Memorias del Sistema Distrital de Justicia by Secretaría de Seguridad

JUSTICIA PA R A T O D O S

R E S U LTA D O S 20162020 SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Producción editorial y textos: Katherine Rios Diseño: July Andrea Navarro Salinas Fotografía: Lina Paola Rozo Tautiva © Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia Bogotá, noviembre de 2019 Se permite la reproducción total o parcial, citando la fuente.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia Av. Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 14 https://scj.gov.co atencionalciudadano@scj.gov.co Bogotá, Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Alcalde Mayor Enrique Peñalosa Londoño Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia Secretario de de Seguridad, Convivencia y Justicia Jairo García Guerrero Subsecretario de Acceso a la Justicia Alejandro Peláez Rojas Directora de Responsabilidad Penal Adolescente Ilvia Ruth Cárdenas Luna Directora de Acceso a la Justicia Verónica Urdaneta Silva Directora Cárcel Distrital Sonia Patricia Peñón Niño Casa Libertad María Fernanda Fuentes Tuta Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones Camilo Restrepo Asesores Alejandra Acosta Jiménez Ana María Nieto Nieto Daissy Romero Martín Guillermo Antonio Arroyo Helena Vergara Silva Jesús Alberto Camargo Katherine Rios Espinosa Paola Rojas Mayorga Equipo Responsabilidad Penal Adolescente Ana Cristina Velasco Pinzón Andrea Catalina Rodríguez Bustos Claudia Isabel Ocampo Betancurt Johana Consuelo Gamboa Castiblanco Jorge Mario Camelo Sánchez Liliana Milena Parada Prieto

Equipo Acceso a la Justicia Augusto Daniel Chávez Jefferson José Cruz José Emilio Lemus Juan Camilo Sierra Juan David Pedraza Julieth Johanna García Lexly Erazo Leydi Carolina Catumba María Isabel Meléndez Mónica Garzón Rodríguez Mónica Rueda Quintero Nicolás González Guevara Omar Alirio Castelblanco Omar David Garzón Oscar Orlando Martínez Steffany Murillo Wilmer Darío López Equipo Cárcel Distrital Carmen Dora Salamanca Hernández Holva Yolanda León Fonseca Luz Marina Ortiz Caicedo María Teres Pinzón Sierra Mayor Carlos Mauricio Caicedo Ortega Teniente Joaquín Bernal Teniente Néstor Buitrago Teniente Cristo Hernández Equipo Casa Libertad Diana Maya Ochoa Diego Acosta Daza Giovanni Guiseppi Alfonso Palomino Gueber Ariza Guerrero Equipo Oficina Asesora de Comunicaciones Ana Carolina Zapata Carlos Enrique Castellanos Sanchez Carlos Humberto Martínez Roa Christian Alexis Sandoval García Drayan Camilo Serna Moreno Heinner Duvier Rodriguez José David Rodriguez Ribero José Luis Pertuz Luz Amanda Velasco Forero María Mónica Vergara Narayan Alexander Martinez Galvis Paola Andrea Borda Personas que fueron parte del equipo María Camila Uribe Sanabria (Directora de Acceso a la Justicia) Asesores María Constanza Ballesteros Castillo María Solano Gómez Mariana Eleonora Mora Múnera Andrés Orlando Peña Andrade Paula Méndez González

Justicia para todos: resultados 2016-2020 Memorias de GestiĂłn

SubsecretarĂa de Acceso a la Justicia

Contenido 11

Presentaciรณn

Marco normativo

Las bases de nuestra gestiรณn

Los jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente • La Casita: Justicia Restaurativa para Jóvenes • Medidas Privativas de la Libertad Centro d e At e n c i ó n E s p e c i a l i z a d a B o s c o n i a y acompañamiento a otros CAE • Modelo para la prevención de la reincidencia delictiva de adolescentes y jóvenes infractores

Prevención de la reincidencia • Cuenta Hasta 10

Justicia para todos • • • • • •

Casas de justicia Ve n a l a v a n Línea 195 Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria Unidades de Mediación y Conciliación Sistema de Información SIDIJUS

Medidas preventivas y privativas de la libertad • C e n t r o d e Tr a s l a d o p o r P r o t e c c i ó n • Cárcel Distrital

A quienes han estado privados de la libertad • Casa Libertad

101

Programas de reinserción •

Plan de bibliotecas y convenio con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

109

BibliografĂa

Indice de anexos

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Presentación L

os ciudadanos de Bogotá confían en tener una vida más segura y tranquila. Esperan que vivir en una ciudad les permita convivir en un ambiente en el que la violencia y el crimen no son una amenaza, en el que el delito o el abuso de otros no pone en peligro su vida, su integridad personal o sus propiedades. Por ello el objetivo central de una política de seguridad debe ser reducir los delitos contra las personas y sus bienes. Para esto, además de las medidas policiales y judiciales, se requiere que los ciudadanos tengan un acceso adecuado a los servicios de justicia, que las instituciones ofrezcan un sistema de policía y de protección adecuado, que los mismos ciudadanos busquen y promuevan la solución pacífica de sus conflictos, y que apoyen las instituciones públicas que buscan estos objetivos, denunciando el delito y creando un ambiente adecuado para su prevención y sanción. Cuando se comparan los datos de Bogotá con los de Colombia, es evidente que la ciudad es más pacífica y que los niveles de homicidio, lesiones personales o daño a los bienes de los habitantes son muy inferiores al promedio nacional: por ejemplo, en 2018 la tasa de homicidios fue de 13 por cada 100.000, cuando la tasa del país fue casi el doble: 24 por 100.000. Una ciudad como Cali tuvo una tasa de 49 y Medellín de 25. Sin embargo, todos sus habitantes y autoridades confiamos en que se debe y se puede reducir aún más el nivel actual de violencia y delito, que hace que una alta proporción de sus residentes consideren que viven en una ciudad o un barrio inseguro, y que no sientan que la protección de la vida y de los bienes personales sea suficiente. La Constitución del 91 “garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”1. Ante las diversas evidencias de que los ciudadanos tenían poca confianza en las instituciones, esta administración se empeñó en consolidar el sistema de seguridad y justicia y hoy Bogotá cuenta con un Sistema Distrital de Justicia organizado para atender a todos los ciudadanos. En primer lugar, ofrece mecanismos que promueven la resolución pacífica de conflictos entre los ciudadanos y brinda información a aquellos que no saben qué hacer con un inquilino que no paga o con vecinos que no respetan las reglas de convivencia, o que buscan orientación sobre cómo divorciarse o hacer valer sus derechos frente a los vecinos. En segundo lugar, busca mejorar la eficacia de los sistemas formales de prevención del delito y de sanción a los responsables, mediante una

coordinación cuidadosa con la Policía Nacional, la Fiscalía y el sistema judicial: uno de los factores que más promueve la sensación de inseguridad es la idea de que muchos delitos quedan impunes, y que muchos responsables no reciben la sanción apropiada. Atiende además a los ciudadanos que son detenidos temporalmente, en el Centro de Traslado por Protección, así como a los sindicados o condenados que van a la Cárcel Distrital. Este Sistema Distrital de Justicia también incluye a los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, buscando evitar que reincidan y apoyando su reinserción. Esto incluye a los que han sido sancionados con una medida privativa de la libertad y van a alguno de los Centros de Atención Especializada, (somos responsables del CAE Bosconia y ofrecemos servicios de apoyo logístico, psicosocial y oferta cultural en los demás), y así como a los que reciben el Principio de Oportunidad y son vinculados a un programa de justicia restaurativa en el que somos pioneros, La Casita: Justicia Restaurativa para Jóvenes. Requiere además que se hagan todos los esfuerzos para que aquellos ciudadanos que son enviados a la cárcel, además de cumplir su sanción en condiciones dignas, puedan aprovechar el tiempo para desarrollar las capacidades que les permitan reintegrarse a la sociedad una vez cumplan su sanción. No queremos que las cárceles sean escuelas para el crimen. Cuando las personas han cumplido su sanción, en Casa Libertad les brindamos apoyo para la reinserción laboral, para el reencuentro con sus familias y para minimizar los riesgos de reincidencia, de manera que puedan reintegrarse a la sociedad como ciudadanos libres y respetuosos de los derechos de los demás. Este documento, y la información disponible en la que se apoya, describe lo que hicimos, para que nuestra experiencia pueda ser usada por futuras administraciones y por otras ciudades. Estos logros para poner en marcha el Sistema Distrital de Justicia son el resultado del trabajo comprometido de todo el equipo de la Secretaría de Seguridad y, en especial, de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el apoyo de las demás instituciones públicas de la ciudad y el país.

Jairo García Guerrero Secretario de de Seguridad, Convivencia y Justicia

Constitución Política de Colombia. 1991. Artículo 139.

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Las bases de nuestra gestión Nuestra gestión tuvo dos principios rectores: garantizar una buena atención y el acceso oportuno de todos los ciudadanos a los servicios de justicia, en el que prime el respeto a los derechos de los usuarios y ofreciendo un enfoque restaurativo en la atención que brindamos a las personas de todas las edades que han recibido algún tipo de sanción legal.

