afirma que murió cuando activó un mortero y la oposición presume que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró que las experticias de los médicos forenses apuntan a que falleció por un explosivo de fabricación artesanal; agregó que presentó fracturas de costillas, explosión del pulmón izquierdo con derrame hemorrágico interno y quemadura del antebrazo izquierdo.

En seguida advirtió: -Pero más allá de los comentarios políticos, hay videos y fotos captados por periodistas y ciudadanos que se encontraban en el sitio.

Uno de los materiales audiovisuales es de reporteros de El Nacional Web, que no lograron captar el instante preciso en que el joven recibió el impacto, pero sí obtuvieron imágenes que permiten acercarse a la verdad de lo ocurrido: allí se ve a Lander muy cerca de unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que estaban en la parte de arriba de la avenida Libertador; Lander se encontraba en la parte baja.

Más atrás un grupo de manifestantes protegía una barricada.

El adolescente tiene puesto un guante en la mano derecha y no es visible si sostiene un mortero u otro objeto. Después se observa el momento en que yace en el pavimento. La PNB dispara bombas lacrimógenas. Posteriormente unos manifestantes mostraron una lacrimógena que —aseguraron— fue la que hirió a Lander.

En otro video, grabado y divulgado en redes sociales, se observa un destello en el aire y se oye un sonido estruendoso. Luego la PNB dispara una lacrimógena y se escucha un segundo ruido. Entonces llegan los acompañantes del adolescente para llevárselo.

[#8JUN VIDEO DONDE SE VE QUE EL “MORTERO” DE NEOMAR LANDER EXPLOTA SOBRE PNB, NO EN EL CUERPO DE ÉL PIC.TWITTER.COM/I05B2ZRXMI - @FEDERICOBLACKB — REPORTE YA (@REPORTEYA) JUNE 8, 2017] Una tercera grabación, también de ciudadanos, registra los dos retumbantes sonidos. Luego de que se escucha el primero, la PNB dispara una lacrimógena, y después se oye el segundo ruido. De repente aparece Lander tirado boca abajo en el suelo.

[NO HAY RECTIFICACIÓN DE LA DICTADURA. LA VOLUNTAD ES ASESINAR Y VIOLAR DDHH EN VZLA. HOY NEOMAR LANDER, JOVEN (17 AÑOS) ASESINADO POR LA PNB PIC.TWITTER.COM/U7Y0FDDI47 LUIS FLORIDO (@LUISFLORIDO) JUNE 7, 2017] “Lo mataron”, grita una de las mujeres que registró el momento. “No, no, fue que iba a lanzar un bin laden (explosivo) y se le quedó pegado”, señala un hombre que la acompaña. “No, sí lo lanzó”, insiste otra mujer.

En una foto difundida por el portal pro oficialista Iguana TV, se muestra al adolescente con un peto artesanal cuando estaba en la avenida Francisco de Miranda, cerca del centro comercial Lido. En la mano se le ve un guante y un artefacto. El chaleco que usa no lo tenía puesto cuando cayó en la avenida Libertador.

Sobre ese crimen, el número 66, Runrun.es hizo el siguiente aporte documental:

INFOGRAFÍA Y VIDEO | A Neomar Lander lo habría matado una bomba disparada por la PNB

Infografía: Juan Carlos Hernández “Una cosa es lo que digan allá afuera, y otra cosa es lo que hacemos aquí”, afirmó un experto del Cicpc, y seguidamente aseguró que el adolescente de 17 años de edad fue impactado por una bomba que emanaba calor, disparada a poca distancia por un funcionario policial A casi tres semanas del asesinato del joven manifestante, patólogos, bomberos, funcionarios del Cicpc, expertos de la extinta PTJ y abogados analizan para Runrun.es las causas de la muerte. Descartan la versión oficial y esperan el resultado de la investigación realizada por el Ministerio Público.

Explicó Runrun.es: NEOMAR LANDER SALIÓ EL MIÉRCOLES 7 DE JUNIO a protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro con la esperanza de conseguir un mejor país. Viajó desde Guarenas a Caracas para marchar junto a su madre, su usual compañera en esta clase de eventos, y se reunió con el grupo de manifestantes con los que entabló amistad los últimos meses. Sin embargo, ese día Lander dejó a su mamá en Las Mercedes y partió a la avenida Libertador, en Chacao, con otros manifestantes. Lo siguiente que su madre supo fue que había muerto.

La marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para ese miércoles salía desde 15 puntos de Caracas. Ese día protestas en varios puntos de la ciudad fueron reprimidas. La movilización opositora que se dirigía al Consejo Nacional Electoral alcanzó la avenida Libertador cuando fue su turno de ser reprimida.

Lander se encontraba en Las Mercedes protestando en compañía de su madre y el grupo de manifestantes de la “La Resistencia”. Después de las 3:00 pm, el joven se fue con varias personas a la avenida Libertador de Chacao. Allí, él y los “escuderos” hacían frente a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Y agregó: -A través de los videos captados desde un edificio y los relatos de algunos testigos se pudo conocer que Lander se ubicó, junto a otros manifestantes, en la calle que da acceso a la avenida Libertador por Chacao, en dirección este-oeste desde la avenida Francisco de Miranda. A pocos metros se encontraba un contingente de oficiales de la PNB en la parte alta, muy cerca del Centro Comercial Lido.

En uno de los videos se observa cuando el adolescente de 17 años de edad se separa del grupo y se va adentrando por la rampa hacia una especie de túnel que conduce a la Libertador. Allí se ve cuando lanza un fuego artificial que explota en el aire cerca de los funcionarios. El joven da vuelta en dirección este, para regresar con sus compañeros, pero en ese momento se escucha una detonación. Se puede ver a un funcionario de la PNB salir de formación, y queda oculto tras un árbol apuntando con su escopeta modelo M79 -desde la parte alta de la avenida Francisco de Miranda- hacia Neomar Lander, sin respetar la indicación de accionar su arma en un ángulo de 45 grados.

A los dos segundos se escucha una detonación, se observa un destello, se ve humo de lacrimógenas y luego aparece el cuerpo de Lander tendido en el asfalto boca abajo. Al fondo, tras una cortina de humo y a unos 10 metros del joven, se observa una silueta que se mueve. Ese sería el funcionario que disparó en forma horizontal y de frente contra el joven una bomba que emana fuego, que impactó en el lado derecho del tórax de Neomar Lander causándole la muerte y quemaduras.

Al escuchar la segunda detonación, el grupo de espectadores que grababa lo que ocurría desde un edificio aledaño gritó: “lo mataron, lo mataron…”. Seguidamente, la cámara enfocó el cuerpo del joven tirado boca abajo en la calle, y luego fue recogido por dos de sus compañeros de “La Resistencia” que buscaron atención médica.

Miembros de la Cruz Verde intentaron reanimarlo, ya que no tenía signos vitales y fue llevado a la Clínica Ávila, donde confirmaron su fallecimiento.

Luego reveló: -Lander participaba en las protestas desde abril, a pesar de vivir en Guarenas. Él se trasladaba a la ciudad cuando había protestas convocadas por la oposición, donde periodistas y fotógrafos lo inmortalizaron en imágenes con el rostro cubierto y pancartas con los colores de Venezuela. El joven de 17 años de acuerdo a allegados hacía un curso de bartender.

La protesta continuó luego de la muerte de Neomar. La represión también. El lugar donde dio su último respiro fue escenario de enfrentamientos. La azotea de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ubicada en Chacao, fue tomada por hombres que disparaban contra los manifestantes, impidiendo incluso el acceso de la policía judicial y los medios de comunicación al sitio donde había muerto Neomar Lander, lo que impidió resguardar de inmediato el lugar donde cayó herido.

La polémica sobre qué y quién mató a Neomar Lander también continuó.

Inmediatamente después de que el joven murió, funcionarios y dirigentes del oficialismo comenzaron a rea el supuesto fallecimiento del adolescente a consecuencia de la explosión de un mortero, que habría tenido en su poder.

En seguida apuntó: -Las versiones oficiales sobre la muerte de Lander presuntamente con un explosivo de fabricación artesanal comenzaron a circular desde antes de que se tuviera el resultado de la autopsia del joven, sin pruebas, ni elementos que confirmaran esta información.

Mientras, los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Ministerio Público se disputaban el derecho a realizar los exámenes forenses al cadáver en la Morgue de Bello Monte. Finalmente el cuerpo del joven habría sido evaluado por expertos de ambas instituciones, aunque la responsabilidad de presentar el resultado del examen quedó en manos del Cicpc.

“Nunca había visto una herida así”, aseguró asombrado un patólogo muy experimentado que presenció el procedimiento y que pidió no revelar su identidad.

Descartó de plano que hubiera sido un mortero el objeto que causó la herida y la muerte de Neomar Lander. “Si hubiese sido un mortero el daño sería mucho mayor, hubiera comprometido o destrozado dedos, manos y hasta el cuello”.

Agregó que el cadáver presentaba “tatuajes de pólvora en la parte interna de los brazos, herida necrosada en el tórax producto de quemadura y aunque la herida era un poco irregular, no se compara con la que hubiera producido el estallido de un explosivo (como un mortero). No toco la cara”. Lander también tenía pequeñas quemaduras en parte de la pierna derecha, por lo que se presume que se agachó o dobló la pierna para protegerse al ver venir el proyectil.

En entrevistas concedidas a distintos medios de comunicación, Antonieta de Dominicis, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Forense y ex jefa de Anatomía Patológica de la División de Medicina Legal del Cicpc, ofreció su opinión con base a la herida que presentaba Neomar Lander. “La fractura de los arcos costales puede haber producido perforación a nivel del pulmón derecho, el cual va a sangrar y pudo haber producido un hematórax…”, dijo a Efecto Cocuyo.

Otras patólogas que pudieron revisar el cadáver coinciden en que la lesión que presentaba Lander no pudo ser ocasionada por un mortero, y aunque no se atrevieron a asegurar que se tratara de una bomba lacrimógena, no dudaron en afirmar que el joven fue impactado por un objeto contundente.

En otro párrafo puntualizó: -Funcionarios expertos en homicidios y balística del Cicpc también fueron consultados por RunRun.es. Aunque pidieron no revelar su identidad, no titubearon al referirse al homicidio: “Lo mató el impacto de un objeto contundente o proyectil disparado a corta distancia por uno de los policías. Para mí fue una bomba

lacrimógena, de eso no tengo dudas. Y digo proyectil, porque el término define a un objeto que se proyecta o se lanza con fuerza con un arma de fuego”, aseguró uno de los especialistas. Otro de sus colegas coincide en que se trató de un objeto contundente disparado por un funcionario policial, pero considera la posibilidad de que pudiera tratarse de una bomba aturdidora.

Ambos descartan completamente la versión oficial de la muerte por explosión de un mortero y sobre esa teoría defendieron el trabajo criminalístico y científico que hacen los investigadores dentro del Cicpc: “Una cosa es lo que digan allá afuera, y otra cosa es lo que hacemos aquí. A ese muchacho lo mató el impacto de una bomba”, confirmó y continuó con la explicación técnica del hecho.

El comisario Luis Godoy, quien fue jefe de la División contra Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial, con más de 20 años de experiencia, aseguró con base en los videos y testimonios que existe 90% de probabilidad de que una bomba lacrimógena fuese la causante de la muerte del menor de edad.

El comisario planteó que la fuerza con que salió disparada la bomba lacrimógena perforó el pecho de Lander, justo en el momento en que se accionó el artefacto para que saliera el gas lacrimógeno contenido. Por el aspecto de la lesión no se trataría de una explosión, sino de una lesión presumiblemente ocurrida por una llamarada que parece provenir desde dentro de la piel, posiblemente ocasionada por la deflagración de la pólvora de la lacrimógena, señaló Godoy.

Coincide con el análisis de Cristian Fuentes, quien fue bombero por más de 5 años y es experto en seguridad. “Lo que creo que ocurrió fue el impacto directo con una bomba y la deflagración (quema de la pólvora) se generó directamente sobre la piel. Es como si tuvieras un chorro de fuego, algo similar a un volcán, que lo prendes y salen fuegos artificiales hacia arriba. Agarra ese volcán y pégatelo al cuerpo, te va a generar una quemadura desde adentro hacia afuera. Algo así fue lo que le sucedió al muchacho. ¿Qué le pegó? no sé. Pudo ser una bomba de aturdimiento, de esas que llaman flashbang, que ocasiona un impacto de sonido fuerte y genera gran cantidad de luz por una quema exagerada de la cantidad de pólvora y los elementos químicos que tiene. Y esto le impactó justo en el pecho”.

Por su parte, el comisario Mario Del Giudice, que también formó parte de la extinta PTJ, ha escrito varios libros de criminalística y es experto en armamento y balística, explicó que dependiendo de la evidencia que se colectó y que quedó en el lugar del hecho se puede precisar cuál fue el proyectil que mató a Neomar Lander.

Pero para eso es necesario un manejo adecuado de las evidencias.

-En este caso –explicó- fue una bomba lacrimógena, posiblemente trifásica, con una función muy distinta, con una mecha que tiene pólvora, eso se llama deflagración y va echando candela. Como esa bomba no se hizo para ser disparada a corta distancia, no explotó, impactó. Y en la medida que fue deflagrando la pólvora iba echando humo, pero no completamente.

Runrun.es citó nuevamente a Godoy, quien recalcó que en la lesión de Lander, observada a través de una fotografía difundida por redes sociales, se nota una marca oscura de forma semicircular que pudiese ser el cartucho de pólvora que penetró en el pecho del joven. Una captura de los objetos encontrados en la escena del suceso muestra una bomba lacrimógena con sangre seca en su interior.

-Él tuvo la mala suerte –observó- de que a parte del impacto fuerte que le pudo haber ocasionado la muerte, la bomba deflagró exactamente al momento del contacto en el pecho.

Después afirmó: -Las bombas lacrimógenas, cuyo cartucho mide 40mm de diámetro, son disparadas desde una escopeta modelo M79 con una velocidad entre 70 y 80 metros por segundo, alcanzando distancias entre 350 y 450 metros. Godoy explica que la pólvora de la bomba empieza a quemarse apenas deja el cañón, y en segundos puede alcanzar altas temperaturas capaces de dejar quemaduras. “Esa es la quemadura que existe en el pecho”.

El 15 de junio Luis Enrique Vera Sulbarán, de 20 años, estudiante de las universidades Rafael Urdaneta y Rafael Belloso Chacín, de Maracaibo, murió arrollado cuando un camión tipo cava pasó a gran velocidad y embistió a manifestantes mientras cerraban las calles.

Ese mismo día, José Gregorio Pérez Pérez de 20 años, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, se encontraba en una manifestación que se llevaba a cabo al final de la avenida Prolongación, Rubio, Estado Táchira, cuando unos sujetos que se trasladaban en motos contra los manifestantes, hiriéndolo mortalmente en el rostro.

El 16 de junio Nelson Daniel Arévalo Avendaño, de 21 años, estudiante de la Universidad Fermín Toro, de Barquisimeto, se encontraba participando en una manifestación en la avenida Hernán Garmendia, frente al Club Hípico Las Trinitarias, cuando varios sujetos armados disparan contra los manifestantes, lesionándolo en el cuello. Fue trasladado a un centro de salud cercano, donde ingresó sin signos vitales.

Fabián Urbina, de 17 años, era estudiante de segundo semestre de Mercadeo y Publicidad en el Instituto Tecnológico Antonio Ricaurte, ubicado en Maracay. Residía con sus padres en la población de Cagua, Municipio Sucre del Estado Aragua.

-El 19 de junio – registra Wikipedia, la enciclopedia librese encontraba participando en una protesta en el distribuidor Altamira, en Caracas cuando un funcionario de la Guardia Nacional disparó con una pistola contra los manifestantes, hiriéndolo mortalmente y lesionando a cinco más. Fue trasladado a la clínica El Ávila, donde ingresó sin signos vitales. El Ministerio Público identificó a los responsables y ordenó su detención.

La fuente indica igualmente que “El asesinato de Fabián Urbina fue documentado en un reporte de un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, considerando que podía constituir un crimen de lesa humanidad cometidos en Venezuela junto con otros asesinatos durante las protestas.

El 17 de diciembre de 2020 la periodista Gregoria Díaz, de Crónica.Uno , reportó sobre ese crimen: -Maracay. Después de 3 años y 6 meses, pareciera que el asesinato del joven aragüeño Fabián Urbina no quedará impune. Este jueves 17 de diciembre, el guardia nacional sargento segundo, Johan Rojas, señalado como el principal autor material, admitió los hechos.

Blanca Angarita, coordinadora regional de Foro Penal en Aragua y una de las abogadas de los padres de Fabián Urbina, explicó que el militar finalmente admitió su responsabilidad directa en el asesinato del joven, ocurrida el 19 de junio de 2017 cuando en medio de las manifestaciones que se realizaban en el distribuidor Altamira, en el municipio Chacao, efectivos militares de la GN reprimieron la protesta con armas de fuego.

La fuente añadió: -El 22 de junio de ese mismo año, se llevó a cabo la audiencia de presentación del principal autor material, quien fue imputado con los delitos de homicidio calificado agravado con alevosía por motivos fútiles e innobles y se le dictó medida privativa de libertad, que a la fecha cumple en la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Esta admisión, convalida el informe de la alta comisionada de la ONU, Michel Bachelet, y la posición de la Corte Penal Internacional, respecto a un Estado venezolano responsable de crímenes de lesa humanidad. Porque este guardia nacional, Johan Rojas, admite lo que se sabía con múltiples pruebas: el crimen de un menor de edad venezolano por ejercer el derecho a la protesta.

Por tal admisión el tribunal cuarto de control de Caracas decide una sentencia condenatoria de culpabilidad para el imputado, que se reduce de 21 años, a 12 años de prisión.

Para la defensa de la familia Urbina, esta reducción de la pena es desproporcionada.

Tratándose de un delito de homicidio, -sostiene Angarita- por más admisión de los hechos, no le corresponde una reducción de esa cuantía.

La periodista apuntó igualmente: -En julio de 2019, luego de 2 años y 15 días de su homicidio y de 19 diferimientos de la audiencia preliminar hasta entonces, el Tribunal 41° de Control de Caracas pasó a juicio al sargento segundo de la GNB, Johan Rojas, señalado como el principal autor material.

El 22 de junio David José Vallenilla Luis, graduado en enfermería, fue asesinado cuando se encontraba durante una protesta en la autopista Francisco Fajardo y un efectivo militar le disparó con una escopeta desde la parte interna de la base aérea La Carlota. Resultó herido a nivel del tórax y fue trasladado a la clínica El Ávila, donde ingresó sin signos vitales.

El texto anterior aparece registrado en Wikipedia, la enciclopedia libre, donde se lee también que el padre de la víctima - David Vallenilla era un estudiante graduado en enfermería. Hijo de David Vallenilla, quien fue jefe de Nicolás Maduro cuando trabajaba en el metro de Caracas. El 22 de junio de 2017, Vallenilla se encontraba en una protesta en la autopista Francisco Fajardo, en Caracas, cuando un efectivo militar le dispara con una escopeta desde la parte interna de la base aérea La Carlota.

Resulta herido a nivel del tórax y es trasladado a la clínica El Ávila, donde ingresa sin signos vitales a los 22 años de edad.

El asesinato de David Vallenilla fue documentado en un reporte de un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, considerando que podía constituir un crimen de lesa humanidad cometidos en Venezuela junto con otros asesinatos.

El 31 de diciembre de 2020 David Placer escribió en el portal El Confidente el texto que sigue: ----David Vallenilla, el último jefe de Nicolás Maduro antes de su incursión en la política, es uno de los miles de inmigrantes afectados por los retrasos en Extranjería en España. Vallenilla llegó a España para solicitar asilo político después del asesinato de su hijo en una protesta frente una base militar en Caracas. Tras el asesinato, captado por las cámaras y difundido por medio mundo, se acercó a los periodistas para dirigirse a Nicolás Maduro y recordarle que el joven asesinado en la base militar era suhijo y Maduro lo había conocido cuando trabajaban juntos en el metro de Caracas. Vallenilla había sido coordinador de la flota de autobuses y Maduro, un conductor sindicalista, su subalterno. Después de la denuncia, el despacho de David Vallenilla padre fue asaltado para robar los ordenadores y la documentación. Vallenilla, que ejercía como abogado en Venezuela, defiende la tesis de que los asesinatos de las protestas de 2017 fueron

ejecutados de forma sistemática por órdenes directas de Nicolás Maduro a través de su alto mando militar.

Placer agregó: -Su denuncia, junto con otras de similar contenido, ha sido admitida por la Corte Penal Internacional, que ve indicios de delitos de lesa humanidad en esas actuaciones policiales y militares. A pesar de que su caso ha adquirido notoriedad y repercusión internacional, el Gobierno español le denegó el asilo político.

El 27 de junio Jhonatan José Zavatti Serrano, de 25 años, se encontraba en una manifestación que se desarrollaba en las adyacencias de su vivienda, en la calle principal 5 de julio en Petare, Estado Miranda, cuando recibió un disparo. Falleció en el Hospital Domingo Luciani.

Sobre ese nuevo crimen de los cuerpos de exterminio de la narcodictadura el portal Analitica reseñó: -Ministerio Público investiga muerte de Jhonatan Zavatti Serrano en Petare/ -El hombre falleció en horas de la tarde del martes 27 de junio El Ministerio Público designó al fiscal 55º del Área Metropolitana de Caracas, Farik Mora, para investigar la muerte de Jhonatan José Zavatti Serrano (25), quien resultó herido en la cabeza el pasado lunes 26 de junio cuando caminaba por la calle principal 5 de Julio de la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, donde se desarrollaba una manifestación.

La víctima falleció el martes 27 de junio en horas de la tarde.

Al respecto, el fiscal coordina las diligencias que efectúan los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, orientadas a

esclarecer las circunstancias del hecho, así como a determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Entre las experticias realizadas hasta el momento están la inspección técnica del sitio del suceso, fijación fotográfica, planimetría, así como la autopsia y entrevistas a testigos.

Según información preliminar, en horas de la noche del pasado lunes el joven caminaba por la referida calle donde se desarrollaba una manifestación, cuando resultó herido con un disparo en la cabeza.

De inmediato, fue trasladado hasta el Hospital Dr. Domingo Luciani, donde fue intervenido quirúrgicamente; no obstante, Zavatti Serrano falleció al siguiente día.

El 28 de junio Isael Jesús Macadán Aquino, de 18 años, se encontraba participando en una manifestación en la avenida principal de Boyacá III, sector Troncal de Barcelona, Estado Anzoátegui, cuando un sujeto salió del local comercial “El Empanadón” y le disparó repetidamente, hiriéndolo en la región cefálica.

Al respecto, Francys Medrano, del periódico Qué Pasa reportó: -Confirman muerte de Isael Jesús Macadan durante disturbios en Barcelona/ Este miércoles murió el joven Isael Jesús Macadan Aquino, de 18 años de edad, tras ser herido por dos impactos de bala, mientras se llevaban a cabo una protesta y saqueos en Barcelona el pasado martes.

Un proyectil en la cabeza y otro en el brazo derecho, acabaron con la vida del adolescente a las 11 de la mañana en el hospital Doctor Domingo Guzmán Lander de la entidad.

Esta sería la segunda víctima fatal a causa de las protestas en el Estado Anzoátegui. Hasta ahora, ningún cuerpo policial ni organismo se ha pronunciado al respecto.

El Ministerio Público responsabilizó del crimen a Rafael José Ramírez y Tomás Julio Martínez, En esa misma fecha, Luiyin Alfonso Paz Borjas, de 20 años, perdió la vida al ser arrollado por un camión tipo cisterna mientras se encontraba en una manifestación en el distribuidor Perijá de Maracaibo, donde se habían colocado barricadas.

Ariadna García, de Doble Llave, reseñó: El Ministerio Público comisionó al fiscal 4º del Estado Zulia, Israel Vargas, para investigar la muerte de Luiyin Alfonso Paz Borjas (20), joven arrollado durante una manifestación el miércoles 28 de junio en el Distribuidor Perijá I, de Maracaibo.

Por su parte Mundo Sputnik News, reseñó: -Aumentan a 80 los fallecidos durante protestas en Venezuela/ Caracas, 29 jun (Sputnik). – La cifra de fallecidos en las manifestaciones que se llevan a cabo en Venezuela ascendió a 80 después de que en la noche del miércoles muriera un joven en el estado de Lara (oeste) y otro más en el Estado de Zulia (oeste).

El Ministerio Público comisionó al fiscal cuarto del Estado Zulia, Israel Vargas, para investigar la muerte de Luiyin Alfonso Paz Borjas (de 20 años de edad), ocurrida durante una manifestación el miércoles 28 de junio en el Distribuidor Perijá I, (en la autopista) Circunvalación 1 de la parroquia Cecilio Acosta de Maracaibo», informó el organismo en una nota de prensa.

De acuerdo con el ente público, el miércoles por la tarde Paz Borjas se encontraba obstruyendo el paso en ese punto de la autopista cuando fue arrollado por un camión cisterna. Por otro lado, el joven Roberto Duran, de 26 años de edad, murió en la ciudad de Barquisimeto, en el estado de Lara, cuando se encontraba en una protesta que fue dispersada por efectivos de seguridad.

Igualmente agregó: -Informo al país del asesinato del joven Roberto Duran, quien protestaba en la urbanización Sucre, en Barquisimeto», escribió en Twitter el diputado a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Alfonso Marquina.

Encontró la muerte cuando se encontraba en una manifestación en la urbanización Terepaima, de Barquisimeto, y efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía regional dispararon con armas de fuego letales contra los manifestantes, recibiendo un tiro en el pectoral izquierdo.

Respecto a este otro crimen de los cuerpos de exterminio de la narcodictadura la periodista Angélica Antía Azuaje, del portal Analítica, reportó: -Asesinan a joven Roberto Durán durante manifestación en Barquisimeto/ Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Compartir por correo electrónico Roberto Durán, de 26 años, fue asesinado durante la movilización de protesta antigubernamental llevada a cabo este miércoles en Barquisimeto, confirmó el diario larense El Impulso. Se trata de la víctima número 11 en la entidad.

Por su parte la periodista de sucesos Karina Peraza detalló que Roberto Durán se encontraba en la calle Venezuela con calle 33 al momento del hecho. Presentó una herida en el pecho.

Y agregó: El joven, apodado como “El chino”, fue asistente de cámaras en Somos TV, agregó Peraza.

El 29 de junio falleció en el Hospital Central de Maracay Alfredo José Figuera, de 17 años, quien tres días antes había salido de su casa, ubicada en el sector Las Tejerías de Limón, para ir a grabar en un CD su proyecto final, que presentaría esa semana en la Escuela Técnica Cristo Rey de El Limón.

Recibió un disparo en la cabeza que le produjo muerte cerebral en el instante en que pasaba por la avenida Caracas de El Limón y grupos de civiles armados atacaron a tiros a los jóvenes que participaban en el trancazo realizado el lunes 26 de junio, en cuya protesta no participaba.

Sobre su asesinato reportó María Morales, del portal 800Noticias: -Muere Alfredo Figuera estudiante abaleado en Aragua/ 29 de junio, 2017 Tras tres días de agonía falleció en horas de la tarde José Figuera, de 18 años de edad. El adolescente recibió un tiro cuando manifestaba en el sector El Limón en Maracay (Aragua).

El joven se encontraba hospitalizado en Terapia Intensiva en el Hospital Central de Maracay, donde los médicos le diagnosticaron muerte cerebral.

El adolescente era estudiante del liceo Mario Briceño Iragorry. Uno de los sectores que fue objeto de represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

El 13 de junio Eduardo José Márquez Albarrán , de 20 años, estudiante de la Universidad Politécnica Territorial, fue herido cuando participaba en una manifestación en el sector Pie del Llano, frente a la estación de servicio Mario Charal, Estado Mérida, y funcionarios de la policía regional dispararon sus armas de reglamento contra los manifestantes. Fue herido a nivel abdominal y trasladado al Hospital Universitario de Los Andes, donde falleció el 30 del mismo mes.

Sobre esa muerte, entre otros medios, elperidico.com.es, con información del Ministerio Público de la narcodictadura, reportó: -Muere joven herido hace dos semanas durante una manifestación en Venezuela/ 01 de julio del 2017 El Ministerio Público de Venezuela informó hoy del fallecimiento de un joven que fue herido durante una manifestación en el estado Mérida (oeste) el pasado 13 de junio, en el sector Pie del Llano.

La nota añadió: -El joven murió tras "permanecer hospitalizado desde el 13 de junio de este año cuando fue herido durante una manifestación" cuando "también resultó muerto el supervisor jefe de la policía de esa entidad federal, Douglas Acevedo Sánchez (45)", señaló la Fiscalía.

Durante esa manifestación, prosigue la nota oficial, también fueron heridos un oficial de la policía de ese estado y otro civil, quienes aún se encuentran en recuperación.

"Los testigos del hecho relataron que un grupo de desconocidos disparó contra las personas que se manifestaban en el sector Pie del Llano, acción que dejó como consecuencia el hecho narrado", añade el Ministerio Público.

Ese organismo también explicó Márquez Albarrán se convirtió en la víctima mortal número 81 de la oleada de protestas que se inició en el país el pasado 1 de abril y que ha dejado además unos 1.500 heridos.

Ese mismo día Rubén Alexander Morillo Pereira, de 33 años, se encontraba durante una manifestación en la Avenida Libertador de Barquisimeto cuando se

presentaron funcionarios de la Guardia Nacional, quienes comenzaron a disparar en contra de los manifestantes. Resultó herido y trasladado a un hospital, donde ingresó sin signos vitales.

Su asesinato fue reseñado en distintos medios, entre ellos El Impulso, en un reportaje de la autoría de Karina Peraza Rodríguez, titulado “Armas de guerra y metras usó la GNB para reprimir”, en el que se lee: De los tres meses que comenzaron las manifestaciones en el país en contra del Gobierno Nacional, para la entidad larense este viernes 30 de junio fue el más violento.

Represiones por parte de los cuerpos de seguridad, robos y asedios de paramilitares armados, así como saqueos, fue el detonante para que entre la tarde del viernes y madrugada del sábado 4 personas fueran asesinadas en Barquisimeto.

Ascendiendo a 15 las muertes durante manifestaciones en el estado Lara.

Se lee también: -Lo que sí quedó en evidencia en dos de las muertes registradas ese día y según las investigaciones que adelantan el Ministerio Público y el Eje de Homicidios del Cicpc en Lara es que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) están usando armas letales para reprimir.

Tales caso serían los de Rubén Alexander Morillo Pereira (32) conocido como El Bube y el del señor José Gregorio Mendoza Durán (49), a quien cariñosamente llamaban El Morocho.

El Bube fue ultimado en la avenida Libertador con calle 54, poco después de mediodía momento en el que según testigos tres funcionarios de la GNB dispararon.

El Bube habría llegado del gimnasio, era una persona que nunca se metía en las manifestaciones, pero como muchos de los vecinos solía asomarse, ese día ante tanta represión, incluso se atrevió a caminar hasta donde estaban los castrenses para solicitarle que cesarán la represión, momento que fue fotografiado por unos vecinos, minutos después habría caído con dos impactos.

Uno en su brazo derecho y uno en el pecho, le segó la vida en segundos al comerciante, quien dejó huérfano de padre a tres niños.

En medio de la autopsia que fue practicada la mañana del sábado, de ambas heridas fueron extraídas esferas metálicas también llamadas metras. Ambas esferas quedaron incrustadas en su cuerpo, la esfera que sacaron del brazo derecho es de aproximadamente 5 milímetros y la del pecho de 8 milímetros.

Los testigos indican que lo que dispararon los GNB fueron sus escopetas, lo que podría ser evidencia que en este caso, al igual que en el de Roberto Enrique Durán Ramírez (24), conocido como El Chino y asesinado el pasado miércoles en residencias Terepaima, también usaron un cartucho preparado, comúnmente llamado como “aliñado”.

En el caso de El Chino, la metra extraída era de vidrio.

También fue asesinado Fernando Rojas Rubio , de 49 años. El 2 julio el portal El Cooperante, con información de El Impulso, se refirió a ese crimen en los siguientes términos: -Caracas. “Fueron tipos encapuchados y con chalecos que andaban en camionetas blancas. Él estaba afuera del taller en el que trabaja y los ‘colectivos’ les

tumbaron el portón para meterse”, dijo un familiar de Fernando Rojas Rubio, asesinado el pasado viernes en Barquisimeto.

De acuerdo a lo que reseña El Impulso, su hermana, Leisde Rojas, detalló que era un tornero fresador y estaba de vacaciones, pero el día del suceso decidió tomar unas bebidas con algunos amigos y vecinos afuera del local en la carrera 33 entre calles 42 y 43 de Barquisimeto.

De repente, comenzaron los disturbios y aparecieron los “colectivos”. Decidieron bajar la santamaría y resguardarse. Sin embargo, como a las 3:30 de la tarde, contó Rojas, fueron divisados por los paramilitares y fue allí que comenzó el suplicio.

A patadas abrieron la puerta del local-hogar para someter a Rojas Rubio, a César Lovera (dueño del taller) y a la esposa de este último. Los arrodillaron y se robaron toda la mercancía que tenían en el establecimiento e, incluso, se hicieron con la cama y una bombona de gas que había en el galpón. Todo lo montaron en camiones blancos, marca Jac. Continuó El Cooperante: -Eran aproximadamente 20 o 30 tipos y estuvieron cargando cosas por más de 30 minutos (…) los ‘malandros’ se iban a meter con la esposa y el dueño del taller se levantó. Mi hermano lo siguió y les dispararon a ambos”, contó. “No puedo pedirles que me lo devuelvan porque no pueden; pero paren esto ya, por favor”, sentenció la mujer.

El 5 de julio Jonathan Alexander Giménez Vaamonde, de 29 años, murió al recibir varios disparos mientras se trasladaba a las adyacencias de la Avenida San Martín, con la estación del metro Capuchinos, con el fin de unirse a un grupo de manifestantes.

El 10 de julio Rubén Darío González Jiménez, de 17 años, se encontraba protestando en la urbanización La Isabelica, avenida Este-Oeste, de Valencia, uniéndose con otros manifestantes, cuando se presentaron grupos armados y dispararon contra los protestantes. La víctima fue herida a nivel costal y trasladada a la Policlínica Elohim donde falleció.

Sobre ese nuevo crimen de los cuerpos de exterminio de la narcodictadura Richard Tineo, de El Carabobeño, reseñó: -“Me dieron, me dieron”, las últimas palabras que gritó Rubén Darío González Jiménez (16) tras recibir un impacto de bala, presuntamente por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la represión, la tarde del lunes en el sector cinco de La Isabelica.

Los compañeros de la resistencia de Rubén Darío recordaron mientras se escuchaban detonaciones, que el joven estaba de pie frente al piquete de la GNB, de repente escucharon, a pocos pasos, las últimas palabras de González: “Me dieron, me dieron”. Aunque intentaron ayudarlo, murió casi al instante.

[La Guardia Nacional mantuvo la represión en La Isabelica

tras el asesinato del adolescente, una de las tantas víctimas inocentes de ese cuerpo de exterminio de la narcodictadura] Tineo agregó: -Lo llevaron a la Policlínica Elohim, a pocos metros del lugar donde cayó, pero ya no había nada qué hacer, fue ingresado sin signos vitales. “La bala entró por el lado derecho del tórax y salió por el lado izquierdo”, comentaron en el centro de salud.

Los vecinos del sector 5 cumplieron con la convocatoria del trancazo, en la entrada de la avenida Este Oeste. “Salimos a trancar pacíficamente desde las 12:00 m y a las 3:00 p.m. ya teníamos a la guardia aquí”, explicó un miembro de la resistencia.

Alrededor de las 3:00 p.m. comenzaría el preámbulo de los últimos momentos de Rubén González junto a sus compañeros. A las 5:00 p.m. los cuerpos de seguridad iniciaron una fuerte represión contra quienes manifestaban de forma pacífica.

“Lanzaron metras y perdigones de goma, también vimos un arma de fuego, e hirieron a dos” comentó una joven del sector.

Según testigos, fueron dos los jóvenes heridos por arma de fuego a las 5:40 p.m., uno que murió al instante y el otro de 18 años, quien presentó dos heridas con entrada y salida. “Una bala dejó el escroto del chamo expuesto y la otra quedó dentro del músculo”, comentó la doctora que estabilizó al joven en uno de los ambulatorios de la zona.

Rubén Darío solía decir que quería una Venezuela diferente, que le dolía la situación del país. Sofía, una persona cercana al joven, siempre le decía “cuídate hijo”.

El 11 de julio Yanet Angulo Parra , se encontraba protestando en la avenida José Trinidad Morán, dentro de la Urbanización Villa Colonial en El Tocuyo, Estado Lara, donde estaban funcionarios de la Guardia Nacional en actividades de contención.

Se presentaron funcionarios de la policía regional, resguardándose en el portón de entrada de la urbanización. Algunas personas comenzaron a lanzar objetos contundentes a los efectivos, quienes respondieron con disparos. Fue herida y trasladada por vecinos al Hospital Egidio Montesino, donde falleció.

El 16 de julio Xiomara Soledad Scott, de 60 años, se encontraba en la Avenida Sucre en Catia para participar en la consulta nacional de 2017 convocada por la oposición, cuando colectivos a bordo de motos pasaron por el lugar y dispararon contra los votantes. Fue herida y trasladada al Hospital Ricardo Baquero González, donde falleció.

El 20 de julio Ronney Eloy Tejera Soler y Eury Rafael Hurtado de 24 y 34 años respectivamente perdieron la vida cuando participaban en una manifestación en la urbanización Santa Eulalia, de Los Teques y recibieron disparo de armas de fuego manipuladas por funcionarios de la Policía del Municipio Guaicaipuro que se presentaron para dispersar y disparar contra los manifestantes.

Según Wikipedia, la enciclopedia libre, los efectivos policiales se retiraron del sitio y luego regresaron vistiendo chaquetas negras con letras amarillas propias de grupos especiales del organismo.

En la misma fecha fueron asesinados Andrés José Uzcátegui Ávila, de 23 años, mientras protestaba en la urbanización La Isabelica, Sector 5, Valencia, cuando la manifestación fue atacada por colectivos quienes dispararon contra la manifestación, recibiendo un disparo en el tórax, y el niño Jean Luis Camarillo Deluque de 15 años, quien se encontraba en una manifestación en el distribuidor del Sector Pomona, de Maracaibo, cuando un grupo de colectivos a bordo de motos dispararon contra los manifestantes, hiriéndolo a nivel intercostal posterior izquierdo y perforándole el pulmón.

El 27 de julio Rafael Antonio Balza Vergara, de 30 años, protestaba en la avenida Centenario, Mérida, cuando una comisión de seis unidades motorizadas de la Guardia Nacional que se encontraba reprimiendo la manifestación tomaron la carretera del barrio El Molino, como vía alterna para arribar a su destino.

