2
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio - PDPMM
2 Colombia: Las Víc mas del conflicto armado Buenas Prác cas en el Magdalena Medio Colombiano Sistema zación de los procesos de apoyo a víc mas del Magdalena Medio Acompañados por el ACNUR y el PDPMM entre 2005 y 2015
Barrancabermeja, octubre 2016
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Personas Entrevistadas AGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS ACNUR 2
Hans Kris an Hartmark Jefe de Oficina ACNUR Cúcuta. Equipo de Protección Oficina ACNUR-Cúcuta Nohora Man lla Oficial de Protección de ACNUR-Cúcuta Lorena Valdés Asistente de Programa de ACNUR-Cúcuta PROGRAMA DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO PDPMM Ubencel Duque Rojas Director José Alberto Santos Gerente Administra vo San ago Camargo Coordinador de Proyecto Nilson Dávila Benavides Consultor Sistematizador
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Nohora Man lla Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio Ubencel Duque Rojas Marlene Meza Iris Hernández Patricia Conde Jorge Niño San ago Camargo Par cipantes de proyectos ACNUR-PDPMM Betsy Herrera Vilma Ruiz Cecilia Alarcón Torres César González Marbelis Rodríguez Diocelina Quintero Estefanía Payares Sosa Isolina Quintero Víctor Campo Elider Incapié Alexander Gil Donado Leither Nuñez Mónica Andrea Lizarazo Gómez
Diseño y Diagramación Daniela & Olga M Torres Duarte
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Contenido Siglas Presentación Introducción Primera parte: El contexto regional 1. Contexto regional 2. La ocupación inicial del espacio 3. La región en la actualidad 4. Las víc mas en la región Segunda parte: La alianza ACNUR-PDPMM 1. Antecedentes 2. El desarrollo de la alianza Tercera parte: El fortalecimiento ins tucional 1. La situación inicial 2. Las acciones realizadas 3. Los logros obtenidos 4. Las lecciones aprendidas 5. Las buenas prác cas Cuarta parte: El fortalecimiento organiza vo de la población desplazada 1. La situación inicial 2. Las acciones realizadas 3. Los logros obtenidos 4. Las lecciones aprendidas 5. Las buenas prác cas Quinta parte: La polí ca pública 1. Prevención y protección 1.1 La situación inicial 1.2 Las acciones realizadas 1.3 Los logros obtenidos 1.4 Las lecciones aprendidas 1.5 Las buenas prác cas 2. La estabilización socioeconómica Caso 1: ‘La Pampa’, municipio Sabana de Torres 1. La situación inicial 2. Las acciones realizadas 3. Los logros obtenidos 4. Las lecciones aprendidas 5. Las buenas prác cas
5 7 8 9 10 12 13 14 17 18 21 22 23 25 28 30 31 32 33 35 35 36 40 42 43 43 44 45 46 47 48 48 48 50 52 53 53
3
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
4
Caso 2: Ciudadela Enraizar, municipio de San Pablo 1. La situación inicial 2. Las acciones realizadas 3. Los logros obtenidos 4. Las lecciones aprendidas 5. Las buenas prác cas Caso 3: Dorada y Unión Dorada 1. La situación inicial 2. Las acciones realizadas 3. Los logros obtenidos 4. Las lecciones aprendidas 5. Las buenas prác cas Caso 4: ‘Las Pavas’, municipio El Peñón 1. La situación inicial 2. Las acciones realizadas 3. Los logros obtenidos 4. Las lecciones aprendidas 5. Las buenas prác cas Sexta parte: el seguimiento y monitoreo 1. La situación inicial 2. Las acciones realizadas 3. Los logros obtenidos 4. Las lecciones aprendidas 5. Las buenas prác cas Conclusiones Bibliogra a
54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 58 58 59 59 60 60 61 61 62 63 63 64 65 65 66 68
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Contenido ilustraciones Ilustración 1. Colombia. Mapa localización MM Ilustración 2. CORMAGDALENA. Mapa jurisdicción MM Ilustración 3. Mapa jurisdicción PDPMM-CORMAGDALENA Ilustración 4. Colombia. Mapa axonométrico con MM Ilustración 5. Los imanes del poblamiento en el MM Ilustración 6. Procesos de indemnización en el MM, 1985-2016 Ilustración 7. Mapa indemnizaciones 1985-2016 sobre población 2016
10 10 11 12 12 16 16
Contenido tablas Tabla 1. MM Población y densidad poblacional por municipio, 2016 Tabla 2. Procesos de indemnización en el MM, 1985-2016
13 15
Siglas ACNUR ACVC CEDRAL CINEP CDPMM CNAIPD CORMAGDALENA DDHH DIH ELN FARC-EP INCODER JAC MM OPI PAT PEPH PIU PDPMM SNAIPD UARIV
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Corporación Centro de Estudios para el Desarrollo Regional Alterna vo Centro de Inves gación y Educación Popular Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio Comités Territoriales para la Atención Integral de la Población Desplazada Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena Derechos Humanos Derecho Internacional Humanitario Ejército de Liberación Nacional Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo Ins tuto Colombiano de Desarrollo Rural Junta de Acción Comunal Magdalena Medio Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio Plan de Acción Territorial Plan Especial de Protección Humanitaria Plan Integral Único Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada Unidad de Atención y Reparación a las Víc mas
5
6
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Presentación El presente documento da cuenta de las buenas prác cas realizadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM, en el marco de un trabajo conjunto de más de seis años en el Magdalena Medio colombiano. Este trabajo se orientó a lograr tres grandes obje vos: 1) El fortalecimiento organiza vo de las víc mas del conflicto armado interno colombiano. 2) El fortalecimiento de las ins tuciones estatales nacionales y locales que debían dar respuesta al drama de las víc mas. 3) La estabilización socioeconómica de la población víc ma. El lector encontrará además de las buenas prác cas las lecciones aprendidas a lo largo de estos años, estas son hoy vistas como innovaciones, de cara a una nueva fase del conflicto armado colombiano, que se inició hace cuatro años entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP): “El camino para la búsqueda de una paz estable y sostenida”. En esta nueva fase de la historia colombiana, llena de certezas e incer dumbres, estas prác cas ofrecen una ruta sobre la manera de abordar el drama y las consecuencias de un largo conflicto armado: ruta que exige abordar simultáneamente, la organización de la población víc ma y la respuesta estatal y social a personas y territorios vic mizados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, agradece en primer lugar a las víc mas que nos orientaron para desarrollar estos trabajos; nos enseñaron como transformar el dolor en inicia vas de paz; nos enseñaron como permanecer y lograr un arraigo territorial; nos enseñaron como construir una sociedad en medio de un conflicto interno; en fin, le dieron un sen do a nuestro trabajo y nos enseñaron el contenido y la prác ca de la solidaridad. En segundo lugar al Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM, socio y aliado en el territorio, con quien planeamos y ejecutamos el trabajo realizado. A las en dades estatales nacionales, regionales y locales, con quienes trabajamos para transformar la polí ca pública y aplicarla y finalmente, gracias también a la población del Magdalena Medio en su conjunto, por su dignidad, su trabajo y su alegría, que aún en medio del dolor siempre estuvo presente.
Nohora Mantilla Oficial ACNUR Cúcuta
7
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Introducción La presente sistema zación iden fica las buenas prác cas desarrolladas por la Agencia para las Naciones Unidas ACNUR y el Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM desarrolladas entre los años 2005 y 2015. Este documento resalta el trabajo simultáneo para construir una región desde las víc mas del conflicto armado, pasando por la transformación de las en dades estatales que han tenido la función de responder al goce efec vo de derechos. El desarrollo de este trabajo tuvo varios momentos: El primero fue clarificar sus alcances y dimensionar su contenido, el segundo fue un acopio documental de las acciones realizadas. Posteriormente la organización del material y la selección de las prác cas significa vas, teniendo en cuenta que ofrecieran elementos claves para el análisis y la iden ficación de aprendizajes. Posteriormente la recuperación de la memoria oral de los par cipantes de los proyectos seleccionados y luego la revisión de los borradores elaborados durante cada momento del proceso.
8
El documento final se ha organizado de la siguiente manera: una primera parte que da cuenta de las caracterís cas de la región del Magdalena Medio y de la magnitud de su población víc ma. La segunda parte es acerca de los antecedentes del trabajo regional y de la alianza entre la ACNUR y el PDPMM. La tercera parte, precisa las caracterís cas de la intervención de la alianza en torno al fortalecimiento ins tucional. La cuarta parte, hace lo propio con respecto al fortalecimiento organiza vo de la población desplazada. La quinta parte, relaciona los procesos de polí ca pública a par r de casos en los siguientes aspectos: la prevención y protección de la población desplazada, la estabilización de la población desplazada y el retorno de la población desplazada. La sexta parte, da cuenta del seguimiento y monitoreo da la dinámica del desplazamiento forzado en la región y por úl mo, a manera de síntesis, se enumeran las conclusiones del proceso.
Buenas Prácticas en el Magdalena Medio Colombiano
Primera Parte
Contexto Regional
Sistematización de los procesos de apoyo a víc mas del Magdalena Medio
9
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Primera Parte Contexto Regional Para comprender la noción de región del Magdalena Medio, se hace necesario recurrir a la geogra a y de esta disciplina tomar el término de “región natural”, entendiendo por ello el sistema ecológico que regula los ciclos de la vida en un espacio geográfico (ver ilustración 1). En tal sen do, la región natural del Magdalena Medio corresponde a la cuenca media del Río Grande de la Magdalena. Según CORMAGDALENA, en dad creada en la Cons tución de 1991, la cuenca media comprende 25 municipios (ver ilustración 2). Ilustración 1: Fuente: google Colombia. Mapa localización MM
10
Ilustración 2: CORMAGDALENA Mapa jurisdicción MM Fuente: CORMAGDALENA
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
El Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM, fue creado en octubre de 1995 y delimitó un área de intervención, que hoy comprende 32 municipios. De estos, 15 están en la jurisdicción de CORMAGDALENA, los cuales corresponden a los municipios localizados en la parte plana de la cuenca y 13 por fuera de su jurisdicción, localizados en la parte de ladera de la cuenca, y un municipio, localizado en la cuenca baja: El Peñón, en el departamento de Bolívar ( Ver ilustración )
Para efecto del presente documento, ambas áreas son objeto del análisis, aunque el trabajo desarrollado por ACNUR-PDPMM, corresponde al área de intervención del PDPMM, que comprende los siguientes municipios: Departamento de An oquia: Yondó, Puerto Berrío, Puerto Nare. Departamento de Bolívar: El Peñón, Regidor, Tiquisio, Rioviejo, Arenal, Morales, Santa Rosa del Sur, Simi , San Pablo, Cantagallo. Departamento del Cesar: La Gloria, Gamarra, Aguachica, San Mar n, San Alberto.
Ilustración 3. Mapa jurisdicción PDPMM-CORMAGDALENA Fuente: OPI
Departamento de Santander: Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Betulia, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Simacota, Puerto Parra, Cimitarra, Landázuri, El Peñón y Bolívar.
El conjunto de la cuenca, la ‘casa natural’ o ‘región natural’ del Magdalena Medio (ver ilustración 4), cuenta con 39 municipios en un área de 37.875 km2, y con una población es mada por las proyecciones DANE de 1.119.468 habitantes a 2016. Es decir, una densidad promedio de 30 habitantes por kilómetro cuadrado. Si tomamos el área de intervención de ACNUR-PDPMM, tenemos 32 municipios, habitados por 889.712 personas y una extensión de 32.506 km2. Es decir, una densidad promedio de 32 habitantes por km2. La densidad promedio nacional es de 42 habitantes por km2.
11
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
La ocupación inicial del espacio 12
Ilustración 4: Colombia. Mapa axonométrico con MM Fuente: h p://www.maphill.com/colombia/panoramic-maps/physical-map/shaded-relief-outside/
El conjunto de la cuenca media del Río Grande de la Magdalena fue habitado por grupos indígenas antes del ingreso de los europeos. Posteriormente, estos úl mos u lizaron el río como medio de transporte, al igual que durante todo el periodo de ‘La Colonia’ y posteriormente en el periodo de ‘La República’. Durante La Colonia y La República el poblamiento a lado y lado del río fue precario. Solamente en Simi hubo un poblamiento significa vo de afrodescendientes. Ilustración 5: Los imanes del poblamiento en el MM Fuente: OPI
El ingreso al territorio y la cons tución de poblados permanentes se desarrolla al inicio del siglo XX. Hacia 1920 la industria del petróleo genera el poblamiento de Barrancabermeja en el departamento de Santander. Hacia 1930 la ac vidad agropecuaria genera el poblamiento de Aguachica en el departamento del Cesar y Puerto Berrío en el departamento de An oquia. En los años 50, la minería del oro genera el poblamiento de Santa Rosa del sur, en el departamento de Bolívar. En otras palabras, el poblamiento de la cuenca media del río Magdalena es reciente, de allí su baja densidad poblacional (ver ilustración 5).
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
La Región en la Actualidad La región ha consolidado cuatro centros urbanos de influencia subregional: Barrancabermeja en el departamento de Santander (191.704 habitantes y densidad de 150 habitantes por km2); Aguachica en el departamento del Cesar (93.917 habitantes y densidad de 102 habitantes por km2); Puerto Berrío (47.717 habitantes y densidad de 40 habitantes por km2) en el departamento de An oquia; Cimitarra (45.901 habitantes y densidad de 16 habitantes por km2) en el departamento de Santander; Santa Rosa del sur en el departamento de Bolívar (42.960 habitantes y densidad de 18 habitantes por km2); San Vicente de Chucurì (34.759 habitantes y densidad de 31 habitantes por km2) en el departamento de Santander; San Pablo (34.033 habitantes y densidad de 17 habitantes por km2) en el departamento de Bolívar; y Puerto Wilches (31.510 habitantes y densidad de 20 habitantes por km2) en el departamento de Santander. (Ver tabla 1). De otra parte es de resaltar, que siete en dades estatales del orden nacional han asumido la jurisdicción Magdalena Medio, con sede en Barrancabermeja en los úl mos años: la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, el Departamento Policía Nacional Magdalena Medio, la Procuraduría Provincial Magdalena Medio, la Unidad de Atención Integral a las Víc mas Magdalena Medio, la Unidad de Res tución de Tierras Magdalena Medio, el Departamento de la Prosperidad Social del Magdalena Medio y la Fiscalía Seccional Magdalena Medio, al empo que en dades del Sistema de Naciones Unidas han hecho lo propio, pues en esa ciudad ha tenido oficinas el ACNUR, la Alta Consejería para los DDHH de las Naciones Unidas y la MAPP-OEA, así como organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional.
Tabla 1 MM Población y densidad poblacional por municipio, 2016 13 Tabla 1. MM Población y densidad poblacional por municipio, 2016
Departamentos/ Municipios Antioquia Puerto Berrío Puerto Nare Yondó Bolívar Arenal Cantagallo El Peñón Morales Norosí (1) Regidor Río Viejo (1)(3) San Pablo Santa Rosa del Sur Simití Tiquisio Cesar Aguachica Gamarra La Gloria San Alberto San Martín
Extensión Cabecera 60.655 42.909 8.134 9.612 106.354 5.314 4.485 4.008 5.944 2.116 4.559 9.702 30.233 23.543 10.216 6.234 125.575 81.990 9.535 6.256 18.674 9.120
Resto 24.900 4.808 10.712 9.380 107.809 13.988 4.908 5.686 15.557 3.061 6.123 8.669 3.800 19.417 10.360 16.240 41.729 11.927 7.321 6.504 6.447 9.530
Total 85.555 47.717 18.846 18.992 214.163 19.302 9.393 9.694 21.501 5.177 10.682 18.371 34.033 42.960 20.576 22.474 167.304 93.917 16.856 12.760 25.121 18.650
3.769 1.198 668 1.903 10.411 459 870 327 1.306
Densidad poblacional (Hab./km²) 26 40 28 10 24 42 11 30 16
180 829 1.977 2.360 1.345 758 3.483 917 356 789 568 853
59 22 17 18 15 30 46 102 47 16 44 22
km²
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Tabla 1. MM Población y densidad poblacional por municipio, 2016
Departamentos/ Municipios Santander Barrancabermeja Betulia Bolívar Cimitarra El Carmen de Chucurí El Peñón Landázuri Puerto Parra Puerto Wilches Rionegro Sabana de Torres San Vicente de Chucurí Simacota Total
Extensión Cabecera 260.720 173.417 1.111 1.310 18.445 5.924 897 3.705 3.723 16.907 6.800 12.263 13.727 2.491 553.304
Resto 161.970 18.287 3.964 10.894 27.456 14.372 4.217 11.690 3.932 14.603 20.096 6.230 21.032 5.197 336.408
Total 422.690 191.704 5.075 12.204 45.901 20.296 5.114 15.395 7.655 31.510 26.896 18.493 34.759 7.688 889.712
km² 14.843 1.274 441 1.491 2.847 914 415 626 745 1.588 1.253 1.163 1.104 982 32.506
Densidad poblacional (Hab./km²) 34 150 12 8 16 22 12 25 10 20 21 16 31 8 32
Fuente: proyecciones DANE, elaboración OPI
Las Vìctimas en la Regiòn
14
Una manera de aproximarnos a conocer la magnitud del daño causado en el Magdalena Medio por el conflicto armado interno, consiste en analizar las cifras de la Unidad de Atención y Reparación a las Víc mas UARIV. Estas cifras no son sólo un dato estadís co, estas reflejan una acción social y una voluntad personal, toda vez que implicaron la presentación de una persona que se reconocía como víc ma y como tal, buscaba que el Estado la reconociera. Implicó que la persona fuera a una en dad estatal, elaborara un relato de lo sucedido, lo firmara y que la UARIV verificara su consistencia y lo aprobara. Los datos que se presentan a con nuación, corresponden al número de procesos de indemnización (pagados y no pagados) que corresponden a cada hecho vic mizante1 reconocido por la UARIV. Entre 1995 y agosto del 2016, la UARIV ha reconocido 477.000 hechos vic mizantes en los 39 municipios que conforman la cuenca media en su ladera y parte plana. En el área de intervención del PDPMM, que corresponde a 32 municipios, los datos son los siguientes: el número de proceso de indemnización o hechos vic mizantes asciende a 400.852. Los municipios donde se come eron el mayor número de hechos vic mizantes fueron: Barrancabermeja con 51.221 casos o hechos vic mizantes, le sigue San Pablo con 43.276 casos, Tiquisio con 29.568 casos, Aguachica con 25.067 casos y Simi con 20.031 casos. De la totalidad de los hechos vic mizantes, el 80% corresponden a desplazamiento forzado y el 10% a homicidio y el resto a 11 hechos vic mizantes correspondientes a la clasificación de la UARIV (ver tabla 2).
