Año 5 - Número 25 - Agosto 2016

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Visita, revisa, comenta. http://rufianrevista.org Escríbenos, participa. rufian.revista@gmail.com Dirección General: Equpo Rufián

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Equipo Editorial: Paula Arrieta Camila Bralic Rosario Carmona Javiera Cornejo Loreto Mendeville Cynthia Shuffer

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Gráficas: Frente Gráfico Maria Lauren (p.10) Cristian Norambuena (p.12) Juan Pablo F-Dren (p.18) Francisca Veas (p.24) Nacho Nass (p.28) Marcelle Bataille (p.32) Wackala Arte Gráfico (p.36) Portada: Gonzalo San Juan La Espora Creatividad Diagramación: Paula Arrieta

Giorgio Agamben. Estado de excepción. Homo sacer II,I., A

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Si las medidas excepcionales son el fruto de los períodos de crisis política y, en tanto tales, están comprendidas en el terreno político y no en el terreno jurídico constitucional (De Martino, 1973, p. 320), ellas se encuentran en la paradójica situación de ser medidas jurídicas que no pueden ser comprendidas en el plano del derecho, y el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal. Por otra parte, si la excepción es el dispositivo original a través del cual el derecho se refiere a la vida y la incluye dentro de sí por medio de la propia suspensión, entonces una teoría del estado de excepción es condición preliminar para definir la relación que liga y al mismo tiempo abandona lo viviente en manos del derecho.(...) Sólo sí el velo que cubre esta zona incierta es removido podremos comenzar a comprender lo que se pone en juego en la diferencia -o en la supuesta diferencia- entre lo político y lo jurídico y entre el derecho y lo viviente.

Y quizá solamente entonces será posible responder a la pregunta que no cesa de resonar en la historia política de Occidente: ¿qué significa actuar políticamente?

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Estado de excepción Lumazo, Pan y Circo

Índice

EDITORIAL Actuar políticamente Tortura, impunidad y resistencia Juana Aguilera, Comisión Ética Contra la Tortura Memorias antagonistas en “Londres 38” y estado de excepción. Notas para la discusión Miguel Urrutia, Londres 38, espacio de memorias Cárcel y vulneración de derechos humanos Alicia Alonso Merino, LEASUR El Wallmapu en estado de excepción Javier Pineda Olcay, Corporación 4 de Agosto La criminalización de la protesta como medida represiva para encarcelar a los y las estudiantes Natalia Gutiérrez San Martín, Somos Izquierda Revolucionaria Apuntes sobre una ciudadanía antipopular Benjamín Sáez, Fundación SOL

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Editorial Rufián

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Actuar políticamente

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El pasado 24 de julio se realizó una de las marchas nacionales más multitudinarias que se haya visto. Los medios de prensa oficiales no tuvieron mucho que decir al respecto; de los noticieros centrales, solo CNN Prime abrió con lo que fue, a todas luces, el hecho noticioso más importante de la semana: “Como hace mucho no se veía en las calles, faltaba espacio para que personas civilizadamente manifestaran su descontento”, destacó dicho canal. Una marcha abrumadoramente masiva, una performance de ocupación ciudadana de la urbe, conmovedora –pero obediente–, realizada un día domingo y ceñida al trazado y horario permitido por la Intendencia.

Así, CNN nos pone una estrellita en la frente y, a falta de desmanes que evidencien lo peligroso de la movilización y acusen a los saboteadores de la paz ciudadana, el resto de la prensa calla. Con elecciones próximas en el horizonte, muchos verán aquí una oportunidad de oro para el marketing, como ya ocurriera con las reivindicaciones estudiantiles en los pasados comicios: la protesta social convertida en material para discursos de campaña, diluida en discusiones parlamentarias y pasos atrás del gobierno, errores estratégicos, confusión, improvisación y una estructura intocable. Así también se diluye el ímpetu ciudadano, cansado de luchar contra un sistema sordo.

Cabe preguntarse, entonces, por el futuro de un movimiento masivo como el que se forma contra el sistema de las AFP. Lo estrictamente concerniente a los intereses individuales, afectados de modo innegable por el actual sistema de pensiones, debe proyectarse como una lectura de la realidad estructural, como un descontento por las condiciones colectivas de vida; sin esto –sin lo político, podríamos decir– la fuerza de irrupción del movimiento social queda a merced de ofertas electorales y del ya conocido disfraz reformista de las tradicionales coaliciones políticas, más interesadas en asegurar el curso de las cosas que de escuchar a la ciudadanía. La

Una semana antes de la gran marcha bajo la consigna de “No + AFP”, la visita de la activista estadounidense Angela Davis a Chile coincidió con un proceso de reflexión que venía sosteniéndose desde hace un tiempo en las organizaciones sociales: las diferentes causas que motivan nuestras luchas están íntimamente relacionadas pues las situaciones de injusticia y opresión que las provocan son parte de una misma estructura. Así, no es posible entender, por un lado, la violación constante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, por ejemplo, sin considerar el inaceptable trato, tanto político como social, que reciben instituciones como el SENAME, donde podemos encontrar latiendo las enormes desigualdades sobre las que se ha construido nuestra sociedad; tampoco es posible quitar del mapa la demanda por una educación pública, gratuita y de calidad o los reiterados requerimientos de las y los trabajadores; tampoco la lucha persistente e invisibilizada de los pueblos indígenas por su territorio y la autodeterminación, sometida a la más violenta represión estatal, ni la exigencia de condiciones sociales dignas para los y las migrantes, el reconocimiento urgente de nuestra composición multicultural. Estas luchas alcanzan también a las mujeres, que hoy en Chile no tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, pues –como en muy pocas partes del mundo– se les niega el acceso al aborto.

Es preciso detenernos en este punto. La lucha contra la penalización del aborto, que en la práctica se vuelve una prohibición solamente aplicable a las clases sociales más desprotegidas, es para nosotras apenas la punta de

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concreción política del descontento, creemos, requiere de una visión crítica amplia.

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lanza para la creación de un movimiento colectivo y crítico amplio que se oponga a la histórica marginación de las mujeres de las esferas públicas, al abuso y explotación de los cuales hemos sido víctimas por generaciones y a la violencia cotidiana a la que nos vemos expuestas. Este movimiento de resistencia incluye, por cierto, no solo a las mujeres como sector social en emancipación, sino a todos los grupos identificados con la disidencia sexual y aquellos colectivos comprometidos con la destrucción de los márgenes que privilegian a unos por sobre otros y otras.

Esta interconexión de diferentes causas, en el lenguaje de la propia Davis, y la posterior constatación de una estructura feroz sostenida en varios pilares basales, exige fijar un universo común. Este es hoy nuestro principal desafío. Y no solo en el contexto de la realidad chilena, sino para con todas las personas, grupos y colectivos que se rebelan diariamente contra las condiciones impuestas en América Latina y el mundo, cuyas experiencias podemos hacer propias.

Adelantándose a lo que estaba por ocurrir, el 23 de abril de 2016 diversas organizaciones sociales vinculadas a la protección de los Derechos Humanos fueron convocadas por Londres 38, espacio de memorias, para encontrarse y reconocerse como organismos compañeros.

Una vez juntos, el trabajo por hacer estuvo claro: la contingencia exigía reflexionar una postura y elaborar un mensaje colectivo en respuesta ante lo que parecía ser la más dura estrategia institucional de los grupos de poder ante la llamada “crisis de legitimidad”, y que tenía como principal manifestación la profundización de la agenda represiva contra los grupos movilizados.

Este llamado al trabajo compartido fue contestado por muchas organizaciones: LEASUR, Centro Social y Librería AÑO 5/ NUMERO 25/ AGOSTO 2016

Proyección, Fundación SOL, Serigrafía Instantánea, Comisión Ética contra la Tortura, SOMOS, Archiveros sin

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Fronteras, Corporación 4 de Agosto, Movimiento Acción Migrante y nosotras, como Rufián Revista.

La publicación de este número es, entonces, el inicio de las acciones en red proyectadas en oposición a la criminalización y la violencia contra el movimiento social, las cuales hemos identificado como la presencia de un estado de excepción permanente. Nos asociamos bajo un lema que actúa como resumen de nuestra crítica, “Lumazo, pan y circo”, que refiere tanto a la represión como a las alianzas político-mediáticas que intentan neutralizar nuestras demandas. Y fijamos nuestros objetivos: rechazar la criminalización generalizada del movimiento popular, y del mismo modo, contribuir a salvaguardar a las organizaciones y personas que ejercen la resistencia social en Chile, en un marco solidario de acción donde sea posible compartir herramientas y espacios de formación colaborativos.