Respeto por los derechos, buena atención y facilidad de acceso

Cada uno de los programas fue concebido y puesto en marcha para garantizar la comodidad de los usuarios: nos esforzamos en poner al servicio de la comunidad espacios bonitos, limpios y amables. Los espacios son importantes y una forma de expresar el respeto que sentimos por nuestros usuarios es recibirlos en instalaciones adecuadas. Hemos hecho un gran esfuerzo para que todos nuestros canales de atención brinden servicio de manera ágil y oportuna, para que los ciudadanos no pierdan tiempo en trámites innecesarios y tengan claridad sobre cómo resolver sus consultas desde el primer momento en que se acercan a nuestros servicios. Creamos mecanismos para verificar que esa atención de calidad fuera efectiva y se ofreciera a todos los ciudadanos sin importar sus condiciones particulares. Para evaluar la atención recibida y ver qué aspectos debíamos mejorar, hicimos evaluaciones con la metodología de cliente oculto y con llamadas aleatorias a los ciudadanos que habían acudido a nuestros servicios. Implementamos un sistema de información para registrar a los usuarios y las causas de consulta. Esas causas se estandarizaron según las categorías jurídicas que establece el DANE, para poder analizar la información de manera adecuada y regular. Se hizo la georreferenciación a los lugares de residencia de los usuarios y los sitios en los que ocurrió su caso de consulta. Eso nos ha permitido elaborar mapas de ocurrencia de delitos, que son apropiados para buscar la prevención de los incidentes y para diseñar políticas que tengan en cuenta su distribución y frecuencia en la ciudad. Aunque existe una norma nacional para la operación de las Casas de Justicia, muchas de las que operaban en Bogotá no estaban acreditadas ni se atendían con rigor siguiendo normas claras de funcionamiento y atención a los usuarios. Las trece Casas de Justicia que le dejamos a la ciudad cumplen con los todos los estándares requeridos por el Ministerio de Justicia, ofrecen los mismos servicios y siguen los mismos parámetros de atención al usuario. Promover el acceso a los servicios de justicia, conciliación y resolución pacífica de conflictos contribuye a la reducción de la violencia y el delito. El fortalecimiento de los servicios a la ciudadanía y el respeto a los derechos de aquellos que han recibido algún tipo de sanción legal fomenta el respeto y la confianza ciudadana en las instituciones.

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Justicia Restaurativa

En cuanto al enfoque de Justicia Restaurativa, nuestro principio es que las sanciones legales deben procurar la resocialización y la reintegración de las personas. Por esto nos hemos esforzado en que los adolescentes y jóvenes que pasan por el Sistema de Responsabilidad Penal encuentren en estos programas una oportunidad para reconocer el daño que hayan podido causar, para reparar a las víctimas y para descubrir que el error no los define y que pueden usar todo su potencial creativo para tener un proyecto de vida con sentido. Todos estos aspectos están relacionados entre sí: al darse cuenta del daño causado, pueden en muchos casos entrar en contacto con las víctimas y ofrecerles una reparación moral. En otros casos, al reconocer el daño se dan cuenta de que no están determinados a actuar de esa manera y que pueden obrar en forma diferente. Así, la sanción se acompaña de un sentido nuevo, al vincularse con la reparación a las víctimas y a la sociedad y al convertirse en un mecanismo que no solo castiga sino que, sobre todo, ofrece oportunidades para encontrar una vida nueva, para restaurar una situación sin injusticia y sin violencia. En cuanto a los adultos, el esfuerzo es similar, tanto en los sitios de detención preventiva o temporal como en la Cárcel Distrital. Además de garantizar el respeto por los derechos humanos y de dar condiciones dignas de vida, procuramos mantener talleres y ofrecer actividades de formación educativa y cultural que le permitan a estos ciudadanos usar el tiempo de detención de manera positiva. Todos los programas que aquí se resumen fueron diseñados y ejecutados por un equipo comprometido y cuidadoso que ha venido trabajando con dedicación y afecto y que ha aprendido mucho de las experiencias y el trato con los usuarios. Pusimos las necesidades de los ciudadanos por encima de las necesidades de los funcionarios y, estamos convencidos, de que a pesar de los errores que hayan podido cometer, las personas que pasan por el Sistema de Responsabilidad Penal merecen la oportunidad de reintegrarse a la sociedad. Cada unos de nuestros proyectos se encuentra descrito en este documento y confiamos en que nuestra experiencia sea herramienta para que cada vez más la justicia deje de ser un asunto retórico y sea una herramienta de convivencia útil para la ciudadanía. Alejandro Peláez Rojas Subsecretario de Acceso a la Justicia

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Marco normativo L

a gestión y los programas llevados a cabo por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia están enmarcados en las normas de orden nacional y local que tienen como objetivo asegurar que el Estado cumpla a cabalidad con sus funciones de garantizar el acceso a los servicios de justicia y a proteger los derechos de adolescentes y jóvenes. Estas normas, en particular los artículos 2 , 209 y 229 de la Constitución Nacional y las reglas aplicables de las leyes 906 de 2004, 1098 de 2006, 1453 de 2011, 1622 de 2013 y 1450 de 2001, los decretos nacionales 1069 y 1885 de 2015, el Acuerdo Distrital 637 de 2016, el Convenio del 1 de septiembre de 2006 entre el Ministerio del Interior y la Secretaria Distrital de Gobierno de Bogotá, y el Decreto Distrital 420 de 2017, se recogen e integran en la resolución 263 de 2019. Allí se recopilan además los elementos pertinentes del Plan de Desarrollo de Bogotá 2016-2020. La parte primera de estas normas se orienta a garantizar el acceso a la justicia, mediante la definición de los componentes del Sistema Distrital de Justicia (SDJ). Estos componentes incluyen los sistemas locales de justicia, con sus equipamientos para el acceso a la justicia, sus cárceles y penitenciarias, así como las reglas para el acceso a la justicia y el desarrollo de los mecanismos de justicia comunitaria. La segunda parte se refiere al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), creado en 2006, y del cual son responsables el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras entidades; a las normas para la coordinación del SRPA, establecidas en 2015 y a la creación de la Secretaria de Seguridad en 2016, con la determinación de sus funciones, en

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lo relativo al acceso a la justicia, la prevención del delito entre niños, niñas y adolescentes y al papel del distrito en el SRPA. El Sistema de Responsabilidad para Adolescentes (SRPA) fue definido en 2006 como el “conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce y dieciocho años al momento de cometer el hecho punible.1 El Distrito, en desarrollo de las responsabilidades que le corresponden en este campo, incorporó en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 los aspectos pertinentes de las normas. El Plan, entre sus objetivos, busca la “construcción de comunidad y cultura ciudadana”, para lo cual plantea la consolidación del Sistema Distrital de Justicia, que se consideraba en un nivel muy bajo de desarrollo en 2016. Este sistema se desarrollaría mediante: a. b. c. d.

e. f.

La creación de rutas y mecanismos para el acceso efectivo al sistema. El desarrollo de políticas y programas dirigidos a la prevención del delito en niños, niñas y adolescentes. El mejoramiento de la política penitenciaria en Bogotá. La atención de personas enfrentadas a conflictos y el apoyo para la solución, judicial y no judicial, de sus conflictos. La investigación, sanción y reinserción de personas sometidas a procesos judiciales. Esto incluye el desarrollo de actividades y estrategias que refuercen las capacidades de esas personas para su reinserción apropiada, laboral y social, en la familia y la ciudad. Además de la importancia que esto tiene para las personas involucradas, la disminución de la reincidencia y la conversión de posibles agentes del conflicto en ciudadanos activos y respetuosos de la convivencia puede ayudar a disminuir en el futuro las situaciones de conflicto que se resuelven en forma violenta en la ciudad. El cumplimiento de las obligaciones del Distrito en relación con el SRPA, para lo cual existe el Comité de Coordinación Distrital del SRPA. La mejor coordinación de los operadores de justicia formal, no formal y comunitaria en la ciudad.

El Sistema Distrital de Justicia se concreta en Sistemas Locales de Justicia, que incluyen instalaciones y dotaciones, en particular las Casas de Justicia, el Centro de Traslado por Protección (CTP), los Centros de Atención Especializados (CAE), la Cárcel Distrital, las Unidades Móviles de Justicia y el Centro Integral de Justicia. Para el desarrollo de sus acciones, el SDJ define un Plan de Acción, que permite establecer metas, verificar realizaciones y confrontar los avances en la situación de convivencia de la ciudad. Los objetivos del Plan son la prevención de conflictos en la ciudad, el desarrollo de formas de solución pacífica de ellos (justicia comunitaria, mediación), el mejoramiento de la convivencia y en general el desarrollo de la participación ciudadana y la consolidación de sus derechos. Entre las herramientas principales está el desarrollo de mecanismos de denuncia y sistemas de información que usen tecnologías más eficientes e incorporen la información de otras instituciones, además de las acciones administrativas para mejorar la capacitación de los funcionarios, la adoptación de enfoques integrales para la atención de los ciudadanos. Es igualmente importante que los resultados de este proceso de ampliación del acceso a la justicia se comuniquen a la ciudadanía, para que esta advierta que se trata de programas que benefician a toda la comunidad y en los que los esfuerzos de hoy pueden tener grandes efectos en la calidad de vida futura de los habitantes de Bogotá.

(Ley 1098 de 2006, Art 139)

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Los jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente L

a oferta de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para la atención de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, busca acompañarlos en cada etapa del proceso: al comienzo, a través de la participación en los mecanismos de terminación anticipada, en la fase de juicio y en el seguimiento a la sanción. Desde La Casita: Justicia Restaurativa para Jóvenes se adelantan procesos integrales con los adolescentes y sus familias a través de los cuales se busca reconocer sus potencialidades y fortalecer la consciencia de los errores o faltas que se comenten, cómo los afectó a sí mismos y a otras personas, la importancia de reparar las relaciones afectadas y la necesidad de reconstruir el tejido social. Para el fortalecimiento de la atención integral de la población que cumple una sanción privativa o no privativa de la libertad, se implementó el programa Cuenta Hasta 10, para el entrenamiento de habilidades socioemocionales que busca la reducción de conductas violentas o agresivas y la reincidencia en el delito. La Secretaría financia además la operación del Centro de Atención Especializado Bosconia para cincuenta adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad, que son atendidos bajo un modelo integral de carácter restaurativo y pedagógico que tiene como meta prevenir la reincidencia en el delito desde la construcción de su proyecto de vida. Este proceso involucra la participación de sus familias y de la sociedad como factores determinantes para su proceso de reintegración social. En todos los casos, el interés primordial ha sido fortalecer las posibilidades de desarrollo de los adolescentes y jóvenes brindándoles una nueva oportunidad para que logren reconstruir su proyecto de vida a partir del desarrollo de hábitos saludables, estrategias para la reflexión y la regulación emocional y herramientas para la toma de decisiones asertivas que los alejen del delito y la violencia. Para garantizar la participación de las entidades involucradas en el funcionamiento del SRPA y en desarrollo del Decreto 1885 de 2015, el Distrito expidió el Decreto 420 de agosto de 2017, mediante el cual se crea el Comité de Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes (CCDRPA), cuya presidencia está a cargo del Alcalde Mayor de Bogotá y la secretaria técnica de la Dirección Regional Bogotá del ICBF. El Comité, tiene como objeto “fortalecer la articulación de las autoridades y entidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, a nivel distrital, con el fin de orientar y dar seguimiento a la implementación de acciones desde un enfoque de Justicia Restaurativa en el Distrito Capital.”1 Esta instancia de articulación sesionó por primera vez el 5 de octubre de 2017, estableció su operación a través de siete mesas técnicas, las cuales cuentan con un plan de acción; las mesas técnicas son seguridad, infraestructura, prevención, sistema de información, salud, educación y proyecto de vida y justicia restaurativa.