-Mientras pasaba por dicha zona la comisión,-registra Wikipedia, la enciclopedia libre- los habitantes del sector comenzaron a gritarles en desacuerdo con sus acciones, Los funcionarios arremetieron contra las personas, quienes salieron corriendo y perseguidos por los funcionarios. Recibe un disparo, es atendido por paramédicos en el sector y posteriormente trasladado al ambulatorio de Ejido, donde ingresa sin signos vitales.

Ese mismo día, también en el Estado Mérida, Enderson Enrique Calderas Ramírez, de 23 años, perdió la vida al recibir un disparo mientras se encontraba en una manifestación alrededor de la alcaldía en Timotes cuando sujetos dispararon en contra de los manifestantes, hiriendo a varias personas.

Esa trágica fecha igualmente fue asesinado el adolescente Jean Carlos Aponte, de 16 años, quien se encontraba en una manifestación en el barrio 5 de Julio de Petare, Estado Miranda cuando recibió un disparo en el intercostal, hecho por algunos de los efectivos de la Guardia Nacional, quienes reprimían la protesta con armas de fuego y gases lacrimógenos.

[La Constitución chavista prohíbe expresamente el uso de armas de fuego y gases lacrimógenos contra manifestantes] El 26 de julio el adolescente Gilimber Terán, de 16 años, recibió un disparo en la región cefálica mientras se encontraba en una manifestación en El Paraíso, Caracas, y civiles armados con armas de fuego atacaron a los manifestantes. Falleció al día siguiente en el Hospital Pérez Carreño.

El portal El Cooperante se hizo de ese suceso criminal así: -Caracas, 27 de julio.- Un adolescente de 16 años de edad identificado como Gilimber Terán, murió este jueves en el Hospital Pérez Carreño luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante una protesta en el puente 9 de Diciembre de El Paraíso.

El miércoles, el adolescente regresaba a la Cota 905, donde vivía, tras llevarle una comida a su hermano, cuando pasaba por el puente 9 Diciembre y un grupo de motorizados, presuntos colectivos, abrieron fuego contra una manifestación opositora que se desarrollaba en la zona e hirieron de bala a Terán…

La víctima estudiaba cuarto año de bachillerato en el liceo Gran Colombia de El Cementerio.

En otra nota El Cooperante reseñó: -Tainoba Villalobos, amiga de la familia de Gilimber, manifestó a El Cooperante su repudio ante el asesinato de este adolescente y pidió que estos hechos de muerte no se sigan registrando en el país. “No estoy de acuerdo con todo lo que está sucediendo y me molesta, me indigna saber que yo voy a manifestar con una bandera en mi mano y me encuentro de frente con gente armada, que disparan, ya basta”, dijo.

Ese mismo día perdió la vida el teniente coronel retirado de la Guardia Nacional, de 53 años, al ser herido con arma de fuego por integrantes de ese componente militar que reprimían a los ciudadanos en los alrededores de un centro de votación del sector Junco, Municipio Cárdenas, Estado Táchira.

El 29 de julio perdió la vida Wilmer Smith Flores Carrascal, de 19 años, al recibir un impacto de proyectil en la cabeza disparado por civiles armados, quienes abrieron fuego contra el grupo de personas que protestaban cerca de un módulo de PNB en La Grita, Estado Táchira, donde se había inhabilitado un centro de votación.

Ese mismo día también fue asesinado Marcel Pereira, de 38 años, al recibir un disparo en la cabeza hecho por colectivos cuando él y otras personas protestaban por la instalación de centros electorales en Chiguará, Estado Mérida.

El 30 de julio perdió la vida Albert Rosales, de 52 años, al recibir un impacto de bala en el pecho disparada por grupos armados en moto mientras observaba una manifestación desde el balcón de su casa en el pueblo de Tucapé del Municipio Cárdenas, Estado Táchira.

Ese día también fueron asesinados Ender Rafael Peña Sepúlveda, de 18 años, capitán del equipo de la Lotería del Táchira Futbol Club, víctima de la represión desatada por los cuerpos de exterminio de la narcodictadura contra manifestantes en San Cristóbal; Juan José Monges Páez, de 42 años, por arma de fuego en Lara; Ronald Ramírez Rosales, arma de fuego que le impactó el tórax cuando motorizados llegaron hasta uno de los puntos de resistencia de Tucapé, Estado Táchira, y descargaron sus armas; Luis Eduardo Ortiz, de 17 años, arma de fuego en Táchira; Adrián Smith Rodríguez Sánchez, de 13 años, al recibir un disparo cuando caminaba cerca de un centro de votación en el sector El Calvario de Capacho Viejo, Estado Táchira; .Ricardo Campos, de 30 años, secretario juvenil de Acción Democrática, Estado Sucre, al recibir un disparo en la cabeza por parte de un

agente represivo mientras protestaba afuera de su residencia en la calle Bolívar de Cumaná en contra del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente; Luis Beltrán Zambrano Lucena, de 43 años, al recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba en medio de una protesta en Barquisimeto. Zambrano reprimida con armas de fuego por efectivos de la Guardia Nacional; Eduardo Olave, de 39 años, cuando se encontraba protestando en las inmediaciones de la Escuela Bolivariana Juan Rodríguez Suárez horas previas a la elección de la Constituyente recibió disparo de fuerzas militares acantonadas en el sitio.

El 31 de julio Daniela de Jesús Salomón Machado, de 15 años, se encontró con una manifestación en la Plaza Venezuela de La Concordia en San Cristóbal justo cuando un grupo de colectivos abrieron fuego contra los ciudadanos. Recibió un disparo en el tórax que la privó de la vida.

Ese mismo día Antony Rodrigo Labrador de 23 años, recibió un disparo en el tórax mientras participaba en una manifestación y colectivos arremetieron contra los manifestantes en Ureña, Estado Táchira. Fue trasladado a Cúcuta, Colombia, donde le prestaron asistencia médica y falleció.

El 3 de agosto Jhonny Alfredo Colmenares Colmenares, de 25 años, falleció en una clínica de San Cristóbal luego de que el 29 de julio fuera víctima de una brutal golpiza en el Municipio Lobatera. Mientras participaba en las protestas contra la elección constituyente; los civiles y/o colectivos armados lo golpearon y lo rociaron con gasolina.

Tres días después fue asesinado con arma de fuego Ramón Antonio Rivas, de 52 años, cuando participaba en una manifestación en la avenida Bolívar de Valencia y luego trasladado hasta el Policlínico La Viña, donde ingresó sin signos vitales.

El 7 de agosto Wilmerys Zerpa, de 20 años, estudiante en la Universidad de Oriente, Bolívar, fue herida cuando salió con su esposo a comprar comida en un puesto cercano a una barricada en Ciudad Bolívar, al ser alcanzada por una bala cuando un grupo de civiles armados dispararon a los manifestantes que estaban en la barricada.

Sobre ese crimen el portal NoticiaAlMinuto reportó: -Un certero disparo acabó con la vida de la estudiante de la Universidad de Oriente, Wilmerys Zerpa de 20 años, quien perdió la vida cuando pasaba cerca de una protesta la noche de este domingo.

Según información de la periodista Pableysa Ostos, la noche de este domingo varios vecinos del sector El Perú en Ciudad Bolívar, decidieron salir de sus casas a protestar. Empezaron hacer varias barricadas en el lugar cuando llegó una camioneta y una moto, dispararon contra los chamos. La víctima venía pasando con el esposo y un tiro le dio a ella.

Luego indicó: -Durante la balacera resultaron heridos dos hombres, los cuales fueron auxiliados por los vecinos y llevados hasta centros hospitalarios.

Los lesionados fueron identificados como: Jesús Almeida, de 27 años, este presentó herida por arma de fuego en la clavícula, Juan Guevara, de 24 años, una herida que le causó perforación del pulmón y Willmerys Zerpa, de 20 años.

La situación de la joven estudiante de la escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oriente (UDO), se agravó y la madrugada de este lunes falleció producto de las lesiones.

[#7Ago Muere Estudiante de la UDO BOLÍVAR Asesinada por colectivos mientras manifestaba en Cd Bolívar. Wilmerys Zerpa Q.E.P.D]

Después apuntó: -Desde el inicio de las manifestaciones a nivel nacional han fallecido en el estado ubicado al sur del país tres personas, el primero fue Augusto Puga, estudiante de enfermería de la Universidad de Oriente (UDO), quien fue asesinado dentro del decanato-recibió un tiro en la cabeza.

Por ese caso fueron privados de libertad seis funcionarios, cinco pertenecientes a la Policía del Estado Bolívar (PEB) y uno del Ejército. Mientras que la otra víctima fue un adolescente de 17 años, identificado como Oswaldo Rafael Britt, quien fue atropellado por un camión de HidroBolívar, durante un trancazo.

Este caso está siendo investigado por un fiscal nacional y otro regional a fin de determinar las responsabilidades referentes al suceso ocurrido la tarde del 11 de junio en la avenida Paseo Meneses.

Sobre el particular, la periodista Rosalie Méndez Rea, del diario El Carabobeño, reportó el 11 de julio: -Murió joven en Ciudad Bolívar tras ser arrollado en manifestación/ Un joven identificado como Oswaldo Rafael Britt, perdió la vida este martes en el municipio Heres de Ciudad Bolívar, tras ser arrollado por un camión mientras manifestaba en el Paseo Meneses.Britt tenía 17 años y era estudiante de un liceo de la zona.

Según testigos el camión que lo arrolló pertenece a Hidrobolívar. La periodista Pableysa Ostos informó que el vehículo fue quemado por los manifestantes.

El movimiento estudiantil a través de Twitter, responsabilizó a entes gubernamentales, nacionales y regionales de lo ocurrido, y exigió justicia.

La periodista recordó al final del texto: En 102 días de protestas, dos muertes se han registrado en Ciudad Bolívar: Augusto Puga y ahora Oswaldo Rafael Britt.

Ese mismo día Eduardo Orozco, de 19 años, estudiante en la Universidad José Antonio Páez, falleció cuando protestaba junto con vecinos en el distribuidor Bellas Artes en Cabudare, Estado Lara.

Sobre este nuevo crimen, Wikipedia, la enciclopedia libre, registra: -De acuerdo con la investigación, una camioneta Explorer negra y un vehículo marca Orinoco, color blanco, llegaron al lugar y de allí se bajaron funcionarios identificados con el uniforme del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), quienes dispararon, y uno de los proyectiles lo impactó en la región occipital.

Por su parte, el portal El Cooperante, reportó: -Familiares dieron el último adiós a Eduardo Orozco, asesinado por el Conas en Lara/ Caracas, 9 de agosto.- Este miércoles le dieron el último adiós al joven Eduardo José Orozco, de 19 años, quien fue asesinado el pasado 7 de agosto cuando se encontraba en una protesta en el elevado de Bellas Artes, en Barquisimeto, estado Lara.

Según informó la periodista Elyangélica González, ese día tres vehículos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro llegaron al lugar "a toda marcha" y sin mediar palabras dispararon hacia todos lados.

Orozco intentó correr, pero recibió dos impactos de bala en una pierna, lo que hizo que cayera al piso y un disparo a traición en la cabeza.

En el siguiente segmento la fuente precisó: De acuerdo a lo denunciado por sus allegados, los funcionarios que antes de llevarse el cuerpo, colocaron el arma en manos del joven y efectuaron disparos para que la pólvora lo incriminara y así alegar que se encontraba armado. Los familiares niegan que haya sido un enfrentamiento.

"Sus amigos y su familia sufren, sobretodo porque buscan desacreditarlo diciéndole 'terrorista', pero se aferran a la justicia divina, la única que nunca falla", dijo la periodista a través de su cuenta en Instagram.

El 5 de junio el niño Luis Guillermo Espinoza, de 15 años, estudiante y deportista, resultó herido de bala por un efectivo de la siniestra Guardia Nacional mientras participaba en el trancazo convocado por la oposición en Tulipán, Valencia, Estado Carabobo.

El 11 de noviembre Federico Vegas, del portal lavidadenos reportó: -¿Cómo esa persona fue capaz de dispararle?/ Luis Guillermo Espinoza, de 15 años, recibió un balazo en la cabeza durante un plantón opositor en San Diego (Carabobo) que fue reprimido por la Guardia Nacional Bolivariana, el 5 de junio de 2017. Luego de 74 días en los que luchó por su vida, murió de un paro respiratorio.

Luis Guillermo jugaba fútbol desde los 8 años, desempeñándose como portero. Era hijo único. Su madre era madre y padre a la vez.

Luego explicó: -Jules Michelet decía que “la historia es una resurrección”. Este proceso resulta muy doloroso cuando se intenta dar vida a un joven de 15 años que apenas comenzaba a vivir bajo el designio de sus propias decisiones, de esa frágil y asombrada libertad que es la adolescencia.

El punto de partida es escueto y se diluye entre noticias de centenares de asesinatos: La tarde del domingo 13 de agosto se confirmó la muerte de Luis Guillermo Espinoza, estudiante del liceo El Buen Pastor y desde hace ocho años futbolista de la Escuela de Fútbol de San Diego. Luis Guillermo había recibido una bala en la cabeza durante una manifestación en la urbanización El Tulipán de San Diego contra el gobierno de Nicolás Maduro, que fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.

Durante 74 días luchó por su vida. El diagnóstico no era alentador. “De vivir, quedará en estado vegetal”, señaló uno de los médicos tratantes. Sin embargo, con los días Luis Guillermo fue cobrando fuerza y hubo esperanzas, pero una segunda recaída lo llevó nuevamente a terapia intensiva y murió de un paro respiratorio.

Después puntualizó: -Los guardias nacionales y bolivarianos han sido adoctrinados, armados y blindados para combatir una de las manifestaciones más románticas que se ha dado en la historia de las confrontaciones políticas venezolanas. No existe una sola imagen de las protestas en nuestras calles que no trasmita valentía, creatividad, arrojo, camaradería, generosidad y, al mismo tiempo, indefensión, locura, improvisación. Es tan conmovedora la belleza de estas expresiones que… Maduro aseguró que son montajes, escenografías trucadas por expertos en cine bélico. La verdadera explicación es que la mayoría de los protagonistas son muy jóvenes, menores de edad, un buen

término para asomarnos a cuánto les falta por vivir. Ellos reaccionan a las injusticias de la forma más pura y genuina. Faulkner decía: “Cuando se tiene una buena dosis de odio, no hace falta la esperanza”. Hay jóvenes capaces de invertir esa desoladora ecuación: “Cuando se tienen suficientes esperanzas no hace falta el odio”.

La asimetría del enfrentamiento ha sido extrema: medios tan prehistóricos como una piedra ante armas capaces de asesinar hasta “accidentalmente”, parte de un sistema que llaman “respuesta proporcional”, la proporción justa para que mueran más de 120 personas en tres meses, poco más de una por día, un ritmo que el gobierno considera razonable Ha habido información contradictoria sobre qué fue lo que lo mató. Se dijo que una bala, también que una metra. Lo cierto es que el muchacho murió por una herida de bala y que se presume que fue un guardia nacional. Lo de la bala lo dijeron los médicos que lo atendieron y aleccionador El autor adicionó: -Metra es “accidente”, bala es “asesinato”, aunque el resultado sea el mismo. ¿Acabar con la vida de Luis Guillermo fue un error o una elección?

La novelista George Eliot escribió que “la crueldad, como cualquier otro vicio, no requiere de ningún motivo, sino apenas de una oportunidad”. Al equipo que defiende las divisas de la Guardia Nacional le sobran las oportunidades. Está motivada por una cúpula militar que les ofrece la oportunidad de asesinar impunemente, siempre que se haga con una adecuada y gradual proporción.

Si representas a un gobierno malvado y corrupto, y enfrentas una manifestación que exhibe una valiente alegría ante el peligro, ¿cómo ejerces la oportunidad de elegir una víctima? A la hora de matar tiendes a elegir al más noble, al que resalta, a esos seres que irradian un inexplicable atractivo. Es una suerte de “selección natural”. Y es en este sentido que Luis Guillermo atrapó el proyectil asesino que iba cruzando entre sus compañeros. Estaba en desventaja, desde niño se entrenó para detener, no para esquivar. No es algo que intentó hacer,

sino un drama que está en su naturaleza, en su sonrisa y una mirada despejada, llena de esperanza y sin lugar para el odio.

De estas circunstancias surge un mito de heroicidad que me preocupa. Siento una aplastante aprensión cuando alguien dice que la muerte de Luis Guillermo tuvo un sentido, un propósito. Ciertamente la sangre derramada de forma tan vil e injusta le abrió los ojos al mundo sobre la verdadera naturaleza del régimen de Maduro, pero la muerte de un joven de 15 años, indefenso, por un proyectil en la cabeza disparado a poco metros, jamás podrá tener sentido.

En otro segmento del texto indicó: -Con el asesinato de Espinoza suman dos los homicidios ocurridos en El Tulipán, un sector de San Diego, desde que iniciaron las protestas en contra del régimen de Maduro. En los dos hechos ocurridos este año, testigos presenciales aseguran que efectivos de la Guardia Nacional ejecutaron a ambos jóvenes. Existe evidencia videográfica donde se observa a un hombre con vestimenta militar que dispara a quemarropa. En ninguno, hay personas detenidas. ¿Cómo hacer justicia? La verdadera justicia es que Luis Guillermo hubiese podido manifestar y al día siguiente jugar un partido en igualdad de condiciones y con un árbitro justo. Hacer justicia no es castigar la injusticia, sino que esta resulte inconcebible. No existe una posible reparación para un crimen. A quien le has quitado la vida le has arrebatado todo lo que tiene y ya nada le puedes dar.

El 14 de agosto de 2019 la periodista Gabriela Suniaga, de la Agencia Carabobeña de Noticias, escribió: -Se cumplieron dos años de la muerte de Luis Guillermo Espinoza «Totti», herido en protestas 2017/ Padres de víctimas de la represión del Estado Carabobo acompañaron una actividad en honor al joven Luis Guillermo Espinoza, estudiante de 15 años asesinado el 5 de junio en las protestas del año 2017 en el sector Tulipán de San Diego.

El caso de Luis Guillermo Espinoza se mantiene en cero a dos años de su muerte, no hay ningún funcionario imputado, su madre, Zulmy Espinoza, asegura que testigos afirmaron que fue la Guardia Nacional quien reprimió con balas el plantón pautado para ese día.

Y agregó: -Familiares, compañeros y padres de otros jóvenes asesinados, rindieron un homenaje a Totti con un partido de fútbol y la siembra de un Araguaney en las canchas ubicadas en El Remanso, donde el joven practicaba esta disciplina y era un destacado arquero.

«Quien nos garantiza a nosotros el derecho a la justicia es el que nos hace tropiezos para que se cumpla la justicia, aquí no hay derecho a la justicia, ellos son la piedra de tropiezo, es incoherente pero es así. Como madre que me han quitado mi único hijo no hay palabras para decir cómo te sientes, la vida es como un carrusel, una montaña rusa, bajas y subes, hoy estás bien y mañana no», describió Zulmy Espinoza cómo le ha cambiado la vida en estos dos años.

Un compañero de Totti relató que el joven era quien ponía el orden cuando los muchachos se desordenaban, «siempre tenía palabras perfectas qué decir cuando uno entraba a un partido, (…) lo extrañamos en las casas, en el fútbol, todos los que

estamos acá dejamos de jugar porque cuando pasó lo que pasó se perdieron muchas cosas».

La periodista citó igualmente otros asesinatos a esa fecha impunes.

-Para Dexy González, -explicó- quien también perdió a su hijo de nombre Rubén Dario González, víctima de una bala que provino presuntamente de un funcionario de la Guardia Nacional el 10 de junio de 2017 en La Isabelica, en Venezuela la justicia no existe, » hay justicia para los del otro lado, para los del gobierno, porque te apuesto que le pasa algo a uno de ellos y ahí sí los buscan pero como ellos estaban luchando en contra de ellos, en contra de todo lo que ellos hacen mal, no hay justicia para ellos».

El padre de Daniel Quéliz, primer asesinado en Carabobo durante las protestas, la actividad en honor a Totti fue una celebración a la valentía y dignidad, «nos hemos dado mucho apoyo, a veces estamos aquí en Valencia, si no en Maracay o en Caracas dándole apoyo a los Pernalete y las víctimas de allá», confesó.

Desde Caracas acudieron los padres de Juan Pablo Pernalete, quien murió por el impacto directo de una bomba lacrimógena en el pecho, rechazaron las acusaciones y las acciones del Estado venezolano en torno a este caso, su madre, Elvira dijo que hasta el momento, ellos como padres han sido sometidos a interrogatorios «y a las personas que llamaron a nuestro hijo, criminal, terrorista, delincuente, no los han llamado a declarar para que digan y demuestren por qué dicen que nuestro hijo es eso».

Los padres y familiares de estos jóvenes venezolanos repudiaron la violación de los derechos humanos a quienes protestan en exigencia de un cambio de gobierno.

El 11 de junio de 2017 el padre de Juan Pablo Pernalete, José Pernalete, había anunciado indicó que la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) nombró un cuarto como reconocimiento al estudiante, y el 21 del mismo mes y año junio se bautizó la avenida Ávila donde falleció Pernalete, del sector El Dorado en Altamira, con el nombre completo de Pernalete en un acto donde participó la Alcaldía de Chacao, autoridades de la Universidad Metropolitana y amistades de la víctima.

Entre los actos de violencia cometidos por la Guardia Nacional en 2017 contra los manifestantes, estuvo el pasar dos veces una tanqueta sobre el cuerpo en el suelo de un joven el día 3 de mayo en la avenida Roche de Altamira.

La fotografía de esta barbarie, tomada por Federico Parra de AFP, le dio la vuelta al mundo.

La víctima fue identificada como Pedro Michel Yammine Escobar, de 22 años.

El 21 de junio, con información de El Nacional, NTN24 y Notitotal, PROIURIS reportó: -El pasado 3 de mayo durante una protesta el joven Pedro Yammine de 22 años, fue arrollado por una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Yammine sufrió daños en las costillas, un pulmón perforado y múltiples fracturas.

PROIURIS agregó:

--El tribunal aseguró que la solicitud de aprehensión emitida por la Fiscalía es “violatoria a los Derechos Constitucionales consagrados en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela”.

Ortega Díaz insistió en que este argumento demuestra la descomposición moral del Poder Judicial que no defiende los derechos humanos de la víctima y manipula invocando los del victimario, en este caso, el conductor de la tanqueta.

Al respecto explicó que “El recuento oficial es de 39 fallecidos, aunque el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social apunta a que la cifra asciende hasta 51”.

Luego apuntó: -Entre las imágenes más impactantes que llegan desde las protestas en Venezuela está la de una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) arrollando a un joven manifestante. Su nombre es Pedro Yammine y el 3 de mayo un vehículo oficial pasó por encima de él dos veces. A pesar de esto, el joven de 22 años “se encuentra en franca recuperación” -asegura el comunicado de la Clínica El Ávila (Caracas)- en la que permanece ingresado.

Otros no han tenido la misma suerte. El recuento oficial de las víctimas mortales es de 39 personas (las últimas tres todavía no figuran en la lista del Ministerio Público, actualizada por última vez el 8 de mayo). Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), que lleva un seguimiento a través de su página web, apunta a que la cifra asciende hasta los 51.

Recordó después: -Las manifestaciones empezaron el pasado 1 de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia del país emitió dos sentencias en las que intentaba anular el poder de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora). Desde entonces, centenares de venezolanos salen cada día a las calles de las distintas ciudades del país al grito de “¡Basta ya!”.

Sobre el asfalto de las autopistas, los manifestantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad, que intentan reprimir las protestas lanzando botes de gas lacrimógeno, y a los colectivos armados (grupos paramilitares simpatizantes del gobierno). El resultado: varias decenas de víctimas mortales y centenares de heridos (757, según el registro oficial) por impactos de bala, golpes de los recipientes de gas lacrimógeno, asfixia al inhalar los gases, descargas eléctricas y heridas por impacto de distintos objetos.

Igualmente indicó: -En la lista de los fallecidos hay hombres y mujeres, entre ellos varios menores de edad, una bebé de meses y un funcionario de la GNB. Estos son sus nombres y sus historias.

Jairo Johan Ortiz Bustamante, de 19 años. Falleció el 6 de abril por un disparo en el tórax, durante una manifestación en el Municipio Carrizal en el Estado Miranda. Su asesino, el oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Rohen Luis Leonel Mata Rojas fue detenido el día siguiente al incidente e ingresado en el Centro Penitenciario Yare III. Fue la primera víctima mortal desde el inicio de las manifestaciones antigubernamentales.

Daniel Alejandro Queliz Araca, de 19 años, murió el 10 de abril por disparo en el cuello. Fue la segunda víctima mortal de la represión contra las protestas. Estudiaba Derecho en la Universidad Arturo Michelena, de Valencia.

El disparo fue hecho durante una manifestación frente al conjunto residencial Los Parques de esa ciudad Murió mientras era trasladado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Y aunque el Ministerio Público anunció el día siguiente que llevaría a cabo una investigación. Hasta la fecha no hay más información sobre el caso.

El día siguiente, en Barquisimeto, fue asesinado Miguel Ángel Colmenares Milano, de 36 años.

Sin embargo, “Los hechos oficiales de lo ocurrido en la manifestación en Barquisimeto el día 11 de abril, donde murió Miguel Ángel, no coinciden con los que aportan algunos medios de comunicación”., ya que según el registro del Ministerio Público, la víctima “falleció por múltiples heridas producto de la detonación de dos artefactos explosivos”, pero “el medio Runrun.es apunta a que recibió 11 disparos en el cuerpo por parte de miembros de colectivos durante la manifestación”.

Durante la noche de ese mismo día Bryan David Jiménez Principal, de 14 años, Bryan David fue a comprar empanadas la noche del 11 de abril y nunca volvió a casa.

Según explicó su madre al medio Alba TV, el menor recibió dos disparos en la espalda durante la noche y falleció a las 11 de la mañana siguiente.

El registro oficial del Ministerio Público apunta a que Bryan David “murió por una herida de arma de fuego durante un hecho ocurrido el martes 12 de abril en la Urbanización Ali Primera en Barquisimeto”.

Ese mismo día se produjo el asesinato de Carlos José Moreno Varón, de 17 años.

Era estudiante de estudiaba economía en la Universidad de Central de Venezuela, salió de casa el 12 de abril después de decirle a su madre: “Tranquila mamá. ¿Tú crees que con esta facha me voy a ir a una marcha de esas? Yo no me meto en eso”.

Según explicó su hermano a Caraota Digital, Carlos José había salido “a jugar al fútbol con sus amigos en la zona de Chuao, que está al otro lado de la ciudad de donde eran las protestas”. Sin embargo, horas después recibieron una llamada del Hospital Clínica Caracas en la que les informaban que el joven estaba ingresado en estado grave.

La víctima recibió un disparo en la cabeza durante una manifestación en la plaza La Estrella en San Bernardino (Caracas), según el informe del Ministerio Público.

El siguiente día un disparo de proyectil múltiple en la región intercostal derecha arrancó la vida de Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo.

“Me llevan preso al Hospital Militar. Voy disparado, voy herido. Ayúdame, por favor”, es la voz de Gruseny Antonio en un mensaje que le envía a un amigo mientras le trasladaban en un camión de la GNB. Y añadió: -Tony, como le llamaban sus familiares y amigos, ingresó con vida y consciente en el Hospital Central Antonio María Pineda en Barquisimeto con varias heridas de perdigones disparados “a quemarropa”, según los médicos que le atendieron. Al llegar al hospital aseguró a sus médicos que había sido un Guardia Nacional quien le había disparado en una manifestación en el Distribuidor Bellas Artes.

Le intervinieron en varias ocasiones por las múltiples lesiones internas que le causaron los perdigones, pero los médicos no pudieron hacer más por él. Murió durante la madrugada del 13 de abril.

El Ministerio Público ordenó la detención de 15 efectivos de la GNB por su muerte.

El 19 de abril fue asesinada Paola Andreina Ramírez Gómez, de 23 años, con un disparo en el lateral izquierdo del pecho.

Según informó el diario venezolano El Universal se encontraba en el lugar de una manifestación opositora cerca de la Plaza Las Palomas del barrio San Carlos (Táchira), después de haber salido de una entrevista de trabajo. Murió mientras buscaba a su hermano en la zona, cuando un disparo le perforó los pulmones. Según el Ministerio Público, el disparo se hizo desde una azotea.

Al día siguiente fue asesinado por un disparo en el abdomen Melvin Fernández Guitian Díaz, de 25 años, durante la manifestación en el sector 5 de Julio de Petare, Estado Miranda.

El 24 de abril se produjo el asesinato de Jesús Leonardo Sulbarán, de 41 años, por un disparo en el cuello, cuando participaba en la ciudad de Mérida en el Gran Plantón.

En esa misma fecha, pero en Barinas, Estado Barinas, murió a causa de un disparo en la parte izquierda del pecho Renzo Jesús Rodríguez Roda, de 54 años.

Participaba en una manifestación antigubernamental.

Algunos medios venezolanos apuntan a los colectivos armados como culpables de su muerte.

También murió ese día en la avenida Fraternidad de El Tocuyo, Estado Lara, Orlando Johan Jhosep Medina Águila, de 23 años, al recibir un disparo en la cabeza.

Y en el viaducto Campo Elías de la ciudad de Mérida Luis Alberto Márquez, de 52 años, al recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza.

La información oficial apunta a que estaba allí “reunido con un grupo de personas”. Desde Runrun.es aseguran que recibió el disparo cuando un grupo de hombres armados entraron en el parking en el que estaba “quemando un carro, una moto y causando daños a otros tres automóviles”.

El 26 de abril varios disparos a quemarropa en el cuerpo acabaron con la vida de Christian Humberto Ochoa Soriano, de 22 años.

El asesinato ocurrió en Valencia cuando, según su padrastro, salió de casa para observar los disturbios entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. “Un funcionario se le acercó y disparó perdigones contra su cuerpo”, aseguró.

Había sido herido el día anterior.

Sobre ese crimen el oficioso periódico El Correo del Orinoco reseñó: El joven fue gravemente herido por disparos a quemarropa por parte de un funcionario de la policía de Carabobo cuando era reprimida una manifestación en Valencia. Fue trasladado por sus compañeros al hospital Dr. Enrique Tejera donde falleció.

También el 26 de abril murió Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, cuando una bomba lacrimógena lanzada por la Guardia Nacional impacto en su pecho durante una manifestación que se celebraba en Altamira.

Fue trasladado al centro asistencial en Chacao, pero llegó sin signos vitales.

Igualmente murió asesinado por arma de fuego Eyker, Daniel Rojas Gil de 20 años, durante una manifestación en Barquisimeto. Fue trasladado un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. Según informa Runrun.es, la protesta fue reprimida por miembros de la GNB.

[Sobre ese crimen el diario El Impulso, de Barquisimeto, citado por Efecto Cocuyo, reseñó que la autopsia realizada al cuerpo de Rojas reveló que la muerte fue causada por un proyectil de fusil que le perforó el rostro] Ángel Moreira, de 28 años, nadador de aguas abiertas que llegó a representar a Venezuela en distintas competiciones nacionales e internacionales, murió el 2 de mayo tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga durante una manifestación en la autopista de Prados del Este (Caracas).

El Comité Olímpico Venezolano lamentó su muerte en su cuenta de Instagram.

El mismo día, pero en Valencia, fue asesinado Yonathan Quintero, de 20 años.

Murió al recibir un disparo durante una manifestación que terminó en disturbios en un local. Algunos medios informan que propietario del supermercado que estaba siendo saqueado sacó su arma y disparó para intentar defender su negocio.

Armando Cañizales, de 18 años, fue asesinado el 3 de mayo. Era violinista y se había formado en el Sistema Nacional de Orquestas, liderado por el famoso director Gustavo Dudamel, que reaccionó condenando la violencia y represión en su cuenta de Twitter.

Murió a consecuencia de un disparo de perdigón cuando manifestaba en el puente de Las Mercedes que comunica con la autopista Francisco Fajardo.

El 3 de mayo Gerardo Barrera, de 38 años, recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte el día siguiente. Participaba en una manifestación en San Joaquín, Estado Carabobo La persona que le disparó fue reconocida por testigos de los hechos por un tatuaje en la espalda en el que se puede leer la palabra “Estrella”. Se trata de Misael Javier Junior Estrella González y actualmente se encuentra detenido en el Internado Judicial de Carabobo en Tocuyito por delito de homicidio agravado.

Hecder Lugo Pérez, de 20 años, recibió un disparo en la cabeza el 4 de mayo mientras manifestaba en la urbanización Los Tulipanes (San Diego, Carabobo). Desde allí fue trasladado al Centro Médico Valle de San Diego y murió el día siguiente.

El 5 de mayo un disparo en el abdomen privó de la vida el joven Miguel Medina, de 20 años, herido durante una protesta en Maracaibo el 26 de abril.

[Efecto Cocuyo reveló que la víctima fue el primer asesinado durante las protestas antigubernamentales ocurrido en Maracaibo y el número 37 a nivel nacional]

Anderson Enrique Dugarte, de 32 años, murió el 10 de mayo tras recibir un disparo en la cabeza. Permaneció dos días en el área de Trauma Shock del Hospital Universitario de los Andes.

Su asesinato ocurrió en los disturbios producidos en la manifestación de las inmediaciones del Viaducto Campo Elías (Mérida).

Ese mismo día murió Miguel Castillo Bracho, de 27 años, a causa de impactos de perdigón en el tórax recibidos cuando participaba en la Marcha de los Escudos, en la avenida Francisco Fajardo, Caracas.

Era periodista.

Según los registros oficiales es la víctima mortal número 39 de los choques entre manifestantes y la GN en las protestas en Venezuela.

El proyectil atravesó su brazo izquierdo y entro en el tórax. Llegó sin signos vitales a la Policlínica Las Mercedes.

Su último post en Instagram fue dedicado a otra de las víctimas, Armando Cañizal: “Hoy más que NUNCA, seguiremos firmes en nuestra lucha contra este “gobierno” asesino y corrupto.

Un gobierno que el día de ayer asesinó de un disparo a un joven que tenía toda una vida por delante.

Por Armando y TODOS los caídos en esta lucha, pronto acabaremos con estos opresores y asesinos de sueños que nos han hecho vivir durante 18 años una pesadilla.

Fuerza y más fuerza es lo que nos queda para afrontar lo que nos queda, porque Dios y la Virgen del Valle están con nosotros. ¡A todos esos guerreros hay que seguir muchachos!”

[Algunos medios del país aseguran que hay más víctimas mortales de las que aparecen en los recuentos del Ministerio Público y el mapa del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social muestra un total de 51 personas fallecidas, entre las que se encuentra una bebé de meses.]

El 2 de agosto de 2017 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reveló en un informe hecho público que contabilizó 6.729 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de ese año en todo el país, equivalente a 56 protestas diarias, con un saldo trágico de 163 fallecidos.

Explicó igualmente que esa cifra representaba un aumento de 157% con respecto a igual periodo de 2016, cuando se contabilizaron 2.617 manifestaciones.

Asimismo indicó que las protestas se han extendido por toda Venezuela, tanto en zonas urbanas, rurales, como en sectores populares y residenciales, siendo el Distrito Capital y los estados Miranda, Lara, Táchira y Mérida las entidades donde registran el mayor número de manifestaciones.

Del mismo destacó que en estos 4 meses se registraron acciones violentas de grupos paramilitares en al menos 523 protestas, con el agravante de que “En la mayoría de las protestas donde se presentaron estos grupos se reportaron heridos de bala, principalmente en el Distrito Capital, Miranda, Táchira,

Mérida, Lara, Carabobo, Aragua y Anzoátegui, y mostró preocupación porque “en las últimas semanas se registra una mayor presencia de estos grupos durante la represión a manifestaciones, sobre todo en zonas residenciales”.

El OVCS explicó más adelante: -Con el Plan Zamora se exacerbó la represión y la violencia en Venezuela. Se han registrado extraoficialmente 163 muertes desde el 6 de abril hasta el 13 de agosto del presente año. En este lapso el Ministerio Público ha reconocido el fallecimiento de 129 personas.

[La Fiscalía General de La Nación forma parte de lo que he llamado Ministerio Judicial de la narcodictadura y, en consecuencia, sus informes sobre los asesinatos en las protestas por paramilitares, la Policía Nacional y la Guardia Nacional no son confiables]

CNN Español y otros medios nacionales e internacionales informaron que la fase verde del Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora se activó el 18 de abril de ese año, con el argumento de que estaba en marcha un plan auspiciado por el Departamento de Estado de EE.UU. para dar un golpe de Estado en el país.

-He decidido activar el Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Plan Zamora para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social, dijo Maduro al anunciar la puesto en práctica del mismo.

[Ese plan es tan letal como el Plan Ávila que el 11 de abril de 2002 el tirano Hugo Chávez quiso activar para masacrar la gigantesca manifestación popular en contra de su régimen, y al negarse el general Manuel Rosendo a aplicarlo renunció al cargo, según lo informó en cadena de radio y televisión el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, general Lucas Rincón] Un mes después, el 17 de mayo, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López afirmó que por orden de Maduro, y dado que existe un “plan para aterrorizar a la nación”, enviaría 2.000 efectivos de la

Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas de operaciones especiales para activar en el Estado Táchira la segunda fase del mismo plan.

La fuente explicó: -Aunque no existen documentos oficiales del Ministerio de Defensa ni de la Presidencia en los que se explique en qué consiste el plan, según Alba Ciudad, la emisora del Ministerio para la Cultura de Venezuela, “es el plan estratégico y operacional que activa la seguridad y defensa de la nación en caso de amenazas al orden interno, que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional. Es el máximo Plan de Seguridad y Defensa de la Nación. Su fase verde es de alerta general, o de amenaza en un periodo de crisis; también se activa para la atención de desastres y calamidades naturales”.

Desde el 31 de marzo de 2017, inicio de las manifestaciones contra la narcodictadura, según la fuente que se consulte, hubo entre 127 y 163 muertes. La mayor cifra corresponde al monitoreo hecho por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El 30 de mayo del mismo año la ONG Control Ciudadano reveló que después de analizar los patrones que revela la aplicación del llamado Plan Zamora, implementado por el régimen de Nicolás Maduro, a través de la Fuerza Armada Nacional en varias regiones del país, advirtió que la misma está violando el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, que prohíben, en cualquier tiempo y lugar: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

Rocío San Miguel, presidente de citada ONG, consideró además que la aplicación del Plan Zamora, exento de todo mecanismo de control democrático hasta el presente, “constituye un marco propicio para la comisión de crímenes atroces y violaciones graves a los Derechos Humanos”. Preocupa a Control Ciudadano en especial:

La activista de los derechos humanos, expresó igualmente:

-El aumento significativo de “circunstancias propicias alegadas por el gobierno”, para reprimir masivamente a la población.

