MORIR EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI {II} La cotidianidad indica, desde 1999, cuando el teniente coronel [r] Hugo Chávez se hizo del poder mediante el voto, tras fracasar el 4 de febrero de 1992 en lograrlo mediante el uso abusivo de las armas de la República, que los órganos del Estado no están al servicio del pueblo sino de un siniestro proyecto político llamado socialismo del siglo XXI que llevó al país a una desoladora ruina material, espiritual y moral, expresada en una pobreza crítica generalizada, la diáspora que en 2020 sumaba más de cinco millones de venezolanos huyendo de la narcodictadura de Nicolás Maduro, con tendencia a multiplicarse en 2021, el deterioro de la salud, aumento desmesurado de la criminalidad, institucionalización de la corrupción, demolición del bolívar como fruto de la dolarización de hecho de la economía, deterioro de todos los servicios públicos, escasez de gasolina inducida por el régimen para favorecer a la casta militar, una de sus bases de apoyo, miserización del salario mínimo y la pensión de vejez, oscurana eléctrica y académica, detención arbitraria de manifestantes pacíficos, diputados opositores, profesores, médicos y paramédicos, sindicalistas, indígenas que constitucionalmente están amparados legalmente, etc. La protesta, tan reprimida criminalmente por las mal llamadas fuerzas de seguridad, es un derecho ciudadano contemplado en el artículo 68 de la Constitución el cual establece que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”. Los secuaces del régimen, pagados con el dinero de todos los venezolanos, se han ensañado de manera especial contra los jóvenes manifestantes que han defendido en las calles su derecho a ser libres y disfrutar de la calidad de vida que la narcodictadura les ha expropiado por la vía del abuso y el uso cruel de la fuerza. Muchos fueron asesinados y otros han perdido la vista y otras partes del cuerpo pues los esbirros no emplean las bombas lacrimógenas constitucionalmente prohibidas para disuadir y restituir el orden, sino para causar el mayor daño disparándoles a quemarropa en el rostro, lanzándolas como proyectiles y en sitios como centros hospitalario o edificaciones residenciales donde se refugian los jóvenes para burlar la acción de los cuerpos represivos. El 12 de agosto de 2014 Bassil Alejandro Da Costa Frías se convirtió en el primer joven asesinado por las fuerzas represivas de la narcodictadura en el marco de las protestas contra el régimen. Tenía 23 años y residía en Guatire, Estado Miranda.
En el marco del Día de la Juventud de ese año partidos de oposición y grupos estudiantiles programaron marchas cívicas en todo el país. La de Caracas se desplazó desde Plaza Venezuela hasta la Fiscalía General de la República, sin contratiempo, y al finalizar se produjo la muerte del joven y la de Juan Montoya un colectivo afín al gobierno de Nicolás Maduro, quien aseveró que ambos asesinatos fueron llevados a cabo por la misma persona y que los asesinatos formaban parte de la violencia opositora generada el 12 de febrero, versión rechazada por el entonces secretario de la Mesa de la Unidad Democrática Ramón Guillermo Aveledo, el cual no descartó la presencia de infiltrados en la marcha. Ese mismo día también perdió la vida en Chacao Robert Redman, quien había asistido a Bassil, al momento de ser asesinado por José Ramón Perdomo Camacho, efectivo del siniestro Sebin, uno de los cuerpos policiales de exterminio de la narcodictadura. José Ernesto Méndez, de 17 años, el 17 de febrero de 2014 fue arrollado por Rodolfo Pazos, un empleado de PDVSA, cuando manejaba su Ford Runner por la avenida Perimetral en Carúpano, Estado Sucre, y aceleró contra unos protestantes que trancaban la misma. Su muerte se produjo .por un trauma en la cabeza. Otras cinco personas resultaron lesionadas. Dos días después, según reportaron los medios digitales, José Alejandro Márquez, de 43 años, mientras filmaba una protesta el 19 de febrero en la avenida Urdaneta en La Candelaria, Caracas, varios guardias nacionales le pidieron la entrega su teléfono. Huyó, cayó, y se golpeó la cabeza. Una vez en el suelo recibió una fuerte golpiza por parte de los funcionarios, quienes se llevaron el teléfono, lo obligaron a subirse en una patrulla y fue dejado en el Hospital José María Vargas, donde llegó con fuertes golpes en la cabeza, cuello, rostro y brazos. En una primera versión el entonces presidente de la sumisa Asamblea Nacional, presidida entonces por el teniente [r] Diosdado Cabello, acusó a Márquez de ser un sicario que planeaba asesinar al presidente Maduro y dijo que la oposición lo mató por no "haber cumplido el trabajo", mostrando fotos en las que Márquez practica airsoft. En un comunicado, la Federación Venezolana de Airsoft rechazó categóricamente tales acusaciones. El 2 de octubre de 2018 Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal de Venezuela, informó en su cuenta en Twitter que uno de los guardias nacionales involucrados en el asesinato de José Alejandro Márquez, manifestante de las protestas de 2014, fue pasado a juicio privado de libertad. Y agregó: -Tras cuatro años de esfuerzo, fue logrado su pase a juicio privado de libertad. Un paso más contra la impunidad. Sobre ese crimen, cometido por seis efectivos de la GN, en una segunda versión, el teniente [r] Diosdado Cabello, presidente entonces de la sumisa Asamblea Nacional, afirmó que la víctima era una persona contratada y entrenada para atentar