“Estado de excepción. Lumazo, pan y circo”, la edición número 25 de Rufián Revista, aborda estos tópicos desde la particularidad de cada organización, pero con la vista puesta en nuestra acción colectiva. Para abrir, el artículo de la Comisión Ética contra la Tortura nos habla sobre la vigencia de las prácticas de tortura como estrategia de desarticulación de la resistencia; por otra parte, el “estado de excepción” como principio rector del derecho es el foco del artículo de Londres 38, espacio de memorias; luego, a través del texto de LEASUR, nos preguntamos

qué formas adquieren estos contextos legales cuando nos situamos en la realidad social y la vulneración de derechos de las personas privadas de libertad; nuestra reacción urgente requiere también la situación grave de excepción en Wallmapu, tema central del artículo de la Corporación 4 de agosto. Finalmente, abordamos la estrategia de desarme del movimiento estudiantil, y las formas más sutiles con que estos mecanismos afloran desde la estructura misma de la sociedad, con los artículos de Somos Izquierda Revolucionaria y Fundación SOL. Concebimos la criminalización de quienes luchan como una realidad inaceptable y la vinculamos directamente con un abuso estructural. Definir una posición, organizarse y generar redes es nuestro primer paso. Rufián Revista, por tanto, se hace parte de esta red no solo como medio de comunicación, sino también como una organización social feminista que entiende el mundo desde la resistencia creativa y la acción solidaria, empática

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y definitivamente transformadora. Desde ahí empujamos hoy nuestra lucha.

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Tortura, impunidad y resistencia El 26 de junio fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de Solidaridad y Apoyo a las Víctimas de la Tortura en el mundo. En la Comisión Ética Contra la Tortura-Chile, conmemoramos cada año esta fecha y saludamos como siempre a todas y todos los luchadores sociales que se unen contra el olvido y a favor de la memoria tanto de quienes sobrevivieron como de aquellos que cayeron, víctimas de este crimen tan bárbaro y brutal.

Juana Aguilera

Hoy las noticias locales nos hablan casi cotidianamente de la tortura. Siete inmigrantes de nacionalidad colombiana fueron sometidos a torturas con electricidad, asfixia y colgamientos en el norte de Chile; la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile presentó una denuncia ante los tribunales, la cual dio como resultado que ocho carabineros de Chile fueran procesados (18 de junio 2016 en la ciudad de Arica, Población Cerro El Chuño). El 22 de junio 2016, el ex detective Ricardo Bopp Negrete denunció las clases de tortura a las que debe asistir todo alumno aspirante a formar parte de la Policía Civil en Chile. El 17 de mayo, el menor de edad Roberto Zambrano, estudiante de cuarto medio y presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, fue detenido en una concentración estudiantil. Lo llevaron a la Tercera Comisaría de Santiago, lugar donde le rompieron la ropa, lo desnudaron y le pegaron. Gabriel González, estudiante de tercer año de Literatura en la Universidad de Chile, fue presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional en 2012 y actualmente es Consejero de la FECh. Detenido por Carabineros de Chile el 27 de abril, con el pretexto de no haber pagado una multa, fue desnudado en la comisaría, obligado hacer sentadillas e insultado por ser dirigente estudiantil.

González señala que su detención fue selectiva precisamente por su condición de dirigente.

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Comisión Ética Contra la Tortura http://www.contralatortura.cl/ correo@contralatortura.cl

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Las consecuencias de la tortura en la sociedad luego de la dictadura son insospechadas; las de hoy, en pleno Estado democrático, más insospechadas aún Patricio Gutiérrez, presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Aplicación, narra que en las dos semanas que han estado en toma, los han desalojado tres veces con una excesiva violencia de parte de Carabineros: “después de eso, apuntaron con armas de fuego a dos alumnos dentro del liceo y se llevaron detenidos a setenta y seis estudiantes y dos apoderados”. Gutiérrez añade que el viernes, en la jornada de protesta en solidaridad con el caso de Roberto Zambrano, fueron detenidos dos estudiantes del Liceo. Uno de ellos cursa séptimo básico, tiene trece años y nacionalidad peruana. “Él tuvo una discriminación muy fuerte por ser extranjero y por ser estudiante movilizado. Lo discriminaron por ser peruano, le dijeron que no tenía por qué estar metido en este tipo de cosas y recibió agresiones verbales de grueso calibre. Si bien no le pegaron, lo maltrataron psicológicamente con solo trece años”, explica el presidente del Centro de Alumnos. Gutiérrez reflexiona: “La agresividad de Carabineros es totalmente desmedida. Estamos levantando una querella contra Carabineros por estos excesos y específicamente contra el Coronel René Martínez, quien estuvo a cargo del operativo de ese viernes. Es fuerte porque Carabineros ha realizado todos los destrozos que hay en el colegio. Rompieron la chapa del Centro de Alumnos, las salas, tiraron lacrimógenas, rompieron los baños y, honestamente, son ellos los que están causando los destrozos y dañando la infraestructura que nosotros necesitamos y que estamos exigiendo que mejore”.

Según estudiosos y expertos sobre el tema, las secuelas de la tortura en el tejido social son profundas, AÑO 5/ NUMERO 25/ AGOSTO 2016

prolongadas y permanentes. Las consecuencias de la tortura en la sociedad luego de la dictadura son

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insospechadas; las de hoy, en pleno Estado democrático, más insospechadas aún.

Lo que nos muestran las noticias es que el pueblo de Chile vuelve hoy a encontrarse en medio de un escenario donde prevalece la práctica de aplicar tormentos, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los agentes del Estado. Quien protesta se enfrenta, casi cotidianamente, a una única respuesta gubernamental: represión e impunidad. Por su parte, el movimiento social exige, a lo largo y ancho de nuestro país, urgentes reformas que garanticen los derechos de las personas, mayor dignidad y justicia social.

Chile se encuentra hoy sin caretas y sin disfraces; hemos sido testigos de cómo las instituciones y estructuras establecidas como pilares de la sociedad se han caído por la corrupción, el cohecho, la extorsión y la avaricia.

De este modo se desnuda la confabulación entre el empresariado y la clase política, que hacen leyes que nos explotan, destruyen nuestros ríos, montañas y mares, y nos relegan a la pobreza y a insalvables brechas sociales. Estas mismas brechas les permiten levantar discursos de igualdad e inclusión social vacíos, sin sentido, sin puntos de intersección reales con la vida de los postergados. Las políticas públicas que se les proponen a las llamadas poblaciones vulnerables, la parafraseada participación ciudadana y los llamados a la inclusión social colisionan permanentemente con la inexistencia de garantías de los derechos, porque dichos y hechos, en

nuestro país, siguen teniendo demasiados trechos.

el pueblo de Chile vuelve hoy a encontrarse en medio de un escenario donde prevalece la práctica de aplicar tormentos, penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los agentes del Estado

La persistencia de lucha del movimiento social, especialmente del pueblo mapuche y de los estudiantes, alienta esperanzas para múltiples demandas sectoriales y nacionales. Sin embargo, y conforme avanza el movimiento social, también avanza la política represiva y de impunidad a los agentes del Estado que ejecutan acciones de represión cada vez más cruentas contra los luchadores sociales, especialmente contra los líderes y dirigentes, en cuyos casos la práctica de la tortura y de violaciones a los derechos humanos se empiezan hacer rutina.

La impunidad a la prevalencia de los actos de tortura no resulta rara en nuestro país, que tiene una larga experiencia en burlar los compromisos internacionales firmados en el campo de los derechos humanos y especialmente en relación al infame crimen internacional de la tortura, flagelo rector aplicado masiva y sistemáticamente durante los diecisiete años de dictadura y que en democracia jamás ha sido abolida. Nula ha sido la voluntad política de los legisladores, magistrados y gobernantes por declararla abyecta, ilegal y perseguirla judicialmente.

Aún estamos lejos de que los órganos del Estado reconozcan, investiguen y castiguen judicialmente a los ser humano por parte de un Estado que se organiza y entrena para reducir, anular su dignidad, destruir su personalidad y llevarlo a la negación total como persona.

Aún estamos lejos de incluir en la legislación nacional la tipificación del delito de tortura, mientras se mantiene la figura de “apremios ilegítimos”. Chile, a casi treinta años de haber ratificado la Convención Internacional contra la Tortura, no ha cumplido con integrar la definición de tortura al Código Penal ni tampoco ha cumplido con los estándares establecidos en la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975, la cual señala

conforme avanza el movimiento social, también avanza la política represiva y de impunidad a los agentes del Estado que ejecutan acciones de represión cada vez más cruentas contra los luchadores sociales

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perpetradores; estamos aún lejos de la existencia de medidas de reparación al daño causado contra un

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textualmente en su artículo 1°: “A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras...”.