El historial de violencia e impunidad, en medio del cual el gobierno ha consolidado un discurso político de identidades excluyentes entre “ellos y nosotros”, que está permitiendo abiertamente identificar a quienes protestan o son opositores como enemigos del Estado.

La configuración territorial de espacios donde la población identificada como opositora no puede expresar sus derechos civiles y políticos, por medio de manifestaciones y protestas, pues son reprimidos brutalmente.

La permisividad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con los “saqueos” y actuación de colectivos armados contra personas y bienes civiles.

La utilización de mecanismos de “represalias” por parte de cuerpos de seguridad del Estado y la GNB para atacar indiscriminadamente viviendas y comercios, afectando incluso centros educativos y sanitaros, sin tomar precauciones en el uso de la fuerza.

El empleo del discurso de odio.

El alto porcentaje de armas y municiones ilegales en manos de la población civil.

De distintas fuentes digitales son los datos que siguen sobre asesinatos durante las protestas. Algunas de las víctimas ni siquiera estaban participando y fallecieron porque al momento de la agresión fatal por parte de colectivos violentamente o fuerzas represivas el azar las hizo estar, sin quererlo, en un sitio donde rondaba la muerte. En ciertos casos la información que se suministra enriquece relatos anteriores.

Jairo Johan Ortiz Bustamante de 19 años, estudiante de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo) de Caracas, el 6 de abril de 2017 recibió un disparo mientras participaba en una manifestación realizada en Carrizal, Estado Miranda. El Ministerio Público determinó que el autor de su muerte fue el funcionario de la Policía Nacional Leonel Rojas Mara, quien esgrimió su arma de reglamento y efectuó múltiples disparos en contra de un grupo de 81 jóvenes que protestaban.

El 6 de abril de 2018 Venezuela Awareness, al cumplir un año de su asesinato, recordó que Ortiz Bustamante fue la primera víctima mortal durante las protestas de 2017.

Al efecto escribió: -Abril 06, 2018.- Era la noche del 6 de abril de 2017. A las 6:00 pm arreciaban las protestas en el país, que ya llevaban al menos una semana tomando las calles. En Montaña Alta, una urbanización del Municipio Carrizal del Estado Miranda, a pocos kilómetros de la capital de Venezuela, las protestas también se hacían sentir.

Jairo quedó registrado en las protestas del año 2017 como la primera víctima fatal. Ese día el joven salió de su hogar, ubicado en el edificio 4 de Montaña Alta, a manifestar contra los “abusos cometidos por el Gobierno”. Se supo que fue uno de los primeros en llegar a la protestas.

Y añadió: -A las 9:30 pm Jairo cayó herido de bala. Estaba ubicado muy cerca del centro comercial de la zona y allí lo alcanzó una bala. Según dijo un testigo que no quiso identificarse, “el tiro vino desde arriba, desde donde estaban los guardias”.

Por su muerte quedó detenido Rohanluis Leonel Mata Rojas, oficial de la Policía Nacional Bolivariana, quien es señalado de ser el autor material de este homicidio al ser reconocido por quienes estaban de testigos aquella noche en la plaza del mencionado sector altomirandino.

Según la fuente, la víctima “se iba del país en el mes de mayo con su novia, Oriana Delgado, quien intenta también proseguir con los planes, por lo que en menos de un mes cumplirá el tan anhelado viaje que haría con Ortiz Cuatro días después, Daniel Alejandro Queliz Araca, de 19 años, en medio de una protesta que se llevaba a efecto en la urbanización Los Parques de Valencia, Estado Carabobo, recibió un disparo en el cuello hecho por funcionarios de la Policía de Carabobo. El Ministerio Público determinó que los asesinos fueron los funcionarios Marcos Ojeda y Edwin Romero, imputados por los delitos de homicidio calificado y uso indebido de arma orgánica.

La víctima estudiaba tercer año de derecho en la Universidad Arturo Michelena, Un año después del asesinato su madre, Gleniz Araca, decidió quitarse la vida en la residencia donde vivía junto con su esposo en el Estado Carabobo.

Miguel Ángel Colmenárez Milano, de 36 años el 11 de abril cuando fue interceptado por varios hombres mientras observaba una manifestación que se desarrollaba en la calle 59 de Barrio Nuevo, Barquisimeto, Estado Lara, quienes lo despojaron de sus pertenencias, le arrojaron dos artefactos explosivos conocidos como aturdidoras y luego le dispararon con una escopeta.

Se convirtió en el primer asesinado durante protestas en el Estado Lara.

El 3 de julio, en el diario La Prensa, de Barquisimeto, la periodista Jennifer Orozco escribió: -Lara ocupa el segundo lugar en el podio, pero esta vez no da orgullo, si no tristeza, pues la entidad repunta en la cantidad de muertes violentas que se han registrado durante estos más de 90 días de manifestaciones contra el Gobierno nacional y por si fuera poco, la tierra de los crepúsculos remontó escalafones tras los 5 fallecidos ocurridos la última semana.

El primer lugar de la lista lo ocupa Distrito Capital con 25 decesos y en el tercero quedó Barinas con 10 muertes. En el resto del país se le sumaron Táchira, Miranda con 9, Mérida y Carabobo con 7, mientras que Zulia con 5, Aragua con 3, An zoátegui y Trujillo con 2 cada uno y Vargas, Sucre, Ciudad Bolívar y Falcón con un caído cada uno cierran la lista que tiene un total de 98 personas muertas.

Y adicionó luego: -Desde el primero de abril, que las comunidades larenses salieron a protestar en las calles, se han registrado fuertes encontronazos contra la Guardia Nacional y colectivos armados.

El primer asesinado en Lara durante las protestas ocurrió el 11 de abril. Miguel Ángel Colmenárez Milano (36) fue la víctima. El hombre observaba una manifestación

en

la

calle 59 de Barrio Nuevo cuando fue interceptado por varios hombres, quienes lo despojaron de sus pertenencias, le arrojaron dos conocidos como aturdidoras y luego le dispararon con una escopeta. Ese mismo día murió un adolescente de 14 años en la urbanización Alí Primera. El chamito fue alcanzado por una bala. Y el último que engrosó la lamentable lista fue Ransés Martínez, quien recibió un balazo en la cabeza el viernes 30 de junio mientras estaba en Patarata.

Este chamo, perteneciente al frente Francisco de Miranda y estudiante de la Misión Ribas, se convirtió en la víctima número 14 muerta por herida de bala, eso sin contar la muerte de Nelson Arévalo quien recibió un impacto que le perforó el cuello en Las Trinitarias y las autoridades no han determinado el arma causante del crimen.

Asimismo indicó: En Lara también se han registrado asesinatos por perdigones, como el caso de Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo (32) quien fue herido a quemarropa el 11 de abril y falleció el 13. También ha habido víctimas por fusil (caso Eyker Daniel Rojas Gil (20) quien recibió un plomazo el 26 de abril en el oeste de Barquisimeto mientras veía protestas) o metra, como se sospecha que murió Roberto Chino Durán quien fue herido en los edificios Terepaima de la 30.

Al final precisó: -Recientemente el director del Foro Penal, Alfredo Romero, calificó la cifra como la más espeluznante y se mostró preocupado por la avanzada violencia que se ha vivido en la entidad crepuscular.

Brayan David Principal Giménez, de 14 años. También fue asesinado ese día en la urbanización Alí Primera de la Parroquia El Cují, de Barquisimeto. Estudiaba tercer año de bachillerato. Fue impactado por un proyectil de arma de fuego que le causó hemorragia interna y ruptura vascular visceral. El Ministerio Público responsabilizó del crimen a Yohan Zapata.

El 18 de noviembre de 2017 en el reportaje “¿Quién mató a Brayan?”, publicado en https://www.lavidadenos.com Ana Teresa Torres escribió: -Brayan David Principal nació el 26 de septiembre de 2002 y murió 14 años después, el 11 de abril de 2017. Falleció en el Hospital Central “Antonio María Pineda” de Barquisimeto, donde fue ingresado con los intestinos perforados por un disparo de bala. Una entre las miles de muertes que pasan a engrosar las cifras, y a veces ni siquiera. Pero de lo ocurrido en este caso sabemos más y saberlo nos acerca a la incomprensible lógica de la violencia. Su corta vida transcurrió en medio de ella.

Torres agregó: -Sus propósitos de futuro eran difusos, como lo son siempre a esa edad; oscilaban entre ser ingeniero petroquímico, ingresar a la Marina, o ser policía, al parecer la opción preferida puesto que al lado del logo del Cicpc, la policía de investigaciones criminales, queda escrito: “La mejor carrera de mi vida”. Mientras tanto asistía con su familia a la iglesia cristiana y le gustaba la música y predicar a los niños.

Un vecino entrenaba a los chicos para jugar fútbol, y esa era también una de sus actividades favoritas.

Luego explicó: -Según los informes balísticos, la trayectoria de la bala indica que fue disparada desde la urbanización Alí Primera, y no desde la urbanización Yucatán, como se pensó en un principio. Las investigaciones del Cicpc, de las que desconocemos los detalles, identificaron como supuesto culpable a un hombre de 29 años, conocido como “El maracucho”, aparentemente con antecedentes de “mala conducta”, residente de la zona 15, muy cercana a la zona donde habita la familia Principal. El sospechoso fue interrogado el mismo día del funeral de la víctima. El fiscal 21 con competencia en Derechos Fundamentales descartó que algún funcionario estuviera incriminado y el caso pasó a la fiscalía 20.

El 24 de mayo fue detenido con orden de aprehensión del Ministerio Público, acordada en el Tribunal 2º de Control del Estado Lara, y el 10 de julio fue acusado de los delitos de homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad, por lo que fue recluido en la cárcel David Viloria (antes Uribana).

Respecto a las hipótesis del caso Ana Teresa Torres precisó: -En el contexto en que se produjeron estos hechos la determinación de la verdad, de la verdad policial y penal, se abre a diferentes versiones. Por ejemplo, Eleuterio Giménez cree que su nieto murió a consecuencia de disparos de la Guardia Nacional porque, según él, cuando se produjo el hecho ya los disturbios se habían calmado y solo permanecían los efectivos de ese cuerpo. Si fuera así se entiende la necesidad de encontrar un culpable lo antes posible. Marbelis, en un primer momento, acusó a los vecinos de la urbanización Yucatán de entrar en Alí Primera para quemar y hacer desastres en el urbanismo; en una segunda declaración aceptó que el culpable era un vecino de su zona, puesto que el Cicpc lo detuvo. “El Cicpc no se equivoca y si está preso es por algo”. Que se haga justicia es, por lo menos, un consuelo, aunque, como ella misma añade, “no es fácil volver a sonreír”.

Algunos medios reseñaron que el joven fue herido en las protestas cuando los colectivos armados intentaron ingresar en la urbanización para robar las cajas Clap de comida. La comunidad de la Ciudad Socialista Alí Primera emitió un comunicado para

reclamar justicia y denunciar la violencia generada por los grupos opositores de las inmediaciones.

A su juicio, “Al margen de las actuaciones del Ministerio Público, probablemente nunca se sepa con plena seguridad quién o quiénes fueron los autores de los disparos” y “Nada parece sugerir que su muerte fuera premeditada”. Sin embargo, “algo sabemos: su muerte no es consecuencia de la casualidad o del accidente fortuito” y por lo tanto, “La verdad queda envuelta en el conflicto político y Brayan estaba ese 11 de abril en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

Gruseny Antonio Calderón Scirpatempo, de 32 años. Falleció el 13 de abril, luego de que funcionarios de la Guardia Nacional, dos días antes, le dispararon con una escopeta a quemarropa cuando transitaba por los alrededores de una manifestación que se desarrollaba en el sector Bellas Artes de Cabudare, Estado Lara, y en vez de trasladarlo al hospital, fue detenido y conducido a un centro de detención, y ya moribundo lo trasladaron al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto donde falleció.

Sobre ese crimen las fiscalías 85° nacional y 21° del Estado Lara, solicitaron y le fueron acordadas 14 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios adscritos a la Guardia Nacional, quienes jamás fueron arrestados en virtud de la protección de la que fueron objeto por parte del Comandante General de la Guardia Nacional y del Ministro de Interior.

Al cumplirse el primer año del deceso de Gruseny Canelón, primer asesinado a quemarropa por la Guardia Nacional, el periodista Jesús Barreto, del portal Analítica, escribió el reportaje que se reproduce a continuación: La noche del 11 de abril de 2017 alrededor de las 9:00pm, Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo, de 32 años de edad entró herido de muerte, en un vehículo militar al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), de Barquisimeto, estado Lara.

Canelón había participado durante buena parte del día en las intensas protestas escenificadas en la avenida Ribereña, cerca de Tarabana, en Cabudare, municipio Palavecino del estado Lara, muy cerca de su residencia, donde resultó herido a quemarropa por perdigones disparados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según varios testigos.

Esta versión fue confirmada por Jesús Guarecuco, presidente de la Sociedad de Médicos y Residentes del Hcuamp, centro de salud en el que Canelón fue ingresado aún con vida e incluso consiente, por lo que su testimonio se unió al de otros manifestantes y amigos que presenciaron el suceso.

Guarecuco reveló, al momento de informar del fallecimiento, que Canelón recibió dos disparos que, de acuerdo con relatos de algunos presentes, fueron de perdigones, utilizados por funcionarios de

la GNB para dispersar la protesta que se mantuvo por más de seis horas ininterrumpidas, hasta el fatal desenlace.

Los tiros le produjeron una herida de aproximadamente seis centímetros de radio en el hemitorax del lado izquierdo, localizada en la denominada región lumbar, lo que le causó severas complicaciones médicas y luego de una convalecencia de más de 30 horas, falleció el 13 de abril de 2017.

“Tuvo una lesión hepática de grado IV; múltiples heridas en el colon, por lo que tuvimos que quitarle la mitad de ese órgano; también presentó daños en un riñón, en el diafragma y el pulmón izquierdo”, detalló el médico.

Preliminarmente hubo consenso sobre las causas de la muerte entre testigos, médicos y autoridades involucradas, como el entonces defensor del Pueblo, Tareck William Saab. No así sobre el lugar de los hechos, que compañeros de la manifestación afirman fue cerca de la casa de Canelón, pero que Saab aseguró, a través de un mensaje en su cuenta en Twitter fue en Valle Hondo, Cabudare. Este detalle no contribuiría a dilucidar el causante del asesinato.

Para la investigación el Ministerio Público comisionó a los fiscales 6°, 16º y 21º del estado Lara, Luz Marina Araujo, Natali Amaro y Carlos Arturo Muñoz, respectivamente, quienes el 20 de abril, solicitaron la detención de 14 oficiales de la GNB, a quienes se les atribuyó la responsabilidad de la muerte de Canelón, la orden fue girada por el Juez 7° de Control, como explicó Saab en un mensaje en Twitter.

A mansalva El asesinato de Canelón se volvió viral al instante de trascender en redes sociales. Los relatos de la muerte revelaron la saña y alevosía con la que, presuntamente, actuaron los integrantes del piquete de la GNB, que desde tempranas horas se habían apostado frente a las urbanizaciones Santa Cecilia, Roca del Valle y Tarabana Plaza, en la que Canelón residía y fue el eje en donde se realizó la manifestación.

“Tony” Canelón era muy popular en el estado Lara, por su incursión varias disciplinas deportivas como el baloncesto, waterpolo y voleibol. El día de los hechos en los que cayó muerto resultaron heridos de bala y perdigón decenas de manifestantes. Su deceso fue el tercero en condiciones parecidas, durante las protestas iniciadas en rechazo a las sentencias N° 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con las que se transfirieron las facultades para legislar de la Asamblea Nacional a Nicolás Maduro.

Pero con el agravante de que fue a mansalva. Su asesinato no contuvo el descontento social que prolongó por tres meses más y cuyas causas siguen actualmente tan vigentes como aquella fatídica noche.

Carlos José Moreno, de 17 años, el 19 de abril murió al recibir un disparo en la región cefálica cuando un grupo de civiles armados motorizados arrojó bombas lacrimógenas a los presentes y accionaron armas de fuego. Era estudiante de primer semestre de economía en la Universidad Central de Venezuela y se encontraba en una concentración que se desarrollaba en la Plaza la Estrella, San Bernardino, de Caracas.

Como autor del crimen la investigación del Ministerio Público, responsabilizó a un funcionario de la Policía Municipal de Sucre que se encontraba de civil infiltrado en la manifestación, también miembro del Colectivo 5 de marzo con sede en la zona de Cotiza.

Según Telesur el Ministerio Público ordenó la detención de Alexander Linares.

El fiscal 79 nacional lo imputó por los delitos de homicidio calificado, lesiones y agavillamiento y será recluido en la prisión de El Rodeo II. La fuente agregó que “Las investigaciones de los organismos de seguridad también determinaron que el oficial activo de la policía del municipio Sucre del estado Miranda Jonathan Camacho, es el autor material del asesinato de Moreno, de 17 años, hecho ocurrido el 19 de abril durante una manifestación convocada por la oposición.

Sobre ese crimen la periodista Elisa Cueca de ok diario, de Madrid, escribió, con información del entonces Defensor del Pueblo de la narcodictadura, Tarek William Saab: -En Caracas y también de un balazo en la cabeza murió Carlos José Moreno, la primera víctima del 19A. El joven se encontraba en la zona de San Bernardino y fue trasladado al Hospital de Clínicas de Caracas desde donde su madre anunció su fallecimiento.

Ese mismo día fue asesinada Paola Andreina Ramírez Gómez, de 23 años y estudiante de la Universidad Católica de San Cristóbal. Se encontraba en las inmediaciones de la Plaza Las Palomas del barrio San Carlos, cuando fue interceptada por varios civiles armados en motocicletas que

patrullaban la zona en virtud de las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en la zona. Los sujetos trataron de despojarla de sus pertenencias, y al salir corriendo fue impactada por un proyectil que le perforó los pulmones.

Así mataron los chavistas a Paola Ramírez, la segunda víctima de ‘la madre de todas las marchas’ Ese fue el titular del reportaje publicado sobre el crimen en ok diario, de Madrid, por Elisa Chueca.

-Impactantes –explicó- son las imágenes que recogen la muerte de Paola Andreína Ramírez Gómez, la segunda víctima de los colectivos chavistas durante la manifestación convocada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y bautizada como ‘la madre de todas las marchas’. La joven estudiante de 23 años fue asesinada en San Cristóbal, Táchira, ajena a la manifestación opositora a la dictadura de Maduro y en medio del asombro y desolación de quienes grababan el trágico suceso.

Luego indicó: -En la escena se ve cómo los chavistas rodean a la chica con la intención de robarle mientras se encontraba en la plaza Las Palomas de San Cristóbal, y pese a huir tras haber sido amenazada con una pistola es alcanzada por un grupo de motoristas. Las cámaras de seguridad recogen el momento en el que la joven recibe el balazo y cae desplomada sobre el asfalto.

Los sanitarios llegaron hasta el lugar para tratar de salvar la vida de la joven pero nada pudieron hacer por ella. Los colectivos chavistas dispararon a Paola Andreína Ramírez Gómez en la cabeza, provocándole la muerte casi al instante.

La periodista igualmente informó que el entonces Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, confirmó en Twitter la captura del presunto asesino de la joven, Iván Alexis Pernía Pérez.

El 20 de abril fue asesinado el joven discapacitado Mervin Fernando Guitian en el barrio 5 de julio de Petare Estado Miranda, por funcionarios de la PNB y de la GNB, quienes dispararon con escopetas y gases lacrimógenos que reprimían una manifestación.

La víctima recibió un disparo a nivel del abdomen, cuyos proyectiles resultaron ser un tornillo y una tuerca.

Sobre ese asesinato la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) expresó su total repudio.

Por su parte, la ONG Provea expresó: -Mervins se encontraba en Petare en casa de su tía de crianza Raquel Zambrano y en horas de la noche salió a comprar comida. Cuando se trasladaba a casa de otra tía en el sector 5 de julio de la popular zona caraqueña, se encontró con una manifestación que estaba siendo enfrentada por grupos paramilitares (colectivos) y reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana con gran cantidad de detonaciones y gas lacrimógeno.

Y agregó: -Aproximadamente a las 10 de la noche, una bala impactó en la espalda del joven y atravesó sus órganos hasta salir por el abdomen, ocasionándole un derrame interno. Debido a la fuerte represión, Guitian no pudo ser trasladado inmediatamente a un centro asistencial. Cuando los vecinos lograron sortear los gases, pudieron llevarlo al Hospital Domingo Luciani, donde falleció. La doctora que lo atendió le informó a su abuela Nelvis Díaz que la bala que le quitó la vida a Mervins provino de un fusil.

El joven sufría de cuatro discapacidades: mental intelectual, mental psicosocial, neurológico y visual, todas en grado moderado.

Ese mismo día los gases lacrimógenos arrojados por efectivos de la Policía Nacional contra los habitantes de El Valle, Caracas, privaron de la vida al adolescente Albert Alejandro Rodríguez Aponte, de 16 años, estudiante de bachillerato en el Liceo José Avalos. La víctima padecía de patologías cardiacas. Y el gas lacrimógeno que inhaló le produjo complicaciones respiratorias y le causaron un infarto. Murió en el Hospital Materno Infantil de El Valle.

También en El Valle, el mismo día, fallecieron Francisco Javier González Núñez, de 34 años, quien recibió un disparo cuando se encontraba en una manifestación en la calle Cajigal y trasladado al Hospital Clínico Universitario, ingresó sin signos vitales, igualmente Kelvin Steeven León, de 19 años, al recibir un disparo que le ocasionó fractura de cráneo.

En esa misma fecha también fueron asesinados en Caracas Natalie Martínez, José Ramón Gutiérrez, Ángel Lugo Salas y Estefany Tapias Renzo Rodríguez Rodas, de 54 años, fue asesinado el 24 de abril. Se encontraba en una farmacia de la avenida Intercomunal de Barinitas, comprando un medicamento para su esposa, cuando pasó una manifestación por el lugar y recibe un impacto de bala en la región pectoral izquierda.

La investigación del Ministerio Público identificó como autores a miembros de un grupo de civiles armados que disparaban en contra de los manifestantes. Por el caso se solicitaron ocho órdenes de aprehensión y actualmente se encuentran detenidas tres personas.

Según El Correo del Orinoco, la víctima, técnico en telecomunicaciones, estaba en su motocicleta intentando evitar la confrontación de manifestantes y funcionarios de los cuerpos de seguridad, cuando recibió un impacto de bala en el pecho.

Sobre ese crimen Diario Contraste informó que el Ministerio Público acusó a Neón Bencomo (26), Gabriel Rojas (24) y a los hermanos Carlos Alberto (28) y Carlos Eduardo Ávila (30).

Agregó que la fiscal 1ª de la referida jurisdicción, Obdulia Díaz, acusó a los hombres por la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, asociación y uso de adolescente para delinquir.

-Por este caso –explicó-, también se encuentra acusado un adolescente de 17 años edad por presuntamente estar incurso en los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y asociación.

Ese mismo día Jesús Leonardo Sulbarán, de 41 años fue asesinado con varios disparos mientras se encontraba en la avenida Las Américas, con viaducto Campo Elías, de Mérida, cuando un grupo de civiles armados efectuaban disparos en contra de una manifestación que se llevaba a cabo en la zona.

Al respecto, El Correo del Orinoco informó que Sulbarán era estudiante de criminología y funcionario de la Gobernación del Estado Mérida.

Añadió que se encontraba manifestando junto a un nutrido grupo de personas, cuando fueron atacados con armas de fuego, alcanzándole el tórax un de ellos.

Luis Alberto Márquez, de 52 años, también de Mérida, fue asesinado el siguiente día.

Sobre ese crimen el diario El Nacional reportó: - Murió Luis Enrique Márquez, uno de los heridos este lunes en Mérida, en horas de la madrugada de este martes {25] falleció Luis Enrique Márquez, trabajador de la Universidad de Los Andes y dirigente del Sindicato de Obreros de la ULA (Soula). Horas antes, el ciudadano resultó gravemente herido de bala durante la arremetida de grupos armados en moto contra de los merideños que participaron en el “Plantón Nacional” en las inmediaciones del Centro Comercial Yuan Lin. La fuente agregó: -Márquez, quien era dirigente sindical oficialista, recibió el disparo en la cabeza en las inmediaciones de las residencias El Viaducto, donde los sujetos armados ingresaron al estacionamiento quemando un carro, una moto y causaron daños a otros tres automóviles de los residentes de la zona.

Orlando Johan Jhosep Medina Aguilar, de 22 años, fue asesinado en El Tocuyo, Estado Lara. Era bedel del Liceo Seferino Castillo de esa población. Recibió un disparo que le ocasionó traumatismo craneoencefálico mientras se encontraba en una manifestación en la avenida Lisandro Alvarado. El Ministerio Público identificó a los autores, a quienes se les solicitó una orden de aprehensión.

Sobre ese crimen el diario El Carabobeño, con información del periódico La Prensa de Barquisimeto, reportó:

Otro fallecido durante protestas en El Tocuyo -La madrugada de este martes 25 de abril fue asesinado con un disparo de escopeta en la cabeza el joven de 23 años Orlando Johan Médina Aguilar durante los disturbios registrados en horas de la noche en la ciudad de El Tocuyo, Estado Lara.

El impacto de bala lo recibió en la frente que le causó la muerte, presentó además otra herida de bala que le rozó el cuello. El hecho ocurrió a las 12:30 am cerca de la alcaldía del municipio Morán.

Medina fue ingresado al hospital de la entidad a las 01:00am, allí llegaron sus familiares. Se conoció que residía en Santa Eduviges y que era hijo de una empleada del Concejo Municipal de Morán.

El Ministerio Público comisionó a la fiscal 6ª de Lara para investigar la muerte…

El Carabobeño agregó: -La víctima recibió un disparo en la cabeza con una escopeta según reseña el portal web del MP. La Fiscalía junto a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc) se apersonaron al lugar del suceso a fin de colectar evidencias de interés para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales respectivas.

El día siguiente Christian Humberto Ochoa Soriano, de 22 años, estudiante de electricidad fue asesinado al recibir un disparo en el abdomen cuando funcionarios de la policía estatal irrumpieron disparando indiscriminadamente en el callejón Rómulo Gallegos del barrio Francisco de Miranda, en Valencia, donde se producía una protesta. El Ministerio Público identificó a los autores e imputó a un efectivo policial.

El Correo del Orinoco informó que la víctima fue gravemente herida por disparos a quemarropa por parte de un funcionario de la policía de Carabobo cuando era reprimida una manifestación en Valencia. Fue trasladado por sus compañeros al hospital Dr. Enrique Tejera donde falleció.

Por su parte, El Carabobeño, en una nota suscrita por Darsy Alvarado, reseñó que el Ministerio Público comisionó a las fiscales 35º y auxiliar de Carabobo, Anny Camejo (E) y Joana Moreno, respectivamente, para investigar la muerte de Christian Humberto Ochoa Soriano (22), ocurrida la noche del martes 25 de abril, tras resultar herido durante una manifestación el lunes 24 de abril, en Valencia.

-Según información preliminar,-explicó- la víctima salió de su residencia en la parroquia Miguel Peña el pasado 24 de abril, cuando un grupo de personas se encontraba manifestando en las adyacencias del lugar.

Posteriormente, el joven resultó herido por varios disparos de perdigones por lo que inmediatamente fue trasladado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera donde murió la noche del martes a las 9:00 p.m.

Jackson Enrique Hernández Hernández, de 16 años, fue asesinado el 24 de abril de ese año al ser herido con arma de fuego por desconocidos durante el Gran Plantón Nacional convocado por la Mesa de la Unidad.

Darsy Alvarado, de El Carabobeño, con información del diario La Nación, de San Cristóbal, reportó al respecto: Un adolescente de 16 años de edad y de quien se asegura que era un observador casual de una protesta en la vía a Capacho-Libertad, en el sector Llanitos, fue presuntamente asesinado de dos balazos, cuando personas aún no precisadas le dispararon a la concentración de personas en horas de la noche de lunes, reseña el diario La Nación.

Alvarado agregó: -Como Jackson Enrique Hernández Hernández fue identificado el joven quien murió casi de manera instantánea. Las heridas le afectaron órganos vitales.

Las versiones conocidas por los medios de comunicación refieren que desde tempranas horas del día lunes, un grupo de personas decidió sumarse a la jornada de protesta contra el Gobierno nacional, lo que llevó a un nutrido número de jóvenes a quemar cauchos e instalar barricadas para impedir el tráfico de vehículos por la zona.

La reseña del diario explica que tras casi 12 horas del inicio de la manifestación y de la quema de un vehículo, buena parte de quienes se hallaban en el sitio optaron por retirarse hacia sus hogares, momento en que el joven casualmente transitaba por la zona hacia su residencia en Táriba, cuando desde un vehículo efectuaron numerosos disparos contra la multitud.

Desafortunadamente, en ese preciso instante, Jackson Enrique recibió dos balazos, uno de ellos en el pecho y otro en la región torácica, que causaron que la víctima se desplomara al piso.

El ataque armado fue repelido por la turba, quienes lanzaron rocas y objetos contundentes contra los atacantes, que al verse acorralados, huyeron velozmente del lugar.

A causa de las heridas mortales, el joven murió prácticamente de manera instantánea, por lo que personas que observaron el cadáver tendido en el piso lo cubrieron con una manta.

Seis horas después del deceso del adolescente, miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas efectuaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Hospital Central.

La víctima, pese a la corta edad, estaba por convertirse en padre, pues dejó en estado de gravidez a su compañera sentimental.

También con información de La Nación, el blogspot noestassolavenezuela publicó: - Cómo se sucedieron los hechos "...murió el lunes 24 de abril cuando observaba una protesta y lo alcanzó una bala en la cabeza, disparada por desconocidos que abrieron fuego contra los manifestantes desde un carro. El hecho ocurrió en El Llanito, municipio Capacho Nuevo de Táchira, según el diario La Nación. Hernández es uno de los fallecidos en el marco de las protestas que registra Cecodap, pero que no está presente en el listado del Ministerio Público.".

Y agregó: -Luis Enrique Hernández Olarte, padre del joven fallecido, declaró que su hijo estaba a la espera de cumplir la mayoría de edad para ingresar a la Guardia Nacional, sueño que no logró.

Jackson recientemente había culminado el bachillerato y tenía la aspiración de ser guardia nacional, pero le truncaron ese sueño.

Eyker Daniel Rojas Gil, de 20 años, fue asesinado el 27 de abril al recibir un disparo en la región temporal izquierda mientras se encontraba en una manifestación en la vía pública de la parroquia Concepción de Barquisimeto, cuando se presentaron efectivos de la Guardia Nacional disparando en contra de los manifestantes desarmados. Fue trasladado posteriormente al seguro social Pastor Oropeza, donde falleció. Pasó a ser el quinto asesinato cometido contra los manifestantes por las fuerzas represivas de la narcodictadura.

El crimen fue reseñado así por la periodista Karina Peraza Rodríguez, de El Impulso: -Eyker Daniel Rojas Gil (20), fue asesinado a las 9 de la noche de este miércoles en la carrera 15 con calle 61, zona oeste de Barquisimeto. Por su muerte testigos del hecho y familiares responsabilizan a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana….

Según relataron los familiares de Rojas Gil, este miércoles se encontraba en su casa ubicada en la calle 61 con carrera 13 y a pesar de que sus hermanos le dijeron que no saliera porque la situación estaba violenta y por la zona rondaban los colectivos, este no hizo caso, fue catalogado como un muchacho terco y salió con otro hermano de 19 años para la calle.

En otra parte explicó: -El joven herido fue recogido por personas que se encontraban en el lugar y lo trasladaron al Seguro Social Pastor Oropeza, en donde ingresó sin signos vitales.

Residentes de la zona y testigos del hecho que se acercaron al lugar, entre ellos algunos de los jovencitos que se encontraban la noche del miércoles, comentaron que ellos estaban manifestando, algunos encapuchados, veían como los Guardias Nacionales se acercaban en modo intimidante. Fue lanzada una bomba lacrimógena, por ello detonaron algunos cohetes hacia los militares y posteriormente comenzó un enfrentamiento donde además de perdigones salieron a relucir armas largas en manos de los castrenses, específicamente fusiles Kalashnikov, que según los allí presentes, fueron disparados en contra de los manifestantes.

Uno de estos proyectiles fue a dar en el pómulo izquierdo de Rojas Gil, derribándolo inmediato y causándole una herida de gran dimensión.

Se pudo conocer que la versión que dan los castrenses es que los manifestantes se acercaron a la zona con intenciones de atacarlos. Para el momento en la unidad móvil, se encontraban tres funcionarios que fueron apoyados por otros tres que estaban en las instalaciones del GPP, asegurando que tan solo se usaron cartuchos contentivos de polietilenos, además de las bombas lacrimógenas.

Uno de los militares de forma extra oficial aseguró que el grupo era al menos de 40 personas y que algunos estaban armados, relató que en la zona se acercó un vehículo blanco, el cual observó un poco lejos y por ello no distinguió características, pero si llegó a ver que disparó en contra de los presentes y fue en ese momento cuando se dispersaron las personas del lugar.

Este es el quinto hecho sangriento, en donde es asesinado un larense durante manifestaciones. Por este crimen fue notificado en horas de la madrugada el Eje de Homicidios de la zona Sur, trascendió que los uniformados estaban desde la 1 en el sitio del suceso. Al lugar se hizo presente Carlos Muñoz, Fiscal 21 del Ministerio Público, con competencia en Derechos Fundamentales.

En el sitio fueron conseguidas 9 conchas de proyectiles que aparentemente fueron disparados de un fusil, siendo el calibre 7,62.

Se conoció que fueron colectadas tres en la calle y seis dentro de las áreas comunes de la iglesia mormona. Así mismo se observaban rastros de cohetes, botellas partidas, y mechas que al parecer fueron usados en motolov.

El 2 de mayo Yonathan Eduardo Quintero Arenas, de 20 años, con arma de fuego.

Según el portal Runrun.es "falleció cuando luego de una manifestación se ocasionaron daños a un establecimiento comercial, en la avenida Villa Florida de Valencia, Estado Carabobo. El joven de 20 años habría sido asesinado durante los saqueos al automercado Villa Florida. Su propietario, un asiático de 41 años, presuntamente sacó un arma y disparó a los que ingresaban para intentar defender su

negocio, hiriendo a Quintero. Este fue trasladado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde murió.".

Por su parte, el Ministerio Público en su página Web registró: -El 2 de mayo de 2017, se encontraba en las inmediaciones del supermercado Villa Florida, sector La Guacamaya de Valencia, donde habría intentado ingresar de manera irregular. En su momento, se escucharon varios disparos provenientes de la parte superior de dicho local, efectuados presuntamente por el dueño del local. Uno de esos disparos alcanzó a Quintero Arenas en la cabeza, quien fue trasladado al Hospital Central de Valencia, donde llegó sin signos vitales.

También señaló: - Por este hecho se acusó al ciudadano Zhong Liang Cenhe. Para conocer este caso fueron comisionadas las fiscalías 61° nacional y 27| del Estado Carabobo.

Ese mismo día fueron asesinados Carlos Eduardo Aranguren Salcedo, de 30 años; Ángel Enrique Moreira González, de 28 años, y Jesús Armando Alonso Valera.

Sobre el asesinato de Carlos Eduardo Aranguren Salcedo, Lorena Meléndez @loremelendez, de Monitor de Víctimas, escribió: La mañana del 2 de mayo, Carlos Eduardo Aranguren Salcedo, de 30 años de edad, bajó desde su casa en el Barrio La Unión de Petare hasta el Puente Baloa, en El Llanito, en el municipio Sucre del estado Miranda. Buscaba el desayuno para su familia.

Pero ni él ni la hermana quinceañera que lo acompañaba sabían que las calles se habían convertido en una zona de guerra, en donde los disparos de la Guardia Nacional, la Policía Nacional, los colectivos y los civiles, iban y venían en medio del “trancazo”, la manifestación que había sido promovida por la Mesa de la Unidad (MUD) para esa jornada. Al percatarse de la situación, su hermana adolescente se refugió detrás de un camión. Pero Aranguren Salcedo, quien era padre de dos niños, no se salvó: dos proyectiles lo alcanzaron en el costado. Murió sobre el pavimento. Ángel Enrique Moreira González, de 28, exmiembro de la selección nacional de natación, se encontraba en una protesta trancando la autopista Prados del Este en el Municipio Baruta, Estado Miranda, cuando el conductor de un vehículo que intentaba pasar la barricada de personas aceleró para arrollar a los manifestantes, logrando alcanzarlo.

Jesús Armando Alonso Valera, de 15 años, recibió un disparo en la cabeza mientras observaba hechos violentos cerca de su casa, en las Parcelas del Socorro, que eran controlados por cuerpos de seguridad, escribió Dayrí Blanco, de El Carabobeño.

Por su parte, el portal El Cooperante, reportó: - Jesús Alonso falleció el 02 de mayo cuando recibió un impacto de bala en la cabeza mientras observaba un saqueo que se desarrollaba en las Parcelas del Socorro, Estado Carabobo. El joven de 15 años de edad, fue añadido al listado de Cecodap, sin embargo, no a la del MP.

El 5 del mismo mes fue asesinado con arma de fuego el estudiante Hecder Vladimir Lugo Pérez, cuando se encontraba en una manifestación en la avenida Don Julio Centeno, adyacente al conjunto residencial Los Tulipanes, en San Diego, Estado Carabobo, y funcionarios policiales dispararon en contra de los manifestantes. Recibió un disparo en la región frontal derecha con salida parietal izquierda.

Sobre ese crimen la redacción del portal El Estímulo reportó: -Lugo, de 22 años de edad, murió el 5 de mayo producto de un disparo en la cabeza accionado presuntamente a quemarropa por un agente de la GNB en el sector San Diego, del céntrico Estado Carabobo, denunciaron familiares y un político de oposición. “(A Hecder) le habían dado unos perdigonazos y, como estaba inmóvil, el Guardia Nacional llegó y lo terminó de matar con un tiro en la cabeza”, aseguró Fidel Lugo, tío de la víctima.

Ese mismo día, falleció en Maracaibo Miguel Medina, de 20 años.

Según reportó el portal finanzas.com falleció tras pasar nueve días hospitalizado después de ser herido en una protesta, informaron medios locales y dirigentes de la oposición venezolana.

La fuente añadió, con información del diario Panorama, que Medina recibió un balazo en su abdomen" y destacó que este joven es la primera víctima mortal que se registra en Zulia desde que se iniciaron las protestas antigubernamentales en todo el país el 1 de abril.