contra el gobierno nacional, acusaciones que han sido rechazadas por sus familiares, reseñó El Nacional Web. Willmer Carballo Amaya, de 43 años, falleció el 24 de febrero del mismo año al recibir un disparo en la cabeza después de que colectivos abrieran fuego en una marcha en Cagua, Estado Aragua. En la misma fecha, Jimmy Vargas, de 34 años, fue asesinado por efectivos de la Guardia Nacional, en San Cristóbal, Estado Táchira. Dos días después, Daniel Lozada/Corresponsal EDLP, reportó: -San Cristóbal, Venezuela — Carmen González avanzaba cabizbaja detrás del ataúd de su hijo, acompañada por una multitud, pero sola. Esta mujer en San Cristóbal, el bastión del antichavismo, se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha contra la represión del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. El hijo de Carmen, Jimmy Vargas, de 34 años, murió el pasado lunes al intentar escapar de los perdigonazos y los gases lacrimógenos que le lanzaban varios miembros de la Guardia Nacional. El joven intentó descender de un tejado, pero se precipitó al vacío. Su madre, desconsolada, se arrodilló y habló al país: “Maduro, estás asesinando a Venezuela”. Lozada agregó: -El martes, cuando la rabia dio paso al dolor que ya nunca abandonará a la madre que pierde a un hijo, Carmen habló con El Diario/La Prensa, y sus palabras fueron igual de firmes: “Le dieron perdigonazos, le tiraron gases, él no podía respirar y trató de agacharse. Se cayó. Los vecinos me han contado que todavía en el suelo, tiraban lacrimógenos. Ahí dejó la vida, me lo mataron”. “¡Viva el Táchira, viva Venezuela, Maduro asesino!”, gritaba el cortejo poco fúnebre y muy político. Pero con el mismo dolor. Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, capital del Estado Táchira, y verdadero líder de la protesta, también lo tiene muy claro: “Jimmy perdió la vida en medio de la protesta por su país, él estaba huyendo de la represión”. Al final el periodista explicó: -Vargas es el primer “guarimbero gocho” (rebelde tachirense), que pierde la vida durante las protestas. Jesús Eduardo Acosta, de 23 años, falleció el 12 de marzo del mismo año de un disparo en la cabeza hecho por colectivos con ropa alusiva al partido de gobierno, en el sector La Isabelica de Valencia, Estado Carabobo. Sobre ese crimen @anggi2703 escribió: -Mi amigo Jesús Acosta estudiante UC ASESINADO hoy x colectivos en la isabelica#Valencia Descansa en paz indignación. Ese día, en el mismo lugar valenciano, fue asesinado Guillermo Sánchez, de 42 años, mientras regresaba de la casa de su madre en Valencia, a quien pintó las rejas, fue alcanzado por un grupo de entre 50 y 60 motorizados que se acercaron lanzando piedras y disparando contra edificios. Según el testimonio de vecinos, fue golpeado fuertemente a pesar de explicar que no participaba en las protestas y recibió un tiro de gracia con una bala expansiva. Su esposa Gina Rodríguez desmintió a Nicolás Maduro, quien responsabilizó a "francotiradores guarimberos" del asesinato.
El Equipo de Documentación de Amnistía Internacional se refirió a ese crimen el martes 13 de marzo de 2018 en los siguientes términos: -Guillermo Sánchez fue asesinado por un grupo de civiles armados que le dispararon y golpearon. Su esposa, Ghina Rodríguez, fue hostigada por pertenecer al Frente de Víctimas contra la Represión, por lo que hoy vive como asilada política en México junto con sus dos hijos. Guillermo Sánchez falleció tras recibir disparos presuntamente realizados por civiles armados pro gobierno en La Isabelica, Valencia, el día 12 de marzo de 2014. Ese día Guillermo Sánchez había salido a pintar la casa de su madre. Guillermo vivía en la avenida donde se estaban desarrollando unas protestas. Su esposa, Ghina Rodríguez, relató a Amnistía Internacional cómo testigos presenciales le indicaron que un grupo de civiles armados le dispararon y le golpearon. Después le montaron en una moto y se lo tiraron a los policías del estado que estaban destacados cerca de las protestas, diciendo: “ahí les traemos otro y esperen más”. Al parecer, fueron los policías quienes dejaron a Guillermo en la puerta de una clínica, donde intentaron salvarle la vida. También indicó: -Hasta la fecha, un funcionario de las fuerzas del orden estaría siendo procesado por la muerte de Guillermo Sánchez al haberse encontrado evidencia balística que le relaciona con los hechos. El funcionario habría alegado que prestó su arma a otra persona que hasta la fecha no habría sido identificada. Anthony Rojas, de 18 años, estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, fue asesinado el 19 de marzo de 2014 con un disparo en la cara mientras tomaba un refresco con un grupo de amigos, proveniente de motorizados que intentaban dispersar una protesta en Cárdenas. El portal La Patilla reportó al respecto: -La Universidad Nacional Experimental del Táchira informó a través su cuenta en Twitter que Anthony Rojas, estudiante del segundo semestre de Ingeniería Mecánica fue asesinado de un balazo en la cara. El universitario se encontraba en el sector el Diamante de Táriba cuando se produjo un tiroteo. Su prima Tayrin Colmenares también confirmó el fallecimiento por arma de fuego. Las autoridades confirmaron el asesinato de Rojas tras recibir un disparo presuntamente por parte de grupos armados que intentaban dispersar una protesta en el municipio. En su cuenta en Twitter, por su parte, el exgobernador del Táchira César Pérez Vivas, escribió: -En un hecho, aún no claro, se produce una tragedia en el barrio, el Diamante de Táriba. Muere el estudiante Anthony Rojas. Hay otros heridos. Indicaron vecinos de la zona que fueron efectuados más de 20 disparos. Wilfredo Rey, de 31años, fue asesinado de un disparo en la cabeza y otro en un brazo el 21 de marzo de 2014 mientras circulaba por Barrio Obrero en San Cristóbal y se encontró a colectivos que disparaban contra viviendas de protestantes. Cometió el grave de error de socorrer a un joven herido en las protestas contra la narcodictadura de Nicolás Maduro. El día siguiente La Opinión de Murcia, España, con información de EFE, reportó:
-Dos nuevos muertos por bala se han registrado en Venezuela en las últimas horas en incidentes relacionados con las protestas que tienen lugar en el país desde hace más de un mes, han informado hoy diversas fuentes. Y agregó: -En San Cristóbal, en el oeste de Venezuela, el alcalde encargado, Sergio Vergara, ha confirmado a Efe la muerte anoche de Wilfredo Rey, un chófer de una línea de transporte del municipio que falleció cerca de la medianoche tras ser alcanzado por una bala. Vergara ha atribuido la responsabilidad de la muerte "a grupos colectivos (afines al Gobierno) que están acompañando la acción de los cuerpos de seguridad", durante una "arremetida" en los barrios Sucre y Libertador. Al respecto, Justicia, Encuentro y Perdón@JEPvzla, señaló: -Según las cifras oficiales las protestas que se desarrollan en el país desde el pasado 12 de febrero han dejado hasta el momento un balance oficial de 31 muertos, más de 450 heridos y cerca de dos mil detenidos, de los que 121 permanecen en prisión. Argenis Hernández, de 26 años, el 22 de marzo de 2014, en San Diego, Estado Carabobo, recibió un disparo en el abdomen que lo privó de la vida mientras protestaba en una barricada. El asesino fue un motorizado. Sobre ese crimen el diario Notitarde, de Valencia, informó que Hernández se encontraba con un grupo de personas que protestaban alrededor de una barricada cuando un motorista intentó pasar por encima de los obstáculos colocados en la vía, que al ser increpado para que se detuviera respondió abriendo fuego. Adriana Urquiola, de 28 años, fue asesinada el día siguiente con un arma de fuego disparada por Yonny Bolívar, exescolta de la entonces ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, y expresidiario, que huyó asegurando en una entrevista para El Nacional que "para evitar que su caso fuese utilizado políticamente". La víctima era Intérprete de señas del canal Venevisión, estaba recién casada y embarazada. Su asesinato ocurrió cuando bajaba de un autobús para pasar una barricada colocada por protestantes en la carretera Panamericana, a la altura de Los Nuevos Teques. El asesino disparó catorce veces contra la manifestación, hiriendo a la víctima, quien fue trasladada al hospital Victorino Santaella de Los Teques en una patrulla de la Policía de Miranda, al cual llegó sin signos vitales. Roberto Annese, de 30 años, fue asesinado en Maracaibo, el 29 de marzo de 2014, a las dos de la mañana, cuando a la barricada que custodiaba llegó un grupo de Polizulia en una camioneta blanca y dispararon. La víctima huyó y fue encontrado muerto en la azotea de una casa con una herida en el pecho. La autopsia oficial, sin embargo, determinó que la causa de muerte fue "Shock hipobulímico producido por explosivo de alto impacto a nivel del tórax superior derecho", pero las autoridades aseguraron que falleció cuando manipulaba un mortero de construcción artesanal. Mariana Ceballos, de 32 años, falleció el 10 de abril tras ser arrollada por Kennet Martínez con una camioneta Toyota Hilux el 14 de marzo de ese año mientras
participaba en una protesta pacífica en Valencia. Según Provea, Martínez era un funcionario del Ministerio de Agricultura y Tierras. El impacto produjo traumatismo craneoencefálico, hemorragia cerebral, fractura de pelvis y fémur derecho. Murió en el Centro Policlínico La Viña, donde permaneció en coma por casi un mes. Josué Farías Sánchez, de 19 años, estudiante de la Universidad Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Estado Zulia. Recibió un disparo en el abdomen mientras se retiraba de clases el 29 de mayo de 2014. El impacto le perforó el estómago, el hígado y el páncreas. Durante la autopsia se le extrajo una metra alojada en la columna vertebral. El movimiento estudiantil de la universidad responsabilizó a la policía de Zulia, mientras que Foro Penal indicó que los responsables serían funcionarios de la Policía Nacional. Falleció el 21 de junio, cuando luego de casi un mes hospitalizado sufrió un paro respiratorio. El 24 de febrero, Kluiberth Ferney Roa Núñez, de 14 años, estudiante del segundo año de bachillerato en el Liceo Agustín Codazzi de San Cristóbal, fue el primer asesinado en 2015 por las fuerzas represivas del narcodictador Nicolás Maduro, quien tuvo el descaro de enviarle palabras de condolencias a sus familiares, olvidando que autorizó el uso de armas de fuego en protestas mediante la Resolución 008610 del Ministerio de Defensa fue publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de ese año y habilitó el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso, para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.
[El narcodictador Nicolás Maduro se cree un Luis XIV tropical redivivo y, por lo tanto, como el Rey Sol francés, puede violar la Constitución Nacional, porque con sus actos criminales pareciera proclamar: “El Estado soy yo”] Un disparo mortal en la cabeza proveniente del arma de reglamento de Javier Mora Ortiz, efectivo de la Policía Nacional, le arrancó la vida a Kluiberth. El portal Reporte Católico Laico publicó el estremecedor relato de cómo fue su asesinato:
-Uno de los niños (Kluiberth Roa) se acercó a limpiarle las heridas a un chamo de la Uni. El chamo se voltea y grita: ‘Corran que se vienen los tombos (policía)’. El niño no logró escaparse y se escondió debajo de un carro. Pero los policías se dieron cuenta, lo sacaron de debajo del carro y le metieron el tiro a quemarropa, un poquito por arriba de la nuca”; así de crudo y a sangre fría fue el asesinato de Kluiberth Roa según relató una de las jóvenes que participaban en la protesta opositora en Táchira. La fuente agregó: -El niño, de 14 años, fue asesinado entre la carrera 15 con calle 12 y 13, a pocos metros de la Residencia de Gobernadores del Táchira, en la convulsionada ciudad de San Cristóbal, donde en 2014 comenzaron las marchas opositoras al régimen de Maduro. El joven recibió un impacto a la altura del cráneo, con exposición de masa encefálica. Luego fue trasladado al Hospital Central de San Cristóbal, donde murió. El muchacho era estudiante del segundo año de bachillerato en el Liceo Agustín Codazzi de San Cristóbal, la capital tachirense. Estaba en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira, UCAT. Allí, los estudiantes se enfrentaron con funcionarios de la Policía Regional del Táchira, durante una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre el mismo crimen se lee en Wikipedia, la enciclopedia libre: -El 24 de febrero de 2015, tras salir de clases, Roa se encontró con una manifestación la cual se estaba llevando a cabo aproximadamente a las 10:30 a.m. en el sector Barrio Obrero, cerca de las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), de acuerdo con testigos presenciales, «Roa ayudaba a un estudiante herido cuando en ese momento uno de los manifestantes se percató que se acercaban los efectivos de seguridad. El joven se escondió debajo de un coche, pero lo descubrieron y le dispararon a quemarropa», el impactó a la altura del cráneo, con exposición de masa encefálica. Su cuerpo fue trasladado al Hospital Central de San Cristóbal; pero ya se encontraba exánime desde las 11:00 a.m.
