Agenda Ambiental 2014-2019 by SARIGUA DESIGN STUDIO

AGENDA AMBIENTAL PANAMÁ 2014 - 2019

SIGLAS AbE&C

Adaptación basada en ecosistemas y comunidades

ANAM

Autoridad Nacional del Ambiente

ATP

Autoridad del Turismo de Panamá

CMS

Convención de Especies Migratorias

CITES

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, por sus siglas en inglés)

EsIA

Estudios de Impacto Ambiental

EOT

Esquema de Ordenamiento Territorial

EPI

Índice de Desempeño Ambiental (Environmental Performance Index, por sus siglas en inglés)

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization, por sus siglas en inglés)

MSC

Consejo de Administración Marina (Marine Stewardship Council, por sus siglas en inglés)

FIDECO

Fideicomiso Ecológico de Panamá

ICRI

Iniciativa Internacional de Arrecifes Coralinos

LEED

Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental (Leadership in Energy & Environmental Design, por sus siglas en inglés)

MDL

Mecanismo de Desarrollo Limpio

ONU-REDD

Programa de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación

OSPESCA

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano

PIB

Producto Interno Bruto

PIGOT

Plan Indicativo General de Ordenamiento Ambiental

PSA

Pagos por Servicios Ambientales

REDD

Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación

SICA

Sistema de la Integración Centroamericana

SINAP

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SINIA

Sistema Nacional de Información Ambiental

TEEB

La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, por sus siglas en inglés)

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Agradecimientos Deseamos especialmente agradecer a la Fundación Friedrich Ebert Panamá por su contribución para la realización de los talleres que permitieron la elaboración de esta Agenda Ambiental 2014 - 2019 y a la Fundación Natura por sus aportes para la diagramación y producción de esta agenda en forma impresa y digital.

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Fotos

Alejandro Balaguer - Fundación Albatros Media Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza Karl Kaufmann - Sociedad Audubon de Panamá Alejandro Maimone - Fundación Albatros Media Fundación MarViva

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ÍNDICE SIGLAS ii ÍNDICE iv INTRODUCCIÓN 1 PRESENTACIÓN 2 PRIORIDADES 2 1. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL

2. FINANCIAMIENTO ADECUADO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

3. CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES

4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE

6. Seguridad Alimentaria 4 7. Educación Ambiental 4

EJES ESTRATÉGICOS I.

GOBERNANZA AMBIENTAL 5 A. ANÁLISIS DE CONTEXTO 5 B. ACCIONES PROPUESTAS POR ÁREA TEMÁTICA 6 Institucionalidad 6 Justicia Ambiental 8 Participación Ciudadana 9 Financiamiento 10

II. SOCIEDAD Y COMUNIDADES SOSTENIBLES A. ANÁLISIS DE CONTEXTO

AGENDA AMBIENTAL PANAMÁ 2014 - 2019 B. ACCIONES PROPUESTAS POR ÁREA TEMÁTICA 11 Planificación y Ordenamiento Territorial 11 Concesiones Mineras 13 Cambio Climático 13 Energía 15 Salud y Calidad Ambiental 15 Seguridad Alimentaria 16 Concienciación y Educación Ambiental 17 III.

RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD 18 A. ANÁLISIS DE CONTEXTO 18 B. ACCIONES PROPUESTAS POR ÁREA TEMÁTICA 20 Ecosistemas Terrestres 20 Ecosistemas Acuáticos 21 Biodiversidad 23 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 24

IV.

ECONOMÍA SOCIAL Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE 25 A. ANÁLISIS DE CONTEXTO 25 B. ACCIONES PROPUESTAS POR ÁREA TEMÁTICA 26 Desarrollo y aplicación de instrumentos económicos 26 Negocios Verdes y Mercados Responsables 27 Instituciones Ecoeficientes 27 Acciones específicas por sector de desarrollo 28 Sector Turismo 28 Sector Agropecuario 28 Sector Silvícola y Forestal 29 Sector Pesca 29 Sector de la Construcción 30 Sector Bancario y de Inversión 30

GLOSARIO 31

AGENDA AMBIENTAL PANAMÁ 2014 - 2019

AGENDA AMBIENTAL PANAMÁ 2014 – 2019 INTRODUCCIÓN La Agenda Ambiental Panamá 2014-2019 es una propuesta de organizaciones ambientales y ciudadanos comprometidos con el bienestar social de nuestro país, que responde a la preocupación por la situación ambiental, planteando acciones estratégicas que propician un desarrollo humano sostenible.

Para lograr este objetivo, la Agenda Ambiental Panamá 2014-2019 está dirigida a integrar la protección ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales en las políticas públicas y en los sectores económicos, fortaleciendo el sistema de gestión ambiental del Estado, a través de instituciones consolidadas, descentralizadas y una amplia participación ciudadana.

Se basó en el análisis del cumplimiento de la Agenda Ambiental 2009-2014, esfuerzo articulado de la sociedad civil por ser propositivos y brindar soluciones a la situación ambiental en el quinquenio anterior. En aquella oportunidad, la Agenda Ambiental también fue presentada por las organizaciones ambientales a los candidatos presidenciales de las elecciones de 2009, con el compromiso adquirido por ellos de cumplirla. Se fundamentó también en el análisis del estado actual de los recursos naturales del país y en los retos a los que nos enfrentamos como sociedad panameña para lograr un desarrollo humano sostenible.

Sin lugar a dudas, el mayor reto que enfrentamos en nuestro país es el de lograr la convergencia entre el crecimiento económico, la equidad y la sostenibilidad ambiental. Ello no podrá ser realidad, si no establecemos una agenda común de trabajo en la que la sociedad civil esté presente en la toma de decisiones y en la que se establezcan políticas de Estado dirigidas a responder decididamente a los retos ambientales, incorporando mecanismos efectivos para su debida implementación e integrándola con las agendas de los distintos sectores económicos, para un desarrollo integral y sostenible del país.

Las acciones propuestas requieren la atención urgente del Estado Panameño, de manera que logremos responder al momento histórico en forma científica, coherente, ordenada y participativa. Dichas acciones conllevan el respeto de la dimensión ambiental del país, para la protección y desarrollo integral de nuestra vida en sociedad tanto presente como futura.

Mediante esta iniciativa, hacemos un llamado a la sociedad panameña para que colectiva e individualmente actúe para preservar y defender el ambiente, como esencia de todo lo que existe y como base para que el desarrollo de las actividades del Estado garanticen una vida digna y sana.

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PRESENTACIÓN La Agenda Ambiental Panamá 2014-2019 está estructurada en cuatro ejes estratégicos:

I. Gobernanza Ambiental II. Sociedad y Comunidades Sostenibles III. Recursos Naturales y Biodiversidad IV. Economía Ambiental y Socialmente Sostenible Bajo cada eje planteamos las acciones propuestas para atender los problemas identificados, con el compromiso de compartir responsabilidades y tareas para su implementación y seguimiento. 9

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PRIORIDADES 1. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL a. Crear un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que rija el Sistema Interinstitucional del Ambiente, con un patrimonio propio y derecho de administrarlo. b. Cumplir con la ley de descentralización de competencia de la administración pública (municipios y comarcas), fortaleciendo la gestión ambiental de las autoridades locales. c. Garantizar la participación ciudadana efectiva en etapas tempranas de los procesos de toma de decisión relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables, respetando el consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones.

h. Establecer nuevos e innovadores mecanismos financieros para el manejo y protección de las cuencas del país, con la aportación directa de los usuarios.

3. CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES i. Establecer una ley para la protección de humedales y crear programas para revertir su destrucción, restaurando y recuperando aquellos que han sido afectados a lo largo del país, en especial el Humedal Bahía de Panamá, reconociendo los múltiples beneficios que proveen, en particular como infraestructura natural para mitigar el riesgo de inundaciones, refugio de aves locales y migratorias y criadero de numerosas especies que son la base de la seguridad alimentaria panameña. j. Revisar e implementar las políticas y estrategias de uso del recurso hídrico y de gestión del riesgo, para que entre otros fines, integren diagnósticos de la calidad y cantidad de agua disponible en las cuencas hidrográficas priorizadas, se reduzcan los riesgos de desastres y se aplique el enfoque ecosistémico y de caudal ambiental.

d. Reglamentar y cumplir con el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica para que las políticas, programas, planes y proyectos estén en concordancia con 4. ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO los objetivos ambientales del país y el ordenamiento ambiental del territorio. e. Revisar y mejorar la reglamentación del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, para que los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) sean presentados durante la etapa de preinversión de los proyectos, garantizando una amplia, informada y oportuna participación ciudadana y con mecanismos imparciales y transparentes para la contratación de los consultores.

2. FINANCIAMIENTO ADECUADO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

k. Elaborar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que sea vinculante para el diseño y aprobación de políticas públicas y proyectos de inversión, con enfoque integral de manejo de cuencas y ecosistemas, tomando en cuenta los efectos del cambio climático e incorporando al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) como columna principal, en armonía con los derechos de propiedad y el régimen especial de propiedad colectiva propio de las comarcas y territorios indígenas, georeferenciando e inscribiendo en el Registro Público la superficie total del SINAP y el Patrimonio Forestal del Estado.

f. Asegurar la dotación de recursos financieros para cubrir las necesidades del sector ambiental gubernamental para una adecuada gestión ambiental, que no sea inferior al 1% del PIB.

l. Proteger, restaurar, recuperar y/o remediar cuencas en estado crítico por pérdida de cobertura boscosa o por contaminación, así como ecosistemas vulnerables, como una obligación del Estado.

g. Agilizar los procesos para que los fondos especiales establecidos por Ley (Fondo Coiba y Fondo de Vida Silvestre) sean efectivamente implementados y cumplan con los objetivos de manejo para los cuales fueron creados.

m. Considerar una MORATORIA de la tala de bosques hasta que se defina un ordenamiento efectivo del uso de los mismos, en base a un inventario del Patrimonio Forestal del Estado.

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n. Estructurar jurídica y materialmente el SINAP, a través de una ley que fortalezca la protección legal de todas las áreas protegidas del país; que estructure mecanismos administrativos para una gestión técnica, económica y financiera eficientes, con un enfoque ecosistémico; e integre las Zonas Especiales de Manejo Costero del país. o. Decretar una MORATORIA de la minería metálica a cielo abierto hasta tanto se determinen los impactos y beneficios de dicha actividad en el marco de un desarrollo sostenible para el país y garantizar el cumplimiento del impacto neto positivo en aquellas actividades que estén legalmente aprobadas a la fecha.

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL PARA UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE p. Desarrollar mecanismos que fomenten la incorporación de buenas prácticas en las actividades productivas y desincentiven aquellas que inciden negativamente y producen riesgos o daños a la salud y al ambiente. q. Promover un enfoque de mercados responsables, orientados hacia la integración de la protección ambiental en el ciclo productivo, con apego a las normas y concienciando sobre el uso sostenible y la importancia de los recursos naturales.

r. Instaurar mecanismos efectivos para cumplir con eficacia el ordenamiento jurídico ambiental en el uso del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables.