Anderson Enrique Dugarte Dugarte, de 31 años murió el 10 de mayo tras ser herido tres días antes con arma de fuego mientras participaba en una manifestación en la calle 26, con Viaducto Campo Elías, de Mérida, y un grupo de civiles armados dispararon en contra de los manifestantes. Recibió un disparo en la región temporal derecha.

Sobre ese crimen, que irresponsablemente el entonces ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, atribuyó a un francotirador de la Mesa de Unidad Democrática, reportó El Correo del Orinoco: Anderson Dugarte falleció mientras permanecía hospitalizado en el área de trauma shock del Hospital Universitario de Los Andes desde hace tres días. El ciudadano quien se desempañaba como mototaxista, resultó herido durante una protesta en las inmediaciones del viaducto Campo Elías, Estado Mérida, registrada el pasado lunes alrededor de las seis de la tarde.

La fuente agregó: -Ante el deceso de Anderson Dugarte, la Fiscalía número 38 nacional inició las investigaciones del caso para dar con los responsables de la muerte del ciudadano, que se suma a lista de personas fallecidas desde que iniciaron las protestas antigubernamentales.

El siguiente día fue asesinado el comunicador social de la Universidad Santa María Miguel Castillo Bracho, de 27 años, cuando se encontraba en la avenida principal de Las Mercedes, Municipio Baruta, Estado Miranda, y funcionarios de la

Guardia Nacional le dispararon con esferas metálicas, impactándolo a la altura del intercostal izquierdo .

Sobre ese crimen El Nacional reportó: - Miguel Castillo Bracho, de 27 años de edad, fue asesinado este 10 de mayo durante las protestas opositoras de este miércoles en Las Mercedes.

El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, indicó que la víctima recibió un impacto en la zona intercostal.

El manifestante fue trasladado a la Policlínica de Las Mercedes, lugar al que llegó sin signos vitales.

La fuente indicó además: -Con la muerte de Castillo, la cifra de muertes durante las protestas opositoras en el país entre abril y mayo asciende a 38, según el Ministerio Público.

El gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, responsabilizó a Nicolás Maduro y Néstor Reverol del asesinato de Castillo.

“Otro joven venezolano asesinado por tu enferma ambición de poder @nicolasmaduro Responsable también el pran Reverol y su ayudante Zavarse!”, ratificó.

El 15 de

mayo fue asesinado con arma de fuego Luis José Alviarez Chacón, de 18 años, bachiller y jugador de ping pong. Mientras se encontraba en una manifestación en la parroquia Palmira del municipio Guásimos, funcionarios de la Policía Nacional dispararon sus armas de reglamento en contra de los manifestantes, quienes le impactaron a nivel del tórax. El Ministerio Público identificó a dos funcionarios de la Policía Nacional como los autores.

Sobre ese crimen el portal El Cooperante reportó: -Caracas, 18 de mayo.- El Tribunal de 7° de Control del Estado Táchira dictó privativa de libertad para los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana Wilfredo Casanova y Carla Sayago, por su presunta responsabilidad en la muerte de Luis José Alviarez Chacón (18), ocurrida la tarde del 15 de mayo luego de resultar herido en una manifestación en Palmira, municipio Guásimos del Estado Táchira.

El reporte añadió:

-En este sentido, el fiscal 85 ° nacional y 20º de esa jurisdicción, José Alexis Martínez y Edward Narváez, respectivamente, imputaron a los funcionarios por los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles y uso indebido de arma orgánica.

Sin embargo, AlbertoNews el 19 de septiembre de 2020 advirtió sobre esas imputaciones: -Foro Penal desmiente que PNB responsables de la muerte de Luis Alviarez estén presos, como afirmó Saab Diego Armando Hernández Barón, de 32 años, también fue asesinado el 15 de mayo, con arma de fuego. Se encontraba en una manifestación diagonal a la plaza Bolívar, Municipio Capacho Nuevo, Estado Táchira, cuando recibió un disparo en el tórax. El Ministerio Público identificó como autor al funcionario de la policía estatal Luis Oviedo Ávila, quien disparó en contra de los manifestantes.

La fatal noticia fue reseñada por el portal El Cooperante en los siguientes términos: -Caracas, 16 de mayo.- Este lunes, la sangre de tres venezolanos enlutaron todo el territorio nacional, luego de recibir certeros impactos de balas que les sesgó la vida en cuestión de minutos.

Y agregó: -Diego Hernández, es una de estas víctimas, y como de costumbre, el chavismo ha responsabilizado a la oposición de su deceso. Sin embargo, el Ministerio Público imputó a un funcionario de PoliTáchira.

En horas de la mañana de este martes, la Fiscalía anunció que imputará al funcionario Luis Oviedo, por la muerte de Diego Hernández, ocurrida este lunes en la población de Capacho, al recibir un disparo en el pecho, lo que contrapone la versión de los “rojitos”.

En efecto, el entonces gobernador José Vielma Mora, fue uno de los que responsabilizó a la derecha de la muerte de Hernández, durante unas declaraciones ofrecidas este martes.

-Dentro de su maldad, -acusó- la derecha atacó el Centro de Coordinación Policial de Capacho, lugar donde falleció Diego Armando Hernández Barón, quien era jefe de los CLAP del Municipio Independencia.

Freddy Bernal también hizo lo propio y responsabilizó a Voluntad Popular de los hechos.

Yeison Nathanael Mora Castillo, de 17 años, fue herido el día 15 de mayo con arma de fuego cuando se encontraba en una manifestación en la parroquia Ciudad Bolivia, Municipio Pedraza, Estado Barinas y recibió un disparo de la Guardia Nacional en la región infra orbital derecha. Falleció en el Hospital Luis Razetti el día siguiente.

Sobre esa muerte reportó el portal Cronica.Uno: -Caracas. El Ministerio Público (MP) investigará la muerte de un joven de 17 años en Barinas, tras ser herido en una manifestación el 15 de mayo en el sector Ciudad Bolivia, municipio Pedraza de la entidad.

En un comunicado, la Fiscalía informó que el joven “se encontraba en las adyacencias del referido sector, lugar en el que se desarrollaba una manifestación, cuando repentinamente llegó un grupo de personas que efectuó varios disparos, hiriendo al joven en la región craneoencefálica”.

Proiuris, por su parte, informó: -Contrario a las declaraciones ofrecidas en rueda de prensa por el ministro Néstor Reverol, en relación a la muerte del joven Yeison Natanael Mora Castillo, de 17 años, donde indicó que había sido por un impacto de bala, la gobernadora del estado Barinas, Zenaida Gallardo, aseguró que “no fue ocasionada por un arma de fuego, sino por una metra”.

Diego Fernando Arellano De Figueredo , de 31 años, fue asesinado el 16 de mayo con arma de fuego.

Arma de fuego.

Mientras se encontraba en la avenida Perimetral en la entrada de la urbanización Los Castores en San Antonio de Los Altos, Estado Miranda, recibió un disparo en el tórax cuando funcionarios de la Guardia Nacional disparaban de forma indiscriminada.

Fue trasladado a la clínica El Retiro, donde falleció.

Yohana Marra @yohanamarra, del portal Cronica. Uno escribió al respecto: -Caracas. “Diego era luz”, coincidieron dos amigas de Diego Fernando Arellano Figueredo, de 31 años, que arribaron a la capilla 1 del cementerio del este, la mañana lluviosa de este viernes 19 de mayo.

Dos días tuvieron que esperar sus parientes para iniciar el velorio, ya que sus dos hermanos mayores se encontraban fuera del país y aguardaban por su llegada a Venezuela.

El pasado martes 16 de mayo, Diego recibió un impacto de proyectil en el tórax mientras se encontraba en una manifestación en San Antonio, municipio Los Salias del estado Miranda, que era reprimida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Murió en la Clínica El Retiro durante una intervención quirúrgica.

Diego era biólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el año 2012. Se especializó en animales exóticos y era amante de la fotografía, soñaba con ser fotógrafo de la revista National Geographic.

José Francisco Guerrero Contreras, de 15 años, fue asesinado el 17 de mayo cuando se encontraba en un abasto ubicado en el sector Sabaneta de San Cristóbal, donde se realizaba una manifestación y recibió un disparo en la región umbilical inferior izquierda.

El Cooperante reportó al efecto: -Caracas, 17 de mayo.- La mañana de este miércoles murió el adolescente José Francisco Guerrero (15), quien la noche del martes recibió un impacto de bala durante los disturbios que se registraron en Sabaneta, municipio San Cristóbal del estado Táchira.

Y agregó: “Ayer fue una víctima más de la Guardia Nacional y de los colectivos. Mi mamá lo mandó a un abasto a comprar una harina PAN para la cena y no llegó más. Y cuando nos llamaron ya lo tenían aquí en quirófano con una bala y llegó diciendo que habían sido los guardias nacionales. Malditos guardias de mierda, que siempre andan matando a la gente, no tienen corazón de nada. Maduro desgraciadísimo, que le está desgraciando la vida a la gente. No se cansan de matar”, dijo la hermana de la víctima, María Elizabeth Contreras Zambrano.

Manuel Felipe Castellanos Molina, de 48 años, fue otra de las víctimas mortales de los cuerpos represivos de la narcodictadura en el Estado Táchira ese fatal miércoles 17 de mayo. Era comerciante y se e encontraba en un abasto en Tucapé, Municipio Cárdenas, donde se realizaba una manifestación con barricadas y recibió un disparo en el cuello cuando funcionarios de la Guardia Nacional efectuaron disparos repetidamente contra de los manifestantes. El Ministerio Público identificó a tres funcionarios adscritos a ese siniestro cuerpo castrense represor.

El Nacional reportó sobre ese nuevo crimen: -Según la Fiscalía, aproximadamente a las 11:00 am, Castellano Molina realizaba compras en un establecimiento de la zona, donde se realizaba una manifestación, cuando se presentó una situación irregular en la que recibió un disparo en el cuello.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Central de San Cristóbal Dr. José María Vargas, al que ingresó sin signos vitales.

Tras investigaciones, los fiscales encargados del caso solicitaron órdenes de aprehensión contra los tres militares: Yelfrin Carmona, José Rodríguez y Brayan Lemus.

Ese día el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, inició una segunda fase del Plan Zamora en el Estado Táchira y ordenó el traslado de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 600 tropas de operaciones militares.

[Padrino López aseguró que la Fuerza Armada Nacional no usa armas contra los ciudadanos. Mentiroso y cínico. Y el contingente militar enviado al Estado Táchira no fue para resguardar la soberanía nacional en la frontera enfrentándose, como ordena la Constitución a efectivos del ELN y las FARC, sino a los venezolanos que huyen de la narcodictadura o manifiestan en las calles su repulsa al régimen]

El 23 de mayo de 2017 el periodista Hernán Lugo Galicia @HLGNapita, de El Nacional, escribió el siguiente esclarecedor reportaje sobre la represión contra las protestas de cualquier naturaleza impulsadas por trabajadores, estudiantes, gremios profesionales, sindicatos, amas de casa, etc., dirigidas a la búsqueda de reivindicaciones laborales, políticas, educativas, sanitarias y muchas otras, así como reclamos por la carencia de gas doméstico y gasolina: -Caracas. Desde hace dos años, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecuta un total de 18 planes para tratar de revertir cualquier amenaza al país. El programa macro es Soberanía, y luego les siguen otros, relacionados con el problema a atacar: de Orden Público, Guaicaipuro; y de intervención militar o uso de la fuerza castrense “ante desestabilización”, el Plan Estratégico Operacional Zamora (PEOZ), por citar solo dos, cuya fase de ejecución está en marcha desde el 19 de abril, cuando la oposición convocó a una movilización en Caracas y los 23 estados del país, que activaron las alarmas del Comandante Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb).

Lugo Galicia explicó luego: -El PEOZ entró en la Fase I, amarilla, de despliegue el 18 de abril, según Radiograma Redi-Los Llanos 3, No. 000108. Pero adquirió el rango II, concentración o combinación de fuerzas (Guardia Nacional y Ejército) en Táchira, como consecuencia de las protestas que hay en el país. Por ello, se anunció de forma propagandista la movilización de 2000 GNB y 600 tropas de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) al estado andino el 17 de mayo.

Luego apuntó: - La oposición ha denunciado que esta etapa implica el uso de grupos armados que actuarían al margen de la ley, pero bajo la custodia de los cuerpos de seguridad, como ha quedado demostrado en Los Teques, Miranda; San Cristóbal, Táchira; Barquisimeto, Lara; y Maracaibo, Zulia, donde suelen reprimir a las manifestaciones, pero no controlan o intervienen cuando participan instancias paralelas en saqueos o agreden a los ciudadanos.

Después indicó:

-Antes de su aplicación, los planes castrenses han estado signados por la formación en los cuarteles, primero de orden político e ideológico; y posteriormente de orden militar, del componente castrense al cual le corresponde actuar. En primer caso, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que recibió curso desde enero hasta noviembre de 2016.

Desde mayo de 2016 hasta la fecha, el Ceofanb distribuyó un material, elaborado por Carlos Lanz Rodríguez, titulado Estrategia Cómo enfrentar el RollBack, Operación Freedom-2 y Control Territorial, que describe cuáles serían las técnicas usadas por la oposición para “debilitar al Gobierno”, lograr un quiebre de la FANB y justificar una intervención militar y, por ende, expone lo que debe hacerse.

En el siguiente segmento precisó: -Los cursos se siguen dando, y han tenido mayor difusión desde enero cuando se fue descartado el referéndum revocatorio y se pronosticaba una reacción adversa, de índole violenta de la oposición”, explicaron fuentes militares que asistieron a las charlas en Fuerte Tiuna y comandos regionales, trazadas por el alto mando, en lo que va de 2017.

RollBack significa “restaurar” y, según Lanz Rodríguez, la oposición tiene como misión “regresar a la IV república”. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) habla de restitución del orden constitucional, violado por el Tribunal Supremo de Justicia cuando desconoció y se adjudicó las facultades de la Asamblea Nacional. Sin embargo, los argumentos de Lanz Rodríguez han sido asumidos, de manera pública, por el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López; por radiogramas secretos de la FANB; y en los 18 planes castrenses, entre ellos el PEOZ, que tilda de “enemigo” a la oposición o cualquier ciudadano disidente del Gobierno.

Asimismo señaló: -En el comunicado de la FANB del 17 de mayo, se descalifica, como ejemplo, a la MUD y se da como cierta la tesis de Lanz Rodríguez.

“Los llamados a plantones y/o trancazos por parte de un falso liderazgo político, no son más que un subterfugio detrás del cual esconden una violencia sistemática, cuya escalada se copia al calco de lo ejecutado en países como Libia, Ucrania y Siria, con el único propósito de generar anarquía y caos, que siempre son el preludio a una intervención extranjera para consecuentemente derrocar al gobierno legítimamente constituido”, señala el comunicado, suscrito por Padrino López, que justifica la activación de la II fase del PEOZ en Táchira.

Además acotó: -Padrino López habla de “guerra no convencional” y así es recogido en los Lineamientos 2016 y 2017, dictados al alto mando militar, en coincidencia con Lanz Rodríguez. Este último ha indicado que en el país no está previsto “un desembarco de marines, ni tampoco un madrugonazo militar. Es la combinación de formas de lucha: manifestaciones, barricadas, trancas, francotiradores, acciones de comando, copamiento de cuarteles, pronunciamiento militar”. ¿Qué harán? ¿Cómo enfrentarán esas amenazas? ¿Qué ideas del investigador forman parte del PEOZ? -La nueva doctrina militar bolivariana –aseveró- establece la tesis de la «Guerra de todo el pueblo» y propone ante el Rollback desarrollar la “línea militar de masas o

guerra de resistencia enmarcada en la unidad cívico-militar, que ponga en juego todas las enseñanzas históricas acumuladas”.

La estrategia consagra el uso de “fuerzas especiales”, de forma progresiva, una vez que se hayan vulnerado “tres anillos”: “El control territorial en un corredor estratégico, base o punto de apoyo, agrupa las fuerzas en tres estructuras: 1. Línea militar de masas en función de la movilización de todo el pueblo para la defensa integral. 2. Unidades de milicias, las cuales desarrollan actividades múltiples. 3. Comandos de fuerzas especiales para neutralizar fuerzas oponentes (mercenarios, paramilitares)”, explican.

En el “Adyacente al 3° anillo se colocan observadores adelantados cuya función básica es la antelación o alerta temprana”. ¿Cómo estarán integrados esos “anillos”?- se preguntó el periodista.

-Fueron ideados de mayor a menor,-advirtió-según el plan de trabajo.

3° anillo: Está compuesto por sectores populares de base, los cuales se estructuran para trancar o abrir vías, barricadas, puntos de control” (¿Inteligencia social, grupos de delatadores o “sapos”?, son las interrogantes, que surgen al leer el texto).

“2° anillo: es un punto de bloqueo y de contención, conformado por milicianos y colectivos con capacidad de combate urbano, con armamento popular” (¿Parapolicía o paramilitar?)

“1° anillo: es un punto de defensa sólida, con armas de guerra, ya que implica custodiar y proteger cuarteles, instituciones relevantes, asiento del poder popular” (¿Barricada en Miraflores? ¿Humanos como escudos?, son otras interrogantes).

Lugo Galicia detalló del mismo modo las formas de luchas contempladas en el manual de Lanz Rodríguez, divididas en tres etapas para combatir cualquier maniobra de la oposición que, aseguran, cuenta con apoyo internacional.

-La primera etapa –reveló- incluye: 1. Preparación político-ideológica de las fuerzas del cambio sobre el legado de Chávez.

2. Detención de Redes de inteligencia social para las alertas tempranas y las respuestas rápidas.

3. Demandan al Gobierno Eficiencia en la gestión pública para satisfacer necesidades colectivas.

4. Abortar y confinar los conflictos.

5. Fortalecimiento del poder popular y el control territorial 6. Estrategia Comunicativa Integral (ECI) para enfrentar la OPSIC 7. Implementación de la nueva doctrina militar: Unidad cívico-militar y defensa integral.

8. La defensa integral demanda la inteligencia operativa, estrategia comunicativa pertinente y el control territorial.

En una segunda etapa, se determinó: -Tradición de lucha y memoria histórica -Nivel de organización popular -Potencial de actividades socio-productivas sustentables -Existencia en el territorial de condiciones topográficas favorable desde el ángulo topográfico: cuevas, callejones, alcantarillados, túneles y pasajes

-Ubicación de actores oponentes (pranes, para-militares, narcotraficantes) -Experiencias y fortalezas en el sistema de comunicaciones y transporte.

-Puntos de apoyo para las actividades de masas: plazas, locales.

-Vías de evacuación y retirada escalonada.

El periodista observó también: -A partir de la caracterización político-territorial, se ubican los puntos de apoyo, bases y corredores estratégico, donde se debe concentrar el conjunto de las fuerzas, evitando la dispersión y atomización”, aconsejan.

Y agregó: -En una tercera tanda, se describe: Delimitado el territorio, se plantean las líneas que permite ejercer el poder real en el lugar: -Control de entradas y salidas -Construcción de anillos de seguridad, los cual van desde los más laxos y lejano, hasta el núcleo duro y compacto.

-En el proceso de control participan todas las fuerzas, empleadas en múltiples actividades: comunicaciones, inteligencia, OPSIC, contención”. ¿Qué es el control territorial?-se preguntó también el autor del reportaje, respondiendo: -Los planes militares persiguen el control del territorio o “el control territorial” — como se define en los foros— lo que demanda aprestos operacionales y ejercicios en el siguiente orden: -Alerta temprana y acuartelamiento.

-Movilización con arreglo al plan de contingencia.

-Despliegue en áreas asignadas: puntos de control, observadores adelantados.

-Movimientos y desplazamientos en correspondencia con la situación: avances y retrocesos escalonados, retirada estratégica.

El manual citado indica también: -La Milicia Nacional es incorporada en la formación de la lucha contra el RollBack pero, antes debe recibir “preparación sociopolítica y técnico militar en el tipo de guerra no convencional”, en los siguientes aspectos: el Rollback como nueva estrategia imperial; inteligencia operativa y contrainteligencia; Opsic y estrategia comunicativa integral; premisas y métodos del control territorial; Explosivos y armamento popular; y sistema de comunicación y enlaces no convencional”, señala el documento, expuesto en los cuarteles y comandancias de los cuatro componentes.

En otro fragmento del reportaje el periodista respondió la interrogante ¿Quién es quién en Plan Zamora? Al respecto, identificó a sus componentes: Fuerzas Enemigas,

[Es decir, los opositores a la narcodictadura, considerados por Padrino López enemigos y no adversarios que jamás, a su juicio, accederán al poder porque las Fuerzas Armadas lo impedirán]

organizaciones o grupos violentos al margen de la ley, personas o grupos de la delincuencia organizada, organizaciones criminales que atenten contra la vida y la propiedad pública y privada, Organizaciones y Gobiernos extranjeros, contrarios al sistema de gobierno legalmente constituido, que asuman acciones desestabilizadoras

en el territorio nacional, en apoyo a grupos violentos, organizaciones delictivas dedicadas al contrabando de extracción o introducción, personas y organizaciones inescrupulosas dedicadas a acciones de guerra económica tales como usura, acaparamiento, especulación o boicot, personas y/o organizaciones dedicadas a la depredación ambiental con fines de comercio, organizaciones o ciudadanos armados, al margen de la ley, Fuerzas Amigas, Ministerios del Poder Popular, Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim), Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Paúl René Moreno Camacho, de 24 años, el 18 de mayo se encontraba en las inmediaciones de la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, cuando el conductor de un vehículo arremetió en contra de una barricada, arrollándolo y escapando del lugar.

Fue trasladado al Hospital Adolfo Pons, donde falleció. Era paramédico y estudiante de quinto año de medicina en la Universidad del Zulia.

Redacción @cronicauno reportó ese día: -Caracas. Este jueves falleció el estudiante de medicina, Paul Rene Moreno, de 24 años, quien fue embestido por una camioneta durante una protesta en Maracaibo, Estado Zulia.

El joven participaba en la manifestación y fue arrollado por una Hilux sin placas que se dio a la fuga, reseñó el diario La Verdad. El estudiante fue trasladado al Hospital Adolfo Pons y falleció poco después de su ingreso.

Moreno era paramédico, miembro de Primeros Auxilios de la Universidad del Zulia y pertenecía a la organización de auxilio Cruz Verde.

El Ministerio Público notificó que comisionó al fiscal 4°, Israel Vargas, para que investigue la muerte del universitario.

El 25 del mismo mes, según reportaron varios medios, entre ellos el portal El Estímulo, el entonces ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó a través de su cuenta en Twitter que los ciudadanos Omar Andrés Barrios y Lizmary Hernández fueron detenidos, por ser los presuntos responsables de arrollar al estudiante de medicina -e integrante del grupo de rescate Cruz Verde- en el Zulia, Paúl Moreno, el pasado 17 de mayo.

En su honor, luego de la propuesta realizada por entonces la alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, al Concejo Municipal de la ciudad que fue

aprobada, la avenida Fuerzas Armadas pasó a denominare Dr. Paúl René Moreno Camacho. Ello ocurrió el 25 de mayo.

Tres años después el chavismo la volvió a denominar Fuerzas Armadas.

Al efecto, Redacción 800 Noticias reportó el 29 de mayo de 2020: -La amenaza se cumplió, desde hace unos meses se venía manejando la posibilidad de derogar un decreto de la alcaldía de Maracaibo del año 2017, de cuando gobernaba la opositora Eveling Trejo, y decidieron que la Avenida Fuerzas Armadas, llevara el nombre de un joven voluntario de la cruz verde que fue asesinado durante unas protestas.

El 25 de mayo del 2017 la mencionada arteria vial había cambiado oficialmente su nombre a Av. Paúl René Moreno Camacho, en honor al joven universitario.

Daniel Rodríguez Quevedo, de 18 años, fue asesinado el 19 de mayo. Era estudiante de primer año de derecho de la Universidad Católica del Táchira.

Se encontraba el 18 de mayo en una manifestación en la urbanización Venecia, en la avenida principal de Santa Ana, Municipio Córdoba, cuando varios civiles armados en motos le dispararon, impactándolo en la región cefálica.

Trasladado inmediatamente al Hospital Central, donde falleció el día siguiente.

El portal laranadigital reportó al efecto: El Ministerio Público (MP) inició las investigaciones de la muerte del joven Daniel Enrique Rodríguez Quevedo (18), durante una situación irregular este jueves 18 de mayo en la población de Santa Ana, Municipio Córdoba del Estado Táchira.

Virginia Vivas, alcaldesa de esa jurisdicción, confirmó el fallecimiento del joven la madrugada de este viernes 19 de mayo, en el Hospital Central de San Cristóbal “Dr. José María Vargas”.

La fuente agregó: -La información preliminar de la fiscalía reveló que, la víctima salió de su residencia ubicada en la calle principal del sector La Cruz de la Misión, cuando un grupo de motorizados que transitaba por el lugar comenzó a disparar.

Edy Alejandro Terán Aguilar, de 23 años, fue asesinado el 20 de mayo, cuando encontraba en el sector El Murachí de Valera, y civiles armados dispararon contra

los manifestantes. Recibió un disparo, que le provocó una perforación cardíaca. Era estudiante de Administración de Recursos Humanos en la Universidad Simón Rodríguez.

Mayra Linares Estrada señaló en el portal Analítica, .con información del Ministerio, que Terán Aguilar se convirtió en la víctima mortal número 48 durante las manifestaciones antigubernamentales.

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Compartir por correo electrónico -El hecho ocurrió –explicó- en la avenida Bolívar de Valera, al sur de la ciudad, cuando desde las 4:00 pm grupos manifestantes decidieron armar sus protestas y cerrar algunas vías, ya más entrada la noche se presentó enfrentamiento entre grupos armados quienes llegaron con armas de fuego a pretender disolver las manifestaciones.

Yorman Ali Bervecia Cabeza, de 19 años, fue asesinado el lunes 22 de mayo.

Ese día se encontraba en la Avenida Cuatricentenaria de Barinas cuando se desarrollaba una manifestación y varias personas comenzaron a atacar el destacamento 33 de la Guardia Nacional. Murió a. Recibe un disparo del lado izquierdo del tórax.

El Carabobeño reportó: -El Ministerio Público comisionó a la fiscal primera Barinas, Obdulia Díaz, para investigar la muerte de Yorman Alí Bervecia Cabeza (19), ocurrida este lunes 22 de mayo durante una manifestación en las adyacencias de la urbanización José Antonio Páez de esa entidad.

De acuerdo con la información preliminar de la Fiscalía, el joven recibió un disparo cuando se encontraba protestando. De inmediato, fue trasladado al ambulatorio Los Pozones, donde ingresó sin signos vitales.

También fueron asesinados ese día en la entidad por protestar contra la constituyente de Nicolás Maduro Jhon Alberto Quintero, de 21 años; Alfredo Carrizales, Adonis Pérez, Miguel Bravo y Freiber Pérez.

En esa jornada de protesta igualmente dejó como saldo un centenar de heridos por perdigones, disparos de proyectiles, metras y otros objetos y al menos 50 locales saqueados. Además, encapuchados incendiaron sedes de organismos públicos al igual que la casa de la abuela de Hugo Chávez, donde éste vivió y ahora funciona el Simoncito Mamá Rosa.

Miguel Ángel Bravo Martínez, de 25 años, fue asesinado con arma de fuego durante una manifestación en la Plaza Bolívar de Socopó, Municipio Antonio José de Sucre. Alfredo José Briceño Carrizález, de 25 años, aproximadamente a las 7:30 de la noche, se encontraba en una manifestación que se efectuaba frente a su domicilio en la calle Cedeño de Barinas cuando recibió un disparo a nivel del intercostal izquierdo.

Mientras que Elvis Andonis Montilla Pérez, de 20 años, se encontraba durante una manifestación en la avenida Los Llanos, frente a la urbanización Palma de Oro, parroquia Alto Barinas, cuando recibió un disparo en la región pectoral de un sujeto encapuchado.

Sobre los dos últimos crímenes el portal oficialista Aporrea reportó:

-El Ministerio Público comisionó a la fiscal 1ª y 18º del estado Barinas, Obdulia Díaz y Yeancarlos Vinci Rivas, para investigar las muertes de Alfredo Carrizales y Elvis Adonis Montilla Pérez, respectivamente, ocurridas este lunes 22 de mayo en las urbanizaciones Andrés Eloy Blanco y Palma de Oro de esa ciudad.

Dos nuevas víctimas mortales arrojaron las manifestaciones contra la narcodictadura llevadas a efecto en Barinas el 23 de mayo, sobre las cuales el portal El Estímulo reportó: -El Ministerio Público venezolano informó este miércoles de la muerte de dos personas en medio de las protestas en Barinas, con lo que suman siete decesos en el estado natal del fallecido… Hugo Chávez en los últimos tres días y 55 en total desde que iniciaron las protestas en Venezuela, según la Fiscalía.

Y agregó: -Las víctimas fueron identificadas como Juan Antonio Sánchez Suárez (21 años) y Erick Antonio Molina Contreras (35 años), ocurridas este martes 23 de mayo en la capital homónima del estado Barinas, informó el Ministerio Público en un comunicado.

De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía, aproximadamente a las 6:00 de la tarde del martes «Sánchez Suárez se encontraba en la urbanización José Antonio Páez de Barinas, donde se llevaba a cabo una manifestación, cuando recibió dos disparos en la región pectoral».

Mientras que Molina Contreras «fue víctima de varios disparos en otra manifestación que tuvo lugar en la urbanización Los Próceres de la mencionada ciudad».

Trabajaba en un restaurante y se encontraba en una manifestación en la urbanización Los Próceres, parroquia Corazón de Jesús, donde recibió un disparo en la región escapular.

Augusto Sergio Puga Velásquez, de 22 años. El 24 de mayo se encontraba en las adyacencias del núcleo de la UDO en Bolívar, donde se llevaba a cabo una manifestación que fue reprimida por funcionarios de la policía estatal y fue alcanzado por un disparo en la región cefálica cuando los efectivos ingresaron en el interior del recinto universitario y dispararon de forma indiscriminada en contra de los manifestantes.

Sobre ese hecho criminal, la ONG Control Ciudadano reportó: -Durante la tarde del 24 de mayo, la autonomía universitaria de la Universidad de Oriente (UDO) sede Ciudad Bolívar, fue allanada por funcionarios de la GNB y de la Policía del Estado Bolívar (PEB). Al menos siete estudiantes resultaron heridos durante los hechos, incluyendo a Puga, quien se encontraba dentro del recinto universitario, en el área de decanato, cuando recibió un impacto de bala en la cabeza.

La ONG agregó: -La diputada Olivia Lozano denunció que durante mucho tiempo se impidió la salida de los heridos para que fuesen atendidos en centros de

salud. Finalmente, Puga, fue trasladado al hospital Ruiz y Páez, donde fallecería. El joven era estudiante de enfermería.

El Ministerio Público comisionó a los fiscales 68° Nacional y auxiliar y 2ª del Estado Bolívar, Edgard Millán, Juan Franchi y Yoniray Lugo, respectivamente, para investigar los hechos. Se imputaron a los oficiales de la Policía Bolívar Annel Medina Delgadillo, Gabriel Centeno Navas, Luis Contino Freides, Edduar Infante Guzmán, Derquis Pérez y al sargento segundo de la Milicia Bolivariana Cristhiam Arzolay como coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía, trato cruel en detrimento del otro estudiante, así como uso indebido de arma orgánica.

El sitio de reclusión de los cinco efectivos policiales será el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en San Félix; mientras que el sargento estará privado de libertad en la Comandancia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ubicada en Ciudad Bolívar.

Adrián José Duque Bravo, de 23 años, también murió ese día, pero en Maracaibo. Era contador público. La víctima se encontraba en una manifestación que se desarrollaba en las Torres del Saladillo, ubicadas en la avenida Padilla desea ciudad, cuando recibió un impacto en la región abdominal izquierda, que resultó ser una esfera de vidrio.

-Con la muerte de Duque, .explicó El Mundo, de Colombia- asciende a 57 la cifra de víctimas mortales que han dejado los hechos violentos derivados de las manifestaciones que desde hace casi dos meses sacuden al vecino país.

El 26 de mayo fue el asesinato de Manuel Alejandro Sosa Aponte, de 33 años.

Se encontraba en una manifestación en la urbanización Valle Hondo de Cabudare, Estado Lara, cuando recibió un disparo de proyectil 9mm en el cuello por un funcionario de la Guardia Nacional, quienes disparaban de forma indiscriminada en contra de los manifestantes. Falleció en el Centro Quirúrgico Los Leones en Barquisimeto.

Sobre ese nuevo crimen el portal El Cooperante reseñó: -Caracas, 27 de mayo.- Maritza Aponte, la madre de Manuel Alejandro Sosa Aponte, de 33 años de edad, el joven que fue asesinado este jueves durante las protestas que se desarrollaron en Valle Hondo Cabudare, municipio Palavecino, estado Lara, rompió el silencio tras la muerte de su ser querido.

“Mi hijo no será el último. Ya van más de 50 madres que estamos sufriendo, que tenemos el pecho apretado, que no hallamos qué hacer, que tenemos demasiada impotencia. Esto es un dolor muy grande”, dijo la madre de Manuel Sosa.

Una herida producida por el paso de un proyectil en la región infraclavicular derecha, con salida en la escapular derecha, fue la causante de la muerte de Sosa.

La fuente añadió: -Una niña le dio la lamentable noticia a Maritza. La mujer observó cómo vecinos auxiliaron a Sosa Aponte, mientras que ella les gritaba que corrieran, porque ella no podía hacerlo. “Me agarré de una reja que aún me duele el brazo, no le pude llegar a mi hijo y despedirlo. No lo iba a volver a ver más”, dijo la madre de Sosa al medio El Impulso.

César David Pereira Villegas, de 20 años, fue asesinado el 28 de mayo. Era estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi.

Siendo aproximadamente las 6:30 de la tarde, se encontraba en una manifestación que

se llevaba a cabo en las adyacencias del Centro Comercial El Peñón del Faro, municipio Diego Bautista Urbaneja, cuando llegó una comisión de policías estatales y reprimió a los protestantes. Fue herido en el abdomen por una esfera de vidrio disparada con un arma de fuego.

Ministerio Público demostró la modificación de municiones por parte de la policía para el control de manifestaciones para hacerlas más letales.

El Carabobeño, entre otros medios, informó que ese organismo acusó al funcionario de la Policía del Estado Anzoátegui, Onan Josué Pereira Irigoyen (32), por su presunta responsabilidad en la muerte de César David Pereira Villegas (20), ocurrida el pasado 28 de mayo durante una manifestación en el sector Peñón del Faro de Lecherías.

María Estefanía Rodríguez, de 42 años, fue asesinada el 1 de junio al recibir un disparo en la región intercostal derecha cuando caminaba junto a otras personas por la avenida Intercomunal de Barquisimeto, a la altura de la Escuela La Granja, lugar en el que se desarrollaba una manifestación.

Versión Final reseñó: -El Ministerio Público designó la noche de este jueves a la Fiscal 1° del Estado Lara para investigar la muerte de María Estefanía Rodríguez, de 42 años.

Según información preliminar, la mujer murió tras recibir un disparo en pecho cuando se encontraba en una manifestación que tuvo lugar en la entidad.

Con su deceso, ascienden a 8 las personas que han fallecido en Lara durante las protestas antigubernamentales que llevan 62 días en el país.

Luis Miguel Gutiérrez Molina, de 20 años, falleció el 2 de junio. El 17 de mayo se encontraba en las inmediaciones de una manifestación en la Carrera Cuarta de Tovar cuando un grupo armado efectuaba disparos y resultó herido en el abdomen, ingresando al Hospital Universitario Los Andes, donde murió.

El Nacional reseñó la designación del fiscal 4º del Estado Mérida para investigar el caso y agregó que la represión de la Guardia Nacional dejó un saldo de al menos 30 heridos de bala y de proyectiles el pasado 17 de mayo.

-En esa ocasión, -explicó- el alcalde de Mérida, Carlos García, denunció en sus redes sociales que la GNB disparó trozos de cabilla a las personas y que se habían recolectado varios casquillos de proyectiles.

El día siguiente falleció Yoinier Javier Peña Hernández, de 28 años, con discapacidad psicomotora de nacimiento. El 10 de abril se encontraba en una manifestación con un grupo de personas en las inmediaciones de la avenida Florencio Jiménez con avenida La Salle de Barquisimeto. Los presentes fueron sorprendidos por un vehículo en marcha desde el que dispararon varias veces, hiriéndolo en la región

intercostal derecha. Fue trasladado al Hospital Central Universitario Antonio José María Pineda, donde dejó de existir.

Sócrates Jesús Salgado Romero, el 12 de junio de se encontraba en la avenida principal Carlos Soublette, en La Guaira, Estado Vargas, en su moto y en el trayecto se encontró con una manifestación que estaba siendo dispersada con gas lacrimógenos por parte de la Guardia Nacional. Esto le ocasionó asfixia y le produjo un infarto.

Marighzell Lucena-Vargas, del portal Analítica reseñó sobre ese caso: -Familiares de Sócrates Jesús Salgado, de 50 años de edad, fallecido la noche del lunes en medio de las acciones de represión ejercida por los cuerpos de seguridad para dispersar las manifestaciones por comida en La Guaira, aseguran que el deceso de su pariente no fue consecuencia de una grave condición de salud sino de los gases lacrimógenos.

Y agregó: -Mi hermano ya lo habían operado hace seis meses; guardó todo su reposo”, explicó Fernanda Romero, hermana de la víctima, dejando claro que aun cuando hace seis meses salgado había sido operado del corazón, su estado de salud era estable, tanto que en esta misma semana debía incorporarse a sus labores en el aeropuerto de Maiquetía, donde trabajaba.

Negó de manera categórica que su hermano estuviera participando en alguna manifestación por comida y que al momento de movilizarse para buscar a su pareja que se encontraba atrapada en medio de las manifestaciones.

Resulta ser que la esposa venía del trabajo, llamó para que la buscarán y él cuando iba llegando a la plaza Mayor; unos dicen que fue que le pegaron bomba en el pecho, aunque no se le ve nada; y otros que la bomba le quedó muy cerca”, dijo el familiar.

Por su parte, el general de división, José Jacinto Cabello, comandante de la Zodi en Vargas, indicó que “ayer en las redes se manejó la muerte del señor Sócrates, que había sido objeto de la GNB de ataques con gases lacrimógenos, eso es falso.

Hablamos con la familia y ya salió el protocolo de autopsia, donde dice que el señor primero se trasladaba le dijo a su familia que se sentía mal e iba al hospital y en el traslado al hospital murió de un edema cerebral, que le produjo un paro respiratorio”.

Indicó además que las acciones ejercidas por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana fueron justificadas antes las pretensiones de “grupos delincuenciales de la oposición. Estuvimos prestos de ataques terroristas en cinco puntos de la ciudad, todos fueron repelidos por la Guardia Nacional, con los equipos que posee la Guardia Nacional que no son letales sino autorizados”, dijo.

