N° 30: ¡Acusamos! Niñez y violencia estatal en Chile by Rufián Revista

Onésima Lienqueo / Magally Ávila / Juana Aguilera / Matías Marchant / Domingo A. Lovera Parmo / Laura Manzi / Comité de niñez Coordinadora Feminista 8M / Vanessa González / Constanza Tizzoni

AA ÑO Ñ O1 01 → 0N→ Ú NÚ MM ER ER O O3 03 → 0M→ M AY AO Y O2 02 2002 → 0I S →ISN S N0 70 1791 -93-73 47 24 2

¡ACUSAMOS! NIÑEZ Y VIOLENCIA ESTATAL EN CHILE

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La niñez como zona de sacrificio E D ITO RIAL RE VI S TA RU F IÁN

Nos están tirando balas O N E S IMA LIE N Q U EO

El crimen de ser estudiante pobre MAGALLY ÁVIL A

La discriminación mata J UANA AGU ILE R A

#Nos estamos muriendo: SENAME.Crónica del análisis de un Mural sobre el SENAME ubicado en la Población el Volcán, Santiago de Chile MATÍAS MARC HANT

Despenalizar la infancia en Chile D O M IN GO A . LOVE R A PARM O

Niñez, toque de queda y derecho a la ciudad. Una mirada feminista L AU R A MANZI

Feminismo y niñez, una relación inalienable. Por un feminismo con las niñas, niños, niñes y adolescentes CO M ITÉ D E N IÑ EZ COO RD INAD O R A FE M IN I S TA 8 M

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La niñez migrante ante la exposición a la discriminación múltiple PAO L A PAL ACI O S

¿Cuánto aguanta un niño?: La violencia policial cometida durante el Estado de Emergencia retratada por niños y niñas de un colegio de la periferia de Santiago de Chile CO N S TANZ A TIZZO N I

A Ñ O 1 0 → N Ú M E RO 3 0 → M AYO 2 0 2 0 → I SS N 0 7 1 9 - 3 7 4 2

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LA NIÑEZ COMO ZONA DE SACRIFICIO

EXISTEN IMÁGENES que logran anticiparse a una acción. Se anticipan tanto que muchas veces quedan suspendidas por fuera de los marcos de lo comprensible. La violencia, el desprecio por la vida, las violaciones a los derechos humanos, la criminalización de la protesta. Acciones, todas, que sobrepasan lo que deberíamos soportar como un posible. Tomó muchos años darnos cuenta de que los fantasmas que habitaban estas imágenes, estaban íntimamente relacionados con los resabios de una dictadura que instaló muy profundo en nosotres

la desigualdad; por ello, durante el invierno pasado, como colectivo nos enfrentamos a la necesidad de abordar el tema de la niñez y su constante vulneración por parte del Estado en Chile. Mucho tiempo pasó desde ese primer impulso, interrumpido y sostenido frágilmente por las movilizaciones sociales que se desplegaron desde octubre en adelante, mirando y siendo parte de un sinfín de nuevas y renovadas imágenes de la represión que atentó contra nuestros cuerpos, nuestra dignidad, nuestro legítimo derecho a manifestarnos. A partir de ese invierno, varias noticias incendiaron esa inquietud, pues fuimos testigos nuevamente de una brutal ofensiva de parte de las autoridades del país para legalizar la criminalización de la infancia: Aula Segura, el toque de queda para les niñes, la represión y militarización del Instituto Nacional; a lo que se sumaban otras realidades de máxima urgencia como la situación del SENAME y el constante asedio que sufren les niñes en Wallmapu. Desde esa trinchera nace la idea de este número, segunda edición del año 2019, que quedó suspendida dada la necesidad de ser parte otros frentes y otros espacios, similares, convergentes, que exigían exponernos en un campo de batalla para esta y otras luchas posibles. El nuevo escenario de revuelta popular, cruzado por una enorme densidad de emociones, esperanzas, afectos e incertidumbre, nos obligó a parar nuestro trabajo y repensarlo. Sin embargo, un hecho se nos hizo evidente: las numerosas estructuras que advertimos como graves violaciones a los derechos de les niñes, están ligadas íntimamente con la opresión que estalló ese 18 de octubre y que nos tiene, hasta hoy, en una lucha histórica por cambiar nuestras condiciones de vida. Bajo este horizonte vacilante, nos encontramos de pronto en medio de una pandemia de carácter

global que pone en claro entredicho la visión de un mundo sólido, en términos de sistema económico y social, visión que paulatinamente ha perdido fuerza hace meses o tal vez años, al menos en Chile, y no precisamente a propósito del virus. Junto con esto y como si fuera poco, una gran interrogante sobre el rol del Estado se hace presente en este contexto, un Estado que se ha hecho cargo de vulnerar nuestros derechos sistemáticamente y al que hoy debemos confiarle nuestras vidas, queramos o no. En este escenario, y como un rebrote del fuego del pasado invierno, fuimos nuevamente testigos de un andamiaje más de este - ya desvencijado - modelo: la publicación del «convenio» suscrito entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores (SENAME), que nos permitió entrever una vez más, la voluntad del gobierno por criminalizar la infancia y la pobreza de les niñes que el mismo Estado tiene a su cuidado. Así fue como nos decidimos a publicar, pero partamos por el principio. El salto al torniquete realizado por les estudiantes secundaries es esa voluntad de desmontar los mecanismos que oprimen a las personas y predeterminan el espacio de realización de sus capacidades desde que nacen. Torniquetes diarios como aquel que regula el acceso a la educación, la salud y los derechos en general, repercuten en un sistema que dota a algunos de ciertos pequeños privilegios para asegurar su participación en la realización del mercado y deja al resto morir. Esto es particularmente cierto en las instituciones que tienen por deber garantizar los derechos de la niñez, mediante las cuales el estado segrega, criminaliza y clasifica a les niñes de acuerdo a su origen, condición social y capacidad productiva. Esto, lejos de ser un elemento más de la crisis social, se impone como el marco

LA NIÑEZ C O M O Z O N A D E S A C R I F C I O

ético del modelo y de nuestra fallida democracia. En cada una de sus aristas, el problema de la violencia de estado contra les niñes en Chile determina todas las dinámicas de nuestra convivencia, nos aleja de cualquier posibilidad de justicia social y, en su peor cara, naturaliza el daño permanente a esos cuerpos «otros», empequeñecidos y subordinados, que no caben en la maquinaria neoliberal. El presente número se inicia en el sur, con un recordatorio en forma de advertencia sobre lo cerca de la muerte que están les niñes del Wallmapu a causa de la omisión de su existencia. Desde allí nos movemos a otro espacio que tiene por misión cuidarles y educarles, pero que hoy, al igual que en dictadura, se ve invadido por la fuerza policial, oprimiendo cualquier expresión política por parte de quienes integran esa comunidad educativa, en tanto que cualquier actitud fuera de esa normalidad esperada por el Ministerio de Educación es automáticamente calificada como un delito. Sumándose a esto, la Red contra la represión a estudiantes, nos alerta en su artículo titulado: El crimen de ser estudiante pobre, sobre la estigmatización que sufre el colectivo organizado más masivo y visible de la revuelta popular de octubre: el movimiento de estudiantes secundarios. Asimismo y estableciendo vínculos entre la discriminación y los modos participación política de les niñes y adolescentes, el artículo de Juana Aguilera profundiza en la discriminación como arma de desmantelamiento de la organización política estudiantil. Luego, en directa relación con la criminalización de les niñes y adolescentes, Domingo Lovera hace un análisis sobre el efecto de la penalización de les adolescentes en la garantía y ejercicio de sus derechos. Esta disputa planteada por Lovera se cristaliza en la columna de Laura Manzi Araneda sobre la necesidad de concebirlos como sujetos autónomos capaces de sentir y manifestar interés por organizarse y ser independientes. En misma línea, el Comité de Niñez de la Coordinadora Feminista 8M expone sobre la necesidad de situar a les niñes y adolescentes como protagonistas de la lucha social, reivindicando sus demandas mínimas. La niñez migrante también ocupa un espacio relevante en la construcción del relato de este número, especialmente en un artículo que problematiza las facetas de la discriminación a la que está expuesta

la infancia migrante en Chile, con el racismo presente en los diferentes ámbitos de socialización de les niñes y el concepto de interculturalidad difícilmente incorporado en el sistema educativo. Finalmente, la perspectiva de les niñes se plasma en el artículo de Constanza Tizzoni, quien recopila y reflexiona sobre imágenes de dibujos realizados por niños y niñas en el contexto del estallido o revuelta social de octubre de 2019 en nuestro país. Entender a les niñes como sujetos políticos relevantes para la sociedad implica necesariamente asegurar las condiciones de vida que les permiten desarrollarse de dicha forma. Para ello se requiere contar con un sistema integral e integrado de seguridad social, mediante el que se garantice un piso que quiebre la correlación directa entre el nivel de estudios de los padres, madres o cuidadores, con las características de las trayectorias de vida de sus hijes. Un sistema que se impulse sobre la convicción de que la dignidad de las personas no se define en función de su capacidad de consumo o copago, sino todo lo contrario: la dignidad debe ser una garantía para la existencia de todes, desde la primera infancia. Así, les invitamos a recorrer las páginas de este número que busca dar continuidad a la reflexión más reciente, sobre los nuevos mundos libres de violencia para niños, niñas y adolescentes que podemos imaginar y construir.

EQUIPO EDITORIAL RUFIÁN REVISTA

LA NIÑEZ C O M O Z O N A D E S A C R I F C I O

Todas las ilustraciones de este número fueron realizadas por niñes en el contexto de la revuelta. — La ilustración de la tapa es una obra conjunta de Martina Campusano López, Jonathan García García y Daniel García García, estudiantes del 7°B del Liceo Marta Aguilar, de la comuna de Tierra Amarilla. Profesores: José Miguel Marty Lizana y Lorenzo Escobar Escobar.

NOS ESTAN TIRANDO BALAS O N Ã&#x2030; S IMA LIE N Q U EO Red X la Defensa de la Infancia Mapuche.

EN EL CAMINO de la amistad, un viaje que inicia con sonrisas y conversaciones que los acercan como hermanos, como mapuche en su territorio, termina con uno de ellos con un impacto de bala en la cabeza y al otro golpeado y encerrado dentro de un carro policial. 13 de noviembre del 2018 el Estado chileno publica el nuevo protocolo policial a Carabineros, solicitud realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del caso del asesinato de Alex Lemún joven de 17 años asesinado por el Carabinero Marcos Treuler, establece la necesidad de limitar el uso excesivo de la fuerza por parte de la institución de Carabineros de Chile. El 14 de noviembre a un día de la publicación del nuevo protocolo policial, Carabineros de Chile dispara por la espalda a Camilo Catrillanca joven dirigente que desde la infancia participa de las actividades políticas y culturales de su comunidad.