Más lejos aún estamos de las medidas de no repetición, es decir, del fomento y de promoción por parte del Estado de Chile de una cultura de respeto

estamos aún lejos de la existencia de medidas de reparación al daño causado contra un ser humano por parte de un Estado que se organiza y entrena para reducir, anular su dignidad, destruir su personalidad y llevarlo a la negación total como persona

a los derechos humanos, y plena vigencia de los mismos. Aún no se imparte Educación en Derechos Humanos en los planteles educacionales del país, y jamás se ha diseñado una política que permita despinochetizar la sociedad eliminando toda práctica, traza y apología a la violencia de lo que representa una de las más cruentas dictaduras cívicomilitares que azotaron el continente latinoamericano en los años 70. Aún los criminales intelectuales y materiales gozan de impunidad, tienen instituciones y calles con sus nombres, salas, bibliotecas y monumentos en lugares públicos, mantienen títulos de hijos ilustres a lo largo de los municipios del país y son económicamente sustentados con los bienes públicos apropiados y que formaron AÑO 5/ NUMERO 25/ AGOSTO 2016

parte del saqueo a Chile y su pueblo; se les mantienen jubilaciones, pensiones y defensas jurídicas pagadas

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por el Estado de Chile. Hoy, los civiles que apoyaron a la dictadura no han sido sancionados moralmente y algunos de ellos promueven en el Parlamento acciones para liberar a unos ciento ochenta genocidas recluidos actualmente en el penal de Punta Peuco, con la justificación de contribuir así a la paz social, sin dejar en claro, hasta ahora, quién la amenaza. La Corte Suprema, que ya antaño se negó a acoger un recurso de amparo de los miles que pudieron haber salvado la vida de los detenidos desaparecidos, se suma a esta ola de liberar genocidas y nos demuestra que nuestro país no ha ajustado ni sintonizado la normativa interna con la normativa internacional, que declara los crímenes de desaparición forzada de personas, ejecución sumaria de prisioneros y la tortura sistemática y masivamente aplicadas como crímenes de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles, inanmistiables e inindultables. De lograr este cometido, la derecha, el Parlamento, el poder judicial y el silencio de La Moneda condenan a nuestro pueblo a ser un pueblo sin moral pública.

Si el crimen de la tortura deja graves secuelas en quien la padece, la pregunta a realizar es ¿cuánto daño ha dejado este flagelo en el tejido social de nuestro país? Si estamos expuestos a altos grados de violencia, donde la tortura lo pervierte y contamina todo, incluso los afectos, y rompe con los valores de la solidaridad, la empatía y la confianza en el otro, ¿cuánto de ello nos pesa en nuestras luchas de hoy?

Las consecuencias que se viven hoy en el tejido social son tantas y tan profundas que no hemos logrado cristalizar un movimiento amplio, unitario y masivo que sustente las demandas y permita la ruptura con un sistema que nos ha negado la soberanía y la autodeterminación como pueblo; un sistema que nos impide el ejercicio soberano de manifestarnos y coarta la libertad de movimiento, la cual se mantiene sujeta a controles de identidad y a la amenaza de la detención por sospecha, que nos retrotrae a los traumas sociales heredados de la dictadura cívicomilitar.

Luchar contra la tortura hoy nos exige ser conscientes de los efectos de este flagelo a los que no somos ajenos; la unidad se hace necesaria, pero se construye y será posible únicamente cuando logremos romper con la secuela de la desconfianza que nos caló profundo como pueblo.

Necesitamos luchar unidos contra la tortura para que lo que vive de sus efectos en cada uno de nosotros

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retroceda y nos abramos paso a construir un Chile ajeno al Estado policial de hoy, sin tortura, digno y justo.

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Memorias antagonistas en “Londres 38” y estado de excepción. Notas para la discusión

Dentro de los temas que se han discutido y las propuestas que se han elaborado en la comisión, se encuentran estas notas sobre la relación entre la noción de estado de excepción y la producción de memorias antagónicas y contrahegémonicas, como antecedentes necesarios para posicionar una reflexión actual sobre el ejercicio de recordar. De estas discusiones llevadas a cabo el 2012, surge este texto elaborado por Miguel Urrutia, en el marco de la investigación “Los retornos del poder popular: El MIR y el Cordón Cerrillos Maipú (1972-1973)”.

Miguel Urrutia F. Doctor en Sociología y académico de la Universidad de Chile. (a) ¿Por qué la idea de W. Benjamin sobre el estado de excepción, como regla, es relevante para la memoria y las luchas sociales?

Observando tanto organizaciones chilenas avocadas a temas de memoria y Derechos Humanos, como algunos rasgos de las culturas de izquierda contemporáneas, puede reconocerse cierta angustia por expresar, del modo más enfático posible, que “el fascismo es actual”. Llevada esta idea a la crítica de la transición democrática en Chile, pueden advertirse sanciones del tipo: “aún vivimos en dictadura”. Esta idea puede funcionar como un signo de reconocimiento para quienes observamos en la radicalidad política de izquierda la única alternativa

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Como parte de las áreas de trabajo permanentes de Londres 38, espacio de memorias, se encuentra la línea de investigación, que, a través de una comisión integrada por miembros de la mesa de Londres 38 e investigadores asociados al proyecto, busca desarrollar investigaciones en distintas disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales.

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frente a la barbarie del capitalismo, pero, por sí misma, tal idea no ha sido un factor de crecimiento para la mencionada posición política. Si la radicalidad de izquierda, entendida como algo distinto a los meros comportamientos colectivos exaltados de carácter jacobino y fariseo, ha crecido en los últimos años, se ha debido más bien a los movimientos sociales, cuyo techo ha sido, precisamente, el de no lograr converger en una alternativa política.

Por otra parte, en sectores relativamente despolitizados del pueblo, operan enunciados que conservan cierto paralelismo con la noción de actualidad del fascismo y/o de la dictadura. Por ejemplo, mucha gente en Chile está de acuerdo con que “la alegría no llegó”. El gran problema es que esto también puede vincularse con ciertas expresiones más bien resignadas, como aquella que indica que la gente humilde siempre ha tenido que deslomarse trabajando, sin importar cual sea el gobierno de turno, es decir, sin excepción histórica reconocida.

Es por lo anterior que consideramos de interés realizar algunos señalamientos teóricos sobre el concepto de “excepción” en política. Consideramos particularmente relevante la inflexión realizada por Walter Benjamin en confrontación a los planteamientos de su compatriota nazi, Karl Schmitt. (b) Para contextualizar la afirmación de Benjamin en el origen de las luchas antifascistas.

Walter Benjamin fue un alemán judío, miembro tan peculiar de la llamada Escuela de Fráncfort que, a diferencia de muchos de sus colegas, no consiguió atravesar el Atlántico en su huida del nazismo. En 1941 optó por suicidarse, luego de ser detenido por los nazis en la frontera hispano-francesa (no se descarta que haya sido ejecutado, pues sus restos están desaparecidos). En 1940, Benjamin escribió lo que hoy se conoce como Tesis sobre la historia. En la octava de ellas indicó: “La tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de

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excepción’ en el que vivimos es, en verdad, la regla”.

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Al contrario del actual dilema en la izquierda radical chilena (que considera la continuidad de la dictadura en la democracia), Benjamin intentaba mostrar que el nazismo, padecido en su propia carne, no era una excepción histórica. Por terrible que el nazismo haya parecido, para Benjamin no debía ser considerado una simple anomalía o desviación en la historia de occidente y de su modernidad capitalista. El nazismo era una emanación coherente del capitalismo y no desparecería sin que este también lo hiciera. (c) La afirmación de Benjamin en el debate de las teorías democráticas críticas del liberalismo.

Parte de la obra de Benjamin es un debate ponderado con el jurista nazi católico Carl Schmitt (1888-1985), salvado de los juicios de Núremberg solo por haber perdido el favor del Tercer Reich antes de iniciarse la Segunda Guerra. Schmitt es el teórico

en sectores relativamente despolitizados del pueblo, operan enunciados que conservan cierto paralelismo con la noción de actualidad del fascismo y/o de la dictadura

político que realiza la crítica acaso más brillante

Según Schmitt, el imperialismo capitalista despolitiza a las sociedades para conquistarlas

del imperialismo capitalista, cuyo origen ubica en la propia Revolución francesa. Según Schmitt, el imperialismo capitalista despolitiza a las sociedades para conquistarlas; a través del liberalismo, les propone una falsa noción de la política como pura coordinación de intereses, mientras que la verdadera política se vincula irreductiblemente con la teología y lo sagrado (lo sacrificable) que permite reconocer el antagonismo entre amigos y

enemigos. Para Schmitt, los partisanos o guerrilleros serían las grandes figuras de la política auténtica (la del sacrificio teológico), con el único problema de que, en el siglo XX, los partisanos habrían olvidado sus orígenes teológicos, introyectando su sacrificio en proyectos socialistas. Dichos orígenes se ubicarían, según Schmitt, en la resistencia unitaria del pueblo español ante el invasor Ejército Patriótico Revolucionario de Napoleón (de esa estrategia resistente proviene el término partisano).