Luis Enrique Vera Sulbarán, de 20 años, murió en Maracaibo el 15 de junio, arrollado cuando un camión tipo cava pasó a gran velocidad y embistió a manifestantes mientras cerraban las calles.

El Luchador.info reseñó: -Hace pocos minutos, un joven identificado como Luis Enrique Vera Sulbarán, de 20 años, murió al ser arrastrado 200 metros por el conductor de un camión cava en las adyacencias de Urbe.

La fuente agregó: -Se conoció que el occiso, quien cumpliría 21 años en julio, era estudiante de Contaduría en Urbe.

Vera Sulbarán se encontraba en una manifestación en las cercanías de Urbe cuando el conductor de un camión cava, que trasladaba medicamentos y pertenece a una droguería privada, pasó a gran velocidad arrollando al estudiante.

El vehículo involucrado fue quemado por los…

El portal circozuela.com reseñó así el caso: -Luis Vera, de 21 años de edad, murió tras ser atropellado la mañana de ayer mientras manifestaba en las adyacencias de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE). Al momento de ser arrollado se encontraba en una de las aceras cercanas a la casa de estudios, sentido URBE-Prolongación Circunvalación 2.

El Ministerio Público asignó al Fiscal 11 del Zulia para investigar la muerte del joven.

Darwin Rubio, de 37 años, quien manejaba la camioneta Ford 150 blanca, tipo cava que asesinó al joven, está detenido y será investigado.

José Gregorio Pérez Pérez, de 20 años, fue asesinado también el 15 de junio. Era. Estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Táchira, y se encontraba en una manifestación que se llevaba a cabo en la final avenida Prolongación, Rubio, cuando unos sujetos que se trasladaban en motos contra los manifestantes, lo hirió mortalmente en el rostro.

El Nacional reseñó así el crimen:

-José Gregorio Pérez Pérez, de 20 años de edad, fue asesinado este jueves en la población de Rubio, municipio Junin del estado Táchira, luego de haber participado en una manifestación por falta de gas en la zona.

El joven, quien cursaba el quinto semestre de Educación Física en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), núcleo Táchira, recibió un disparo en el rostro a manos de motorizados que habrían disparado en contra de un grupo de estudiantes y dirigentes profesorales que se encontraba manifestando pacíficamente a las puertas del Instituto Pedagógico de Rubio.

“En ese momento un motorizado con un parrillero pasó disparando a mansalva a todas las personas que allí estaban y a José Gregorio Pérez Pérez, lamentablemente, le impactó uno de los proyectiles y murió camino al hospital”, comentó el rector de la Upel, Raúl López Sayago, durante una entrevista en Unión Radio.

El joven fue trasladado al hospital Padre Justo de Rubio, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso.

“No tengo palabras para describir lo que sentimos. Otro joven que pierde su vida solo por reclamar, en busca de un país mejor, que pretendía salir de la universidad para tener una mejor calidad de vida, de crecer de manera digna, en esa Venezuela que parece que ya no está“, lamentó el rector.

Nelson Daniel Arévalo Avendaño, de 21 años, fue asesinado el 16 de junio. Era estudiante en la Universidad Fermín Toro, de Barquisimeto.

Se encontraba participando en una manifestación en la avenida Hernán Garmendia, frente al Club Hípico Las Trinitarias, cuando varios sujetos armados dispararon contra los manifestantes, lesionándolo en el cuello y trasladado a un centro de salud cercano, ingresó sin signos vitales.

El Nacional reportó al efecto: - La tarde de este viernes 16 de junio un joven murió durante una manifestación en la urbanización Club Hípico Las Trinitarias de Barquisimeto, Estado Lara.

El joven fue identificado Nelson Daniel Arévalo Avendaño, tenía 22 años, y fue trasladado a la clínica Luis Razetti por una herida en el rostro, de acuerdo con los primeros reportes. Ingresó al centro de salud sin signos vitales.

El adolescente Fabián Urbina, de 17 años, fue asesinado el 19 de junio cuando se encontraba participando en una manifestación en el distribuidor Altamira de Caracas, cuando un funcionario de la Guardia Nacional disparó con una pistola contra los manifestantes, hiriéndolo mortalmente y lesionando a cinco más. Llegó sin signos vitales a la clínica El Ávila.

El Ministerio Público identificó a los responsables y ordenó su detención.

Sobre esa nueva víctima Daniel García Marco, de BBC Mundo, reportó con fotografías de AFP y Reuters:

-La muerte de un joven de 17 años por un disparo y las imágenes en las que se ve a agentes de las fuerzas de seguridad usando armas de fuego contra los manifestantes obligó al gobierno de Venezuela a reconocer un "uso indebido y desproporcionado de la fuerza".

García Marco agregó: ­Fabián Urbina se convirtió el lunes en la víctima número 74 de la ola de protestas que se prolonga en Venezuela desde hace dos meses y medio.

No fue el primer muerto por impacto de bala. Pero las imágenes de medios locales y de agencias como Reuters y AFP no dejaron posibilidad de interpretación ni lugar a dudas.

Y, después de reconocer que entre los manifestantes hubo heridos y un muerto por arma de fuego, el ministro del Interior, Néstor Reverol, agregó en Twitter que "la hipótesis principal dentro de la investigación iniciada por estos hechos se presume el uso indebido y desproporcionado de la fuerza".

"Efectivos que dispersaban manifestación violenta han sido puestos a la orden de su unidad para determinar la responsabilidad individual", agregó.

Luego indicó que Maduro no hizo alusión al caso en su alocución de más de dos horas, donde anunció el cambio de la cúpula militar, que incluyó la salida del mayor general Antonio Benavides Torres como comandante de la Guardia Nacional, quien en su cuenta en Twitter había escrito: "No avalo y condeno categóricamente el uso de armas de fuego en operaciones para el restablecimiento de orden público por funcionarios…Nuestros hombres y mujeres tienen prohibido el uso de armas de fuego en disturbios, incluso a riesgo de su propia integridad", agregó.

En el siguiente fragmento indicó: -Al mismo tiempo, Maduro ratificó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien ya había pedido que la Guardia Nacional, policía militarizada, no cometiera "ni una atrocidad más".

La Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana están en el punto de mira al ser los cuerpos encargados de contener y dispersar protestas. En las redes sociales se han difundido numerosos videos y fotografías en las que se les ve golpeando y robando a manifestantes.

Después apuntó: -Pero la muerte de Fabián supone un paso más en la escalada de violencia.

"Más allá del dolor, lo único que les puedo decir ahorita es lo que ya sabe toda Venezuela: mi hijo fue vilmente asesinado por un Guardia Nacional que de manera cobarde le disparó, como es público y notorio", dijo este martes en la morgue Iván Urbina, padre del fallecido.

"Sólo espero el pronunciamiento de la Fiscalía y que se hagan los procedimientos para que la muerte de mi hijo no quede impune", agregó.

No en vano, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, se ha convertido en el principal esperanza de la oposición y sus simpatizantes dentro de las instituciones del Estado.

Eso, desde que en las últimas semanas adoptara posicionamientos críticos con el gobierno y de sus planes para impulsar un proceso constituyente sin convocar un referéndum previo como en la oposición interpretan que exige la Constitución.

Este mismo martes el Tribunal Supremo de Justicia admitió a trámite un recurso de un diputado oficialista para que la fiscal sea enjuiciada.

David José Vallenilla, de 22 años, fue asesinado el 22 de junio cuando se encontraba durante una protesta en la autopista Francisco Fajardo y un efectivo militar le disparó con una escopeta desde la parte interna de la base aérea La Carlota, hiriéndolo a nivel del tórax.

Ingresó a la clínica El Ávila, sin signos vitales.

Kevin Arteaga González, de El Carabobeño, reseñó así el crimen del joven manifestante: -Las violaciones a los derechos humanos son cada vez más evidentes. David José Vallenilla, de 22 años, murió este jueves tras presuntamente recibir tres impactos en el pecho mientras se encontraba en una manifestación opositora al este de Caracas.

Con profundo dolor confirmo la muerte de otro joven venezolano, manifestó a través de Twitter el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, quien además solicitó a las autoridades pertinentes que esclarezcan el caso.

El hecho se registró en medio de un enfrentamiento entre efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes disparaban a quemarropa, y un grupo de manifestantes que se encontraba en la autopista Francisco Fajardo.

Vallenilla fue trasladado de inmediato en graves condiciones a la clínica Ávila, ubicada en Chacao, pero no resistió. Otra vida se apagó en manos de la represión de la dictadura.

El 31 de diciembre de 2020 David Placer, de El Confidencial, escribió:

-David Vallenilla, el último jefe de Nicolás Maduro antes de su incursión en la política, es uno de los miles de inmigrantes afectados por los retrasos en Extranjería en España. Vallenilla llegó a España para solicitar asilo político después del asesinato de su hijo en una protesta frente una base militar en Caracas.

Y agregó: -Tras el asesinato, captado por las cámaras y difundido por medio mundo, se acercó a los periodistas para dirigirse a Nicolás Maduro y recordarle que el joven asesinado en la base militar era su hijo y Maduro lo había conocido cuando trabajaban juntos en el metro de Caracas. Vallenilla había sido coordinador de la flota de autobuses y Maduro, un conductor sindicalista, su subalterno.

Después de la denuncia, el despacho de David Vallenilla padre fue asaltado para robar los ordenadores y la documentación. Vallenilla, que ejercía como abogado en Venezuela, defiende la tesis de que los asesinatos de las protestas de 2017 fueron ejecutados de forma sistemática por órdenes directas de Nicolás Maduro a través de su alto mando militar.

Jhonatan José Zavatti Serrano, de 25 años, el 26 de junio se encontraba en una manifestación que se desarrollaba en las adyacencias de su vivienda, en la calle principal 5 de julio en Petare cuando recibió un disparo. Falleció en el Hospital Domingo Luciani el día siguiente.

Sobre ese caso Yohana Marra @yohanamarra, del portal Crónica.Uno, escribió: -Caracas. El Ministerio Público investiga el asesinato de Jhonatan José Zavatti Serrano, de 25 años, durante una manifestación en la calle principal del barrio 5 de Julio, en Petare.

Según información oficial, el joven fue herido de bala en la cabeza la noche del pasado lunes 26 de junio mientras caminaba por la zona donde había una protesta.

Fue trasladado hasta el hospital Domingo Luciani, donde falleció el martes 27 en horas de la tarde.

La fuente agregó: -El MP designó al fiscal 55 del Área Metropolitana de Caracas, Farik Mora, para dirigir las investigaciones. Con su muerte suman 76 personas asesinadas —según Fiscalía— en el contexto de manifestaciones, desde que iniciaron las acciones de calle convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática, el pasado 1° de abril, en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Vecinos de las calles 2 y 3-A de La Urbina denunciaron que la noche del lunes funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana arrojaron lacrimógenas hacia las residencias e ingresaron con tanquetas, destruyendo barreras de seguridad, garitas e instalaciones comunes.

Entraron a tres apartamentos de las residencias Erise y causaron destrozos en el salón de fiestas, puertas, espejos y carteleras. Además le robaron el celular a la conserje, cuando ingresaron a revisar su vivienda.

Jhonatan Zavatti murió tras recibir disparo en la cabeza durante protesta en Petare, reseñó en la Web la periodista Carolina González el 28 de junio de ese mismo año.

-Jhonatan José Zavatti Serrano (25), -explicó- murió el martes tras resultar herido en la cabeza el pasado lunes 26 de junio cuando caminaba por la calle principal

5 de Julio de la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, donde se desarrollaba una manifestación.

La víctima falleció el martes 27 de junio en horas de la tarde y el Ministerio Público designó al fiscal 55º del Área Metropolitana de Caracas, Farik Mora, para investigar el caso.

La fuente añadió: -El fiscal coordina las diligencias que efectúan los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, como la inspección técnica del sitio del suceso, fijación fotográfica, planimetría, así como la autopsia y entrevistas a testigos orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho, así como a determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La noche del pasado lunes el joven caminaba por la referida calle donde se desarrollaba una manifestación, cuando resultó herido con un disparo en la cabeza.

Fue trasladado hasta el Hospital Dr. Domingo Luciani, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció al día siguiente.

Javier Alexander Toro Trejo, de 34 años, el 27 de junio se encontraba en una manifestación en la encrucijada de Palo Negro, sector La Pica, Estado Aragua, donde un grupo de personas pretendía ingresar indebidamente a los locales comerciales de la zona. Una comisión de la policía regional trató de dispersarlos con bombas lacrimógenas cuando varios sujetos desconocidos le dispararon. Ingresó sin signos vitales al Hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Isael Jesús Macadán Aquino, fue asesinado el siguiente día cuando se encontraba participando en una manifestación en la avenida principal de Boyacá III, sector Troncal de Barcelona, Estado Anzoátegui, y un sujeto salió del local comercial “El Empanadón” disparándole repetidamente e hiriéndolo en la región cefálica.

Francys Medrano, de Qué Pasa reportó: -Barcelona –Este miércoles murió el joven Isael Jesús Macadan Aquino, de 18 años de edad, tras ser herido por dos impactos de bala, mientras se llevaban a cabo una protesta y saqueos en Barcelona el pasado martes.

Un proyectil en la cabeza y otro en el brazo derecho, acabaron con la vida del adolescente a las 11 de la mañana en el hospital Doctor Domingo Guzmán Lander de la entidad.

Esta sería la segunda víctima fatal a causa de las protestas en el Estado Anzoátegui. Hasta ahora, ningún cuerpo policial ni organismo se ha pronunciado al respecto.

Medrano agregó que el fiscal 20º auxiliar de la referida jurisdicción, Luis Gonzalo Galindo, imputará a Rafael José Ramírez y Tomás Julio Martínez, por su presunta responsabilidad en la muerte del Isael Jesús Macadán.

Luiyin Alfonso Paz Borjas, de 20 años, murió el 28 de junio, al ser arrollado por un camión tipo cisterna mientras se encontraba en una manifestación en el distribuidor Perijá de Maracaibo, donde se habían colocado barricadas.

Ariadna García / @Ariadnalimon, del portal Doble Llave, reportó que el Ministerio Público comisionó al fiscal 4º del Estado Zulia, Israel Vargas, para investigar el caso.

-El miércoles a las 6:30 de la tarde, .explicó- la víctima se encontraba en una barricada cuando fue arrollado por un camión cisterna. El conductor huyó mientras que este fue trasladado al Hospital General del Sur donde murió por politraumatismo generalizado.

Roberto Enrique Durán Ramírez, de 26 años, perdió la vida ese mismo día cuando se encontraba en una manifestación en la urbanización Terepaima, de Barquisimeto, y funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía regional dispararon con armas de fuego letales contra los manifestantes y recibió un disparo en el pectoral izquierdo. Falleció en la clínica IDB de dicha ciudad.

[GNB disparó una metra a Roberto Durán] Karina Peraza Rodríguez, del diario El Impulso, reseñó al respecto: -“Si ellos tienen madre que se vean reflejados en mí, el dolor que yo estoy sintiendo”.

Libia Ramírez, se dirigió con ese mensaje a los funcionarios que el miércoles en medio de una manifestación, dispararon y le arrebataron la vida a su hijo Roberto Enrique Durán Ramírez, de 24 años de edad.

El joven falleció por un impacto de metra en el esternón, del lado superior izquierdo, que supuestamente fue disparado por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana.

La periodista añadió que Roberto Durán, era conocido como El Chino y nunca había salido a manifestar, pero como ese miércoles fue pautado el Trancazo Nacional y al ver tanta gente en la calle se entusiasmó y salió.

-Se encontraba –explicó- dentro de las residencias Terepaima y pasada las 4:30 de la tarde un grupo de jóvenes encapuchados llegó a las instalaciones de la Comandancia General de la Policía, que queda a una cuadra de dicho urbanismo, fueron recibidos por un piquete de funcionarios y comenzó una pequeña confrontación entre ambos bandos.

Cada vez al grupo de jóvenes se sumaron más personas, por lo que los funcionarios de Polilara necesitaron apoyo y a ellos se les sumó un gran contingente de guardias nacionales.

Después apuntó: -Allí comentan los testigos que la represión fue más fuerte, varias personas salieron heridas con perdigones.

Una de las personas que estaba a lado de El Chino comenta que él joven había empezado a “guerrear” con ellos, se encontraban en una de las plaza que está en el

bloque 8 de las residencias Terepaima. “El cargaba un escudo de lata, pero este no tenía agarradero, hubo un momento que los verdes disparaban desde las rejas. De repente más de diez abrieron las rejas y se metieron para el edificio, muchos corrieron y El Chino dejó caer el escudó, en el momento en que se agachó para recogerlo, el guardia disparó y allí salió herido.

Corrió unos pocos metros, pero no pudo, cayó”, recuerda uno de los presentes.

En ese momento los uniformados se retiraron y a El Chino, lo trasladaron a una clínica del centro de la ciudad en donde falleció.

Igualmente señaló que la autopsia efectuada en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda duró más de dos horas, conociéndose que efectivamente se extrajo una metra de la herida, que presentó en el pecho Roberto Durán, la cual tenía dos centímetros de diámetro y era de forma ovalada.

-La metra –explicó- habría penetrado en forma descendente al cuerpo.

Escribió también: -Según explica un experto en balística al ser consultado, la persona que disparó estaba a una distancia entre 20 a 10 metros. Además comenta que de ser ciertos los señalamientos de los testigos de que el proyectil fue disparado por un GNB, sería una de las evidencias más graves de violaciones de los derechos fundamentales, porque los cartuchos que están usando para reprimir en manifestaciones son preparados, o como comúnmente los llaman “aliñados”.

En la misma fecha falleció en Cumaná, Estado Sucre, Víctor Manuel Betancourt, de 18 años, cuando participaba en una manifestación antigubernamental y fue arrollado por un vehículo.

800 Noticias, con información de El Pitazo, reseñó: -El Diputado por la MUD, Carlos Paparoni, confirmó la noche de este miércoles que el joven Victor Betancourt, de 18 años, habría sido arrollado durante una manifestación en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre.

Betancourt, quien residía en el sector Sabater, una zona vecina en la Parroquia Altagracia, recibió múltiples golpes de un vehículo modelo Yaris que transitaba en retroceso entre los sectores Nueva Cumaná y San Miguel.

Trascendió que según sus familiares el joven no participaba en la manifestación de la oposición. El chofer que lo arrolló habría sido detenido en la sede de Tránsito Terrestre de Cumaná.

Alfredo José Figuera Gutiérrez, de 17 años, murió el 29 de junio. Tres días antes se encontraba en una manifestación en la urbanización El Limón de Maracay y civiles armados a bordo de una motocicleta comenzaron a disparar, hiriéndolo en la cabeza. Dejó de existir en el Hospital Central de esa ciudad, donde estuvo en terapia intensiva durante tres días.

La Novia Manca reseñó sobre ese asesinato que la víctima había salido de su casa, ubicada en el sector Las Tejerías de Limón, para ir a grabar en un CD su proyecto final, que presentaría esa semana en la Escuela Técnica Cristo Rey de El

Limón. El adolescente egresaría de sexto año y se graduaría como técnico medio en informática.

-Grupos de civiles armados –explicó- atacaron a tiros a los jóvenes que participaban en el trancazo realizado el lunes 26 de junio y dejaron heridos a otros cuatro jóvenes. Alfredo Figuera no participaba en la protesta, pero recibió un tiro en la cabeza en el instante en que pasaba por la avenida Caracas de El Limón. El proyectil en la cabeza le produjo muerte cerebral.

Eduardo José Márquez Albarrán, de 20 años, murió el 30 de junio, luego de permanecer desde el 13 del mismo mes en el Hospital Universitario de Los Andes tras ser herido a nivel abdominal durante una manifestación en el sector Pie del Llano, frente a la estación de servicio Mario Charal, Mérida, por funcionarios de la policía regional que dispararon contra la misma. Era estudiante en la Universidad Politécnica Territorial.

800 Noticias reportó: -El Ministerio Público investiga la muerte de Eduardo José Márquez Albarrán (20), estudiante de Turismo en la Universidad Politécnica de Mérida, quien falleció la tarde de este viernes 30 de junio, luego de permanecer hospitalizado desde el 13 de junio de este año cuando fue herido durante una manifestación en el sector Pie del Llano.

Luego explicó: -Cabe recordar que el mismo día en que fue herido el joven, también resultó muerto el supervisor jefe de la policía de esa entidad federal, Douglas Acevedo Sánchez (45).

Los fiscales 38º nacional y 4ª de ese estado, Vladimir Ángel y Maureen Rojas, respectivamente, quienes fueron comisionados desde el 13 de junio, coordinan la investigación que actualmente realizan funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Los testigos del hecho, relataron que un grupo de desconocidos disparó contra las personas que manifestaban en el sector Pie del Llano, acción que dejó como consecuencia el hecho narrado.

Rubén Alexander Morillo Pereira, de 33 años, el viernes 30 de junio se encontraba durante una manifestación en la Avenida Libertador en Barquisimeto cuando se presentaron funcionarios de la Guardia Nacional, quienes comenzaron a disparar en contra de los manifestantes. Fue herido y trasladado a un hospital, donde ingresó sin signos vitales.

La periodista Karina Peraza Rodríguez, de El Impulso, reportó: -Desde de las 10 de la mañana de este viernes comenzó el terror en Barquisimeto, el saldo de enfrentamientos con cuerpos de seguridad y la arremetida de paramilitares, llamados colectivos, dejó como saldo dos personas fallecidas y ocho heridos.

Aunque la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no hizo llamado de trancazo, los residentes de Barquisimeto salieron por iniciativa propia, desde tempranas horas a trancar las principales arterias viales de la ciudad. La zona oeste fue uno de los sitios en los que más se reportó la presencia de personas protestando en contra del Gobierno nacional.

Funcionarios de la Guardia Nacional rondando en motos se observaron en la mañana, pero eran corridos por residentes. Las horas de terror comenzaron después de las 10 de la mañana cuando los manifestantes eran asediados por grupos armados, quienes amedrentaban para que las personas volvieran a sus hogares.

La periodista añadió: -La avenida Libertador con calle 54, desde que empezaron las protestas ha sido uno de los puntos más activos, no se ha detenido. La urbanización Obelisco se encuentra totalmente cerrada, todos los vecinos se protegen entre sí. Comenzaron muy temprano, por el lado de la avenida Pedro León Torres aparecieron los primeros castrenses, hubo un pequeño enfrentamiento pero no pasó a mayores.

Luego del mediodía un convoy de la GNB, más de 60 motos y varios camiones llegaron a la zona, descargaron a los funcionarios, quienes se instalaron en el sitio. Cuentan los testigos que todos los muchachos de la autodenominada Resistencia de la 54, estaban tranquilos, muchos residentes mirando lo que allí pasaba, entre ellos Rubén Alexander Morillo Pereira (32) conocido como El Bube. Este joven fue uno de los que habló con los funcionarios del cuerpo castrenses indicando que todo estaba tranquilo y al poco rato de haberles dado la espalda comenzaron los mismos a disparar bombas lacrimógenas.

El enfrentamiento comenzó y de forma repentina se dejan venir hacia los bloques al menos tres guardias, uno de ellos se posiciona apunta y dispara.

Aseguraron los allí presentes que fue con un arma. Los proyectiles disparados por el castrense impactaron a El Bube.

El joven pudo caminar unos metros, y cayó hacia una cancha, allí fue trasladado hasta una clínica privada ubicada a pocas cuadras, pero ingresó sin signos vitales alrededor de las 2 de la tarde.

Dos heridas tenía El Bube, una en el brazo izquierdo y otra en el pecho, la que le causó la muerte casi en forma instantánea.

Familiares que no quisieron identificarse y amigos, relataron que El Bube era una persona que no participaba en las manifestaciones, como muchos se acercaba a mirar de vez en cuando, inclusive tenía poco de haber llegado del gimnasio cuando ocurrió el hecho.

Cuando los castrenses observaron que una persona cayó herida se fueron.

Asimismo puntualizó: -Funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara acudieron al sitio de los hechos e hicieron la inspección. En el lugar se visualizaron varios cartuchos, algunos de perdigones y otros de color azul los cuales contienen plomo, así mismo bombas lacrimógenas que fueron disparadas en el momento de la represión.

Pasaron horas y a eso de las 5:30 de la tarde comenzaron a sonar los pitos de boca de las mujeres de la zona, avisaban sobre la presencia de funcionarios de la GNB, y efectivamente aparecieron cuatro tanquetas, las cuales pasaron derrumbando las barricadas por toda la calle 54.

El vehículo se detenía y uno de los castrenses apuntaba a todos los presentes, bajo amenaza de disparar las bombas lacrimógenas, pero en la primera calle no lanzaron.

Posteriormente se fueron los guardias.

Karina Peraza Rodríguez señaló después que mientras la Guardia Nacional estaba estaba en un sitio, los grupos armados, paramilitares, llamados colectivos, rondaban la ciudad causando estragos.

-Se movilizaban –indicó- en camionetas Toyotas, blancas y una negra, además cargaban camiones blancos, todos tripulados por civiles armados y se exhibían con armas cortas, largas y hasta cargaban lanza morteros en mano.

Dichas salida coincidió con un supuesto audio que circuló a través de las redes sociales, la persona se identificaba como el Concejal de Iribarren, Jesús Superlano, conocido como Chinolo, que hacia un llamado a todos los grupos a arremeter contra todo los manifestantes.

Avenidas Venezuela, Pedro León desde las carreras 20 hasta las 13 fueron testigos y captaron a través de videos a estos grupos armados.

Alrededor de las 3:30 de la tarde ingresaron al menos 25 hombres que llegaron en 8 vehículos a la clínica Acosta Ortiz. Allí lo primero que dijeron es que era eran “guarimberos”, que salían todos los días a protestar. Luego de las acusaciones procedieron a robar a los presentes, a quienes despojaron de teléfonos celulares, del área administrativa se llevaron tres computadoras, monitores y cámaras de seguridad, además golpearon a uno de los vigilantes.

Una vez que hicieron de las suyas arrancaron hacia la avenida Libertador. A la altura de la calle 44 ingresaron a un taller mecánico de la zona y comenzaron a golpear y robar a los presentes, además pretendían saquear el Imperio del Motor, según comentaron los testigos. Muchas de las personas se alzaron y fue allí que lograron agarrar a uno de los supuestos colectivos.

Cuando los sujetos armados se dieron cuenta que tenían a uno de ellos, todos acudieron y dispararon en repetidas oportunidades contra los presentes.

Ese trágico día también fue asesinado en Barquisimeto Fernando Rojas Rubio, de 49 años cuando se encontraba protestando en la Carrera 34 con Calle 42 y 43 y los manifestantes fueron atacados por encapuchados, que los testigos han catalogado como colectivos armados, quienes dispararon contra los manifestantes desde una camioneta. Se resguardaron en un local comercial; pero fueron perseguidos por los sujetos atacantes quienes continuaron disparando. A Rojas Rubio lo trasladaron al Hospital Central Antonio María Pineda, donde falleció.

Karina Peraza Rodríguez, de El Impulso, reseñó al respecto que Fernando Rojas Rubio (50), residenciado en la calle 42 entre carreras 21 y 32, recibió un disparo en la región abdominal.

-Son dos muertes más –explicó- que suman a la larga lista de fallecidos que existen en el país durante las manifestaciones.

Y adicionó que en “Lara ascienden a 13 las personas fallecidas, cinco en manos de cuerpos de seguridad y el tercer caso con la participación de paramilitares”.

A esa lista mortal en Lara, producto de la guerra desatada por la narcodictadura en contra de quienes la adversan, se agregó otra víctima, José Gregorio Mendoza Durán, de 44 años, quien se encontraba protestando en la Avenida Principal del Barrio José Félix Ribas, donde se encontraba el supermercado adyacente Felix 13 que fue saqueado por otro grupo de personas. Una comisión de la Guardia Nacional se presentó y disparó contra todos los presentes en la avenida, hiriéndolo.

El periodista José Manuel Zaá, reseñó así el asesinato: -“Los guardias le dispararon sin razón”, fue lo expuesto a EL IMPULSO por los familiares de José Gregorio Mendoza Durán, de 44 años de edad, quien recibió disparos letales de un arma de fuego en medio del ambiente de caos y confusión generado por los saqueos que se registraron en el barrio José Félix Ribas, al oeste de Barquisimeto, durante las anárquicas horas de la noche y madrugada de viernes y sábado.

Zaá añadió: -Según el reporte policial fue lesionado mortalmente como a las 12:30 a.m. de este sábado. No hubo quien lo auxiliara, puesto que la gente corría mientras GNB disparaba balas para dispersar a la multitud que saqueaba el supermercado Los Cerrajones –a una cuadra de distancia de donde cayó-.

Colectivos y guardias llegan disparando sin importar a quien se llevan por delante. Él estaba cuidando su lugar de trabajo y, bueno, perdió la vida (…) Ya es hora que abran los ojos, que se acabe tanta delincuencia”, manifestó una allegada a Mendoza Durán.

El hoy occiso vivía en Villa Torre, kilómetro 7.5 de la vía a Quíbor. Deja cinco hijos, entre ellos, una niña de cinco años de edad.

Engelberth Duque, de 25 años, asesinado en Táriba, Estado Táchira, el 4 de julio.

El portal finanzas.com reportó: -El Ministerio Público de Venezuela (MP, Fiscalía) informó hoy de la muerte de un joven de 25 años en el Estado Táchira (suroeste), quien falleció durante una manifestación opositora que se desarrolló este martes, con lo que asciende a 91 la cifra de víctimas mortales en la ola de protestas en el país.

Y agregó: -"Fiscalía 4° de Táchira investiga muerte de Engelbert Duque (25) ocurrida este #4Jul durante una manifestación en Táriba", población del Estado Táchira, informó hoy el organismo a través de la red social Twitter.

Sin embargo, añadió, “Algunos diputados opositores se refirieron a la muerte de este joven a través de la redes, achacando el fallecimiento a la "represión" de las fuerzas de seguridad encargadas de contener las manifestaciones”.

La fuente igualmente citó al parlamentario opositor José Manuel Olivares quien en su cuenta en Twitter, afirmó: -Otra víctima que cobran con su represión desmedida! Enyelberth (Engelbert) Moncada, 25 años acaba de morir en Táchira. Una lacrimógena directo al pecho", señaló No obstante, la Fiscalía no ha ofrecido hasta el momento detalles sobre la causa de muerte del joven.

Jonathan Alexander Giménez Vaamonde, de 29 años, perdió la vida el 5 de julio al recibir varios disparos mientras se trasladaba a las adyacencias de la Avenida San Martín, con la estación del metro Capuchinos, para unirse a un grupo de manifestantes.

Rubén Darío González Jiménez, de 16 años, fue asesinado el 10 de julio cuando se encontraba protestando en la urbanización La Isabelica, avenida EsteOeste, de Valencia.

Richard Tineo, de El Carabobeño, reseñó que las últimas palabras de la víctima fueron “Me dieron, me dieron”, tras recibir un impacto de bala, presuntamente por un funcionario de la Guardia Nacional durante la represión, la tarde del lunes en el sector cinco de La Isabelica.

Su muerte fue instantánea, aunque lo llevaron a la Policlínica Elohim, siuada a pocos metros del lugar donde cayó. “La bala entró por el lado derecho del tórax y salió por el lado izquierdo”, comentaron en el centro de salud.

[El asesinato del adolescente, sin embargo, no impidió que la siniestra Guardia Nacional arreciara la represión con armas prohibidas constitucionalmente para el control de protestas. Los vecinos de ese sector participaban pacíficamente con El Trancazo contra la narcodictadura programada por la entonces Mesa de Unidad Democrática] Un miembro de la resistencia la confió al periodista: “Salimos a trancar pacíficamente desde las 12:00 m y a las 3:00 p.m. ya teníamos a la guardia aquí”.

El reporte periodístico destacó además: -Alrededor de las 3:00 p.m. comenzaría el preámbulo de los últimos momentos de Rubén González junto a sus compañeros. A las 5:00 p.m. los cuerpos de seguridad iniciaron una fuerte represión contra quienes manifestaban de forma pacífica.

“Lanzaron metras y perdigones de goma, también vimos un arma de fuego, e hirieron a dos” comentó una joven del sector.

Tineo señaló igualmente: -Según testigos, fueron dos los jóvenes heridos por arma de fuego a las 5:40 p.m., uno que murió al instante y el otro de 18 años, quien presentó dos heridas con entrada y salida. “Una bala dejó el escroto del chamo expuesto y la otra quedó dentro del músculo”, comentó la doctora que estabilizó al joven en uno de los ambulatorios de la zona….Quienes vieron morir al muchacho rodearon a la madre y entonaron el himno nacional para despedir al joven. Los aplausos fueron de ellos y de la sociedad civil, que gritaba a un solo coro: “Valiente, valiente”.

Indignados, los presentes comenzaron a gritar: “Maldito es el soldado que dispara contra el pueblo” una y otra vez más alto y más rápido.

Al final de la reseña apuntó el periodista: -No bastaba la muerte de un manifestante. A las 7:40 p.m., una vez trasladado el cuerpo sin vida del joven, la GN continuó la represión. Múltiples detonaciones de perdigones y bombas lacrimógenas asediaron a los jóvenes de la resistencia y las casas cercanas, afectadas por el gas.

Oswaldo Rafael Britt, de 17 años, murió el 11 de julio por arrollamiento vehicular.

Marcos Valverde @marcosdavidv, del portal Crónica.Uno, reportó: Ciudad Bolívar. Un joven identificado como Oswaldo Rafael Britt, de 17 años, murió atropellado durante una protesta en Ciudad Bolívar la tarde de este martes, en la avenida Paseo Meneses, a pocos metros del Decanato de la Universidad de Oriente,

mismo lugar en el que donde en mayo fue asesinado un estudiante de Medicina en medio de la represión policial y militar.

Las versiones de los manifestantes y del Movimiento Estudiantil de Ciudad Bolívar indican que la víctima fue arrollada por un camión de la empresa Hidrológica de Bolívar (Hidrobolívar), dependiente de la Gobernación.

Yanet Angulo Parra , de 55 años, murió en la misma fecha pero en la Urbanización Villa Colonial de El Tocuyo, Estado Lara, donde estaban funcionarios de la Guardia Nacional en actividades de contención.

Versión Final reseñó el hecho mortal así: -La madrugada de este miércoles, a través de Twitter se conoció que una profesora jubilada y jueza de la Confederación Venezolana de Canotaje (FVC), murió durante una manifestación opositora en la Villa Colonial del Tocuyo, Estado Lara.

La mujer respondía al nombre de Janeth Angulo Parra, de 55 años. Se conoció que, en horas de la madrugada, salió de su casa a pedir a manifestantes, que aún estaban en las calles, que terminaran la protesta que mantenía cerrada la vía de acceso principal a la urbanización donde residía.

De acuerdo con testigos, presuntamente en ese momento llegaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a dispersar la manifestación. Los efectivos dispararon y Janeth recibió un impacto en la cabeza que le causó la muerte. Aún no se ha comprobado si fue un impacto de perdigón o metra lo que la afectó.

La periodista Esteninf Olivarez confirmó el deceso de la mujer. “Confirman asesinato de profesora jubilada Janeth Angulo (55) ocurrió en Villa Colonial, según testigos la GNB llego disparando (…) Se espera confirmación si fue asesinada con una bala o metra, testigos dicen que la GNB luego de disparar para dispersar se fueron”, informó a través de su cuenta Twitter.

Xiomara Soledad Scott, de 60 años, licenciada en Enfermería, fue asesinada el 16 de julio de cuando se encontraba en la Avenida Sucre en Catia para participar en la consulta nacional de 2017 convocada por la oposición y colectivos a bordo motos pasaron por el lugar y dispararon contra los votantes. Trasladada al Hospital Ricardo Baquero González, falleció allí.

Por ese crimen el Ministerio Público logró privativa de libertad para José Gregorio Rangel (43), Gregooriths Isrraelys Solórzano (33) y Yosbe Alexander Libera (22).

Ronney Eloy Tejera Soler, de 24 años, fue asesinado 20 de julio cuando se encontraba en una manifestación en la urbanización Santa Eulalia, de Los Teques, y

recibió un disparo al presentarse al sitio funcionarios de la Policía del Municipio Guaicaipuro disparando contra de los manifestantes.

También asesinaron a Eury Rafael Hurtado, de 34 años. .Por ese doble crimen el Ministerio Público informó en un comunicado que imputará en las próximas horas a Denys Montilla (39), Guillermo Grillo (30), Jian Carlo García (39), David Velázquez (28) y Willy Díaz (27), todos oficiales de la Policía del Municipio Guaicaipuro, del Estado Miranda Andrés José Uzcátegui Ávila, de 23 años.

Fue asesinado por colectivos chavistas cuando se encontraba protestando en la urbanización La Isabelica, Sector 5, Valencia. Recibió un disparo en el tórax.

El crimen ocurrió el 20 de julio.

Ese mismo día Jean Luis Camarillo Deluque, de 15 años, fue asesinado durante una manifestación en el distribuidor del Sector Pomona, Maracaibo, cuando un grupo de colectivos a bordo de motos dispararon contra los manifestantes, hiriéndolo a nivel intercostal posterior izquierdo y perforándole el pulmón.

El 3 de agosto de 2017 la periodista Milagros Socorro escribió en el portal El Estímulo: -Se acumulan los nombres de muchachitos asesinados en protestas, 22 según Cecodap. Vidas que se desparramaron en el asfalto de la lucha contra desalmados.

Homenajes se suceden y frases hechas se vociferan, pero esconden una realidad: son niños que mueren, más que mártires o héroes.

Una pregunta para quienes hablan de los “guerreros”, los “libertadores” y los “chamos cuyo sacrificio no será olvidado jamás”: diga el nombre completo de tres niños muertos en las protestas de Venezuela. Le pedimos tres. Ya. Dígalos de corrido, sin echar mano a su teléfono para buscarlos en Internet.

Muy pocos responden con aplomo. La inmensa mayoría, incluso de quienes se proclaman fanáticos de los muchachitos con escudos de cartón, son incapaces de

recitar los nombres de tres adolescentes asesinados por la represión. Y, según la ONG Cecodap, hasta este jueves 3 de agosto, ya se habían registrado 22 muertes violentas de adolescentes. Bryan David Jiménez Principal, de 14 años. Cayó el 11 de abril, en la urbanización Alí Primera, Barquisimeto. Carlos José Moreno Barón, de 17. Herido fatalmente en la cabeza con arma de fuego durante una manifestación en San Bernardino, Caracas. El 19 de abril. Albert Alejandro Rodríguez, de 16. Murió asfixiado con gas lacrimógeno, en El Valle, Caracas. El 20 de abril. Yorgeiber Rafael Barrena Bolívar, de 15. Sucumbió a una descarga eléctrica en una panadería en El Valle, Caracas. También el 20 de abril. Jackson Enrique Hernández H., de 16. Lo mató una bala en Capacho Nuevo, Táchira. El 25 de abril. Armando Cañizález, de 17. Su vida fue segada por trauma penetrante en el cuello, en Las Mercedes, Caracas. El 3 de mayo.