6. Seguridad Alimentaria s. Adoptar la seguridad alimentaria como una política nacional, que fomente la agricultura y ganadería sostenibles, prohíba la producción e importación de productos alimenticios a base de transgénicos, promueva el uso de la biotecnología como elemento clave para asegurar bancos genéticos de recursos locales y que garantice la producción masiva y sostenida de productos alimenticios básicos con programas dirigidos a la agricultura familiar y la agricultura orgánica.

7. Educación Ambiental t. Situar la educación ambiental como eje transversal obligatorio en los programas y planes educativos de enseñanza formal, no formal e informal, que estimule un enfoque crítico, tras la búsqueda de la solución de los problemas ambientales, e incluya la divulgación permanente de las normas ambientales y sus indicadores de cumplimiento.

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I GOBERNANZA AMBIENTAL

de las pocas Comisiones Consultivas Ambientales Distritales y Provinciales creadas. - La injerencia de intereses políticos y económicos en las decisiones y funcionamiento de las instituciones con relación a sus deberes con la cosa pública.

A. ANÁLISIS DE CONTEXTO Durante el período 2009-2014, es un hecho que la institucionalidad ambiental del país, a pesar de contar con instrumentos de gestión ambiental en la Ley 41 de 1998, ha sido objeto de un proceso de flexibilización de la normativa y un debilitamiento institucional en cuanto a su aplicación respecto a: - La pérdida de la capacidad técnica (recurso humano y recurso material). - La disminución del presupuesto de las instituciones encargadas de la supervisión, vigilancia y control en materia ambiental. - Las acciones encaminadas a desvincular a la población de los problemas ambientales, dificultando el acceso a la información (e.g., pago de timbres fiscales para acceder a la misma), omitiendo la constitución de la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente creada desde la Ley 41 de 1998 y la ineficacia 12

La Corte Suprema de Justicia destacó en una de sus más recientes sentencias: “la forma poco diligente del actuar de las instituciones ambientales para la defensa del interés general y público que deben proteger”1. Ello se ve reflejado en que no se ha logrado contar con espacios efectivos para establecer agendas comunes y conciliar metas y acciones entre la sociedad civil y las autoridades del Estado en el tema de ambiente, lo cual incide en que no se están logrando las metas y los resultados ni se monitorean los indicadores ambientales 1

Sentencia del 23 de diciembre de 2013. Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad interpuesta por Aristides Figueroa en representación de Constantino González Rodríguez para que se declare nula por ilegal la Resolución Nº AG-072-2009 del 3 de febrero de 2009, emitida por la ANAM. Magistrado Ponente: Víctor M. Benavides.

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de la Estrategia Nacional del Ambiente 2008-2012, cuya actualización está desfasada. En ese mismo contexto, no se ha intentando conciliar con el sector productivo, que depende igualmente de los recursos naturales, generándose una clara contradicción de intereses en la implementación de actividades y proyectos. Por otra parte, en el Poder Legislativo se ha limitado la participación ciudadana, de forma no cónsona con las responsabilidades de dicho Órgano del Estado en la protección del derecho intergeneracional a un ambiente sano. A todo esto se le suma el alto nivel de cuestionamiento e insatisfacción por parte de la opinión pública y la sociedad civil en torno a las actividades del sector público en el tema de ambiente. Lo anterior refleja claramente también, que el andamio de las estructuras que atienden el tema ambiental ha ido fracturándose, sin lograr integrar el Sistema Interinstitucional del Ambiente. Por otra parte, la Administración de Justicia en los últimos años sigue careciendo de profesionales y Tribunales Especializados en materia ambiental, y a su vez, se cuestiona la independencia del Órgano Judicial. Surgen también cuestionamientos por la dilación en absolver procesos judiciales de relevancia para el sector ambiental y por la forma en que se aplican o no medidas cautelares, que incluso han implicado severas afectaciones a las áreas protegidas cuando no han protegido los derechos fundamentales relacionados a un ambiente sano. Todo lo anterior se refleja en la tendencia a la caída desde 2010, en el índice de desempeño ambiental (EPI, por sus siglas en inglés, “Environmental Peformance Index”) que mide la Universidad de Yale2 cada dos años. Por ello, se genera la necesidad de reformular el modelo de gestión ambiental aplicado actualmente, para contar con un nuevo nivel de manejo institucional que ampare la protección ambiental con una estructura integral y sólida a nivel del Poder Ejecutivo, en coordinación con el Poder Judicial y el Poder Legislativo. B. ACCIONES PROPUESTAS POR ÁREA TEMÁTICA Institucionalidad 1. Crear un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que rija el Sistema Interinstitucional del Ambiente, cumpliendo con los fines y objetivos del ordenamiento jurídico y técnico ambiental vigente en el país, con un patrimonio propio y derecho de administrarlo. 2

www.epi.yale.edu. De 2006 a 2008 el índice EPI para Panamá subió de 76.5 a 83.1, pero a partir de 2010 bajó a 71.4 y siguió bajando en 2012, a 57.9 y 2014 a 56.8.

2. Adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establecer, entre otros, las siguientes entidades autónomas: a. Instituto de la Biodiversidad, que ponga en marcha un programa para el inventario y monitoreo permanente de la diversidad de especies y ecosistemas, con el objetivo de generar una base de información de la riqueza, abundancia y potencial de la biodiversidad, para usos sostenibles, en beneficio de los panameños y el desarrollo nacional. b. Instituto Forestal, para fortalecer la gestión forestal del país en el contexto del aprovechamiento sostenible y de la conservación, conciliando los intereses entre el sector de las plantaciones comerciales y el de conservación de bosques. c. Instituto de Pesca, que cuente con un programa permanente de monitoreo de los principales recursos pesqueros del país, que oriente la toma de decisiones en cuanto al aprovechamiento de los mismos. d. Una entidad autónoma encargada de la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. e. Secretaría Nacional de Cambio Climático, que coordine las acciones del Estado y las negociaciones en esta materia.

3. Desconcentrar la gestión ambiental mediante: a. El fortalecimiento de las oficinas regionales y comarcales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, garantizando su capacidad de gestión, dotándoles de suficiente autoridad, recursos financieros, personal técnico idóneo, logística y equipamiento para cumplir y hacer cumplir las normas. i. La desconcentración debe tomar en consideración la debida coordinación entre las oficinas regionales, comarcales y la sede central, así como entre las distintas direcciones a través de procesos eficientes, efectivos y transparentes de rendición de cuentas entre toda la estructura. b. Implementar la ley de descentralización de competencia de la administración pública (municipios y comarcas), fortaleciendo la variable ambiental en todos los niveles. c. Fortalecer la gestión ambiental de los municipios, dotándolos de recurso humano idóneo, financiero y de estructura, mejorando los canales de 13

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coordinación con las entidades con competencia ambiental y procurando su autonomía financiera, patrimonio propio y derecho de administrar los fondos para la gestión ambiental. d. Hacer funcionales las Juntas Locales como entes de consulta, decisión y fiscalización en materia ambiental.

4. Estructurar jurídica y materialmente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), a través de una ley que: a. Fortalezca la protección legal de todas las áreas protegidas del país. b. Garantice la no regresión en la protección de las áreas protegidas. c. Estructure mecanismos administrativos para una gestión técnica, económica y financiera eficiente y eficaz. d. Integre en el SINAP las Zonas Especiales de Manejo Costero del país, para mantener un enfoque ecosistémico y unificar criterios técnicos para su manejo adecuado. e. Establezca mecanismos alternos de solución de conflictos entre los diferentes usuarios y actores de las áreas protegidas.

5. Actualizar la Ley de Uso de las Aguas3, bajo un enfoque de gestión integrada del recurso hídrico, que incorpore en las políticas públicas la conservación efectiva de las fuentes de agua, medidas de ahorro en el consumo del agua, fortalezca la administración del uso del recurso, redefina científicamente los caudales mínimos ecológicos y revise los procesos de concesión de aguas. 6. Integrar en la toma de decisiones, los estudios de valoración económica de recursos críticos, tales como los manglares y otros humedales, las cuencas hidrográficas y sitios críticos para la biodiversidad, de forma tal que sus resultados se constituyan en fundamento de las políticas y planes de desarrollo, promoviendo alternativas de uso sostenible y el valor de no uso, según corresponda, y evitando el uso inadecuado de los recursos naturales y la afectación ambiental. 7. Reglamentar e implementar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, para que las políticas, programas, planes y proyectos estén en concordancia con los objetivos ambientales del país y el ordenamiento ambiental del territorio.

8. Revisar la reglamentación del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, para que: a. Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) sean presentados durante la

Ley No.35 de 22 de septiembre de 1966, por la cual se reglamenta el uso de las aguas.

etapa de preinversión de los proyectos. b. Se garantice una amplia, informada y oportuna participación ciudadana en el proceso de evaluación, con un fácil y expedito acceso a los EsIA y al expediente. c. La contratación del consultor se realice bajo un mecanismo imparcial y transparente. d. Se adecúe la modificación hecha a través de la Ley 65 de 26 de octubre de 2010, a la Ley General de Ambiente, de manera que no debilite el proceso de evaluación de impacto ambiental. 9. Revisar el marco normativo relacionado a las compensaciones ambientales y establecer un proceso que asegure la aplicación de la jerarquía de mitigación, evite la intervención en ecosistemas frágiles y únicos y garantice la no pérdida neta de biodiversidad. 10. Implementar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) para mantener la transparencia y facilitar el acceso a la información de los procesos por causas ambientales e impedir el tráfico de influencias, la corrupción y evasión de la normativa ambiental. Justicia Ambiental 11. Garantizar en etapas tempranas la participación ciudadana efectiva en los procesos de toma de decisiones relacionados con el aprovechamiento de los recursos naturales, que sea vinculante según corresponda y respetando el consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones 12. Instaurar mecanismos efectivos para lograr la eficacia del cumplimiento del ordenamiento jurídico ambiental en los procesos que otorgan derechos de aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables y que aprueban instrumentos de gestión ambiental, a través de: a. Restablecer y ampliar los mecanismos de incentivos para la denuncia ambiental. b. Hacer efectivo y directo el cumplimiento de la Responsabilidad Ambiental, contemplada en la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente, particularmente en las zonas de desarrollo económico del país, por el impacto ambiental que generan. c. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos internacionales así como la legislación nacional vigente en materia de combate a la corrupción, acceso a la información y la transparencia en la gestión estatal y promover la

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adopción de mecanismos o legislación en estas materias. 13. Fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental mediante la capacitación continua, con un programa permanente en derecho ambiental, dirigido principalmente a los operadores de justicia y sus auxiliares, así como a todos los demás actores que forman parte de la gestión pública ambiental (a nivel nacional, municipal, local y comarcal), el sector privado y la sociedad civil. 14. Crear un Tribunal Ambiental Administrativo, como una instancia de justicia para resolver los procesos administrativos por infracciones a la normativa ambiental que agoten la vía gubernativa. 15. Cumplir con la creación de las Fiscalías especializadas para la investigación de los delitos contra el ambiente y los juzgados especializados establecidos en la ley, con los recursos necesarios y personal calificado. 16. Establecer mecanismos que faciliten el acceso equitativo de los ciudadanos a los estamentos de justicia de manera expedita, atendiendo a la inmediatez, para evitar las consecuencias que se derivan de daños ambientales, a través de: a. La eliminación de los costos de autenticación para el acceso a la información. b. La creación de una sección especializada en Justicia Ambiental, dentro del Instituto de Defensoría de oficio. c. Actualización y formalización de la lista de peritos para los casos ambientales, adscrita al Ministerio Público, que garantice la independencia e imparcialidad en la emisión de criterios, con la dotación de recursos suficientes para que se integren al mismo con un equipo multidisciplinario. d. Establecer términos concretos para las distintas etapas procesales relativas a casos ambientales.