La otra gran mentira del liberalismo, según Schmitt, sería la democracia. Como jurista se esforzó brillantemente en demostrar que la soberanía solo puede ser popular si se considera al pueblo como una unidad, que finalmente recae en algún hombre que actúa para defender y/o refundar el derecho. Mientras el derecho impera, no se requiere de soberano, pues las decisiones son tomadas con arreglo a ese derecho vigente. No obstante, cuando el derecho es amenazado por algún enemigo de la unidad del pueblo (por ejemplo al reconcer la lucha de clases), entonces un solo hombre puede decidir la suspensión total o parcial del derecho vigente por algún tiempo, ya sea para defenderlo de aquel enemigo o para refundarlo de acuerdo a su interpretación de la derecho constitucional. Pero el autor reconoce el límite de toda carta constitucional para prever el auténtico estado de excepción.

Las ideas de Schmitt son seductoras para izquierdistas desprevenidos, incluso hay quienes las suscriben hoy para resolver el cuello de botella representado por la constitución de 1980. Uno de los mentores de dicha constitución, Jaime Guzmán, fue un seguidor de Schmitt, si no directamente, a lo menos mediante su influencia en el falangismo franquista.

La octava tesis sobre la historia de Benjamin propone un antídoto radical contra esta desprevención. Benjamin desnuda tanto a Schmitt como a su supuesto enemigo liberal, pues sostiene que el derecho siempre se está violando a sí mismo a través de una violencia que no puede reconocer, pero sin la cual las leyes no pueden aplicarse. No es entonces una idea exagerada la de sostener que la violación del derecho es su regla fundamental, y que es el propio derecho, en su pretensión de fundar y hacer posible el vínculo social, el que la ejecuta (solo en ese sentido abstracto y general, incompleto desde el punto de vista de la práctica política socialista, puede entenderse la permanente actualidad del fascismo).

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amenaza acaecida. Este instante es el que Schmitt identifica con el “estado de excepción” como pieza clave del

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A diferencia de Schmitt, Benjamin no hipostasia la democracia en el populismo de la identificación totalitaria con un líder, sino que devela la condición de radicalidad de la democracia (algo a su vez distinto a los proyectos posmarxistas de democracia radical). Efectivamente, según Benjamin, aún no hemos conocido a la democracia más que en la forma de asedios permanentes de las clases explotadas al poder de los explotadores (en un sentido irreductible a cualquier economicismo, y que no podemos desarrollar en estas sencillas notas). Pero esto es así porque el derecho ha estado en manos de clases defensoras del individualismo, y

el derecho ha estado en manos de clases defensoras del individualismo, y no en manos del pueblo, que solo puede constituirse como tal dejando atrás al individuo y conformando la política como un asunto de singularidades en común

no en manos del pueblo, que solo puede constituirse como tal dejando atrás al individuo y conformando la política como un asunto de singularidades en común, es decir, desde la comunidad material y su historicidad, sin las determinaciones que componen a las y los que cooperan para producir toda la riqueza que conocemos: las trabajadoras y trabajadores. (d) Algunos puentes con la “memoria antagonista” que distingue a Londres 38 de otras organizaciones de memoria y Derechos Humanos.

Como exponíamos al inicio, la idea de la actualidad de la dictadura y/o del fascismo, conlleva el riego de

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derivar en ideas o enunciados como: “siempre ha existido el abuso” y “desde que el mundo es mundo hay ricos

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y pobres; los ricos mandan y la pasan bien, mientras los pobres ‘se sacrifican’ trabajando para que sus hijos no tengan que sufrir tanto”. Y, sin embargo, esto no significa que las personas comulguen con el trasfondo de nuestra idea radical de que el fascismo es actual. Tampoco es que la idea sea de tal complejidad que el pueblo se encuentre imposibilitado de comprenderla (alienado). Simplemente es algo que, por sus connotaciones altamente victimizadas, no termina de hacerle sentido, pues redunda, con una fórmula abstracta, en algo que para el pueblo constituye una experiencia de hecho. Lo que el pueblo sí reconoce desde tal experiencia, son los efectos fascistas del estado de excepción históricamente concreto que propugna Schmitt, es decir, aquellos momentos de la historia en que ni siquiera deslomándose consiguió alejar el sufrimiento para sus hijos. Así, aunque desde mucho antes de la dictadura el pueblo chileno sabía que las posibilidades individuales de escapar a la represión aumentaban enormemente alejándose de toda movilización colectiva, una parte considerable de ese pueblo se batió heroicamente contra la dictadura. Esto solo puede explicarse por ese aprendizaje negativo de la excepción fascista que el pueblo ha tenido.

El desafío que intenta asumir Londres 38 consiste en contribuir a politizar ese aprendizaje, ampliando las memorias antagonistas al ámbito de la afirmación (sin por ello llamar al olvido de la victimación efectiva a la que han sido sometidos los cuerpos de diversas generaciones de luchadoras y luchadores sociales). Pero

no se trata de la afirmación de una comunidad cerrada, propietaria y resguardadora de una identidad ya determinada (como ocurre cuando el concepto de clase obrera es elevado a la condición de “comunidad de los trabajadores”, o con ciertas condiciones subalternas que conducen a fenómenos como el pachamamismo, con sus inscripciones más académicas que políticas), sino una comunidad de las singularidades multiplicadas a través de su encuentro mundano, es decir, sin la condición de un re-conocimiento jurídico (no obstante este pueda sobrevenir al encuentro). Estas memorias no se reducen a la distinción amigo-enemigo como quisiera Schmitt, sino que habitan directamente esa “tradición de los oprimidos” de la que habla la octava tesis de Benjamin y que remite a los asedios al sistema de explotación por parte de las explotadas y explotados.

Allí se resume la memoria –claramente contrahegemónica– de un sector transgeneracional de la actual izquierda chilena. Es la memoria de una íntima relación entre estado de derecho (pre o posdictatorial) y dictadura (relación indecible en la lengua politológica). Memoria negada violentamente por otra memoria hegemónica que supone a la primera solo como el eco de una polarización política irracional proveniente, sobre todo, del periodo 1970-1973 (considérese hoy que, aunque dicha polarización hubiese sido efectivamente irracional, bien cabe comparar dicha irracionalidad con la actual sensatez política que une a las centro-izquierdas y las centro-derechas bajo la gran comunidad de la corrupción). Por cierto, se pueden observar algunas formas voluntaristas de afirmar la octava tesis de Benjamin (bajo la fórmula de la actualidad del fascismo), expresadas en memorias que afirman literalmente una profunda identidad entre dictadura y democracia neoliberales.

Sin embargo, por debajo de esa literalidad, las memorias antagonistas postulan lúcidamente que para que el pueblo chileno haya llegado a aceptar como democracia el actual régimen político, fue imprescindible la dictadura. Del mismo modo, para posibilitar dicha dictadura, fue imprescindible que el régimen político anterior se presentara como TODA la democracia posible de construir por el pueblo chileno.

como regla de doble articulación: fascismo explotador y mancomunidad libertaria, enfrentándose solo en la medida en que los oprimidos se articulan políticamente. El antagonismo de estas memorias no se reduce al partisanismo sacrificial o victimizado, que efectivamente ocasiona en parte de ellas su confrontación con el régimen de memorialización hegemónico (ese que exige la abjuración de las luchas sociales políticamente radicalizadas), sino que se manifiesta principalmente en el recuerdo de comunidades que han intentado construir política desde sí mismas, o dicho en la lengua de su historicidad radical, crear Poder Popular.

Febrero, 2012

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En síntesis, las memorias prioritariamente puestas en circulación por Londres 38 postulan el estado de excepción

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Cárcel y vulneración de derechos humanos Las cárceles son espacios invisibles de control social donde la violencia y la impunidad forman parte de la cotidianeidad.

Visibilizar y denunciar esta grave vulneración de derechos es uno de los objetivos de ONG Leasur. Tenemos la obligación de avanzar hacia un horizonte de mayor igualdad y justicia social, donde las personas privadas de libertad también sean reconocidas como sujetos de derecho.