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La Casita: Justicia Restaurativa para Jóvenes E

n La Casita atendemos a jóvenes y adolescentes que han cometido algún delito y el juez, en vez de sancionarlos con una medida privativa de la libertad, les concede el Principio de Oportunidad. A partir de ese momento los jóvenes comienzan un proceso enmarcado en los principios de la Justicia Restaurativa (JR) para lograr tres objetivos: que se responsabilicen de sus actos, que reparen el daño que hayan podido causar y, por último, que se reintegren a la comunidad como ciudadanos responsables y con un proyecto de vida alejado de la violencia y el delito.

¿Cómo empezamos?

La Casita comenzó como un plan piloto de la Secretaría Distrital de Gobierno, Dirección de Derechos Humanos, en el año de 2016. Al comienzo, se configuró como una línea estratégica del proyecto de inversión para el Fortalecimiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en el Distrito Capital. En el primer trimestre del año 2016 se involucraron varias instituciones en una mesa de trabajo llamada Principio de oportunidad, en la que participaron representantes de entidades del orden Nacional y Distrital. Como resultado, se llegó a acuerdos importantes: 1.

En el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente todas las autoridades deben velar por la aplicación de mecanismos alternativos al proceso penal, que mediante acciones de atención psicosocial contribuyan a que los adolescentes puedan reconocer sus errores, participar en iniciativas de reparación y de verdadera inclusión en la comunidad, como lo determina la Ley 1098 de 2006. También se promueve la figura de Justicia Restaurativa, como una herramienta que vincula a las dos partes (adolescente ofensor y víctima), en la reconstrucción de los vínculos sociales. El mecanismo de terminación anticipada que ofrece el principio de oportunidad en la modalidad de suspensión de procedimiento a prueba materializa los objetivos de la Justicia Restaurativa, ya que permite, durante el término de suspensión, que las partes puedan encontrar un espacio de reconciliación a través de la vinculación a la Casita.

En el segundo trimestre del año 2016 se recibieron trece procesos, que fueron abordados por la Fundación DNI -Defensa de Niños y Niñas Internacional-, en el marco del Convenio de Cooperación 1335 suscrito entre la Alcaldía de Bogotá, Secretaría Distrital de Gobierno y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

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En septiembre de 2016 la Alcaldía expidió el Decreto 413 de 2016, que estableció la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. De esta forma se fijaron las funciones de la Dirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes dentro de la Subsecretaría de Acceso de Justicia, entre ellas el funcionamiento de La Casita: Justicia Restaurativa para Jóvenes. En mayo de 2017 se inauguró la sede de La Casita: Justicia Restaurativa para Jóvenes en la carrera 4 # 23 – 28, Localidad de Santa Fe. Fue el primer programa de atención para menores infractores con estas características en el país. A partir de este momento el funcionamiento del programa, la supervisión y la contratación de los profesionales que realizan la atención a nivel psicosocial, se realiza directamente por la SDSCJ.

Nuestro objetivo

Nuestra tarea es prestar atención especializada con énfasis en justicia restaurativa, para que los adolescentes que han cometido delitos, agresiones o faltas ante la ley, que hayan afectado a sus familias, a empresas o a personas particulares y la comunidad en general, lleven a cabo procesos de responsabilización, reparación y reintegración que eviten las sanciones privativas y no privativas de la libertad, que promuevan la reflexión y el cambio y que, sobre todo, reduzcan drásticamente la reincidencia en conductas violentas o delictivas.

Objetivos específicos • • • • •

Resolver los conflictos derivados del delito con la participación activa de la víctima y el ofensor, y cuando sea pertinente, de la familia y comunidad. Aumentar las probabilidades de no repetición del delito, a través de una intervención psicosocial alineada con los propósitos de la JR. Acompañar al ofensor en el cumplimiento de compromisos durante el periodo de suspensión del proceso penal. Facilitar la reintegración del ofensor a la comunidad. Garantizar atención psicosocial a la víctima cuando quiere participar de manera voluntaria y se vincula al proceso restaurativo.

Justificación del programa

Cuando el juez decide otorgarle al joven el Principio de Oportunidad bajo la modalidad de Suspensión de Procedimiento a Prueba, es decir que suspende la acción penal durante el tiempo que el adolescente está en el programa, le brindamos una atención diferenciada y diseñada para que puedan resolver sus conflictos con la ley. En el programa se han establecido estrategias psicosociales dirigidas a la víctima, a la familia del ofensor y al ofensor, que tienen como propósito que los jóvenes asuman de manera responsable y honesta las consecuencias de sus actos, que reconozcan el daño que hayan podido causar a las víctimas en particular y a la comunidad en general y que se interesen por reparar el daño causado. Además, otra serie de actividades y estrategias de trabajo están encaminadas a lograr que los jóvenes reestablezcan sus vínculos sociales y se reintegren a la sociedad como ciudadanos activos y responsables que contribuyen al bien común de la sociedad. La idea central del programa es reducir las medidas sancionatorias y de privación de libertad de jóvenes, que de acuerdo a experiencias y estudios, con frecuencia significativa no llevan a la recuperación de los jóvenes, sino que aumentan las probabilidades de reincidencia y lograr, más bien, que estos jóvenes no caigan en una ruta que los lleve nuevamente a la delincuencia y la violencia, sino que puedan recuperarse. Además, trabajamos con las víctimas para identificar su afectación y necesidades, con el propósito de llevar a cabo un proceso de reparación genuino entre las partes. El trabajo con las víctimas es particularmente importante en los casos de violencia intrafamiliar. En muchos de los casos que hemos atendido es evidente que hay costumbres violentas arraigadas en los grupos familiares y comunitarios y que trabajar solo con los adolescentes no tiene el mismo efecto que cuando se invo-

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lucra a la familia. La idea es romper las cadenas de violencia y buscar que toda la familia se empeñe en encontrar el camino para superar una tradición cultural que hace frecuentes los maltratos y acciones violentas en el ámbito familiar.

Población objetivo

Atendemos a los adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente a quienes el Fiscal selecciona y el juez otorga el Principio de Oportunidad en la Modalidad de Suspensión de procedimiento a prueba, a sus familias y a las víctimas de los casos.

¿Cómo funciona?

Una vez el adolescente ofensor y la víctima firman acuerdos en la fiscalía, asisten a la audiencia y el juez otorga el principio de oportunidad con suspensión de procedimiento a prueba, las partes ingresan al programa donde son atendidos en las siguientes fases: Responsabilización: en lo que respecta al ofensor, se busca que reconozca el daño causado tanto a la víctima como a la comunidad, que aprenda a regularse emocionalmente, que desarrolle habilidades sociales y se prepare para un encuentro con la víctima con el objetivo de repararla. Durante la fase de responsabilización el ofensor realiza el Plan Restaurativo. Además se trabaja con la víctima en el reconocimiento de los conflictos que pueden estimular los actos de violencia, así como en el establecimiento de los daños generados por la acción del ofensor, y en la preparación para un encuentro con el ofensor (siempre y cuando exista la voluntad por las partes de realizar el encuentro). Reparación: se hacen encuentros víctima-ofensor mediante prácticas de justicia restaurativa formales que están validadas internacionalmente como: círculos de paz, conferencias familiares, paneles de víctimas, entre otras. Hay prácticas restaurativas informales como expresiones de afecto, actividades de colaboración y algunas propuestas por los mismos jóvenes. En el Programa se han elaborado herramientas pedagógicas con enfoque restaurativo con el objetivo de abrir espacios de reflexión y perdón. Cuando no hay una víctima directa, sino una persona jurídica o el Estado, o cuando la víctima directa no quiere encontrarse con el ofensor, se busca que el adolescente haga una reparación indirecta o simbólica, a través de diferentes estrategias artísticas y pedagógicas, a partir de una reflexión que lo lleve a reconocer que al dañar un bien público o privado perjudica a todas las personas. Reintegración: Se busca que el ofensor imagine y defina un proyecto de vida alejado del delito y la violencia y, en lo posible, les brindamos herramientas para que identifiquen el potencial que tienen para desarrollar al máximo su capacidad académica y laboral. Tanto en víctimas como en ofensores, el objetivo es lograr que conviertan el error que cometieron en una oportunidad para evaluar sus acciones y ver cómo mejorar sus conductas, que descubran diferentes posibilidades de participación y comunicación y formas de relación más positivas y constructivas.

Ruta y procedimiento de funcionamiento

Para que un joven sea vinculado al programa, el primer paso es que la Fiscalía seleccione el caso. El Fiscal es el responsable de solicitar al juez de control de garantías que se otorgue al joven/adolescente el principio de oportunidad con el mecanismo de suspensión de procedimiento a prueba durante un tiempo en el cual se espera que se cumplan los acuerdos establecidos. El proceso es el siguiente1: Pre – selección: El Fiscal determina los casos que podrán ser postulados para la aplicación del Principio de Oportunidad en la modalidad de suspensión de procedimiento a prueba, teniendo en cuenta criterios objetivos, y los comunica al equipo de acompañamiento de la Secretaría de Seguridad. Selección: Una vez seleccionado el caso, el Fiscal, la Defensoría de Familia especializada, la Defensoría pública especializada (o abogado de confianza) y el equipo de acompañamiento de la 1 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Alcaldía Mayor de Bogotá. Diálogo: justicia restaurativa para jóvenes. Bogotá, 2019.