El disparó lo efectuó Javier Osias Mora Ortíz, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Quien posteriormente fue detenido y recluido en la cárcel de Santa Ana en Táchira, bajo los cargos de «delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles», «uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios internacionales». El 8 de abril de ese mismo año, el Ministerio Público condenó a dieciocho años, al imputado del asesinato. Los fiscales 79° nacional y 16° del Estado Táchira, Dilcio Cordero y Karina Hernández, respectivamente, ratificaron la acusación contra el PNB por incurrir en los delitos antes mencionados. Otra fuente, eju.tv, reportó: -Una testigo del crimen dio detalles escalofriantes sobre el momento en el que el menor perdió la vida. «Nos atacaron a todos», contó Glenda Lugo, vecina de la calle donde fue asesinado el liceísta de 14 años de edad, el martes en San Cristóbal, por el oficial Javier Mora Ortiz. En declaraciones recogidas por El Nacional, la mujer dio detalles de lo ocurrido. -¿Cómo es posible que un niño venga corriendo y este policía se baje de la moto, le apunte y el niño le suplique que por favor no lo mate y este desgraciado le dispare? Después se arrodilló y le pidió perdón. Aquí están los golpes, miren mis brazos cómo están, golpeados por ese policía porque no quería que yo agarrara al niño, porque ellos se lo querían llevar a rastras en la moto, y yo misma les dije: ‘Después de que lo mataron como a un perro ¿qué van a hacer… tirarlo como un
perro?’ Lo que hicieron fue destapar bombas lacrimógenas y tirárnoslas para dispersarnos, contó Lugo. La fuente agregó: -El mismo periódico consigna que la carrera 15 de Barrio Obrero, donde murió Roa, está apenas a dos cuadras de la Residencia Oficial de Gobernadores y a igual distancia del Colegio Agustín Codazzi, donde estudiaba la víctima. Este miércoles fue cerrada por estudiantes y vecinos que dibujaron siluetas en el lugar donde cayó el joven, y levantaron un altar en su honor, donde fueron colocados los zapatos que usaba cuando fue atacado. Kluiberth Roa recibió en el cráneo el impacto de un perdigón de plástico de una escopeta que «no debe ser usada en manifestaciones públicas, ni en el rostro, porque el resultado es fatal», según informó el defensor del pueblo, Tarek William Saab.
[¡Qué cínico y miserable es ese funcionario de la narcodictadura, convertido en Fiscal General de la República por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente como premio a su sumisión! ¿Acaso desconocía la Resolución 008610 del Ministerio de Defensa publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de ese año que habilitó el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”]
Saab lamentó que la muerte del menor de edad, que se había acercado a la marcha para auxiliar a unos estudiantes heridos, se haya desencadenado “vilmente, por el uso impropio, indebido, ilegal y criminal de un arma”, de acuerdo con lo reportado por el diario El Nacional. El portal notimerica, por su parte, reportó que Maduro, en cadena nacional, envió sus condolencias a la familia del niño asesinado y afirmó que en Venezuela está prohibida la represión armada. Sin embargo indicó que toda la información preliminar con testigos, planimetría de la ¨Policía Científica, dice que fue un hecho de violencia que se suscitó en el momento en que un grupo de muchachos con capuchas estaban en actividades de protesta y generación de violencia.
[La violencia vino después del asesinato del liceísta cuando el pueblo enardecido quemó totalmente el puesto de la Guardia Nacional en San Cristóbal. El uso de las armas para reprimir a los manifestantes fue autorizada inconstitucionalmente en una Resolución emanada del despacho del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López]
El 12 de abril de 2017, en el portal La Patilla, Jesús Ollarves Irazábal escribió sobre ese tema: -…a los efectos de la evaluación de los más recientes episodios de represión en Venezuela, es especialmente relevante y útil la invocación de la segunda parte de dicha norma: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.”´. Y agregó: -La Sala Constitucional, en su sistemático empeño de legitimar todos los atropellos cometidos por el gobierno, emitió una oprobiosa sentencia el 15 de noviembre de 2016. A pesar de que, sin duda alguna, la carta magna indica que el derecho a la manifestación se ejerce “sin otros requisitos que los que establezca la ley”, el máximo tribunal impuso la previa autorización de la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente. Era un fallo con el deliberado propósito de consolidar al municipio Libertador, férreamente dominado por el alcalde oficialista Jorge Rodríguez, como un coto cerrado para la oposición. “Un territorio liberado”, diría un burdo militante chavista sin mayores argumentos. E incluso, como una vulgar manera de burlar el rigor constitucional en función de garantizar el derecho ciudadano a manifestar, la Sala Constitucional se erigió en legislador y promovió un cambio en la ley para incorporar el referido requisito de la autorización previa. Luego señaló: -Lo más grave es el uso abusivo de la fuerza contra el ejercicio de la protesta social en Venezuela que se ha convertido en un problema recurrente. Hoy más que nunca es necesario recordar la terrible resolución 008610, suscrita por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el 27 de enero de 2015 y convalidada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 26 de julio de 2016. Dicha resolución autoriza a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a utilizar la fuerza letal en el control de manifestaciones públicas. Después explicó: -Este instrumento de rango sublegal es contrario a la Constitución. El artículo 22, numeral 7, establece que ante una situación de “riesgo mortal”, el funcionario “aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal”. Con mucha preocupación hemos sido testigos y víctimas del uso de la fuerza letal. El gobierno para disuadir o más bien para aniquilar a los manifestantes están haciendo uso de armas químicas. La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, ratificada por Venezuela el 03-12-1997, en su artículo II, N° 7, define el concepto de “agente de represión de disturbios” como cualquier sustancia química que pueda “producir rápidamente en los seres humanos una irritación sensorial o efectos incapacitantes físicos que desaparecen en breve tiempo después de concluida la exposición al agente”. Esto coloca a los gases lacrimógenos dentro de la esfera de prohibición establecida en el artículo I, N° 5, el cual señala que cada Estado Parte de la Convención “se compromete a no emplear agentes de represión de disturbios como método de guerra”.