ONG Leasur es una organización comprometida con los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que busca detectar y denunciar los patrones de abuso sistemático que se producen (y reproducen) en las cárceles de nuestro país. Queremos llamar la atención acerca de los diversos problemas, vacíos legislativos y deficiencias institucionales que existen en el ámbito penitenciario nacional, para contribuir a la generación de cambios estructurales que los modifiquen, tanto en términos normativos como políticos, sociales y culturales, bajo la convicción de que visibilizar los problemas es el primer paso para erradicarlos.

A pesar de que la tasa de delitos en Chile es una de las más bajas de América Latina, tenemos una de las mayores tasas de prisionización de la región. Las cárceles son un reflejo de la sociedad en que vivimos. Al examinar el perfil socioeconómico de la población penal, es posible corroborar que las personas privadas de libertad pertenecen, en su mayoría, a los sectores más precarizados de la población.

Chile es uno de los países más desiguales del continente y de la OCDE, y la desigualdad requiere que el control social de las personas excluidas por el neoliberalismo se mantenga por medio de normas represivas. La agenda corta antidelincuencia es una muestra de ello: mayor criminalización de la pobreza y una importante

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Alicia Alonso Merino Directora de Leasur. Abogada por la Universidad de Salamanca (España) y experta en derechos humanos y género. Desde el año 2005 realiza acompañamiento socio-jurídico a personas privadas de libertad. www.leasur.cl / facebook: leasur.ong

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reducción de derechos y libertades. De acuerdo con

A pesar de que la tasa de delitos en Chile es una de las más bajas de América Latina, tenemos una de las mayores tasas de prisionización de la región

esta lógica, los problemas sociales (que el propio sistema capitalista crea) se solucionan con cárcel y represión, en lo que viene a llamarse «populismo punitivo». La inseguridad acaba siendo un negocio... no sólo económico, sino también político.

No está de más recordar que las personas que cumplen una condena en prisión están privadas de su derecho a la libertad ambulatoria, pero no del resto de sus derechos, que deben permanecer

intactos. Sin embargo, las cárceles son espacios esencialmente violentos: violencia estructural, violencia de los gendarmes y violencia como forma de relación entre los mismos reclusos. El hacinamiento y las precarias condiciones de infraestructura que se aprecian en las unidades penales no hacen sino exacerbar y reproducir esta realidad.

En su trabajo cotidiano, los equipos territoriales1 de ONG Leasur han podido constatar que muchas personas privadas de libertad señalan haber sufrido apremios ilegítimos, malos tratos y tortura con secuelas físicas que no son recogidas en los informes médicos. Además de la naturalización de la violencia que existe en la cultura carcelaria, la mayoría de estos hechos no se denuncia por temor a que Gendarmería tome represalias.

Esto se debe a que no existe un mecanismo de protección efectivo (ni judicial ni administrativo) ni una institucionalidad coherente que regule la ejecución de la pena. En nuestro país no hay jueces especializados ni una ley de ejecución penal, y el Estado chileno no ha cumplido con la obligación que contrajo en 2008: crear o AÑO 5/ NUMERO 25/ AGOSTO 2016

designar un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en diálogo con la sociedad civil.

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Además de los abusos de que son objeto, las personas presas que atienden nuestros equipos se refieren a situaciones cotidianas de corrupción e irregularidades en los recintos penales. Entre otras, que deben «pagar» para acceder a derechos reconocidos por los tratados internacionales y la normativa chilena, como el acceso a talleres, recibir visitas sin acreditar relación de afinidad y tener acceso a un celular cuando la unidad penal no

no existe un mecanismo de protección efectivo (ni judicial ni administrativo) ni una institucionalidad coherente que regule la ejecución de la pena

cuenta con teléfonos públicos. Según el relato de los presos, estos pagos son canalizados a través de otros

(1) En la actualidad tenemos equipos territoriales de asesoramiento y defensa jurídica gratuita en el CCP Colina II, CDP Santiago Sur (Ex penitenciaría), Unidad Especial de Alta Seguridad (UEAS), CDP Puente Alto y en CPF Santiago (Centro Penitenciario Femenino).

reclusos o de funcionarios de Gendarmería, quienes además incurren o propician el tráfico de drogas, la venta y consumo de alcohol y la circulación de celulares que luego requisan en los allanamientos.

También existen irregularidades en la aplicación de las sanciones. Los reclusos señalan que, para evitar una mala calificación en la conducta y la consiguiente dificultad para acceder a beneficios

la desigualdad requiere que el control social de las personas excluidas por el neoliberalismo se mantenga por medio de normas represivas

intrapenitenciarios, los presos se someten al «pago al contado», práctica que consiste en recibir una golpiza por parte de la autoridad a cambio de que no quede registro de la sanción en la hoja de vida. Esta práctica, que se enseña habitualmente en las escuelas de Gendarmería, se ha extendido a los recintos penales, transformándose en un hábito frecuente y silenciado.

La mayoría de las personas privadas de libertad que han sido entrevistadas por nuestros equipos señalan que se han sometido a esta forma irregular de cumplimiento de las sanciones en más de una oportunidad.

Respecto a las mujeres privadas de libertad, a pesar de que presentan menores niveles de agresividad y violencia, viven bajo el régimen penitenciario establecido para los hombres, que no tiene en cuenta su idiosincrasia, necesidades y circunstancias particulares. Si las áreas de intervención social fueran determinadas por el nivel de punitividad, lo más probable es que las mujeres serían menos castigadas que los varones, pero sucede todo lo contrario: se castiga con más dureza la desviación de la norma de las mujeres.

penitenciaria, ni procedimientos judiciales dirigidos específicamente a cautelar los derechos de las personas privadas de libertad hace que la mayoría de estas irregularidades se mantengan en la impunidad.

Atendiendo a todo lo anterior, resulta evidente que estamos todavía muy lejos de alcanzar los estándares democráticos internacionales en cuanto a la custodia que se da al interior de las prisiones. Muchas son las tareas pendientes para que Chile sea capaz de proveer las garantías sociales y democráticas que requiere el ámbito penitenciario. Ante la ausencia de voluntad política para realizar estos cambios, la sociedad civil tiene la obligación de seguir denunciando los abusos y reivindicando los derechos, para avanzar hacia un horizonte de mayor igualdad y justicia social, donde las personas privadas de libertad también sean reconocidas como sujetos de derecho.

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El hecho de que no exista una ley de ejecución penal, ni jueces o fiscales especializados en ejecución

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El Wallmapu en estado de excepción El presente artículo plantea el estado de excepción en el Wallmapu, que priva de derechos y garantías constitucionales al pueblo mapuche, legitimando el despojo realizado por las empresas forestales e hidroeléctricas en dicha región, mediante la militarización de este territorio, la persecución política de los principales dirigentes mapuche autonomistas y medidas legislativas como la Ley Antiterrorista.

Javier Pineda Olcay Egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Ayudante ad honorem de la Cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y miembro del Área de Derechos Humanos de la Corporación 4 de Agosto.

La discusión sobre el estado de excepción se ha situado en el límite entre la política y el derecho. Las medidas excepcionales se encuentran en la paradójica situación de ser medidas jurídicas que no pueden ser no puede tener forma legal (Agamben, 2004)1.

El estado de excepción se ha transformado en la respuesta inmediata del poder estatal a los conflictos internos más extremos, incluso siendo llamado “guerra civil legal”. El estado de excepción, a diferencia del estado de guerra, no es un derecho especial, sino una suspensión del propio orden jurídico para mantener su vigencia.

La noción del estado de excepción se remonta a las dictaduras romanas, sin embargo, su concepción moderna la encontramos en la tradición democrático-revolucionaria de la Revolución francesa. Los poderes gubernamentales, y en especial el poder ejecutivo, adquirían “plenos poderes” para mantener la vigencia del derecho. En el estado de excepción se puede apreciar la diferencia entre estado y derecho: el estado continúa existiendo, mientras que el derecho pasa a un segundo término (Schmitt, 2013)2.

(1) Agamben, G. (2004). Estado de Excepción: Homo Sacer II. Pretextos, Valencia.

(2) Schmitt, C. (2013). La dictadura. Alianza, Madrid.

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comprendidas en el plano del derecho: el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que

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Un ejemplo claro de estado de excepción es el estado nazi, en el cual Hitler, en febrero de 1933, proclama el Decreto para la protección del pueblo y del estado, mediante el cual suspende los artículos de la Constitución de Weimar concernientes a las libertades personales. Esto no sería exclusivo de Alemania, sino que en la mayoría de los países europeos se entregarían “plenos poderes” a los gobernantes, lo cual se traduciría en un gobierno más fuerte y ciudadanos con menos derechos. Como sostenía Walter Benjamin (1942): “el estado de excepción […] ha devenido la regla”.