1. De acuerdo con la Ley 1448, son consideradas víc mas: “Las personas que individual o colec vamente hayan sufrido un daño como consecuencia de violaciones a los derechos humanos, ocurridas a par r del 1° de enero de 1985 en el marco del conflicto armado, (homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, violaciones sexuales y otros delitos contra la integridad sexual, secuestro, despojo de erras, minas an persona y otros métodos de guerra ilícitos, ataques contra la población civil)” Tomado de: h p://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_víc mas/ley_víc mas_completa_web.pdf
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Tabla 2 Procesos de indemnización en el MM, 1985-2016
Tabla 2. Procesos de indemnización en el MM, 1985-2016
Departamento/Municipio Antioquia Puerto Berrío Puerto Nare Yondó Bolívar Arenal Cantagallo El Peñón* Morales Norosí Regidor RíoViejo San Pablo Santa Rosa del Sur Simití Tiquisio Cesar Aguachica Gamarra La Gloria San Alberto San Martín Santander Barrancabermeja Betulia Bolívar Cimitarra El Carmen de Chucurí El Peñón Landázuri Puerto Parra Puerto Wilches Rionegro Sabana de Torres San Vicente de Chucurí Simacota Total Fuente: UARIV, elaboración OPI
Total Número de procesos Procesos/Población población de indemnización 2016 (%) 2016 85.555 34.740 48 47.717 12.480 26 18.846 4.031 21 18.992 18.229 96 214.163 169.521 76 19.302 7.776 40 9.393 13.770 147 9.694 2.438 25 21.501 16.026 75 5.177 2.745 53 10.682 3.281 31 18.371 13.205 72 34.033 43.276 127 42.960 17.405 41 20.576 20.031 97 22.474 29.568 132 167.304 56.031 40 93.917 25.067 27 16.856 6.366 38 12.760 8.067 63 25.121 10.229 41 18.650 6.302 34 422.690 140.560 44 191.704 51.221 27 5.075 1.845 36 12.204 4.884 40 45.901 9.932 22 20.296 6.749 33 5.114 2.285 45 15.395 5.548 36 7.655 6.356 83 31.510 10.434 33 26.896 11.200 42 18.493 11.306 61 34.759 13.030 37 7.688 5.770 75 889.712 400.852 52
15
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Ilustración 6. Procesos de indemnización en el MM, 1985-2016 Fuente: UARVIV, elaboración OPI
16
La relación entre el número de procesos de indemnización o hechos vic mizantes y la población de cada municipio (proyección DANE a 2016), nos aproxima al impacto que en cada municipio tuvieron los hechos vic mizantes. Se establecieron tres rangos que pueden apreciarse en la ilustración 7.
Ilustración 7. Mapa indemnizaciones 1985-2016 sobre población 2016 Fuente: UARIV, elaboró OPI
Buenas Prácticas en el Magdalena Medio Colombiano
Segunda Parte La Alianza ACNUR-PDPMM
Sistematización de los procesos de apoyo a víc mas del Magdalena Medio
17
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Segunda Parte La Alianza ACNUR - PDPMM
Antecedentes El sistema de Naciones Unidas tuvo una presencia importante en el Magdalena Medio desde los años 90s. En efecto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tuvieron sede en Barrancabermeja y Bucaramanga y cubrieron con sus servicios las problemá cas que se presentaron en la región. El Gobierno de Colombia solicitó la presencia de las Naciones Unidas, como apoyo en el seguimiento a la dinámica del conflicto armado interno y a la búsqueda de alterna vas para su superación. La región del Magdalena Medio fue seleccionada por las partes, como una zona de especial interés. El desplazamiento forzado, si bien no era considerado como un delito en Colombia, en los años ochentas, era una realidad co diana en las regiones colombianas, y este delito estaba asociado a los efectos del conflicto armado interno. Solo hacia finales de los noventas, el Estado colombiano lo reconoció como un delito y comenzó a conocer su verdadera magnitud. El ACNUR, hizo parte de ese proceso y sus informes nacionales contribuyeron a comprender el fenómeno. El ACNUR hizo varios estudios regionales y nacionales sobre el tema y fue cada vez entrando a las dinámicas territoriales. En la primera década del año 2000, decide abrir una oficina en Barrancabermeja, adentrándose en el fenómeno desde la región del Magdalena Medio. El eje central del trabajo de ACNUR en el Magdalena Medio giró en torno a tres aspectos:
18
1. El fortalecimiento de las organizaciones en situación de desplazamiento: Este componente incluía las labores de prevención, protección, par cipación y estabilización socio-económica. 2. El fortalecimiento de las en dades estatales que tenían por función, la atención a la población en situación de desplazamiento: Este componente iba desde la capacitación de funcionarios hasta la elaboración de polí cas públicas nacionales sobre el desplazamiento forzado y la protección de erras de la población con riesgo de desplazamiento. 3. El monitoreo de la situación de desplazamiento en la región: Este componente respondía a la necesidad de conocer la magnitud del desplazamiento en la región y las caracterís cas que éste tomaba, tanto a nivel del proceso de expulsión como del proceso de recepción.
Para tal fin, el ACNUR estableció contacto con el PDPMM y se acordó el inicio del trabajo en tres departamentos: Magdalena Medio bolivarense, cesarense y santandereano.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
El ACNUR tuvo un papel central en la mesa de erras y en los Planes Especiales de Protección Humanitaria (PEPH) dirigidos a la población desplazada, junto con un conjunto de en dades nacionales e internacionales. Por su parte, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio inició sus labores en octubre de 1995, en momentos de alta conflic vidad e incremento de los niveles de pobreza en la región. El comité de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo USO, y ECOPETROL, dentro de la convención colec va de la época acordaron la creación de un programa que hiciera frente a la situación de violencia y pobreza. El PDPMM surge teniendo en cuenta que la mayoría de la población y de los municipios de la cuenca media del Río Grande de la Magdalena eran considerados como los “pa os traseros” de los departamentos a que pertenecían (An oquia, Bolívar, Cesar y Santander para el caso de la jurisdicción del PDPMM). Estos municipios estaban desar culados de las polí cas departamentales, pero internamente contaban con comunidades y territorios ar culados entre sí. Otro factor tenido en cuenta en el proceso de surgimiento del PDPMM, tuvo que ver con las desigualdades sociales en la región del Magdalena Medio, que fueron explicados por las economías extrac vas, la concentración de la erra, el desplazamiento forzado como estrategia de la guerra interna, la desigualdad de condiciones entre el mundo rural y urbano y la violencia como instrumento de acción polí ca. En contraste con todo lo anterior, el gran amor por la vida en todas sus formas, pico de la cultura en la región, era un hábito compar do y una semilla que dio origen al lema del PDPMM: “primero la vida”. El PDPMM proyectó desde su inicio trabajar por la paz en medio del conflicto, y que esta labor por la paz era prevenir la violación de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario; proteger la vida en todas sus formas; crear las condiciones de una nueva cultura polí ca, que tuviera como cimiento los gérmenes de movimiento social y no los par dos polí cos; crear las condiciones para una nueva economía que fomentara la economía campesina y la economía de pueblos, frente a la aplanadora de las grandes empresas; en otras palabras generar un desarrollo endógeno en lo social, lo polí co, lo económico, lo cultura y lo ambiental como medio para construir una región, un territorio común: la casa de todos. Esta apuesta territorial, se iría construyendo de la mano de una lectura sistemá ca del contexto y de alianza con en dades estatales, privadas y la cooperación internacional. El siguiente paso fue crear la matriz administra va del PDPMM: la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio CDPMM, que desde su inicio hasta la fecha ha contado con la orientación de la Diócesis de Barrancabermeja y Magangué y el Centro de Inves gación y Educación Popular CINEP. A su vez, durante todo el proceso, el PDPMM ha contado con el apoyo internacional de diversas en dades entre las cuales están las pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, El Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Andina de Fomento y organizaciones internacionales no gubernamentales. En las primeras etapas del proceso, las comunidades, organizadas en núcleos de pobladores, elaboraron propuestas municipales de desarrollo. Uno de los pobladores al referirse a la propuesta municipal, manifestó: “Esto es lo que nosotros nos proponemos hacer, para que un día no haya más violencia ni más pobreza en nuestro municipio, y a par r de nuestro municipio construir la Región que queremos. Si el gobierno y la comunidad internacional nos ayuda lo haremos”; sin embargo, las comunidades mo vadas por el PDPMM, manifestaron desde el comienzo esa férrea convicción de sacar adelante sus propuestas al afirmar: “Si nadie nos ayuda igual lo vamos a hacer, porque de lo contrario no hay futuro. Si lo alcanzamos será nuestro logro, si no lo conseguimos es nuestra responsabilidad”. Este aporte de un poblador, sinte za los principios generales del PDPMM que se exponen a con nuación:
19
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
1. Proteger y rodear de garan as la Vida: “Primero la Vida”. 2. Compromiso con la afirmación de la dignidad absoluta de todas las mujeres y hombres. 3. Trabajar por la paz, sin dejarse atrapar por los que dividen el mundo entre terroristas y an terroristas; afirmando la seguridad humana, y los derechos humanos integrales. 4. Comprometemos con la dedicación al desarrollo, entendido como la producción de las condiciones, para que la gente pueda expresar y compar r su dignidad en la Vida Querida por todas y todos, de manera libre y par cipa va. 5. Compromiso con la opción de construir el desarrollo que hace la paz en la región, con todos los actores y asumir los riesgos para exigir los cambios estructurales y personales, sin los cuales la paz no es posible en jus cia y verdad. 6. Ir al lado de todas las víc mas para desde allí reconstruir la convivencia. 7. Establecer y proteger relaciones de género basadas en el respeto, la igualdad y la construcción colec va.
20
8. Compromiso con el cuido de la naturaleza y velar por la protección y la sostenibilidad de los recursos naturales en todos los proyectos. 9. Compromiso con el ejercicio de la par cipación pública, en las ac vidades sociales y polí cas, en la construcción del Estado Social de Derecho y en el control ciudadano sobre los bienes comunes.
A lo largo de los años, el PDPMM agrupó la totalidad de los proyectos y acciones el diseño y ejecución en tres grandes líneas estratégicas: 1. Escenarios de paz, diálogos y derechos humanos. 2. Procesos sociales, culturales y de gobernabilidad democrá ca 3. Procesos produc vos para la equidad y el desarrollo sostenible. La alianza entre el ACNUR y el PDPMM, como se verá más adelante se situó en la línea estratégica uno. No obstante, hay elementos significa vos que pueden situarse en las líneas dos y tres.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
El Desarrollo de la Alianza La alianza ACNUR-PDPMM definió tres antenas o bases en terreno: una en Aguachica, una en San Pablo y otra en Barrancabermeja. Desde estas oficinas se atendía la situación de los tres departamentos. Los equipos de trabajo desarrollaron la siguiente metodología:
1. La Lectura del contexto local en tres direcciones: la situación del conflicto armado en el territorio, la situación de la población en situación o riesgo de desplazamiento y la situación de respuesta estatal tanto en la formulación de polí cas públicas como de su implementación. 2. La formulación de una estrategia de intervención: tanto en la atención a la población desplazada, como a la asistencia de los funcionarios públicos encargados de poner en marcha la respuesta estatal. 3. La implementación de la estrategia en los dos polos: en la población en situación y riesgo de desplazamiento, y en las en dades estatales.
El desarrollo de estas tres acciones fue desigual en cada departamento, toda vez que el contexto fue dis nto. No obstante, de manera general se mantuvo en cada departamento, una línea común de acción y unos ejes temá cos similares. Para efecto de comprender los resultados de las acciones realizadas en clave de aprendizajes y lecciones aprendidas, se presentan a con nuación los elementos más significa vos del trabajo realizado.
21
Buenas Prácticas en el Magdalena Medio Colombiano
Tercera Parte
22
El Fortalecimiento Insitucional
Sistema zación de los procesos de apoyo a víc mas del Magdalena Medio
Tercera Parte El Fortalecimiento Ins tucional
La Situación Inicial La actuación de las ins tuciones locales en materia de aplicación de la polí ca pública de atención a población desplazada, al inicio de las acciones emanadas de la alianza entre el ACNUR y el PDPMM, era notablemente débil. La Ley 387 de 1997 y sus Decretos reglamentarios apenas estaban siendo conocidos a finales de los años noventa. Para el año 2004, la Corte Cons tucional había ordenado al Gobierno colombiano mediante Sentencia T-025, la atención a la población desplazada; sin embargo en la agenda de los funcionarios de las alcaldías no estaba la atención a esa población, pues no sólo se rehusaban a cumplir con lo ordenado por mandato legal y cons tucional, sino que se negaba aceptar la existencia de personas que por esa época que fueran víc mas de la crisis humanitaria expresada en el desplazamiento forzado. A con nuación se ilustra esa debilidad ins tucional. Los entes territoriales, par cularmente, los municipios no contaban con herramientas de planificación de acciones para la aplicación de la polí ca pública de atención a población desplazada. Esta situación se daba a pesar que en los ar culos 2 y 3 de la Ley 387 de 1997 se establece la obligación del Estado colombiano para favorecer o proteger los derechos de los desplazados, indicando que se debían adoptar polí cas y medidas necesarias. Pero la realidad era otra: en el ámbito territorial no se disponía de medida alguna para atender en derecho a la población desplazada. Se observó que en ningunos de los municipios donde empezó a intervenir la alianza ACNUR-PDPMM, exis an los Planes Integrales Únicos de Atención a la Población Desplazada –PIU, como tampoco exis an los planes de Prevención y Protección para la mi gación del riesgo de desplazamiento. Igual ocurría con los planes de con ngencia y los planes de retornos, a pesar que para la época eran de obligatorio cumplimiento, a la luz de la norma vidad colombiana. Por otra parte, el Decreto 250 de 2005, en su numeral 6 establecía que “Los Comités Territoriales apoyarán y brindarán colaboración al SNAIPD (Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada), los cuales definen, planean, ges onan, ejecutan y evalúan planes, programas y proyectos a nivel territorial en el marco del Plan Integral Único, PIU, construido par cipa vamente y el cual les permi rá coordinar esfuerzos para atender integralmente a la población sujeto, asumiendo compromisos a corto, mediano y largo plazo”. Es de resaltar que éste Decreto no fue apropiado con la agilidad que ameritaba la necesidad de la población desplazada. Un exfuncionario de la alcaldía de Arenal ofrece su tes monio a esta situación:
“Bueno, en el tema del desplazamiento como tal, no había una apropiación de la norma vidad. La en dad territorial no conocía como enfrentar el flagelo del desplazamiento como darle respuesta al tema del desplazamiento. Habían unas comunidades exigiendo, habían unas comunidades necesitadas, pero no había ese nivel de respuesta por parte de la ins tución pública de la alcaldía municipal. Se desconocían. No exis a una polí ca pública de atención a la población desplazada: los planes integrales únicos no eran una herramienta que se contaban en ese momento no se tenía esa posibilidad”.