[El general Vladimir Padrino López, con la anuencia del sumiso Tribunal Supremo de Justicia, ya había logrado que las Fuerzas Armadas tuvieran protagonismo político militante, excluyendo a los militares opuestos al socialismo del siglo XXI] En el siguiente segmento observó: -No obstante a lo señalado por la Convención, el estándar más favorable lo establece la Constitución de la República: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.” Pero pese a esta prohibición el gobierno se ha empeñado en reprimir al ciudadano como si se tratara de un enemigo en una guerra. El objetivo no ha sido disuadir a los manifestantes ni preservar el orden público. Las autoridades han llegado al extremo de lanzar bombas lacrimógenas desde los helicópteros; arrojaron gases lacrimógenos en el área de Emergencias de la Clínica Las Mercedes, en el cual un bebé de menos de 1 año resultó afectado, y Ricarda González una señora de 87 años resultó muerta en la avenida Miguelángel Lamas de Bello Monte tras inhalar gas lacrimógeno. Al final del artículo aseveró: -El derecho a la protesta es una herramienta que tiene el ciudadano para expresar su disconformidad con el orden político o social establecido, de modo de reclamar a sus gobiernos el cumplimiento de las promesas electorales y exigir que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales sean una realidad para todos. Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación constituyen un cauce para el diálogo, el pluralismo y la tolerancia. Pero, lamentablemente, en Venezuela la realidad es otra: priva la intolerancia del gobierno ante la crítica, así como el arbitrario y excesivo uso de la fuerza en perjuicio de manifestantes, defensoras y defensores de derechos humanos y otras comunidades en situación de vulnerabilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes y adultos mayores.
[Centenares de venezolanos han perdido la vida en manifestaciones contra la narcodictadura reprimidas violentamente por órganos policiales y militares. El mundo vio horrorizado cómo una tanqueta le pasó por encima a un joven estudiante, Otros han perdido la vista, como el adolescente Rufo Chacón, en Táriba, Estado Táchira, quien protestaba pacíficamente por la carencia de gas doméstico y un agente de Politáchira le disparó a quema ropa con balines.]
En un artículo hecho circular en la Web, el profesor Agustín Blanco Muñoz también dejó testimonio de la brutalidad policial durante la represión de protestas: -Los gendarmes que salen a las calles a reprimir son, simplemente, los ejecutores de una política de Estado que, con descaro, fue aupada por el principal líder del oficialismo: Hugo Chávez. El 17-01-2009, Chávez justificó la brutalidad de los cuerpos de seguridad contra los opositores al régimen: “Échenle gas del bueno”. Todo indica que al menos esa parte del legado de Chávez sigue vigente. Prohibido olvidar Para el GP, quien se considera como "la revolución" y que a la vez es tenido por el universo político del oficialismo y "las oposiciones" como el centro decisorio, es indispensable controlar todas las posibilidades de triunfo y la consecuente derrota de "la contrarrevolución". Y para ello, de hacer falta, se podría acudir al autogolpe. Y agregó: -Para este momento (martes 20/01/09) es poca la participación estudiantil y muy lejana la posibilidad de una huelga general como la de noviembre de 1957 o hacer de los centros educacionales batallones de combate contra el régimen. En esta misma fecha el GP ha dado la orden para que los estudiantes y "estudiantes" afectos al régimen tomen la calle y aumenten los niveles de confrontación e inestabilidad. Desde el momento de la Orden de Envenenar se producen eventos de violencia. El 18/01 un grupo armado ataca la sede de la Alcaldía Mayor y queman en la UCV vehículo de dirigente estudiantil (UN, 18/01, p. 04). El lunes 19 La Piedrita declaró objetivo militar a la Iglesia y lanzó seis lacrimógenas contra la Nunciatura, la casa de Marcel Granier y a estudiantes reunidos en la plaza del rectorado de la UCV (EN, 20/ 01, p. 14).