En la comunidad de Temucuicui, a la que pertenezco, estamos teniendo muchos allanamientos, ya no somos libres, ya no podemos caminar en los cerros y cuidar nuestros animales, la represión es demasiado fuerte. El Estado es el principal represor, el

que manda a Carabineros a asesinar, porque estamos expuestos, nos están tirando balas a quemarropa. «Nos están tirando balas» y fue una bala la que lo lleva lejos de quienes hoy lo aman y lo extrañan. Su liderazgo deja el camino en avance para los niños, niñas y adolescentes que son hoy los que viven de manera más violenta el sistema represivo creado por el Estado chileno, financiado por el empresario y ejecutado por las policías. Su acompañante, adolescente de 15 años, vivió los últimos minutos de vida de Camilo Catrillanca, es el único testigo del asesinato de su amigo, el cual fue golpeado y violentado física y verbalmente por parte de los funcionarios de Carabineros que asesinaron a Catrillanca. Con 15 años vive una de las experiencias más traumáticas que puede vivir un adolescente que tiene sueños por cumplir y que quiere expresar lo que siente hoy a través de la fotografía porque «una imagen vale más que mil palabras». Su sonrisa es tímida pero expresa anhelos, en conjunto con una energía calmada que quiere viajar y observar colores, dejando de lado la oscuridad con la que lo intentaron cegar. Hoy es él un adolescente de 15 años, ayer fue uno de 12 años y hace diez años atrás fue uno de 10 años y esperamos que mañana no sea ninguno más. Esto es hoy, es wallmapu militarizado, es wallmapu queriendo ser saqueado y es la tierra defendida que se ha llevado a Camilo Catrillanca, Luis Marileo y Alex Lemun jóvenes que en su adolescencia dejaron su voz plasmada en la lucha territorial y que hoy no están con nosotros pero que viven en sus hijos y familia. Siguiendo este camino de la defensa de la tierra, el agua y la vida como pueblo mapuche los niños, niñas y adolescentes son la continuidad de estos jóvenes los cuales entregaron la vida por ser Mapuche y ser libres en nuestra tierra.

EL CRIMEN DE SER ESTUDIANTE POBRE MAGALLY ÁVIL A Apoderada y miembro de la Red contra la Represión a Estudiantes.

VER CARROS POLICIALES frente a los liceos públicos de Santiago es una imagen que debemos condenar, pero pareciera que se ha naturalizado. El gobierno de Chile, a través de la prensa, ha instalado el discurso de que las y los estudiantes de liceos públicos son delincuentes porque protestan. Y por eso ha aumentado la vigilancia policial en torno a algunos liceos, especialmente de Santiago. Las medidas de control se han intensificado y los alrededores de algunos establecimientos educativos nos recuerdan los check points israelíes en Gaza, con policías armados haciendo control de identidad a quienes circulen con uniforme escolar y revisando sus mochilas. Y aún peor, la policía militarizada ha entrado fuertemente armada a las mismas salas de clases de estudiantes, durante sus jornadas escolares. Esto no sucedió durante la dictadura cívico - militar de Pinochet en Chile, sino está ocurriendo hoy, en plena democracia.

El lugar que ocupaban los furgones escolares es usado por vehículos policiales, atentos a cualquier atisbo de movilización estudiantil, aunque pareciera que su intención es provocar un enfrentamiento con las y los estudiantes. Y como si fuera insuficiente, a este control se suman cámaras de seguridad y drones que, en lugar de vigilar a estudiantes, deberían estar dirigidos contra delincuentes y criminales que amenazan la vida y la paz. En agosto de 2012, un bus de Carabineros amaneció estacionado dentro del Instituto Nacional y toda la comunidad educativa protestó y se movilizó contra la ocupación policial del liceo. Actualmente, situaciones similares y aún peores suceden con mayor frecuencia en dicho Instituto y lo que enfrentan estudiantes no logra la indignación de docentes, madres y padres y resto del personal, salvo en muy contadas excepciones. Ante esta escalada violentista del Estado, ejecutada por Carabineros contra estudiantes secundarios, el 16 de mayo de 2019, desde el Foro por el derecho a la educación pública se convocó a madres, padres, docentes y activistas por los derechos humanos a una articulación para detener esta violencia, y se creó la Red contra la represión a estudiantes. El lanzamiento de la Red se hizo a través de una concentración y luego marcha desde la Plaza de Armas de Santiago hasta el Instituto Nacional. En la ocasión estuvieron presentes dirigentas y dirigentes estudiantiles secundarios y universitarios, de trabajadores, del Colegio de Profesores y también activistas en defensa de la infancia mapuche. Actualmente, la Red contra la represión a estudiantes está integrada por el Foro por el derecho a la educación pública, el Colegio de Profesores, Madres y Padres Movilizados en Defensa de la Educación

Pública, Centro Alerta, Coordinadora de Apoderades de Liceos Públicos de Santiago, Casa Memoria José Domingo Cañas, la Federación de Trabajadores de la Educación Pública (FENADEUP), el CEPA Javierinas Dignas de Liceo 1 Javiera Carrera, Centro de Padres de Liceo Experimental Artístico, Agrupación de Víctimas de la Violencia Policial, Colectivo Habla Mujer, Observatorio Chileno de Políticas Educativas, Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Colectivo chileno CEAAL, ONG Entorno, Coordinadora Feminista 8M y activistas. Esta articulación ha llevado a instancias internacionales denuncias de vulneraciones de derechos y represión indiscriminada a estudiantes secundarios. Presentó informes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;también entregó una carta a la UNICEF en Chile y mantiene una constante comunicación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La Red trabaja directamente con observadoras de la Casa Memoria José Domingo Cañas y cuenta con el apoyo legal de la Corporación 4 de Agosto.

VIGILAR Y CASTIGAR Como actores de la educación, las y los estudiantes secundarios se han movilizado durante los últimos años para denunciar el abandono a la educación pública y exigir el derecho a participar en la elaboración de las políticas educativas que planteen mayor democracia, dignidad e inclusión. Y, a medida que han aumentado las movilizaciones, también ha crecido la represión. El control sobre el estudiantado es el objetivo central de las autoridades. Así, los Manuales de convivencia escolar dejan de fomentar ambientes de respeto y libres de violencia, para convertirse en un elemento de coerción del comportamiento de niños, niñas y adolescentes estudiantes. La entrada en vigencia de la Ley Aula Segura y el proyecto de ley de Control de Identidad Preventivo a menores de edad buscan anular la organización de los y las estudiantes. El tema estudiantil dejó de ser injerencia del Ministerio de Educación para pasar a tener la atención del Ministerio del Interior. Mientras disminuye el número de docentes, aumenta el número de efectivos policiales asignados a los liceos llamados emblemáticos, que son los más activos políticamente. En su accionar violento, la policía daña la infraestructura de los establecimientos educativos con el agua lanzada por los carros hidrantes o cuando ingresan a los liceos rompiendo lo que encuentran en su camino, afectando aún más el estado de esas edificaciones deterioradas por el paso del tiempo y el abandono.

EL ESTIGMA DE SER ESTUDIANTE La persecución a estudiantes de colegios públicos es tan fuerte, que llevar uniforme o portar una insignia de uno de los liceos movilizados es motivo para que Carabineros les detenga en las inmediaciones de sus establecimientos e intente realizarles un control de identidad, revisándoles sus mochilas y humillándoles. Las leyes que protegen a niñas, niños y adolescentes parecen quedarse en el papel cuando se conoce de tantos casos de detenciones arbitrarias, maltrato e incluso torturas, denunciadas por madres y padres de estudiantes de liceos públicos. ¿A quiénes se refiere específicamente el presidente Sebastián Piñera cuando dice «Los niños primero»? Porque en realidad, los niños y niñas pobres tienen menos derechos que los hijos e hijas de familias adineradas, quienes gozan de una mejor educación, mejor salud, mejor esparcimiento, más áreas verdes, entre otros beneficios. La realidad de estudiantes de colegios públicos es muy distinta a la de estudiantes pobres. En 1990, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño que se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en las decisiones que les afecten. Pero esta convención son solo letras para estudiantes pobres. Los derechos son para todas las niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna y las y los estudiantes de Chile deben desarrollarse y ser educados en condiciones de paz y seguridad, considerando que las escuelas y liceos deben ser un bien protegido por el derecho internacional.

Pero el Estado de Chile no promueve políticas económicas ni sociales para frenar la marginación y exclusión que sufren estudiantes pobres, muy por el contrario, intenta mediante leyes abusivas apartar a estudiantes que cuestionan el modelo instalado y, especialmente, a quienes participen en actividades políticas en sus liceos, provocando que el pensamiento crítico sea visto como una amenaza. Más represión, más privatización y menos recursos a la escuela pública; esa es , en la práctica, la política educativa neoliberal de Chile. Algunos medios de comunicación se han colocado del lado equivocado y han estigmatizado y criminalizado a las y los estudiantes, afirmando el discurso del presidente Piñera que les califica como «delincuentes disfrazados de estudiantes». Así, las movilizaciones ya no tienen la adhesión que manifestaron en el año 2011, sino por el contrario, provocan indiferencia y rechazo de transeúntes que son testigos pasivos de la violencia policial. Los liceos más estigmatizados y que tienen mayor vigilancia policial son Instituto Nacional, el INBA, el Liceo de Aplicación, el Barros Borgoño y el Confederación Suiza, principalmente. La prensa ya no habla de las causas de las movilizaciones, sino que solo habla de las formas, encubriendo problemas como la falta de docentes, la deficiente infraestructura, la debilidad de los equipos de gestión, el aumento de la pobreza, la violencia y la injusticia que padecen estudiantes y las familias de estos establecimientos. Ante este panorama, la Red contra la represión a estudiantes es la única articulación de adultos que se ha organizado para detener estas injusticias, antes que sea demasiado tarde, recordando lo que escribió Martin Niemöller: Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.

En Facebook: Red contra la represión a estudiantes

EL CRIMEN DE SER ESTUDIANTE POBRE

LA DISCRIMINACIÓN MATA J UANA AGU ILE R A Comisión Ética contra la Tortura.

Efecto Pigmalión: lo que se espera de otra persona, determina su comportamiento y rendimiento; expectativas hechas realidad. (Robert Rosenthal, Psicólogo Social. 1965)

JUNTO CON PROFUNDIZAR el modelo económico que depreda los bienes naturales de Chile y condena a la vida precaria a diversos grupos humanos, se extiende en nuestro país la cultura de la exclusión de personas y grupos de personas como estrategia y acción de la política pública. Esto crea, de paso, una peligrosa cultura del apartheid donde la brutalidad de la discriminación termina con personas gravemente dañadas y otras asesinadas; un rechazo sin sentido, que nos deja sin aliento para explicar qué nos está sucediendo. Ya no se trata de una persona aislada que tiene una actitud hostil hacia otra persona o a un grupo determinado de ellas. Lo grave hoy, es que estas actitudes se retroalimentan con razones y argumentaciones que justifican y mantienen los estereotipos y las estigmatizaciones que degradan y afectan la autoestima, la valoración social de mujeres, indígenas, personas que rompen con la definición sexual binaria, personas pobres, niños abandonados, personas migrantes. Claramente el Estado de Chile implementa y profundiza, cada vez que puede, su política de segregación y ha actuado discriminatoriamente contra personas y grupos específicos de personas. Quienes han recibido esta carga desde el Estado quedan inermes, desprovistos de apoyo y ayuda, porque se trata de un ataque injusto que apunta a características propias de las personas, aquellas que hacen su identidad, su apariencia física o pertenencia étnica, social y económica y que muchas veces no pueden cambiar.