23
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Quizás uno de los factores determinantes en la debilidad de la ins tucionalidad local de atención a población desplazada, está relacionado con el desconocimiento del marco legal y las ordenes de la Corte Cons tucional para la atención a población desplazada, por parte de los funcionarios locales; a pesar que en ese momento exis a la Ley 387 de 1997 y su Decreto reglamentario 2569 de 2000, el Decreto 2007 del 2001 y el 250 del 2005 y una serie de resoluciones derivadas de la Ley y los Decretos. Un elemento que cons tuye un común denominador para el inicio de las acciones de la alianza ACNURPDPMM, fue la debilidad ins tucional a la que se hizo referencia anteriormente, y ene que ver con el la es gma zación de la población desplazada por parte de los funcionarios de la ins tucionalidad local. Los desplazados no eran considerados por la ins tucionalidad local como sujetos de derechos, tampoco eran reconocidos como sujetos polí cos con capacidad para interlocutar con el Estado para que éste les garan zara sus derechos. Sin duda, lo anterior se cons tuye en una debilidad ins tucional, si se ene en cuenta que además de la falta de conocimiento sobre los derechos de la población desplazada, buena parte de los funcionarios es gma zaba a la población en situación de desplazamiento alejándose de las posibilidades de entender el problema y buscar una solución al mismo. Otro aspecto que evidenció la debilidad ins tucional al momento de iniciar acciones por parte de la alianza ACNUR-PDPMM, fue el hecho que no exis an espacios para la planeación y aplicación de la polí ca pública territorial de atención a población desplazada, a pesar que con anterioridad la norma orientó la creación y puesta en funcionamiento el Sistema de Atención a Población en Situación de Desplazamiento y los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada (CNAIPD).
24
En materia de protección de erras, a pesar que ya había un referente legal establecido en el decreto 2007 y la existencia de tres declaratorias de protección colec va de erras en el Magdalena Medio (Regidor y Simi , en el Sur de Bolívar y Landázuri, en Santander) era notorio el desconocimiento y la poca apropiación de la ins tucionalidad local en cuanto a la situación de riesgo y protección de erras como un elemento de la polí ca de protección a las comunidades en riesgo de desplazamiento. Un ex funcionario de la administración municipal de Aguachica lo resalta:
“Debo confesar que inicialmente yo no era una persona que estaba (informada) de acuerdo a mis conocimientos jurídicos. Era algo nuevo, no generaba ninguna resistencia pero difería de algunos conceptos y de algunos temas, porque no consideraba, por ejemplo, en el tema de zonas de riesgo, cuando hacíamos el mapa de riesgos, que por el hecho de que una persona era asesinada en cierto sector íbamos a determinar con la fuerza pública un sector de amenaza de situación de desplazamiento”.
El desconocimiento de la situación norma va en materia de desplazamiento forzado fue precario o nulo, en la mayoría de los funcionarios públicos del nivel local. Hubo algunas excepciones, pero por lo general, no solo no se conocían las normas, sino que no había interés en conocerlas. En tal sen do, el equipo junto con las asociaciones entran en choque con los funcionarios públicos.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las Acciones Realizadas Con anterioridad a la puesta en marcha de las acciones de la alianza, en algunos municipios los ‘Núcleos de Pobladores’ observaron con preocupación la debilidad ins tucional y la actuación discreta de los funcionarios locales para garan zar atención a la población desplazada. Más adelante el convenio firmado entre el ACNUR y el PDPMM, estructuró un proceso con un plan de acción, siendo uno de los componentes el fortalecimiento ins tucional como elemento esencial para la implementación de la polí ca pública de atención a la población desplazada. En ese proceso de intervención, la ins tucionalidad local adquiere elementos de cómo darle respuesta a las comunidades que estaban demandando su atención; en ese sen do, el convenio instala capacidad en las ins tuciones locales, a par r de acciones intencionadas a compar r el conocimiento con los funcionarios, y éstos, en la medida que conocían la norma vidad y sus obligaciones, sumaban voluntad polí ca para atender a la población desplazada con relación a sus derechos. Un exfuncionario de la alcaldía de Arenal ilustra estas acciones: “…los funcionarios conocen qué hacer, conocen cómo adelantar esos procesos, por ejemplo, de registro a través de la Personería. Cómo se adelanta los proceso de ayuda humanitaria de emergencia, de urgencia y todo eso, para que en esos momentos Acción Social pudiera atender esas comunidades”. Las acciones también se orientaron a acompañar a los funcionarios de las ins tuciones locales para la elaboración de herramientas para la aplicación de la polí ca pública de atención a población en situación de desplazamiento. Así lo indicó un exfuncionario de la alcaldía de Arenal: : “…a través de ese proceso de fortalecimiento a la ins tución, se logra que se establezcan unos Planes Integrales Únicos para la Atención Integral a Población Desplazada – PIU, y de allí parte como la inicia va de crear una polí ca pública. Se comienza a dar los primeros pasos para enfrentar el tema del desplazamiento, para darle respuesta a algunas comunidades en términos de las necesidades que ellos estaban exponiendo”. Otro aspecto desde el cual se abordó el fortalecimiento a la ins tucionalidad local está relacionado con el apoyo brindado a los Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada, basado en el marco legal establecido en la Ley 387 de 1997 y los decretos reglamentarios, además de las recomendaciones dadas a los Estados partes de Organización de Naciones Unidas en ‘Los Principios Rectores para los Desplazados Internos’, y las órdenes dadas por la Corte Cons tucional en la Sentencia T025 de 2004, y los Autos de seguimiento a dicha Sentencia, de modo que las acciones de la alianza para el fortalecimiento ins tucional se basaron en un compendio de normas internas y en las que integran el bloque de cons tucionalidad, como parte de la polí ca pública para la atención a población desplazada. El trabajo de los consultores del convenio también tuvo en cuenta, como elemento esencial, facilitar el diálogo entre funcionarios de las ins tuciones y los líderes de población desplazada con el propósito de construir desde lo local, acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y hogares que se vieron obligados a salir de sus si os de origen por mo vos asociados al conflicto armado. Las acciones para el fortalecimiento ins tucional orientadas al mejoramiento de la aplicación de la polí ca pública de atención a población desplaza, se pueden resumir así:
25
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
1) Un plan de capacitación y formación para funcionarios de las alcaldías y los integrantes de los comités municipales, con el propósito de dar a conocer la norma vidad y sensibilizarlos sobre la problemá ca de la población desplazada. 2) Promover los espacios locales de planeación y ejecución de la polí ca pública de atención a población desplazada, entre ellos los Comités Municipales y los respec vos subcomités. 3) Asesoría y acompañamiento en la elaboración de instrumentos para la aplicación de la polí ca pública, entre ellos el Plan Integral Único, Mapas de Riesgo, Planes de Prevención, Protección y de Con ngencias. 4) Facilitar el diálogo entre funcionarios de diversos entes territoriales y de éstos con los líderes de la población afectada.
Una consultora del convenio, así lo manifiesta:
26
“…en una ocasión llamamos a las reuniones a la persona encargada de atender a la población desplazada y le contamos que habían 8 o 10 asociaciones que estaban asis endo a unas capacitaciones y que ya habían unas que estaban legalizadas en la cámara de comercio, y que ellas querían empezar a par cipar y hacerse visibles. A raíz de eso, la persona se vinculó al proceso de capacitación y ya por muchos meses de trabajo se consolida ellos toman la decisión de que si ya saben cómo están en el municipio y que todos enen las mismas necesidades en salud, en educación y en vivienda, entonces porque no organizar un espacio colec vo que las visibilizara. Entonces es ahí donde se consolida Enraizar que es el resultado de todos estos encuentros de hombres, de mujeres”.
Las acciones de fortalecimiento ins tucional contribuyeron al establecimiento de una nueva relación entre asociaciones y Estado, marcado por la conflic vidad, pero en ruta hacia la construcción de una pedagogía sobre polí ca pública en materia de desplazamiento forzado a los funcionarios públicos. Esa pedagogía se concretó en acciones, tales como la realización de foros y talleres sobre las normas, a las que se invitaba a los funcionarios públicos. Algunas de estas acciones se desarrollaron con el apoyo de en dades estatales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, o con universidades, que en el caso de la Universidad Coopera va de Colombia, con sede en Barrancabermeja, operó un consultorio jurídico para atender a las víc mas de desplazamiento forzado en convenio con el ACNUR.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Una vez se inició la implementación de la Ley de víc mas y res tución de erras 1448 en el año 2011, se entregaron las herramientas a los funcionarios locales a través de talleres de capacitación en la nueva ley, en cumplimiento del deber legal de brindarles atención integral a las víc mas. En el año 2013 se logró el fortalecimiento de las autoridades locales y la capacitación del ministerio público, representado en la Personería municipal, recepcionando declaraciones con la finalidad de garan zar la par cipación de las víc mas, y su acceso a la ruta de atención y oferta ins tucional. Esta acción era central para obtener su incorporación al registro único de víc mas. Otra acción importante fue la asesoría a funcionarios públicos “en puesto de trabajo”. En algunos casos se logró implementar este disposi vo, por medio del cual se colaboró con el funcionario, para responder requerimientos, aclarar dudas de las normas y aplicar las polí cas en el municipio sobre población desplazada. El reconocimiento legal de los derechos de la población en situación de desplazamiento ene lugar en la segunda mitad de la década del 90 con la Ley 387 de 1997; sin embargo, la implementación prác ca de la norma fue abiertamente lenta, por lo que desarrollar las acciones expuestas fue impera vo para que las ins tuciones sumaran voluntades para atender la población desplazada. El decreto reglamentario de esa Ley se emite cuatro años después. En el 2001 se firmó el Decreto 2569, pero desafortunadamente no contó con la difusión requerida. Los funcionarios de los entes territoriales ignoraban la magnitud del problema y en muchos casos desconocían las normas. Por ejemplo en Aguachica se negaba la existencia de población en situación de desplazamiento; fue por eso que el PDPMM realizó un estudio que dio cuenta sobre la realidad del problema en ese municipio, cuya publicación fue tulada “Aguachica Receptora”. No sólo se resaltó allí, la magnitud de la población afectada por ese fenómeno, sino que describió la incipiente respuesta del gobierno para atenderla. A pesar de la existencia de las herramientas legales y cons tucionales para que los entes territoriales aplicaran la polí ca pública de atención a la población desplazada en sus respec vos territorios, era poco lo que se hacía. Atendiendo esa lectura el ACNUR y el PDPMM consideraron per nente contribuir al fortalecimiento de capacidades ins tucionales para mejorar la atención a la población desplazada, especialmente en los municipios del sur de Bolívar y sur del Cesar, donde además de Barrancabermeja, la problemá ca de la población desplazada era de magnitudes incalculables.
27
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Los Logros Obtenidos Las acciones realizadas en el proceso de la alianza con relación al fortalecimiento ins tucional, registran logros significa vos, cuando se compara la situación inicial con los resultados obtenidos después de la intervención da la alianza. A con nuación se describen los principales: Sensibilización de los funcionarios locales: Con el proceso de formación y capacitación de los funcionarios de las alcaldías municipales se logró un alto nivel de sensibilización y comprensión de la problemá ca de la población desplazada. Los funcionarios pasaron de negar la existencia de la población desplazada a entenderlos como sujetos de derechos e interlocutar con ellos, a par r de reconocerlos como sujetos polí cos. Este cambio permi ó el diseño de estrategias para la intervención y ges ón desde los entes territoriales. Herramientas de polí ca pública: Los municipios donde operó la alianza ACNUR-PDPMM, lograron elaborar los Planes Integrales Únicos de Atención a Población Desplazada –PIUs, los Planes de Prevención y Protección, Planes de Con ngencias y donde fue necesario, los Planes de Retorno. Se considera como un logro significa vo, en virtud a que los Sistemas Locales de Atención Integral a Población Desplazada contaron con herramientas para la intervención a esa población a par r de su objeto misional. Asignación de recursos: Un logro significa vo en ese esfuerzo para el fortalecimiento ins tucional ene que ver con la asignación de recursos en los presupuestos municipales específicos para atender necesidades y demandas de la población desplazada. Ese logro se refleja en la apertura de un rubro y una cuenta específica para población desplazada.
28
Ges ón territorial: Llama poderosamente la atención que varios alcaldes municipales, al conocer la norma vidad, sus obligaciones, la oferta del gobierno nacional y reconocer los derechos de la población desplazada, mejoraron su nivel de ges ón para proyectos en beneficio a esta población, entre los que se encuentran los proyectos de viviendas y los produc vos. Coordinación y ar culación interins tucional: Uno de los logros importantes en ese proceso de fortalecimiento ins tucional fue la ar culación interins tucional, tanto horizontal a nivel local y ver cal nación – territorio. La coordinación interins tucional en lo local permi ó adelantar acciones conjuntas en procesos de retornos, como el de Doradas y Unión Doradas en el municipio de Arenal y en procesos de reubicación como el caso de La Pampa en el municipio de Sabana de Torres. También fue significa va la transformación de la atención a la población desplazada, como en Aguachica, donde la Unidad de Atención y Orientación –UAO, albergó a varias ins tuciones del sistema local de atención a población desplazada, prestando un servicio integrado a la población desplazada. La coordinación interins tucional nación-territorio, se expresó en asesorías de las ins tuciones de orden nacional a los municipios, así como en la asignación de recursos para proyectos, especialmente de vivienda y generación de ingresos. Asignación de funcionarios para atender población desplazada: Varios municipios acompañados desde la alianza, asignaron funcionarios como enlaces para atender a la población desplazada. Ello permi ó tender puentes de confianza entre la ins tucionalidad y los líderes. Los niveles de es gma zación de los funcionarios hacia las víc mas del desplazamiento disminuyeron considerablemente, dando paso a la comprensión de su situación desde una perspec va de derecho.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Los jefes de despachos locales asumen con responsabilidad su rol: En el municipio de Aguachica, en el periodo 2007-2011 se resalta que a través de la Secretaría de Gobierno y de todo el componente ins tucional se empieza a intervenir en concordancia con la norma; sin embargo, la Personería Municipal era muy reacia para prestar sus servicios y colaborar armónicamente con la ins tucionalidad y las comunidades. Hubo muchas tensiones entre la administración municipal y la Personería por actuaciones de ésta úl ma en contravía de los derechos de población en situación de desplazamiento. Un ex funcionario de la administración municipal lo resalta: “Tuvimos tropiezos con la Personería que entre otras cosas era algo di cil de entender y comprender siendo el representante del ministerio público, pero teníamos intervención de los hospitales regional y local primero y segundo nivel, secretaria de salud, el ICBF, comisarías de familia, Centro de Convivencia, de igual manera la Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, en el tema de seguridad, porque había una mesa que era de prevención y protección y era una mesa importante, donde focalizábamos ciertos sectores donde se presentaban incidentes que podían generar situaciones de expulsión o de desplazamiento, tanto interurbana como regional o municipal”. “La verdad fue una experiencia bastante importante y significa va para nosotros como funcionarios de la época y los resultados los podrán manifestar las asociaciones de desplazados del municipio, (quienes harán) sus reconocimientos per nentes sobre qué se logró y qué se consiguió en esa época y si de verdad arrojó unos frutos importantes para la población desplazada”. Los candidatos locales son instruidos y comprome dos: En los periodos pre-electorales, desde la alianza se promovieron espacios de formación a los candidatos a concejos y alcaldías en polí ca pública de atención a población desplazada; se desarrollaron foros donde se establecían compromisos programá cos, de modo tal, que independientemente de quien ganara las elecciones, la población desplazada contaba con un documento de compromiso para la exigibilidad al mandatario local. Un exalcalde municipal haciendo referencia a la alianza expresó: “…la profesional del convenio nos dio los primeros lineamientos en orientación de la aplicabilidad de ley 387 para todo el tema de víc mas del desplazamiento forzado, dio tema de diagnós co, elaboración del PIU, Plan Integrar Único, y toda la descripción de los planes de trabajo de acuerdo a los componentes que se estaban manejando en ese momento: protección, prevención y el tema de asistencia de atención, específicamente estabilización socio económica, vivienda, el tema de reparación y fundamentalmente un apoyo total en el tema de par cipación de la población víc ma de desplazamiento. La profesional estuvo en la conformación e instalación del Comité Municipal de Población Desplazada, en la ar culación de las diferentes ac vidades en el nivel de prevención con comunidades… También, nuestro mayor aporte a través de la funcionaria es de darnos seguimiento en el tema de par cipación efec va: primero en instalación y acompañamiento a los líderes en la formación de deberes y derechos a través de lo que exigía la ley en su momento y segundo, en los espacios que esto le generaba para poder exigir el cumplimiento a nivel territorial de su par cipación como tal, en los diferentes espacios de la concertación de la polí ca pública en su momento, en este caso la población víc ma de desplazamiento”.