Participación Ciudadana 17. Fortalecer la participación ciudadana a todos los niveles, para la toma de decisiones de la gestión ambiental, cumpliendo con el Plan de Acción del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y creando una estructura legal para su cumplimiento. 18. Instaurar la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, fortaleciendo sus capacidades para la incidencia en los espacios de participación ciudadana. 19. Fortalecer el proceso de conformación y la operación de las Comisiones Consultivas Provinciales, Comarcales y Distritales, garantizando así la participación ciudadana a todos los niveles. Financiamiento 20. Aumentar el financiamiento para la gestión ambiental, a través de: a. Identificar métodos novedosos de captación de fondos por parte del sector público, privado y de la sociedad civil, dirigidos a la gestión ambiental. b. Fortalecer las estructuras estatales y la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil para la búsqueda y ejecución de proyectos de fuentes nacionales e internacionales, dirigidos a la gestión ambiental y garantizando la distribución equitativa de sus beneficios. c. Dotar al sector ambiental gubernamental de una asignación presupuestaria anual del Estado, para una adecuada gestión ambiental, que no sea inferior al 1% del producto interno bruto (PIB). 21. Crear un mecanismo de financiamiento para la protección de áreas protegidas, a través de los fondos generados por los créditos de carbono. 22. Hacer funcional los fondos ambientales de diversa naturaleza establecidos en el sistema estatal (e.g., Fondo Forestal, Fondo de Vida Silvestre, Fondo Coiba) o aquellos que se establezcan para diversificar el financiamiento a las áreas protegidas y proyectos ambientales en el país.

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II SOCIEDAD Y COMUNIDADES SOSTENIBLES A. ANÁLISIS DE CONTEXTO El reciente quinquenio, 2009-2014, se ha caracterizado por una precaria actuación institucional que imposibilita el establecimiento de una clara visión política y de implementación de acciones programáticas que garanticen la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto, en el tiempo y el espacio. A pesar de contar con uno de los mejores instrumentos legales de la región para administrar la gestión ambiental en el país, todavía no se ha podido diseñar e implementar un Plan Nacional de Ordenamiento del Territorio, que tenga como columna vertebral un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, efectivo y consolidado. En tal sentido, se han incrementado en forma progresiva desajustes en el ordenamiento urbano, en el desarrollo minero y energético, el turismo y las actividades agrícolas, ganaderas y forestales del país. 16

Instrumentos claves para la gestión ambiental del país, tales como las Evaluaciones Ambientales Estratégicas, la creación de las Reservas Privadas, el pago por servicios ambientales, el establecimiento del Patrimonio Forestal del Estado y los Corredores Biológicos locales, propuestos desde 1996, no han sido implementados. Las claras muestras de estar frente a los rigores del cambio climático hace obligante ejecutar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que implemente las medidas preventivas, de mitigación y adaptación que requieran las comunidades, con énfasis en aquellas más vulnerables y los sectores productivos más riesgosos ante la adversidad del fenómeno climático. La calidad ambiental que debe procurarse para una sociedad moderna carece de políticas institucionales y de acciones específicas que apliquen medidas y reglamentaciones, que reduzcan la emisión de contaminantes y desechos orgánicos e inorgánicos, que están afectando negativamente la salud de la población del país. Aunado a ello, se presentan deficiencias en la aplicación de políticas efectivas y en la

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6. Eliminar el instrumento del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)4, ya que va en detrimento de los planes de ordenamiento del territorio.

asignación de nuevas inversiones en el sector de la producción de alimentos, lo cual pone en claro peligro a la seguridad alimentaria de la sociedad panameña. Por tales razones, se requiere de una estrategia de comunicación y educación ambiental que promueva el reconocimiento y valoración de los servicios ambientales que generan los ecosistemas. Esto debe estar acompañado de instituciones especializadas en el manejo de recursos naturales críticos y debe incorporar a la sociedad panameña en un proceso colectivo de toma de conciencia ciudadana, buscando realizar una adecuada gestión ambiental en Panamá.

7. Adecuar la normativa de zonificación para impedir los cambios de uso de suelo por lotes o fincas, y que cualquier proceso de modificación al uso de suelo por zonas se realice mediante un proceso ampliamente participativo y que cuente con un estudio integral previo, que evalúe los impactos sociales, ambientales, culturales y económicos. 8. Declarar una MORATORIA a los proyectos hidroeléctricos hasta tanto se realice un análisis integral de la situación en las cuencas hídricas prioritarias, de manera que se tomen las acciones para garantizar a la ciudadanía el libre acceso a las aguas en cantidad y calidad, manteniendo los servicios ecosistémicos que brindan las mismas y se incorpore la dimensión ambiental en las decisiones estratégicas en materia energética, a través de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de las políticas, estrategias, planes y programas de energía del país.

B. ACCIONES PROPUESTAS POR ÁREA TEMÁTICA Planificación y Ordenamiento Territorial 1. Elaborar el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que sea vinculante para el diseño y aprobación de todas las políticas públicas y proyectos de inversión, públicos o privados, con enfoque integral de manejo de cuencas, tomando en cuenta los efectos del cambio climático, que garantice el mantenimiento de las características ecológicas de los ecosistemas y respete el enfoque de cosmovisión de los grupos originarios y sitios sagrados, con la expresa y efectiva participación ciudadana, incluyendo gobiernos locales y comarcales, sector privado y las instituciones gubernamentales competentes.

9. Asegurar la protección ambiental del territorio de las comarcas indígenas y las tierras colectivas por parte de las autoridades competentes, con el fin de evitar conflictos socioambientales, la degradación de sus suelos y la pérdida de cobertura boscosa y biodiversidad. 10. Reglamentar e implementar el Plan General y el Plan Regional de Usos de Suelo para la Región Interoceánica con participación efectiva de la sociedad civil y autoridades locales.

2. Incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) como principal columna para el ordenamiento territorial, en armonía con los derechos de propiedad y el régimen especial de propiedad colectiva propio de las comarcas y territorios indígenas.

11. Revisar la Ley 2 de 20065 que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de aprovechamiento turístico, con el fin de prevenir el deterioro ambiental.

3. Georeferenciar e inscribir en el Registro Público la superficie total del SINAP y el Patrimonio Forestal del Estado e implementar un mecanismo que permita su identificación al momento de inscribir las escrituras de propiedad.

12. Garantizar que los planes de ordenamiento territorial realizados y por realizar sean vinculantes y que incluyan su reglamentación para que sean la base del desarrollo nacional, particularmente el Plan General y el Plan Regional de Usos del Suelo para la Región Interoceánica, así como el Plan Metropolitano “Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacífico y del Atlántico”, de manera que no sean violados o alterados, según los criterios y el espíritu en ellos establecidos.

4. Mediante planes de uso de suelo, optimizar su uso en zonas de vocación agrícola y forestal frente a otras opciones tales como desarrollos inmobiliarios, ganadería extensiva, monocultivos, explotación petrolera, minería metálica, entre otros. 5. Revisar en forma integral las políticas, institucionalidad y normativas en materia de adjudicación y titulación de tierras, para que incorpore el enfoque de derechos humanos y ordenamiento ambiental del territorio, particularmente en áreas protegidas, humedales y zonas de amortiguamiento.

Ley No.6 de 1 de febrero de 2006, que reglamenta el ordenamiento territorial y dicta otras disposicones y Resolución

del MIVI No.4 de 20 de enero de 2009, por la cual se establece el procedimiento y los requisitos para la tramitación de solicitudes relacionadas con el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano.

5 Ley No.2. de 7 de enero de 2006.

que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones.

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Cambio Climático

13. Revisar y revertir los cambios de uso del suelo que se hayan dado en el país sin cumplir con la Ley de Transparencia6 o que hayan ido en detrimento de los usos originalmente asignados en los planes aprobados correspondientes.

21. Desarrollar e implementar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que incluya: a. Identificar y medir los riesgos del cambio climático ante diferentes escenarios y espacios territoriales. b. Apoyar a municipalidades y comunidades para establecer medidas de adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastre y respuesta, que incluyan el enfoque de infraestructura natural y estrategias de adaptación basada en ecosistemas y comunidades (AbE&C). c. Incorporación de las herramientas contenidas en el documento “Desarrollando Ciudades Resilientes”, campaña impulsada por las Naciones Unidas8. d. Elaborar e implementar planes de gestión de riesgos a nivel municipal. e. Integrar este plan a las políticas públicas y al plan nacional de desarrollo.

14. Crear incentivos fiscales para la permanencia de áreas boscosas y/o sus reductos en las áreas urbanas y zonas de desarrollo.

15. En caso de requerirse, evaluar las alternativas de transporte entre Panamá y Colombia, de manera que no se afecte al Parque Nacional Darién y se utilicen nuevas y últimas tecnologías de transporte por el medio marino. Concesiones Mineras 16. Declarar una MORATORIA de minería metálica a cielo abierto hasta tanto se determine la viabilidad ambiental, económica y social para el país, a través de los debidos estudios científicos y sociales, mediante un debate participativo y transparente, con amplia divulgación y participación ciudadana, tomando en cuenta el principio del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades potencialmente afectadas por la actividad minera.

21. Reducir la vulnerabilidad de las comunidades a los desastres socio-naturales, integrando el análisis de riesgos a desastres vinculados al cambio climático a los Estudios de Impacto Ambiental y planes sectoriales.

17. Revisar las concesiones mineras ya otorgadas, aplicando el principio precautorio y considerando la capacidad de carga de los ecosistemas, a partir de estudios científicos y con base en el principio de mantener el bien común y realizar el rescate administrativo para aquellas que han incumplido con las obligaciones contraídas.

22. Prohibir las construcciones en zonas identificadas como vulnerables y de riesgo, y que estas zonas sean incluidas en un mapeo y en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (PNGRD), que debe incluir escenarios frente a los efectos del cambio climático.