Y este estado de excepción permanente no solo sería cuestión de los totalitarismos del siglo XX. El narcotráfico y el terrorismo han desatado lo que se ha llamado como “guerra civil mundial”, lo cual ha provocado que los estados autoproclamados como regímenes democráticos adopten el estado de excepción como paradigma de gobierno dominante en la política contemporánea. El enemigo es un ser espectral, sin centro visible, que amenaza continuamente. En esta situación se encuentra Estados Unidos, que, después del atentado de 2001, aprobó la Patriot Act y la military order de G. Bush, que establece detenciones indefinidas (indefinite detention) y comisiones militares ad hoc. Los musulmanes sospechosos se transformaron en seres jurídicamente inclasificables: no son procesados bajo las convenciones de Ginebra (aplicadas en caso de guerra) ni por los delitos norteamericanos; simplemente son “detenidos”. Otro ejemplo es Francia, que se encuentra en estado de excepción desde los atentados de noviembre de 2015.

Chile no ha escapado a la política anterior. La constitución de 1980 de Pinochet, legitimada por Patricio Aylwin y posteriormente por Ricardo Lagos, reguló constitucionalmente cuatro estados de excepción: el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe. Estos estados contemplan medidas suspensivas o restrictivas del ejercicio de determinados derechos o garantías constitucionales, siendo

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un intento de contener jurídicamente una cuestión que era pura facticidad.

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La derecha en los últimos meses ha solicitado que se aplique el estado de sitio en el Wallmapu; para esto, la constitución exige como requisitos una grave conmoción interna y la aprobación del Congreso Nacional. Sin embargo, los gobiernos de turno no han requerido de la declaración de un estado de excepción constitucional para violar garantías y derechos fundamentales del pueblo mapuche.

El mapuche, desde la intensificación de sus demandas de autonomía, sobre todo de aquellas que reivindican la Nación Mapuche, es visto como un enemigo interno que amenaza la “seguridad de la nación” con su propuesta autonomista. Para garantizar al estado de Chile y su estado de derecho, se deben suspender los derechos del “enemigo”. Las promesas de derechos civiles y políticos se transforman en una ilusión para el mapuche.

Dirigentes de la principal organización autonomista (Coordinadora Arauco-Malleco) son encarcelados mediante montajes, las comunidades son allanadas violentamente, mapuches son detenidos en las calles arbitrariamente. Incluso, en los últimos meses se ha visto el auge de grupos paramilitares aparentemente respaldados por las fuerzas policiales (o conformados por las mismas), que han realizado secuestros y torturas de longkos mapuche, como fue el caso de Víctor Queipul.

Además, el derecho de propiedad no opera para

los gobiernos de turno no han requerido de la declaración de un estado de excepción constitucional para violar garantías y derechos fundamentales del pueblo mapuche

los mapuche. El estado ha legitimado el robo de tierras por latifundistas y forestales en los años de la dictadura militar e incluso durante las décadas siguientes. Permite que se construyan hidroeléctricas sin contar con los permisos pertinentes y, en materia forestal, mediante el Decreto 701, subsidia a las grandes empresas forestales que devastan el territorio y que han despojado a los mapuche de sus tierras. El Convenio 169 de la OIT se ha vuelto letra muerta y el derecho a una consulta previa, libre e informada es prácticamente inexistente. Por otro lado, el Wallmapu se encuentra completamente

militarizado y los gastos en seguridad aumentan cada año exponencialmente. El conflicto político es negado por el gobierno y la guerra de baja intensidad se ha transformado en la táctica de desarticulación del mapuche organizado.

Pero el estado de excepción no se traduce solo en una cuestión de facto. También ha sido juridificado mediante una legislación que le es propia y que resulta contraria a los tratados internacionales ratificados por Chile e incluso a la constitución de 1980. El ejemplo paradigmático es la Ley Antiterrorista promulgada en 1984 por el dictador. En los momentos de su implementación sería utilizada para perseguir a militantes de izquierda y críticos de la dictadura, mientras que en los gobiernos posdictatoriales se invocaría contra el nuevo enemigo interno: el mapuche. Las víctimas de esta ley, que infringe las normas del debido proceso al admitir testigos sin de esta ley como mecanismo de persecución política sería reconocida incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia Norín Catrimán y Otros vs. Chile (conocida como el “Caso Loncos”).

No obstante este fallo y las promesas de campaña, el segundo gobierno de Bachelet invocaría nuevamente esta ley, a pesar de las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

Los instrumentos jurídicos de la dictadura son utilizados por los “demócratas” de la Nueva Mayoría, otrora Concertación.

El Wallmapu no se encuentra sumido en el caos. Es un estado de excepción donde se priva al mapuche de sus derechos y garantías constitucionales, rompiendo con el estado democrático de derecho, con el fin de resguardar los verdaderos intereses del estado chileno: la protección del capital de empresarios forestales y de hidroeléctricas que obtienen sus riquezas mediante el despojo de un pueblo.

Frente al saqueo y a la negación de su propia existencia, el pueblo mapuche tiene el derecho a la revolución y a su autonomía política.

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rostro, serían los líderes y autoridades ancestrales de las comunidades mapuche más combativas. La aplicación

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La criminalización de la protesta como medida represiva para encarcelar a los y las estudiantes El terrorismo de estado persigue, encarcela, tortura y asesina al sector organizado y movilizado de la población, lo que genera que hoy tengamos compañeros y compañeras que llevan años bajo prisión preventiva por crímenes que no cometieron, siendo víctimas de montajes y de la intransigencia por parte de la fiscalía, que se niega a admitir que sin pruebas concretas no pueden seguir privándolos de libertad.

Nos convertimos en actores sociales y organizados desde que participamos en nuestra primera toma, nuestra primera asamblea; desde que asumimos responsabilidades políticas o simplemente cuando frente a la indignación comenzamos a hacer cosas, a salir a la calle. Este proceso conlleva un sinfín de luchas, reuniones, espacios, manifestaciones, conocimientos, aprendizajes, etc. Pero también arrastra la amenaza de la represión y persecución que empieza desde aquel primer momento.

En Somos Izquierda Revolucionaria, nos constituimos como un espacio amplio de izquierda de acción e iniciativa universitaria, apostando por la organización estudiantil y su fortalecimiento. Esta organización nace a comienzos del 2012 en la Usach, siempre en el marco de la coyuntura estudiantil y universitaria, y con el paso del tiempo hemos logrado posicionarnos en la Universidad de Chile, la UMCE, la UTEM y la UDEC. Sin embargo, nos caracterizamos por trabajar en diferentes ámbitos enmarcados en la lucha popular, y dentro de ello nos tocó enfrentar una problemática en particular: la criminalización de la protesta y los montajes.

El 2 de julio del año 2015, cuando nos dedicábamos a desarrollar el trabajo que significa el estar a la cabeza de la Federación de Estudiantes de la Usach, nos enteramos de que un compañero de la universidad, de la carrera

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Natalia Gutiérrez San Martín Estudiante de la Universidad de Santiago de Chile y militante del Somos Izquierda Revolucionaria.

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Tecnólogo en Diseño Industrial, Felipe Román,

Desde que los cinco estudiantes del caso PDI fueron formalizados, la noticia no ha salido en ningún medio de comunicación que no pertenezca a redes independientes

había sido detenido en el marco de la investigación por el ataque incendiario al cuartel de Brigadas de Homicidios de la PDI, ubicado en la intersección de las calles Condell y Obispo Salas, que ocurrió en noviembre del 2014. Junto con el de Felipe, conocimos el nombre de todos quienes sufrieron el allanamiento de sus casas y la brutalidad con la que fueron detenidos: María Paz Vera, Natalia Alvarado, Manuel Espinoza y Víctor Amaru Zúñiga; cinco estudiantes –de la Usach, UAHC y Arcis– acusados injustamente por un crimen que no cometieron y formalizados por “porte de artefacto incendiario” e “incendio en lugar habitado”.