Jesús Armando Alonzo Valera, de 15. Recibió un disparo en la cabeza cuando miraba a sus vecinos robando mercancía de una carnicería, en Carabobo. El 4 de mayo.

Luis Alviárez, de 17. Una metra le destrozó el pecho. En Táchira, el 15 de mayo.

Yeison Nathanael Mora Cordero, de 16. Lo hirieron para matarlo, en Pedraza, Barinas.

El 16 de mayo.José Francisco Guerrero, de 15. Lo mataron de un balazo, la noche del 16 de mayo.Daniel Rodríguez, de 17. Otra bala apuntada a la cabeza. En Santa Ana, Táchira.El 18 de mayo. Neomar Alejandro Lander Armas, de 17. Alguien calculó cómo meterle un proyectil en el pecho. Lo mataron en Chacao, Caracas.

El 7 de junio. Fabián Alfonso Urbina Barrios, de 17. Otra bala certeramente enviada al tórax. Estaba en una manifestación en la autopista Francisco Fajardo, Caracas.

Rubén Darío González Jiménez tenía 16 años cuando una bala lo mató.

Oswaldo Rafael Britt fue arrollado por un camión de Hidrobolívar, en Ciudad Bolívar, a sus 17 años. A Jean Luis Camarillo de Luque la vida se le fue por una tronera en el pecho, cuando manifestaba en La Pomona, Zulia Tenía 15 años. Jean Carlos Aponte cayó a los 16, en Petare. Glimber Terán fue asesinado mientras caminaba cerca de una protesta en El Paraíso, el 26 de julio, cuando tenía 16 años.

Luis Ortiz cayó en el Táchira a los 17 años.A Adrián Rodríguez le dieron un tiro en la cabeza, a los 13 años, también en Táchira.Daniela de Jesús Salomón Machado fue asesinada en San Cristóbal, el 31 de julio, a la edad en que las muchachitas celebran fiestas de 15 años. El alto porcentaje de disparos a la cabeza y al pecho despejan toda duda: fueron asesinatos perpetrados con cálculo y por asesinos fríos muy bien entrenados. ¿Sabían estos niños a lo que se enfrentaban? ¿Están conscientes los menores, y quienes deben orientarlos, de que se enfrentan a un adversario terriblemente peligroso y sanguinario?, ante quien ninguna precaución es poca.

Vale la pena citar el ítem 13 del Informe de Gestión Parlamentaria Año 2017 presentado por el diputado Franklyn Duarte, electo en el Circuito 1 del Estado Táchira, donde se lee: -Las cifras de personas víctimas de la represión y la violación de derechos humanos en el país es alarmante. Así, el propio Ministerio Público, antes de la írrita salida de la Fiscal Luisa Ortega Díaz de su cargo como Fiscal General de la República, publicó una cifra de muertos al 7 de agosto de 2017 que totalizaba 136 víctimas fatales, a saber: Jairo Ortiz, Daniel Queliz, Miguel Colmenares, Bryan Principal Giménez, Gruseny Calderón, Carlos Moreno, Niumar Sanclemente, Paola Ramírez, Elio Pacheco, Jairo Ramírez, Robert Centeno, William Marrero, Jonathan Menezez, Romer Stivenson Zamora, Kenyer Aranguren, Yorgeiber Barrena, Albert Rodríguez. Ramón

Martínez, Francisco González, Kevin León, Mervins Guitian, Almelina Carrillo, Jesús Sulbarán, Luis Márquez, Renzo Rodríguez, Orlando Johan Jhosep Medina, Christian Ochoa, Juan Pernalete, Eyker Rojas, Yonathan Quintero, Ángel Moreira, Ana Colmenares, María Guanipa, Armando Cañizales, Gerardo Barrera, Hecder Lugo, Anderson Dugarte, Miguel Castillo, Luis Alviarez, Diego Hernández, Yeison Mora, Diego Arellano, José Guerrero, Manuel Castellanos, Paul Moreno, Daniel Rodríguez, Jorge Escandón, Edy Terán, Yorman Bervecia, Elvis Montilla, Alfredo Briceño, Miguel Bravo, Freiber Pérez, Juan Sánchez, Erick Molina, Augusto Puga, Adrián Duque, Manuel Sosa, Danny Subero, César Pereira, Nelson Moncada, María Estefanía Rodríguez, . Luis Miguel Gutiérrez, Yoinier Javier Peña Hernández, Orlando José Figuera Esparragoza, Neomar Lander, Salgado Romero, Douglas Acevedo Sánchez Lamus, José Amador Lorenzo González, Luis Alberto Machado Valdez, Luis Enrique Vera Sulbarán, José Gregorio Pérez Pérez, Nelson Daniel Arévalo Avendaño, Fabián Urbina, David José Vallenilla Luis, Ronny Alberto Parra Araujo, Jhonatan José Zavatti Serrano, Javier Alexander Toro Trejo, Isael Jesús Macadán Aquino, Roberto Enrique Durán Ramírez, Luiyin Alfonzo Paz Borjas, Alexander Rafael Sanoja Sánchez, Víctor Manuel Betancourt González, Alfredo José Figuera Gutiérrez, Eduardo José Márquez Albarrán, José Rodolfo Bouzamayor Bravo, Rubén Alexander Morillo Pereira, José Gregorio Mendoza Durán, Fernando Rojas Rubio, Ramses Enrique Martínez Carcamo Engelberth Alexander Duque Chacón, Jhonathan Alexander Giménez Vaamonde, Rubén Darío González Jiménez, Manuel Ángel Villalobos Urdaneta, Oswaldo Rafael Britt, Yanet Angulo Parra, Xiomara Scott, Héctor Alejandro Anuel Moreno, Ronney Eloy Tejera Soler, Eury Rafael Hurtado De La Guerra, Andrés José Uzcátegui Ávila, Jean Luis Carrillo Deluque, Yamile Margarita Vásquez Gómez, Víctor Manuel Márquez Luengo, Carlos Alberto Paredes Carrizo, Rafael Antonio Balza Vergara, Enderson Enrique Calderas Ramírez, Jean Carlos Aponte G., Gilimber D. Terán M., Leonardo Augusto González Barreto, José Miguel Pestano Canelón, Rafael Celestino Canache Guaina, Oneiver Jhoan Quiñones Ramírez, José Gustavo Leal Villasmil, Eduardo Gil Rodríguez, Marcel Pereira, Iraldo José Gutiérrez, Wilmer Smith Flores Carrascal, Ricardo Campos, Luis Eduardo Ortíz, Albert Rosales, Adrián Smith Rodríguez Sánchez, Ender Rafael Peña Sepúlveda, Ronald Ramírez Rosales, Luis Beltrán Zambrano Lucena, Ángelo Yordano Méndez, Eduardo Olave, José Fernando Sánchez Sánchez, Juan José Monges Páez, Haider Ocando, Daniela de Jesús Salomón Machado, Antony Rodrigo Labrador, Jhonny Alfredo Colmenares Colmenares, Ramón Antonio Rivas, Willmerys Ocarina Zerpa y Eduardo Orozco. Esta cifra se elevó a 137 el 13 de agosto con el asesinato de Luis Guillermo Espinoza.

El informe apuntó igualmente: -De todos los mencionados homicidios, podemos observar que entre las causas más comunes de estas violaciones a derechos humanos encontramos que 95 de los 137 sujetos murieron producto de disparos propinados por armas de fuego, de los cuales en 28 casos ya los culpables fueron identificados como sujetos pertenecientes a cuerpos de seguridad del Estado, bien sea cuerpos policiales (Policía Nacional Bolivariana, policías nacionales y municipales) y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El resto de los sujetos, en su gran mayoría, fueron asesinados por grupos denominados “colectivos” afectos al oficialismo y en otros casos no se conoce con certeza si los autores de dichos asesinatos fueron funcionarios del Estado o grupos

colectivos. Adicionalmente, 1 sujeto murió por impacto de bomba lacrimógena en el pecho disparada por funcionarios del Estado y otro por impacto de un objeto en el tórax, igualmente proveniente de cuerpos de seguridad del Estado. Asimismo, 5 sujetos fueron arrollados en el marco de protestas pacíficas en las vías públicas, en ejercicio del derecho de manifestación.

El documento también señaló: -Sin embargo, otras organizaciones nacionales e internacionales, así como comunicadores sociales, han publicado cifras distintas, la mayoría de las veces superiores a las antes mencionadas, entre las que podemos señalarlas dadas por el periodista Nelson Bocaranda, en su portal web Run Runes, quien señala que la cifra de fallecidos al 7 de agosto de 2017 era de 156 personas.

Otra cifra que llama la atención es la señalada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que señala 124 muertes y, de la anterior cifra de muertos, 46 víctimas se produjeron por el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado.

La última víctima señalada en el informe parlamentario, Luis Guillermo Espinoza, era un estudiante de cuarto año de bachillerato del Colegio El Buen Pastor, de San Diego, Estado Carabobo, herido de bala en la cabeza por la Guardia Nacional el 5 de junio en una manifestación convocada por la oposición cerca del sector Los Tulipanes de esa población.

Un reportaje publicado en el portal Efecto Cocuyo por María Victoria Fermín Kancev | @vickyfermin el 25 de diciembre de ese año reveló: -Durante dos meses y ocho días Zulmith Espinoza albergó la esperanza de que su hijo Luis Guillermo Espinoza sobreviviera tras ser herido de bala en la cabeza por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 5 de junio de este año, Esa mañana, la madre había llamado al Colegio Buen Pastor, donde el joven estudiaba cuarto año de bachillerato para verificar si habría clases. Le respondieron que sí y entonces le dejó dinero suficiente a su hijo para que tomara el autobús. En la tarde al salir de su trabajo Zulmith fue interceptada por su hermano: “Móntate en el carro que vamos al Hospitalito de San Diego, a Luis Guillermo lo tienen ahí”, le dijo sin entrar en detalles de lo sucedido.

Pero el estudiante no estaba en ese centro de salud, ni en la Clínica Los Arales, como le dijeron a la familia luego en una llamada telefónica. Dieron con él en la Clínica Valles de San Diego, donde estaba dañado el equipo para realizarle una tomografía.

Ahí le entregaron a Zulmith las pertenencias de Luis Guillermo: su bolso con las cosas del colegio y su uniforme, que se había cambiado por una camisa y un short deportivo.

Luego puntualizó: -Luis Guillermo tuvo que ser trasladado a otro centro privado para hacerle el estudio que necesitaba, luego fue llevado al Hospital Central de Valencia. Las placas evidenciaron la presencia de un objeto extraño que le producía un edema cerebral. El médico forense confirmó horas más tarde que se trataba de una bala. El 6 de junio lo ingresaron a quirófano para hacerle una limpieza de los restos de pólvora, al menos eso le explicaron los especialistas a la madre. “Él se movía, él escuchaba. Me dijeron que había evolucionado”, recuerda.

Después indicó: -Lo que vino después, narra Zulmith, fue un ejemplo tras otro de la crisis de salud en Venezuela. En el principal hospital de Carabobo no había medicamentos ni insumos. Cada vez que cambiaban de guardia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde Luis Guillermo pasó la mayor parte del tiempo, la madre debía entregar tapabocas, bata, gorro, guantes y jeringas. Sin embargo, fue en esa misma área su hijo agarró gusanos y otras infecciones.

“Yo mínimo tenía que gastar 200.000 bolívares diarios hace cinco meses para suministrar todo lo que necesitaba, yelcos, microgoteros, sondas, todo eso corría por gastos propios. Yo no ganaba eso, gracias a Dios conseguía todo con la ayuda del pueblo de Valencia, de Venezuela”, expresa.

La periodista escribió a continuación: -En ese tiempo, fueron muchas las personas que rezaron por el joven. Sus compañeros en el colegio, pero también su equipo de fútbol de la Sub 15 en el Instituto Autónomo Municipal de Deporte San Diego (Iamdesandi), donde era capitán y jugaba como arquero. Todos ahí lo conocían como “Totti”, apodo que se puso Luis Guillermo por el exfutbolista italiano Totti Francesco. En sus tiempos libres el joven también tenía un empleo como recreador de planes vacacionales y campamentos.

Zulmith denuncia que mientras su hijo estuvo hospitalizado también sufrió de negligencia. No lo alimentaban adecuadamente, por lo que ella pasó una carta a la Jefa de Enfermería en la que decía que podía hacerse responsable de esa tarea, pero no se lo permitieron. “La bala le afectó la vista y como le hicieron una traqueotomía no podía hablar, pero yo le veía la cara y le preguntaba si le dolía la cabeza, él me decía que sí con un gesto y era yo la que le pedía a la enfermera que le pusiera un calmante”, relata.

En el siguiente segmento precisó: -Eventualmente lo encontraba desconectado de los equipos que necesitaba para recuperarse. Explica que cuando al joven le dio uno de varios paros respiratorios fue ella quien lo auxilió: “Yo gritaba y la enfermera no me ayudaba”. Sin embargo, luego de cinco de esos episodios que se registraron el 13 de agosto de 2017, el estudiante falleció.

Un día después, el Ministerio Público informó que iban a investigar el fallecimiento, pero luego de cuatro meses Zulmith considera que se ha hecho poco. El expediente de la Fiscalía asegura que no se hallaron evidencias de bala en el cerebro, pese a que esto fue constatado por el resultado de tomografía que le hicieron al joven y la evaluación de los médicos forenses mientras estaba hospitalizado.

En otro párrafo la periodista señaló:

-La madre, de 47 años de edad, cuenta que además muchas personas han tenido temor de hablar sobre lo sucedido, porque funcionarios de la GNB habrían recorrido la urbanización donde sucedieron los hechos para intimidar a cualquier testigo. Incluso siguieron a la persona que auxilió a Luis Guillermo y lo llevó al hospital.

Videos de lo sucedido, que circulaban en Internet, también fueron eliminados. Sin embargo, Zulmith busca reactivar el caso con apoyo de su abogado y así poder dar con el responsable.

La siguiente promoción de quinto año de Colegio Juan Pastor se llamará Luis Guillermo Espinoza. La nueva porra de sus compañeros de fútbol es en homenaje a Totti.

El 14 agosto de 2019 Gabriela Suniaga, de la Agencia Carabobeña de Noticias, escribió con motivo del segundo aniversario de su asesinato: -El caso de Luis Guillermo Espinoza se mantiene en cero a dos años de su muerte, no hay ningún funcionario imputado, su madre, Zulmy Espinoza, asegura que testigos afirmaron que fue la Guardia Nacional quien reprimió con balas el plantón pautado para ese día.

Familiares, compañeros y padres de otros jóvenes asesinados, rindieron un homenaje a Totti con un partido de fútbol y la siembra de un Araguaney en las canchas ubicadas en El Remanso, donde el joven practicaba esta disciplina y era un destacado arquero.

Después apuntó: -Quien nos garantiza a nosotros el derecho a la justicia es el que nos hace tropiezos para que se cumpla la justicia, aquí no hay derecho a la justicia, ellos son la piedra de tropiezo, es incoherente pero es así. Como madre que me han quitado mi único hijo no hay palabras para decir cómo te sientes, la vida es como un carrusel, una montaña rusa, bajas y subes, hoy estás bien y mañana no», describió Zulmy Espinoza cómo le ha cambiado la vida en estos dos años.

Un compañero de Totti relató que el joven era quien ponía el orden cuando los muchachos se desordenaban, «siempre tenía palabras perfectas qué decir cuando uno entraba a un partido, (…) lo extrañamos en las casas, en el fútbol, todos los que estamos acá dejamos de jugar porque cuando pasó lo que pasó se perdieron muchas cosas».

Para Dexy González, quien también perdió a su hijo de nombre Rubén Dario González, víctima de una bala que provino presuntamente de un funcionario de la Guardia Nacional el 10 de junio de 2017 en La Isabelica, en Venezuela la justicia no existe, » hay justicia para los del otro lado, para los del gobierno, porque te apuesto que le pasa algo a uno de ellos y ahí sí los buscan pero como ellos estaban luchando en contra de ellos, en contra de todo lo que ellos hacen mal, no hay justicia para ellos».

El padre de Daniel Quéliz, primer asesinado en Carabobo durante las protestas, la actividad en honor a Totti fue una celebración a la valentía y dignidad, «nos hemos dado mucho apoyo, a veces estamos aquí en Valencia, si no en Maracay o en Caracas dándole apoyo a los Pernalete y las víctimas de allá», confesó.

Desde Caracas acudieron los padres de Juan Pablo Pernalete, quien murió por el impacto directo de una bomba lacrimógena en el pecho, rechazaron las acusaciones y las acciones del Estado venezolano en torno a este caso, su madre, Elvira dijo que hasta el momento, ellos como padres han sido sometidos a interrogatorios «y a las

personas que llamaron a nuestro hijo, criminal, terrorista, delincuente, no los han llamado a declarar para que digan y demuestren por qué dicen que nuestro hijo es eso».

Los padres y familiares de estos jóvenes venezolanos repudiaron la violación de los derechos humanos a quienes protestan en exigencia de un cambio de gobierno.

Rafael Antonio Balza Vergara, de 30 años, fue asesinado el 27 de julio durante una protesta en la avenida Constitución de Ejido, Estado Mérida, y una comisión de seis unidades motorizadas de la Guardia Nacional que se encontraba reprimiendo la manifestación; tomaron la carretera del barrio El Molino, como vía alterna para arribar a su destino. Mientras pasaba por dicha zona la comisión, los habitantes del sector comenzaron a gritarles en desacuerdo con sus acciones, Los funcionarios arremetieron contra las personas, quienes salieron corriendo y perseguidos por los funcionarios. La víctima recibió un disparo, siendo atendido por paramédicos en el sector y posteriormente trasladado al ambulatorio local, donde falleció.

Sobre ese nuevo crimen de la Guardia Nacional Nora Sánchez, del portal Analítica, escribió: -Pasadas las 6:00 de la tarde la avenida Centenario de Ejido (municipio Campo Elías) y zonas circunvecinas como El Molino, donde murió Rafael Antonio Balza Vergara, fueron trancadas con barricadas para impedir la presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y ataques de grupos de civiles armados.

En medio del temor de los vecinos por la acción ejecutada por la GNB, Jesús Vergara, hermano de la víctima, aseguró que Rafael Antonio Balza Vergara no protestaba cuando fue atacado por los militares que reprimieron a quienes observaban los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública que se producían en la avenida Centenario.

NS añadió: -Vergara, quien también resultó herido en medio de la represión, narró que su hermano “estaba en la placita con el abuelo cuando se vinieron los guardias y sacaron corriendo a señoras y muchachos y le dispararon por la espalda en reiteradas ocasiones y lo hicieron caer al piso y lo mataron los guardias nacionales”, aseguró.

Según Jesús Vergara, a su hermano la GNB le disparó varios perdigones y hasta una bala, pues dijo que “fueron varios perdigones a quemarropa y al parecer hasta un tiro le dieron porque fue lo que le perforó el pulmón y eso fue lo que le causó la muerte”, dijo.

Luego explicó: -A pesar de que el comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) en Mérida, dijo que donde fue asesinado Rafael Antonio Balza Vergara no había efectivos de la GNB, Josefina Rodríguez aseguró que fueron “los guardias nacionales que

bajaban así, pam, pam, pam en moto, bajaban cuatro motorizados con acompañante, disparando perdigones y lanzando bombas lacrimógenas”.

Otros vecinos de Rafael Antonio Balza Vergara también aseguraron que el fallecido no manifestaba y narraron historias referidas a la represión del momento y del impacto de bala que dijeron recibió en el abdomen con orificio de entrada y salida.

Finalmente, el hermano de la víctima pidió justicia “porque los guardias no pueden seguir matando la gente de esta manera”, expresó.

El 26 de julio en el mismo estado, pero en Timotes, Enderson Enrique Calderas Ramírez, de 23 años, falleció al recibir un disparo mientras se encontraba en una manifestación alrededor de la alcaldía, cuando sujetos dispararon en contra de los manifestantes, hiriendo a varias personas.

Jean Carlos Aponte, de 16 años el 27 de julio de se encontraba en una manifestación en el barrio 5 de Julio de Petare, Estado Miranda, cuando recibió un disparo en el intercostal de un funcionario de la Guardia Nacional no identificado, quien con otros efectivos de ese componente castrense reprimía a los manifestantes con armas de fuego y gases lacrimógenos.

Ese crimen fue reportado por el portal El Cooperante de la siguiente manera: Caracas, 26 de julio.– Durante la brutal represión de este miércoles contra manifestantes de Petare, municipio Sucre, un joven perdió la vida aumentando el saldo a tres fallecidos en medio del primer día de paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática.

El diputado a la Asamblea Nacional por Caracas, Richard Blanco, informó que el joven fue identificado como Jean Carlos Aponte y su muerte ocurrió en el Barrio 5 de Julio de Petare.

El Ministerio Público confirmó la muerte del joven de 16 años, e informó que fue comisionado el Fiscal 104° del Área Metropolitana de Caracas para investigar su muerte.

Glimber Terán, de 16 años, encontró la muerte el 29 de julio al recibir, el día antes, un disparo en la región cefálica mientras se encontraba en una manifestación en El Paraíso, Caracas, cuando un grupo de civiles armados disparó contra los manifestantes.

Jepvenezuela reportó: -Glimber Terán Taínoba Villalobos (****-2017) Su historia nunca debió estar en este espacio Estudiante de bachillerato que fue asesinado en el marco de una protesta en El Paraíso, municipio Libertador, Caracas. Tenía 16 años cuando recibió un tiro en la cabeza por parte de bandas paramilitares.

Por su parte, el portal Confirmado: -Pasadas las 4:00 pm el Ministerio Público confirmó la muerte de Glimber Terán Taínoba Villalobos, también de 16 años de edad. El adolescente recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba a su casa en El Paraíso, Caracas, en horas de la noche.

Fue recluido en el hospital Pérez Carreño, donde murió ayer. El fiscal 66° nacional investigará este hecho.

Leonardo Augusto González Barreto, de 48 años, fue asesinado por arma de fuego en Naguanagua, Estado Carabobo, el 27 de julio.

El Correo del Orinoco reportó: - Durante una manifestación en el estado Carabobo, falleció Leonardo González Barreto, tras la arremetida de los organismos de seguridad del Estado.

El alcalde del Municipio Naguanagua, Alejandro Feo La Cruz, informó sobre el asesinato de Leonardo González Barreto de 48 años de edad la tarde de este jueves 27 de julio durante una manifestación en el Estado Carabobo.

Asimismo, usuarios de Twitter detallaron que la muerte del hombre fue en el sector Guayabal de Naguanagua.

Presuntamente recibió 10 impactos de bala mientras intentaba huir en un carro de la represión de la policía municipal y al parecer colaboraba dando comida a los manifestantes que organizaban los trancazos.

La fuente agregó: -Vecinos de la zona atribuyen el crimen a funcionarios de la Policía de Carabobo.

Por su parte, el Ministerio Público comisionó a la Fiscalía 35° de Carabobo para investigar los hechos. De esta manera ascendería a cuatro la cifra de muertos durante el paro cívico de 48 horas, impulsado por la Mesa de Unidad Democrática.

Durante la primera jornada del Paro Cívico Nacional el Ministerio Público confirmó la muerte de los tres manifestantes. Uno de ellos fue identificado como Enderson Caldera, de 23 años, quien fue herido en el estado Mérida. Las otras víctimas serían un hombre de 30 años también asesinado en Mérida y un adolescente de 16 que resulto fallecido en Caracas, específicamente en el sector El Paraíso para elevar a 107 la cifra muertos desde que iniciaron las protestas el pasado mes de abril.

Dos días después El Carabobeño y otros medios informaron que dicho organismo logró privativa de libertad para el funcionario de la Policía Municipal de Naguanagua, Ronald Vildal Paternino, por su presunta vinculación con la muerte de Leonardo Augusto González Barreto, ocurrida el pasado 27 de julio en el sector Los Guayabitos de esa localidad, donde se desarrollaba una manifestación.

La fuente añadió que durante la audiencia de presentación, los fiscales 94º nacional, auxiliar y 35º de esa jurisdicción, Armando Saavedra, Andrea Loyo, y Anny Camejo, respectivamente, imputaron al hombre por la presunta comisión de los delitos homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en detrimento de González Barreto, y el mismo tipo penal en grado de frustración en perjuicio de un joven de 18 años de edad que acompañaba a la víctima.

El 10 de agosto de 2018 Amnistía Internacional señaló: -En horas de la mañana del 27 de julio de 2017 Leonardo González fue perseguido y herido de bala por funcionarios de la Policía del Estado Carabobo y del

municipio Naguagua, solo por encontrarse manifestando, ocasionándole la muerte. Su vehículo fue impactado con 26 disparos en la parte delantera, lateral y trasera. Hay 6 funcionarios acusados, sin embargo a más de un año del hecho la audiencia preliminar no ha sido celebrada, siendo diferida en múltiples oportunidades.

El 9 de octubre de 2020 Orianny Granado, de TalCual, reporto que el

Tribunal ordenó interrupción en caso de Leonardo González, muerto en protestas de 2017

Luego detalló: -La tarde del jueves 8 de octubre el Tribunal séptimo en Funciones de Juicio del estado Carabobo a cargo del juez Ángel Aponte, decidió declarar la interrupción en el juicio que se sigue en contra de seis funcionarios de la policía estadal vinculados al homicidio de Leonardo González, asesinado en el marco de las protestas antigubernamentales del 2017.

La información fue dada a conocer por Luis Armando Betancourt abogado y activista de la organización Foro Penal en el estado Carabobo, quien denunció que esta decisión pone fin a un año y cuatro meses de sacrificio para conseguir justicia, y deja en evidencia que todos los encuentros en los tribunales fueron perdidos.

Este 8 de octubre era la fecha límite de despacho para discutir el caso y tomar una decisión, sin embargo, no hubo presencia del fiscal ni tampoco se dio el traslado de uno de los acusados.

Después apuntó: -En los más de 15 meses que duró el proceso se efectuaron alrededor de 24 audiencias, todas diferidas por diferentes causas, la mayoría por la falta de traslado o por falta de presencia fiscal.

Para Olga González esposa de Leonardo González, con esta decisión, “al fin se materializa lo que tanto el régimen había querido, interrumpir el juicio. He recibido un golpe muy fuerte, para mí y para toda la familia, es como si volvieran a asesinar de nuevo a mi esposo”.

Con este nuevo fallo con el que se pone en riesgo el cumplimiento de la justicia en el país, la familia González sufrió un “duro golpe… muy fuerte, muy decepcionante, porque he puesto muchísimo de mí, he trabajado este caso, he aprendido, me he formado, y saber que tan ligeramente en unas condiciones tan precarias que hoy en día se viven en el país, donde ni siquiera hay papel, o condiciones dentro de los tribunales que puedan garantizar absolutamente nada un juez tome de manera ligera la determinación de interrumpir”, señaló Olga.

La próxima decisión por parte de la defensa es apelar esta medida del juez, con un documento que se introdujo este mismo 9 de octubre, buscando reversar la decisión del Tribunal séptimo en Funciones de Juicio del estado Carabobo.

“Llevar un caso de justicia en Venezuela es llevar siempre una daga en la garganta, que en cualquier momento te la pasan y te corta, y bueno, pues ayer me hirieron, me hirieron muy fuerte, hirieron a toda mi familia, pero hoy es otro día, hoy me levanto, me limpio las rodillas, me sacudo y a empezar de nuevo, porque yo amé

demasiado a mi esposo y mi esposo a mi y ese amor merece justicia, mi esposo luchaba por un país diferente, por la democracia del país, y vamos a seguir levantándonos, vamos a seguir luchando hasta que ya logremos lo que tanto anhelamos que es la democracia”, dijo Olga González para dejar en claro que no importa las decisiones que pasen seguirán como familia buscando justicia.

Aseguró además que desde la Alianza de Familiares y Víctimas del 2017 (Alfavic), comité del que forma parte, no perderán las esperanzas de obtener justicia por cada uno de sus allegados, “ninguno de nosotros pierde la esperanza y ese es nuestro mayor motor, nuestra mayor motivación, nosotros estamos pidiendo justicia, no algo que sea imposible, y las esperanzas se basan en las cosas que son realizables, que tienen bases, nosotros no perdemos la fe, nosotros cambiamos las estrategias”.

Ese mismo día, pero en la urbanización La Mata, de Cabudare, Estado Lara, la Guardia Nacional asesinó a José Miguel Pestano, de 23 años, durante manifestación que se efectuaba en la calle La Manga de esa localidad.

Su asesino le produjo una herida de proyectil en el tórax.

Según Diario Contraste Noticias, “Vecinos observaron cómo el joven se arrodilló frente a un funcionario con uniforme de la Guardia Nacional, luego éste lo empujó y le disparó por la espalda.

-Pestano –explicó- sería la víctima número 17 en el Estado Lara, en el marco de las manifestaciones. {…]En las urbanizaciones Bararida, Sucre, Libertador con 54 y la Piedad, reportan presencia de los civiles armados, junto a la Guardia Nacional, que rondan las zonas, emblemáticas por manifestar en contra de Nicolás Maduro.

El 28 de julio José Gustavo Leal Villasmil, de 18 años, encontró la muerte al recibir un disparo en una manifestación en San Cristóbal en las cercanías del Liceo Alberto Adriani. Fue trasladado a un centro de salud, pero no resistió la intervención quirúrgica.

Sobre ese nuevo crimen de la narcodictadura contra la juventud que reclama en las calles su derecho a vivir en libertad, Manuela Vargas, de Venezuela Al Día, reportó: -¡Desgarrador! Joven asesinado en manifestación en Táchira era futbolista. Un joven de 18 años falleció al recibir un disparo en una manifestación en San Cristóbal, en el oeste de Venezuela, lo que eleva a 109 la cifra de muertes en casi cuatro meses de protestas, informó la Fiscalía.

La periodista añadió: -Gustavo Villamizar “recibió un disparo por arma de fuego cuando se encontraba en una manifestación en las inmediaciones del Liceo Alberto Adriani”, informó en su

cuenta de Twitter la Fiscalía General de Venezuela al anunciar una investigación sobre el caso.

Cabe destacar que este joven era bachiller y deportista, jugaba en el Puente Real, un equipo de la entidad andina. Otra vida que se pierde de un venezolano que pudo darle futuro al país.

El mismo día Eduardo Gil Rodríguez, de 53 años, teniente coronel retirado de la Guardia Nacional, perdió la vida al ser herido por funcionarios de ese componente castrense que reprimían a los ciudadanos en los alrededores de un centro de votación en el en el sector Junco, Municipio Cárdenas, Estado Táchira.

El Correo del Orinoco escribió al respecto: - El Coronel Eduardo Gil Rodríguez, de 53 años, fue asesinado de un disparo de FAL que recibió la noche de este jueves durante una protesta en el Estado Táchira.

El suceso en el cual fue asesinado Eduardo Gil Rodríguez ocurrió durante un enfrentamiento entre manifestantes y los cuerpos de seguridad del Estado en el sector Junco, Municipio Cárdenas del Estado Táchira. La información fue confirmada por el diputado Juan Requesens y por el presidente del Colegio de Profesores del Estado Táchira, Javier Tarazona. Habría muerto por un disparo en la ingle. […] Vecinos explicaron que, efectivos de la Guardia Nacional reprimieron esa protesta y la acción dejó ocho heridos de bala, quienes fueron amedrentados por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) quienes trataron de llevárselos y arremetieron contra los familiares de estos.

Wilmer Smith Flores Carrascal, de 19 años, fue asesinado el 29 de julio como consecuencia del impacto de proyectil en la cabeza disparado por civiles armados, quienes abrieron fuego contra un grupo de personas que protestaban cerca de un módulo de la Policía Nacional en La Grita, Estado Táchira, donde se había inhabilitado un centro de votación.

El Cooperante escribió al respecto: - Caracas, 30 de julio.- Wilmer Smith Flores, de 19 años, fue asesinado durante la noche de este sábado 29 de julio en La Grita, estado Táchira.

Se pudo conocer que el joven fue recibió un impacto de bala durante un enfrentamiento en contra de efectivos de la Guardia Nacional en una protesta en contra del presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

[¿Fue asesinado por la siniestra Guardia Nacional o civiles

armados de la narcodictadura criminal de Nicolás Maduro?]

Marcel Pereira, de 38 años, fue asesinado también el 29 de julio como consecuencia del disparo en la cabeza por colectivos cuando él y otras personas protestaban por la instalación de centros electorales en Chiguará, Estado Mérida.

Upatadigital reportó:

-Un joven identificado como Marcel Pereira fue asesinado este sábado en la noche en la comunidad Chiguara, Municipio Sucre del Estado Mérida, informó el alcalde Carlos García.

García pidió que no sigan acabando con la vida de venezolanos inocentes, que por querer un país en democracia y libertad, son masacrados en las calles.

La diputada Milagro Valero indicó que el joven perdió la vida tras recibir un impacto de proyectil en la cabeza y hay otro gravemente herido por disparos presuntamente efectuados por civiles armados.

El parlamentario Carlos Paparoni responsabilizó del crimen a Nicolás Maduro y al gobernador Alexis Ramírez.

Marcel Pereira es la víctima número 116 de las protestas.

Alberto Rosales, de 52 años, fue asesinado el 30 de julio. Era jubilado policial.

Recibió un impacto de bala en el pecho disparada por grupos armados en moto mientras observaba una manifestación desde el balcón de su casa en el pueblo de Tucapé del Municipio Cárdenas, Estado Táchira.

Infoenlace.net reportó al efecto: -Grupos civiles armados, denominados colectivos, arremetieron contra manifestantes en el sector Tucapé, municipio Cárdenas del estado Táchira y dos personas fueron asesinadas.

Periodistas de la entidad identificaron como Luis Ortiz al primer fallecido. Ortiz fue herido y llevado de emergencia al hospital Fundahosta, pero no sobrevivió.

El presidente del Concejo Municipal de Cárdenas, David Pernía, informó que el joven Luis Eduardo Ortiz recibió un impacto de bala en el tórax por parte de “grupos colectivos de la dictadura”.

Por otra parte, Alberto Rosales de 53 años, también fue asesinado durante el ataque en el sector. El diario La Nación informó que Rosales era expolicía y también falleció en el Fundahosta producto de un impacto de bala.

Javier Tarazona, presidente del Colegio de Profesores de Táchira, también confirmó la muerte de Ortiz, el segundo asesinado en la entidad en menos de 24 horas.

-En La Grita –explicó- un joven perdió la vida producto de un impacto de bala en la cabeza tras un ataque de la policía.

Sobre el asesinato del adolescente Luis Eduardo Ortiz jepvenezuela reportó: -Su historia nunca debió estar en este espacio Solo 16 años tenía este estudiante de bachillerato cuando fue asesinado por bandas armadas que arremetieron contra un grupo de manifestantes en el sector Tucapé, Municipio Cárdenas del Estado Táchira, el domingo 30 de julio de 2017.

Ortiz fue herido a nivel del tórax y llevado de emergencia a un hospital cercano, pero no sobrevivió.

El 31 de julio Raúl Enrique Bibiano, de Globobedia, en el reportaje “#Venezuela: Domingo negro en Táchira, tras el asesinato de dos niños el 30/07”, expresó: -Cuando se asesinan niños mediante el terrorismo de estado de un país bajo dictadura, deben ser pasibles de invasión para salvar al resto en alto grado de vulnerabilidad. "La soberanía del país, son los que están siendo asesinados", no una simple frontera.

Luego aseveró: El adolescente Luis Ortiz de 15 años de edad, de nacionalidad Venezolana, domiciliado hasta ayer 30 de julio, en el modesto caserío de Tucape, situado en el Municipio de Cárdenas, estado de Táchira, lamentablemente, este lunes 31 de julio no concurrirá a su clase, en el Liceo Bolivariano en el que estudiaba para ser alguien en la vida.

Con absoluta certeza al afirmarlo, tengo plena convicción que tampoco sus compañeras y compañeros asistirán a clases este lunes 31 de julio y, es que existe un

motivo primordial para que así ello ocurra... Irán a despedirlo en su largo viaje al cementerio donde serán depositados sus restos.

Durante la jornada de ayer domingo 30 de julio, un grupo de elementos pertenecientes a las fuerzas del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y sus secuaces, vestidos de civil, apagaron su vida y todos sus sueños de un futuro mejor. El adolescente Luis Ortiz entre tantos sueños bonitos, deseaba para su futuro, no solo aprender, también vivir en una verdadera democracia y por supuesto, que no lo hagan comunista por la fuerza.

Pero sus deseos más profundos alcanzaron la libertad apenas de su alma que, ahora vuela libre como las aves que surcan los cielos de Venezuela.

Otro adolescente, mucho más pequeño que Luis, tampoco concurrirá a clases mañana. Con la misma certeza, considero que tampoco lo harán sus compañeras y compañeros de aulas.…

["Fusilamientos de Niños y Adolescentes sin acción judicial es crimen de lesa humanidad", Máxime cuando no cometieron delito alguno más que reclamar democracia y paz]

REB lo identificó como Adrián Rodríguez, de 13 años, el cual, conforme a los testigos “fue literalmente fusilado por un militar apostado a modo de franco tirador apostado en el segundo piso de la Escuela Revolución Liberal Restauradora de Capacho Viejo, desde donde disparó a la cabeza del niño deliberadamente y con saña total”.

Luego comentó: -Estos hechos no necesitan tanto estudio por parte de las Naciones Unidas ni de la OEA para comprender que en Venezuela, no solo se violan los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también se violan los Derechos Supremos del Niño enmarcado en la Convención Interamericana de los Derechos de Niños y Adolescentes.

Dejemos de jugar a las escondidas... ante tremendos actos violatorios de los Derechos Fundamentales, en manos de un grupo de delincuentes, narco comunistas y corruptos, como estos que mantienen bajo secuestro al pueblo de Venezuela.

Los países de todo el Continente tienen que actuar aunque no les guste la idea de invadir y sacar del forro del trasero a Nicolás Maduro y a todos sus secuaces de Venezuela y ponerlos en la cárcel, para que paguen por todo el daño irreversible que ocasionaron.

Por su parte, el portal oficialista La Iguana. TV reseñó:

-En horas de la tarde de este domingo fue asesinado de un disparo el joven Adrián Rodríguez, de 14 años, durante protestas opositoras en el municipio Capacho Viejo en el estado Táchira.