18. Garantizar la capacidad de monitoreo, control y fiscalización de las concesiones mineras ya otorgadas, por parte de los funcionarios de las autoridades competentes.

23. Realizar un análisis de las repercursiones a nivel nacional en la salud humana, provocadas por los efectos del cambio climático, como por ejemplo las enfermedades emergentes y reemergentes.

19. Revisar el Código Minero e incluir un Título Ambiental, tomando en consideración la propuesta realizada por el sector ambiental para reformar el mismo7.

24. Aplicar medidas para la mitigación del cambio climático: a. Cuantificar la captura y almacenamiento de carbono en los diferentes ecosistemas de Panamá, incluyendo los manglares y otros humedales, para negociar créditos de carbono. b. Evaluar la efectividad de las acciones realizadas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). c. Re-conceptualizar el Programa ONU-REDD para asegurar la inclusión

20. Regular e implementar de forma efectiva medidas estrictas de restauración de las zonas de explotación metálica de cielo abierto para las concesiones ya otorgadas, fiscalizando y garantizando que cumplan con el impacto neto positivo para la biodiversidad. Ley No.6 de 22 de enero de 2002, que dicta las normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción

de Habeas Data y otras disposiciones.

Propuesta de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) para añadir un Título Ambiental: Anteproyecto de ley para agregar un Libro nuevo al Código de Recursos Minerales de la República de Panamá.

Impulsada por la Oficina para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas.

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de los derechos de los pueblos indígenas y que se desarrolle con mecanismos ágiles y efectivos, que permitan la participación de todos los actores involucrados. Este programa debe considerar los siguientes elementos: i. fortalecer las consultas con entidades del sector privado, ONG y organizaciones comunitarias; ii. incluir comunidades indígenas y campesinas como unidades de acción; iii. incluir los ecosistemas de humedales, especialmente los manglares (´carbono azul´), como escenarios prioritarios de acción; iv. asegurar que el mecanismo para acceder a los fondos para desarrollo de proyectos de escala nacional, regional o local, sea expedito y transparente; v. difundir a nivel nacional los productos obtenidos; vi. hacer una amplia rendición de cuentas sobre el destino de los fondos.

de 20 de abril de 2011), para prevenir daños a las comunidades y el ambiente. 30. Introducir limitaciones en el uso de los bosques, el agua y el suelo para la producción de biocombustibles, de manera que se garantice la seguridad alimentaria y la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. Salud y Calidad Ambiental 31. Elaborar el Plan Nacional de Salud Ambiental, con amplia participación social, que contenga objetivos, metas e indicadores medibles y estrategias a corto, mediano y largo plazo, dotándolo de los recursos necesarios para su implementación. 32. Realizar una revisión de la regulación existente en materia de salud ambiental para actualizar o elaborar lo requerido de acuerdo a los compromisos internacionales y a condiciones que se presentan en nuestro pais y que se requieren regular. 33. Revisar las normas sanitarias y de calidad ambiental, para actualizar lo pertinente y elaborar aquellas condiciones faltantes de regulación, como las de emisiones de fuentes fijas, vibraciones, olores, entre otras, tomando en cuenta los compromisos internacionales y el contexto de país, e invertir en su fiscalización y cumplimiento.

24. Implementar los acuerdos de la Convención contra la Desertificación y Degradación, en especial en aquellas zonas prioritarias, tales como el Arco Seco, Volcán y la Comarca Ngäbe Buglé.

34. Implementar el Programa de Atención Primaria en Salud Ambiental y capacitar en esta materia a todo el personal de Salud, las Juntas Administradoras de Agua y los Comités de Salud.

Energía

35. Elaborar e implementar una política moderna de investigación y búsqueda de financiamiento para resolver problemas sanitarios a través de la aplicación de tecnologías adecuadas.

25. Garantizar que el desarrollo de los proyectos del sector energético del país se realicen atendiendo a los usos prioritarios del territorio y velando por la conservación del patrimonio natural y el bienestar de las comunidades.

36. Promover ambientes saludables mejorando los sistemas de vigilancia epidemiológica y establecer los controles necesarios para prevenir y disminuir los factores de riesgo a la salud de la población.

26. Integrar el enfoque de manejo de cuencas y de caudal ambiental en la producción de energía hidroeléctrica, para alcanzar un uso balanceado entre la conservación de los ecosistemas y los diferentes usuarios de la cuenca.

37. Implementar el reciclaje a nivel de una ley que promueva el aprovechamiento y manejo de los desechos sólidos (limpieza, recolección, transporte, tratamiento), estableciendo incentivos y una permanente campaña de educación ambiental.

27. Elaborar una política de ahorro energético a nivel nacional y transversal, e implementar medidas obligatorias para que todos los sectores reduzcan efectivamente su consumo.

38. Elaborar e implementar un plan nacional de manejo integral de desechos sólidos, bajo el concepto de “basura cero”9 y extendiendo la responsabilidad a todo el ciclo de producción y consumo, que incluya los siguientes lineamientos estratégicos:

28. Evaluar la necesidad de interconexión eléctrica con Colombia, con un análisis amplio de alternativas y realizar la consulta libre, previa e informada a la población local y nacional (referendum), previo a decisiones al respecto. 29. Revisar el impacto socioeconómico generado por la producción de etanol (Ley 42

Ver como referencia la Ley No. 21,305 de 2 de agosto de 2010, de Brasil, que instituye la Política Nacional de Residuos Sólidos.

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a. Impulsar la creación de plantas de producción de abono orgánico (e.g., compost, bocashi, lombricultura) en puntos estratégicos de las comunidades rurales. b. Impulsar la creación de plantas de tratamiento de desechos y centros de transferencia y reciclaje en puntos estratégicos. c. Incentivar iniciativas económicas que promuevan del establecimiento de plantas de tratamiento de la biomasa para la producción de biogás. d. Establecer incentivos económicos a las empresas privadas y los consumidores de las áreas urbanas, a fin de que participen y se beneficien de un programa de recolección y disposición efectiva y ordenada de los distintos materiales de desechos domiciliarios. Seguridad Alimentaria 39. Adoptar la seguridad alimentaria como una política nacional, contentiva de las siguientes acciones: a. Impulsar leyes y normas dirigidas a fomentar la agricultura y ganadería sostenibles. b. Fortalecer la coordinación inter e intra-institucional para la promoción de las actividades agropecuarias de forma sostenible. c. Prohibir la producción agrícola y la importación de productos alimenticios a base de transgénicos basado en estudios internacionales y el principio precautorio10, hasta tanto existan estudios científicos e independientes que demuestren que no hay riesgo a la salud humana y ambiental d. Establecer una definición clara de las competencias de las entidades públicas en relación de los temas de salud y seguridad alimentaria. e. Impulsar la política agraria conducente a la utilización de la biotecnología como elemento clave para asegurar bancos genéticos de recursos locales y garantizar la producción masiva y sostenida de productos básicos para la alimentación humana. 10

El principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), refleja la importancia de este principio, según se establece a continuación: PRINCIPIO 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Así, el principio de precaución está presente en diversos instrumentos internacionales y nacionales. Aunque el concepto encuentra distintos matices, lo establecido en el Principio 15 de la Declaración de Río es ampliamente aceptado. http:// www.csj.gob.sv/ambiente/DOCUMENTOS/Principio_15_Declaracion_Rio.pdf

f. Promover la agricultura orgánica a través de una legislación tendiente a la aplicación de normas, programas, proyectos e incentivos para posibilitar el desarrollo efectivo de la agricultura orgánica en todo el ámbito nacional. g. Establecer un programa nacional de huertos caseros, escolares y urbanos, que incluya incentivos, capacitación y mecanismos de participación comunitaria como parte de la política de seguridad alimentaria de Panamá. h. Implementar programas dirigidos a la agricultura familiar, enfocados hacia la seguridad alimentaria, que cuente con alternativas de inserciónen los mercados. Concienciación y Educación Ambiental 40. Implementar efectivamente la Ley 10 de 24 de junio de 1992, sobre Educación Ambiental, fortaleciendo los programas educativos a todos los niveles, formal, no formal e informal, con un enfoque crítico, tendiente a la búsqueda de la solución de los problemas ambientales, incluyendo la divulgación permanente de la normativa ambiental vigente y monitoreo de indicadores de cumplimiento. a. Actualizar las Guías Didácticas de Educación Ambiental en la currícula de la educación básica y media. b. Destinar recursos e incentivos para la actualización y capacitación ambiental de los docentes. c. Aplicar efectivamente la obligatoriedad de incluir el contenido y enfoque de educación ambiental en todos los niveles de educación básica, media y superior del país, situando la educación ambiental como eje transversal en la enseñanza. d. Establecer la concordancia curricular entre el Ministerio de Educación y las universidades públicas y privadas, para impulsar las carreras técnicas que se relacionen con las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible. 41. Realizar gestiones técnicas y administrativas para propiciar la toma de conciencia ciudadana sobre la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental en el país. a. Promover las publicaciones de profesionales del sector ambiental para contribuir a mejorar el conocimiento sobre la conservación y manejo de la rica biodiversidad del istmo de Panamá, en apoyo a la estrategia de fortalecer la educación ambiental en el país.

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b. Destinar recursos para confección de material didáctico para la capacitación de ONG y grupos comunitarios que promuevan la educación ambiental no formal. c. Impulsar campañas educativas, concursos literarios y artísticos, publicaciones y visitas promocionales a las áreas protegidas para incrementar la conciencia ambiental del panameño. d. Establecer un sistema permanente de información comunitaria sobre los aspectos de conservación, manejo, aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales y la normativa ambiental a través de programas de educación ambiental en la radio y televisión estatal. e. Elaborar e implementar los Planes Nacionales de Comunicación, Educación, Concienciación y Participación del Público (CECoP) en temas relacionados con las convenciones internacionales que el país ha suscrito, como las de biodiversidad, humedales de importancia internacional, desertificación y cambio climático.