MUJERES LESBIANAS: CRÍMENES DE ODIO DEL PATRIARCADO El ataque homofóbico que terminó con la vida de Daniel Zamudio en el año 2012, el encarcelamiento de los autores de ese atroz crimen, las graves penas que contempla la ley 20.609 - ley antidiscriminación arbitraria que busca restablecer para toda persona el pleno ejercicio y goce de derechos y libertades reconocidas en la Constitución Política -, leyes, tratados y convenciones internacionales ratificadas por Chile en materia de derechos humanos y que se encuentran vigentes, no han sido suficientes para detener los ataques a mujeres lesbianas por parte de grupos de hombres lesbofóbicos que acosan, golpean, atacan sexualmente, secuestran y abandonan en lugares desconocidos a estas personas, llegando a provocarles la muerte. Es un crimen de odio en el que la ley 20.609 no resulta suficiente para perseguir y sancionar ni mucho menos para prevenir, un eventual ataque por discriminación, dado que si los jueces estiman que existe error en la percepción o no se puede probar la denuncia, las sanciones serán para quien es víctima y no para el victimario. Por esta razón, muchas mujeres que viven acoso por su opción sexual, no denuncian: el terror las paraliza. La ley dictada, que tiene una serie de fallas, urge que sea modificada y se coloque en sintonía con las exigencias internacionales en materia de discriminación y sanción a los crímenes de odio.

LA DISCRIMINACIÓN COMO ARMA PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS ESTUDIANTILES EN LICEOS, Y QUE AFECTA A LÍDERES DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Jóvenes líderes de sus escuelas y liceos han sufrido el embate de la le Ley 21.128 también conocida como Ley de Aula Segura. Esta ley ha sido aprobada por el parlamento en el curso del año 2019, con el único fin de desmantelar las organizaciones estudiantiles de los liceos y centros educativos que, desde el auge del movimiento estudiantil, han liderado dicho movimiento, cuestionando la estabilidad de los gobiernos. En este año 2019, en Santiago especialmente y también en Concepción, han sido detenidos, golpeados, secuestrados y torturados, a lo menos una centena de estudiantes. Enen su mayoría dirigentes de sus comunidades estudiantiles o activos opositores a esta ley que permite que sean expulsados de los establecimientos educacionales, que sean canceladas sus matrículas y que sean encarcelados si un estudiante, al momento de ser detenido, es acusado por Carabineros de Chile de portar armas y/o elementos incendiarios. La ley se hace para resolver problemas de convivencia al interior de los establecimientos educacionales, como los actos de violencia entre miembros de las comunidades educativas, pero se ha utilizado principalmente contra dirigentes estudiantiles, atomizando los Centros de Estudiantes, una de las instancias más dinámicas queocupan en el espacio público, al interior y exterior de los liceos, ejerciendo el derecho a la participación junto a los Centros de Padres y Apoderados en los Consejos Escolares, establecidos por la ley como parte esencial del gobierno escolar.

MUJERES LESBIANAS, VÍCTIMAS DE CRÍMENES DEL PATRIARCADO

Carolina Torres Urbina / atacada y gravemente herida el 14 de febrero 20 María Denisse Caqui Rojas / desaparecida el 6 de mayo 2019 Nicole Saavedra / asesinada en Limache, el 25 de junio 2016 María Pía Castro / 19 años, asesinada también en Limache el 12 de febrer

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ro 2008

LA DISCRIMINACIÓN MATA

El Plan de Convivencia Escolar como ha sido establecido, es un desafío para todos los miembros de las comunidades educativas, especialmente para los equipos técnicos pedagógicos de los establecimientos educacionales. Es una herramienta que les permite prevenir y enfrentar situaciones graves y de riesgo, cuidando mantener el interés superior del niño/niña y el respeto de los derechos inherentes a toda persona. Son los profesionales de la Educación quienes tienen las herramientas para apoyar y mejorar la conducta negativa de adolescentes y jóvenes. Una ley por sí sola no hará milagros. Sin duda, lo que menos aporta a la Convivencia Escolar es el ingreso permanente de policías a los establecimientos educacionales, la revisión de mochilas de las y los estudiantes realizado por un cuerpo de élite de la policía uniformada; el lanzamiento indiscriminado de bombas lacrimógenas y gas pimienta en aulas y patios; policías apostados en las afueras de los establecimientos e incluso, en los techos; todas estas imágenes ampliamente difundidas en los medios de comunicación dan cuenta de que la decisión de actuar policialmente frente al estudiantado, constituye una anulación de todas las instancias organizativas internas de los establecimientos educacionales; ninguna planificación escolar se sostiene si está siendo ninguneada toda autoridad técnica pedagógica. Es decir, los efectos de la ley Aula Segura, supuestamente hecha para combatir la violencia al interior de los establecimientos educacionales, han sido completamente adversos y contrarios al objetivo con el que fue creada y , además, ha violado uno de los principales derechos de la infancia y adolescencia, que eses el derecho a educarse en un ambiente libre de violencia, libre de asedio y hostigamiento, en este caso cometido por agentes del Estado. Lo que queda en la retina de la sociedad es la violencia extrema ejercida por Carabineros de Chile, presentes hoy en los establecimientos educacionales emblemáticos, al menos de Santiago, pues al interior de ellos, se ve a los equipos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales -GOPE-, actuando contra adolescentes de manera desproporcionada.

Liceos como el de Aplicación, Liceo Amunátegui, Liceo Darío Salas, el Instituto Nacional, el Liceo Barros Borgoño, el Liceo 1 de Niñas, el Internado Barras Arana y otros, viven con sus alrededores llenos de piquetes policiales dispuestos a ingresar, en tanto un director o directora así lo solicite. En redes sociales se muestran videos y fotos de policías encapuchados y en overoles blancos, posando o saliendo de cuarteles policiales. A la fecha, ha habido un par de estudiantes presos acusados de portar bombas incendiarias; uno de ellos ha quedado recientemente libre y debió ser reincorporado a su establecimiento dado que la acusación de porte de bomba molotov era inexistente; varios otros dirigentes expulsados han debido ser reincorporados a sus liceos por órdenes de los tribunales de justicia. La ley Aula Segura ha generado gran injusticia frente a quienes viven el shock de ser detenidos, maltratados y luego liberados sin que el Estado considere siquiera una reparación al daño causado a un niño, niña, adolescente o joven. Otra conducta que se deriva de las falsas acusaciones, detenciones y expulsiones, es que muchos de ellos y muchas de ellas no quieren volver a estar con docentes, directoras y directores maltratadores, discriminadores, quienes más que aplicar pedagogía en los asuntos relacionados con la disciplina y la convivencia, estiman que dirigen un reformatorio o una penitenciaría, donde no basta lograr enseñanza de los errores, sino donde resulta necesario dejar una marca, una estigmatización a ultranza, un menoscabo profundo en la identidad de niños, niñas y adolescentes. En otras palabras, la Ley Aula Segura, dicho públicamente por las autoridades educacionales del país, «saca» estudiantes del sistema, los excluye y empuja a la deserción, abultando con ello la no despreciable cifra de 72.788 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar y que por ende, son desertores con escolaridades incompletas, según los datos de la CASEN 2017.

FAMILIAS MARGINALES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA MULTIDIMENSIONAL: LOS HIJOS E HIJAS DE ESTOS GRUPOS HUMANOS. Cuando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia entrega los resultados de la Encuesta CASEN 2017, entrega también una serie de conceptos para distinguir matices y significados sobre los cuales es necesario detenerse, como por ejemplo, pobreza y pobreza extrema. Señala que la línea de pobreza se define en relación con el ingreso mínimo para satisfacción de necesidades básicas (alimento + servicios básicos como luz, alcantarillado, agua, por ejemplo) y, por su parte, la pobreza extrema se define en relación al mínimo establecido para satisfacer necesidades alimentarias. Esto se complejiza si a ambos conceptos se agrega la densidad de la población, determinada por lo rural y lo urbano. También se agregan otros criterios como la dependencia que tiene una persona de las ayudas y bonificaciones estatales; el acceso y satisfacción de otros servicios como educación, salud, vivienda, existencia de alumbrado público, fuentes laborales, existencia de centros de formación, universidades e investigación, desarrollo científico, etc. Con estos factores puede aparecer la categoría de pobreza por ingresos y multidimensional. Estas últimas categorías especialmente, permiten al Estado tomar decisiones respecto de las personas clasificadas en ellas. Decisiones que muchas veces han involucrado a sus hijos e hijas, los cuales so pretexto de protegerlos, son llevados a dependencias del Servicio Nacional de Menores, SENAME que funciona a nivel nacional y a través de instituciones colaboradoras para acoger a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de abandono, víctimas de abuso y otras figuras que ponen en riesgo en su integridad física y psíquica y que supuestamente el SENAME corregirá a través de sus programas de atención. Sin embargo, varios de estos niños y niñas son entregados en adopción a familias dentro y fuera de Chile, sin el consentimiento de su familia de origen; es decir, el Estado se los apropia y, apoyado por los tribunales de familia, ejercen un castigo adicional para las familias en situación de pobreza extrema y pobreza multidimensional: ellas pierden a sus hijos e hijas y sus hijos e hijas pierden a sus madres y padres. Para qué hablar de madres y padres