[Los círculos del terror fueron creados por Chávez para reprimir manifestaciones contrarias al régimen, periodistas y medios de comunicación, Cuando el articulista menciona a ese siniestro personaje lo llama GP, vale decir golpista presidente]
Después documentó: -El martes 20 La Piedrita y Lina Ron atacan a un grupo de Bandera Roja en el Ateneo de Caracas, en el acto de celebración de su 39° aniversario y la PM disolvió con lacrimógenas marcha estudiantil que protestaba contra la enmienda en El Rosal (UN, 21/01, p.18). Estudiantes que se marchaban hacia la Fiscalía fueron reprimidos con el argumento de que no estaban autorizados. Esto podría complicarse con las dos corrientes de estudiantes en las calles. Y en todo caso, las policías sabrán a quienes lanzar las bombas envenenadas. Y al final del artículo apuntó: -La violencia, correspondiente a una "revolución pacífica pero armada y violenta", no se detendrá en consideraciones de orden democrático y de respeto a los llamados DDHH. Es el arma que se utilizó en los llamados 40 años de democracia y que se aplica ahora de manera abierta en estos "tiempos de revolución". Apenas se cambió la orden de disparar por envenenar a través de un gas venecubano que hasta recuerda al fascismo. La revolución criminal y asesina marcha a paso de vencedores
en la consecución de sus objetivos tácticos y estratégicos. Sin embargo, la violencia desatada en su defensa puede convertirse en su propia arma de destrucción. El 25 de enero de 2021 la periodista Sarahí Gómez, de El Diario, en el reportaje titulado “Una mano para los Pernalete, una familia golpeada por el Estado venezolano” recordó: -La tarde de ese 26 de abril de 2017, las paredes de Salud Chacao fueron testigos de un dolor paternal. Afuera del recinto de salud, las calles se convirtieron en un campo de batalla. Muchos jóvenes manifestaban en contra del régimen de Nicolás Maduro y sorteaban la represión de los cuerpos de seguridad del Estado. Las bombas lacrimógenas amenazaban la integridad física de cada persona. Ese día, el nombre de Juan Pablo Pernalete, de 21 años de edad, se convirtió en noticia. Su cuerpo cayó al pavimento de una de las calles cercanas a la Plaza Altamira. El impacto de una bomba lacrimógena en su pecho detuvo el latir de su corazón.
[Los gases lacrimógenos están prohibidos por la Constitución. Aparte de ello los órganos represivos de la narcodictadura las utilizan como proyectiles al lanzarlas directamente al rostro del manifestante o en el pecho] Sarahí Gómez señaló también que el padre de la víctima, Juan Pablo Pernalete, requiere con urgencia una cirugía en el corazón y carece de recursos económicos para sufragar los gastos de la operación quirúrgica. El hijo mayor del entonces defensor del pueblo, Yibram Saab Fornino, hizo circular en Youtube una carta pidiéndole que ponga fin a la injusticia que ha hundido al país. -Como hijo –escribió también- y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, te pido que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero que es lo correcto. Igualmente aclaró que “como ciudadano y estudiante de derecho ve con preocupación la ruptura del orden constitucional causada por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia” y desmintió que él o sus hermanos, de 18 y 14 años, hayan recibido algún tipo de amenazas”. El 7 de junio de ese mismo año el adolescente de 17 años Neomar Alejandro Lander Armas quien residía en Guarenas, Estado Miranda, se convirtió en el manifestante contra la narcodictadura de Nicolás Maduro número 66 asesinado por una bala letal de las protestas en Venezuela
Protestaba en la avenida Francisco de Miranda Chacao, junto con millares de manifestantes, para exigir elecciones generales, la liberación de los presos políticos, la restitución del hilo constitucional y otras demandas. Dos días después de ese asesinato el periodista Ewald Scharfenberg, del diario español El País, reportó: -Un joven de 17 años ha muerto este miércoles en Caracas durante una nueva jornada de protestas que desde hace 68 días la oposición venezolana lleva a cabo para exigir elecciones generales, la liberación de presos políticos y otras demandas. La víctima fue identificada como Neomar Lander, un adolescente de la vecina ciudad-dormitorio de Guarenas, en el Estado de Miranda (centro de Venezuela). Su muerte se produjo por un impacto en el pecho. Aunque al momento de redactar esta noticia las autoridades no habían revelado qué tipo de proyectil había causado el deceso, varios vídeos que circulaban por las redes sociales muestran a Lander desplomarse tras ser blanco de un objeto disparado por un piquete de agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) justo en la conjunción de las avenidas Francisco de Miranda y Libertador, en el municipio Chacao, noreste de la capital venezolana. Sin embargo, agregó la fuente, “Las primeras versiones oficiales ofrecidas por el Ministerio del Interior sobre la muerte de Lander indicaban que este había fallecido al tratar de activar un mortero de fabricación casera”. Pero “Los testimonios en vídeo, en cualquier caso, no tardaron en desmentirlo”. El periodista indicó además: -De acuerdo a cifras de la Fiscalía, Lander sería la víctima mortal número 66 de las refriegas callejeras iniciadas en abril (según la cuenta del Ministerio de Comunicación, sería la muerte número 81). El Ministerio Público destacó a su fiscal 98 para investigar el hecho. La muerte se produjo en las postrimerías de una nutrida marcha con la que la oposición quería llegar desde el este de Caracas a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro de la ciudad. Como ya se ha hecho costumbre, cordones de agentes antidisturbios impidieron que la marcha franqueara la frontera del municipio Libertador, sede de los poderes públicos y que el oficialismo considera un baluarte propio. Contenidos, los manifestantes se dispersaron por los barrios adyacentes, como Las Mercedes, donde los choques con las fuerzas de seguridad se prolongaron por varias horas. En otra parte del despacho el periodista de El País señaló que también un foco de disturbios tuvo lugar en la parroquia La Candelaria del municipio Libertador.