29
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
El Ministerio Público se compromete: La alianza tuvo en cuenta el desarrollo de algunas ac vidades con el Ministerio Público. Teniendo en cuenta que era poco el conocimiento que aportaban los personeros municipales sobre la polí ca pública de atención a la población desplazada, parte de las ac vidades de fortalecimiento ins tucional se orientaron hacia esos funcionarios, al empo que se les exigía el cumplimiento de sus funciones como garantes de derechos humanos. El ACNUR tuvo un convenio con la Defensoría del Pueblo para el fortalecimiento de las ins tuciones locales para mejorar la atención a la población en situación de desplazamiento, de modo que la coordinación con esa en dad fue favorable y logró resultados significa vos. La Procuraduría actúa de manera preven va: Con la Procuraduría (Provinciales de Ocaña y del Magdalena Medio) se hicieron ejercicios pedagógicos para capacitar a los funcionarios de las alcaldías sobre sus obligaciones en materia de prevención y atención al desplazamiento forzado. Los funcionarios asumieron la responsabilidad al menos para evitar procesos disciplinarios y se logró visibilizar las inversiones de los municipios acorde a lo establecido por la ley en materia de acciones preven vas y de atención a las familias en situación de desplazamiento. En ese orden de ideas la capacitación y aún formación de funcionarios públicos fue un logro en varios casos, toda vez, que permi ó ganar confianza entre las asociaciones y el Estado. En algunos casos se logró una real cooperación entre las dos partes que se concretó en la incorporación de planes y proyectos a favor de la población desplazada en los planes municipales y departamentales de desarrollo.
Lecciones Aprendidas 30
El proceso realizado entre el ACNUR y el PDPMM deja las siguientes lecciones aprendidas con relación al trabajo de fortalecimiento ins tucional: Ÿ
Las labores de acompañamiento y asistencia técnica a las ins tuciones se debe hacer de tal manera que se haga teniendo en cuenta el no suplir las responsabilidades de los funcionarios o de sus ins tuciones, pues de lo que se trata es de realizar ejercicios pedagógicos para que los funcionarios se apropien de sus responsabilidades y de su rol.
Ÿ
Si bien el fortalecimiento de las ins tuciones no debe estar separado del fortalecimiento de las organizaciones, la experiencia en la alianza advierte que se deben hacer en espacios separados, sobre todo si se deben abordar temas en los que la deuda ins tucional persista.
Ÿ
En los planes elaborados con las ins tuciones, se debe mo var su aprobación, solo si cuentan con los recursos asignados para las acciones y ac vidades planeadas.
Ÿ
El fortalecimiento a las ins tuciones ha de contener diversos componentes y frentes de trabajo, de tal manera que los funcionarios puedan tener la dimensión integral de las acciones.
Ÿ
Tratándose de un esfuerzo como el realizado por el ACNUR y el PDPMM, no se debería actuar sin antes suscribir acuerdos o compromisos con las ins tuciones, para evitar que el fortalecimiento no quede al vaivén de la voluntad polí ca del gobernante de turno.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las Buenas Prácticas Durante los años de la alianza entre el ACNUR y el PDPMM, se destacan las siguientes ‘buenas prác cas’ en torno al fortalecimiento ins tucional:
Ÿ
La precariedad de la situación de las víc mas iba ligada a la precariedad del Estado, sobre todo en el sur de Bolívar. El ‘choque de trenes’ entre población desplazada y funcionarios públicos, no beneficiaba a ninguna de las dos partes. Una buena prác ca fue que el fortalecimiento ins tucional no se desligó, sino que fluyó paralelamente al fortalecimiento de las organizaciones.
Ÿ
Se cons tuyó en buena prác ca, lograr que en todos los municipios cubiertos, se implementaran los comités municipales de víc mas, que fueron convocados por el alcalde respec vo. Este trabajo permi ó que en estos municipios se lograra una mayor recepción de declaraciones con respecto a los municipios donde la alianza ACNUR-PDPMM no intervino. En la medida que se acompañe externamente a los funcionarios públicos municipales, mejor será su respuesta en materia de polí cas públicas.
Ÿ
Hasta mediados de 2011, la norma vidad colombiana sólo reconocía el desplazamiento forzado como hecho vic mizante asociado al conflicto armado interno. A par r de junio de ese año, la Ley 1448 reconoce 12 hechos vic mizantes más, para un total de 13. Sin dudas la inclusión de otros hechos vic mizantes puso en evidencia el desajuste ins tucional para dar respuesta a una problemá ca estructural como es la situación de las víc mas del conflicto armado, como también supuso retos a las organizaciones de víc mas. La alianza ACNUR-PDPMM, no fue indiferente a esos cambios en la norma vidad y asumió los desa os que le imponía ese nuevo escenario. En consecuencia, se cons tuyó en buena prác ca la elaboración de los planes de trabajo en el marco del proceso, que a par r de ese año contenían indicadores, resultados previstos y ac vidades relacionadas con el fortalecimiento a las ins tuciones territoriales. La lectura y aplicación de la nueva legislación del 2011, afianzó el trabajo con la ins tucionalidad.
Ÿ
Se cons tuye como buena prác ca, que la labor del Ministerio Público no es sólo a posteriori y coerci va, sino que debe desarrollar acciones pedagógicas con los funcionarios, de tal modo que se les pueda instruir sobre la polí ca pública y el riesgo disciplinario que se corre si no la aplican.
Ÿ
Se cons tuye como buena prác ca la formulación de los planes territoriales que son una herramienta indispensable para la atención a las demandas sociales de las comunidades.
Ÿ
El cambio de mentalidad de los funcionarios públicos fue el resultado de una buena prác ca educa va. Cuando los funcionarios públicos reconocen la condición y dignidad de las personas, se inicia el proceso de reconocimiento de sus derechos y se reconocen sus líderes como sujetos polí cos con capacidad para interlocutar con las ins tuciones. Ello marca el inicio del cambio de comportamiento y acción del funcionario.
31
Buenas Prácticas en el Magdalena Medio Colombiano
Cuarta Parte 32
El Fortalecimiento Organizativo de la Población Desplazada
Sistematización de los procesos de apoyo a víc mas del Magdalena Medio
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Cuarta Parte Fortalecimiento organiza vo de la población desplazada La alianza ACNUR-PDPMM, precisó desde el inicio, que el fortalecimiento organiza vo se entendería en primer lugar, como un proceso de aprender a conocer, a par r de ejercicios de reflexión de la vida personal, familiar, barrial o veredal y desde allí reflexionar el contexto estatal y su respuesta a la población en situación de desplazamiento o en riesgo de desplazamiento forzado. La manera de abordar el proceso de conocimiento a par r de los ejercicios de reflexión tuvo un hilo conductor: el conocimiento de los derechos ciudadanos y el desarrollo de capacidades para hacer efec vo el goce de los derechos. En otras palabras, la prác ca de la exigencia del goce efec vo de derechos fue la manera de desatar la reflexión y generar el interés por el conocimiento.
La Situación Inicial Con anterioridad a la puesta en marcha de las acciones de la alianza ACNUR-PDPMM, en unos municipios no exis an asociaciones de población desplazada, y donde se habían construido, aún presentaban debilidades, expresadas en los elementos que se esbozan en líneas posteriores. Desconocimiento de la polí ca pública Las personas que fungían como líderes y la comunidad integrada por la población desplazada, no tenían conocimiento de la recién estructurada polí ca pública de atención a la población desplazada. En este orden de ideas, la Ley 387 de 1997, los Decretos 2569 de 2000, el 250 de 2005, el 2007 de 2001, al igual que la Sentencia T-025 de 2004 y ‘Los Principios Rectores para los Desplazados Internos’, no eran de su conocimiento. Un líder de la población desplazada de San Pablo –Bolívar, así lo indicó: “Al comienzo de la problemá ca de las víc mas, éramos casi invisibles porque no estábamos organizados, y cada quien estaba por lados diferentes. Hasta cierto momento, que contamos con la orientación y el acompañamiento del convenio ACNUR, PDPM, y la parroquia San Pablo Apóstol. Desde entonces pudimos entender que desorganizados no llegábamos a ningún lado, y comprendimos el verdadero valor de organizarnos”. Poco auto-reconocimiento como sujetos de derechos y como sujetos polí cos Los líderes de la población desplazada no conocían sus derechos y por ello no se auto-reconocían como sujetos de derecho. Tampoco como sujetos polí cos, con los conocimientos necesarios para para la interlocución con la ins tucionalidad, para la defensa de sus derechos. Una líder de población desplazada del municipio de Aguachica se refiere a ese momento así:
“…nadie sabía nada, en esta época. Las organizaciones solamente mandábamos cartas para Bogotá. De allá era que nos llegaba una ayuda para la gente, porque el municipio no nos prestaba ninguna clase de ayuda...”
33
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
En ese orden de ideas, el accionar de las expresiones organiza vas de la población desplazada no adquiría el talante per nente para la incidencia en la polí ca pública de atención a población desplazada, sino que sus actuaciones se limitaban a un quehacer cortoplacista cuyas exigencias se centraban, en solicitar un poco de atención humanitaria a las en dades locales, a la Acción Social, hoy Unidad para la Atención Integral a las Víc mas. La población desplazada hasta antes de iniciar las acciones de la alianza ACNUR – PDPMM, no pasaba de auto-reconocerse como víc ma, de modo que sus demandas no las circunscribían desde una óp ca de derechos, sino del favor de los funcionarios de las ins tuciones. Las primeras asociaciones municipales de población desplazada tuvieron lugar a finales de la década del 90; sin embargo, fueron pocos los municipios que contaban con población desplazada organizada durante los primeros cinco años del nuevo siglo y las pocas asociaciones municipales no habían logrado niveles de coordinación local o regional. En consecuencia, la situación inicial daba cuenta de una dispersión de la población desplazada y poca ar culación o coordinación entre procesos organiza vos. Ello indica que los niveles de par cipación de incidencia en la polí ca pública eran precarios. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hace apertura de una oficina en Barrancabermeja a finales de la década del 90 y desde entonces establece un acercamiento con dos asociaciones: Asodesamuba en Barrancabermeja y Acadey en Yondó. Quizás fueron las dos primeras asociaciones cons tuidas legalmente en el Magdalena Medio. A estas organizaciones se les brindó un apoyo para su fortalecimiento mediante un convenio con la Corporación Opción Legal, de modo que al iniciar el ACNUR una alianza con el PDPMM, ya se venía haciendo un trabajo de fortalecimiento organiza vo a las organizaciones de población desplazada, lo cual se entra a fortalecer en asocio con el PDPMM.
34
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las Acciones Realizadas Se destacan en este numeral dos acciones significa vas: la instrucción-capacitación y los espacios de interlocución o ‘mesas da trabajo’. En efecto, se capacitó en polí ca pública de atención a población desplazada, violencia de género, resolución pacífica de conflictos, entre otros. La organización de la población desplazada era incipiente y con muchas tensiones internas, así que fue oportuno y per nente realizar ejercicios de reflexión sobre la importancia de contar con organizaciones sólidas para garan zar acciones de incidencia en torno a la aplicación de la polí ca pública de atención a población desplazada. Como resultado de esas acciones se tuvieron asociaciones fortalecidas, con capacidades para dirimir conflictos internos y capacidad de interlocución con las ins tuciones estatales para incidir en los diseños de herramientas e instrumentos para la atención a la población desplazada en el ámbito local. Ello permi ó la devolución de muchos derechos suprimidos. Las mesas fueron espacios de apropiación territorial. Las mesas locales-municipales, la mesa regional (Mesa de Fortalecimiento de las Organizaciones de Población Desplazada del Magdalena Medio) y la nacional (Mesa Nacional de Fortalecimiento de las Organizaciones de Población Desplazada), fueron instrumentos de apropiación del espacio territorial. Estas mesas, permi eron la aprehensión de un nuevo territorio de vida, un nuevo arraigo territorial. La iden dad de “extranjero” o “extraño” que se vivió en los años inmediatos al desplazamiento, fueron reemplazados por el de “adopción” o “adaptación” a un nuevo medio social y espacial, gracias a los espacios de interlocución, que de alguna manera daban una “nueva ciudadanía” a la población desplazada.
Los Logros Obtenidos El trabajo desarrollado con las personas desplazadas tuvo sus logros en materia de fortalecimiento organiza vo, como herramienta fundamental para la incidencia en la polí ca pública de atención a población en situación de desplazamiento, en el ámbito local. A con nuación se esbozan algunos aspectos que dan parte de esos logros. Se instaló capacidad en los líderes de las organizaciones de población desplazada: Los líderes se forman y se autoreconocen como sujetos polí cos con capacidad para comprender las normas legales y el bloque de cons tucionalidad que soporta la polí ca pública de atención a población desplazada, como soporte para la interlocución con las ins tuciones integrantes del sistema de atención integral a la población desplazada. La población desplazada conoce y pone en prác ca la ruta de atención: No fue suficiente conocer las normas, era necesario que los líderes y la población desplazada en general conociera la ruta de atención a población desplazada, si se ene en cuenta que la atención a esta población recae en un sistema integrado por varias ins tuciones. Se fortalecen procesos de organizaciones de población desplazada y se apoya la creación de otras: Desde el comienzo de la alianza se consideró fundamental fortalecer las organizaciones, promoviendo mecanismos de coordinación entre ellas, en el ámbito local y regional, como también apoyar la creación de organizaciones en municipios donde exis an expresiones organiza vas de la población desplazada.
35
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las ins tuciones reconocen la labor de las organizaciones en el ámbito local y regional: Tanto los funcionarios locales como los entes de control reconocen a los líderes como interlocutores válidos y legí mos de la población en situación de desplazamiento. Un ejemplo de ello lo cons tuye la Corte Cons tucional que en Auto 176 de seguimiento a Sentencia T-025 de 2004 reconoce a la Mesa de Organizaciones de Población Desplazada del Magdalena Medio, al ordenar a su secretaria enviar copia del referido Auto, a fin de esperar sus aportes en el seguimiento a la polí ca pública de atención a la población desplazada. La ins tucionalidad nacional llega a la región del Magdalena Medio: Fue un logro de las organizaciones de población desplazada, que la ins tucionalidad nacional mirara hacia el Magdalena Medio. Una de las acciones donde se concreta esta situación, fue la sesión de cuatro días de la Corte Cons tucional en Barrancabermeja, con el propósito de escuchar a la población desplazada en terreno.