Según lo reportado por usuarios en la red social Twitter y poco después por la diputada opositora de ese estado, Laydi Gómez, un francotirador desde los edificios habría sido quien disparó.

La fuente añadió: -#AHORA VECINOS DE CAPACHO VIEJO INFORMAN: FRANCOTIRADOR DESDE AZOTEA DE LA U.E GRUPO LIBERTAD ASESINO AL ADOLESCETE ADRIAN RODRIGUEZ 13 AÑOS

[El derecho a la vida constituye un valor supremo inviolable en democracia. Pero desgraciadamente, como secuela del socialismo del siglo XXI, esperpento político del dictador Hugo Chávez, el sistema democrático dejó de existir en el país desde febrero de 1999] Ender Rafael Peña Sepúlveda, de 18 años, también fue asesinado el 30 de julio con arma de fuego durante la represión de cuerpos de seguridad contra manifestantes en San Cristóbal. Era capitán del equipo de la Lotería del Táchira Futbol Club.

Según reporte de https://wilsonnoticias.wordpress.com, la víctima murió tras recibir el impacto de un proyectil durante una manifestación contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en San Cristóbal, Táchira.

-Familiares –señaló- confirmaron el deceso del joven la noche de este domingo.

Según información del diario regional La Nación, el joven estaba recluido en un centro de salud privado mientras era intervenido quirúrgicamente, pero no resistió. Peña resultó herido durante una jornada de represión en la cual cuerpos de seguridad del Estado dispersaban a los manifestantes en la urbanización Rómulo Colmenares.

Juan José Monges Páez, de 42 años, perdió la vida el 30 de julio.

Sobre ese nuevo crimen El Cooperante reportó: -Caracas, 30 de julio. Este domingo fue asesinado Juan José Monges Páez, de 42 años, en Aguada Grande, Municipio Urdaneta del Estado Lara, luego de recibir un impacto por arma de fuego en el pecho en una manifestación opositora durante la madrugada de este domingo, según informó la periodista Karina Peraza.

Ese fatídico día también fueron asesinados Ronald Ramírez Rosales, efectivo de la Guardia Nacional, al recibir un disparo en el pómulo izquierdo durante una manifestación en el Liceo Militar Jáuregui de La Grita", Estado Táchira, convirtiéndose en el sexto fallecido de hoy, cuando se elegía en el país una Asamblea Constituyente convocada por la narcodictadura que los sectores democráticos rechazaron por ser inconstitucional; Adrián Smith Rodríguez Sánchez, de 13 años, al recibir un disparo cuando caminaba cerca de un centro de votación en el sector El Calvario de Capacho Viejo, Estado Táchira; Ricardo Campos, de 30 años, al recibir un disparo en la cabeza por parte de un agente de represión mientras protestaba afuera de su residencia en la calle Bolívar de Cumaná en contra del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente.; Luis Beltrán Zambrano Lucena , de 43 años, al ser herido con un disparo en la cabeza mientras se encontraba en medio de una protesta en Barquisimeto, contra la cual la Guardia Nacional arremetía; Ángelo Yordano Méndez, de 28 años, al recibir disparos de las fuerzas represivas en la Escuela Juan Rodríguez Suárez, de Mérida, Eduardo Olave, de 39 años, al recibir de militares en el mismo centro educativo; cuando protestaba en sus inmediaciones; José Fernando Sánchez, de 24 años, a manos de un efectivo de la Guardia Nacional en Tovar, Estado Mérida, y Haider Ocando, de 19 años, con arma de fuego en Maracaibo.

Sobre los asesinatos que se produjeron ese sinestro día por protestar contra la Asamblea Nacional Constituyente debido a su inconstitucionalidad las periodistas Yohana Marra y Shaylim Castro, del portal Crónica.Uno, escribieron el 31 julio: -Según el Ministerio Público, este domingo 30 de julio, durante las protestas en contra de la ANC, los homicidios se produjeron en Táchira, Mérida, Zulia, Lara y Sucre.

Sin embargo, la oposición documentó 16 fallecidos.

Caracas. 10 asesinatos en un día. Este fue el saldo que dejó la jornada de protestas este 30 de julio en contra de la realización de las elecciones —inconsultas— de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocadas por ..Nicolás Maduro.

Luego indicaron: -El pasado domingo se convirtió en el día con más muertes durante protestas, luego de los nueve fallecidos durante el paro cívico de 48 horas que convocó la Mesa de la Unidad Democrática el 26 y 27 de julio.

El tercer día con más homicidios registrados —de manera oficial— fue el 22 de mayo, en Barinas, donde hubo cinco víctimas. Esas manifestaciones, que se extendieron hasta 23 de mayo, culminaron con siete fallecidos. Lara también tuvo un día sangriento el pasado 30 de junio con cuatro asesinatos.

Colectivos tienen luz verde para "aplacar" descontento hacia Maduro Según la directora de Cofavic, la abogada Liliana Ortega, el derecho internacional establece que ocurre una masacre cuando en un mismo contexto asesinan entre tres y cinco personas, de manera indefensa que no haya sido en un combate.

“Hay una violencia política muy agudizada. La comunidad internacional habla de impunidad y que además ha ido creciendo el número de víctimas y lesionados, que es muy alto. También hay mucho daño a nivel social, como el ataque sistemático a residencias, hay daños económicos y psicológicos”, explicó.

Táchira fue el estado más violento, pues le quitaron la vida a cuatro personas, dos eran adolescentes de 13 y 17 años, quienes recibieron heridas de fuego. Otra de las víctimas fue Ronald Ramírez Rosales, funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien recibió un disparo en el pómulo izquierdo en una protesta en el Liceo Militar Jáuregui de La Grita. Y el cuarto fue José Cárdenas.

Ortega añadió que el derecho internacional ha establecido unos parámetros y lo que juzgan en materia de Derechos Humanos recae en el Estado.

Mérida fue la segunda entidad más violenta, con tres fallecidos. Con heridas de armas de fuego fueron encontrados los cadáveres de Ángelo Méndez, de 28 años, y Eduardo Olave, de 39, dentro de la Unidad Educativa Simón Rodríguez. [En otro espacio digital se dice que fue en la Escuela Juan Rodríguez Suárez] La Fiscalía detalló que las víctimas se encontraban en una manifestación adyacente al plantel de la parroquia Jacinto Plaza. Otra de las víctimas fue José Sánchez.

También puntualizaron: -La fiscal Luisa Ortega Díaz sostuvo este lunes 31 de julio que 40 % de los asesinatos en el contexto de las manifestaciones opositoras son responsabilidad de civiles armados. Y en 25 % de las muertes se le atribuye la responsabilidad a los funcionarios de seguridad.

De acuerdo con la explicación de la abogada Liliana Ortega, todas las acciones de civiles armados que gocen de la tolerancia del Estado se consideran una violación a los Derechos Humanos.

“Las muertes por parte de órganos de seguridad deben ser investigadas y no debe haber solidaridad automática de sus superiores, porque se crea impunidad, debe cumplirse el debido proceso”, soltó.

El pasado 30 de julio se celebraron las elecciones, inconsultas, de la ANC. Aunque la Fiscalía asegura que se registraron 10 muertes, el gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, indicó que hubo 16 fallecidos en todo el país.

Desde que iniciaron las protestas el pasado 1° abril, el MP ha registrado 128 muertes en el contexto de las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

El sábado 29 de julio la periodista Rosalie Méndez Roa, de El Carabobeño, reportó:

-Iraldo Gutiérrez se convirtió en la segunda víctima mortal de este sábado, en la comunidad de Chiguará, Municipio Sucre del Estado Mérida.

Un presunto ataque de grupos armados dejó dos muertos y varios heridos de bala. Unas dos horas antes, el alcalde Carlos García había confirmado el asesinato de Marcel Pereira, quien pereció tras recibir un disparo en la cabeza.

En el mismo reporte, “La diputada a la Asamblea Nacional, Milagro Valero, aseguró que al Gobierno no le importa el futuro y por eso sigue asesinando jóvenes.

“Chiguará llora otro hijo”, tuiteó.

La víctima tenía 37 años y trabajaba en el cementerio.

Daniela de Jesús Salomón Machado, de 15 años, murió el 31 de julio cuando se encontró con una manifestación en la Plaza Venezuela de La Concordia en San Cristóbal justo en el momento en que un grupo de colectivos abrieron fuego contra los ciudadanos.

Recibió un disparo en el tórax el día anterior.

Sobre ese crimen la periodista María Isabel Castellano, del diario La Verdad, de Maracaibo, reportó: -Una joven de 15 años de edad murió este lunes 31 de julio, luego de haber resultado herida en el pecho por un arma de fuego, en el Municipio San Cristóbal. La muchacha identificada como Daniela de Jesús Salomón Machado falleció a causa de la grave herida por un impacto de bala que recibió mientras se encontraba en el sector Plaza Venezuela.

Según el novio de la joven, ella se encontraba en la zona cuando unos presuntos colectivos arribaron al lugar el domingo 30 de julio disparando a las personas que estaban allí, resultando varios heridos en el ataque.

Al final escribió: -El domingo en Táchira se registró una fuerte jornada de protestas y represión por parte de los funcionarios de seguridad del Estado y colectivos armados durante las elecciones para la constituyente, que dejó siete fallecidos.

Antony Rodrigo Labrador, de 23 años. Falleció el 31 de julio en un centro hospitalario de Cúcuta, tras recibir un disparo en el tórax mientras participaba en una manifestación cuando colectivos arremetieron contra los manifestantes en Ureña, Estado Táchira.

Eilyn Cardozo, del diario La Opinión, de Cúcuta, escribió sobre ese nueve crimen de la narcodictadura:

Luto en Ureña por muerte de manifestante hospitalizado en Cúcuta

-El alcalde del Municipio Pedro María Ureña, Alejandro García, lamentó el fallecimiento en la ciudad de Cúcuta de Antony Rodrigo Labrador Castellanos, quien resultó herido por un disparo de arma de fuego el domingo, durante la jornada electoral de la Asamblea Constituyente en Ureña y que posteriormente murió en el Hospital de la ciudad de Cúcuta.

"Labrador, al igual que otros cuatro jóvenes más de nuestro municipio, fue víctima de un disparo por arma de fuego, y lamentablemente falleció debido a las complicaciones de su herida, a pesar de que en Cúcuta le brindaron atención e hicieron todo lo posible por salvarle la vida, de lo cual estamos agradecidos", dijo García.

La

periodista añadió: -Así mismo informó que los restos mortales del joven fueron traslados a su Ureña natal este martes. "Vamos a acompañar sus honras fúnebres y a darle el apoyo moral a la familia de este joven, quien murió a manos de la violencia sin razón, eso lo condenó enérgicamente, pues la vida es lo más preciado y no puede por ningún respecto arrebatársele a un ciudadano sea quien sea y venga de donde venga". En toda la jurisdicción del Municipio Pedro María Ureña fueron decretados tres días de duelo laborable, para honrar la muerte de Antony Labrador.

El alcalde hizo además un llamado a la paz y a la cordura, agregando que no puede haber más muertes por estas causas. "Debe terminarse la violencia en la política, no puede la fuerza militar avasallar a quienes piensan distinto y las autoridades no pueden permitir que civiles usen armas de fuego en manifestaciones, por lo que debe abrirse una investigación y aplicar la ley a los responsables de esto que vivimos el domingo, pues eso lo vio todo el pueblo".

Condenó de manera rotunda las ocho muertes que la jornada electoral dejó en el Táchira, calificándolas de innecesarias, al tiempo que hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a prestarse para el orden y la paz, "y no para promover lo que se vio en

múltiples imágenes que mostraron las redes sociales, cosa irracional propio de una guerra de barbarie".

En el siguiente segmento apuntó: -Agregó Alejandro García que "los heridos no pudieron ser atendidos en Ureña porque que la Gobernación tiene abandonado el centro de salud del Municipio; los que laboran allí no tienen como atender nada, de eso debe preocuparse el Gobierno de las necesidades que hay, pero si son muy buenos para atropellar a la gente; gracias a Dios las autoridades colombianas apoyaron y se pudo llevar los heridos hasta Cúcuta en donde fueron atendidos".

Del mismo modo, García explicó que el gobierno nacional y regional impusieron el combate en la política con represión brutal, propio de una mentalidad militarista y golpistas; "en política se combate con ideas y con propuestas, pero estos señores han traído este proceder a nuestro estado de arremeter contra quienes opinan diferente y contra quienes buscan que cambie este desastre en que ellos han convertido a Venezuela, además de permitir que algunos que se hacen llamar políticos usen armas para atemorizar, llegando a lo que sucedió este domingo en nuestro pueblo", puntualizó Alejandro García.

Asimismo la periodista destacó que la entonces alcaldesa del Municipio San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos decretó tres días de luto activo en la capital tachirense, por la muerte de varias personas durante los días que rodearon las elecciones constituyentes del pasado domingo.

-El acuerdo de duelo indica –precisó- que durante los días 27, 29 y 30 de julio de 2017, fallecieron en el Estado Táchira, los ciudadanos: Luis Gerardo Ortiz, Albert Rosales, Daniela Salomón De Jesús Machado, Adrián Smith Rodríguez Sánchez, Ender Peña Sepúlveda, José Gustavo Leal Villasmil, Eduard Gil Rodríguez, y Wilmer Flores Carrascal, quienes se encontraban ejerciendo su derecho a la manifestación consagrado en el Artículo 68° de la Constitución Nacional de Venezuela, así como el lamentable fallecimiento del (GNB) Ronald Ramírez Rosales.

“Por tanto se acuerda expresar las más sentidas condolencias a sus familiares por la desaparición física de estos ciudadanos, manifestar el sentimiento colectivo de pesar, palabras de aliento y fraternidad, a sus madres, esposas, hijos, familiares y amigos, y hacer entrega del presente Acuerdo a sus familiares, así como participar en las eucaristías que se celebraren con motivo de su fallecimiento”, reza el documento.

El 3 de agosto falleció Jhonny Alfredo Colmenares Colmenárez, de 25 años, quien el 30 de julio fuera víctima de una brutal golpiza en el Municipio Lobatera, cuando participaba en las protestas contra la elección constituyente; por parte de colectivos gubernamentales armados, los cuales lo golpearon y lo rociaron con gasolina.

Sobre ese otro crimen el portal Noticia Al Minuto reseñó: -Una nueva víctima se suma a la jornada electoral del domingo 30 de julio.

Jhonny Colmenares, de 25 años de edad, murió tras ser presuntamente atacado por colectivos la madrugada del domingo 30 de julio en Lobatera, Estado Táchira.

El joven murió este jueves producto de las heridas que sufrió.

Colmenares fue golpeado por colectivos, quienes le rociaron gasolina para quemarlo, pero no lo hicieron.

Al joven lo trasladaron a un centro de salud, donde murió debido a la gravedad de las lesiones.

Al final explicó: -Este es el noveno fallecido que se registra en la entidad andina durante las protestas contra el gobierno nacional el fin de semana.

El 6 de agosto Ramón Antonio Rivas, de 52 años, fue asesinado cuando participaba en una manifestación en la avenida Bolívar de Valencia.

Sobre ese crimen Radio y Televisión Martí reseñó: -Ramón Rivas, dirigente de la oposición venezolana en el Estado de Carabobo, murió este domingo por arma de fuego durante una manifestación ciudadana en Valencia, cerca del cuartel militar que fue asaltado horas antes, indicaron fuentes opositoras.

Wilmerys Zerpa, de 20 años, fue asesinada el 7 de agosto. Era estudiante de la Universidad de Oriente.

Había salido con su esposo a comprar comida en un puesto cercano a una barricada en Ciudad Bolívar, cuando fue alcanzada por una bala disparada por un grupo de civiles armados que atacó a los manifestantes que estaban en la misma.

El portal Noticia Al Minuto reseñó al respecto: -Un certero disparo acabó con la vida de la estudiante de la Universidad de Oriente, Wilmerys Zerpa de 20 años, quien perdió la vida cuando pasaba cerca de una protesta la noche de este domingo.

Según información de la periodista Pableysa Ostos, la noche de este domingo varios vecinos del sector El Perú en Ciudad Bolívar, decidieron salir de sus casas a protestar. Empezaron hacer varias barricadas en el lugar cuando llegó una camioneta y una moto, dispararon contra los chamos. La víctima venía pasando con el esposo y un tiro le dio a ella.

La fuente recordó igualmente que “Desde el inicio de las manifestaciones a nivel nacional han fallecido en el estado ubicado al sur del país tres personas, el primero fue Augusto Puga, estudiante de enfermería de la Universidad de Oriente (UDO), quien fue asesinado dentro del decanato-recibió un tiro en la cabeza-.

Por ese caso fueron privados de libertad seis funcionarios, cinco pertenecientes a la Policía del Estado Bolívar (PEB) y uno del Ejército. Mientras que la otra víctima fue

un adolescente de 17 años, identificado como Oswaldo Rafael Britt, quien fue atropellado por un camión de HidroBolívar, durante un trancazo.

Ese mismo día, pero en la Universidad José Antonio Páez, fue asesinado el estudiante Eduardo Orozco, de 19 años, cuando protestaba junto con vecinos en el distribuidor Bellas Artes en Cabudare, Estado Lara.

-De acuerdo con la investigación, -se lee en Wikipedia, la enciclopedia libre- una camioneta Explorer negra y un vehículo marca Orinoco, color blanco, llegaron al lugar y de allí se bajaron funcionarios identificados con el uniforme del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), quienes dispararon, y uno de los proyectiles lo impactó en la región occipital.

Al respecto reseñó el portal El Cooperante: -Caracas, 9 de agosto.- Este miércoles le dieron el último adiós al joven Eduardo José Orozco, de 19 años, quien fue asesinado el pasado 7 de agosto cuando se encontraba en una protesta en el elevado de Bellas Artes, en Barquisimeto, Estado Lara.

Según informó la periodista Elyangélica González, ese día tres vehículos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro llegaron al lugar «a toda marcha» y sin mediar palabras dispararon hacia todos lados.

Luego señaló: -Orozco intentó correr, pero recibió dos impactos de bala en una pierna, lo que hizo que cayera al piso y un disparo a traición en la cabeza. De acuerdo a lo denunciado por sus allegados, los funcionarios que antes de llevarse el cuerpo, colocaron el arma en manos del joven y efectuaron disparos para que la pólvora lo incriminara y así alegar que se encontraba armado. Los familiares niegan que haya sido un enfrentamiento.

«Sus amigos y su familia sufren, sobretodo porque buscan desacreditarlo diciéndole ‘terrorista’, pero se aferran a la justicia divina, la única que nunca falla», dijo la periodista a través de su cuenta en Instagram.

El 3 de mayo de 2021 las periodistas Yohana Marra y Maru Morales P., del portal Crónica .Uno, en el reportaje “Familiares de jóvenes asesinados en protestas de 2017 exigen justicia a la Fiscalía”, escribieron: -La Alianza de Familiares y Víctimas de las Protestas Antigubernamentales de 2017, (Alfavic), pidió que se investiguen debidamente los asesinatos de sus parientes, luego de que el fiscal Tarek William Saab ofreciera avances del caso del asesinato de Juan Pablo Pernalete y del concejal Fernando Albán. Partidos de la oposición democrática remitirán a la CPI la declaración como confesión del delito de encubrimiento.

Caracas. Miguel Fernando, mi hijo, un comunicador social, fue víctima de una ejecución extrajudicial. ¿Cómo usted señor fiscal va a decir que se está haciendo justicia, cuando en el caso de mi hijo ni siquiera el expediente me han entregado? No he tenido la oportunidad de tener un expediente para poder seguir mis acciones.

Carmen Bracho, madre de Miguel Castillo, joven asesinado durante una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el 10 de mayo de 2017, pidió a Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, que “no mienta al país” asegurando que se está haciendo justicia.

Un grupo de padres que integran la Alianza de Familiares y Víctimas de las Protestas de 2017 (Alfavic) exigió justicia, tras las declaraciones de Saab el sábado 1º de mayo. El fiscal ofreció avances de las investigaciones del asesinato de Juan Pablo Pernalete, estudiante asesinado el 26 de abril de 2017, y del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, asesinado en custodia del Servicio Bolivariano Nacional (Sebin) el 8 de octubre de 2018.

Luego explicaron: -La rueda de prensa de Saab fue a propósito del informe que entregó el Ministerio Público a la Corte Penal Internacional, el 30 de abril de este año. En sus declaraciones, el fiscal informó que por el caso de Juan Pablo Pernalete fueron imputados 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva.

“Son cuatro años de absoluta impunidad y las recientes imputaciones no pretenden darnos una verdadera justicia, pues las imputaciones no se ajustan a la verdad”, dijo José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo, de 20 años de edad.

Juan Pablo Pernalete recibió un impacto de bomba lacrimógena en el pecho, en Altamira. El 24 de mayo Luisa Ortega Díaz, fiscal de entonces, informó que el estudiante de Contaduría Pública, en la Universidad Metropolitana, fue asesinado por un GNB que disparó una bomba lacrimógena. Sin embargo, Ernesto Villegas, ministro de Comunicación en ese momento, aseguró que al joven lo habían asesinado con una pistola de perno.

Después apuntaron -Desde el 1º de abril al 30 de julio de 2017 hubo una serie de protestas en Venezuela lideradas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El detonante fueron las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia las cuales despojaban a los diputados de la Asamblea Nacional de su inmunidad y al Parlamento de su atribución para autorizar la creación de empresas mixtas.

Al descontento se sumaron más peticiones a lo largo de los cuatro meses de manifestaciones. Las exigencias eran: la apertura de un canal humanitario, la liberación de presos políticos y la devolución de las competencias a la AN. La represión de los cuerpos de seguridad y presuntos grupos paramilitares dejó 129 fallecidos en Venezuela, de acuerdo con cifras del Ministerio Público bajo la tutela de la fiscal Luisa Ortega Díaz, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente ese mismo año.

Rosángela Durán contó que la investigación del asesinato de su hermano Roberto Durán fue cerrada por falta de evidencias. El joven, de 24 años de edad, fue asesinado el 28 de junio de 2017 en una protesta en Barquisimeto, estado Lara, presuntamente por un GNB. «NO ESTÁ INDIVIDUALIZADA EL ARMA EJECUTORA», Así lo declaró la hermana de Roberto Durán quien fue asesinado por un GN durante las protestas del 2017.#AunNOhayJUSTICI A pic.twitter.com/ldym1O7 YYC — Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (Alfavic) (@Alfavic2017) May 2, 2021 En mi caso no está individualizada el arma ejecutora ni la persona que disparó en contra de mi hermano, no hay ni un solo funcionario detenido ni siquiera en la cadena de mando. Hoy el fiscal Saab habla de que está haciendo justicia en el caso de los Pernalete, pero es mentira”, dijo en un video publicado en las redes de Alfavic.

Los padres de Fabián Urbina también se pronunciaron y exigieron justicia al fiscal Saab. El adolescente, de 17 años de edad, fue asesinado por un GNB en una manifestación en el distribuidor Altamira, el 19 de junio de 2017.

Luego de tres años y medio, el guardia que asesinó a nuestro hijo aceptó los cargos.

Cinco delitos se le imputaron, aceptó que asesinó a Fabián Urbina. Su condena debió estar entre 22 y 25 años de cárcel, pero le dieron un regalo de tan solo 12 años. ¿De qué justicia está hablando usted? Como padres de Fabián le exigimos una verdadera justicia para nuestro hijo y para todas las demás, contaron los padres.

La esposa de Leonardo González Barreto, asesinado el 27 de julio de 2017, también se sumó a las exigencias de justicia de Alfavic, al igual que los parientes de las víctimas: Diego Arellano (Miranda), Rubén Darío González (Carabobo), Nelson Daniel Arévalo (Lara), Yorman Bervecia (Barinas), Yoiner Peña (Lara), Luis Guillermo Espinoza (Carabobo) y Manuel Alejandro Sosa (Lara).

El jueves, 22 de noviembre de 2018 Amnistía Internacional de Venezuela dio a conocer la muerte de Anyelo Rafael Quintero Rivas, obrero de construcción y padre de familia, de 29 años de edad, el día 12 de febrero de ese año, siete meses y 17 días después de haber sufrido una herida por impacto de bala en la cabeza, luego que un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía del Estado Mérida, empezaran a reprimir una protesta que se estaba llevando a cabo el 26 de junio de 2017, en la ciudad de Ejido, Estado Mérida.

-Anyelo Quintero –explicó AIVEN- había salido de visitar a su hijo de 1 año de edad, 15 minutos antes de haber resultado herido. Sus familiares informaron que cuando lo hirieron se acercó una doctora a darle primeros auxilios y fue apuntada por unos funcionarios de la Guardia Nacional con una escopeta. Luego lograron trasladarlo al Hospital Universitario de los Andes, donde lo sometieron a una operación quirúrgica.

La fuente añadió que los médicos afirmaron que el disparo fue a tan corta distancia que le destrozó toda la parte occipital y causó la muerte cerebral.

Sin embargo, “Un año y 5 meses después sus familiares no han obtenido ningún tipo de respuesta por parte del Estado, quienes alegan que para las autoridades es “como si no hubiese pasado nada”, aun cuando la Constitución venezolana y los estándares internacionales prohíben el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones Durante las protestas cívicas en contra de la narcodictadura del 30 de abril de 2019 celebradas en todo el país bajo el nombre de Operación Libertad fue asesinado en La Victoria, Estado Aragua, por fuerzas represivas el joven Samuel Méndez, de 26 años.

La información fue dada a conocer el 1 de julio del referido año por el periodista Alfredo Morales, de El Pitazo, quien indicó que la víctima solo quería un país mejor y por eso decidió quedarse en Venezuela porque decía que aquí todavía había esperanza.

-Han pasado casi tres meses del asesinato del joven Samuel Méndez, en las protestas del 30 de abril registradas en La Victoria, Estado Aragua, y hasta ahora no hay responsables, detenidos o investigados por este crimen.

Por tal motivo, familiares de Samuel, en compañía del diputado aragüeño José Gregorio Hernández, presentaron este caso en la comisión de política interior de la Asamblea Nacional. Aspiran también llevarlo ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Según el diputado Hernández ,ese día también resultó herido otro joven y explicó que los responsables de la muerte de Samuel son presuntamente colectivos

armados que lo secuestraron en medio de la manifestación y lo llevaron al urbanismo Ciudad Socialista, donde lo ajusticiaron con un tiro a quemarropa en el pecho.

Igualmente reveló: -Allí se encontraban policías municipales y de la Policía de Aragua, también estaba la alcaldesa y el jefe de seguridad ciudadana del municipio, quienes no hicieron nada para evitar este lamentable suceso, y quienes además no han hecho nada para posteriormente aclarar la situación y aprehender a los responsables de esta acción.

El viernes 24 de enero de 2020 el diario ecuatoriano El Comercio, con información de AFP, dio a la publicidad el informe presentado por la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social sobre las muertes ocurridas en 2019 durante las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro, que se elevaron a 67 de las cuales 59 fueron baleadas presuntamente por militares, policías y grupos civiles progobierno, El documento señaló igualmente “que seis manifestantes fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales” tras protestar, mientras que uno falleció de un infarto y otro por golpes.

-Ocho de los muertos –apuntó El Comercio- eran menores de edad. La ONG indicó que el balance demuestra que la “respuesta” del gobierno de Nicolás Maduro a las manifestaciones “ha sido la criminalización, judicialización y la implementación de la represión letal como política de Estado”.

Y agregó: -El OVCS culpa por los ataques con arma de fuego a policías y militares, así como a 'colectivos', grupos chavistas que el reporte tilda de “paramilitares”. La mayoría de los fallecidos se produjo entre enero y febrero, período de alta conflictividad entre Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos.

El informe documentó 16 739 manifestaciones en Venezuela en 2019, con una media de 46 diarias, lo que representó un aumento de 24% con respecto a 2018…De acuerdo con el OVCS, 62% de las protestas se produjeron en exigencia de vivienda y servicios, derechos laborales y acceso a alimentos, educación y salud. Según las autoridades, unas 200 personas murieron en oleadas de protestas antigubernamentales en 2014 y 2017. Maduro sostiene que varias de esas víctimas eran partidarios suyos.

Otra fuente digital reveló el 29 de enero: -Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social han identificado al menos a 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones registradas en Caracas y otras ciudades del país entre los días 22 y 25 de enero. La totalidad de estas muertes se produjeron por impacto de bala, y la mayoría, en contextos en los que agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares actuaban en labores de represión de protestas. Cinco de los casos registrados, son atribuibles a la actuación de civiles armados.

Distrito Capital acumula el mayor registro de personas fallecidas con diez muertes (28,57% de los casos). Le sigue Bolívar con ocho muertes (22,85%); Portuguesa con cuatro casos (11,42%); Amazonas y Barinas con tres muertes (8,57% c/u); Táchira y Monagas con dos muertes registradas cada uno (5,71% c/u); y Mérida, Yaracuy y Sucre con una muerte cada uno (2,85% c/u).

El 29 de enero de 2019 un informe emanado de las ONG Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reveló que a la fecha el número de asesinatos en el marco de las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro se había elevado a 250.

{35 asesinados en protestas 2019 eleva a 250 el número de fallecidos en manifestaciones durante la era Maduro] El informe reveló que ambas ONG identificaron al menos a 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones registradas en Caracas y otras ciudades del país entre los días 22 y 25 de enero.

-La totalidad de estas muertes –explicaron- se produjeron por impacto de bala, y la mayoría, en contextos en los que agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares actuaban en labores de represión de protestas. Cinco de los casos registrados, son atribuibles a la actuación de civiles armados.

Distrito Capital acumula el mayor registro de personas fallecidas con diez muertes (28,57% de los casos). Le sigue Bolívar con ocho muertes (22,85%); Portuguesa con cuatro casos (11,42%); Amazonas y Barinas con tres muertes (8,57% c/u); Táchira y Monagas con dos muertes registradas cada uno (5,71% c/u); y Mérida, Yaracuy y Sucre con una muerte cada uno (2,85% c/u).

Después indicaron: - En el caso de Caracas, las 10 muertes se produjeron en el contexto de protestas que se desarrollaban en sectores populares: Catia; Las Adjuntas; San Agustín; La Vega y El Junquito; lo que refleja el cambio en la dinámica del conflicto a partir del 22 de enero; el desvanecimiento de la territorialización política e ideológica que caracterizó al país durante los últimos 18 años; el descontento generalizado de amplios sectores de la población que servían de base social de apoyo al proyecto político bolivariano, y la escalada represiva de la dictadura mediante el empleo excesivo de la fuerza a través del escuadrón de la muerte FAES; la GNB y agrupaciones paramilitares. Éstas fueron las personas asesinadas: Alixon Osorio Dos Santos Pizani [19], Stefany Maholy Layoy Natera [22], Franklin Alexánder Figuera [19], Carlos Alfredo Olivares Bonalde [30], Cleiner José Romero [17],Luisdy Bolívar [23], Ángel Tovar [17], Yeimbert José Rangel [24], Efrén Sandalio Castillo [47],

Yhonny Alejandro Hernández Ojeda [27], Edwar José Marrero [21], Gustavo Ramírez [26], Wilmer Mendoza [39], Iván Antonio Álvarez Fernández [21], Juan Rafael Medina Torres [19], Luigi Guerreo Ovalles [24], Jhonny Jesús Pacheco Vega [23], Nick Samuel Borges [18], Yeskarly José Gil [25], Emmanuel Zambrano [19], Francisco Acosta [35], Andrés Rafael Rodríguez Oliveros [24] Pedro Díaz [24[, Kevin Antonio Cárdenas Blanquez [22], Luis Alberto Martínez [32], Germán Cohen [33], Rael Alabbi [18], Yohni José Godoy Buitrago [29], Frank David Correa Gutiérrez [25], Adán Pérez [ 45],Luis Francisco Pérez [16], Robert Cabello [SI], Daniel Véliz [18], Alfredo Núñez [35] y Moisés Araujo [19].

El informe precisó además que “Estos órganos no poseen competencias, equipamiento y entrenamiento para gestionar manifestaciones con apego a los principios de uso progresivo y diferenciado de la fuerza”.

De igual modo precisó: -La muerte de estos 35 venezolanos eleva a 250 el total de fallecidos en protestas desde que Maduro asumió el poder en 2013. Desde abril de ese año y hasta el presente, ha sido reiterado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, tanto en labores de lucha contra el delito, como en actividades vinculadas a la gestión de manifestaciones. La respuesta de Maduro frente a la conflictividad social ha sido una demostración constante de autoritarismo y aliento a la comisión de abusos contra los Derechos Humanos.

También puntualizó: - En sólo seis años, Maduro triplicó el número de muertes registrado en los 21 años anteriores a su llegada a Miraflores. La cifra de muertes en protestas durante la era Maduro refleja dramáticamente la ausencia de garantías reales para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en nuestro país y la respuesta autoritaria del Estado frente a la conflictividad social. La mayoría de estas muertes se produjeron debido a la actuación de agentes de la fuerza pública y a la participación de agrupaciones paramilitares. Estas muertes son consecuencia del recurrente uso excesivo de la fuerza para la gestión de manifestaciones públicas por parte de policías y militares; de la ausencia de controles efectivos para regular la actuación de los agentes de la fuerza pública en labores de control del orden público; ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de los mandos de policías y militares durante la gestión de manifestaciones; y de un abierto aliento a la represión por parte de altos funcionarios del Estado venezolano, al calificar anticipadamente como violentas todas las manifestaciones convocadas por el retorno a la democracia en el país o por la exigencia de reivindicaciones sociales.

[FAES: el escuadrón de la muerte que reprime a los más pobres] En otro segmento las fuentes expresaron:

-La alarma en 2019, se enciende debido al abierto empleo de un cuerpo policial de élite, que no posee las competencias legales; el equipamiento y el entrenamiento para actuar en la gestión de manifestaciones y orden público: la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).

Amparándose en una visión ajena al respeto de los derechos humanos, se creó este grupo élite que se ha convertido en un verdadero escuadrón de la muerte, debido a la discrecionalidad con que actúa y a la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y sanciones para los involucrados en abusos contra los derechos ciudadanos. Desde su creación el FAES registra masacres de entre 6 y 8 personas a diario, en situaciones que son presentadas ante la opinión pública como “enfrentamientos”, pero que indican a todas luces que se trata de ejecuciones extrajudiciales. La actuación del FAES, sustituto de los “Operativos de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), constituye la institucionalización del uso excesivo de la fuerza y de las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la actuación policial y militar en labores de seguridad ciudadana y, más recientemente, en el control de manifestaciones.

Ambas organizaciones, el 8 de abril del mismo año, anunciaron la identificación de 51 personas fallecidas en el contexto de manifestaciones registradas en Caracas y otras ciudades del país entre el día 22 de enero y el 7 de abril.

-50 de estas muertes –precisaron- se produjeron por impacto de bala y una debido a un infarto sufrido por la víctima, mientras era saqueado su negocio. El 70% de los asesinatos (35) son atribuibles a agentes de la fuerza pública, siendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el componente represivo que concentra la mayoría de las muertes con 22 casos, seguida por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) con 5 casos; el Ejército con 4 casos; la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía Municipal de Peñalver (Anz) con un caso cada una; y 2 asesinatos producido en actuaciones conjuntas de las FAES, la GNB y Paramilitares.

Agregaron que “9 personas fueron presuntamente asesinadas por civiles, mientras que otras 6 fueron presuntamente asesinadas por paramilitares” y que “En un caso no se ha identificado a los presuntos responsables”.

Alixon Osorio Dos Santos Pisani fue asesinado durante una protesta contra el usurpador Nicolás Maduro.

Monitor de Víctimas refirió al respecto: -Esto ocurre a tempranas horas de la mañana del 23 de enero de 2019, fecha en la que la oposición, en respaldo a la Asamblea Nacional, convocó a la calle para exigir el cese de usurpación del poder de Nicolás Maduro y, en la que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de la República. Para ese llamado asistiría Alixon. Entre sus planes estaba llegar hasta la Plaza Juan Pablo II, en Chacao, donde se concentraron miles de caraqueños.

Alixon tenía 16 años. No conoció la democracia. Sus ansias de libertad lo motivó a protestar anticipadamente. El descontento de él y centenares de venezolanos hacia Nicolás Maduro se expresó en más de 30 zonas de la Gran Caracas, en especial, en sectores populares, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC), antes del llamado opositor. Entre esas manifestaciones estaba Alixon. La noche del 22 de enero de 2019 caminó junto a un grupo de jóvenes, hacia la avenida Sucre de Catia, por la entrada de Cutira, a “pedir lo que todos queremos”, dijo para Crónica.Uno, uno de sus amigos que protestó a su lado.

Cinco días después el portal Punto de Corte, entre otros medios, registró el homenaje en su honor y demás asesinados por las fuerzas represivas en barrios de Caracas.

-A pocos metros de donde fue asesinado el joven de 19 años Alixon Osorio Dos Santos Pisani en la Avenida Sucre de Catia, -escribió- líderes sociales de distintas zonas de la capital elaboraron este domingo un mural en homenaje a los nueve jóvenes asesinados por la represión del Gobierno de facto de Nicolás Maduro en las barridas caraqueñas, denunciaron que tanto el Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se han convertido en escuadrones de la muerte que, con represión, intentan parar las protestas. Asimismo ratificaron el compromiso de seguir protestando hasta lograr la salida de la tiranía.

Punto de Corte añadió: -Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que los barrios de la capital han bajado a protestar clamando por agua, luz o comida pero también exigiendo libertad y democracia. “Ese mismo pueblo humilde que puso a Hugo Chávez en Miraflores hoy tranca sus calles encabezando una rebelión popular que pide la salida inmediata del dictador Nicolás Maduro. Estamos cansados de ser humillado ya que el único logro del dictador fue igualar el hambre sin importar sector social”.

Rojas denunció igualmente cómo el Faes y el Conas se han convertido en escuadrones de la muerte que asesinan sin compasión a jóvenes venezolanos, siendo el único delito cometido por ello el tener la valentía de protestar por comida y libertad para Venezuela.

-Solo en el municipio Libertador –explicó- van ya 9 personas asesinadas donde se puede destacar además de nuestro mártir Alixon Pisani el de una chamita de 22 años llamada Stefany Layoy asesinada también en Catia por

gendarmes de la PNB quien deja dos niños huérfanos o Nick Borges un niño de 18 años también ajusticiado por los cuerpos de seguridad mientras protestaba en Las Adjuntas”.

El 24 enero del mismo año El Nacional reportó: -El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) condenó este jueves el asesinato de un joven ocurrido durante una manifestación en Las Adjuntas, parroquia Macarao de Caracas.

El joven fallecido fue identificado como Samuel Borges, de 18 años de edad.

“Condenamos el asesinato del joven Nick Samuel Borges de 18 años de edad por herida de arma de fuego durante manifestación en Las Adjuntas, Parroquia Macarao, Caracas”, publicó la ONG en su cuenta de Twitter.