-Los desórdenes ocurrieron –explicó- menos de 24 horas después de que el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, ordenara a las tropas de la Guardia Nacional -cuerpo de policía militarizada- no cometer “ni una atrocidad más”. Múltiples vídeos circulaban este miércoles mostrando desmanes y malos tratos propinados por efectivos de esa fuerza a manifestantes. Un reportaje publicado por la redacción de BBC Mundo el 9 de junio de 2017, analizó las versiones contradictorias sobre la causa de ese asesinato. DE LA IMA
IMAGES -La oposición asegura -señaló- que Neomar Lander murió por una lata de gas lacrimógeno disparada por la policía, pero el defensor del pueblo asegura que la causa fue un “explosivo de fabricación artesanal. Sin embargo, “Nadie sabe muy bien quién está detrás de la muerte de Neomar Lander, de 17 años, quien falleció este miércoles durante una manifestación antigubernamental en Caracas”, por cuanto “Algunos testigos afirman que fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la policía”. Pero el entonces vicepresidente ejecutivo del régimen, Tareck El Aissami, “declaró que su muerte se debió a la manipulación de un artefacto explosivo casero”. Al efecto declaró en una rueda de prensa: -La investigación corrobora la explosión de un mortero de fabricación casera. Por otro lado, en Wikipedia, la enciclopedia libre, se lee: - Neomar murió el 7 de junio de 2017 durante una manifestación en la avenida Francisco de Miranda en el municipio Chacao por un impacto en el tórax. Fue trasladado a la clínica El Ávila, donde ingresa sin signos vitales. El ministro del interior Néstor Reverol aseguró que Neomar falleció al tratar de activar un mortero de fabricación casera, pero vídeos grabados de su muerte indican que Lander cayó después de ser impactado por una bomba lacrimógena disparada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. La noche de su muerte, un hombre haciéndose pasar por el padre de Neomar y el esposo de Zugeimar Armas declaró en el canal estatal Venezolana de Televisión que a Lander le pagaban para asistir a las marchas. Al día
siguiente Zujeimar desmintió las declaraciones, mostrando cual era el padre verdadero de Neomar, que no fue el hombre que se presentó en "NotiPatria", y que los protestantes asistían a las marchas por voluntad propia, ya que el 80% de los venezolanos estaban en contra del gobierno. La fuente indica igualmente: -El asesinato de Neomar Lander fue documentado en un reporte de un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, considerando que podía constituir un crimen de lesa humanidad cometidos en Venezuela junto con otros asesinatos durante las protestas. Asimismo acota: -Durante las protestas en Nicaragua de 2018, el rostro de Neomar fue pintado con esténciles en varios muros de Managua con la cita por la que es mejor conocido: «La lucha de pocos vale por el futuro de muchos» La Alcaldía del Municipio Chacao, en honor a su memoria, colocó el nombre Túnel Neomar Lander a la conexión subterránea entre la Avenida Francisco de Miranda y Avenida Libertador en sentido oeste, justo en ese lugar fue donde se produjo su muerte. Cabe destacar que el titular “Muere un menor durante protesta y represión atroz” que apareció en la primera página del diario 2001 en tres cuartos del espacio dedicado a reseñar el asesinato de Neomar provocó la ira del narcodictador Nicolás Maduro, quien amenazó durante una de las tantas arbitrarias cadenas de radio y televisión con interponer una demanda en contra del Bloque de Armas. -Es –afirmó- un titular de guerra, de mentiras, de manipulación, sin conocer la investigación y los resultados de la autopsia…Yo ordené un grupo de abogados para establecer una demanda por daños y perjuicios morales contra la sociedad. También aseguró que la víctima murió por responsabilidad de los dirigentes de la oposición. El 23 de mayo de 2017 el periodista Ewald Scharfenberg, del diario español El País, escribió: -El epicentro de las protestas callejeras que desde hace 51 días se desarrollan en las ciudades venezolanas se trasladó a Barinas, la provincia natal de Hugo Chávez donde este lunes se reportaron dos muertes por heridas de balas y cuantiosos daños a propiedades públicas y privadas, entre ellas, la residencia materna donde el comandante revolucionario pasó sus años de adolescencia. Esa información fue ampliada por el Diario La Verdad, de Maracaibo, en los siguientes términos: -El joven Yorman Alí Bercevia, de 19 años, falleció este lunes tras recibir un disparo en el pecho. La víctima participaba en una protesta en la urbanización José Antonio Páez del sector Los Pozones, municipio Andrés Eloy Blanco de Barinas.
El muchacho tras ser herido fue trasladado a un centro asistencial donde ingresó sin signos vitales. Testigos señalan que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana dispararon contra los manifestantes para dispersarlos. Bercevia recibió un impacto que acabó con su vida. La fuente añadió: -Otro joven, identificado como Jhon Alberto Quintero, también murió de un balazo durante una manifestación en Guanapa, Barinas. El 3 de mayo de 2017 las fuerzas de exterminio de la narcodictadura segaron la vida de Armando Cañizales Carrillo, un violista miembro del Sistema Nacional de Orquesta Sinfónica. Tenía 18 años y fue asesinado cuando participaba en una manifestación en la avenida Río de Janeiro, cruce con calle Jalisco en la urbanización de Las Mercedes, Caracas, y recibió un disparo en la base del cuello de un proyectil metálico esférico. Su asesinato fue documentado en el reporte de un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, considerando que podía constituir un crimen de lesa humanidad junto con otros asesinatos durante las protestas. Pasó a ser la víctima mortal número 34 de la última oleada de represión desatada por la narcodictadura para acallar las voces de quienes protestaban contra el criminal régimen. Un texto de Jesús Ruiz Mantilla, del diario español El País, dio a conocer, respecto a ese nuevo asesinato del régimen, la indignada reacción del músico venezolano Gustavo Dudamel “una de las figuras más influyentes de la música clásica en todo el mundo” contra la represiones ante las marchas y el intento descarado de nuevo golpe a las instituciones del dirigente bolivariano. -Las muertes agolpadas en la cara del Gobierno –expresó Ruiz Mantillacolmaron el vaso de la paciencia de Dudamel. Pero más aún la del joven Cañizales. El muchacho se enfrentó con piedras a la Guardia Bolivariana y recibió un tiro en el cuello cuando retaba con las manos alzadas a los dispositivos del Gobierno. Sus amigos lo trasladaron en moto hasta una ambulancia que luego lo llevó al hospital, donde certificaron su defunción. Los vecinos de Colinas de Bello Monte se agruparon en una vigilia y Dudamel fue redactando su comunicado. “Mi vida entera la he dedicado a la música y al arte como forma de transformar el mundo. Levanto mi voz en contra de la violencia y la represión. Nada puede justificar el derramamiento de sangre. Ya basta de desatender el justo clamor de un pueblo sofocado por una intolerable crisis. Históricamente el pueblo venezolano ha sido un pueblo luchador pero jamás violento La democracia no puede estar construida a la medida de un gobierno particular. El ejercicio democrático implica escuchar la voz de la mayoría. Para que la democracia sea sana debe haber respeto y entendimiento verdadero. La democracia no puede estar construida a la medida de un gobierno particular. El ejercicio democrático implica escuchar la voz de la mayoría, como baluarte último de la verdad social. Ninguna ideología puede ir más allá del bien común. El 12 de febrero de 2020, con motivo del sexto aniversario del asesinato de Bassil Da Costa, la periodista Naky Soto recordó en su cuenta en Twitter que “murió de un disparo en la cabeza efectuado por un funcionario del Sebin”.