Lecciones Aprendidas Al inicio del trabajo se encontró una constante en las dis ntas zonas de trabajo: 1.- Se constató una debilidad en las organizaciones, que por lo general no tenían un norte o un futuro, ni en el discurso, ni en la prác ca. 2.Las personas que integraban las organizaciones se encontraban ‘bloqueadas’ por el impacto personal recibido contra ellas de un grupo armado. 3.- La mayoría de los hechos vic mizantes narrados, correspondían a desplazamiento forzado. El desarraigo y el no futuro eran la constante en las personas contactadas. 36
Aplicación de la teoría del cambio. Frente a la situación inicial, la teoría del cambio que se planteó, tendía a trabajar dos elementos: de una parte, fortalecer a la persona en cuanto al individuo, con un drama concreto, y en segundo lugar, fortalecer un espacio de relación entre las víc mas, que creara las condiciones de asocia vidad, así exis eran formalmente asociaciones. Solo después de recorrer este camino, podría plantearse el tema de exigibilidad de derechos o relación entre una asociación y el Estado. En esta situación inicial es importante señalar que la evolución de la polí ca estatal era precaria. Las principales lecciones aprendidas durante el proceso fueron las siguientes:
•
Fortalecimiento del individuo como sujeto actuante
Los problemas de cada persona, eran asumidos por el equipo de trabajo y de alguna manera su solución era un reto, para poder pasar a la siguiente etapa. En otras palabras fortalecer a la persona, fuera líder o no, era un asunto central, que de alguna manera pasaba por acciones de po asistencial, pero absolutamente necesarias, tales como tramitar una ayuda de emergencia, tramitar un proceso judicial, tramitar un asunto administra vo, o buscar colegio para los niños. En algunos casos, puede decirse que el equipo del proyecto ‘suplantó’ las obligaciones del Estado. No obstante, dadas las condiciones iniciales, esto era necesario, por la urgencia de los casos, y luego, fue entendido como un aprendizaje o ‘gimnasia’ necesaria para poder responder a los retos de una asociación y más adelante a los retos de la relación con el Estado.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
•
Facilitación de escenarios de coordinación y par cipación
El equipo diseñó una estrategia que consis ó en generar escenarios (mesas locales y regionales) para facilitar esta relación, que tuvo dos periodos. El primer periodo estuvo orientado hacia la confrontacióndenuncia y el segundo periodo orientado hacia la negociación-acuerdos. Al inicio del proceso estos dos periodos no fueron planeados así. Todo lo contrario, fueron el fruto de la reflexión de este ejercicio de sistema zación, al leer hoy, con posterioridad a los hechos, lo que pasó en la realidad. La comprensión de esta relación llevó a la movilización social de las asociaciones y a que los escenarios de interlocución en este periodo se centraran en la denuncia y la reclamación, es decir, en la protesta. El escenario no daba para más, toda vez, que los funcionarios públicos en su gran mayoría no sabían de qué hablar, porque tenían en muchos casos un rechazo ideológico hacia las víc mas (“….aquí todo está bien, no existen víc mas en este municipio, aquí no hay guerra…”), o en otros casos, donde no se negaba los efectos del conflicto armado, pero no se sabía que decir, porque no se conocían las normas (“…eso es algo de lo que hemos oido hablar, pero es algo del gobierno nacional en Bogotá, que aquí no se conoce. El alcalde no ha comentado nada sobre esos temas...”). • La confianza entre el equipo y las personas que par ciparon en el proceso fue la base para el desarrollo de la teoría del cambio En efecto, la desconfianza es el principal efecto que genera la guerra. Desde la desconfianza en sí mismo, hasta la desconfianza del vecino, pasando por la desconfianza de toda en dad, sea estatal o privada, ya que siempre se tendrá “segundas intenciones que no confiesa y hay que descubrir”. •
El llamado asistencialismo marcó una etapa en el proceso
Se en ende ‘el asistencialismo’ como una manera de crear dependencia entre una en dad y una persona, que ene un rol y una función en el trabajo del duelo. En efecto, en una etapa inicial de total desamparo, se requiere de las ‘ayudas humanitarias’, de la misma manera que una central de urgencias a ende a un paciente de un accidente que no puede valerse por sí mismo en la etapa inicial de un proceso de recuperación. •
Las mujeres llevan la mayor carga en el proceso de vic mización
Por ello, el punto de par da o situación inicial de ellas, es más di cil que el de los hombres. En efecto, el contexto socio-económico antes de la guerra o del hecho vic mizante, hace que la mujer sufra un contexto de discriminación: 1) sus ingresos, si los ene, son menores que los del hombre; 2) su nivel educa vo es inferior al del hombre; su capacitación para un trabajo laboral, dis nto al domés co, generalmente no existe, por lo tanto no ene competencias para acceder el mercado laboral; 3) debe cargar con el dolor de la agresión a su pareja, con su propio dolor y con dar soporte a su compañero y a sus hijos. Estas condiciones iniciales de discriminación, son di ciles de superar, y son centrales en el diseño de una ruta para lograr confianza en sí mismo. •
Lograr la confianza en ‘el otro’
Si en el ámbito personal y familiar, el obje vo a lograr es la confianza en sí mismo, en el ámbito asocia vo la tarea es lograr la confianza en el otro, que no siempre se logra. La situación de desarraigo, como situación inicial ene dos efectos en el ámbito de la asocia vidad.
37
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
De una parte, es una fuerza que jalona la desunión, y hace di cil que la asocia vidad se desarrolle, y de otra parte, es una fuerza que jalona hacia la solidaridad, cuando a través de una asociación sus miembros encuentran una oportunidad de lograr un nuevo arraigo territorial, por la vía del retorno, o por la vía da la reubicación.
•
Sonar y visualizar un nuevo plan de vida
El equipo aprende, que muchas de las acciones de capacitación, directamente relacionadas con la exigibilidad de derechos de la población en situación o riesgo de desplazamiento, puede ser un mecanismo para soñar o visualizar un nuevo plan de vida. Este es el balance del ‘plan de formación’ que se dio a lo largo de todos los años del proceso, en función de cada momento y cada situación local. •
La resililiencia es dis nta en cada persona
La realidad nos mostró que la oferta de atención psicosocial fue mínima y constatamos que el “trabajo del duelo” es un proceso que se inicia en la persona y sin ayuda profesional, se desarrolla en el ámbito familiar o de amistades cercanas, o de apoyos religiosos de toda índole. La capacidad de resiliencia, entendida como una fuerza interna de la persona para elaborar de la nada un nuevo proyecto de vida, es dis nta en cada persona. En unas personas esta capacidad en muy fuerte, tanto, que lograrán ser líderes, y en otros casos, esta capacidad es baja o se desarrolla lentamente. •
38
El Estado no existe
El imaginario del Estado, tal y como lo imaginó el equipo en un inicio, no existe en el pensamiento de una comunidad que no ha conocido un funcionario público, o que si bien lo ha conocido, no ha hecho una presencia real en su comunidad. Esta situación es muy generalizada en áreas rurales donde la comunidad, a la manera de la minga indígena, ha realizado todo: el acueducto, la vía, la escuela, el contrato de profesores, la atención en salud, la aplicación de jus cia y la organización del transporte. En este contexto, la noción de Estado como algo “externo” a sí mismo, no existe. •
La asocia vidad como escuela da liderazgo
En ese contexto la asocia vidad tuvo efectos posi vos en la esfera personal, logró formar líderes que asumieron la defensa de los derechos suprimidos. En la esfera polí ca se logró el reconocimiento de los efectos de la guerra, y la devolución de algunos derechos suprimidos. Sin embargo, una de las lecciones aprendidas es que la conquista de condiciones mejores a la situación que se vivía antes del desplazamiento, al parecer no se lograron en todos los casos, o no se lograron de manera generalizada. •
Cambiar el rumbo, cambiar la ruta
El cambio de la polí ca pública con la aprobación de la llamada Ley de Víc mas y de Res tución de Tierras, marcó un giro en las asociaciones de víc mas de población desplazada. La inclusión de otros hechos vic mizantes cambió la ruta de las asociaciones que se definían casi exclusivamente como organizaciones de población desplazada.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
“Después de que surge la ley de víc mas esto ende a desaparecer, y ya nos vamos quedando solos, y junto con la gran capacidad y conocimiento, sino que ya minimizaba un poco, pero aún lo que nos man ene, es el conocimiento que nosotros adquirimos, durante el empo que hubo el acompañamiento….” Se recuerda que sobre este aspecto, hubo dos hitos, correspondientes a dos eventos importantes: Uno donde estuvieron los magistrado de la Corte Cons tucional y conocieron la Mesa Regional de Fortalecimiento de Población Desplazada y otro evento, también con la Corte, donde desde la Mesa Regional se “….presentan propuestas de polí ca pública, no pensándose únicamente en los municipios si no en la región y fue un momento muy importante e interesante porque estas víc mas del desplazamiento no se pensaban en ´qué me pueden dar’, sino qué puede realmente contribuir. Aquel momento, lo que más solicitaban la población era la vivienda, un techo o un rancho y nosotros nos acomodamos, pero aquí lo que requerimos realmente es la estabilización socio-económica para nosotros poder reconstruir nuestra vida y el tema de acceso a la educación y acceso a la salud…”. En efecto, a par r de este evento, como ya se dijo se profirió el Auto que permi ó, entre otras cosas, que los niños y jóvenes pudieran ser aceptados en las ins tuciones educa vas donde residían. A pesar del cambio de la polí ca, hoy se ha encontrado una con nuidad en los procesos iniciados. Un líder de la población víc ma del municipio de San Pablo, recuerda que la incidencia de la población desplazada para el mejoramiento en la aplicación de la polí ca pública que le garan zara los derechos, tuvo como punto de par da, mo var la par cipación de los líderes de población víc ma del desplazamiento en los Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada, acorde a lo establecido en la ley 387 de 1997. Se logró la conformación de las Mesas Municipales de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada, donde se resalta la de San Pablo. 39
“Se colocó el tema en la agenda pública, también la par cipación de autores representantes de las víc mas del desplazamiento, del Comité Municipal de Atención y Reparación de Víc mas. Y ahora en la actualidad con la Ley 1448, la conformación de la mesa de par cipación colec va. Entonces, hemos venido haciendo incidencia en toda la polí ca pública de atención a víc mas con el Comité de Jus cia Transicional, y ahora estamos con el tema de propuestas para que sean incluidos en el plan de desarrollo”.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las Buenas Prácticas A con nuación se reseñan las buenas prác cas en torno al proceso da fortalecimiento organiza vo. •
Trabajar de la mano con las mujeres
El potencial femenino para asumir una transformación personal y posteriormente social es enorme. En efecto, las mujeres son quienes trasmiten, transforman o conservan las ru nas o hábitos en el ámbito personal y familiar. Es decir, son el principal actor social que transforma la cultura. La defensa de la vida y el rechazo a los proyectos de muerte fueron asumidos más fácilmente por las mujeres que por los hombres. Tal vez, el rol que da al hombre la cultura machista y/o mafiosa, que en ende su función en la sociedad como el dador de la fuerza sica y del poder destructor de la vida, ha reducido el rol masculino, al de guerrero con o sin causa. Si bien es cierto, que en la modernidad, el rol de la mujer no se reduce al de “reproductora de la especie”, la naturaleza femenina está más ligada a la defensa de la vida, que en el caso del hombre. Descubrir este potencial, fue clave para el equipo y el proceso, y yendo más lejos, será básica para la construcción de paz en la región. •
40
La formalización de la asocia vidad fue un acierto
Este disposi vo fue clave en la situación inicial, para lograr no solo la pertenencia de las personas a una asociación, si no para acceder en la prác ca a la esfera de la sociedad civil. En efecto, los trámites de formalización ante la cámara de comercio, la elaboración de los estatutos y reglamentos internos, la capacitación en la elaboración de documentos, informes y actas de reuniones, contribuyeron a recorrer el paso de víc ma a ciudadano; de ser capaz de trascender el ámbito personal y familiar hacia el ámbito social fue una buena prác ca. •
La creación de escenarios da interlocución
Los escenarios de interlocución enen sus finalidades: defender algo ya adquirido por parte de un grupo, sector o movimiento social, que el Estado quiere quitar (por ejemplo una rebaja salarial o eliminar las horas extras). O, por lo contrario conquistar algo que no se ene y que se desea o aspira. La buena prác ca, en este caso, fue hacer conciencia, tanto a la población desplazada como a los funcionarios públicos, que la población desplazada había perdido casi todo. Su arraigo, sus pertenencias, sus vecinos, y lo más grave, sus familiares, cuando éstos fueron asesinados o desaparecidos. La noción de pérdida va da la mano de la noción de daño. Y ésta se supera cuando se logra una medida de reparación, o en nuestro caso, la exigencia de un derecho: el llamado ‘goce efec vo de derechos’. Los espacios da interlocución fueron una buena prác ca, porque la población desplazada expresó sus pérdidas, en términos de derechos ya adquiridos, y los funcionarios públicos así lo fueron entendiendo a lo largo del proceso. El proceso de fortalecimiento de las organizaciones de víc mas, indica que la guerra, puso a la población desplazada en una situación de reivindicación defensiva, porque se tenía un plan de vida y un arraigo al territorio que fue destruido, como parte de una estrategia militar con finalidad económica y polí ca: generar un vaciamiento de la población y un repoblamiento social del Magdalena Medio.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
La condición de poblador de un territorio es arrebatada. En tal sen do la asocia vidad y los escenarios de interlocución como medios para el diálogo con el Estado, fueron instrumentos que permi eron hacer exigible la defensa de una condición que se perdió. Contrariamente a lo que se piensa, las asociaciones no lograron conquistar derechos nuevos a los ya adquiridos, sino defender derechos que les fueron suprimidos. •
La Corte Cons tucional valida espacio regional de organizaciones
Quizás unos de los aspectos más sobresalientes y una buena prác ca a resaltar fue el reconocimiento de la Mesa Regional por parte de la ins tucionalidad. La Corte Cons tucional en el Auto 336 de 2006 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, reconoció y validó los informes entregados por la Mesa del Magdalena Medio y le dio un status de interlocutor legí mo y válido como sujeto polí co. Valga resaltar que en la referida Sentencia la Corte Cons tucional sólo mencionó dos Mesas regionales (Magdalena Medio y Urabá). Las otras fueron de carácter departamental, lo que indica que una de las primeras Mesas que logró ar cular las dinámicas organiza vas de los desplazados asentados en diferentes departamentos, fue la del Magdalena Medio. En efecto, desde la Mesa Regional se le escribía y enviaba documentos de manera constante a la Corte Cons tucional, al Ministerio de Agricultura, a la Procuraduría Nacional. Delegados de la Mesa Regional hacían parte de la Mesa Nacional de Fortalecimiento. Ellos fueron los que lograron que se incluyera el tema de una batería de indicadores sobre el desplazamiento forzado.
41
Buenas Prácticas en el Magdalena Medio Colombiano
Quinta Parte 42
La Política Pública
Sistematización de los procesos de apoyo a víc mas del Magdalena Medio
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Quinta Parte La Polí ca Pública
1. Prevención y Protección 1.1 La Situación Inicial Al momento de iniciar las acciones de la alianza entre el ACNUR y el PDPMM, la actuación de los entes territoriales en materia de protección a las comunidades para la prevención del desplazamiento forzado era notablemente débil. Así lo confirman, entre otros, los aspectos que se esbozan a con nuación: A pesar que las comunidades de la región del Magdalena Medio, especialmente el sur de Bolívar, sur del Cesar y la subregión Vélez, se encontraban azotadas por la ola de violencia y con hondas afectaciones a los Derechos Humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario, las autoridades locales no se percataban de tal situación. Esta situación se reflejaba, en la ausencia de medidas o planes para la mi gación del riesgo de esas comunidades. Los planes de protección para la prevención del desplazamiento de familias no estaban en la agenda pública de los entes territoriales y en los que estaba no se desarrollaban las acciones necesarias para garan zar las condiciones de seguridad a las comunidades. Según reportes del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, de Acción Social, con corte al 2007, en la región del Magdalena Medio se habían aplicado tres medidas de protección colec va de erras, dos en el sur de Bolívar (Simi y Regidor) y una en Santander (Landázuri). A pesar de la inminencia de riesgo en esas comunidades, la ins tucionalidad local abogó por el desmonte de las medidas. Ello evidencia cómo el papel de la ins tucionalidad local era inicialmente notablemente discreto con respecto a las acciones de protección de las comunidades, especialmente en lo relacionado a erras y patrimonio. En las actas de las reuniones de los Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada, se evidencia que sendos comités fueron citados para mantener la protección de las erras, sin ningún éxito, a pesar que las condiciones que dieron lugar a las medidas de protección, seguían vigentes, o incluso, en algunos lugares se agudizaba. La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, adver a sobre situaciones de riesgos en las comunidades y exhortaba a las ins tuciones a realizar acciones para la mi gación de riesgo, entre ellas generar condiciones de arraigo a las comunidades, a través de garan zar la superación de sus necesidades detectadas en materia de salud, educación, vías, entre otras; sin embargo, la ins tucionalidad local no desarrollaba acciones tendientes a garan zar condiciones de bienestar social en las comunidades, lo cual hacia aumentar su nivel de vulnerabilidad. El PDPMM, lanzó la estrategia de los ‘Espacios Humanitarios’ como una forma de protección de las comunidades, apoyados con recursos del Laboratorio de Paz. Al indagar al Director del PDPMM, sobre el par cular, expresó: “Allí se explora de manera importante lo que luego nosotros desarrollamos con mayor fuerza en el Laboratorio de Paz: la estrategia de Espacios Humanitarios. ACNUR hace una consultoría nacional para ver la per nencia de la aplicación de Espacios Humanitarios en Colombia y fundamentalmente con comunidades que están en alto grado de vulnerabilidad. El conocimiento de los Espacios Humanitarios luego fue una de las herramientas que trabajamos para iden ficar comunidades en situaciones de riesgo, pero también cómo podríamos generar capacidades de protección y acompañamiento en esa situación de riesgo, en situación de emergencia, pero también con una perspec va de reconstruir sus procesos y proyectos de vida fundamentalmente para superar el confinamiento”.
43
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
La situación de violencia desatada en los territorios de las subregiones de sur de Bolívar, sur de Cesar y Santander, habían afectado la movilidad de las comunidades y contribuyó a la ruptura entre las comunidades rurales y el ámbito urbano. Eso explica la existencia de una abundante población de adultos y de menores que no habían podido sacar sus respec vos documentos de iden dad, como el registro civil y la cédula de ciudadanía, lo cual limitaba el acceso a los pocos servicios ofrecidos por el Estado colombiano, en el campo de la salud, la educación y programas especiales, entre otros.