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III RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

Panamá ocupa el décimo lugar en el mundo, como país con mayor diversidad biológica en proporción a su pequeño tamaño. A manera de ejemplo, Panamá posee: mayor número de A. ANÁLISIS DE CONTEXTO animales vertebrados (más de 3,000 especies) que cualquier otro país de Centro América La biodiversidad es la base de los servicios y bienes que nos proporcionan los ecosiste- o el Caribe, mayor número de especies de aves (970) que los Estados Unidos y Canadá mas, tales como provisión de alimentos, regulación del agua, purificación del aire y el juntos,12 y tiene 21 veces más especies de plantas (10,444 especies en total) por km² que agua, tratamiento de desechos, protección contra desastres naturales, formación de suelo Brasil . fértil, regulación del clima, prevención y cura de enfermedades, polinización para la agri- Como una de las medidas de protección a la biodiversidad y los servicios que nos brinda cultura y prevención de plagas en cultivos, entre otros. ésta y los ecosistemas, el país cuenta con 104 áreas protegidas hasta 2013, que repreLa pérdida de la biodiversidad conlleva un deterioro de estos servicios que los ecosiste- sentan aproximadamente el 39% de la superficie total del país, con casi 3.6 millones de mas nos prestan de forma gratuita y tiene como consecuencia riesgos a la salud humana, hectáreas. Solo 1.5% corresponde a áreas protegidas marinas, muy por debajo del 10% mayor inseguridad alimentaria, mayor vulnerabilidad ante catástrofes y cambios ambien- que establece una de las metas globales Aichi de biodiversidad. De acuerdo a la valoración económica llevada a cabo por ANAM, en 2010, de 21 áreas protegidas que comprenden tales y, en definitiva, una disminución de la calidad de vida11 . una superficie total de 1,649,866.45 hectáreas el valor de las mismas asciende a un total Qué es la biodiversidad, Fundación Madrid, 2010. http://www.fundacion-biodiversidad.es/habladebiodiversidad/pdf/que%20es%20la%20biodiversidad.pdf. 11

IV Informe Nacional de Panamá ante el Convenio de Diversidad Biológica, ANAM. 2010

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de $USD 1,207,021,277 por año. A pesar de ello, la mayoría de las áreas protegidas no cuenta con suficientes recursos para su protección y conservación, ni para la formulación y ejecución de sus planes de manejo.

y reguladas podrían ser fuente de alimento por muchas décadas. Las playas del país son depósito de desechos sólidos de toda índole. La elevación del nivel del mar, la eliminación de los manglares y la extracción desmedida de arena y grava hacen vulnerable a la población e infraestructuras de la zona costera.

Al evaluar las Áreas Clave de Biodiversidad en el país, la ANAM identificó que 20 de las 57 identificadas para Panamá, o 35%, corresponden integralmente a áreas protegidas Panamá estaría consumiendo más recursos y produciendo más residuos de los que el establecidas. Es decir que otras zonas deberían tener prioridad para su designación in- país puede generar y admitir, con un déficit calculado en un 11.8% entre su biocapacimediata como áreas protegidas. Tanto el fortalecimiento de la gestión y los regímenes de dad y la huella ecológica13, según proyección realizada por el Centro de Investigaciones gobernanza, como la implementación de mecanismos financieros de largo plazo deberían Económicas de la Facultad de Economía, Universidad de Panamá, 201014. Este escenario ser prioridades de inversión en estas áreas. y las evidencias planteadas imponen serios retos que deben ser abordados. Entre las principales amenazas para todas las especies y ecosistemas presentes en el país están: la contaminación de los ríos, lagos y quebradas; la introducción de especies exóticas; el tráfico ilegal; la deforestación; la agricultura no sostenibles y los monocultivos; la erosión genética; el modelo extractivista (minería metálica a cielo abierto, como ejemplo); la sobre explotación de los recursos; y la construcción de obras civiles (ANAM, 2010). En adición, el cambio climático se perfila como un importante factor de presión sobre la biodiversidad.

B. ACCIONES PROPUESTAS POR ÁREA TEMÁTICA Ecosistemas Terrestres 1. Fomentar la conservación de los bosques secundarios y primarios así como la recuperación de superficie boscosa, a nivel nacional, a través de acciones tales como: a. Revisar la Ley Forestal para que esté acorde con las necesidades económicas, sociales, cambio climático y conservación. b. Revisar las concesiones forestales otorgadas (incluyendo los permisos de aprovechamiento de manglares) y en proceso de otorgamiento a fin de asegurar que se cumplan los planes de manejo forestal. c. Diseñar e implementar un programa nacional de manejo y recuperación de bosques en áreas priorizadas, incluyendo los de galería, los cuales han sido eliminados en muchos casos. d. Crear un incentivo fiscal para la reforestación con especies nativas y para la conservación y uso sostenible de los bosques. e. Impulsar la creación de un banco de semillas de especies nativas. f. De forma ampliamente participativa, consensuar una Estrategia de país de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD) y desarrollar un programa para su ejecución.

La pérdida de cobertura boscosa ha aumentado en los últimos años debido a megaproyectos tales como hidroeléctricos y mineros, nuevas carreteras sin respetar áreas protegidas o boscosas, extracción legal e ilegal de árboles maderables, crecimiento urbano desordenado, especulación de tierras, presión de la frontera agrícola, entre otros factores. El impacto de las actividades humanas sobre los humedales ha sido significativo, tanto en los ríos, lagunas internas, como en humedales costeros ricos en manglares, principalmente en la Bahía de Panamá, Colón (France Field y áreas aledañas a Galeta), Bahía de Chame, zona costera de la ciudad de David, Playa Barqueta, entre otras, donde es evidente su destrucción y contaminación. En adición, la contaminación de los ríos por aguas residuales y agroquímicos ha deteriorado importantes fuentes de agua para consumo humano y para otros usos. Importantes cuencas del país se encuentran comprometidas, como es el caso del Río Chiriquí Viejo, intervenido por más de 19 hidroeléctricas y actividades socioeconómicas que han alterado la calidad de agua y aumentado los niveles de sedimentación. Los bosques de galería de muchos ríos ya no existen, lo que incrementa la erosión de sus riberas, con las consecuencias negativas asociadas a ello. Por otro lado, la zona costera también enfrenta problemas, entre los que se destacan la contaminación, el turismo y desarrollo portuario no planificados y la urbanización desordenada. En adición, la sobrepesca amenaza especies comerciales que bien manejadas

La biocapacidad es el número de hectáreas biológicamente productivas que está disponible para generar los recursos

y absorber los desechos. La huella ecológica es la cantidad de tierra y agua biológicamente productiva para producir todos los recursos que un individuo, población o actividad consume, y para absorber los desechos que estos generan, dada la tecnología y las prácticas de manejo prevalecientes. Tomado y resumido de Carta informativa. Seguridad y soberanía alimentaria. Huella ecológica; en Cuarto Informe Nacional de Diversidad Biológica, 2010).

Estudio de Caso. Huella Ecológica Panamá. Profesor Juan Jované. Comisión Universitaria de Seguridad y Soberanía

Alimentaria. CIFE (Centro de Investigaciones Económicas) Facultad de Economía, Universidad de Panamá, No. 16, mayo-junio 2010.

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g. Crear un fondo ambiental forestal, que sirva como mecanismo para promover los pagos por servicios ambientales producidos por los bosques, como el modelo del Fondo de Agua15, que permita a su vez el financiamiento de la conservación de las cuencas prioritarias, como la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y la de los ríos Chiriquí Viejo, Sixaola, Changuinola, Santa María, La Villa, San Pablo, entre otras. h. Generar un nuevo procedimiento para permisos de extracción maderera que evite el aprovechamiento insostenible de los bosques, basado en indicadores de crecimiento y recuperación del sistema forestal afectado. i. Considerar una MORATORIA de la tala de bosques mientras se realiza un inventario del patrimonio forestal del país. j. Fortalecer y hacer efectiva la vigilancia por parte de las autoridades competentes para evitar la tala ilegal de bosques y árboles amenazados o en peligro de extinción, haciendo énfasis en la conservación de los bosques en regiones críticas, tales como la región de Darién. k. Prohibir la substitución de bosques primarios o secundarios por especies comerciales. l. Establecer una protección especial a los bosques o reductos boscosos que se encuentren dentro o aledaños a centros urbanos del país. m. Revertir la actual tala de árboles en las ciudades y en el área rural; recuperar, restaurar y/o arborizar parques y avenidas para que ayuden a reducir contaminación, ruido e inundaciones, ayuden a oxigenar y climatizar las ciudades (reduciendo el efecto de islas de calor o albedo16), reduzcan los gases de efecto invernadero y provean albergue a especies de fauna y flora nativa.

fangales, ciénagas, turbas, ríos, arrecifes coralinos y otros.

Ecosistemas Acuáticos 2. Formalizar e implementar la Política Nacional de Humedales y revertir la actual destrucción de los humedales de Panamá tal cual se ha venido dando a lo largo del país, en especial del Humedal Bahía de Panamá, por los múltiples beneficios que proveen, destacando las funciones de infraestructura natural frente al riesgo de inundaciones, refugio de aves locales y migratorias y criadero de una variedad de especies que son base de la alimentación panameña. 3. Establecer una ley para la protección de humedales, con énfasis en manglares,

ver ejemplos de The Nature Conservancy en Quito y Nueva York.

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6124/03JMot03de12.pdf;jsessionid=03D06234F7C2EA323C2700F2B8B9D8D3.tdx2?sequence=3

4. Revisar e implementar las políticas y estrategias de uso del recurso hídrico y de gestión del riesgo para que, entre otros fines, integren diagnósticos de la calidad y cantidad de agua disponible en las cuencas hidrográficas priorizadas, bajo un enfoque de caudal ambiental. 5. Integrar el enfoque de los derechos humanos en el uso y acceso del agua como un bien de uso público, que asegure las prioridades de consumo humano y de producción agropecuaria sostenible. 6. Elaborar, implementar y fiscalizar planes de manejo de cuencas prioritarias tales como las de los ríos Chiriquí Viejo, Santa María, La Villa, Tuira, Chucunaque, Mamoní, Teribe, Changuinola y Sixaola, entre otras identificadas, dotando de los recursos técnicos y financieros a las entidades competentes para ello. 7. Restaurar y recuperar cuencas en estado crítico por pérdida de cobertura boscosa, por contaminación debido a mala disposición de desechos sólidos, sustancias peligrosas, agroquímicos, lodos y por descargas de aguas residuales, como una obligación del Estado. 8. Desarrollar un enfoque integral de manejo de las cuencas asociadas al crecimiento de la ciudad de Panamá, con el fin de considerar la gestión del riesgo frente a la variabilidad climática y la elevación del nivel del mar, así como considerar la restauración de los bienes y servicios ambientales que estas cuencas proveen. 9. Promover el aprovechamiento sostenible de las pesquerías: a. Elaborar una estrategia nacional de uso racional de los recursos pesqueros, tanto marinos como de aguas continentales, con base en un sistema estructurado de monitoreo pesquero y de análisis estadístico para la toma de decisiones y estableciendo un ordenamiento de los mismos. b. Actualizar la Ley de Pesca de 9 de julio de 1959, para que sea orientada al aprovechamiento sostenible, integre las nuevas normativas pesqueras locales e incorpore los compromisos internacionales en materia pesquera. c. Diseñar estrategias de conservación y uso sostenible de las pesquerías con visión regional y cooperación con países vecinos, aprovechando los corredores marinos establecidos tales como el Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical, entre otras iniciativas, incluyendo los acuerdos derivados de OSPESCA/SICA17. d. Crear el Fondo para la Conservación Marina con aportes mixtos del gohttp://www.sica.int/ospesca/