El pasado 2 de julio se cumplió un año desde que dichos compañeros están en prisión preventiva, y con el paso del tiempo se ha hecho evidente que este es uno de los tantos casos de montajes orientados a la criminalización de la protesta, en donde el estado usa todas sus herramientas: persecuciones ideológicas, montajes policiales (que terminan cayéndose solos), torturas, asesinatos y amedrentamientos. Durante este año, a falta de pruebas concretas para llevar a cabo el juicio oral, la única estrategia de la fiscalía ha sido aplazar la etapa de investigación, audiencia tras audiencia. Ya lo dijo Felipe en una declaración que escribió tras varios días privado de libertad: “Las únicas evidencias levantadas al momento de allanar mi casa no son más que mis gustos musicales e ideales libertarios. En la carpeta se redacta la incautación de ‘abundante AÑO 5/ NUMERO 25/ AGOSTO 2016

literatura’ (principalmente política, novelas e historia) y ‘prendas de vestir que aluden al punk’, así como afiches,

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entradas a conciertos, además de parches y chapitas. Adicionalmente se encuentra un circuito eléctrico el cual es considerado como un detonador de bombas, siendo verdaderamente una herramienta de fabricación artesanal para cortar ‘plumavit’ y confeccionar maquetas para las cátedras universitarias. A esto también se le vinculan las supuestas esquirlas encontradas, objetos que tan solo guardaba al ser rodamientos de repuestos de moto y bicicleta”.

Durante este proceso de investigación y encarcelamiento, hemos trabajado en conjunto con las familias de los compañeros y compañeras, creando coordinadoras, reuniones y actividades para financiar los peritajes. Así, al calor de estas actividades se fue develando la problemática de fondo: el terrorismo de estado que ocasiona el sin número de presos políticos, estudiantes, trabajadores, mapuches que son perseguidos, encarcelados y torturados solo con el fin de amedrentar y dañar la lucha. En dichas instancias participaban también familiares y cercanos de estudiantes que estaban presos de antes, como el caso de Germán y Cristóbal de la UTEM, quienes habían sido encarcelados por el mismo caso y torturados con bolsas de plástico en sus cabezas. Además, en conjunto con organizaciones de DDHH, hemos realizado visitas para constatar los casos de torturas dentro de la cárcel, enterándonos así de peleas, castigos y abusos por parte de gendarmería y de la ocultación de información, diciéndonos una vez, por ejemplo, que Fabián Durán (UTEM) había salido en libertad cuando en realidad lo trasladaron a la Cárcel de Alta Seguridad.

Es cierto que quienes más son perseguidos cumplen con un perfil específico, lo que responde a estereotipos y prejuicios sociales en donde se busca culpar principalmente a personas de ideologías anarquistas, vinculadas con la lucha mapuche y la recuperación de territorios o a la izquierda que pelea contra el gobierno y su falsa democracia.

Hoy vivimos bajo un sistema que impone leyes que buscan resguardar la seguridad y el orden público. No obstante, no podemos analizar las legislaciones antiterroristas desde un punto de vista ingenuo, cuando estas son las principales herramientas que buscan justificar violaciones de derechos humanos en el marco de los conflictos sociales, actuando a través de fuerzas policiales, e incluso a través de agentes infiltrados. En este contexto, es esperable que nos sintamos inseguros en nuestro diario vivir; no estamos ajenos a una sociedad en donde una persona puede ser seguida desde la universidad en donde estudia hasta su propia casa, o bien ser fotografiado, intimidado e incluso golpeado sin estar participando de nada que justifique ese nivel de hostigamiento y violencia. Todo esto nos obliga a vivir preocupados por nuestra integridad, estableciendo códigos de seguridad, guardando información, ocultando acciones y procurando que el resto haga lo mismo.

Dado que la vida y la integridad física son derechos, entonces nos preguntamos: ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cuidarnos de quienes deberían cuidarnos a nosotros? Finalmente, al cuestionarnos este tipo de cosas entendemos que el terrorismo de estado extermina nuestra libertad. Sin embargo, es más sencillo hablar desde afuera –a pesar de que todos quienes nos organizamos podemos ser detenidos si las fuerzas policiales pueden cargar artefactos incendiarios en nuestras mochilas después de una marcha– mientras son ellos quienes están encarcelados sin poder comunicarse, lejos de sus familias, sin poder luchar.

No se queda atrás el rol que juegan los medios masivos de comunicación, la prensa burguesa, que también se encarga de criminalizar ciertas demandas sociales, desde reivindicaciones territoriales hasta fueron formalizados, la noticia no ha salido en ningún medio de comunicación que no pertenezca a redes independientes. La difusión sobre estos casos la hacemos nosotros mismos, sus familias, sus compañeros. De hecho, es normal que se hagan visibles solo cuando son casos cercanos, porque incluso en el sector organizado y movilizado falta información y el tema de la criminalización y la persecución carece de prioridad.

Es por ello que desde la vereda estudiantil se debe recalcar y poner como uno de los objetivos principales la defensa y justicia hacia las y los que dan sus vidas por una nueva educación, por cambios sociales, por una nueva sociedad. Es necesario generar protocolos de autodefensa y política para cuando agredan a compañeras y compañeros, y hasta los culpen o carguen injustificadamente, pues son elementos primordiales para avanzar en un movimiento estudiantil y popular con poder efectivo, sin victimizarse, sino haciéndose fuerte en la lucha, protegiendo a cada uno de l@s nuestr@s.

Referencia (1) Comunicado de Felipe Román Toledo, acusado del ataque incendiario contra la brigada de la PDI (2015), Publicación Refractario.

2) Eugenio Raúl Zaffaroni, El antiterrorismo y los mecanismos de desplazamiento, Universidad de Buenos Aires.

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demandas sectoriales que levanta la izquierda revolucionaria. Desde que los cinco estudiantes del caso PDI

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Apuntes sobre una ciudadanía antipopular Para reflexionar sobre la seguridad y el orden público, o más bien, sobre la coacción física mediante la acción organizada del estado, se requiere de una interpretación sobre el poder y la dominación, lo que necesariamente conduce al problema de la legitimidad.

Esta forma de abordar el problema exige despejar algunos mitos que oscurecen la comprensión del uso de la fuerza para reprimir las múltiples acciones de protesta que –como sugiere esta edición de Rufián Revista– han ido creciendo en frecuencia e intensidad en años recientes.

Lumazo, pan y circo Debido a la exuberancia de la represión policial y a las consecuencias de sus excesos, nuestra atención generalmente se enfoca en las manifestaciones más espectaculares del uso de la fuerza pública. Este uso de fuerza se refiere al funcionamiento de las instituciones de “represión física socialmente organizada”, como el ejército, la policía, el sistema penitenciario, etcétera, y –como advirtiera Poulantzas– constituye una característica de toda relación de poder en el marco del estado capitalista moderno. Desde esta perspectiva, el “momento de la fuerza y la coacción” se complementa con el “momento del consentimiento” para asegurar la reproducción de las relaciones de dominación entre clases dominantes y subalternas. Esto quiere decir que el análisis de la represión física no puede descuidar el momento en que se asegura su legitimidad; no puede perder de vista el problema del poder. La imagen de un policía lanzando bombas lacrimógenas hacia una manifestación o golpeando a menores de edad en la vía pública es tan relevante como esa escena cotidiana en que el vecino aprieta los dientes y declara que “ya está bueno ya”, que “se subieron por el chorro”, que “hay que poner orden”.

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Benjamín Sáez Sociólogo de la Universidad de Chile e investigador de Fundación SOL. http://www.fundacionsol.cl/

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el análisis de la represión física no puede descuidar el momento en que se asegura su legitimidad; no puede perder de vista el problema del poder

Lechner aporta una interpretación clarificadora sobre este aspecto al plantear que la realidad social no es una naturaleza muerta, sino una producción social. La realidad se forma por una relación de poder mediante la cual el interés dominante se objetiva en orden. Al incidir sobre la realidad, “el poder genera su propia legitimidad”, de manera que el reconocimiento del orden político es, en parte importante, el reconocimiento de la realidad ordenada por el poder. Al estar respaldadas por este trasfondo fáctico, las relaciones de poder aparecen como un hecho inscrito en “la fuerza de las cosas”. Con ello se quiere plantear que la realidad es una producción social que se construye “a la fuerza” y que, por lo tanto, el poder no es solo coacción física, sino también, y por sobre todo, “el poder de la estructura social”1.

De ahí la utilidad de incorporar al análisis del uso de la fuerza una reflexión sobre la ideología y la hegemonía.

Estos conceptos permiten profundizar sobre los mecanismos cotidianos mediante los cuales se justifica el dominio de la clase dirigente y se logra la complicidad y el consentimiento activo de los gobernados. Desde este punto de vista, el estado no es solamente “un aparato” ni se encuentra circunscrito a la esfera pública2, sino que constituye una serie de mecanismos simbólicos y prácticos (los valores, el gusto, la moda, los prejuicios,

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las opiniones del sentido común, etcétera) que operan como mediación entre dominantes y dominados.