LA DISCRIMINACIÃ&#x201C;N MATA

que tienen hijos y son dependientes de drogas: no hay rehabilitación y el Estado les arranca sus hijos e hijas también. A tal punto ha llegado la política del Estado de Chile en relación con los menores que debe y dice proteger, que es la misma policía de investigaciones (PDI) quien, en un informe oculto por a lo menos 7 meses y que versa sobre la situación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven a resguardo y tutela de las entidades de SENAME, acusa que Chile viola permanente y sistemáticamente sus derechos humanos de la infancia institucionalizada. Esta conclusión a la que llega la PDI lo hace luego de investigar 240 hogares de menores involucrando a un total de 6.500 niños y niñas. El Informe señala que en el 100% de los centros que administra el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 casos de abusos, violencia y maltratos graves; 310 de ellos son de connotación sexual; que en un 58,3% de los hogares de SENAME se han verificado abusos sexuales, violencia contra los menores, castigos físicos, léase tortura, explotación sexual, violaciones, entre otras vulneraciones realizadas por adultos sobre las y los menores, a las que se agrega el maltrato entre pares, como resultado de la reproducción de las pautas de conducta y de los modelos de relaciones que establecen los adultos y que resulta ser un marco de actuación para las y los niños en supuesto resguardo de sus derechos. Hubo un primer informe anterior al de la PDI en que se da cuenta que 1.313 niños y niñas murieron en los recintos de SENAME o en entidades bajo su tutela, en un lapso de 10 años de funcionamiento. En el 2017 las Naciones Unidas notificó al Estado de Chile sobre posibles violaciones a la Convención de los Derechos del Niño. Así, luego de investigar solo cuatro centros de SENAME se llegó a concluir lo paradojal que resulta que un Estado viole los derechos de niños y niñas, ya que por orden del Poder Judicial, los Tribunales de Familia y otras entidades del Estado, se ha determinado que sea precisamente el Estado quien debe protegerlos. Sin embargo, llegar al SENAME parece ser el mismo infierno del que esa infancia intenta escapar. Chile ha sido obligado a actuar por una orden internacional venida desde Naciones Unidas, y eliminar los CREAD (Centros de Reparación Espe-

cializada de Administración Directa), partiendo por el de Playa Ancha, foco de violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas en internación en la quinta Región. El Gobierno de Piñera ha sido obligado a colocar el tema de la Protección de la Infancia entre sus prioridades de gobierno y debe durante su mandato rediseñar los centros y constituir residencias de no más de 15 niños o niñas por casa; niños y niñas que deben, por lo demás, estar en centros cercanos a sus familias para que puedan reestablecer sus nexos afectivos; definir protocolos de actuación para avanzar en el proceso de desinstitucionalización de la niñez vulnerada; regular los procedimientos de adopción, entre otras materias. Sin embargo, el Informe de la PDI que investigó hechos constitutivos de delito, no ha encontrado, hasta la fecha, eco en el Ministerio de Justicia, cartera de la cual depende SENAME; tampoco en los Tribunales de Justicia y ni hablar del Ministerio Público. Hay a lo menos treinta niños, niñas entre los fallecidos, cuyos cuerpos no aparecen. Las cifras de los nuevos desaparecidos en Chile las coloca la niñez pobre que la CASEN no contará ya en sus reportes.

AY QUE SABER QUE…

Chile está al debe y sin resguardo ante la discriminación arbitraria. Chile debe transitar desde un enfoque centrado en la integración, a una perspectiva de inclusión social, laboral, educativa, cultural... Para ello debe ratificar tratados internacionales y poner fin a toda forma de discriminación y violencia de género, raza, sexo, opción política, etnia… Chile no ha ratificado acuerdos como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 ni la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961.

Chile necesita ratificar tratados y convenciones internacionales, y legislar a favor del principio de no discriminación arbitraria.

Chile debe avanzar en la protección de la disidencia sexual. Chile debe reconocer a los grupos de personas afrodescendientes. Chile no ha suscrito la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de personas de diferente origen.

Chile debe colocar en funcionamiento el mecanismo nacional de prevención, investigación y sanción de la tortura.

Chile requiere de políticas públicas que resguarden la diferencia y protejan a grupos minoritarios en su derecho a la identidad. Chile debe ratificar la normativa sobre niños y niñas apátridas y asegurar su derecho a la educación. Chile debe dar rango constitucional e incorporar en la legislación interna todos los instrumentos de protección de los derechos humanos que ha suscrito y generar los mecanismos para que se hagan efectivos, y para que sean promovidos e incorporados en las mallas curriculares de todos los establecimientos y centros de formación de las nuevas generaciones, incluidas las escuelas matrices de las fuerzas armadas y policiales.

#NOS ESTAMOS MURIENDO: SENAME Crónica del análisis de un Mural sobre el SENAME ubicado en la Población El Volcán, Santiago de Chile

MATÍAS MARC HANT Psicólogo, Magister en Filosofía. Académico, Departamento de Psicología Universidad de Chile.

EL PRESENTE TRABAJO analiza un mural que fue encontrado a propósito de una visita domiciliaria a una familia que tiene a su hijo en una residencia de protección del Estado. El mural que tiene por título #nosestamosmuriendo, nos permitirá hacer algunas propuestas sobre el papel que tiene la sociedad frente a las graves falencias del sistema de protección de la infancia de Chile. En mi ejercicio profesional, trabajo en una residencia que recibe a niños y niñas que han sido separados de sus padres por una medida de protección emanada por un tribunal de familia. El ingreso de cada niño o niña es por la sospecha de parte del Estado, de que pueda estar siendo vulnerado en sus derechos, situaciones emanadas del maltrato y, en la mayor parte de las veces -cuando se trata de niños pequeños (menos de 3 años)- por situaciones de negligencia en los cuidados, las que a su vez están asociadas a problemáticas de drogadicción de uno o de ambos padres, o bien por no tener domicilio fijo. Hace un año y seis meses que Diego vive en un centro residencial. Ingresó cuando tenía un año de vida. Vivió con una hermana de la madre hasta que el tribunal señaló que esta persona no ejercía los cuidados de manera adecuada. Entonces, con apoyo de Carabineros y de un día para otro, sin previo aviso, es decir, significando el acontecimiento como una situación traumática (para el niño y su familia), es retirado de la casa de la tía y entregado sin mayor explicación al hogar de acogida. A decir verdad, es necesario añadir que el primer año de vida (mientras Diego vivía con la tía), la madre del niño participó activamente en la crianza de su hijo. Sin embargo, esto fue a escondidas del tribunal. Diego lleva viviendo un año y medio en el centro residencial. Sus padres lo visitan esporádicamente, a veces de una manera frecuente. Últimamente vienen una vez por semana, de manera que con la trabajadora social acordamos una visita al domicilio donde viven ambos padres y el hermano de Diego, un niño 1 año mayor, al que llamaremos Ignacio. (¡Sí, efectivamente Ignacio ha vivido toda su vida con sus padres, no así Diego! Son las paradojas de nuestro sistema de protección).

Julio de 2019, martes 9.00 am. La trabajadora social maneja su auto para llegar a la población El Volcán 3, en Puente Alto, también llamada Bajos de Mena. Se trata de un sector de la ciudad de Santiago que la mayoría identifica con lo marginal, con la pobreza, con la violencia y la inseguridad. Es un lugar que se asocia con el miedo. Es el terreno de las viviendas sociales que fueron hechas por el Estado de Chile y que se caracterizan por la lejanía del centro de Santiago, pequeños departamentos de menos de 40 metros cuadrados. . Se la vincula frecuentemente a la delincuencia, en ella se respira la desesperanza. Se conoce la población El Volcán básicamente por hechos delictuales. Si hacen el ejercicio de poner en google «el volcán, puente Alto» se encontrarán con adjetivos como: «gueto», el «Sarajevo de Santiago», un lugar en donde «pese a tener 120 mil habitantes, no cuenta con farmacias, tiendas, cuartel policial o de Bomberos, sucursales bancarias ni plazas. Sólo tierra y muchas viviendas sociales». Llegamos a visitar a la madre de Diego a su departamento, quien nos ofrece tomar desayuno con su actual pareja y padre de Diego, mientras Ignacio, su hermano, duerme. La hermana de la madre (otra distinta a la que cuidó a Diego durante su primer año de vida) ayuda a hacer el desayuno. La conversación tiene relación con el periodo de tiempo que lleva Diego en el hogar y sobre aquello que podría generar los soportes necesarios para que pueda egresar del centro residencial. Terminada la visita, volvemos a caminar por el pasaje de tierra, esta vez en compañía de ambos padres y la tía del niño. De pronto, la trabajadora social se percata de un mural del tamaño de las viviendas sociales (un edificio de 3 pisos) que contiene la siguiente representación:

Impactados todos los que estamos ahí, la trabajadora me lo señala y lo primero que la tía del niño nos dice es: «no lo había visto nunca». Los padres señalan nunca haberse detenido frente a ese mural. Algo así como que lo habían visto, pero no se habían detenido para mirarlo. El mural está ahí desde febrero de 2019. En rigor, nadie lo había visto. Y esta vez no se trata de una denegación en el sentido psicoanalítico del término. El mural es la principal vista que tiene la madre de Diego desde la ventana de su living-comedor. Le queda estrictamente enfrente. Fotografié el mural y me quedé pensando en él. Por más que traté que saliera el mensaje, este no quedó en mi foto. Algo se suprimió en mi propio acto de captura de la imagen. En conjunto con colegas y estudiantes del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile analizamos el mural. Paso a relatar los elementos que me parecieron más relevantes: La imagen del rostro de dos niñas, entre ellos la sigla SENAME (Servicio Nacional de Menores) y el hashtag #nosestamosmuriendo. La intención del mural es evidente para cualquiera: los niños y particularmente las niñas en el SENAME se están, literalmente, muriendo física y psíquicamente. Desde el año 2006 que he intentado señalar las sistemáticas vulneraciones de derechos que los niños sufren, en lo que se identifica como sistema de protección residencial con el concepto «hogar del SENAME». Mi última participación fue en el informe del Instituto de Derechos Humanos, el cual estuvo rodeado de una polémica que fundamentalmente se dio por los intentos de deslegitimar sus conclusiones. Los resultados más relevantes de este informe son la constatación de la sistemática y constante violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son parte de este sistema. Este mural es una forma clarísima de hacer evidente lo que la sociedad no puede y no quiere ver. Nuestro sistema de protección de la infancia definitivamente no solo no cumple su labor, sino que agrava la situación que aborda.

#NOS ESTAMOS MURIENDO: SENAME

¿Qué nos dice la imagen del mural? Una de las niñas, la que está adelante, tiene una vestimenta que no le calza, que le queda grande, que no se ajusta a su piel. Parte de su piel queda expuesta y vulnerable en el SENAME. Su mirada es de una tristeza profunda, una mirada que no mira, que traspasa al otro, que no parece encontrar en el otro una mínima reciprocidad. Tiene la boca abierta, ello puede decir que se trata de alguien que anda descuidada, que no atiende al peligro, desconcentrada de lo que ocurre alrededor. La niña de la izquierda está más abrigada, es más baja y está más atrás. Parece menos expuesta que la de delante. Su mirada hace reposar en nosotros su tristeza y parece algo más conectada con el entorno. Su cabeza levemente ladeada nos habla de cierta sumisión. El mural no está ubicado en un lugar de tráfico habitual de gente, está emplazado en un pasaje de tierra de una población a la que nadie va por gusto propio. El contenido del mural nos habla de una experiencia colectiva, pero la vez, que no es la de todos, se trata de una experiencia que probablemente vive una buena cantidad de familias que residen en este lugar, y que tienen a sus hijos en el SENAME. Nadie podría negar que El Volcán es un sector pobre de la capital. Atrás, en la imagen, podríamos señalar que está representado el SENAME, una estructura sin piel, sin muros que contengan un interior. Es una disposición que no brinda contención. Es más, algunas de las líneas sugieren algo punzante, algo puntudo, como un alambre de púas. SENAME no es una piel que contiene, es una estructura que deja expuestos y vulnerables a los niños y niñas, los puede herir. Lo más terrible no es que la familia no haya visto nunca este mural que está frente a nuestros ojos y a los suyos, cada vez que mira por la ventana que se encuentra rota. Lo más duro, lo más difícil para quienes trabajamos en este sistema, es que la mayoría de las personas no puede ver los graves y profundos problemas que existen en nuestro sistema de protección. Las niñas de la imagen pueden ser comprendidas como una interpelación, como mensajeras de un contenido, de una vivencia interior que debemos estar preparados para recibir y saber acoger en nosotros mismos. El mural nos interpela a recibir las angustias, las fantasías, los miedos, las esperanzas y desesperanzan que los niños y niñas, desde la más temprana edad, muestran con su comportamiento, su mirada, su piel, su forma de moverse, su manera de expresar sus emociones. Este es el principal objetivo de este trabajo: que cada uno pueda disponerse a recibir lo que la mirada y gestos comunican de aquellas niñas dibujadas en el mural. El mural nos puede ayudar a promover una escritura de aquello que acontece en la infancia, y esa escritura puede transformarse a la vez, en un espacio de memoria y testimonio del otro y de la particular experiencia que asociamos al SENAME.