1.2 Las Acciones Realizadas •
Apoyo en la elaboración de herramientas para la prevención y protección
La alianza ACNUR-PDPMM, diseñó y puso en marcha, la elaboración de herramientas para la protección de las comunidades en riesgo de desplazamiento, siendo parte de ellas los planes de prevención y protección, tomando como base los mapas de riesgo elaborados en los subcomités territoriales de prevención y protección. Estas herramientas contribuyeron para la toma de decisiones de manera an cipada respecto de posibles desplazamientos masivos o individuales. Otra herramienta importante fueron los planes de con ngencia, aunque no tuvieron el carácter de prevenir los desplazamientos, contribuyeron notablemente a la organización y respuestas rápidas e inmediatas ante eventuales desplazamientos. • 44
Misiones de verificación a comunidades en riesgo
Durante varios años, en la región del Magdalena Medio se intensificó el conflicto armado, especialmente en el sur de Bolívar, sur del Cesar y en la subregión de Vélez, esta úl ma en el departamento de Santander, zona Borroscoso-Opón, lo cual era proporcional al riesgo de las comunidades que allí habitan. Una estrategia de protección a esas comunidades, tuvo lugar en las acciones humanitarias, que realizaban conjuntamente varias en dades, entre ellas el ACUNR y el PDPMM, con las cuales se hacía seguimiento a la situación de riesgo de las comunidades y se les comunicaba del riesgo a las en dades estatales en los Subcomités territoriales de prevención y protección para que planearan las acciones respec vas. •
Implementación de proyectos de protección.
Estas acciones consis eron en concertar pequeños proyectos, a par r de las necesidades de las comunidades, que les permi eran mejorar sus condiciones de arraigo en el territorio. Esos proyectos, aunque pequeños, tuvieron impactos en las comunidades no sólo por lo tangible de las obras, sino porque se visibilizó la presencia de una Agencia de las Naciones Unidas en esos territorios en crisis humanitaria, de tal manera que la placa de ACNUR, en las escuelas, puestos de salud, centros comunitarios, comedores escolares, fue de incalculable significado para la protección de las comunidades.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
•
Implementación de la Estrategias de Espacios humanitarios
Los Espacios Humanitarios, fueron una apuesta para la vida en el territorio, liderada por el PDPMM, apoyada con recursos de la Unión Europea, a través del Laboratorio de Paz. La estrategia consis ó en delimitar unos espacios territoriales afectados por el conflicto armado, donde las comunidades formularan sus planes para la vida, es decir, que además de garan zar la vida en el territorio las comunidades planearon su vida social, produc va, económica y comunitaria. Los Espacios Humanitarios fueron simbolizados por las ‘Malocas Protegidas’, en el departamento del Cesar, siendo ésta, un espacio sico donde las comunidades se reunían para celebrar y planear. En el territorio eran espacios protegidos a la luz del Derecho Internacional Humanitario, pues allí ningún actor armado legal o ilegal podía entrar. Las acciones conjuntas entre el ACNUR y el PDPMM contribuyeron a fortalecer esos esos Espacios Humanitarios, ya sea a través de los proyectos prác cos de protección, de las misiones especiales, o del monitoreo y seguimiento, entre otros.
1.3 Los Logros Obtenidos Se resaltan en este numeral dos logros de alta significación en este campo: • En buena parte de los lugares donde se trabajó, se contribuyó a generar condiciones para la permanencia de las comunidades en el territorio, lo que las comunidades valoran como exitoso. Cerro Redondo en Aguachica; alto Arenal; zona alta de Simi ; San Pablo y Cantagallo; Corcovado y Micoahumado en Morales; Borrascoso Opón en Landázuri, cons tuyen sólo unos ejemplos. • Aunque la intensidad del conflicto por el control territorial se mantuvo durante años, las comunidades lograron que los actores armados respetaran sus territorios protegidos. Es el caso de las Malocas Protegidas. Es de resaltar, que la con nua visibilización de las acciones de violación de los Derecho Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, contribuyó a que los actores armados no siguieran afectando la vida de las comunidades.
45
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
1.4 Las Lecciones Aprendidas A con nuación se resaltan las principales lecciones aprendidas en este campo: • La alianza construyó aprendizajes interins tucionales con la par cipación de en dades públicas y privadas. Al respecto, el director del PDPMM expresó: “Se buscaba hacer una economía en el accionar de las organizaciones e ins tuciones tanto públicas como sociales y de cooperación internacional para poder lograr un mayor impacto en la manera en cómo se acompañaban las comunidades y con el obje vo de garan zar su retorno, y que esto, al mismo empo, propiciara unas garan as de protección a las comunidades. Al mismo empo se hacía una labor de exigibilidad al Estado, de manera general, en el compromiso con las comunidades, en las respuestas que les correspondían”. “Ahí hubo un aprendizaje interesante de cómo construir un esquema común con roles diferenciados, pero que par cipábamos en aras de poder de alguna manera ir orientando a las comunidades en su condición y categoría de sujetos de derechos, este era como el elemento de fondo, pero también para evitar la dispersión de apoyos a las comunidades, porque en muchos casos, las comunidades salían a solicitar ayuda y apoyo de emergencia y las respuestas que se daban eran muy básicas, a veces no suficientes, para poder reconstruir sus procesos y queríamos que las comunidades aprendieran como actuar conjuntamente en una perspec va de mediano y largo plazo”. 46
• Otra lección aprendida fue el aprovechamiento de herramientas legales e ins tucionales a favor de las comunidades. Sobre ese par cular el director del PDPMM afirmó:
“…quiero resaltar otro tema importante en la manera de acompañar comunidades en grado de vulneración, y es cuando se toma la aplicación del decreto 2007, que era para proteger los bienes patrimoniales de las comunidades que están en riesgo de ser desplazadas, o que han sido desplazadas. Fue interesante porque ACNUR aplica una estrategia en Landázuri, dentro de un estudio nacional que ellos enen y ahí entramos nosotros en relación con ACNUR para ver cómo eso que se aplicaba en Landázuri se podía aplicar en otras zonas del Magdalena Medio. Creo que fue interesante porque se aplicó en otras comunidades del Magdalena Medio, y aquí resalto la aplicación de esa herramienta en la comunidad de El Garzal en Simi , Bolívar, en un momento en el que se encontraban en situación de alto riesgo de desplazamiento, por toda la acción que había contra ella mediada por paramilitares...”.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
1.5 Las Buenas Prácticas A con nuación se enumeran brevemente, las que se consideran buenas prác cas en este campo, a lo largo del proceso. •
Las acciones de protección no se deben desligar de los proyectos de vida de las comunidades
Esto es, que las comunidades en sus territorios enen sus proyectos de vida, los cuales deben ser tenidos en cuenta para entender sus propósitos de arraigo al territorio e incorporar esos elementos a los planes y estrategias de protección. Las familias que han sufrido el rigor del desplazamiento forzado y desean retornar a su territorio o las que a pesar de las condiciones de vulnerabilidad y riesgo persisten en permanecer allí, es porque asocian el territorio a su proyecto de vida. •
Para adelantar acciones de protección no se debe actuar sin conocer las dinámicas sociales y comunitarias
La experiencia nos demuestra que las comunidades enen su propia dinámica social, organiza va y comunitaria, que se ve averiada por las acciones del conflicto armado, de modo que las acciones de protección a esas comunidades deben contar con un componente de fortalecimiento organiza vo, incorporado a un plan integral de protección. •
Las acciones de protección a las comunidades han de contener elementos de diálogos y acuerdos con las ins tuciones
Es indispensable generar confianzas entre los actores acompañantes, la ins tucionalidad y la comunidad, y eso se logra mediante diálogos sinceros. Es decir, escuchar a las comunidades para comprender, cómo conciben la situación, y que valoración hacen del riesgo, entre otros. En ese orden de ideas, las ins tuciones deben ponerse al servicio de las comunidades. •
Las acciones de protección deben tener en cuenta la coordinación interins tucional
Durante el proceso se demuestra que no es posible adelantar acciones de protección a las comunidades, sin la coordinación entre las ins tuciones, asumiendo cada una, el rol que le pertenece, acorde a su objeto misional. •
La protección de las comunidades no es sinónimo de presencia militar en el territorio
En la interacción con las comunidades, la alianza aporta a modo de buenas prác cas, que las comunidades en asocio con ins tuciones públicas y organizaciones acompañantes pueden diseñar e implementar estrategias de protección, que estén ligadas a fortalecer a las autoridades civiles.
47
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
2. La Estabilización Socioeconómica Caso N°1 “La Pampa” Las comunidades del Magdalena Medio, especialmente las desplazadas sufrieron la desestabilización social, económica y comunitaria al ser expulsadas de sus territorios. Este desarraigo generó daños individuales y colec vos enormes. La Ley 387 de 1997, orientó la respuesta estatal a este drama, a través del mecanismo de la estabilización socioeconómica de las familias desplazadas, que se puede hacer a través del Retorno o la Reubicación, para lo cual Acción Social elaboró un Protocolo de Reubicación y Retornos; sin embargo, poca aplicación o cumplimiento tenía, pues las ins tuciones en s e n d a s o ca s i o n e s m o st r a r o n debilidad para planear concertadamente procesos de reubicación o de retornos. En líneas posteriores se esbozan unos casos sobre como se realizó la intervención y sus enseñanzas.
48 Caso 1: ‘La Pampa’, municipio Sabana de Torres
La Situación Inicial Se trata de un proceso de reubicación de familias desplazadas llevado a cabo en la vereda La Moneda, en jurisdicción del municipio de Sabana de Torres, en el departamento de Santander, más exactamente en el predio La Pampa, con un área de 1.139 hectáreas, de las cuales 800 fueron des nadas para el cul vo de palma de aceite, liderado por el Ins tuto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. Fue un proceso realizado con 115 personas desplazadas provenientes de los municipios de Barrancabermeja, Sabana de Torres, Aguachica, Morales, Puerto Wilches y Landázuri, y seleccionadas al azar por el INCODER, de un listado de familias desplazadas aspirantes a erra. El proyecto generó toda suerte de expecta vas y confusión en las familias beneficiadas por las intenciones poco claras por parte de las ins tuciones estatales, que intervinieron en ese proceso, especialmente el INCODER. El Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias (2005-2009), en su condición de Ministro de esa cartera, en reunión masiva realizada en Barrancabermeja mostró a la comunidad un cheque simbólico por un monto 692 millones de pesos como capital semilla de ese Ministerio al proyecto produc vo. Este acto generó sen mientos de sa sfacción en las familias, pues auguraban un compromiso ins tucional para el restablecimiento de derechos como población víc ma del desplazamiento forzado y sobre todo disfrutar de una porción de erra donde retomar su proyecto de vida. Sin embargo, la en dad tenía otros fines.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Para la entrega del predio, el INCODER promovió la creación de una organización a la que llamaron Asociación de Beneficiarios del Proyecto de Palma El Progreso, Asobenpro. Desde el comienzo, la comunidad y acompañantes vieron reparo en la finalidad de esa organización, porque la vinculación al predio no se concebía como un derecho a su estabilización. Al tratarse de un proceso de reubicación la ar culación interins tucional debía garan zar el goce efec vo de derechos de las familias en dicha reubicación. Sin embargo, al comienzo no fue así: el INCODER no consultó ni convocó a las ins tuciones integrantes del Sistema de Atención Integral a Población Desplazada “SNAIPD”, sino que se limitó a la adquisición del predio, a la contratación del Ins tuto Interamericano de Cooperación Agropecuaria – IICA, como operador para el capital semilla y a Indupalma para operar el proyecto produc vo; por su parte Acción Social, que tenía por función coordinar los procesos de retorno y de reubicación, respondió nega vamente cuando las familias acudieron buscando su apoyo. Sin consultarlo con la comunidad, el INCODER llegó al predio con varios empleados de Indupalma a quién presentó como operador del proyecto produc vo. Ellos le indicaron a la comunidad que debían desocupar el predio para iniciar la ejecución del proyecto. Aducían que aplicarían químicos altamente tóxicos para la salud humana. Esta condición no fue aceptada por la comunidad y en una reunión con las en dades de la alianza, fijaron su posición de quedarse en el predio. Indupalma no le generaba confianza a la comunidad. Se decía que había sido acusada de auspiciar grupos de extrema derecha y de implementar acciones de desalojo y usurpación de erras a los campesinos del entorno del emporio palmero. De modo que para la comunidad, esa empresa debía estar distante del proceso de reubicación, pues no sólo se trataba de un ejercicio democrá co de res tución de derechos perdidos, sino también de dignidad. Esa empresa tenía poca legi midad y aceptación entre las comunidades del sur de Cesar y la parte noroccidental del departamento de Santander. La oposición de la comunidad de La Pampa a la operación del proyecto produc vo por parte de Indupalma, se basaba en un profundo sen miento de dignidad. La comunidad rechazaba que esta empresa fuera a obtener jugosas ganancias a costa de su desplazamiento y su dolor. El interés de la empresa Indupalma por administrar el proyecto produc vo se explica porque recibiría alrededor de 5.750 millones de pesos, obtenido mediante un crédito que cada familia debía tomar por valor de 50 millones de pesos. La empresa manejaría estos recursos y las familias debían cancelar este crédito, sin poder vivir en el predio del proyecto, con una erra que sería garan a del crédito y habitando en barrios marginales en la cabecera municipal de Sabana de Torres. El INCODER impuso la primera junta direc va de la asociación buscando que el proyecto fuera manejado por Indupalma; sin embargo, la comunidad reaccionó prontamente. El manejo poco transparente del INCODER y del IICA, en aquella época, lo narra un líder: “…sobre las 2 de la tarde que ya se supo que yo quedé como representante de Asobenpro para liderar esa comunidad. Los dos funcionarios de IICA me llaman para detrás de la casona y me dicen que felicitaciones que estaban muy contentos de que yo haya quedado, pero que lo que me recomendaban era que yo tenía que hacer y alinearme a lo mismo que venía haciendo el anterior representante legal. Entonces eso me hizo dar a entender que algo se estaba cocinando bajo cuerda, que algo estaba pasando y las cosas no andaban bien por eso y querían que yo me les prestara para ese juego”.
