HABLEMOS DEL AGRO

definitivo, antes solo se escuchaba en Santa Cruz, hoy sabemos que Cochabamba es uno de los departamentos con mayor cantidad de casos en toma ilegal de tierras, de forma simultánea al conflicto de la propiedad Santagro, también se registró otro en La Paz, ambos con alta violencia” indica parte del comunicado emitido por la institución ante la falta de acción del Gobierno central.

Por su parte, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), puntualizó que, mientras existan vías legales para impugnar la resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la condición jurídica de los titulares de Santagro es de propietarios, no como poseedores y menos como avasalladores.

De acuerdo con el sector oleaginoso, en el Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz (norma de rango superior al decreto de creación de la Reserva Forestal de Guarayos), el predio Santagro no se ubica en zona de reserva forestal y que, en más de 25 años de ejecución del proceso de saneamiento de tierras, y a pesar de varias solicitudes escritas y verbales, “el INRA no mostró a las entidades agropecuarias el mapa oficial de la Reserva Forestal Guarayos”, lo que incrementa las interrogantes sobre el saneamiento en la zona.

La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), sostuvo que será clave respetar los principios básicos de las propiedades, tanto privada como comunitarias, para evitar los avasallamientos. “Los principios básicos deben ser respetados. El respeto a la propiedad privada, propiedad comunitaria y el respeto que tiene que llegar por parte del Estado para que todo esto pase, sino vamos a vivir tiempos enormes de violencia”, enfatizó Oscar Mario Justiniano, presidente de FEPSC.

Afectados.

Entre los avasallamientos de tierras está Las Londras, ocurrido en 2022, donde se secuestró a diferentes personas, hubo detenidos y tras un par de semanas fueron liberados por la justicia y luego está Santagro.

Para conocimiento.

Bolivia lleva 26 años sin poder concluir el proceso de saneamiento de tierras y, según el Gobierno, esta falta de seguridad jurídica da lugar a los avasallamientos y al tráfico de terrenos. Ante este panorama, Eulogio Núñez director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), indicó: “Lamentablemente la Ley 1715, de 1996, establecía 10 años para concluir el proceso de saneamiento. Imagínese, ya lleva 26 años. La ley decía 10, no se cumplió, se amplió 11 años y tampoco se cumplió”.

En aquel entonces solo se logró avanzar menos del 10%. Se habían regularizado y titulado 9 millones de hectáreas (8%), de 106 millones objeto de saneamiento.

Denuncias.

Solo entre 2021 y 2022 se registraron 237 denuncias de avasallamientos en el país, según el INRA inició acciones legales en 137 casos que son de su competencia al estar relacionadas con tierras fiscales disponibles o que están en proceso de saneamiento.

Solo en Santa Cruz hay más de 30 aprehendidos por avasallamientos que guardan detención preventiva en Palmasola.