#NOS ESTAMOS MURIENDO: SENAME

Entendido de esta manera, este mural nos ayuda a conservar y proteger la memoria de los niños y niñas que habitualmente queda expuesta al olvido, ya sea porque no hay adultos que puedan realizar esta tarea (como en el caso de los niños institucionalizados) o bien por la horrible denegación de los problemas de las instituciones que están concernidas en el trato negligente o vulnerador. Es importante hacer esa labor de memoria que suele denegarse en el campo de la infancia. Un trabajo de memoria que permitía hacer historia de los problemas que tuvieron los propios padres durante su infancia y que repiten en su relación actual con sus propios hijos. Frente a los graves problemas de protección y cuidados de la infancia en Chile, hace falta no solo una profunda transformación del sistema de acogida, sino también que los profesionales que trabajan en este ámbito puedan, ellos mismos, constituirse como verdaderos continentes psíquicos del sufrimiento que algunos niños o niñas han estado obligados de experimentar. Tenemos la oportunidad única de generar una nueva disposición y disponibilidad para atender los problemas y sufrimientos de la infancia de nuestro país. Debemos construir herramientas en la que podemos apoyarnos. Debemos ser continentes de este tipo de comunicación más allá de las palabras. Debemos proponernos como tarea operar la transformación de este sentir y emoción, en motor de un cambio profundo y, al mismo tiempo, volvernos responsables por una memoria colectiva que se construye gracias al hecho de que no podemos quedar indiferentes frente a este tipo de manifestaciones; debemos volvernos responsables por brindar testimonio veraz de una historia de segregación y discriminación que en nuestro país no hemos sabido superar hasta el momento. Este mural, junto a otras experiencias en mi trabajo profesional, me enseñó que observar es aprender a recibir. Recibir implica, con ayuda otros, la metabolización o trasformación en vista de una labor reparatoria. Lo reparatorio, a su vez, involucra el trabajo de una memoria que puede ayudar, no solo al reconocimiento histórico de nosotros mismos, sino también a la oportunidad de escribir nuevas historias, historias no escritas, historias que a veces llamaremos historias inéditas.

DESPENALIZ LA INFANCIA EN CHILE D O M IN GO A . LOVE R A PARM O Profesor asociado, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.

El presente trabajo apunta a repasar críticamente y desde el derecho, cómo en Chile la edad de los 14 años opera como barrera para efectos de la atribución de derechos fundamentales a niños, niñas y adolescentes (NNA). Acá sostengo que ello ocurre por ser los 14 años, la edad de atribución de responsabilidad penal. Si antes la atribución de ciudadanía (derechos) estaba asociada al trabajo y a la propiedad (que pudiera adquirirse con ese trabajo), hoy lo está al sometimiento a la sanción penal. No resta advertir que ello trae de la mano severos problemas para el bienestar de NNA.

INTRODUCCIÓN DE ACUERDO A LAS REGLAS generales de la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal1, son responsables penalmente los y las adolescentes «que al momento en que se hubiere dado principio de ejecución del delito, sean mayores de catorce y menores de dieciocho años» (art. 3). Este trabajo sostiene que, ya sea de modo consciente o inconsciente, en Chile la edad de los 14 años opera como un criterio para la atribución y/o reconocimiento de derechos, justamente por ser ella la edad en la que comienza la responsabilidad penal. De esta forma, la infancia menor a los 14 años es excluida del goce autónomo de derechos fundamentales, de una parte, mientras que la adolescencia que va entre los 14 y 18 años de edad goza de derechos (y a veces ni siquiera eso) solo a costa de ser objeto de este reproche penal —o solo, como se anotará más abajo, porque ya es objeto de tal reproche—. No se exploran, aunque ciertamente se le encuentran vinculados, otros enfoques igualmente preocupantes y que también obedecen al tratamiento de la infancia bajo el prisma penalizante. Esto ocurre cuando la infancia es considerada solo como un asunto problema, un objeto de reprimenda y castigo. En este enfoque, NNA aparecen (en el mejor de los casos) como individuos que se encuentran involucrados en problemas «con» la ley, frente a los que el sistema legal responde (si bien no con la misma intensidad que a los adultos) generalmente para efectos de hacer efectivo un reproche. Otra manifestación del enfoque penalizante que tampoco será objeto de análisis acá, es el que aparece cuando se atribuye o se propone atribuir derechos a la adolescencia mayor a los 14 y menor a los 18 años de edad, a costa de (querer) hacerlos plenamente responsables desde un punto de vista penal, esto es, de sujetarlos al tratamiento penal que se dispensa al mundo adulto. En este sentido, estas breves líneas exploran las relaciones que nuestra clase política ha trabado entre infancia como titular de derechos fundamentales y responsabilidad penal, como en una relación indisoluble.

1) Ley No. 20.084, Establece un Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente por Infracciones a la Ley Penal, Diario Oficial 7 de diciembre de 2005.

¿A TODAS LAS PERSONAS? El art. 19 del texto constitucional actualmente vigente, que inaugura el Capítulo III sobre derechos y deberes constitucionales, dispone que son titulares de derechos fundamentales «todas las personas». Pese a esa declaración, la atribución y/o reconocimiento de derechos fundamentales que se efectúa a través de las leyes –formas a través de las que se asegura el cumplimiento efectivo de los derechos– se detiene o suele detenerse, en los 14 años de edad. Este trabajo sostiene que ello es así porque en el imaginario de nuestra clase política, la condición necesaria para poder ser titular de derechos fundamentales viene dada por nuestra capacidad para ser sujetos susceptibles de reproche penal. En otras palabras, la ciudadanía –entendida de modo amplio, esto es como un estatus antes que en su variante estrictamente legal vinculada al ejercicio de derechos políticos– se encuentra asociada a nuestra posibilidad de ser objetos de castigo penal. Y es que, a pesar de lo dicho hasta acá, en el imaginario legal –y también, en cierta medida, el social– los 14 años de edad se han transformado –contra texto expreso, como se acaba de anotar– en el hito límite que faculta a NNA para el goce (en condiciones más o menos autónomas) de derechos constitucionales. Déjenme repasar algunos ejemplos para graficar lo que digo: uno estructural, en tanto relativo al fracasado cambio constitucional en Chile, y otros más específicos, pero, como se verá, no menos importantes. (i) De acuerdo a las reglas que regulaban el itinerario para el cambio constitucional en Chile anunciadas por la (entonces) Presidenta Bachelet, podían participar de sus diferentes etapas: Todas las personas, desde los 14 años, chilenas y chilenos… Es decir, tratándose de una cuestión tan fundamental como la determinación de las bases constitucionales de una comunidad, se había decidido excluir al 22% de la población. Además, en el caso de los y las adolescentes entre 14 y 18 años de edad (cerca del 7% de la población) las reglas en cuestión si bien permitían su intervención, no contemplaron acomodo alguno –o sea ningún arreglo institucional– que permitiera procesar sus voces con igual consideración y respeto. Más bien, NNA debían sumarse a las instancias generales que compartirían con el mundo adulto.

(ii) Recientemente, el poder legislativo aprobó un proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género2. Pues bien, uno de los aspectos que dicho proyecto encaró, fue el relativo a la extensión del reconocimiento de una de las dimensiones de la dignidad y autonomía a NNA. El proyecto, abrazando la segunda manifestación del enfoque penalizante, reguló la protección del derecho a la identidad de género de los y las adolescentes entre 14 y 18 años de edad. Mientras los niños y las niñas menores de 14 años quedaron (inconstitucionalmente) excluidos de la protección de sus derechos de autonomía, los adolescentes entre 14 y 18 años podrán reclamar las protecciones de la ley, y cito el texto de la ley aprobada: por sus representantes legales o alguno de ellos, a elección del mayor de catorce años y menor de dieciocho, si tuviera más de uno (art. 14). Una regulación tal, no resulta innecesario advertirlo, supedita la configuración autónoma del derecho a la identidad de adolescentes a la decisión parental, pues el proyecto carece de regulaciones que resuelvan el eventual desacuerdo entre el o la adolescente, de una parte, y sus representantes legales, de otra. (iii) De acuerdo al art. 3 de la Ley No. 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad3, –cito:Toda persona tiene derecho a la confidencialidad y privacidad sobre sus opciones y conductas sexuales, así como sobre los métodos y terapias que elija para la regulación o planificación de su vida sexual.– Sin embargo, el art. 2 del mismo cuerpo legal dispone que, en aquellos casos en que el método anticonceptivo de emergencia sea solicitado por una persona menor de 14 años, el funcionario o facultativo que corresponda, sea del sistema público o privado de salud, procederá a la entrega de dicho medicamento, debiendo informar, posteriormente, al padre o madre de la menor o al adulto responsable que la menor señale.

2) Ley 21.120, Reconoce y da Protección al Derecho a la Identidad de Género, Diario Oficial 10 de diciembre de 2018. 3) Diario Oficial 28 de enero de 2010.