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Secretaria de Seguridad, evalúan la viabilidad del ingreso de las partes a La Casita teniendo en cuenta criterios objetivos y subjetivos, según la competencia de cada entidad, y hacen la selección respectiva. Contacto con las partes: El Fiscal explica al ofensor y víctima en qué consiste la figura legal del PO y las cita a un encuentro. Encuentro con la víctima y el adolescente/joven ofensor: una vez citadas las partes, el Fiscal, la Defensoría de Familia Especializada, la Defensoría Pública Especializada y el equipo de La Casita, participan en el encuentro para lograr los acuerdos relacionados con la voluntad tanto de la víctima como del ofensor para participar en el proceso, efectuar los acuerdos restaurativos que deberán ser cumplidos a lo largo del periodo de suspensión a prueba; también se define el término de suspensión (que puede ser hasta de 3 años de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, sin embargo, la mayoría de los casos ingresan de 4 a 6 meses, con posibilidad de solicitar prórroga si el equipo del programa lo considera pertinente), y se firma un acta. Solicitud de asignación de cupo: El Fiscal solicita la asignación de un cupo en La Casita a la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente de la Secretaría de Seguridad. Audiencia de solicitud de Principio de Oportunidad (Control de legalidad): Una vez el Juez ha realizado en audiencia el control de legalidad para aplicar el PO y ha aprobado la legalidad del procedimiento, el equipo de profesionales de La Casita se contacta con el ofensor y la víctima para iniciar el proceso de Justicia Restaurativa con acompañamiento psicosocial. Proceso de atención en La Casita: tanto los jóvenes ofensores, sus familias y las víctimas (cuando se vinculan al proceso), reciben atención del área de trabajo social y de psicología, de manera individual y grupal, con el objetivo de facilitar el proceso de responsabilización (víctima y ofensor se preparan para los encuentros identificando las causas, el daño y las necesidades generadas a partir del delito), reparación (directa, indirecta y/o simbólica) y reintegración a la comunidad. También participan en talleres de creación artística y literaria para fortalecer los procesos de comunicación y de reparación simbólica. Como resultado se disminuye la estigmatización de los jóvenes, estos aprenden a resolver y superar en forma apropiada los conflictos en su vida diaria y en su familia, a tener una mejor relación con su ambiente y a definir proyectos de vida más positivos y saludables, entre otras cosas. Cese y/o reanudación de la acción penal: cuando el término de suspensión finaliza, el Fiscal solicita la audiencia para cese o reanudación de la acción penal según sea el caso. Seguimiento y mantenimiento: cuando termina el tiempo de suspensión, los profesionales de programa realizan un seguimiento al joven durante los seis meses siguientes. Se puede hacer de manera presencial, telefónica o con visitas domiciliarias (si se requiere) para garantizar el mantenimiento de los aprendizajes, fortalecer factores protectores y disminuir factores de riesgo.

Nuestra atención

Los jóvenes que se vinculan al programa, al llegar a La Casita, encuentran un equipo de apoyo con experiencia que incluye trabajadores sociales y psicólogos, así como profesionales de otras áreas que orientan las actividades artísticas y literarias. En diversos tipos de talleres, reuniones y discusiones, los jóvenes mejoran su capacidad para analizar sus conductas, descubrir sus habilidades personales, expresar sus sentimientos y definir y resolver sus conflictos. Aprenden así a apoyarse en sus propias cualidades para actuar, a tener en cuenta a los demás, a tratar de no perjudicar o dañar a otros y a hacer compatibles sus proyectos de vida con los derechos de otras personas y con las normas de vida social. Uno de los objetivos dominantes de la atención, que todo el equipo tiene siempre presente, es que los participantes desarrollen y adquieran herramientas que les permitan resolver sus problemas en forma adecuada y sin violencia y responder a las situaciones difíciles que enfrentan en su vida diaria de una manera más satisfactoria y que les permita vivir en forma adecuada en su comunidad. La experiencia indica que los participantes, muchas veces desarrollando sus cualidades propias preexistentes, aprenden a controlar las formas de reacción a situaciones de tensión, buscando resolver los conflictos en forma satisfactoria y controlando sus impulsos espontáneos. Una parte importante de la atención del área psicosocial se hace de manera individual, tanto con los adolescentes como con su familia o acudientes. Otra parte de la intervención, se hace me-

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diante actividades grupales que pretenden fortalecer sus habilidades comunicativas y que además le permite a los jóvenes poner sus problemas en perspectiva y oír los testimonios de otros jóvenes que han afrontado problemas similares.

Población atendida

Desde 2016 hemos atendido 383 ofensores, de los cuales 223 ya tienen el cese de acción penal, 241 víctimas personas naturales y 9 víctimas personas jurídicas. Se encuentran en proceso de atención en el término de suspensión 83 casos, en seguimiento 68 casos y 52 casos tienen acuerdos firmados y están a la espera de la audiencia de legalización de Principio de Oportunidad a partir de la cual ingresan al programa (noviembre 5-2019).

Nuestras metas de atención

El ingreso de los adolescentes y jóvenes al programa, como se indicó, depende de la selección del Fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y del otorgamiento del Principio de Oportunidad en suspensión de procedimiento a prueba por los Jueces penales para adolescentes. La capacidad instalada actualmente nos permite recibir entre 100 y 160 casos al año. La meta es seguir trabajando de manera conjunta con las entidades involucradas y lograr que cada vez se vinculen más jóvenes al programa.

Impacto que ha tenido el programa

El impacto mayor del programa, por supuesto, es la transformación en las formas de conducta de los ofensores. Esto supone que los jóvenes se van a relacionar de una mejor manera, contribuyendo a reducir el delito y fortaleciendo la convivencia armónica de los ciudadanos. Además, para lograr un impacto social y de comunicación, se han realizado doce jornadas de reparación simbólicas, a través de murales, canciones y talleres de arte en diferentes espacios de la ciudad (Casas de Justicia, Carabineros, CESPA , Casita, Canción sobre la familia). En el marco del fortalecimiento de un proyecto de vida alejado del delito y de fortalecer las competencias académicas de los jóvenes que ingresan al programa, a través de la articulación con Reconciliación Colombia se inició una prueba piloto de educación flexible con el colegio Teaching and Tutoring, donde actualmente se encuentran vinculados nueve jóvenes que no habían logrado adherencia a procesos académicos. Los nueve estudiantes han podido avanzar en ciclos académicos a partir de un programa educativo semipresencial y personalizado. Este proceso a permitido también, que estos jóvenes cumplan con algunos de los acuerdos establecidos por los jueces y fiscales donde les solicitan vinculación académica como factor protector para prevenir la reincidencia en el delito. La reincidencia en los jóvenes que han estado vinculados al programa es del 5%, la última revisión de reincidencia en el delito se realizó el 29 de mayo de 2019 encontrando solo 15 jóvenes con nuevas denuncias.

Productos y herramientas creadas para apoyar el programa

Para uso de los funcionarios vinculados al programa o de los interesados en su funcionamiento, La Casita: Justicia Restaurativa para Jóvenes, tiene una cartilla y un documento de sistematización realizado con la secretaria general en el Programa Bogotá Enseña Buenas Prácticas2. También, está a disposición el documento del programa dividido en cuatro tomos: marco teórico, ruta jurídica, proceso de atención, espacios restaurativos y caja de herramientas pedagógicas con enfoque restaurativo.3

Entidades vinculadas, convenios vigentes y atención comprometida

El ingreso de los usuarios a La Casita: Justicia Restaurativa para Jóvenes exige la participación de entidades como el Consejo Seccional de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, Tribuna2 Alcaldía de Bogotá. Programa de Buenas Prácticas. Bogotá Enseña: Una Buena práctica en Justicia Restaurativa para Jóvenes. Bogotá, 2019. 3 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Alcaldía Mayor de Bogotá. Diálogo: justicia restaurativa para jóvenes. Bogotá, 2019. https://scj.gov.co/es/justicia/di%C3%A1logo

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les y Juzgados, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En otros momentos del programa, participan entidades como el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON. Para fortalecer la coordinación de estas entidades, promover la Justicia Restaurativa y lograr la sensibilización a todos los actores del SRPA en este tema, La Casita, hace parte de la Mesa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, que es liderada por el Magistrado Héctor Peña, del Consejo Seccional de la Judicatura. De ella hace parte La Defensoría del Pueblo, ICBF, el Consejo Seccional de la Judicatura, Fiscalía, Tribunales, que es la coordinadora de jueces, la Secretaría Distrital de Integración Social, IDIPRON y la Policía de Infancia y Adolescencia. La mesa se creo a partir del Comité de Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal Adolescente – Decreto 420 de 2017, (así como se crearon las mesas de salud, infraestructura, seguridad, prevención, información y educación). Este Comité está presidido por la Secretaría de Seguridad y la secretaría técnica está a cargo del ICBF. El comité se reúne cada dos meses para revisar los avances y hacen seguimiento a los planes de acción de las mesas técnicas. Adicionalmente, La Casita ha logrado articularse con el Programa de Mitigación de IDIPRON, para disminuir el consumo de SPA en jóvenes que ingresan con esta problemática. Gracias a esto, muchos usuarios han logrado disminuir la ansiedad y el poli consumo, lo cual permite fortalecer proyectos de vida con estilos de vida saludables y alejados del delito. Adicionalmente, algunas empresas vinculadas a los ambientes comerciales en los que se cometen algunas de las infracciones de los jóvenes (hurto, principalmente), se han vinculado a este programa, tanto para mejorar su forma de tratar a los infractores y vincularlos al programa, como para hacer campañas generales de sensibilización. Entre estas se encuentran Alto Colombia, Éxito y Olímpica. Actualmente, se encuentran 42 jóvenes vinculados al Programa que terminan su proceso en el año 2020. De igual manera, en caso de entrar los 68 casos que se encuentran entre las fases de selección y de firma de encuentro víctima ofensor, tendríamos un total de 99 casos vinculados para el 2020.