Redman fue asesinado por unos motorizados y Juan Pablo Pernalete Llovera, estudiante de la Universidad Metropolitana y basquetbolista, perdió la vida el 26 de abril de 2017 por el impacto de una bomba lacrimógena que lanzó contra manifestantes un efectivo de la Guardia NAZIonal en Altamira, cuya avenida Ávila fue rebautizada con su nombre. Así reseñó el diario El Nacional el homenaje póstumo a su memoria el 27 de abril: -Estudiantes, familiares y amigos de Juan Pablo Pernalete marcharon por más de dos horas desde la Universidad Metropolitana (Unimet), en Terrazas del Ávila, hasta Altamira, para rendirle homenaje al joven de 20 años de edad asesinado el 26 de abril mientras protestaba. Las personas se movilizaron en silencio, vestidas de negro y de blanco, en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho hasta el municipio Chacao, en donde una bomba
lacrimógena impactó al joven y le causó la muerte. Al llegar a la plaza Altamira las personas fueron recibidas por Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, luego se organizaron e hicieron una cadena humana para caminar hasta el lugar exacto donde cayó Pernalete.
El presidente del centro de estudiantes de la Unimet habló antes de que iniciara el homenaje en la avenida Luis Roche. Ahí pronunció palabras en honor al joven, en agradecimiento a los que participaron en la actividad y sobre la situación del país. Después de esto las personan procedieron a colocar, justo en el sitio en el cual cayó Pernalete una pancarta que tenía escrito ”Gracias a ti y a tu familia, tu sacrificio no será en vano”, la rodearon con velas blancas y sobre el mensaje colocaron unas flores. Tras esto, pronunciaron una oración y varias personas colocaron flores y otros objetos para honrar al caído. Lilian Tintori colocó una bandera de Venezuela. Otros jóvenes se dirigieron a la plaza Altamira y las calles aledañas de la zona. Algunos se sentaron en el suelo, otros colocaron sus banderas. El grito “Juan Pablo somos todos” resonó por varios minutos en la avenida Luis Roche, tal y como lo hizo en el recorrido desde la Unimet. En el sitio también estuvieron presentes el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho; el alcalde de El Hatillo, David Smolansky; diputados como Juan Requesens, Gaby Arellano y Juan Andrés Mejía. El mensaje “Esto es por ti Juan” se pudo leer en una de las pancartas que encabeza la marcha. Algunas personas se movilizaron con las manos en alto en honor a todos los caídos. Otros se acercaron al sitio rezando un rosario. El 24 de mayo la entonces fiscal general del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, declaró en una rueda de prensa que Pernalete murió producto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional, al contrario de lo afirmado por funcionarios de la narcodictadura que sostenían que había sido asesinado con una pistola de perno cautiva. Tres días después publicó un video explicando los detalles de la investigación, incluyendo el análisis de mil horas de video de más de 20 cámaras diferentes, cinco testigos presenciales y uno referencial, autopsia, tres inspecciones técnicas en el sitio del suceso, seis levantamientos planimétricos, dos análisis químicos, 38 reconocimientos técnicos sobre evidencias físicas, dos análisis toxicológicos, dos hematológicos, uno de ADN, uno histológico, así como un estudio
radiológico, otro antropométrico, un acoplamiento físico de dimensiones de cartucho y huella en ropa y en lesión física, y 79 actos de investigación. El hijo del entonces Defensor del Pueblo Tarek William Saab, Yibram Saab, subió un video en YouTube diciendo que había protestado esa noche y que "pudo haber sido él", pidiéndole: “Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo que reflexiones y hagas lo que tengas que hacer”. Palabras que no tuvieron repuesta. Ese siniestro personaje sustituyó inconstitucionalmente a la fiscal Ortega Díaz, pues su nombramiento emanó de la Asamblea Nacional Constituyente, organismo que no tenía facultad para ello ni para dictar leyes, pues su único objeto era redactar nueva Constitución y reformar el Estado, que no cumplió, y dejó de existir en diciembre de 2020. Al día siguiente de su muerte, el 27 de abril, estudiantes marcharon por dos horas desde la Universidad Metropolitana hasta el lugar en Altamira donde Juan Pablo murió después de realizar una misa en la universidad en su honor. La entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó que su muerte fue producto de una bomba lacrimógena lanzada por la siniestra Guardia Nacional. Además, el 22 de junio de ese año la avenida Ávila, donde falleció Pernalete, fue rebautizada con su nombre. Mientras tanto, sus padres han denunciado públicamente que el Ministerio Público de la narcodictadura ha cambiado catorce veces los fiscales del caso, advirtiendo: -Nos pueden cambiar cien veces los fiscales y yo voy a regresar 101 veces. Nuestro hijo nos da la fuerza. No queremos quedarle mal a él y a sus ideales. Pero no nos van a quebrar, nosotros tenemos fe de que vamos a conseguir justicia.