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bierno y del sector industrial, incluyendo la industria pesquera, portuaria y turística, que financie las investigaciones necesarias para el manejo sostenible de la pesca comercial y las acciones para la conservación de los ecosistemas conexos con pesquerías. e. Fortalecer la participación de Panamá en iniciativas regionales, como la Iniciativa Regional para el Manejo Integral y Uso Sostenible de los Ecosistemas de Manglares y Corales, de la Convención Ramsar y la Iniciativa Internacional de Arrecifes Coralinos (ICRI), así como otras para el manejo y conservación de los ecosistemas de manglares y arrecifes. f. Zonificar y proteger áreas críticas para la reproducción y supervivencia de especies de interés comercial. g. Consolidar las Áreas Marinas Protegidas y crear nuevas para aumentar la superficie de éstas, de acuerdo a la meta global Aichi de biodiversidad en aquellas zonas que lo requieran para garantizar la permanencia de los recursos costero marinos. Biodiversidad 10. Promover y asignar recursos para la investigación científica y la realización de inventarios biológicos que permitan la toma de decisiones sustentadas y generen capacidades locales, profundizando particularmente en estudios de especies emblemáticas y/o amenazadas, tales como manatí, tortugas marinas, felinos silvestres, zamia, águila arpía, cotinga piquiamarilla, perezoso enano, rana roja, venado cola blanca, conejo pintado, peces de arrecifes, entre otros. 11. Hacer operativa la Comisión de Biodiversidad para que funcione como ente científico nacional consultivo, apoye las decisiones sobre el uso y conservación de especies y ecosistemas prioritarios bajo el paraguas del Convenio de la Diversidad Biológica y asegure espacios para la sociedad civil, con un mecanismo de coordinación con las demás comisiones ambientales. 12. Integrar el conocimiento y la valoración de la biodiversidad, especialmente de aquellas especies emblemáticas y/o amenazadas, como pilar para el desarrollo sostenible. 13. Producir mapas de biodiversidad y ecosistemas de Panamá, tanto terrestres como acuáticos y divulgarlos ampliamente integrando herramientas educativas sobre la importancia y uso racional y sostenible de la biodiversidad. 14. Impulsar un acuerdo de cooperación entre Panamá y países que integran las rutas migratorias de especies terrestres y marino costeras, para la protección de las

mismas, tales como del jaguar, aves, tortugas marinas, tiburones y cetáceos, con base en la Convención de Especies Migratorias (CMS), el Convenio de Diversidad Biológica y el Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 15. Divulgar ampliamente y tomar como base los compromisos del Convenio sobre Diversidad Biológica, en las políticas, estrategias, programas, planes y proyectos, así como en otros instrumentos de gestión ambiental, tales como Evaluaciones de Impacto Ambiental, Evaluaciones Ambientales Estratégicas, Planes de Ordenamiento Territorial, Áreas Protegidas y Corredores Biológicos. 16. Revisar el Decreto Ejecutivo 25 de 2009 que regula el acceso a los recursos genéticos, así como el Decreto Ejecutivo 43 de 2004, que regula los permisos de investigaciones científicas, para adecuar los requisitos de los científicos extranjeros sobre la investigaciones de la biodiversidad y uso de recursos genéticos y establecer sistemas de control y vigilancia al respecto de la extracción, apropiación y transporte de especies silvestres, para que integren la participación de la ciudadanía y la sociedad civil. 17. Aplicar en forma efectiva la normativa sobre caza18, los permisos, el calendario cinegético y controles necesarios para evitar afectaciones sobre la vida silvestre, particularmente sobre especies amenazadas. 18. Actualizar las listas de especies amenazadas del país y proponer la inclusión de especies que estén en estado crítico dentro de CITES. 19. Evaluar el estado de las especies exóticas en el país e implementar programas para la erradicación de aquellas invasivas, principalmente.

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 20. Impulsar la implementación del manejo compartido de áreas protegidas con grupos comunitarios organizados, en la gestión de las áreas protegidas, marinas y terrestres. 21. Elaborar el plan de concesión de servicios y de administración en las áreas protegidas, contemplado en la Ley General de Ambiente e impulsar la formalización de dichas concesiones, principalmente en áreas protegidas prioritarias como los Parques Nacionales Chagres, Darién, Isla Bastimentos y Coiba. 22. Fortalecer la gestión y conservación activa de las áreas protegidas través de la

Decreto Ejecutivo No.43 de 7 de julio de 2004, que reglamenta la Ley No.24 de 1995, sobre vida silvestre. Ley No.39 de 24 de noviembre de 2005, que modifica y adiciona artículos a la Ley No.24 de 1995, sobre vida silvestre.

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educación ambiental, los programas de inversiones ambientales, negocios comunitarios ambientales, ecoturismo de bajo impacto, voluntariado y otras actividades. 23. Institucionalizar el concepto y la gestión de corredores biológicos en el propuesto Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 24. Realizar el análisis de necesidades financieras del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) con el fin de fortalecerlo y lograr los recursos necesarios para una gestión adecuada del mismo. 25. Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para que el Fondo de Vida Silvestre y el Fondo Coiba puedan ser utilizados de manera efectiva y oportuna para atender las necesidades de las áreas protegidas, con sistemas de rendición de cuentas, con participación ciudadana. 26. Recapitalizar el Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO), a fin de mejorar los ingresos disponibles para lograr la operación óptima del SINAP.

27. Promover en el sector empresarial una mayor participación en las gestiones del desarrollo y puesta en valor de las áreas protegidas, utilizando el enfoque de la responsabilidad social corporativa como mecanismo para la canalización de recursos técnicos, económicos y promocionales para el fortalecimiento del SINAP. 28. Profesionalizar el cargo de Guardaparques, a través de un programa formal de educación superior, así como de otras profesiones necesarias para la adecuada gestión de las áreas protegidas. 29. Establecer una estrategia nacional de uso y aprovechamiento sostenible de las áreas protegidas marinas y terrestres orientada a la promoción del turismo sostenible.

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IV ECONOMÍA SOCIAL Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

centro de las estrategias de los negocios es imperativo para lograr ese cambio hacia una economía social y ambientalmente sostenible.

En Panamá, pese al gran crecimiento económico que ha logrado en los últimos años, llegando a estar entre las primeras dos economías de América Latina y en una posición privilegiada a nivel global, aún se mantienen inequidades sociales y hay un deterioro en A. ANÁLISIS DE CONTEXTO materia ambiental en varios aspectos. Si bien ha logrado reducir la tasa de pobreza a Muchos estudios hechos por organismos internacionales19 reconocen la necesidad de un un 27% y la pobreza extrema a un 11% (hasta 2011 estaban en 48% y 21%, respectinuevo modelo de desarrollo económico, para lograr un desarrollo sustentable de la huvamente), los niveles de pobreza siguen siendo altos en las áreas rurales e indígenas. manidad. El modelo actual tiene una fuerte relación entre crecimiento, consumo de enEn 201120, la pobreza en las áreas rurales era del 56% y la pobreza extrema del 26%, ergía y emisiones contaminantes y nos ha llevado a generar una enorme huella ecológica, situación que se agrava en las áreas indígenas, donde un 93% de la población es pobre y que nos indica que hay que cambiar patrones de producción y consumo, considerando un 85% es extremadamente pobre. Esa disparidad también se refleja en los servicios de que los recursos naturales existentes en el planeta no son suficientes para satisfacer la salud, que son de una menor calidad y disponibilidad en las áreas rurales e indígenas, que creciente demanda de los seres humanos que la habitamos. Colocar la sostenibilidad en el en las zonas urbanas. 19

Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente – PNUMA, Comisión Económica para Américo Latina – CEPAL, entre otros.

Informe Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, 2011.

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Este crecimiento económico ha dado lugar a mega proyectos mineros e hidroeléctricos, así como a grandes proyectos inmobiliarios y otras obras de infraestructuras, que por su magnitud y la debilidad institucional en materia ambiental, han estado generando la afectación, contaminación y destrucción de áreas importantes de bosques, manglares y otros ecosistemas. Urge entonces reorientar las obras para que efectivamente aporten al desarrollo del país, pero bajo principios de una economía social y ambientalmente sostenible. Considerando el potencial de Panamá para el desarrollo turístico, se debe promover esta actividad bajo parámetros de sostenibilidad, para que el bienestar social perdure, integrando las áreas protegidas, que ocupan casi el 38% del territorio panameño y las comarcas. Más allá de la responsabilidad social corporativa, para garantizar la prestación de los bienes y servicios derivados de la naturaleza, se hace necesario instaurar una cultura de responsabilidad tanto del lado del Sector Agropecuario 1. Integrar lineamientos para la adaptación al cambio climático y seguridad alimentaria en la Política del Sector Agropecuario. 2. Apoyar a los pequeños productores campesinos e indígenas, mediante programas que mejoren los rendimientos, con prácticas y técnicas apropiadas que garanticen la conservación de suelos y ecosistemas, a través de banco de semillas, producción orgánica, uso adecuado de agroquímicos, sistemas agroforestales rentables (como cacao, café, cítricos), agroturismo, controles fitosanitarios naturales, prácticas agrosilvopastoriles, zoocriaderos – contribuyendo a garantizar un acceso a los mercados, fortaleciendo sus capacidades de comercialización. 3. Implementar programas de trazabilidad de los productos agropecuarios, adecuando la normativa existente, para asegurar la salud humana y ambiental. 4. Impulsar y ampliar el uso de la tecnología de biodigestores para la producción de energía limpia en el sector agropecuario. 5. Fomentar y fortalecer las cooperativas de producción agrícola y pecuaria, con programas de asistencia técnica directa y capacitación continua, con la aplicación de mejores prácticas sostenibles, sobre la base de lecciones aprendidas. 6. Utilizar con mayor efectividad y transparencia los fondos provenientes de los programas agropecuaria y de los impuestos actuales para impulsar el sector agrario, a fin de fortalecer capacidades, procesos de certificación, tecnologías, y mercadeo de productos nacionales amigables con el ambiente, dentro y fuera del país.

Sector Silvícola y Forestal 7. Implementar las regulaciones existentes y promover la restauración de la cobertura boscosa en los suelos de aptitud forestal con especies nativas. 8. Promover el desarrollo de una industria maderera basada en el cultivo de plantaciones forestales. 9. Promover la certificación, tanto en plantaciones como en manejo de bosques naturales donde ya existen concesiones y promover el comercio responsable de la madera, con su respectiva trazabilidad. 10. Revisar la normativa de los permisos forestales comunitarios, de subsistencia y domésticos, para que sirvan a los propósitos para los que fueron creados y evitar su venta (que es ilegal) a terceros. Sector Pesca 11. Establecer normas para un etiquetado en el mercado nacional y local, que evite la mala práctica de usar nombres de fantasía para los productos pesqueros (e.g., corvinata), de manera que el consumidor esté debidamente informado sobre lo que compra. 12. Regular el ordenamiento de las actividades humanas en el mar a través de normas y políticas de Estado, a través de procesos que integren la participación de los actores clave del sector. 13. Ordenar el otorgamiento de licencias, permisos y concesiones de pesca para controlar la sobrepesca de especies identificadas. 14. Desarrollar alternativas económicas sostenibles para los pescadores. 15. Implementar acciones que fortalezcan la comercialización de los productos pesqueros artesanales, tales como cadena de frío y programas de trazabilidad y certificación. 16. Poner en marcha programas de certificación pesquera de pesquerías importantes para el país, con estándares internacionales como los de la Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization) y el Consejo de Administración Marina (MSC, por sus siglas en inglés, Marine Stewardship Council). 17. Establecer programas de pesca responsable tanto a nivel artesanal como industrial.