Nuestro equipo

Actualmente el Programa cuenta con un equipo técnico que se encarga de realizar las diferentes tareas de acuerdo con las siguientes especialidades: Coordinador(a): profesional psicosocial o jurídico encargado de gestionar y mantener la articulación interinstitucional, organizar el equipo de atención, realizar las gestiones pertinentes para articular, posicionar y cumplir con los objetivos del programa, establecer las metas (cuando sea necesario) y reportarlas. También gestionar los espacios para la realización de las reparaciones simbólicas. Enlace CESPA: profesional jurídico encargado de articular con las diferentes autoridades judiciales y administrativas específicamente en cuanto a la ruta jurídica desde la selección de casos hasta el ingreso de las partes al programa. Equipo Psicosocial Programa: tiene como función principal el acompañamiento a los ofensores, víctimas, familia y comunidad durante el proceso seguido en el programa. Esta función implica la valoración inicial por áreas (Trabajo Social y Psicología), formulación y seguimiento al Plan de Integral Restaurativo, la intervención al ofensor y a la víctima, y la facilitación de prácticas restaurativas para la resolución de conflictos derivados del delito. Asistente administrativo: tiene como función elaborar acciones administrativas como base de registro, gestión documental y labores administrativas para el Programa y equipo de defensoría de familia. Equipo técnico de restablecimiento de derechos: tiene como función brindar acompañamiento a los procesos de restablecimiento de derechos llevados a cabo por la defensoría de familia. Se recomienda que sea un equipo propio del Programa. Debe estar compuesto por mínimo un trabajador social y un psicólogo.

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Programas anexos

Una de las líneas de acción derivadas de La Casita, es el fortalecimiento de la conciliación entre los jóvenes, para ello tenemos dos estrategias: En primer lugar, mediante el apoyo a la Fiscalía (Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente) en la organización y realización de jornadas de conciliaciones masivas. Una vez los fiscales seleccionan los casos, apoyamos haciendo las llamadas telefónicas a la víctima y al ofensor con el fin de convocarlos a la audiencia de conciliación. El día de la jornada, durante unos sesenta minutos antes de la conciliación, la Dirección de Responsabilidad penal Adolescente realiza una actividad de sensibilización a los participantes (víctimas, ofensores y padres de familia) sobre aspectos esenciales de la justicia restaurativa y de la conciliación. De esta manera se busca brindarles elementos para la reflexión que les ayuden a abordar la conciliación de manera más constructiva. Se hace énfasis, por ejemplo, en: la responsabilización, la reparación y la reintegración; el papel protagónico que deben asumir los jóvenes y adolescentes en su propia vida en general y en la conciliación en particular; el papel de la familia como apoyo emocional y en el fortalecimiento de habilidades para la vida; los beneficios de la conciliación: el cierre del proceso judicial, el tránsito a cosa juzgada y el mérito ejecutivo; la posibilidad de dar por terminado el conflicto e incluso de reconstruir relaciones sociales rotas. En estas jornadas de conciliación hemos empezado a involucrar a conciliadores en equidad que trabajan voluntariamente bajo la coordinación de la Dirección de Acceso a la Justicia. Ellos, al igual que profesionales de la DRPA, abordan a las partes en conflicto que van a conciliar y empiezan a preparar el terreno para la intervención del fiscal en su calidad de conciliador. Este apoyo ha sido muy bien recibido y valorado por los fiscales. En segundo lugar, el fortalecimiento de la conciliación se realiza en colegios, en situaciones que la Ley 1630 de 2013 denomina tipo III (delitos) y que son querellables. Se ha diseñado para ello un protocolo que implica un trabajo interinstitucional entre Fiscalía, DRPA, Secretaría de Educación Distrital (SED) y colegios. Seleccionado el caso por la Fiscalía, la DRPA (con apoyo de la SED) contacta al rector para enterarlo del caso y del programa y verificar si los estudiantes víctima y ofensor son estudiantes del colegio; en caso de serlo, por su intermedio se convoca separadamente al ofensor y a la víctima (con sus respectivos representantes legales) para enterarlos del programa y solicitar su consentimiento informado para participar en el proceso restaurativo. El proceso se lleva a cabo paralelamente y por separado con las partes, con acompañamiento del comité escolar de convivencia del colegio, a lo largo de varias sesiones. Cuando ambas partes están listas para encontrarse, se prepara y se programa una práctica restaurativa (generalmente una conferencia de grupos familiares), en la cual se habla de la situación, de los daños que causó y se concreta un acuerdo restaurativo. En esta reunión participa activamente el fiscal del caso, en ejercicio de su atribución para conciliar. De lograrse un acuerdo, se cierra el proceso restaurativo por parte de la DRPA y el proceso judicial por parte del fiscal. A partir de este cierre, queda bajo la responsabilidad del comité escolar de convivencia realizar el seguimiento del caso.

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Centro de Atención Especializada Bosconia E

l Centro de Atención Especializado Bosconia se abrió en el año 2012 como una respuesta del Distrito (en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno), para reducir los problemas de hacinamiento que entonces se presentaban en los centros de atención para medidas y sanciones privativas de la libertad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la ciudad. Desde la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente asumió la financiación y la supervisión del Centro de Atención Especializado Bosconia, que es operado por la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Este CAE tiene cincuenta cupos para adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad en el marco del proceso de responsabilidad penal para adolescentes. El CAE Bosconia funciona en la Calle 20 No. 18B–18.

Nuestro objetivo

Lo que se busca con el centro es atender a los adolescentes y jóvenes que cumplen una sanción privativa de la libertad siguiendo un modelo de atención de carácter restaurativo y pedagógico que tiene como meta prevenir la reincidencia en el delito, que los jóvenes reconozcan y reparen el daño que hayan podido causar y que fortalezcan su proyecto de vida de forma positiva para que al cumplir su sanción se reintegren a la sociedad de forma activa.

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Objetivos específicos

Para lograr este ambicioso objetivo, procuramos que los adolescentes y jóvenes que cumplen sus sanciones en Bosconia puedan: 1. 2.

4. 5.

Tomar consciencia sobre las consecuencias del delito y el daño que genera y sobre la necesidad de reparar a la víctima, a sus familias y a la comunidad que pudo verse afectada. Desarrollar capacidades y habilidades alternativas, para el fortalecimiento de su proyecto de vida. Esto lo hacen mediante la formación complementaria en educación y desarrollo de habilidades. Tener una actitud de convivencia, basados en la confianza y el respeto por el ser humano, que les permita superar los conflictos en sus familias y en sus medios sociales sin recurrir a la violencia. Fortalecer las redes de apoyo familiares y sociales para garantizar que los procesos que se inician en el CAE continúen una vez cumplan con su sanción. Tener una oferta cultural amplia que contribuya a su formación y al desarrollo de sus capacidades reflexivas, de autoconocimiento y de control: aprenden así a analizar el ambiente en el que viven y a buscar estrategias para superar y enfrentar los conflictos que no sean destructivas para ellos ni para los demás.

Para lograr estas metas, los programas ofrecen condiciones óptimas de alojamiento, alimentación y atención en educación y salud, siguiendo al pie de la letra los rigurosos estándares fijados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Justificación del programa

Aunque el CAE Bosconia comenzó como respuesta a los problemas de hacinamiento carcelario en el Distrito, con el tiempo, fue ampliando sus objetivos. Hoy, además de atender la demanda de cupos, aplica un modelo de atención especializado en este grupo poblacional que tiene en cuenta las condiciones personales y familiares de los jóvenes y que busca, sobre todo, que durante su período de privación de la libertad desarrollen al máximo sus capacidades para vivir en sociedad. Se espera, de este modo, reducir los niveles de reincidencia en el delito. Este objetivo específico puede producir resultados sociales muy valiosos, en la medida en que estos jóvenes, en vez de recaer en conductas delictivas, se convierten en agentes de formas activas y reflexivas de convivencia, y promueven en la sociedad la búsqueda de soluciones positivas al conflicto. Es decir, que no solo se tiene impacto por la disminución de la reincidencia de los jóvenes participantes, sino por su efecto sobre el ambiente social.

Nuestra atención

La atención que reciben los jóvenes en el CAE Bosconia tiene un enfoque restaurativo. Esto quiere decir que se busca en primer lugar lograr que los jóvenes reflexionen sobre sus conductas y aprendan a identificar el impacto que sus actos tienen en sus vidas, en las de su familia y en las de los demás. De este modo se hacen conscientes del daño que han podido causar y adoptan diferentes acciones que buscan reparar ese daño y restaurar los lazos sociales rotos. Al reconocer sus propias motivaciones y pensar en su historia personal, aprenden a desarrollar formas positivas de acción; al reflexionar sobre el daño causado a otros aprenden a buscar caminos más positivos para lograr sus objetivos de vida, y al pensar en el impacto social de sus conductas descubren que su forma de actuar influye sobre los niveles de convivencia y tranquilidad de su ambiente social. Todas estas líneas de acción confluyen en la búsqueda de una estrategia de vida, de un proyecto de vida con un sentido constructivo. Para lograr esto, todos los jóvenes que son enviados al CAE Bosconia reciben una oferta cultural y educativa que busca desarrollar sus capacidades en el sentido más amplio. Además de programas con objetivos precisos de formación, todo el ambiente, cultural o lúdico, formativo o recreativo, busca despertar su curiosidad por el conocimiento, por el arte, el deporte y la recreación y busca ayudarles a descubrir y desarrollar su creatividad.