DESPENALIZAR LA INFANCIA EN CHILE

(iv) Mismo enfoque ha acompañado a la discusión vinculada al anuncio del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, de extender el control preventivo de identidad a los NNA entre 14 y 18 años de edad4. Una nota de prensa quiso preguntarse –y responder, entre otras disciplinas, desde el derecho– qué es lo que sucede a los 14 años. En consonancia con lo que acá se sostiene, la nota terminó ofreciendo parejas de derechos/prohibiciones (obligaciones y deberes) de la siguiente manera: Ver filmes como El Repostero de Berlín, o solicitar que les sea rectificado su nombre y su sexo registral (…) Además, pueden solicitar la píldora del día después (…) Pero también, según el Código Penal, se considera estupro cuando hay acceso carnal a un menor de edad pero que es mayor de 14 años y hay un aprovechamiento de ‘un estado mental perturbado, abusando de alguna posición de autoridad (jefe, tutor o encargado de su cuidado), aprovechando el desamparo de la víctima o su inexperiencia o ignorancia sexual (…) Entre los 14 y 17 un joven puede ser perseguido penalmente, pero con un procedimiento especial: debe ser interrogado asistido por un abogado, porque se asume que a esa edad se encuentra en desventaja ante la policía y necesita más protección5. La nota concluye afirmando de manera coloquial, mas no incorrecta a la luz de lo que acá se señala, que los catorce son una especie de demarcación o frontera entre lo que se puede, debe (o no hacer) las consecuencias a las que uno está sujeto, así como ciertas normas y reglas. Todo esto explica cómo a nuestra clase política le debe haber parecido sencillamente inadmisible que sujetos titulares de derechos, entre ellos el derecho a solicitar la píldora, a consentir sexualmente o a decidir sobre su identidad de género (lo que se ha mencionado expresamente en el debate parlamentario) se mantuvieran al margen del control de identidad al que se somete el mundo adulto. En n efecto, a la fecha de envío de este escrito el proyecto sobre control de identidad avanza sin contratiempos en el Congreso. Como suele señalarse, aunque con poca atención a lo que la frase en verdad denota, derechos –como los mencionados– vienen de la mano con deberes. El problema principal de este enfoque es que esos deberes se ven en términos exclusivos de responsabilidad penal y no como la contribución que nuestro estatus de ciudadanos y ciudadanos aporta a la comunidad política –lo que no debiera extrañar en una sociedad marcada, de manera ingenieril, con un individualismo posesivo–. Concluyo este apartado señalando que el enfoque penalizante contra la infancia y la adolescencia se encuentra tan extendido que, de hecho, aparece también cuando se trata de ofrecer un discurso benevolente, esto

4 María Cristina Romero, «Gobierno plantea ampliar control de identidad y oposición dice que ‘no están las condiciones’ para dar facultades a la policía», en EMOL, 11 de marzo de 2019, disponible en: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/03/11/940778/Ejecutivo-plantea-ampliar-edad-paracontrol-preventivo-de-identidad-a-mayores-de-14-anos.html (última visita: 14 de marzo de 2019). 5 Todas estas citas, corresponden a Sebastián Minay, «Catorce años: Qué sucede a la edad clave que otra vez se toma el debate» en La Tercera PM, 14 de marzo de 2019, disponible en: https:// www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/impulsivos-vulnerables-e-inexpertos-vivir-los-14-anoschile/570136/ (última visita: 14 de marzo de 2019, las referencias y destacados de la nota de prensa han sido omitidos).

es, para atribuir y/o reconocer derechos. Es decir, se reconocen derechos justamente allí donde, previamente, ya ha existido atribución de responsabilidad penal. En efecto (v) y a propósito de un proyecto de reforma constitucional que busca rebajar la edad para sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias a los 16 años, y para sufragar en las elecciones municipales a los 14 años6, el Senador Alejandro Navarro –dando cuenta elocuente de la mirada de nuestra clase política– sostuvo que «se busca salvar una contradicción vital porque los menores entre 14 y 18 años son imputables, pero no tienen los derechos que tienen los ciudadanos. Lo que queremos con este proyecto es que en las elecciones municipales puedan votar los chicos que tienen 14 añosy que a los 16 años puedan hacerlo en las elecciones generales…». Es decir, solo gracias a que ya son penalmente responsables es que los podremos hacer partícipes de su entorno, su barrio, sus vecinos, sus amigos, de manera que perciban cómo las políticas municipales sí les afecta7.

6 Boletín Nº 8680-07. 7 Las citas están tomadas de «Jóvenes de 14 años podrían votar en elecciones municipales», SENADO.CL, 17 de mayo de 2019 (última visita: 16 de septiembre de 2019). Desde luego queno debe dejar de mencionarse, que este debate ha ido de la mano con otro variante del prisma penalizante, a saber, el que reclama atribuir derecho de sufragio en los términos del proyecto, únicamente si esos adolescentes son plenamente responsables penalmente –esto es igual que el mundo adulto–.

DESMONTANDO EL ENFOQUE PENALIZANTE: DIFERENTES E IGUALES ¿Es posible desmontar el enfoque penalizante? Es decir, ¿es posible que, tratándose de NNA, dejemos de lado la convicción — como vemos, extendida entre nuestra clase política — de que solo se es titular de derechos allí donde se es responsable penalmente? La respuesta es sí. Para ello necesitamos, en primer lugar, abandonar la aritmética jurídica; una cierta obsesión por conceder a entidades similares (aunque la similitud sea solo formal) un idéntico trato, como si los tratamientos diferenciados, cuando existe la justificación, no fueran posibles8. En ese sentido, debemos comenzar advirtiendo que no existe contradicción alguna entre anotar la situación de especial vulnerabilidad en que se encuentran NNA, de una parte, y la posibilidad de conferir derechos que les permitan proteger sus intereses, de otra. Dicho de otro modo, debemos superar la supuesta inconsistencia entre demandar protección y cuidado, por un lado, y la realización autónoma y personal de NNA, de otro. Lo que se requiere, en cambio, es reconocer que la necesidad de especial cuidado en que se encuentran NNA va de la mano con el reconocimiento de su plena dignidad humana y agencia para tomar parte en la determinación de esas propias estructuras de protección y ejercicio de derechos.

8 En este entendido, y para ilustrar lo que acá se reprocha, es usual escuchar que las personas jurídicas podrían ser consideradas titulares de derechos fundamentales — como la objeción de conciencia, un derecho fundamental a decir del Tribunal Constitucional —. ¿Cómo sería posible conferirles un derecho tal? Pues bien — prosigue esa tesis — ya les han atribuido responsabilidad penal. Como se advierte, junto con asumir que la idea de persona es, para estos efectos, la misma, se trata de un reclamo que no escapa, tampoco, de la mirada penalizante.

En otras palabras, no debemos creer que los mismos factores que explican por qué no debemos dañar a NNA, explican, a un tiempo, que ellos y ellas no puedan (también) protegerse por medio del ejercicio de derechos, de esos daños. Entre nuestra clase política –pero desde luego más allá– la vulnerabilidad en que se encuentran NNA suele ser identificada únicamente para volverla contra los propios NNA. Es lo que ocurre con aquellas opiniones que están dispuestas a reconocer derechos de ciudadanía a la infancia a condición de, como he advertido, hacerlos y hacerlas plenamente responsables desde un punto de vista penal. Pero no solo eso. Este es el riesgo que se corre, también, cuando la extensión de derecho se hace de manera descuidada, esto es cuando las estructuras sociales de definición política se abren, sin más, a la inclusión de NNA. Esto es, me parece, lo que ocurrió con los y las adolescentes entre 14 y 18 años de edad a quienes se les permitió tomar parte de los espacios de participación del itinerario de cambio constitucional arriba identificado. Se les ofreció un espacio en que debían competir contra adultos, sin que existiera acomodo alguno (ni institucional, ni procedimental, menos sustantivo) para relevar sus voces.

DESPENALIZAR LA INFANCIA EN CHILE

¿Qué es lo que hace falta, entonces? Hace falta reconocer la situación de especial vulnerabilidad de la infancia y, a un tiempo, la igual dignidad y agencia de NNA. Se requiere una teoría de la representación abierta a aceptar que la participación política de NNA sea diferente y, no obstante, igualitaria. Una teoría, por decirlo de algún modo, que responda al reclamo de adecuación y que, sin embargo, no les niegue, por esa adecuación, su condición de miembros iguales de la comunidad política que integran. Se trata de avanzar en el reconocimiento de lo que Lister ha denominado un ‘universalismo diferenciado’. En este sentido, el Estado — esto es, la comunidad política — tiene la responsabilidad de responder a la mayor diversidad posible de experiencias sociales y en consecuencia, sobre ellas, responder a las necesidades de la infancia. Esto es exactamente lo que el enfoque penalizante no hace. Por una parte, obvia la situación de especial vulnerabilidad de NNA cuando se trata de atribuir responsabilidad penal, pues es la puerta de entrada — nótese las palabras de Navarro — para poder luego reclamar derechos. Pero la considera, luego, si es del caso que de lo que se trata es de atribuir derechos, justamente para negarlos reclamando incapacidad, falta de madurez y desarrollo de la personalidad. Y los pocos y de forma restringida que se ofrecerán, serán para aquellos que, como los NNA entre 14 y 18 años de edad, son capaces de mostrar sus credenciales de responsabilidad penal parcial. Como sus derechos.

NIร EZ, TOQUE DE QUEDA Y DERECHO A LA CIUDAD Una mirada feminista L AU R A MANZI Psicรณloga. Militante de Solidaridad. Integrante Coordinadora Feminista 8M.

Si realmente se estuviera construyendo una política social con enfoque de derechos para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes, partiríamos por preguntarles directamente qué necesitan para sentirse seguros en la ciudad y qué creen que debe transformarse en ésta para habitarla sin miedos. EL DOMINGO 30 DE JUNIO se realizó la consulta ciudadana en siete comunas del país -a partir del proyecto presentado por la bancada Acción Republicana- sobre la definición de un «horario protegido» (eufemismo de un toque de queda) para niños, niñas y adolescentes. Este proyecto surge en un contexto nacional de aumento de las prácticas represivas y de criminalización hacia la niñez y adolescencia por parte del Estado, en cuyo marco se llevan a cabo políticas educativas como Aula Segura, y la insistencia del mismo sector político en disminuir la edad de responsabilidad penal. La consulta misma fue un fracaso (una participación de apenas el 8,9%) pero cabe preguntarse por el sentido profundo que tienen este tipo de propuestas. La propuesta de toque de queda da cuenta de que en Chile hay un sector que vuelve a levantar una visión política profundamente antidemocrática como una clara reminiscencia de las medidas de control dictatorial. Ahora, igual que en dictadura, se trata de una política donde algunas personas tienen menos derechos que otras puesto que niñas, niñes, niños y adolescentes son definidas como «menores» y, por lo tanto, como sujetos pasivos respecto de su propio despliegue en la ciudad. De este modo, se plantea que la forma de ofrecer seguridad a quienes habitan el espacio público no es mediante la transformación de la ciudad y sociedad en un espacio donde sea posible el pleno desarrollo y el encuentro, sino por el contrario, mediante el control y la restricción de su uso. La sugerencia de un horario