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Sector de la Construcción 18. Promover y establecer normativas en el sector de construcción que incentiven el uso de buenas prácticas y la construcción “verde” tanto para nuevos proyectos como para remodelaciones y adecuaciones, tales como edificios verdes (tipo LEED); autogeneración de energía con fuentes renovables; medidas para reducir consumo de agua; requerimiento de plantas de tratamiento en edificios y barriadas, con mantenimiento incluido; trazabilidad de los materiales utilizados (arena, grava, otros). 19. Tipificar como delito ambiental la construcción en zonas inundables como áreas de riesgo a desastres por inundaciones. 20. Establecer normas específicas de construcción conducentes hacia la prevención de desastres socio-naturales. 21. Fomentar y garantizar la participación ciudadana oportuna e informada en la toma de decisiones en materia de construcción de proyectos, tanto públicos como privados, a través de medios eficaces. Sector Bancario y de Inversión 22. Revisar y promover el ajuste de las políticas bancarias estatales y privadas, de manera que el financiamiento de cualquier actividad económica, incluyendo construcciones, proyectos agropecuarios y otros, incluyan lineamientos de

prevención de desastres socio-naturales, estándares ambientales y buenas prácticas socio-ambientales. 23. Implementar programas de análisis de riesgos ambientales y sociales aplicados a futuros financiamientos de los bancos estatales y promoverlos entre la banca privada. 24. Promover el financiamiento a empresas que produzcan bienes y servicios sostenibles, el fortalecimiento de las capacidades locales, la disponibilidad de capital de riesgo para este tipo de empresas y el apoyo internacional hacia estas iniciativas. 25. Disponer programas de financiamiento que atiendan las necesidades de microemprendedores y microempresarios para inversiones socio-ambientales sostenibles, particularmente en sectores vulnerables. 26. Establecer incentivos fiscales para la rehabilitación y restauración de infraestructuras en localidades existentes, de manera que no se promueva la construcción en áreas naturales frágiles y vulnerables, que afecten y/o produzcan la destrucción de ecosistemas vitales.

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GLOSARIO

Adaptación al cambio climático. Ajustes en sistemas humanos o naturales en respuesta a estímulos climáticos actuales o proyectados o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Hay dos tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, o sea después de la manifestación de impactos iniciales. Además, la adaptación puede ser a corto o largo plazo, localizada o extendida, y pueden tener varias funciones y tomar varias formas. Fuente: IPCC. Adaptación basada en ecosistemas y comunidades. Utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, como parte de una estrategia más amplia de adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Fuente: UICN. Albedo. Porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la misma. Las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras, y las brillantes más que las opacas. El albedo medio de la Tierra es del 37-39% de la radiación que proviene del Sol. Área protegida. Espacio geográfico, terrestre, costero, marino, o lacustre, claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, declarado legalmente, para satisfacer objetivos de conservación, recreación, educación o investigación de los recursos naturales y culturales, para conseguir la conservación de la biodiversidad, así como los servicios ecosistémicos y valores culturales asociados y el desarrollo del ser humano1. Auditoría ambiental. Instrumento de gestión ambiental que consiste en una metodología sistemática de evaluación de una actividad, obra o proyecto, para determinar sus impactos en el ambiente; comparar el grado de cumplimiento de las normas ambientales y determinar criterios de aplicación de la legislación ambiental. Puede ser obligatoria o voluntaria, según lo establezcan la Ley y su reglamentación. Fuente: Ley 41 de 1998. Biomasa. Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. 1

Tomada de la definición de la UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Ley No.41 de 1998, Ley General de Ambiente de Panamá.

Bienes ambientales. Productos de la naturaleza que son directamente aprovechados por el ser humano y que pueden ser usados como insumo en la producción (materia prima) o como producto final. El agua, la madera, las sustancias medicinales, son ejemplos de bienes ambientales. Los bienes ambientales o también llamados bienes ecosistémicos tienen la característica fundamental de que son tangibles y susceptibles de ser cuantificados y comercializados. Bocashi. Abono orgánico del tipo fermentado, que se prepara a partir de residuos vegetales de las fincas, estiércol de animales y otros componentes de sustancias naturales. La técnica proviene de una práctica tradicional japonesa. El bocashi mejora las características físicas del suelo y le incorpora microorganismos benéficos. Bosque de galería. Formación vegetal árborea, conocida también como vegetación riparia, que se desarrolla en las márgenes de los cuerpos de agua, formando una estrecha franja que funciona como un corredor entre comunidades vegetales aisladas, favoreciendo la protección de la fauna, el suelo y sus recursos hídricos. Bosque primario. Aquel que ha existido sin perturbaciones humanas significativas u otros disturbios durante períodos que exceden el largo normal de la vida de los árboles maduros (de 60 a 80 años según la FAO). Está compuesto por especies nativas de árboles y sus procesos ecológicos no se han visto alterados de una forma apreciable. Bosque secundario. Bosque que después de haber sido intervenido por la mano del hombre, vuelve a recuperar su equilibrio natural a través de una sucesión de especies colonizadas. Buenas prácticas ambientales. Conjunto de recomendaciones prácticas, útiles y didácticas que sirven para mejorar la gestión de una empresa o actividad y conlleva beneficios para el medio ambiente y para los costos de producción. Calendario cinegenético. Cuadro elaborado por la autoridad respectiva que contiene las especies de fauna silvestre autorizadas para cazar, las cantidades y las fechas en las cuales la caza es permitida.

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Carbono azul. Es el carbón almacenado, secuestrado y liberado de los ecosistemas costeros, incluyendo marismas, manglares y pastos marinos. Estos ecosistemas figuran entre los sumideros de carbono más intensos del planeta y almacenan grandes cantidades de carbón en las plantas y en los sedimentos bajo ellas. La vegetación costera continúa secuestrando carbono por miles de años, en comparación con los bosques terrestres, donde los suelos se saturan de carbón relativamente rápido. Cuando estos ecosistemas costeros se degradan o destruyen se liberan cantidades significativas de CO2 a la atmósfera, agravando los riesgos del cambio climático. Caudal ambiental. Régimen hídrico que se establece en un cuerpo de agua, como una alternativa que busca encontrar un equilibrio entre las necesidades del ambiente y las humanas, preservando los valores ecológicos, el hábitat natural (flora y fauna), y todas la funciones ambientales, cuya presencia contribuye a la sostenibilidad socioeconómica de los usuarios del recurso y que se requiere para mantener los medios de subsistencia y bienestar de las poblaciones que dependen de esos ecosistemas (Brisbane 2007)2. Caudal ecológico. Cantidad de agua necesaria que debe existir en un determinado cuerpo de agua para garantizar su funcionalidad ecosistémica. Es decir, que la dinámica ecológica de un ecosistema se mantenga en equilibrio, tanto en composición y estructura de especies, como en condiciones hidrológicas, facilitando de esta manera la disponibilidad de condiciones físicas del hábitat para el adecuado crecimiento y desarrollo de las especies que dependen del cuerpo de agua para cumplir su ciclo vital3.

Certificación. La certificación, es el procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente e independiente del productor y el comprador, asegura que un producto, un proceso o un servicio, cumple los criterios establecidos en un determinado estándar. Ciudades Resilientes de la ONU ISDR. La Campaña Mundial 2010-2015 titulada “Desarrollando ciudades resilientes” busca lograr que los alcaldes, los gobiernos locales y las autoridades nacionales tomen acciones para establecer ciudades resilientes, como parte de los procesos de urbanización sostenible para la reducción del riesgo de desastres. Compost. Abono orgánico que se forma por la descomposición biológica de un volumen determinado de material orgánico, en condiciones controladas, que se efectúa en pilas o montones sobre la superficie del suelo. Es de gran utilidad para los suelos agrícolas, ya que mejora la estructura y fertilidad de éstos. Convención de Especies Migratorias. Tratado intergubernamental para la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, ya sean terrestres, acuáticas o aviarias a lo largo de su área de distribución. Es conocida también como Convención de Bonn. Corredores Biológicos. Una gran región a través de la cual las áreas protegidas existentes (parques nacionales, reservas biológicas) o los remanentes de los ecosistemas originales, mantienen su conectividad mediante actividades productivas en el paisaje intermedio que permiten el flujo de las especies.

Una diferencia conceptual puede definirse entre un caudal ecológico, que se refiere a un comportamiento ecológico óptimo en relación a los objetivos biológicos que se plantean en un proyecto; y el caudal ambiental que contempla, además, los usos y beneficios que un río brinda a la sociedad, como, por ejemplo, el abastimiento por servicios básicos, industriales, agrícolas, energéticos, turísticos, culturales, etc.4.

Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical. Iniciativa de los gobiernos de Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, que busca promover el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos existentes en la zona del Pacífico Este Tropical, donde se encuentran los Parques Nacionales Isla del Coco, Coiba, Gorgona, así como el Santuario de Fauna y Flora Malpelo y la Reserva Marina de Galápagos.

2 Declaración de Brisbane.

Cultura verde. Cultura ambientalista que apoya el desarrollo sostenible de la economía, apoyada por la ciencia, la política y la estética.

6 de septiembre de 2007.

Conferencia Internacional de Caudales Ecológicos, celebrada en Brisbane, Australia, del 3 al

Arias, V. & Terneus, E. 2012. Análisis del marco legal e institucional sobre los caudales ecológicos/ambientales en el

Ecuador. UICN, Quito, Ecuador. 75 pp.

Pouilly, M. & Aguilera, G. 2012. Evaluación inicial de caudales ecológicos/ambientales en la cuenca del río Huas-

ca-Chile, mediante la simulación del hábitat físico del pejerrey Basilichthys microlepidotus y el camarón de río Cryphiops caementarius. UICN, Quito Ecuador. 57 pp.