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En los casos en que la familia de los jóvenes es una red de apoyo positiva, usamos estrategias diseñadas por el equipo psicosocial para reestablecer los vínculos, mejorar la comunicación y fortalecer relaciones no violentas. Cuando los jóvenes no cuentan con una red de apoyo familiar, trabajamos para fortalecer los vínculos sociales y comunitarias que puedan servir de apoyo una vez cumplan su sanción. Con el apoyo del equipo psicosocial, desarrollamos actividades como círculos restaurativos, procesos pedagógicos individuales y grupales, actividades de integración familiar, talleres para facilitar la expresión de emociones y actividades que promueven el respeto a la identidad y la diversidad. Todo esto busca promover el diálogo y la reflexión en grupo. El enfoque de la atención se basa en los intereses, necesidades y contextos de los jóvenes, para lograr que se interesen por el proceso. Además, para mantener un ambiente apropiado, buscamos que en el CAE haya un ambiente de participación, fortalecimiento de la vida espiritual y respeto por la diferencia. Finalmente, para fortalecer el proceso de atención psicosocial de los adolescentes y jóvenes, se ha venido desarrollando el programa de entrenamiento en habilidades socio emocionales Cuenta Hasta Diez para la prevención de conductas violentas y reincidencia en el delito.

Población objetivo

Como ya se señaló, la población atendida se compone de adolescentes y jóvenes entre los 14 y los 26 años, que han cometido delitos antes de cumplir los 18 años y han sido declarados penalmente responsables por una autoridad judicial competente, que los sanciona con privación de libertad, por un tiempo máximo de ocho años.

Ruta de atención

El CAE Bosconia, funciona en el marco de los lineamientos técnicos establecidos por el Proyecto de Atención Institucional del Operador Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de nuestra Señora de los Dolores. Estos lineamientos están aprobados por el ICBF, y han sido desarrollados por los diferentes procesos de fortalecimiento y consolidación hechos por el Distrito. De este modo, el operador, el ICBF y el Distrito colaboran en el desarrollo del modelo. A partir de la sentencia de conocimiento de un juez penal, que ordena una sanción de privación de la libertad, el Defensor de Familia, en el ICBF, con el apoyo de los equipos psicosociales del operador, determina en que CAE debe cumplirse la sanción ordenada por el juez. Para ello toman en cuenta las características personales y familiares del joven sancionado y emiten la orden de remisión al centro respectivo. A partir del ingreso en el CAE Bosconia, los adolescentes o jóvenes sancionados, comienzan un proceso personalizado, que tiene presente sus condiciones personales, familiares y sociales y que se enmarca en las fases que el modelo de atención diseñado por el ICBF plantea. El equipo psicosocial determina el proceso individual de los jóvenes, evalúa el cumplimiento de sus compromisos y lo reporta al defensor de familia y al juez de conocimiento penal, que además se encarga de evaluar el cumplimiento de los jóvenes frente a sus compromisos. A partir de estos criterios, las autoridades judiciales pueden adoptar decisiones respecto al proceso penal y el seguimiento a la sanción, como permiso de estudio extramural, permisos extraordinarios de salida al entorno familiar, salidas a actividades culturales o académicas. Cuando los jóvenes participan activamente en su proceso de reinserción social, pueden tener el permiso para cursar estudios superiores y recibir apoyo financiero para cubrir gastos de matrícula y transporte a sus lugares de estudio. Desde el año 2016 50 jóvenes han cursado estudios técnicos y profesionales usando este beneficio. Cuando los jóvenes logran cumplir las metas escolares y de comportamiento, son capaces de reconocer el daño causado y buscan alternativas de vida alejadas del delito y orientadas al respeto por el otro y al fortalecimiento de su proyecto de vida como individuos autónomos y productivos, el juez, bajo su propio criterio, puede sustituirles la sanción y permitirles regresar a sus casas, con ciertos compromisos. A la fecha, 83 adolescentes y/o jóvenes del CAE Bosconia han sido beneficiados con esta medida.

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Población atendida

A partir de la creación de la SDSCJ, y concretamente a partir del momento en que le fue subrogado el Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 282 de 2016 (noviembre de 2016), para a la atención de 50 cupos a noviembre 6 de 2019, han pasado por el CAE 189 adolescentes y/o jóvenes sancionados en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Impacto que ha tenido el programa

En febrero de 2019, se verificó con el SPOA de la Fiscalía General de la Nación la existencia de nuevas noticias criminales contra los adolescentes y jóvenes que estuvieron en el CAE Bosconia entre el 1 de enero de 2018 y el 28 de febrero de 2019, encontrando que de los 110 adolescentes y/o jóvenes que pasaron por el centro, solo 2 presentaron registro por nuevos ingresos al sistema, siendo esta una señal clara del fortalecimiento del proceso de atención en el CAE. Es un indicador del cumplimiento de los objetivos de reinserción social, más aún considerando el reporte de la Fiscalía General de la Nación, según el cual, “para 2018 se identificaron un total de 748 reincidencias en Bogotá, con un promedio de una a dos por adolescente”.1 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Lineamiento de servicios para medidas y sanciones del proceso judicial SRPA refiere a Bosconia como una estrategia de atención en pre-egreso que hace especial énfasis la atención que reciben los jóvenes: “propendiendo por el fortalecimiento de su autonomía, madurez y responsabilidad frente a su conducta y materialización de su sentido y proyecto de vida”.2

Articulación institucional

Para el desarrollo de estos programas, la Secretaría busca establecer mecanismos de coordinación y colaboración con otras instituciones. A continuación, se señalan algunos de ellos: La operación del CAE Bosconia se ha hecho en permanente coordinación con el ICBF, quien, como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y responsable de los lineamientos técnicos del Sistema, ha brindado la asistencia técnica permanente tanto a los operadores como a los equipos de seguimiento del proceso y ha facilitado que los jóvenes participen de los programas que estableció para garantizar el restablecimiento de derechos y el acceso a oportunidades de formación académica (Proyecto Sueños Educación Superior) y para trabajo (Sena). La Secretaria de Educación Distrital, en cumplimiento del decreto 2383 de 2015, garantiza la educación básica primaria y secundaria de los jóvenes privados de la libertad en el CAE Bosconia, a través de una formación flexible, que está diseñada de manera especial para la población vinculada al sistema, a través de ciclos de formación que buscan garantizar la educación como pilar del proceso pedagógico y restaurativo que se adelanta. En colaboración con la Procuraduría General de la Nación se implementó con los adolescentes, jóvenes, víctimas y sus familias el proyecto Restauravidas en el marco del pacto por la humanización de los sistemas de privación de la libertad en Colombia. Gracias al apoyo de la Policía de Carabineros se ha logrado avanzar con el acompañamiento de policías acompañados de perros entrenados durante las visitas de familias y parejas al CAE, con el fin de prevenir el ingreso de sustancias prohibidas. En el marco del Convenio Interadministrativo No. 810 de 2019 suscrito entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Instituto Distrital para las Artes (IDARTES), se vienen realizando talleres creación artística, orientados a la formación, experimentación y creación en artes electrónicas, teatro y danza. Durante 2019 se han hecho 43 sesiones de trabajo con los jóvenes del CAE. En el marco del Convenio Interadministrativo No. 141 de 2019 suscrito entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el CAE tiene ahora un punto de lectura con cerca de quinientos libros para el uso de los jóvenes y los docentes. 1Fiscalía General dela Nación. Seccional Bogotá. Jefatura de Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes. D.S.F.B.- U.R.P.A.- Oficio 00031 del 5 de febrero de 2019. Rad. 2019-541-006505-1 7 feb. 2019. 2Lineamiento de Servicios para Medidas y Sanciones del Proceso Judicial SRPA Subdireccion de Responsabilidad Penal ICBF. Adoptado mediante Resolución No. 1521 de 2016, Mod Resolución No. 5667 de 2016, Resolución No. 14609 de 2018. LM14.P 12/04/2019 Versión 2 Pág. 127 de 189. https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm14.p_ lineamiento_de_servicios_para_medidas_y_sanciones_del_proceso_judicial_srpa_v2.pdf

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Además, hay talleres regulares de promoción de lectura, cine club, creación literaria y sensibilización artística. A estas actividades han asistido autores de libros, fotógrafos y artistas que han trabajado con los jóvenes. Se han hecho también talleres de circo que han entusiasmado a los jóvenes.

Apoyo a otros Centros de Atención Especializada

Durante esta administración hemos apoyado a los CAES que dependen directamente del ICBF en varios aspectos: Fortalecimiento de seguridad. Para mejorar la seguridad en el acceso a los CAES, la SDSCJ instaló detectores de metales en las diversas instalaciones a cargo del ICBF y apoyó los días de visita con el acompañamiento de policía y perros entrenados en la detección de sustancias prohibidas. La dirección de RPA de la SDSCJ elaboró, además, una propuesta de modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia, 1098 de 2006. Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones los centros de atención del SRPA La recolección de basura, mantenimiento de los centros, poda de árboles, iluminación, etc. Se han desarrollado de común acuerdo con las entidades pertinentes. Código de Policía y Convivencia: La SDSCJ hizo varias actividades para divulgar entre los adolescentes y jóvenes de los CAE las normas de convivencia, respeto a la autoridad, tolerancia y respeto. Capacitación a funcionarios. La Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente, con la Fiscalía General de la Nación, capacita a los operadores y formadores de los CAE en los procedimientos que deben seguir si se comenten delitos en los centros, para guardar las evidencias y garantizar la legalidad de los procesos judiciales que surjan. Para ello se diseñó e imprimió una cartilla de orientación. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: La DRPA ha divulgado en los colegios del Distrito, a profesores y estudiantes de grados 5 a 11, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, para explicar su finalidad y su enfoque restaurativo. Convenio con IARTES. La SDSCJ y el Instituto Distrital para las Artes (IDARTES), celebraron el Convenio Interadministrativo 0810 de 2019, para promover acciones artísticas que puedan apoyar los objetivos del programa, como talleres de artes plásticas, artes electrónicas, teatro, música, danza y creación literaria. Para los adolescentes y jóvenes del SRPA se están dictando talleres en creación literaria, danza, teatro, audiovisuales, artes plásticas y música. Apoyo del Jardín Botánico. La SDSCJ ha buscado que la diversa oferta de servicios del distrito llegue a las unidades de atención del SRPA. En particular, el Jardín Botánico ha apoyado eventos sobre seguridad alimentaria, contaminación, producción orgánica de alimentos y otros aspectos relacionados, y contribuyó a crear una huerta en El Redentor con los mismos objetivos, que además utiliza los residuos de jardinería del complejo para la producción de abonos. Como una forma de reparación de la comunidad, los jóvenes de El Redentor están desarrollando programas de arborización en espacios públicos y en las unidades de atención.