protegido para menores de 16 años presenta la idea de que la forma de cuidar su seguridad frente a las amenazas de la ciudad, es restringiéndoles su presencia fuera de sus casas bajo la noción de que este confinamiento en los hogares es condición de seguridad. Como feministas, sabemos que los hogares han sido y son uno de los principales espacios de vulneración y violencia para mujeres, niñas, niñes y niños. ¿Qué es lo que pretende esta medida entonces? ¿A quiénes busca proteger? ¿Qué enfoque es el que promueve? Una política de toque de queda para «menores» hace de las políticas de seguridad una excusa para reforzar la vigilancia y control policial y civil sobre un sector de la población que al menos desde 2006 ha demostrado una alta capacidad de crítica a lo establecido y de movilización colectiva. Se trata entonces, de una política que está muy lejos de asegurar el pleno ejercicio de derechos de la niñez. Un aspecto que llama la atención del enfoque antidemocrático del proyecto y, por tanto, de las visiones y consecuencias de la consulta ciudadana, es que no concibe la ciudad como un espacio público, pues su uso está limitado solo para algunas personas. Por una parte, esto implica un incumplimiento del principio de Igualdad y No Discriminación a los Niños, Niñas y Adolescentes, aceptado por Chile al ratificar la Convención de los Derechos del Niño en 1990. Pero el problema principal es la idea que hay respecto de la niñez y adolescencia, como personas sin autonomía ni capacidad o interés por vivir y organizarse con independencia de adultos. De este modo, volvemos a una comprensión de les niñes y adolescentes como «menores», es decir, personas en una situación jerárquicamente inferior que los adultos. Esto queda en evidencia cuando se plantea en el proyecto de ley que las únicas situaciones ante las cuales un niñe, niño, niña o adolescente puede encontrarse en la vía pública durante el así llamado «horario protegido» de toque de queda, son aquellas en las que se encuentra realizando un traslado/encargo autorizado por un adulto sin desvíos, en el caso de encontrarse emancipado legalmente, estar involucrado en una emergencia y/o estar realizando una actividad estudiantil, educativa, religiosa o recreativa supervisada por adultos. Asimismo, aísla y deja en un lugar de responsabilidad individual la protección de la niñez y adolescencia. Aunque las familias son la primera línea de protección directa, es el Estado el agente responsable de asegurar espacios libres de violencia, garantizando de este modo al total de la población la posibilidad de habitar la ciudad sin miedos. En sentido contrario a esta responsabilidad pública, la definición del toque de queda limita el ejercicio de las libertades de las personas y comunidades. Una perspectiva transformadora y que asuma un enfoque de derechos, parte del principio del derecho a la ciudad de personas de todas las edades, géneros y nacionalidades. La pregunta ha de ser ¿Cómo hacemos de la ciudad un lugar libre de violencia?. Cabe señalar que cuando hablamos del derecho a la ciudad, lo hacemos sobrela ciudad en su conjunto y no en la compartimentación municipal. No es posible abstraer estas políticas de control desde los municipios, de la división presupuestaria municipal, donde comunas como Recoleta tienen como presupuesto total anual para toda la comuna, el equivalente al recibido recientemente por la comuna de Providencia para mejorar sus vías.

NIÑEZ, TOQUE DE QUEDA Y DERECHO A LA CIUDAD

Por último, para pensar la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como sus necesidades acorde a la edad se requiere una mayor comprensión respecto de la realidad actual de éste grupo. Limitar sus posibilidades de salir en estos horarios no considera que la mayor parte de sus experiencias de vulneración ocurren al interior de sus casas y que, por lo tanto, estar en la vía pública en dicho horario en muchas ocasiones se configura como una estrategia para resguardar su integridad. De este modo, que un niño, niña o adolescente se encuentre con un adulto responsable no asegura -aunque idealmente debiese- su protección. La propuesta de un toque de queda para niños, niñas y adolescentes es altamente preocupante y regresiva con respecto a la defensa de su integridad y desarrollo. Es una medida que trae al presente prácticas dictatoriales de control y vigilancia mediante la represión de la población, en especial de aquella en situación de pobreza. En la propuesta de toque de queda no existe ni la más mínima preocupación por los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, quienes que no tienen un hogar o en muchos casos adultos que puedan asumir su cuidado. De todos modos, la principal preocupación refiere a la limitación del ejercicio del derecho a la ciudad de los niños, niñas y adolescentes; faltando también al principio de participación en la construcción misma de los espacios que habitan. ¿Dónde queda la voz de quienes se verán directamente afectades por esta política? Si realmente se estuviera construyendo una política social con enfoque de derechos para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes, partiríamos por preguntarles directamente qué necesitan para sentirse seguros en la ciudad y qué creen que debe transformarse en ésta para habitarla sin miedos. Como dijera la poeta y profesora lesbiana Gabriela Mistral: «el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde»; ese hoy no puede sino construirse con su participación. Esta fracasada consulta y el proyecto que le subyace, no es más que una nueva estrategia de la derecha para negar el derecho a la ciudad de niños, niñas y adolescentes. Aquellas personas de las que afirman con orgullo que son «el futuro de Chile», terminan siendo vistos como sujetos en los que no se puede confiar y a los que solo el encierro puede proteger. Viniendo de autoridades que se han opuesto históricamente a promover políticas de seguridad social, garantizar derechos sociales universales y resolver de manera efectiva las causas de la desigualdad y la precariedad cotidiana de sus vidas, no podría haber hipocresía más grande.

FEMINISMO Y NIÑEZ, UNA RELACIÓ INALIENABLE Por un feminismo con las niñas, niños, niñes y adolescentes

CO M ITÉ D E N IÑ EZ COO RD INAD O R A FE M IN I S TA 8 M

ÓN E

LAS MOVILIZACIONES FEMINISTAS de los últimos años han contribuido a transversalizar el feminismo en los movimientos sociales en vías de una transformación radical de las estructuras sobre las que se producen y reproducen nuestras vidas y la sociedad en su conjunto. Son muchas y muy diversas las que han salido a las calles a reclamar por una educación no sexista, contra el sistema de pensiones, por el derecho al aborto libre y legal, contra las tantas formas de violencias que se ciernen sobre los cuerpos de mujeres y disidencias. Tomarnos las calles ha sido una forma también de sacar la voz, de imaginar juntas una vida distinta, una vida mejor. Y es así como nos prometimos no volver a callar, aguantar ni olvidar cómo nos habían enseñado, también nos comprometimos con aprender a construir juntas desde distintos territorios, edades y luchas. Decidimos no dejar que nadie más decida por nuestras vidas y ante eso hoy también nos preguntamos por quienes más han vivido estas formas de relegación, en la que no pueden participar del curso que toman sus vidas, cuya voz es subestimada, sus vidas violentadas y su experiencia sujeta a lo doméstico o en dependencia de otros. Niñas, niños, niñes y adolescentes habitan ese lugar y, al igual que a las mujeres, históricamente no les reconoce autonomía.

Niñes y adolescentes han sido recurrentemente estudiados y entendidos solo y en tanto, una proyección hacia la adultez, solo y en tanto «el futuro del país». Nosotras decimos que son el presente. Para algunos aparecen como sujetos públicos una vez que son productivos para la economía, para otros una vez que son objeto de la criminalización y por qué no decirlo también, una vez que son sujetos electorales. Rápido se olvida la potencia política de quienes han sido uno de los principales actores de los movimientos sociales de la post dictadura y especialmente en la revuelta actual, rápido se asemeja su radicalidad con la falta, con lo incompleto, con lo fuera de lugar. Todo pareciera indicar que la posibilidad de poder definir sus vidas aparece tras la espera de ese momento cúlmine del desarrollo que arbitrariamente se sitúa en los 18 años de edad. No bastando con la invisibilización, abundan quienes hablan por ellas y ellos atribuyéndose su vocería con visiones asistencialistas, donde se les trata de «menores» en busca de créditos políticos que se evidencian rápidamente al analizar el contenido de las demandas «por los niños» en el contexto legislativo actual. Nosotras dijimos este 8 de marzo que nadie más hablaría por nosotras y, es por esto,

que desde una perspectiva feminista hacia la niñez, lo primero es este reconocimiento fundamental al lugar de enunciación desde la propia experiencia, son las niñas, son los niños, son les niñes y adolescentes quienes han de imaginar y formar parte de la política de sus vidas presentes y futuras. Y entonces, ¿Qué significa construir junto a niñes y adolescentes? ¿cómo hacerlo en el reconocimiento de su diferencia a las y los adultos sin generar falsos espacios de participación? La Convención sobre los Derechos del Niño instala la idea de la participación promoviendo que ésta sea más que solo opinar y, por lo tanto, releva la necesidad de informarse así como también resguarda la posibilidad de reunirse y organizarse. Sin embargo, se queda al atribuirles capacidad de opinión exclusivamente en el espacio privado: «en lo que directamente les afecta». Frente a eso nos preguntamos ¿quién define qué es lo que les afecta directamente y qué no? ¿cuáles serían aquellas situaciones que no les afectan? ¿por qué no se les puede hacer parte de la discusión sobre aquellas materias? Nosotras reivindicamos la necesidad de desbordar la frontera entre los espacios públicos y privados, entre eso que nos afecta «directamente» y aquello que dirime

sobre la vida en su conjunto y por eso quisiéramos plantear que lo primero es el reconocimiento de su rol político y social ya no como entes pasivos sobre los que se ejecutan políticas de Estado, sino por el contrario, como agentes sociales que deben formar parte los procesos de identificación de necesidades, movilización social, toma de decisiones. Un rol que por lo demás es imposible de no ver cuando ellas, un grupo de secundarias decide evadir el metro luchando por los derechos de otras personas, dejan en claro que el campo de su participación no radica en lo que les afecta de forma directa, sino que su opinión y sus posiciones abarcan el todo. Asimismo nos demostraron, a diferencia de lo que generalmente se juzga de este grupo, que ellas no se piensan solo a sí mismas, no se están mirando el ombligo, sino que por el contrario, están dejando su vida en la calle para luchar por nuestros derechos y contra la precarización de la vida de quienes habitamos este territorio. La revuelta social nos ha permitido observar en primera persona lo que significa esta otra sociedad que siempre nos imaginamos, en la que se configuran nuevas formas de hacer política donde la edad no es un impedimento para hacerse parte de

repensar la educación, la salud, los usos del tiempo, las formas visibles e invisibles de la violencia, cómo deseamos que sean nuestros hogares, las luchas ecológicas, el desarrollo de las ciudades, la experiencia de la migración y la posibilidad de ser y amar a quienes queramos. En este escenario, nos parece necesario que el impulso de espacios de participación política de niñes y adolescentes que se construyen en base a sus tiempos y modos, las ideas, deseos y luchas que quieran asumir, se mantengan en el tiempo. Que no se agoten con el momento histórico que se vive, sino que transforme para siempre nuestra forma de organizarnos y de convocar. Como feministas y en particular desde el comité de niñez de la Coordinadora Feminista 8M queremos decir que no vamos a trabajar por los niños, sino a comprometernos con trabajar y movilizarnos con niñas, niños, niñes y adolescentes en las casas, en las calles y en las plazas.

FEMINISMO Y NIÑEZ, UNA RELACIÓN INALIENABLE

LA NIÑEZ MIGRANTE

ANTE LA EXPOSICIÓN A LA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE VAN E S SA GO NZ ÁLEZ Secretaria de mujeres migrantes.