49
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las Acciones Realizadas La comunidad acudió a las en dades acompañantes, entre las que se encuentran ACNUR, PDPMM y Opción Legal. Cabe decir que Indupalma no presentó un proyecto serio para la ejecución del proyecto, lo que aumentó las dudas por parte de la comunidad, más aún cuando empezaba el escándalo por los manejos de Agro Ingreso Seguro y por el caso Carimagua, que comprome eron la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez y su equipo de gobierno.Un líder lo expresa así: “…Entonces en ese momento llegó el alcalde todo enojado y los de Indupalma todos enojados y atrevidos y muy descarados colocando condiciones. Y el alcalde fue el primero que habló y dijo que él no nos iba a permi r a nosotros que paráramos un rancho más, que nosotros nos teníamos que ir del predio, porque lo que el INCODER había hecho era que había colocado al municipio y que nosotros éramos una papa caliente para el municipio, cosa que nunca supimos realmente a que quería dar a entender el alcalde con la que papa caliente según sus pensamientos pero así lo manifestaba” La alianza ACNUR-PDPMM recomendó que el proyecto fuera operado por una en dad nacida de los procesos de los pobladores en el Magdalena Medio, más exactamente Fundepalma. De lo que se trató no fue sólo de un cambio de en dad operadora, sino de un rediseño para la ejecución del proyecto con par cipación de las familias vinculadas en todo lo relacionado con las labores produc vas, evitando salir del predio y la par cipación en los jornales requeridos para los viveros y las plantaciones, con lo cual se redujo costos y las familias tenían ingresos para cubrir parcialmente sus necesidades. 50
La vocación y uso del predio que adquirió el INCODER para entregarles a las familias en proceso de reubicación, era de ganadería; sin embargo, atendiendo los lineamientos del gobierno de turno y por otras mo vaciones no claras, se cambia su uso inicial por el cul vo de palma. Este uso no era la costumbre da las familias desplazadas. Un campesino lo resume así:
“…demás que se nos respetara también la cultura de nosotros, que nosotros no solo estábamos pensando en palma sino un proyecto integral donde hubieran gallinitas, los pollos, hubieran cerditos, una vaca ahí para la leche” Es importante decir que los cul vos de palma de aceite con el sistema produc vo de gran plantación no reportan buenas experiencias para los pobladores en el Magdalena Medio. El PDPMM entendió que no era posible echar atrás el proyecto palmero en razón a que estaba integrado al Acto Administra vo mediante el cual el INCODER adquirió el predio. De manera que a par r de su experiencia con el modelo de palma campesina, propuso conjuntamente con Fundepalma implementar ese po de modelo . A pesar que la entrega del predio fue ‘común y proindiviso’, se aseguró que se hiciera una adecuada planeación del predios, donde se reservó una porción por familia para la producción de alimentos, otras para ganadería y otra para los cul vos de palma.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Como parte de la planeación del área del predio se contempló un área para un centro poblado, en razón a que no se podía parcelar, ya que la resolución del INCODER contempló la entrega del predio para 115 familias en la modalidad común y proindiviso. Le correspondió a la administración municipal hacer los trazados de los lotes. Ahí se presentó otra tensión entre la comunidad y los funcionarios de la alcaldía de Sabana de Torres por el área de los lotes. Mientras la oficina de planeación manifestaba que por razones de op mización de espacios para las redes de los servicios públicos el área de los lotes serían de 98 metros cuadrados, es decir, 7 x 14, la comunidad propuso un área de 25 x 40 metros, es decir, 1.000 metros cuadrados. La par cipación del Opción Legal, el PDPMM y ACNUR en el marco de la alianza, junto con la Defensoría del Pueblo fue de vital importancia, pues la comunidad se sin ó respaldada en dicha propuesta y luego de varias reuniones, el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada de Sabana de Torres aprobó un área de 800 metros cuadrados para los lotes, es decir, de 20 x 40 metros. Este momento fue relatado así por un líder comunitario:
“Entonces le solicitamos a las en dades que por favor nos hicieran un acompañamiento para poder realmente salir adelante con ese proyecto y más que adelante veíamos y estábamos sin endo de que todo lo que habíamos hablado en diciembre le estaban volteando la torta. Nos querían sacar de la erra, entonces nosotros dijimos necesitamos que nos acompañaran para que no nos sacaran de la erra, que era lo primordial que estamos luchando. Ya era la tenencia de la erra ahora que teníamos unas resoluciones legales por parte de INCODER. Bueno, el caso es que ellos entendieron el mensaje y pues gracias a Dios se empieza el acompañamiento”. 51
La intervención de ACNUR en La Pampa lo hizo de manera directa y en alianza con dos en dades: Corporación Opción Legal y el PDPMM. Valga decir que el PDPMM a través de la oficina subregional ubicada en Sabana de Torres brindó acompañamiento y apoyó a esa comunidad desde sus inicios, es decir, con la llegada de las primeras familias.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Logros Obtenidos Las acciones desde la alianza permi eron logros importantes: • Coordinación entre las ins tuciones para dar una respuesta organizada a las familias. Lo que el INCODER asumió como una simple acción de erras, a un grupo de familias desplazadas, se convir ó en un proceso de reubicación de familias desplazadas, lo que obligó a que las ins tuciones coordinaran entre sí para garan zar atención a esa población, a par r de su objeto misional. • Autoreconocimiento de la comunidad como sujeto de derechos y como sujeto polí co con capacidad para interlocutar con las ins tuciones y defender sus propuestas. Al dar un salto cualita vo en la composición de la Asociación creada por el INCODER, la comunidad se autoreconoció y se hizo sen r como sujeto polí co y adquirió capacidad para posesionar sus decisiones ante las ins tuciones. Dicho en otras palabras, un posicionamiento y reconocimiento de la comunidad y de las ins tuciones involucradas, hacia las en dades integrantes de la alianza. Sin dudas esos tres logros se van a ver reflejados en lo sucesivo en el proceso de reubicación. • Otro logro de la alianza ACNUR-PDPMM fue que la comunidad ganó el reconocimiento como víc mas del conflicto armado, y por ende, las acciones de las ins tuciones se inscribieron en un proceso de reubicación, donde se hizo necesario la intervención de otras en dades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD. • El empoderamiento de la comunidad con los elementos de fortalecimiento ofrecidos desde el convenio, les permi ó adelantar un proceso de depuración interna que pasó por el cambio de la junta direc va. 52
• El reconocimiento de la dignidad de las familias campesinas desplazadas. Las acciones de la comunidad han de entenderse como un proceso que conllevó a actuar con dignidad, y con acciones en base a sus derechos, lo que limitó la capacidad de las ins tuciones, especialmente del INCODER, de afectar el proyecto produc vo y de vida de las familias campesinas. • Otro logro importante fue la permanencia de las familias en el predio al oponerse a las pretensiones de Indupalma para desalojarlos de allí y llevarlas a la cabecera municipal de Sabana de Torres. • La obtención de un área considerable para la construcción de sus viviendas en el centro poblado dentro del predio. Como logro se resalta que la comunidad mantuvo su iden dad campesina, al obtener los de 800 metros cuadrados, gracias a lo cual, posibilitó garan zar espacio para las huertas y la cría de especies menores, para garan zar su seguridad alimentaria y espacios para la extensión familiar. • Al negarse a la operación del proyecto por parte de Indupalma, las familias se vincularon a un proceso pedagógico en los que fueron adquiriendo conocimientos en los manejos del cul vo de palma y en aspectos administra vos para echar a andar un proceso empresarial.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las Lecciones Aprendidas Aprendimos que impulsar un modelo de finca campesina y promover un proceso de aprendizaje de las familias vinculadas con relación al cul vo de palma permi eron un arraigo en el territorio, así como poner en marcha un proyecto rentable que generó la estabilización económica de las familias desplazadas. Aprendimos que a pesar de no tener un conocimiento sobre el cul vo de palma y si un conocimiento sobre el cul vo de otros productos y acciones agropecuarias, era posible ar cular lo nuevo con las costumbres pasadas. Aprendimos que era posible diseñar, construir y apropiarnos de un centro poblado y ar cular a las en dades estatales para lograr agua potable, energía eléctrica, salón comunal y vivienda, De igual manera ar cular el conocimiento de en dades privadas como Fundepalma, para conocer del cul vo de palma, de créditos bancarios, y de comercialización agrícola. Aprendimos que el motor del proceso fue la dignidad de las familias desplazadas y su interés por construir un nuevo plan de vida en lo personal y en lo comunitario. Esta dignidad fue la que permi ó no dejarse imponer un administrador del proyecto produc vo.
Las Buenas Prácticas Mediante esa alianza se propiciaron herramientas de información y conocimiento para que la comunidad tomara la mejor decisión frente a un proyecto que prác camente estaba hipotecado, pues los organismos estatales forzaban a la comunidad para que aceptara entregarle la administración y direccionamiento del proyecto a un privado, como lo es Indupalma. La alianza PDPMM, ACNUR y Opción Legal empezó a cobrar importancia respecto del proceso de reubicación, pues una de las primeras acciones de la alianza fue orientada a promover espacios de ar culación interins tucional, llamando al concurso del municipio de Sabana de Torres, el departamento de Santander, Acción Social, INCODER y el Ministerio de Agricultura, entre otras, para que adelantaran acciones coordinadas para garan zar, los derechos de las familias desplazadas en procesos de reubicación, al empo que se hizo un trabajo de formación a la comunidad en polí ca pública de atención a población desplazada y los mecanismos de exigibilidad de derechos. Se puede decir que la alianza impulsó que el proyecto de reubicación no se entendiera como una simple adjudicación de erras a las familias desplazadas sino como un verdadero proceso de reubicación que ameritó el concurso de la ins tucionalidad del SNAIPD. En este proceso de reubicación se obtuvo la ocupación produc va del suelo por parte de las familias desplazadas.
53
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Caso 2: Ciudadela Enraizar, municipio de San Pablo
54
Caso N°2 Ciudadela Enraizar, La Situación Inicial Al inicio de este proceso, los líderes de las organizaciones, entre ellas Tierra Prome da, expresaron la problemá ca de vivienda que tenían las familias desplazadas que se encontraban asentadas en la cabecera municipal de San Pablo. Muchas de ellas habitaban en espacios sin condiciones de habitabilidad “cambuches”. A causa del conflicto armado, muchas familias desplazadas habían optado por ocupar de hecho predios en la periferia de la cabecera municipal de San Pablo, donde construyeron de manera rudimentaria sus viviendas. Hay que indicar que buena parte de los predios ocupados se encontraban en alto riesgo de inundaciones
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Igualmente, es importante resaltar que para la época, el Sistema Local de Atención Población Desplazada en San Pablo, al igual que en otros municipios, era altamente ineficiente, por lo que no generaba condiciones para dar respuestas a los derechos y demandas sociales de la población desplazada, entre esas demandas se encontraba la de vivienda. Un mapa de actores, realizado par cipa vamente por el convenio ACNUR-PDPMM, demostró que la comunidad iden ficaba como cercanos a sus vecinos, a la vez que veían distante a Acción Social como en dad responsable de coordinar el Sistema de Atención, que daría respuestas a sus demandas sociales. Igual concepto tenían de la administración municipal, que a juicio de los desplazados, actuaba sólo por amiguismo. Aun así no exis an niveles de organización cohesionados. La consultora del convenio ACNUR-PDPMM, de la época lo recuerda así: “… la gente conseguía la teja o la lona para poder hacer sus cambuches, pero eran invisibles y desar culados”.
Las Acciones Realizadas Luego de varios meses de trabajo con los líderes se elaboró un documento donde se proponía la ar culación de asociaciones de víc mas y hacerse visible ante la ins tucionalidad, a través del Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada. La alianza ACNUR-PDPMM promovió esta organización de asociaciones y apoyó la propuesta de una urbanización para sus miembros. Esta propuesta fue llevada a la administración municipal y fue concertada con ella.
Los Logros Obtenidos En primer lugar se puso en marcha una organización de organizaciones, toda vez que Enraizar fungía como espacio de ar culación de varias asociaciones de víc mas de desplazamiento forzado. En segundo lugar, se logró de manera par cipa va, que los miembros de cada asociación aceptaran hacer parte de un solo proyecto de vivienda, superando los intereses de su propia asociación. En tercer lugar, se logró que del presupuesto municipal se asignaran los recursos para adelantar el proyecto de vivienda.
55
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las Lecciones Aprendidas Las mujeres de las dis ntas asociaciones fueron el motor del proceso. En efecto, el liderazgo femenino predominó durante todo el proceso y contribuyó a que las acciones planeadas pudieran desarrollarse. La confianza se logró consolidar a lo largo del proceso. Confianza entre la alianza y la población víc ma; entre ésta y las en dades y entre la población receptora y la población desplazada. Toda la intervención de la alianza ACNUR-PDPMM, par ó de las necesidades sen das y expresadas por la población desplazada. La capacidad de diálogo para conocer estas necesidades fue una condición para que el proceso pudiera desarrollarse. El rol de las organizaciones acompañantes, tanto en el caso de Enraizar, como en el caso de La Pampa, fue básicamente de orden técnico, es decir, que la acción polí ca fue determinada por las comunidades. En ese orden de ideas, la alianza centró su accionar en hacer uso de las herramientas legales sobre las garan as de la par cipación ciudadana y la manera de llevarlas a la prác ca.
56
Las Buenas Prácticas La alianza ACNUR-PDPMM desarrolló una buena prác cas en dos sen dos: por una lado, logró unificar en un solo obje vo, a varias asociaciones de población desplazada en el municipio, y de otra parte, se logró la ar culación de diversas en dades para que se comprome eran en el desarrollo del proyecto, tales como: la alcaldía municipal, Acción Social, y la cooperación internacional. En tal sen do el proceso de Enraizar se cons tuye como una buena prác ca de estabilización socioeconómica, que se logra como fruto de alianza ACNUR-PDPMM.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Caso 3: Dorada y Unión Dorada, municipio de Arenal
Caso N° 3 Dorada y Unión Dorada, municipio de Arenal A con nuación se presenta una síntesis del proceso de retorno de las comunidades de las veredas Dorada y Unión Dorada.
La Situación Inicial Las dos comunidades han sido objeto de graves violaciones a los Derechos Humanos por causa del conflicto armado. En la zona hubo presencia del ELN, el ERP y los grupos paramilitares. Estas veredas, a causa del conflicto quedaron prác camente confinadas. Entre los años 2004 y 2008, el área de estas veredas fue declarada ‘Espacio Humanitario’ y la alianza realizó una observación sobre este territorio. El conflicto produjo múl ples desplazamientos de la población. Posteriormente a raíz las negociaciones entre el gobierno nacional y las AUC y los recientes diálogos entre el gobierno nacional y las FARC-EP, se viene efectuando un paula no proceso de retorno de población desplazada al territorio.
57
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las Acciones Realizadas En el empo coincidieron dos procesos: de una parte, el proceso de tulación de predios en una parte de la Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal a través de Asoreserva, promovida por el PDPMM, y de otra parte, el acompañamiento del ACNUR a la población desplazada, que por decisión propia decidió retornar a los lugares de donde había sido desplazada. En este úl mo caso, la alianza ACNUR-PDPMM desarrolló acciones educa vas sobre las normas y las condiciones para el desarrollo del retorno, así como la ruta de exigibilidad de derechos, como población desplazada en proceso de retorno.
Los Logros Obtenidos Se logró instruir a los funcionarios públicos, sobre la polí ca nacional en torno a la población desplazada y las funciones que correspondían a los municipios. De igual manera se realizó lo propio con las organizaciones de desplazados, par cularmente con Asodemar. Se formularon proyectos con la población desplazada y se logró su par cipación en la elaboración del PIU. Ahora bien, lo más significa vo fue el acompañamiento que se hizo al retorno de la población de Dorada y Unión Dorada entre la ACNUR, el PDPMM y la alcaldía municipal.
Las Lecciones Aprendidas 58
La principal lección fue aprender que cuando una comunidad toma la decisión de retornar se debe acompañar su proceso, así no se logre cumplir con todos los protocolos por parte de las en dades estatales. En efecto, si las en dades estatales no se ponen al servicio de las comunidades que están exigiendo un derecho legal, surge un impera vo é co que llama a su apoyo. Durante el proceso, se buscara, no obstante, que las en dades estatales cumplan con los roles que les fija la ley y no abandonen a su suerte a la población que está retornando.
Las Buenas Prácticas A pesar del precario rol estatal en el proceso de retorno, se considera buena prác ca, el acompañamiento a las comunidades de Dorada y Unión Dorada en su proceso de retorno, y en par cular, a dos acciones: la elaboración de un plan de prevención y protección para acompañar el retorno, un mapa de riesgos y un plan de con ngencia, que permi eron obrar con cautela y evitar daños mayores a la población en situación de retorno.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Caso 4: ‘Las Pavas’, municipio El Peñón
Caso N°4 “Las Pavas”, Municipio El Peñón El despojo de las erras de la llamada ‘Hacienda Las Pavas’, a campesinos del sur de Bolívar, por parte de grupos paramilitares ha sido un caso emblemá co, de despojo y li gio jurídico alterna vo. A con nuación se hace una breve reseña del proceso y el rol jugado por la alianza ACNUR-PDPMM.
La Situación Inicial Hacia el año 2003, un grupo paramilitar, ordenó el re ro de los campesinos de la llamada ‘Hacienda las Pavas’, como condición para no ser asesinados. A par r de este hecho, se ha podido conocer que antes de este acontecimiento y con posterioridad a él, se desarrollaron acciones de dis ntas personas y grupos para tomarse por la fuerza estas ricas erras del sur de Bolívar. El PDPMM junto con otras organizaciones inició un acompañamiento a las 123 familias que se resguardaron en el corregimiento de Buenos Aires para preservar su vida. La Universidad Javeriana, a través de la ‘Clínica Jurídica’, junto con otras en dades, diseñó un plan de li gio estratégico para comprender lo sucedido y junto con la comunidad, buscar rutas de acción. A este proceso se vinculó el ACNUR.
59
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las Acciones Realizadas A finales de 2012 se inició el primer acercamiento del ACNUR con la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), que sufrió dos procesos de desplazamiento forzado: uno en el 2003 y otro en el 2006. La alianza, se enfocó en conocer las caracterís cas de estos desplazamientos y a realizar una asesoría jurídica frente al tema de los derechos vulnerados y del proceso de retorno. De una parte, se realizó una capacitación con ASOCAB sobre la legislación en materia de desplazamiento y de retorno y de otra parte, se realizó un acercamiento con la ins tucionalidad local, departamental y nacional, sobre las caracterís cas del proceso de retorno, en el marco de un li gio jurídico vigente entre ASOCAB y unas empresas palmeras.
Los Logros Obtenidos El principal logro obtenido fue el reconocimiento de ASOCAB como organización víc ma de desplazamiento del conflicto armado y como sujeto de derechos, en proceso de retorno a su territorio.