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Modelo para la prevención de la reincidencia delictiva de adolescentes y jóvenes infractores

on varios los retos que enfrenta el SRPA para que el proceso de atención a los adolescentes y jóvenes tenga el efecto esperado. Diversos estudios señalan un agotamiento del modelo de atención1 donde se resalta que, el sistema no fue calculado para manejar sanciones extre-

madamente largas; existe una baja adherencia de los mayores de 18 años y no se han desarrollado en forma adecuada programas de justicia restaurativa que permitan que los jóvenes comprendan y asuman el daño causado con las conductas delictivas.2 La experiencia que hemos tenido en los diferentes centros privativos y no privativos de la libertad y en La Casita nos ha servido para hacer un profundo análisis de las fallas y aspectos en la prestación del servicio que se pueden mejorar en el modelo de atención con el que actualmente operan los centros. Uno de los resultados de nuestra gestión es el diseño y desarrollo de un modelo de atención que sigue caminos diferentes para la atención de las víctimas y la de los adolescentes y jóvenes ofensores y sus familias. Dicho modelo3 supone poner en marcha: • • •

•

Un programa de educación formal (primaria y bachillerato) ajustado al Decreto 2383 de 2015. Un modelo de atención de adicciones y consumos problemáticos de psicoactivos, validado por el Ministerio de Salud. Un programa de desarrollo personal centrado en el arte, la cultura y los deportes, que fortalezca la capacidad de recuperación de los usuarios. Aquí es importante la implementación de Cuenta Hasta 10, dado que hemos visto los beneficios que tiene en los adolescentes y jóvenes. Un programa de inclusión social y productiva que permita que durante el tiempo de sanción los adolescentes adquieran herramientas para configurar un proyecto de vida alejado del delito y el crimen. Un programa de atención y seguimiento a los usuarios que han retornado a la libertad o concluido su programa.

1 DANE, 2009, Procuraduría General de la Nación, 2012 y 2015, Defensoría del Pueblo 2015. 2 Tomo I, Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 “Bogotá Mejor para Todos” página 279. 3 Tomo I, Plan Distrital de Desarrollo 2016 - 2020 “Bogotá Mejor para Todos” página 285.

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Con todos estos elementos, proponemos un modelo de atención que evite la reincidencia, brinde orientaciones de tipo preventivo de la mano de las autoridades competentes y que busque que los adolescentes y jóvenes reconozcan que el efecto causado por su conducta no solamente los daña a ellos mismos y a sus familias sino también a sus víctimas, a la comunidad y a la sociedad en general. Teniendo todos estos elementos en cuenta, la SDSCJ ha hecho un gran esfuerzo institucional encaminado a superar las fallas y limitaciones en el manejo, planeación y puesta en acción del SRPA, mediante la construcción del Modelo de Atención para los Adolescentes y Jóvenes sancionados con privación de la libertad. Para la construcción del diagnóstico aplicado en el Modelo Distrital se revisaron los informes de órganos de control y otros diagnósticos del SRPA. Estos informes y diagnósticos se refieren a problemas de infraestructura y administración, seguridad, talento humano, capacidad institucional y articulación interinstitucional, entre otros. Además, se efectuaron entrevistas semiestructuradas4 y se constituyeron grupos focales con los adolescentes5. De igual forma, se realizó una revisión juiciosa de la documentación sobre experiencias nacionales e internacionales, desde la perspectiva psicológica, social, emocional, legal y criminológica para reunir las experiencias exitosas, aprender de ellas y reproducir las acciones ajustadas al contexto colombiano. Siempre estuvo presente la necesidad de materializar la justicia restaurativa brindando formas de atención distinta, y la participación decidida y comprometida de las diferentes instancias involucradas, lo cual demanda una permanente articulación intra e interinstitucional, jalonada por el Comité de Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Este modelo basado en la filosofía restaurativa se desarrolla a través programas que responden al perfil de adolescentes y jóvenes basado en sus necesidades y contexto criminal o violento, enmarcado en la articulación interinstitucional, la infraestructura, el talento humano especializado y la gestión administrativa; cumpliendo así el sentido pedagógico, específico y diferenciado que pretende el SRPA. La atención inicia con el perfilamiento a partir de aspectos individuales, familiares y de contexto que identifique los riesgos y necesidades asociadas al delito que propician las conductas delictivas, como la detección de adicciones y enfermedades psiquiátricas que dificulten la adherencia al proceso de atención. Con el perfil de los usuarios, el equipo especializado determina la ruta de atención diferencial en cada caso, vinculándolo a programas específicos.

Campo Verde

Por último, parte del éxito del modelo de atención propuesto, involucra la necesidad de combinar adecuadamente seguridad y tratamiento, razón por la cual la SDSCJ adelanta la construcción del nuevo CAE Campo Verde, que tendrá 150 cupos para desarrollar atención a adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad. Su puesta en marcha debe estar sustentada en un plan de contratación que incluya la vinculación y capacitación del talento humano, la planeación de los servicios, las rutinas operativas y la dotación apropiada que permitan hacerlo sostenible. Así mismo una vez inicie la operación se requiere la implementación del Sistema Integrado de Gestión (gestión de calidad, gestión ambiental, seguridad informática, seguridad y salud ocupacional y gestión documental).

4 Se entrevistaron; funcionarios de la Dirección Responsabilidad Penal Adolescente de la SDSCJ, profesionales de La Casita: Justicia Restaurativa para Jóvenes, funcionarios del IDIPRON, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Defensor de familia y Fiscales Delegados ante los Jueces Penales para adolescentes del Centro de Servicio Judiciales para Adolescentes -CESPA-, funcionarios del CTI de la Fiscalía, Defensor público de adolescentes, funcionarios de la Regional Bogotá del ICBF, Jueces penales para adolescente con función de control de garantías y de conocimiento. 5 Forjar Ciudad Bolívar, Forjar Rafael Uribe Uribe, Forjar Suba, Centro de Atención Especializado –CAE- IPSICOL Hogar Femenino, Internamiento Preventivo mujeres, CAE IPSICOL Jóvenes, CAE FEI Adolescentes, CAE Belén, CAE Bosconia, Asociación Colombiana de Jóvenes –ACJ- y Oficina de Pastoral para la Niñez y la Familia -OPAN.

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Cuenta hasta 10 ¿Cómo empezamos?

Cuenta hasta 10 es un programa de entrenamiento en habilidades socioemocionales para los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley y sus familias. A través de talleres basados en intervenciones cognitivo-conductuales se promueven ejercicios de regulación emocional y de evaluación, para la toma de decisiones, cuyo propósito es reducir las conductas de riesgo relacionadas con la violencia y el delito. Cuenta hasta 10 se creó siguiendo y adaptando el programa Becoming a Man (BAM) desarrollado por Urbans Labs de la Universidad de Chicago, el cual ha sido probado y adoptado tanto en México (a través del programa PODER del Banco Mundial), como en Liberia (Sustainable Transformation of Youth in Liberia-STYL). La adaptación para Colombia incluye elementos innovadores que no contemplan BAM, PODER y STYL, como es el protocolo de refuerzo en matemáticas con especial énfasis en el desarrollo del pensamiento lógico matemático y el protocolo de atención a las familias de los adolescentes y jóvenes beneficiarios. Se comenzó a aplicar en agosto de 2017 en el Centro de Atención Especializado El Redentor, en el marco del convenio suscrito entre la SDSCJ y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a través del operador AMUTA. La selección de los adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa se basó en elegir aquellos con mayor probabilidad de involucrarse en redes criminales o actos delictivos y con factores de riesgo como desescolarización, ambientes violentos y familias desarticuladas. Adicionalmente, se identificaron y priorizaron posibles subgrupos poblacionales del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente – SRPAque por sus factores de riesgo tuvieran una alta probabilidad de reincidencia o reingreso al sistema.

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Nuestros objetivos

El objetivo primordial de Cuenta Hasta 10 es brindarles a los adolescentes y jóvenes del SRPA herramientas para mejorar y fortalecer las habilidades sociales y emocionales que les permitan resolver sus conflictos de forma pacífica, a través de diversos mecanismos de acción, entre los que se destacan: • • •

Talleres que le permitan a los asistentes comprender la función adaptativa de las emociones con base en el Ciclo PEC (pensamiento, emoción y conducta). Entrenamiento de participantes en habilidades de regulación emocional basadas en evidencia. Ejercicios y actividades que sirvan para practicar habilidades sociales concretas, como comunicación asertiva y solución de problemas.

Finalmente, el programa busca que los participantes asimilen la importancia de las habilidades adquiridas en el programa y que logren ponerlas en práctica en su vida diaria.

Justificación del programa

La aprehensión de adolescente se ha reducido de forma considerable en los últimos años (ver tabla), el hecho de que al menos el 6% de los capturados sean menores de 18 años, sigue siendo un reto para que las administraciones locales y nacionales continúen realizando esfuerzos para reducir la participación de menores de edad en delitos y actos violentos.