El OVCS informó además que los cuerpos de seguridad del Estado continuaron reprimiendo en diversos sectores populares del país.

El asesinato de Stefany Maholy Layoy Natera, ocurrido el 22 de enero de 2019 fue registrado por Erick S. González, de Runrunes, el 8 de febrero del mismo año, en los siguientes términos: -PARA LLEGAR A LA CASA DE LA FAMILIA JAJOY hay que atravesar a pie la mitad del barrio El Amparo. En voz baja, los vecinos advierten que los “colectivos” están atentos a la presencia de cualquier extraño. Pero el dolor de los familiares de Stefany Maholi Jajoy Natera es más fuerte que el terror que imponen los grupos armados afectos al oficialismo y aseguran que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana son los responsables de la muerte de la joven de 20 años de edad, que fue abaleada en medio de las protestas contra Nicolás Maduro.

Luego explicó: -Stefany recibió cuatro impactos de bala en la espalda y cayó en la calle Oriental de El Amparo. Los demás manifestantes la socorrieron, pero la muchacha murió casi inmediatamente. Su madre, Yusmary Natera, y sus otros dos hijos, cargaron el cadáver hasta su casa.

La familia resguardó el cuerpo sin vida de Stefany desde las 2:00 am, cuando fue herida y murió, hasta las 8:00 am del 23 de enero, cuando llegaron al lugar funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para hacer el “levantamiento del cadáver”, la planimetría y el primer informe forense antes de la autopsia oficial. “Recuerdo que un funcionario del Cicpc lo primero que dijo fue: ‘Dios mío, se ensañaron con esta niña’, porque tenía cuatro disparos en la espalda”, asegura la madre de Stefany.

Sin embargo, “Para sorpresa de los familiares, en el informe correspondiente a la autopsia, que realizaron en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Bello Monte, se indica que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, ocasionado por el impacto de un único proyectil en el tórax.”.

El periodista apuntó igualmente: -Esa noche no hubo minuta policial. En un reporte hecho en la morgue de Bello Monte —al que Proiuris tuvo acceso— se lee que la víctima procedía del hospital Dr. Ricardo Baquero González, conocido como el Periférico de Catia, lo cual fue desmentido por los familiares. Sin embargo, en dicho reporte inicial sí se dejó constancia de que Stefany recibió cuatro disparos en la espalada.

El reporte “oficial” del Cicpc no detalla las circunstancias de la muerte de la joven, no menciona que hubo una protesta en El Amparo, ni que funcionarios de las FAES llegaron a reprimir a los manifestantes. “Ese fue el papel que nos dieron en la comandancia para retirar el cadáver de mi hija. No dice nada de lo que pasó”, sostiene la madre.

Desde Madrid, Golcar Rojas escribió el 24 de enero de 2019 el texto “Letanías del No.País”, que se transcribe a continuación: -Alixon Osorio Dos Santos Pizani.19 años Ruega por él Stefany Maholy Layoy Natera. 22 años Ruega por ella Franklin Alexánder Figuera. 30 años Ruega por él Carlos Olivares Bonalde. 30 años Ruega por él Yeimbert José Rangel. 24 años Ruega por él Efrén Sandalio Castillo. 47 años Ruega por él Yhonny Alejandro Hernández Ojeda. 27 años Ruega por él Wilmer Antonio Zambrano. 28 años Ruega por él Edwar José Marrero. 21 años Ruega por él Gustavo Ramírez. 26 años Ruega por él Wilmer Mendoza. 39 años Ruega por él Iván Antonio Álvarez Fernández. 21 años Ruega por él Juan Rafael Medina Torres. 19 años Ruega por él Luigi Guerrero Ovalles. 24 años Ruega por él Ruega por ellos Ruega por los dos centenares y medio de asesinados en seis años Ruega por todos Por los centenares de asesinados en veinte años Ruega por los que mueren

De hambre de delincuencia De escasez de medicinas Ruega por los que estamos vivos Ruega por los que estamos fuera Ruega por los que están dentro Ruega por nosotros.

El 8 de abril de 2019 las ONG Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social anunciaron la identificación de 51 personas fallecidas en el contexto de manifestaciones registradas en Caracas y otras ciudades del país entre el día 22 de enero y el 7 de abril del 2019.

-50 de estas muertes –precisaron- se produjeron por impacto de bala y una debido a un infarto sufrido por la víctima, mientras era saqueado su negocio. El 70% de los asesinatos (35) son atribuibles a agentes de la fuerza pública, siendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el componente represivo que concentra la mayoría de las muertes con 22 casos, seguida por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) con 5 casos; el Ejército con 4 casos; la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía Municipal de Peñalver (Anz) con un caso cada una; y 2 asesinatos producido en actuaciones conjuntas de las FAES, la GNB y Paramilitares.

Agregaron que “9 personas fueron presuntamente asesinadas por civiles, mientras que otras 6 fueron presuntamente asesinadas por paramilitares” y que “En un caso no se ha identificado a los presuntos responsables”.

El OVCS había presentado en enero un informe sobre el asesinato de manifestantes por parte de las fuerzas represivas del régimen.

De ese informe se hizo eco El Comercio, de Quito, con el título “ONG denuncia 67 muertes en protestas en Venezuela en 2019”, indicando: -Ocho personas murieron en Venezuela hasta las 15:00 de este miércoles 23 de enero del 2019, durante las protestas en contra de Nicolás Maduro.

Luego explicó: -Un total de 67 personas murieron en el marco de protestas en Venezuela en 2019, de las cuales 59 fueron baleadas presuntamente por militares, policías y grupos civiles progobierno, denunció este viernes 24 de enero del 2020 una ONG. En su informe anual, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señaló que seis manifestantes fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales” tras protestar, mientras que uno falleció de un infarto y otro por golpes.

Ocho de los muertos eran menores de edad, añadió.

La ONG indicó que el balance demuestra que la “respuesta” del gobierno de Nicolás Maduro a las manifestaciones “ha sido la criminalización, judicialización y la implementación de la represión letal como política de Estado”.

El OVCS culpa Por los ataques con arma de fuego a policías y militares, así como a ‘colectivos’, grupos chavistas que el reporte tilda de “paramilitares”.

La mayoría de los fallecidos se produjo entre enero y febrero, período de alta conflictividad entre Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos.

En la misma fecha luigibar.wordpress.com emitió un parte informativo que dio cuenta del asesinato de más de diez personas en medio de la represión por parte de los organismos del Estado y colectivos contra quienes se sumaron a manifestar en rechazo al Gobierno de Nicolás Maduro.

Los asesinados, en orden cronológico, fueron: 22 de enero -Carlos Alfredo Olivares Bonalde, de 30 años obrero, sector Los Próceres, barrio Bello Monte, manzana 14, adyacente al local comercial Hermanos Los Próceres, parroquia Agua Salada, Ciudad Bolívar. Tiros en distintas partes del cuerpo. 7 funcionarios del Ejército fueron detenidos por su muerte.

-Cleiner José Romero, de 17 años, sector Los Próceres, barrio Bello Monte, manzana 14, adyacente al local comercial Hermanos Los Próceres, parroquia Agua Salada, Ciudad Bolívar. Tiros en distintas partes del cuerpo. 7 funcionarios del Ejército fueron detenidos por su muerte.

-Aún por identificar, sector Los Próceres, barrio Bello Monte, manzana 14, adyacente al local comercial Hermanos Los Próceres, parroquia Agua Salada, Ciudad Bolívar. Tiros en distintas partes del cuerpo. 7 funcionarios del Ejército fueron detenidos por su muerte.

23 de enero

-Yeimbert José Rangel, 24 años, asesinados en Makro Hipermercado de Ciudad Bolívar. Intentó ingresar al sitio junto a un grupo de personas a saquear, cuando los militares que resguardaban el sitio abrieron fuego.

-Efrén Sandalio Castillo, de 47 años, asesinado en Puerto Ayacucho, Amazonas.

Murió tras ser herido por arma de fuego.

-Yhonny Alejandro Hernández Ojeda, de 27 años; asesinado en Puerto Ayacucho, Amazonas. Murió tras ser herido por arma de fuego.

-Eduardo José Marrero, de 21 años, asesinado de un disparo en San Cristóbal, Estado Táchira.

-Luigi Ángel Guerrero Ovalles, de 24 años, estudiaba cuarto año de Comunicación Social en la ULA. Asesinado de un disparo en San Cristóbal, estado Táchira.

-Wilmer Antonio Zambrano, de 28 años, asesinado de un disparo en San Cristóbal, Estado Táchira.

-Juan Rafael Medina Torres, de 19 años, era estudiante del 10º semestre de ingeniería de Sistemas en la Universidad Yacambú. Presentó un impacto de bala en la región pectoral. Fue asesinado en Portuguesa.

-Alixon Osorio Dos Santos Pizani, de 19 años, proveniente de Catia; ingresó con un tiro en el abdomen y sin signos vitales al hospital Periférico de Catia.

-Stefany Maholy Layoy Natera, de 20 años, asesinada en Catia. Murió tras ser herida por arma de fuego.

-Franklin Alexánder Figuera, procedente de El Junquito, fue ingresado al Pérez Carreño. Murió tras ser herido por arma de fuego.

-Andrés Rafael Rodríguez Oliveros, de 24 años. Recibió dos tiros en el torso.

Supuestamente se enfrentó a los funcionarios en medio de una manifestación. Sector Punta de Mata, del municipio Ezequiel Zamora, Monagas.

-Iván Hernández, de 21 años. Murió tras ser herido por arma de fuego. Según testigos los uniformados usaron armas largas como UZI en la avenida 23 de Enero del municipio Barinas.

-Wilmer Mendoza, de 25 años. Murió tras ser herido por arma de fuego. Según testigos los uniformados usaron armas largas como UZI en la avenida 23 de Enero del municipio Barinas.

-Wilmer Antonio Zambrano, de 28 años. Murió tras ser herido por arma de fuego. Según testigos los uniformados usaron armas largas como UZI en la avenida 23 de Enero del municipio Barinas.

-Gustavo Ramírez, de 30 años.

Murió tras ser herido por arma de fuego.

Según testigos los uniformados usaron armas largas como UZI en la avenida 23 de Enero del municipio Barinas.

-Yeskarly José Gil Martínez, de 25 años de edad, fue asesinada en la avenida Cisneros, cerca del local comercial Delta Licor, en Ciudad Guayana. Recibió un tiro en la cabeza.

24 de enero -Adán Pérez fue asesinado en el sector José Tadeo Monagas, San Félix, Estado Bolívar, Estaban manifestando cuando un grupo de colectivos llegó disparando.

Sobre el asesinato en San Cristóbal de Luigi Ángel Guerrero y Eduardo José Marrero, la periodista Rosalinda Hernández, del portal El Estímulo, reportó el 23 de enero de 2019: -Las personas identificadas como Luigi Ángel Guerrero de 24 años, estudiante de Comunicación Social y Eduardo José Marrero de 21 años, murieron tras ser impactados por proyectiles en el tórax.

Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Central de San Cristóbal.

El suceso ocurrió alrededor de la 1:00pm.

A las 3:35 de la tarde, ingresó una funcionaria de la Alcaldía de San Cristóbal que fue herida durante la protesta. Asimismo, informan que funcionarios del Sebin ingresaron al hospital.

La periodista añadió: -Con la consigna de «¡libertad, libertad…queremos libertad!» parte de la avalancha humana llegó hasta la plaza Bolívar, quedando represada otra gran parte de ciudadanos que marcharon, a cuadras de la tarima principal en donde los diputados de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, se dirigieron a los asistentes dando mensajes de agradecimiento por el apoyo, además de motivar a los ciudadanos a seguir luchando unidos en la calle para consolidar el gobierno de transición con el presidente Juan Guaidó, a la cabeza.

“El pueblo hoy dio un mensaje a Nicolás Maduro, le habló de manera pacífica.

También le habló a las Fuerzas Armadas Nacionales. Le dijo que se sume al pueblo. En todos los rincones del país los venezolanos han salido a decirle a las FANB, que queremos ser libres, vivir en democracia. El pueblo organizado seguirá en la calle exigiendo la salida de Maduro e instaurar el gobierno de transición”, declaró el diputado Franklyn Duarte.

Después escribió: -Pasada la 1:00pm cuando los manifestantes retornaban a sus hogares, cerca de las instalaciones del Consejo Legislativo Regional se inició un fuerte enfrentamiento entre grupos identificados por el alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado, como pertenecientes a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), Guardia Nacional (GN), y grupos sociales armados -popularmente llamados “colectivos”- quienes detonaron armas de fuego contra manifestantes, dejando como saldo tres fallecidos y decenas de heridos por proyectiles y perdigones.

Y agregó: -Desde la emergencia del Hospital Central de San Cristóbal, el alcalde Delgado, se solidarizó con la familia de las víctimas y aseguró que presentó pruebas al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de lo que él pudo registrar o ser testigo.

“Esta situación de represión ya no se puede tolerar más, hasta aquí debe llegar la represión contra el pueblo. La Guardia Nacional, el Faes y unos señores pistoleros ubicados en la plaza Sucre, arremetieron en contra de mujeres, jóvenes y niños, cosa que no debe ser. Se debe investigar, le dije al Cicpc, donde estaban los pistoleros, los que antes llamaban colectivos armados en el parque Sucre”, denunció el alcalde de San Cristóbal.

El 25 de enero El Cooperante reportó el asesinato de Franklin Alexánder Figuera, de 23 años, durante las protestas del miércoles en El Junquito, municipio Libertador de Caracas, quien era bartender y quería irse a vivir a Argentina.

-De acuerdo a familiares, -explicó- Figuera ese 23 de enero regresaba de visitar a su novia y llamó a sus familiares para decirles que ya estaba llegando a su casa en El Junquito, pero en ese momento una barricada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le impedía el paso y comenzó a mediar con los efectivos para que lo dejaran llegar a su vivienda. Luego de momentos lo dejaron pasar, pero según parientes, le dispararon en el pecho y en la mano derecha. Denunciaron que usaron arma de alto calibre.

Se conoció que Frankie Alexander caminó herido desde la farmacia San Luis de la zona hasta una tornillería llamada “El Once”, donde se desvaneció.

Alixon Osorio Dos Santos Pisani fue asesinado durante una protesta contra el usurpador Nicolás Maduro.

Monitor de Víctimas refirió al respecto: -Esto ocurre a tempranas horas de la mañana del 23 de enero de 2019, fecha en la que la oposición, en respaldo a la Asamblea Nacional, convocó a la calle para exigir el cese de usurpación del poder de Nicolás Maduro y, en la que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de la República. Para ese llamado asistiría Alixon.

Entre sus planes estaba llegar hasta la Plaza Juan Pablo II, en Chacao, donde se concentraron miles de caraqueños.

Alixon tenía 16 años. No conoció la democracia. Sus ansias de libertad lo motivó a protestar anticipadamente. El descontento de él y centenares de venezolanos hacia Nicolás Maduro se expresó en más de 30 zonas de la Gran Caracas, en especial, en sectores populares, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC), antes del llamado opositor. Entre esas manifestaciones estaba Alixon. La noche del 22 de enero de 2019 caminó junto a un grupo de jóvenes, hacia la avenida Sucre de Catia, por la entrada de Cutira, a “pedir lo que todos queremos”, dijo para Crónica.Uno, uno de sus amigos que protestó a su lado.

Cinco días después el portal Punto de Corte, entre otros medios, registró el homenaje en su honor y demás asesinados por las fuerzas represivas en barrios de Caracas.

-A pocos metros de donde fue asesinado el joven de 19 años Alixon Osorio Dos Santos Pisani en la Avenida Sucre de Catia, -escribió- líderes sociales de distintas zonas de la capital elaboraron este domingo un mural en homenaje a los nueve jóvenes asesinados por la represión del Gobierno de facto de Nicolás Maduro en las barridas caraqueñas, denunciaron que tanto el Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se han convertido en escuadrones de la muerte que, con represión, intentan parar las protestas. Asimismo ratificaron el compromiso de seguir protestando hasta lograr la salida de la tiranía.

Punto de Corte añadió: -Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que los barrios de la capital han bajado a protestar clamando por agua, luz o comida pero también exigiendo libertad y democracia. “Ese mismo pueblo humilde que puso a Hugo Chávez en Miraflores hoy tranca sus calles encabezando una rebelión popular que pide la salida inmediata del dictador Nicolás Maduro. Estamos cansados de ser humillado ya que el único logro del dictador fue igualar el hambre sin importar sector social”.

Rojas denunció igualmente cómo el Faes y el Conas se han convertido en escuadrones de la muerte que asesinan sin compasión a jóvenes venezolanos, siendo el único delito cometido por ello el tener la valentía de protestar por comida y libertad para Venezuela.

-Solo en el municipio Libertador –explicó- van ya 9 personas asesinadas donde se puede destacar además de nuestro mártir Alixon Pisani el de una chamita de 22 años llamada Stefany Layoy asesinada también en Catia por gendarmes de la PNB quien deja dos niños huérfanos o Nick Borges un niño de 18 años también ajusticiado por los cuerpos de seguridad mientras protestaba en Las Adjuntas”.

El 24 enero del mismo año El Nacional reportó: -El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) condenó este jueves el asesinato de un joven ocurrido durante una manifestación en Las Adjuntas, parroquia Macarao de Caracas.

El joven fallecido fue identificado como Samuel Borges, de 18 años de edad.

“Condenamos el asesinato del joven Nick Samuel Borges de 18 años de edad por herida de arma de fuego durante manifestación en Las Adjuntas, Parroquia Macarao, Caracas”, publicó la ONG en su cuenta de Twitter.

El OVCS informó además que los cuerpos de seguridad del Estado continuaron reprimiendo en diversos sectores populares del país.

El asesinato de Stefany Maholy Layoy Natera, ocurrido el 22 de enero de 2019 fue registrado por Erick S. González, de Runrunes, el 8 de febrero del mismo año, en los siguientes términos: -PARA LLEGAR A LA CASA DE LA FAMILIA JAJOY hay que atravesar a pie la mitad del barrio El Amparo. En voz baja, los vecinos advierten que los “colectivos” están atentos a la presencia de cualquier extraño.

Pero el dolor de los familiares de Stefany Maholi Jajoy Natera es más fuerte que el terror que imponen los grupos armados afectos al oficialismo y aseguran que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana son los responsables de la muerte de la joven de 20 años de edad, que fue abaleada en medio de las protestas contra Nicolás Maduro.

Luego explicó: -Stefany recibió cuatro impactos de bala en la espalda y cayó en la calle Oriental de El Amparo. Los demás manifestantes la socorrieron, pero la muchacha murió casi inmediatamente. Su madre, Yusmary Natera, y sus otros dos hijos, cargaron el cadáver hasta su casa.

La familia resguardó el cuerpo sin vida de Stefany desde las 2:00 am, cuando fue herida y murió, hasta las 8:00 am del 23 de enero, cuando llegaron al lugar funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para hacer el “levantamiento del cadáver”, la planimetría y el primer informe forense antes de la autopsia oficial. “Recuerdo que un funcionario del Cicpc lo primero que dijo fue: ‘Dios mío, se ensañaron con esta niña’, porque tenía cuatro disparos en la espalda”, asegura la madre de Stefany.

Sin embargo, “Para sorpresa de los familiares, en el informe correspondiente a la autopsia, que realizaron en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Bello Monte, se indica que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, ocasionado por el impacto de un único proyectil en el tórax.”.

El periodista apuntó igualmente: -Esa noche no hubo minuta policial. En un reporte hecho en la morgue de Bello Monte —al que Proiuris tuvo acceso— se lee que la víctima procedía del hospital Dr. Ricardo Baquero González, conocido como el Periférico de Catia, lo cual fue desmentido por los familiares. Sin embargo, en dicho reporte inicial sí se dejó constancia de que Stefany recibió cuatro disparos en la espalada.

El reporte “oficial” del Cicpc no detalla las circunstancias de la muerte de la joven, no menciona que hubo una protesta en El Amparo, ni que funcionarios de las FAES llegaron a reprimir a los manifestantes. “Ese fue el papel que nos dieron en la comandancia para retirar el cadáver de mi hija. No dice nada de lo que pasó”, sostiene la madre.

Según un informe emanado de Provea durante el mes de septiembre de 2020 una persona fue asesinada en el contexto de manifestaciones.

Se trata de Víctor Rivero, de 20 años, quien se encontraba protestando en Cariaco, Estado Sucre, por la falta de alimentos en el sector El Porvenir del Municipio Sucre.

Se señala como presuntos responsables a funcionarios de la Policía del estado.

La fuente apuntó que “Con esta situación sumarían 7 los casos de personas asesinadas en el contexto de manifestaciones bajo el estado de alarma, lo que reitera la ausencia de una política democrática de control del orden público”.

Un joven fue asesinado durante una protesta por alimentos en Cariaco

Así tituló El Nacional el 1 de octubre la reseña sobre ese crimen, añadiendo: -El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que Víctor Rivero se encontraba junto a un grupo de personas manifestando por la falta de alimentos en el municipio Rivero, cuando resultó herido de bala Un joven de 20 años de edad, identificado como Víctor Rivero, fue asesinado el miércoles 30 de septiembre durante un protesta por alimentos en Cariaco, Estado Sucre.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó en Twitter que Rivero se encontraba junto a un grupo de personas manifestando por la falta de alimentos en el municipio Rivero, cuando resultó herido de bala.

La organización no gubernamental exigió a las autoridades que cese de la represión contra los manifestantes y que se permita el libre derecho a la protesta pacífica.

El Nacional apuntó además que “El joven sería la quinta persona asesinada en lo que va de año en medio de manifestaciones. El 23 de abril falleció en Upata, Charlie Antonio Núñez; el 4 de mayo murió Rafael Hernández en Mérida; el 26 de julio asesinaron a Carlos Enrique Chaparro en Anzoátegui; y el 17 de julio mataron a Joe Luis Albornoz en Isla de Toa, Zulia”.

El 23 de abril de 2020, Voz de América, entre otros medios, reportó:

-Un joven murió este jueves en medio de saqueos a comercios en Upata, estado Bolívar, al sur del país en la frontera con Brasil, en medio de la cuarentena ordenada por el gobierno en disputa para evitar la propagación del COVID-19.

La información la confirmó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y la ONG Provea a través de sus redes sociales, quienes identificaron a la víctima como Charlis Antonio Nuñez, de 29 años, quien falleció por impacto de bala en la cabeza.

Provea explica que en videos difundidos de lo ocurrido “se ven, en el caso de Upata, funcionarios policiales junto a civiles presuntamente integrantes de grupos paramilitares pro gobierno reprimiendo la protesta”.

El día siguiente El Nacional reseñó: Un policía está detenido por la presunta comisión del asesinato de Charli Antonio Núñez Palma, de 29 años de edad, quien murió en la jornada de protestas en Upata este jueves.

Justo Noguera, gobernador del Estado Bolívar, confirmó que Núñez Palma murió a causa de varios impactos de bala que fueron propinados, presuntamente, por el oficial detenido.

“Ya esta persona está a la orden del Ministerio Público para la investigación y la confirmación del hecho. Se va a hacer justicia», afirmó el gobernador, reseñó El Pitazo.

Núñez Palma murió a causa de dos balazos en la cabeza. Otras dos personas, entre ellas un adolescente de 15 años, resultaron heridas, indicaron fuentes médicas.

El 5 de mayo de 2020 El Nacional, con información de la AFP, reportó: -Asesinaron a joven mientras caceroleaba por los apagones en Mérida / Rafael Hernández "fue asesinado por sujetos desconocidos en momentos que protestaba por los constantes cortes del servicio eléctrico en el sector El Campito", publicó en Twitter el gobernador Ramón Guevara

La nota agregó: -Un joven de 21 años de edad murió este lunes durante un cacerolazo por los habituales cortes eléctricos en Mérida, dijeron el gobernador Ramón Guevara y el diputado Alexis Paparoni.

El 4 de mayo de 2021, al cumplirse el primer año de ese asesinato, la Universidad de Los Andes, por medio de una Nota de Prensa, expresó: El 4 de mayo de 2020, en medio del segundo apagón registrado ese día en el sector El Campito de Mérida, desconocidos a bordo de una camioneta dispararon contra personas que protestaban, entre ellas, Rafael Hernández. El estudiante de ingeniería de la Universidad de Los Andes (ULA), de 21 años de edad, fue trasladado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (IAHULA), a donde llegó sin signos vitales.

Testigos del hecho informaron a la prensa que la camioneta donde se trasladaban los asesinos no tenía placas. Los sujetos dispararon al menos seis veces contra civiles desarmados que protestaban quemando cauchos y tocando cacerolas, en rechazo a cortes de luz que durante los meses de abril y mayo de 2020 llegaron a sumar hasta 20 horas continuas.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA) denunció tras el hecho que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegaron al sitio del asesinato a hacer las pesquisas de rigor pasadas las 9:00 a.m. del 5 de mayo, cuando ya habían transcurrido más de 12 horas del hecho. En ese lapso de tiempo, peatones y vehículos transitaron por el área donde ocurrió el crimen, lo que pudo alterar evidencias. “Esta es una irregularidad que dificulta la identificación de los responsables del crimen y da cabida a la impunidad”, denunció este observatorio en nota de prensa.

En otro segmento de la Nota de Prensa se lee: El asesinato de Rafael Hernández, que luego de un año permanece impune, no es un hecho aislado. Ese mismo lunes 4 de mayo Jehyson Guzmán, designado por Nicolás Maduro en el cargo inconstitucional de “protector” del estado Mérida, hiciera un llamado a las “estructuras” del régimen a activar sus “mecanismos de inteligencia social”.

“Convocamos a todas nuestras estructuras. Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI), Brigadas de Paz, milicianos, jefes, jefas de calle, de comunidad y de Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh) a defender la paz, a activar nuestros mecanismos de inteligencia social”, dijo Guzmán desde una sede policial del estado en un mensaje que fue difundido por medios de comunicación y portales web del régimen, acompañado del comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-Mérida), el General de División Danny Ferrer Sandrea, y otros jefes policiales y militares estadales.

El llamado de Guzmán ocurrió luego de que funcionarios de Nicolás Maduro detuvieran a exmilitares que llegaron a las costas de La Guaira el 3 de mayo. Este hecho fue catalogado por el régimen como un intento de invasión marítima a Venezuela, conocido como Operación Gedeón.

Al final de la NP la ULA aseveró: La actuación criminal de grupos armados afectos al régimen no es nueva.

Durante las protestas sociales de 2014 y 2017, miembros de los llamados colectivos

chavistas dispararon contra manifestantes en reiteradas ocasiones, causando la muerte o lesiones de gravedad permanentes a centenares de ellos. La mayoría de estos crímenes permanecen impunes.

El 26 de julio de 2020 Frontera Viva, reportó: -Carlos Enrique Chaparro, venezolano de 47 años, fue asesinado durante una balacera que se registró el sábado en una estación de servicio del estado Anzoátegui. En el lugar del acontecimiento, un grupo de personas protestaba por gasolina cuando se generó el altercado con efectivos de la GNB, a quienes responsabilizan por el asesinato.

De igual modo apuntó: -Según testigos, conductores que tenían 17 días en la cola para surtir

combustible, reclamaron a funcionarios de la GNB que le dieron acceso a varios vehículos a la estación de servicio para que cargaran gasolina, pese a que la bomba estaba cerrada. Presumen que entre los beneficiados había varios miembros de un colectivo armado, ligado al régimen de Nicolás Maduro.

De tal manera, la situación molestó a los conductores, quienes reclamaron la irregularidad; lo que generó el lamentable suceso que dejó a Chaparro sin vida y desencadenó más problemas en la ciudad.

Chaparro, conocido como “lalo”, era un quesero de la zona. Su asesinato generó molestia e indignación en habitantes locales, quienes se dirigieron a la casa del capitán de la GN Carlos Borregales, tras ser señalado como el autor del asesinato. Le saquearon la vivienda y causaron destrozos, según reportes de El Pitazo.

Indicó además: -Provea, ONG especializada en derechos humanos, condenó el hecho y señaló que “estaríamos ante un nuevo asesinato por uso excesivo de la fuerza por parte de este componente de la Fuerza Armada en el mes de julio”.

El caso de Chaparro se parece al de Joe Albornoz, quien fue asesinado por efectivos de la GNB el 17 de julio. El pescador estaba en una protesta por gasolina en

Islas de Toas, Estado Zulia, cuando los uniformados empezaron a disparar contra los manifestantes, lo que le ocasionó la muerte.

Sobre ese nuevo asesinato de un ciudadano que reclamaba sus derechos vulnerados Bladimir Martínez Ladera, de nuevaprensadigital, reportó el 28 de julio: -Capturados 4 efectivos de la GNB por muerte de productor en Aragua/ El Tigre.-Seis personas fueron detenidas por detectives de la División de Investigaciones de Homicidio, delegación Anzoátegui, por la muerte del productor de queso, hecho que ocurrió recientemente en Aragua de Barcelona, en donde un ciudadano resultó herido.

Dos semanas tenía una multitud de personas en los alrededores de la Estación de Servicio Buenos Aires, para surtir su vehículo de combustible cuando se presentó el percance en medio de una protesta masiva a eso de las tres de la tarde se oyeron las detonaciones.

Martínez Ladera añadió: El capitán GNB, Carlos Alberto Borregales Castellanos de 30 años de edad, acompañado del sargento mayor de tercera, Luis Carlos Romero Febres, (38), sargento mayor de tercera, Víctor Danilo Meza Escorcha, (32), sargento mayor de tercera, Jorge Leonardo Meneses Peroza, (32), y los civiles Danny José Areyan Vallenilla, (36) y Juan Rafael Rodríguez Torrealba, (32), fueron detenidos por el delito de homicidio.

Testigos, acusan al capitán de la Guardia Nacional de disparar contra la multitud y contra Carlos Enrique Chaparro, quien recibió una herida de proyectil en el intercostal izquierdo que le quitó la vida; mientras que Cristóbal Ruiz, (54) resultó con una herida de bala.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, incautaron 10 armas de fuego orgánicas, tres pistolas marcas Browning, una pistola marca Innber y seis fusiles marca Kalasnicov; además, recuperaron tres vehículos, dos de los cuales Toyota modelo Land Cruiser color blanco, uno de uso oficial de la GNB; otro perteneciente a la cooperativa Mamá Pancha y uno marca Chery, Orinoco color azul.

La aprehensión de los militares y civiles se llevó a cabo en la Troncal 13 del Destacamento 815 de la Segunda Compañía de Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui, los mismos serán presentados antes un tribunal de control por varios delitos.

En la misma fecha Fran Tovar, del portal Costa del Sol, de Güiria, Estado Sucre reseñó: -Una multitud acompañó a la familia de Carlos Chaparro en su sepelio en Aragua de Barcelona, Estado Anzoátegui/ Una multitud de personas acompañó este lunes, el féretro en el que reposaban los restos de Carlos Enrique Chaparro de 47 años, “Lalo”, productor de queso asesinado por un militar en medio de una disputa por gasolina en la población de Aragua de Barcelona.

Luego apuntó: -El asesinato de “Lalo”, como era conocido en su comunidad, Carlos Enrique Chaparro de 47 años de edad, conmocionó no sólo a los habitantes de la población de Aragua de Barcelona en la zona centro de Anzoátegui. Su muerte se conoció en todo el país y fuera de sus fronteras, después que resultó muerto la tarde del sábado 25 de julio, cuando un grupo de militares de la Guardia Nacional disparó en medio de una disputa por gasolina en la estación de servicio Buenos Aires de esa localidad.

Chaparro era una persona muy conocida y apreciada en la zona, por ser una persona trabajadora, que compartía su negocio de venta de queso, con la de ser chofer de carro por puesto. Por eso, su vivienda ubicada en la calle El Progreso del sector Buenos Aires (cerca de la estación de servicio, donde murió) en Aragua de Barcelona, se llenó de gente, para darle su último adiós, y acompañar a su esposa y sus dos hijas.

Escribió además: Desde su morada partió cerca de las 11:00 am, de este lunes 27 de julio, el cortejo fúnebre. Como era de esperarse y es costumbres en los pueblos orientales, el féretro elaborado en madera sencilla fue sacado de la vivienda en brazos por parientes y amigos, quienes emprendieron el recorrido hasta el cementerio municipal de Aragua de Barcelona.

Entre llantos y gritos de justicia, la urna donde reposaban los restos de “Lalo,y a la que le colocaron una bandera tricolor, recorrió varias calles. Las consignas y pancartas también formaron parte del sepelio; “Borregales, asesino. La cárcel es tu destino”, fue una de las que más se repitió, y así quedó registrada en varios vídeos que por redes sociales fueron difundidos.

Leslia Baduel, residente de Aragua de Barcelona y una de las asistentes al sepelio, contó a El Pitazo que el cuerpo de Carlos Enrique fue llevado a la iglesia San Juan Bautista, ubicada frente a la plaza Bolívar de la localidad, donde le rindieron un homenaje. Las notas del Himno Nacional iniciaron el breve acto, en el que las oraciones también estuvieron presentes.

El 7 de julio de 2020, entre otros medios, El Nacional reportó: -Joe Luis Albornoz Paz, un pescador de 18 años de edad, resultó asesinado de un tiro en medio de una confrontación que se generó el jueves en una estación de

servicio en la isla de Toas, Municipio Almirante Padilla del Estado Zulia.

Los habitantes de esa comunidad estaban reclamando porque presuntamente guardacostas y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se negaban a permitir la venta de la gasolina que había llegado a la zona.

La fuente agregó: En videos difundidos a través de las redes sociales quedaron registrados los momentos de angustia de los habitantes cuando el joven recibió el impacto de bala. En medio de la desesperación, lograron trasladarlo en una moto hacia un centro asistencial.

El periodista Miguel Ángel Román dijo en Twitter que el proyectil atravesó el corazón de Albornoz Paz. Sobre el caso en referencia, el portal Al Día y La Hora reseñó diez días después: -Sigue sin esclarecerse el asesinato de un joven pescador en la Isla de Toas/ Por la muerte de Joe Albornoz, de 18 años, registrada la tarde de este jueves 16 de julio, testigos señalan a un funcionario militar. Provea asegura que van 3 personas asesinadas en contexto de protestas en el 2020. «¿Quién me va a dar la cara por mi hijo, por Joe Luis, muerto? Vean cómo está este pueblo por 60 litros de gasolina».

Y agregó: -Dolor e indignación tiene el padre del joven pescador, Joe Albornoz, quien en un audio que circula desde la mañana de este viernes 17 de julio dice que las autoridades municipales son las que deben estar presentes cuando llegan a surtir de combustible a isla de Toas.

Por la muerte de Albornoz, de 18 años, registrada la tarde de este jueves 16 de julio, testigos señalan a un funcionario militar.

Explican que la gente esperaba que vendieran la gasolina y el retraso en la entrega del combustible los llevó a protestar, generándose una «trifulca». Se escucharon unos disparos y se produjo el fatal desenlace.

Fuentes oficiales precisaron que los habitantes se encontraban protestando por el retraso de la gasolina, generando que los militares dispararán al aire, sin embargo una de las balas alcanzó a Joel.

El joven quien se desempeñaba como pescador, falleció en el lugar. En medio de la desesperante escena, vecinos grabaron a la víctima, tirado en la arena sin vida.

Por otro lado, en Twitter, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social expresó: «Condenamos el asesinato del pescador Joe Luis Albornoz Paz (18) durante una protesta por gasolina en la Isla de Toas, Municipio Almirante Padilla del Estado Zulia. Testigos responsabilizan a funcionarios de la Guardia Costera. Exigimos justicia».

La ONG Provea, entre tanto, explicó en un tuit que “Joe Luis Albornoz Paz, de 19 años, se suma lamentablemente a la lista de personas asesinadas por el uso de armas de fuego en el control de #Protestas y por los altos niveles de impunidad que favorece la repetición de tales acciones represivas letales #Zulia #17Julio.

Asesinato de Joel Albornoz hoy en #Protesta en el #Zulia eleva a tres las personas asesinadas en contexto protestas en 2020. El 23 de abril fue asesinado en Upata #Bolivar Charlie Antonio Núñez y el 4 de mayo Rafael Hernández en #Mérida en protesta contra los apagones».

El joven, pescador de la zona, recibió un disparo en medio del enfrentamiento entre los pescadores y las autoridades militares que custodiaban la zona. Albornoz quedó tendido en el suelo, a la orilla de uno de los muelles de la isla, según se observa en un video que se difunde por las redes sociales.

Los habitantes de la zona protestaron por la demora en el despacho de la gasolina mientras efectivos militares mantenían la custodia. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas hicieron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones.

En otro de los audiovisuales se observan dos camiones cisternas de combustibles y una cola de vehículos en las inmediaciones de la estación de servicio.

Además, se escuchan varias detonaciones que, según un isleño, las realizaban los militares.

TalCual también reseñó el nuevo asesinato de la Guardia Nacional.

“Asesinan a pescador durante protesta por gasolina en Isla de Toas, Lago de Maracaibo”, tituló el texto periodístico publicado el 17 de julio y agregó: El pescador de la Isla de Toas habría encarado a los efectivos militares para reclamarle el por qué no distribuían gasolina para trabajar La población que reside en la Isla de Toas, en el Estado Zulia, fue testigo de cómo una protesta de pescadores por la falta de gasolina en la localidad terminó en tragedia al registrarse un muerto, producto de la represión de los cuerpos del Estado hacia las manifestaciones.

En el siguiente segmento apuntó: -Según la información en redes sociales, un disparo proveniente de un teniente de la Guardia Nacional de apellido Rosales fue el que segó la vida de un joven de 17 años identificado como Joe Luis Albornoz Paz, durante la protesta que se registró cerca de una estación de servicio que custodiaban los uniformados.

Al parecer, Albornoz le había reclamado a los militares que custodiaban la gasolinera por el suministro del carburante que los efectivos de la Guardia Nacional se estarían negando a distribuir.

Las imágenes que corren en las redes sociales permiten escuchar la ráfaga de disparos y luego la desesperación de la gente tras confirmar el deceso de Albornoz Paz. El periodista Miguel Ángel Román indicó que una bala de FAL fue la que atravesó el pecho del joven.

Refiere el comunicador que tras el hecho, un grupo de ciudadanos se empeñó en buscar al culpable del deceso mientras los militares tomaban la Isla de Toas, donde viven alrededor de 9.000 personas.

[Las fuentes citadas sitúan la edad de Joe Albornoz en 17, 18 y 19 años. Para este cuerpo de exterminio de la

narcodictadura, que identificamos como Guardia NAZIonal, las edades de sus víctimas o el género o el color les son indiferentes. Tanta crueldad, sin embargo, desaparece ante los delincuentes de los que muchas veces huyen cobardemente. Desde 1999 el honor dejó de ser la divisa de esa institución, que debería desaparecer en un gobierno democrático]