60
En segundo lugar, fue la presencia de ASOCAB en las dis ntas instancias creadas en la polí ca pública para la par cipación de la población víc ma, tanto a nivel municipal, como departamental, par cularmente en Comité Municipal de Jus cia Transicional. En tercer lugar, poner en marcha un proceso de retorno junto con un plan de protección comunitaria, ar culando a las diversas en dades estatales y en dades de cooperación nacional y extranjera, a la vez que diseñaba el plan especial de asistencia humanitaria. De otra parte, hubo acciones significa vas como haber logrado la inclusión de las familias despojadas, en el Registro Único de Víc mas. Igualmente se logró su par cipación en la formulación del PAT(Plan de Acción Territorial). El seguimiento y monitoreo del entorno, par cularmente de la situación de Tiquisio, permi ó prevenir nuevos desplazamiento en la zona.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las Lecciones Aprendidas El acompañamiento a la ASOCAB, ha permi do aprender, lo di cil que es llevar a la prác ca la polí ca pública en materia de desplazamiento forzado, cuando hay de por medio grandes intereses económicos de empresas agroindustriales, y toda una historia de intervención mafiosa en la zona, ligada a grupos paramilitares. Comprender con la población desplazada, a interpretar y entender las normas, ha sido un aprendizaje común tanto para los miembros de ASOCAB como para el equipo. Inves gar a profundidad, los hechos pasados, ha permi do comprender las realidades presentes. En efecto, el conocimiento detallado de lo sucedido, ha permi do que la ASOCAB se empodere como sujeto social y re-interprete su propia historia. También se ene como lección aprendida, que entre más se conoce de los hechos, más crecen los li gios jurídicos de todo orden: civiles, penales y policivos. De allí, que se haya aprendido la importancia de definir una acción conjunta, entre varias en dades de apoyo y diversas disciplinas.
Las Buenas Prácricas El proceso de retorno de ASOCAB, hace parte de las buenas prác cas de la alianza. Es un ejemplo de inves gación aplicada y compromiso polí co con una población víc ma, que a pesar de dos despojos, quiere permanecer en el territorio y hacer un uso produc vo del suelo. La alianza puso en prác ca un plan de formación tanto para ASOCAB, como para los funcionarios públicos, que no conocían la norma y poco a poco la fueron comprendiendo y actuando en consecuencia.
61
Buenas Prácticas en el Magdalena Medio Colombiano
Sexta Parte
62
Seguimiento y Monitoreo
Sistematización de los procesos de apoyo a víc mas del Magdalena Medio
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Sexta Parte Seguimiento y Monitoreo El Observatorio de Paz Integral OPI, hizo seguimiento a la polí ca pública de atención a la población desplazada y monitoreo al fenómeno del desplazamiento en los municipios del Magdalena medio. Sin duda esos reportes contribuyeron para que los entes territoriales de la región mejoraran su respuesta a las familias víc mas del desplazamiento forzado.
Situación Inicial A finales de los años noventa, la región no contaba con datos precisos sobre la situación del desplazamiento en la región2. Por lo general, la prensa solo registraba los desplazamientos masivos como resultado de cruentos combates entre el ejército y la guerrilla, o entre los paramilitares y la guerrilla. Se hacía invisible, el desplazamiento forzado de familias que dejaban el territorio después de los homicidios selec vos. A la puerta de las parroquias, de las oficinas ACNUR-PDPMM, de las organizaciones de defensa da los derechos humanos, de los sindicatos, o de los líderes sociales, llegaban las familias pidiendo apoyo y contando su tragedia. No había empo, sino para atender lo urgente: un apoyo de emergencia o diseñar una ruta rápida de protección. En estas condiciones se inició la alianza ACNUR-PDPMM. La voz de las mujeres se hizo escuchar para denunciar con voz baja la situación. Los gobiernos locales, negaban el fenómeno, igual pasaba con los gobiernos departamentales. La crudeza diaria del fenómeno impedía comprender la situación de conjunto.
Las Acciones Realizadas Entre marzo y diciembre de 2005, en el marco de la alianza, el OPI trabajó en la elaboración de su marco conceptual y metodológico; la definición de indicadores de seguimiento y monitoreo a la polí ca pública; indicadores de monitoreo a la dinámica del desplazamiento, las comunidades en riesgo y las comunidades retornadas; trabajo de campo para monitoreo en ocho municipios de la región; establecimiento de contactos y relaciones interins tucionales para recabar información; iden ficación de fuentes de información para monitoreo especializado y rutas de acceso a la misma; actualización permanente en materia legisla va y norma va sobre desplazamiento y atención a la población en situación de desplazamiento por violencia. El trabajo del OPI incluyó visitas a terreno para verificar condiciones de desplazamientos masivos y comunidades en riesgo. A su vez, en el marco de la alianza, se destaca la par cipación en: Comités Municipales de Atención Integral a Población Desplazada por Violencia; reuniones con organizaciones de población desplazada por la violencia; acompañamiento a la mesa regional de organizaciones de población desplazada asesorada por la Corporación Opción Legal mediante convenio con ACNUR; seminarios y talleres sobre temas relacionados con el restablecimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento; creación de la mesa de erras impulsada por ACNUR-Barrancabermeja y el OPI; reuniones del Plan Especial de Protección Humanitaria PEPH; reuniones con el equipo del OPI para el seguimiento y análisis del contexto regional, y par cularmente del conflicto armado interno y la construcción de la paz en la región; entre otras ac vidades. 2. El PDPMM realizó en el año de 1996, un primer trabajo sobre el particular: Monografia - Estudio sobre el Desplazamiento Forzado en la Región del Magdalena Medio Colombiano. Ver texto completo en: https://dl.dropboxusercontent.com/u/108605656/7.%20colecci%C3%B3n%20opi/1.%20diagn%C3%B3stico%201995-1996/Unidad %20de%20Convivencia%20y%20Paz/Desplazamiento%20Forzado%20en%20el%20Magdalena%20Medio.pdf
63
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Los Logros Obtenidos El trabajo del monitoreo permi ó dimensionar el fenómeno del desplazamiento forzado en la región y difundirlo a través de los siguientes documentos, elaborados en el marco de la alianza: • Ciudadanía y población en situación de desplazamiento interno forzado3 Trabajo elaborado por Patricia Ramírez Parra, en el 2005, que da inicio a la comprensión de la magnitud del fenómeno, a la respuesta estatal como polí ca pública y a su aplicación en el municipio de San Pablo. • Desplazamiento forzado en el Magdalena Medio 2005-20064 Trabajo elaborado por Nilson Dávila, indica la brecha entre la polí ca pública y su aplicación, evaluando a través de casos, la precariedad en el cumplimiento de la naciente polí ca pública, en los municipios de Aguachica, Barrancabermeja, Santa Rosa del sur y Yondó. En par cular, dos aspectos de éste documento fueron decisivos en la construcción e implementación de una polí ca pública. Por su importancia son expuestos a con nuación: “Entre 1997 y el 2006, en los 30 municipios del Magdalena Medio analizados fueron expulsaron por mo vos de violencia 103.564 personas, esto es, una población equivalente a expulsar a toda la población urbana y rural del municipio de Aguachica o la mitad de la población de Barrancabermeja. El total de personas expulsadas representa el 14% del total de la población del 2006 de los 30 municipios de la región.”
64
“Se observa que existen dinámicas y factores que, aunque no están pificadas como causales de desplazamiento forzado, la realidad muestra que sí lo son. En efecto, muchos hogares colombianos han tenido que huir de sus lugares por los efectos de las fumigaciones, por tensiones generadas por intereses económicos, porque sus fuentes de abastecimiento de alimento han sido usurpadas, por presión de actores armados supuestamente en procesos de paz. En consecuencia, se recomienda al legislador revisar la actual legislación, y a la luz de la realidad colombiana vincular los aspectos de carácter preven vos y de atención a la población que huye por mo vos aparentemente dis ntos a los de la violencia.” En el primer párrafo citado, se ilustra cómo se logró medir el desplazamiento forzado y poder precisar la magnitud del fenómeno, que para la época, era inexistente en la mentalidad de muchos funcionarios. En el segundo párrafo se constata la imprecisión de las polí cas públicas de aquella época en materia de la definición de las mo vaciones o causas del desplazamiento. Este texto, fue materia de estudio en la Corte Cons tucional, y generó la modificación de los hechos vic mizantes por parte del Estado. • Desplazamiento forzado en el Magdalena Medio 2007-2008 Trabajo elaborado por Nilson Dávila, que profundiza los aspectos relacionados en el trabajo anterior.
3. Ver texto completo en: h ps://dl.dropboxusercontent.com/u/108605656/opi.org.co/Desplazamiento%20Forzado/Ciudadan%C3%ADa%20y%20poblaci%C3%B3n%20en %20situaci%C3%B3n%20de%20desplazamiento%20interno%20forzado%20en%20el%20Magdalena%20Medio..pdf 4. Ver texto completo en: h ps://dl.dropboxusercontent.com/u/108605656/opi.org.co/Desplazamiento%20Forzado/Desplazamiento%20Forzado%20en%20el%20Magdale na%20Medio%202005%20-%202006.pdf
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Las Lecciones Aprendidas El trabajo del monitoreo y seguimiento al desplazamiento forzado en la región, fue la base para dar a conocer tanto a nivel nacional, como a nivel local, las dimensiones y magnitudes del fenómeno del desplazamiento forzado, en la región. Con este trabajo se aprendió a desarrollar un área de la inves gación aplicada en ciencias sociales. A través de este instrumento se pudo estudiar de una parte, la polí ca pública en materia de desplazamiento, y de otra parte, constatar su nivel de aplicación en los municipios. Los documentos producidos, se convir eron en un texto pedagógico, que fue usado en comités municipales, consejos de seguridad, asambleas de asociaciones de víc mas, concejos municipales, Corte Cons tucional, Consejo de Estado y procesos penales, como referente de la situación de crisis humanitaria en la región. A través de este instrumento se pudo propiciar un diálogo que superara las creencias existentes, dando paso a la aceptación de un fenómeno social, que era consecuencia directa de la confrontación armada.
Las Buenas Prácticas La inves gación aplicada se cons tuyó en una buena prác ca, durante el proceso de intervención, toda vez que contribuyó a construir un norte de hacia donde se tenía que ir, tanto en materia de polí cas públicas, como en materia de aplicación de las polí cas públicas. Mediante el seguimiento y monitoreo a las polí cas públicas y a su aplicación, se logró acceder a la Corte Cons tucional y ofrecer elementos para que el Estado montara un sistema nacional de monitoreo, que permi era dimensionar la magnitud del fenómeno y producir indicadores sobre la respuesta estatal al mismo, en los niveles municipales, departamentales y nacionales. A través de la inves gación aplicada que generó la alianza, se logró conocer y evidenciar las causas estructurales del desplazamiento forzado, es decir, la relación del fenómeno del desplazamiento forzado con dos situaciones regionales. De una parte, la relación entre los homicidios individuales y colec vos y su efecto sobre el desplazamiento (cada homicidio, en promedio, pudo generar el desplazamiento de mil personas), y en segundo lugar, la relación del desplazamiento y el vaciamiento poblacional de una vereda o barrio, con miras a obtener la erra, como fin úl mo, o bo n de guerra. La comprensión de estas relaciones fueron una buena prác ca que acompañó la planeación del equipo de trabajo de la alianza y le permi ó afinar sus acciones a lo largo del proceso de intervención
65
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Conclusiones Este documento, que resume “a vuelo de pájaro” la alianza ACNUR-PDPMM (2005-2015) en el acompañamiento a la población en situación de desplazamiento y en riesgo de ser desplazada, arroja las siguientes conclusiones: 1.El trauma personal, social, polí co, económico, cultural y ambiental dejado por la guerra interna en el Magdalena Medio se expresó a lo largo de este proceso de acompañamiento. Las en dades estatales formularon una polí ca pública y ésta fue aplicada parcialmente en el territorio. La puesta en marcha de una teoría del cambio, es un largo camino que va de la mano de las emociones y busca lograr una racionalidad para superar los traumas y daños causados. Este camino no siempre logra llegar a buen puerto. El equipo que puso en marcha el proyecto, logró aportar a la formulación de la polí ca pública y a la puesta en marcha de esa polí ca.
66
2.El proceso se dotó de dos instrumentos: de una parte la instrucción y de otra parte la formación. Con el primero se desarrollaron acciones de capacitación tanto a la población desplazada como a los funcionarios públicos. La polí ca pública fue socializada e implementada parcialmente. Con el segundo se formaron pobladores: de una parte líderes que asumieron la reconstrucción de un territorio y el “remiendo” de un tejido social que fue fracturado. De otra parte, funcionarios públicos, que asumieron el rol de hacer cumplir la cons tución, reconocer como sujetos a las asociaciones de población desplazada y apoyar la implementación de los planes y proyectos formulados por las asociaciones. 3.El conjunto del proceso deja ver, a través de acciones, proyectos y planes (PIU y PAT), que se construyó una plataforma reivindica va de las víc mas y que por ese solo hecho, se creó el germen de un movimiento social, que fue más allá del ámbito de una protesta social y se ubicó en el ámbito de una propuesta social. Los procesos que lograron esto realizaron una pequeña revolución silenciosa en el marco de una reconstrucción de la sociedad.
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
4.A lo largo de proceso, el acceso a la erra y la ocupación produc va del territorio estuvo en el trasfondo de las causas del drama humanitario y de los sueños por conquistar. 5.Los procesos de reparación colec va, por la vía administra va o judicial se abrieron paso di cilmente, sin embargo son una esperanza de reconstrucción social, de arraigo al territorio y de construcción de nuevas relaciones sociales con iden dad regional. 6.En el úl mo periodo del proceso, el equipo desarrolló una reflexión sobre el desarraigo y el sen do del proceso. Se preguntaba hasta qué punto las polí cas públicas sobre desplazamiento forzado, eran una forma de fomentar y mo var el desplazamiento y no una forma de evitarlo. Este interrogante toma hoy más fuerza, de cara a los procesos de paz y a la nueva reconfiguración del territorio. 7. Se realizaron buenas prác cas a lo largo del territorio. Se destacan dos, como ejemplo de estabilización socio-económica: una urbana, en el municipio de San Pablo, la ‘urbanización Guarigua’, promovida por Enraizar, que aglu nó a varias asociaciones de población desplazada, y una rural en el municipio de Sabana de Torres, el ‘centro poblado La Pampa’, complejo agrícola que logró llevar a cabo su proceso de reubicación. En el campo del retorno de la población desplazada se destacan también dos procesos: el de Dorada y Unión Dorada en el municipio de Arenal y el de ASOCAB, ‘Las Pavas’ en el municipio de El Peñón.
67
Sistematización de los procesos de apoyo a víctimas del Magdalena Medio
Bibliografía Ghiso, A. (1999). De la prác ca singula al diálogo con lo plural. Aproximaciones a otros tránsitos y sen dos de la sistema zación en épocas de globalización. LA PIRAGUA. Revista La noamericana de Educación. Sistema zación de prác cas en América La na. # 16. Jara, O. (febrero de 2012). sistema zacion de experiencias, inves gación, evaluación: aproximación desde tres ángulos. Recuperado el 5 de sep embre de 2016, de h p://educacionglobalresearch.net/wpcontent/uploads/02A-Jara-Castellano.pdf Dávila, N. (2007). Desplazamiento forzado en el Magdalena Medio 2005-2006. Un problema que crece frente a una respuesta estatal insuficiente. Observatorio de Paz Integral. Revista Acción de Paz 3. Barrancabermeja. ACNUR-PDPMM. h ps://dl.dropboxusercontent.com/u/108605656/opi.org.co/Revista%20Acci%C3%B3n%20de%20Paz/D esplazamiento%20forzado%20en%20el%20Magdalena%20Medio%202005-2006.pdf Dávila, N. (2009). Desplazamiento forzado en el Magdalena Medio 2007-2008. Un flagelo que desespera a una población que espera. Observatorio de Paz Integral. Revista Acción de Paz 4. Barrancabermeja. ACNUR-PDPMM
68
Observatorio de Paz Integral. Bole n mensual sobre acciones de violencia contra la población civil, acciones bélicas y acciones colec vas por la paz. (2005-2016) h p://www.opi.org.co/publicaciones/bole nes-mensuales PDPMM (1996) Estudio sobre el Desplazamiento Forzado en la Región del Magdalena Medio Colombiano. Comisión Vida y Paz Diócesis de Barrancabermeja, Servicio Jesuita para Refugiados, Comisión Pastoral Social Diócesis de Barrancabermeja. Unidad de Convivencia y Paz. h ps://dl.dropboxusercontent.com/u/108605656/7.%20colecci%C3%B3n%20opi/1.%20diagn%C3%B3s co%2019951996/Unidad%20de%20Convivencia%20y%20Paz/Desplazamiento%20Forzado%20en%20el%20Magdale na%20Medio.pdf Ramírez, P. (2005) Ciudadanía y población en situación de desplazamiento interno forzado en el Magdalena Medio. Observatorio de Paz Integral. Revista Acción de Paz 2. Barrancabermeja. ACNURPDPMM. h ps://dl.dropboxusercontent.com/u/108605656/opi.org.co/Revista%20Acci%C3%B3n%20de%20Paz/Ci udadan%C3%ADa%20y%20poblaci%C3%B3n%20en%20situaci%C3%B3n%20de%20desplazamiento%20i nterno%20forzado%20en%20el%20MM.pdf