Dentro de las múltiples facetas de la discriminación a la que estamos expuestas las personas migrantes, hay una que nos preocupa particularmente y es la violencia a la que está expuesta la niñez migrante.

un adulto, ni siquiera alcanzamos a dimensionar lo que puede llegar a experimentar un niño, ya que si bien la decisión de migrar está incentivada por complejidades estructurales determinantes, son los más pequeños quienes se llevan la peor parte y son quienes tienen menor incidencia en la toma de la decisión de cambiar el territorio que se habita. Tomando como base que este país posee una construcción social, política y económica basada en el neoliberalismo, que entre sus muchas aristas conlleva formas muy específicas de proceder que están avaladas socialmente y una de ellas es la peligrosidad del nacionalismo, el que por su parte guía a quien no lo cuestiona, hacia los conceptos y sentimientos de superioridad racial, o a la mentira de la ausencia histórica de la negritud en el territorio o incluso a la temática de la superioridad económica, que presenta el país cómo el más estable de la región, ubicando por supuesto a los demás en imaginarios absolutos de pobreza y precariedad. Todos estos factores unidos a la ignorancia política incentivada por quienes mueven desde arriba los hilos, hacen de Chile un país alta y notablemente

LA NIÑEZ MIGRANTE

SI EL TEMA de la adaptabilidad es complejo para

racista, clasista y xenófobo, y estos factores son determinantes en la vida de todo aquel que salga del marco hegemónico cuidadosamente delineado. Es así cómo este caldo de cultivo perfecto se convierte en la mano castigadora de las y los niños migrantes a través de múltiples violencias, que ocupan espacios desde la escuela hasta las instituciones de salud, el espacio público o las redes sociales. Aunque en Chile, hace ya unos años y a raíz del esfuerzo de organizaciones sociales, se logró que los niños nacidos en el territorio sean considerados chilenos por el Estado, socialmente este reconocimiento aún está en proceso, puesto que los hijes de migrantes, siguen siendo nombrados y encasillados en la nacionalidad de sus padres, cosa que no estaría mal si no fuera porque es causante de exclusiones entre sus pares. Uno de los espacios donde la niñez migrante queda más expuesta a la discriminación son las instituciones educativas y es de parte otros infantes de quienes reciben la mayor cantidad de violencia. Hay que problematizar que las y los niños hasta ciertas edades, replican lo que sus cuidadores inculcan en ellos, es así cómo las dinámicas racistas y xenófobas son prácticas normalizadas y diarias en estos entornos. Sumando a eso la cantidad de estudiantes en contrapeso con la cantidad de profesoras disponibles en los cursos, lo que hace que corregir cada conducta negativa en los niños sea un trabajo titánico y sin desconocer que en muchos casos las mismas personas a cargo de su enseñanza están poco sensibilizadas en torno a la discriminación, el prejuicio o la exotización. La mayoría de los pequeños vienen de culturas muy diversas que deberían ser potenciadas por las instituciones educativas, pero por el contrario son ignoradas y vistas como inferiores. De esta manera son violentados los derechos sociales y culturales de la niñez migrante, negando incluso la posibilidad de hablar su idioma nativo. Los pequeños no están preparados para lidiar con los prejuicios socialmente avalados acerca de su color de piel, aspecto físico, su acento o forma de vestir, y verse constantemente atacados por ser quienes son, puede traer serias consecuencias para su desarrollo emocional y correcta inserción en el país.

Otro factor preocupante son los espacios que llegan a habitar la niñez migrante, espacios que en gran cantidad de ocasiones dista mucho de la expectativa que plantearon los adultos a cargo de lo que sería la vida en el nuevo país, pero que escapa de sus posibilidades al encontrarse con los altos costos de los alquileres y la nula posibilidad de adquirir vivienda propia, condenando así a los menores a ambientes empobrecidos, alejados de los centros de poder, inseguros y con mínima accesibilidad a calidad en la educación. Estas condiciones de vida, en muchos casos, son más precarizadas comparadas con la manera en que vivían en sus países de origen, causando exclusión en elacceso a dinámicas que serán determinantes en su adultez. Otro factor fundamental son las largas jornadas laborales a las que están sometidos los adultos migrantes por causa de la precarización laboral que recae sobre nuestros hombros, que crea dinámicas que permiten que muchos pequeños deban permanecer solos o al

cuidado de vecinos, incentivando situaciones que les dejan expuestos y vulnerables a posibles violencias sexuales, físicas o emocionales. Es por esto que muchas familias prefieren enviar de vuelta a sus hijes a sus países de origen, por no tener los medios suficientes para costear la vida con ellos de manera digna. Por último, cabe recordar y denunciar que hace un par de meses el gobierno dio notificación de expulsión a decenas mujeres en situación irregular, madres migrantes de niños y niñas chilenas y, a pesar de las denuncias de las organizaciones sociales que apelaban a la protección de los derechos de los niños a vivir en su territorio de nacimiento, a la unificación familiar y al evidente motivo de arraigo, la petición no fue acogida, causando que muchas de esas madres tuvieran que abandonar el territorio, siendo ésta una de las múltiples artimañas para ejercer presión sobre personas migrantes indeseadas por el gobierno para abandonar el país, situación enormemente violenta, ya que condena al exilio a niñas y niños chilenos por el solo hecho de no disponer el estándar social y económico que exige el gobierno, para ser bienvenido en el territorio.

LA NIÑEZ MIGRANTE

No se trata de jerarquizar ninguna cultura, sino incentivar la interculturalidad que establece no fundir las diversas identidades en una sola, ni ubicar ninguna por encima de la otra, sino por el contrario, potenciarlas todas al mismo nivel. Según la Unesco, la diversidad de identidades integra en su patrimonio la riqueza cultural que enlaza la trama del tejido social. Por otra parte, están los acuerdos internacionales suscritos por Chile como La Convención sobre los Derechos del Niño que se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño y su supervivencia, desarrollo y protección. Chile ratifica también la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en la cual los Estados se comprometen a condenar la discriminación racial y a seguir, por todos los medios apropiados, una política que debería ser desarrollada principalmente en las instituciones educativas, ya que el cambio será permanente en la medida en que las nuevas generaciones sean educadas de manera adecuada; y por último El Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular que reconoce que la protección de los derechos de los niños es parte fundamental para la correcta gestión de la migración, aunque el actual gobierno decidió no suscribir al pacto, violentando así a la niñez migrante que habita el territorio.

¿CUÁNTO AGUANTA UN NIÑO?

La violencia policial cometida durante el Estado de Emergencia retratada por niños y niñas de un colegio de la periferia de Santiago de Chile.

CO N S TANZ A TIZZO N I Licenciada en Antropología Social, Universidad de Chile. Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR).

¿Cuánto aguanta un niño? ¡dime cuánto! ¿cuánto aguanta un niño? a la fuerza ¿cuánto insulto? ¿cuánto peso? ¿a cuánto pone el hombro? con sonrisa mientras parten en 2 su única vida su receptividad mientras se cortan en 4, en 8, en 16, en 32 y lo unen mal las piezas ya no coinciden no pegan algunas se quedaron en la cocina bajo la cama bajo la mesa en el patio en la calle en la sala en la oficina en la fábrica para siempre ¿a quién le importa?

Fragmento de «¿Cuánto aguanta un niño?», Jorge González.

LAS SIGUIENTES IMÁGENES corresponden a dibujos realizados por niños y niñas que cursan pre-kínder en un colegio de la periferia de Santiago de Chile. Luego de una semana de que fuese declarado el Estado de Emergencia el 18 de octubre en distintas regiones del país, miles de estudiantes a lo largo de Chile tuvieron que enfilarse de regreso a clases, obligados por la normalidad que las autoridades querían forzar a punta de metralletas. Son curiosos los nombres que el propio fascismo ocupa para designarse a sí mismo: oasis, normalidad, pacificación, democracia. La profe que me mostró estas fotos es una mujer a quien yo admiro muchísimo. Por más que trabaje en este establecimiento que pertenece a uno de los grupos económicos más importantes del país (y por «importantes» me refiero a ladrones) a ella no le pasan gato por liebre: apoya las manifestaciones no solo porque su familia ha pertenecido a la clase trabajadora durante generaciones y porque ella misma es la primera en estudiar en la universidad, lo que llenó de orgullo a su mamita, sino que también porque en este mismo establecimiento a la que la obligaron a volver, pese a que las mismas apoderadas le pedían que se quedara en su casa porque querían cuidarla de los horrores que se estaban cometiendo en la población, se enfrenta cotidianamente a historias de violencia mucho antes del estallido: los narcos que hacen día la noche, los pacos que no hacen nada, las balas locas que casi rozan las cabezas de los niños y niñas mientras duermen

y que ruega volver a ver al día siguiente, temprano por la mañana. A veces está chata y no quiere más o quiere dedicarse a otra cosa, a veces se siente peleando sola, y me da rabia porque es buena y estoy segura de que les hace bien a los chiquillos y chiquillas tenerla de profe, me da rabia que sea el mismo neoliberalismo el que se encargue de patear en el suelo su vocación, así como la de tantos cabros y cabras que ingresaron a la universidad a estudiar educación con la promesa de enhebrar la caída de los molinos de viento. Después de conversar con los niños y niñas sobre los días que habían pasado, de abrazarlos y contenerlos en una de las más trágicas vuelta a clases que habían vivido, les pidió que trataran de expresar, a través de dibujos con témpera en hojas de papel de oficio, respuestas a la siguiente pregunta: «¿Cómo te imaginas Chile?». Las imágenes corresponden a tres dibujos de muchos en los que el naranjo, el negro y el verde paco cumplían roles protagónicos. En estos tres dibujos vemos a bestias enormes vestidas de verde que ocupan la totalidad del espacio, bestias tristes con rictus de amargura y cejas gruesas que expresan enfado, efectos secundarios, claro está, del exceso de metholatum. En uno de estos dibujos hay una madre siendo apuntada con una pistola y hasta el mismo sol está asombrado de lo que su propia luz permite vislumbrar: son las mismas bestias de las que la luna en uno de sus cruces, ya había advertido.

¿CUÁNTO AGUANTA UN NIÑO?

«¿Cómo te imaginas Chile?»

Esta profe me cuenta que, ante la pregunta de «¿Cómo te imaginas Chile?», uno de los autores de estos dibujos respondió a viva voz ante toda la clase: «sin pacos ni milicos en las calles». Y es porque estas bestias de verde que retratan sus estudiantes corresponden a Carabineros de Chile. Los mismos que prometen, en una canción de cuna macabra: Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente, vela tu amante Carabinero, aquellos que se vanaglorian de ser del débil, el protector. La ironía entrañada en esta última frase se encuentra enquistada como un balín de goma en el cuerpo doloroso del pueblo chileno. La ironía se hace presente en cada ojo mutilado, en cada célula de epidermis quemada por el efecto del gas pimienta o las bombas lacrimógenas, en cada abuso sexual, en cada tortura, en cada uno de nuestros muertos. ¿Cómo vamos a tener cara para pedirle a nuestros niños y niñas que encarnen a las bestias de verde en el teatro horroroso de cada 27 de abril? ¿A qué los arriesgamos con este gesto? Los empresarios y políticos de nuestro país no sienten asco de soltarle la correa a las bestias de verde que los resguardan y permiten que la primera infancia de Chile se esconda debajo de su cama sintiendo miedo, mientras ellos arrojan a niños y niñas a la mesa como fichas de una partida de póker que se juega entre cuatro paredes, o en la cocina de Zaldívar, y apuestan a una pregunta que en el año ’94 Jorge González nos gritaba, desgarrado, desde esa obra maestra llamada «El futuro se fue»: ¿Cuánto aguanta un niño? He salido a las calles de Santiago durante estos días, leí que la mitad de los menores detenidos en Valparaíso pertenecían a centros del SENAME, he conversado con mis vecinos y vecinas cada sábado sobre el país en el que queremos vivir, he visto los videos de manifestaciones que se multiplican en cada rincón de Chile y lloro de alegría al poder responderle a Jorge González luego de 25 años de silencio. La respuesta es que ya no aguantamos más.

¿CUÁNTO AGUANTA UN NIÑO?