Ecosistema. Un sistema ecológico funcional que comprende a los organismos de una comunidad biológica conjuntamente con su ambiente físico. Tiene cuatro elementos 31

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esenciales: i) un complejo biótico o ‘ensamble’ de especies; ii) un ambiente o complejo abiótico asociado; iii) las interacciones dentro y entre dichos complejos; y iv) un espacio físico en el cual se desenvuelven. Ecosistemas vulnerables. Aquellos cuyas características funcionales y estructurales están en riesgo de verse modificadas por la ocurrencia de un impacto. Incluyen islas y ecosistemas aislados como lagos y otros ecosistemas de agua dulce, bosques nubosos, hábitat costeros (manglares, arrecifes coralinos y pastos marinos) y ecosistemas de montaña. Enfoque ecosistémico. Estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua y los recursos vivos, promoviendo su conservación y uso sostenible de forma justa y equitativa. Este enfoque coloca a la gente y el uso de los recursos naturales como el punto de partida de la toma de decisiones y reconoce que los seres humanos con su diversidad cultural, constituyen un componente integral de los ecosistemas. Es el esquema principal para la acción bajo el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y comprende 12 principios. Ecoetiquetado. También llamado etiquetas ecológicas, corresponde a símbolos que se otorgan a aquellos productos cuya producción y disposición final producen un menor impacto sobre el medio ambiente debido a que cumplen una serie de criterios ecológicos definidos previamente por el análisis de su ciclo de vida. Fondo de Vida Silvestre. Creado con la Ley 24 del 7 de junio de 1995 (Ley de Vida Silvestre), como fondos incorporados, no sujetos al principio de caja única del Estado, destinados a los gastos de inversión de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la ANAM, así como para incentivar los proyectos de manejo, protección, conservación, desarrollo y educación de la vida silvestre.

que configuran la manera en que las personas interactúan con el ambiente y las dinámicas organizacionales y procesos colectivos de toma de decisiones, para enfrentar los dilemas y problemas que se derivan del uso, apropiación y conservación de los recursos naturales. Se tiene en cuenta la función de todos los actores que repercuten en el ambiente: desde los gobiernos hasta las ONG, el sector privado y la sociedad civil. Informe del Estado Nacional del Ambiente. Informe con información disponible a los tomadores de decisiones y a la ciudadanía en general, sobre los avances en el estado del ambiente a nivel nacional, las limitaciones y fortalezas encontradas en el aprovechamiento y uso de nuestros recursos naturales y en la gestión de la calidad ambiental, entre otros aspectos relacionados con la gobernanza y el desempeño ambiental institucional. Jerarquía de mitigación. Proceso de varios pasos que debe seguir todo proyecto, obra o actividad, el cual parte de identificar los impactos anticipados a la biodiversidad, de manera que se diseñe el proyecto evitando los mismos, y solo aquellos impactos residuales, no prevenibles, mitigables o corregibles a través de acciones de restauración o rehabilitación sean resarcidos con medidas de compensación equivalentes de biodiversidad. Se establecen límites de lo que se puede compensar para evitar dañar áreas o especies de alta vulnerabilidad. Este enfoque buscar garantizar la conservación efectiva en un área del mismo tipo de ecosistema con igual o mayor viabilidad, bajo nivel de amenaza y un adecuado nivel de protección.

Manejo costero. El Manejo integrado de la zona marino costera es un proceso de planificación holístico, continuo, dinámico, participativo y construido bajo consenso, mediante el cual se toman decisiones para el uso sostenible y la protección de sus ecosistemas y recursos, con miras a alcanzar metas establecidas en cooperación, articulación e integración con grupos de usuarios y autoridades, sectoriales, nacionales, regionales y locales, dirigido hacia una área compleja y dinámica, zona marino costera, que Gestión ambiental. Conjunto de actividades, normas e instrumentos para la planeación, se enfoca en la interfase de mar - tierra – atmósfera, teniendo en cuanta sus dimensiones gestión, ejecución y supervisión de obras en el espacio público, conducentes al manejo ecológicas, sociales, culturales y económicas, así como las interacciones entre ellas. integral del sistema ambiental y mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, Mercados responsables. Enfoque de mercado en el que además de las demandas previniendo o mitigando los problemas ambientales. tradicionales de precios y seguridad, calidad y detalles técnicos, de los compradores esenciales de la cadena de suministro, a los proveedores se les pide que cumplan normas Gobernanza ambiental. Conjunto de reglamentaciones, prácticas, políticas e instituciones sociales o medioambientales mediante la aceptación de códigos de conducta para los 32

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proveedores, condiciones de mercado equitativas y planes de ecoetiquetado. Metas globales de Aichi de biodiversidad. Se refiere a las 20 metas globales acordadas como parte del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, del Convenio de Diversidad Biológica, consistente en un marco de acción global de diez años mediante el cual los países se comprometen a proteger la diversidad biológica y mejorar los beneficios que esta proporciona para el bienestar de las personas. Está conformado por una visión compartida, una misión y 20 metas globales (Metas de Aichi) que se agrupan en cinco objetivos estratégicos.

Programa ONU REDD. Conocido también como UNREDD, por sus siglas en inglés, es una iniciativa de tres agencias de las Naciones Unidas (FAO, PNUD y PNUMA) lanzada en septiembre de 2008 para ayudar a los países en desarrollo a preparar y aplicar estrategias nacionales REDD, según sus propias prioridades y planes. Existen 9 países pilotos en este programa a nivel mundial y Panamá es uno de ellos.

Protocolo de Nagoya. Acuerdo adoptado en la décima reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Nagoya, Japón, el 29 de octubre de 2010. Trata sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa Minería metálica a cielo abierto. También llamada minería a tajo abierto, se refiere a y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización. Contiene disposiciones las explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del terreno, a diferencia de relativas al acceso a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales cuando dichos conocimientos están relacionados con recursos genéticos las subterráneas, que se desarrollan bajo ella. para fortalecer la capacidad de esas comunidades para beneficiarse del uso de sus Negocios verdes. Actividad empresarial relacionada con producción de bienes o prestación conocimientos, innovaciones y prácticas. de servicios que cumple con tres requisitos: rentabilidad económica, sostenibilidad ambiental y equidad social. REDD. Siglas para el mecanismo de “Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de los bosques”, iniciativa que busca motivar a los países en vías de Pago por servicios ambientales. Conocido con la siglas de PSA, es una clase de desarrollo con bosques a proteger los recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos instrumento económico diseñado para dar incentivos a los usuarios de los recursos apropiadamente para contribuir a la lucha global contra el cambio climático a través de una naturales, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que compensación por mantener los bosques en pie. beneficia a la sociedad como un todo (e.g., regulación del clima, provisión de agua). Pesca responsable. De acuerdo a la FAO (1995), se refiere a la utilización sostenible de los recursos pesqueros, en armonía con el medio ambiente, con la utilización de prácticas pesqueras y acuícolas que no dañen los ecosistemas, los recursos ni su calidad, manteniendo o restableciendo las poblaciones de las especies pesqueras que consumimos en niveles capaces de producir cantidades razonables de capturas tanto ahora como en el futuro, para garantizar a las generaciones futuras los mejores suministros posibles de productos pesqueros.

Seguridad alimentaria. Hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida de alimentos suficientes en cantidad y calidad según las necesidades biológicas.

Servicios ambientales. Beneficios directos e indirectos que la gente obtiene de los ecosistemas. Se consideran beneficios directos la producción de provisiones –agua y alimentos (servicios de aprovisionamiento), o la regulación de ciclos como las inundaciones, Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Principio que establece que “El mejor degradación de los suelos, desecación y salinización, pestes y enfermedades (servicios modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos de regulación). Los beneficios indirectos se relacionan con el funcionamiento de procesos interesados, en el nivel que corresponda”. Insta luego a todos los Estados a velar por del ecosistema que genera los servicios directos (servicios de apoyo), como el proceso de que todas las personas tengan acceso a la información, a la participación pública en la fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la adopción de decisiones y a la justicia en materia ambiental. creación y asimilación del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas 33

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Transgénicos. Se refiere a organismos vivos que fueron producidos a partir de un organismo modificado genéticamente mediante ingeniería genética, como por ejemplo Silvícola. Se refiere a todas las operaciones necesarias para regenerar, explotar y aquellas plantas alimenticias a las cuales se les ha incorporado genes de otra especie proteger los bosques, así como para recolectar sus productos, es decir, las actividades de para producir características deseadas. En la actualidad hay gran presencia de alimentos forestación (plantación, replante, transplante, aclareo y conservación de bosques y zonas procedentes de plantas transgénicas como el maíz, la cebada y la soja. Las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN (el material genético) de un ser forestadas) y explotación o cosecha de bosques, tanto nativos como plantaciones. vivo (virus, bacteria, vegetal, animal e incluso humano) para introducirlos en el material hereditario de otro. Turbas. Material orgánico, de color pardo oscuro y rico en carbono, formado por restos de plantas muertas y parcialmente descompuestas que se han acumulado in situ en terrenos anegados. Forman las turberas, que son ecosistemas que contribuyen a la diversidad Tribunal Ambiental Administrativo. El que tutela la legislación ambiental y los recursos biológica, al ciclo hídrico mundial, al almacenamiento mundial de carbono que guarda naturales donde todo ciudadano, persona física o jurídica puede plantear denuncias relación con el cambio climático y otras funciones relativas a los humedales valiosas para cuando existan violaciones en esa materia. las comunidades humanas. también ofrecen beneficios no materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las oportunidades de recreación (servicios culturales).

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PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE LA AGENDA AMBIENTAL PANAMÁ 2014-2019 ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO - ACD ALIANZA BOCAS ALIANZA POR UN MEJOR DARIÉN AMIGOS DEL PARQUE NACIONAL SANTA FE - AMIPARQUE Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral y Sostenible - APRODIS ASOCIACIÓN ECOLOGISTA PANAMEÑA ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA - ANCON ASOCIACIÓN PANAMÁ VERDE ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL EN COMUNIDADES -APROSAC CENTRO DE ESTUDIOS Y ACCIÓN SOCIAL DE PANAMÁ - CEASPA CENTRO DE INCIDENCIA AMBIENTAL - CIAM CENTRO REGIONAL RAMSAR PARA LA CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE HUMEDALES PAR EL HEMISFERIO OCCIDENTAL - CREHO COLECTIVO VOCES ECOLÓGICAS COMITÉ PRO CIERRE DE PETAQUILLA - CPP CONSERVACIÓN INTERNACIONAL – CI PANAMÁ COORDINADORA CAMPESINA POR LA VIDA - CCPV FIRMA DERECHOS HUMANOS Y COMUNIDADES - DHAYC FIRMA GAEA ABOGADOS FUNDACIÓN MARVIVA FUNDACIÓN NATURA FUNDACIÓN PANAMÁ SOSTENIBLE - PASOS FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE PANAMÁ - FUNDESPA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, COMUNITARIO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE PANAMÁ - FUNDICCEP FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR - PROMAR FUNDACIÓN PARQUE NACIONAL CHAGRES KOLECTIVO TRIBU GUARUMU PATRONATO DEL PARQUE NATURAL METROPOLITANO RED DE PERIODISTAS AMBIENTALES DE PANAMÁ - REDPA RED DE TURISMO COMUNITARIO DE BOCAS DEL TORO - REDTUCOMBO SOCIEDAD AUDUBON DE PANAMÁ SOCIEDAD MASTOZOOLÓGICA DE PANAMÁ -SOMASPA THE NATURE CONSERVANCY – TNC PANAMÁ WETLANDS INTERNATIONAL – PANAMÁ WWF PANAMÁ