La ideología, desde esta perspectiva, no remite solo a “lo político”, ni corresponde solo a una operación de “ocultamiento” o a un sistema lógico y coherente de principios y valores; la ideología es inobservable desde el punto de vista práctico cotidiano, incide en las orientaciones de acción y, por esta vía, en la coordinación de los agentes, sin que exista una conciencia clara de esta operación. También, como plantea Zizek, la ideología no tiene tanto que ver con lo que “sabemos que no sabemos”, sino más bien “con lo que no sabemos que sabemos”3. Opera, desde este punto de vista, como una disposición incorporada que se traduce en acción de forma espontánea y natural4. Desde esta perspectiva, el tapaboca de Karen Doggenweiler, esa acción automática y compulsiva, tiene tanto que ver con el orden y el poder, como los excesos de la represión policial.

38 (1) Ver: Lechner, N. (2006). “Poder y orden. La estrategia de la minoría consistente”, Norbert Lechner: Obras escogidas, LOM, Santiago.

(2) Como plantea Gramsci, la hegemonía opera en una compleja trama de relaciones entre estado y sociedad civil, involucrando una red de instituciones privadas que reproducen de manera extensiva la hegemonía del bloque histórico.

(3) Ver: Zizek, S. (2011). Primero como tragedia, después como farsa, AKAL, Madrid.

(4) La noción de habitus de Bourdieu resulta útil para estudiar estos mecanismos prácticos de orientación de la acción, contra el paradigma de la acción racional como sentido mentado.

Ciudadanía antipopular

el reconocimiento del orden político es, en parte importante, el reconocimiento de la realidad ordenada por el poder

Una de las consecuencias importantes de la transición chilena es la mantención de la vocación antipopular del estado autoritario. Ante la oleada de dictaduras que cubrió América Latina en la segunda mitad del siglo XX, Guillermo O’Donnell5 acuñó el concepto de “estado burocrático-autoritario” para diferenciar estos casos de otras experiencias dictatoriales, como el fascismo. A diferencia de este último, algunas dictaduras latinoamericanas no propiciaban la participación popular, sino, por el

contrario, apuntaban a la “desmovilización social”. La expresión más clara de esta diferencia es el protagónico papel que jugó el “Frente Alemán del Trabajo” en el nazismo, en comparación con una dictadura chilena que pulverizó la acción sindical mediante el Plan Laboral de 1979. La profunda vocación antipopular de los estados burocrático-autoritarios tiene que ver con su origen, como reacción al proyecto contrahegemónico impulsado durante el siglo XX por la clase obrera y algunos sectores medios y capas del empresariado nacional. Estos sectores proponían nuevas formas de mediación entre dominantes y dominados, en lo que se ha entendido como estado nacional popular.

Por décadas, el carácter antipopular del estado ha mantenido su vigencia. Esto no significa que se manifieste un rechazo abierto a la participación de las personas. Muy por el contrario, parte importante del carácter antipopular de la dominación se impone a través de una imagen de la ciudadanía y los espacios de participación. Junto desposesión como el endeudamiento de los hogares, la privatización de derechos sociales, la capitalización de empresas a través de las AFP, etcétera), en estos veinticinco años de democracia se ha ido consolidando un dispositivo hegemónico distinto al de la dictadura, que, no obstante, se mantiene en el marco de un estado antipopular y es impulsado por el nuevo bloque histórico que emerge de la transición. La integración mediante el consumo, la primacía de los principios de interpretación del mundo de la economía ortodoxa (por sobre todo, la centralidad del crecimiento económico sobre

el tapaboca de Karen Doggenweiler, esa acción automática y compulsiva, tiene tanto que ver con el orden y el poder, como los excesos de la represión policial

cualquier consideración), más una nueva noción de ciudadanía y políticas públicas en el marco de un desarrollo económico supuestamente avanzado, (5) Ver: O’Donnell, G. (1977). “Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado burocrático autoritario”, Revista mexicana de sociología, Vol. 39, No.1, México DF.

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con los cambios operados en los mecanismos de acumulación (contención salarial, formas de acumulación por

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aparecen como engranajes significativos de esta constelación simbólica. La idea del progreso, el “Chile jaguar” y el consumo jugaron un papel significativo en este proceso, como advirtiera Moulian en los 90.

Sin ir muy lejos, la crisis política actual tiene que ver con el desgaste de estos mecanismos, la incapacidad del bloque en el poder para redefinir la legitimidad de su dominación, y la presencia de movimientos sociales, que se van apropiando de los “significados flotantes” de la ideología dominante para subvertir su sentido6. De ahí que el proceso reciente de aumento en la participación de “lo político”7 aparece en medio de tensiones. De acuerdo al último

en estos veinticinco años de democracia se ha ido consolidando un dispositivo hegemónico distinto al de la dictadura, que, no obstante, se mantiene en el marco de un estado antipopular y es impulsado por el nuevo bloque histórico que emerge de la transición

informe del PNUD para nuestro país, en Chile se da la paradoja de un proceso creciente de politización desde una concepción “apolítica” de la política (con una distancia importante hacia los partidos) que, además, enfrenta visiones contrapuestas desde la perspectiva de los sectores dominantes y de la ciudadanía8.

Una de las consecuencias más relevantes de las movilizaciones de 2011 es que por primera vez desde el retorno a la democracia, vastos segmentos de la sociedad perciben que problemas significativos de su vida personal y familiar son causados por aspectos que van más allá de lo individual (son estructurales). Pero no solo esto.

Con distintos niveles de claridad, dependiendo de la coyuntura, se ha instalado en el sentido común que estas AÑO 5/ NUMERO 25/ AGOSTO 2016

causas estructurales se relacionan con el abuso empresarial y la permisividad de la política con los negocios.

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No es casual que el movimiento estudiantil de entonces cambiara las acostumbradas consignas de los 90 por un enfrentamiento directo contra el lucro en la educación privada.

La discusión política actual se ha visto arrastrada por este sentir colectivo respecto a la necesidad de transformaciones significativas y se ha orientado, en mayor o menor medida, a satisfacer o contener esta demanda. Toda la arquitectura discursiva que permitió la articulación y el triunfo de la Nueva Mayoría se trata justamente de incorporar la retórica de las transformaciones dentro del horizonte de sentido en que descansa esta idea de una ciudadanía empoderada, mediante el consumo y mecanismos político-liberales y/o emergentes de participación (TIC). Conviene tener en cuenta que al interior de la coalición no existe una hegemonía ideológica del reformismo, contraponiéndose además un ideario ortodoxo-neoliberal que (fuera

(6) Conviene recalcar que este desgaste no implica su obsolescencia, sino más bien un contrapunto a su efectividad. La adhesión al orden es un aspecto muy marcado de las relaciones de dominación en el Chile actual.

(7) Entendido como algo distinto de “la política”. De acuerdo al último informe del PNUD, se entiende lo político como todo aquello susceptible de ser decidido colectivamente en una sociedad.

(8) Ver: PNUD (2015). “Los tiempos de la politización”, Desarrollo humano en Chile.

de los periodos de campaña) se ha logrado imponer9. En la práctica, más allá del ámbito de los discursos políticos (significativos para la construcción de una identidad política), esta retórica no se ha traducido en cambios en la mediación entre sectores dominantes y dominados, descansando aún sobre unas instituciones estatales y de la sociedad civil que han sido concebidas para propiciar la desactivación popular.

Estos antecedentes dan cuenta de un proceso incipiente de lo que Gramsci denominaba “crisis de autoridad” para designar la situación en que la clase dominante pierde la capacidad de generar consentimiento y, en consecuencia, su dominación pasa a depender casi totalmente de la coacción física, generando en el largo plazo un difuso escepticismo. Tendencia abonada en el plano internacional por la obsolescencia del liberalismo embridado10, el recrudecimiento de la explotación de los hogares para asegurar el ciclo de reproducción del capital y la contrapartida de este proceso en la “atrofia deliberada del Estado Social”, que permite la “hipertrofia distópica del Estado Penal”11.

Es relevante dejar atrás la idea de que, en esta coyuntura y luego del 2011, “todo está en discusión”, como plantea el informe del PNUD. Precisamente porque no todo está en discusión, la interrogante sobre el uso de

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la fuerza represiva y sus bases ideológicas será una incógnita cada vez más acuciante de la realidad nacional.

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(9) Ver: Garretón M. (2013). Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: Los gobiernos de la Concertación en Chile 19902010, Clacso, Santiago.

(10) Ver: Harvey D. (2010). A Brief Story of Neoliberalism, Oxford University Press.

(11) Ver: Wacquant L. (2000). Las cárceles de la miseria, Manantial SRL, Buenos Aires.

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