Total aprehensiones adolescentes Año

Total

Adolescentes

% de Adolescentes del total

2013

53,598

6,479

12%

2014

53,556

5,529

10%

2015

47,189

4,786

10%

2016

37,685

3,316

2017

37,862

2,710

2018

44,477

2,723

2019 (Enero-Septiembre)

32,578

1,912

Fuente: SIEDCO

Los delitos en los que más jóvenes se ven implicados son el hurto a personas (42% para el 2018), el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (20% para el 2018) y el hurto a entidades comerciales (9% para el 2018). En muchos de estos casos, los menores implicados están siendo usados por adultos. Estas cifran hacen evidente la necesidad de crear estrategias y programas enfocados en disminuir la delincuencia juvenil y en proteger a los adolescentes y jóvenes de bandas y delincuentes que quieran aprovecharse de ellos. La atención que necesitan los adolescentes y jóvenes debe estar pensada específicamente para ellos, deben contar con espacios para la reflexión, para expresar sus sentimientos y para aprender a tomar decisiones que no pongan en riesgo su bienestar y su desarrollo como ciudadanos activos y con un proyecto de vida armonioso con la sociedad, cuando es así, las intervenciones con este grupo poblacional pueden prevenir conductas delictivas y violentas de largo plazo. Uno de los factores asociados a la comisión del delito, así como a la reincidencia en el mismo, es la reacción impulsiva y la falta de habilidades para manejar las emociones, en especial en los

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delitos inesperados o que se cometen al presentarse una ocasión que los facilita, o la participación en riñas o actos violentos. Por eso la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia diseñó el programa Cuenta Hasta 10, que responde específicamente a prevención de la vinculación o reincidencia de los adolescentes y jóvenes de la ciudad a conductas delictivas y violentas.

Población objetivo

El programa Cuenta Hasta 10 trabaja con población del SRPA bajo medidas privativas o no privativas de la libertad. Hemos atendido a los adolescentes, jóvenes y familias del SRPA y a aquellos en los que los factores de riesgo de vinculación al crimen son más evidentes: deserción escolar, desigualdad social, familias disfuncionales y ambientes violentos. Dados los buenos resultados que ha tenido entre la población atendida, durante el 2019 la atención se ha ampliado a adultos privados de la libertad o en detención transitoria y cuya atención depende de la SDSCJ. Es así que se diseñó un protocolo de doce sesiones para la Cárcel Distrital y la Unidad de Reacción Inmediata URI de Puente Aranda, el cual se implementó a partir del 1 y 5 de marzo del 2019, respectivamente.

¿Cómo funciona?

Hemos identificado cuatro tipos de población objetivo y para cada uno de ellos se ha elaborado un protocolo que define su estructura y secuencias de trabajo: i.

Para adolescentes y jóvenes privados de la libertad (22 sesiones con adolescentes y jóvenes y tres con sus familias). ii. Para adolescentes y jóvenes que están cumpliendo medidas no privativas de la libertad (12 sesiones con adolescentes y jóvenes y dos con sus familias). iii. Para adultos privados de la libertad o en privación preventiva (12 sesiones con personas privadas de la libertad y dos con sus familias). iv. Protocolo de matemáticas para CAE (13 sesiones con adolescentes y jóvenes) cuyo objetivo principal es desarrollar competencias y habilidades de pensamiento lógico matemático para resolver situaciones cotidianas. Los protocolos están basados en los principios de la terapia cognitivo conductual e incluyen otras estrategias de relajación, respiración y reflexión. Durante la intervención se busca lograr que los jóvenes puedan identificar sus emociones y ver cómo inciden en la toma de decisiones; que usen sus emociones para comunicarse de forma asertiva y para resolver sus conflictos y, además, que puedan ver en perspectiva cómo decisiones tomadas a la ligera o sin reflexión pueden afectar el plan de vida individual de forma drástica y a largo plazo. Los talleres se realizan dos veces por semana con una duración que varía entre una y dos horas. Los grupos se conforman entre un mínimo de 10 y un máximo de 15 participantes, buscando poder garantizar la compresión de cada tema y/o habilidad. Para los CAE se realiza una sesión al mes con las familias o referente afectivo de los adolescentes y jóvenes, mediante un ejercicio de corresponsabilidad. Para los centros no privativos y protocolos de Cárcel Y URI se realizan dos talleres a lo largo de la implementación de acuerdo con la dinámica de cada centro. El programa es liderado, diseñado y ejecutado por psicólogos con posgrado que tienen amplio conocimiento en terapia cognitivo conductual, experiencia con la población adolescente y joven, y que están en constante entrenamiento sobre los talleres y temas del programa. El programa se desarrolla en centros privativos y no privativos de la libertad. Los privativos: Centros de Atención Especializada (CAE); Centros de internamiento preventivo; Centros Transitorios; Cárcel Distrital; URI de Puente Aranda. Los no privativos: Asociación Cristiana de Jóvenes (AJC), los tres Centros Forjar oportunidad y cambio, y los centros Oficina de Pastoral para la niñez y la familia (OPAN).

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Al finalizar cada programa se realiza una ceremonia de cierre para los participantes (adolescentes, jóvenes, adultos y sus familias) a quienes se les certifica su participación.

Ruta de funcionamiento

Nuestro interés es trabajar en armonía con las instituciones y centros de atención y lograr que la implementación de Cuenta Hasta 10 beneficie a quienes reciben los talleres, pero que su aplicación contribuya también a reducir las tensiones y riñas dentro de las instituciones. Así que nuestro primer paso es definir junto con la institución el programa que se va a desarrollar y acordar los aspectos a tener en cuenta en la implementación: tiempo de la sanción, situación del grupo a atender, evaluación de las ofertas culturales y educativas disponibles para los usuarios, interés de participación en el programa. La experiencia ha mostrado que para que el programa sea exitoso es importante que las decisiones se tomen en forma consensual. Una vez hechos los acuerdos fundamentales se definen aspectos prácticos, como diligenciar el formato de Ingreso a Cuenta hasta 10 con la lista de participantes seleccionados por el centro. También se definen los horarios del programa, de modo que no interfiera con las actividades propias del centro (académica, talleres), y se hace un cronograma de trabajo. Es importante también presentar el programa a los usuarios y a sus familias, motivándolos a participar y despejando las dudas que puedan surgir. Una vez establecido el grupo, cada asistente debe diligenciar una constancia de consentimiento informado para certificar la autorización de participación en el programa. Nuestros profesionales hacen una entrevista con cada uno de los integrantes, como primera forma para crear confianza y reconocimiento del psicólogo implementador. La entrevista busca conocer aspectos de las diferentes áreas de vida de los participantes: personales, sociales, familiares, académicos y espirituales; así como la claridad de los motivos para la participación en el programa. A partir de esto se realizan los talleres de acuerdo con el protocolo del Programa seleccionado para el centro. • •

Talleres 1-12 (Centros no privativos – CIP – Cárcel Distrital). Talleres 1-22 (CAE).

Los talleres de familia se convocan mediante invitación escrita y confirmación telefónica según indicación del centro. Los demás talleres siguen en esencial el mismo procedimiento. • Taller 1,2 y 3 Protocolo de CAE. En todos los talleres se deben cumplir algunos procedimientos para garantizar la participación y hacer una evaluación de cada taller: •

• •

•

Registro de asistencia de los participantes al taller, en el aplicativo CBT. Esto permite evaluar la asistencia, y quien cumpla el 70% recibirá certificación y participará en la clausura del programa. Realizar ceremonia de clausura para la entrega del certificado de culminación del Programa Cuenta Hasta 10.. Informe general. Los responsables de la Secretaría elaboran un informe completo que da cuenta de las fortalezas y debilidades evidenciadas en el centro a nivel logístico y de acompañamiento, del desempeño y compromiso de los psicólogos a cargo del grupo, así como del proceso de cada uno de los participantes, evaluando su asistencia, su participación, su actitud y los logros alcanzados en el transcurso del Programa. El informe se entrega al responsable del Centro a cargo de la población para que haga los ajustes que parezcan convenientes.

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Población atendida Población SRPA

Población con sanción privativa de la libertad

Población con sanción no privativa de la libertad

Población con medida de internamiento preventivo

Centro

2017

2018

2019

Total

CAE Bosconia

CAE La Esmeralda

CAE Belén

CAE Redentor Adolescentes

130

CAE Redentor Jóvenes

Centro FORJAR Suba

Centro FORJAR Rafael Uribe

Centro FORJAR Ciudad Bolívar

Oficina de Pastoral para la niñez y la familia -OPAN-AV. 68

112

Oficina de Pastoral para la niñez y la familia -OPAN-Venecia

Oficina de Pastoral para la niñez y la familia -OPAN-Casa Taller

Asociación Cristiana de Jóvenes -ACJ- Libertad Asistida

Asociación Cristiana de Jóvenes -ACJ- prestación de servicios a la comunidad

107

Internamiento Preventivo Esmeralda

Internamiento Preventivo Acogida

201

261

100

358

892

1350

Total

Mayores de edad Centro

Total

Cárcel Distrital

URI Puente Aranda

Batallón de Artillería – BASER No. 15

350

Total

443

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Impacto que ha tenido el programa

Dado que la población de los centros de atención e instituciones en los que se ha implementado Cuenta Hasta 10 fluctúa de manera permanente, evaluar el impacto de forma sistemática es complejo. En nuestra primera etapa de implementación contamos con una evaluación de impacto del programa realizada por la Universidad de los Andes y CAF: Banco de Desarrollo de América Latina, que nos permitió descubrir fallas y debilidades en la implementación y ajustar algunos procesos. La retroalimentación que hemos recibido por parte de los centros de atención aseguran que los jóvenes han mejorado su comportamiento y se ha reducido el reporte de conflictos y riñas en los que participen las personas atendidas por el programa, tanto entre ellos como como entre ellos y el personal que trabaja en los centros. Por su parte, las familias reportan una reducción en los conflictos y observan en los jóvenes actitudes más orientadas a superar los conflictos en forma positiva. Además, los participantes han mostrado un interés creciente en vincularse a actividades productivas alejadas del delito. Durante el primer semestre de 2019 hicimos una nueva evaluación del programa con base en un análisis psicométrico que revisa criterios de validez estructural, confiabilidad, redacción y claridad de significado de los ítems1. Los resultados de este análisis mostraron una disminución estadísticamente significativa en la escala de agresión física. Las subescalas de ira y hostilidad, y la escala de agresión general también disminuyen, pero estos resultados no son estadísticamente significativos. Aunque no existen mecanismos que permitan hacer un seguimiento del impacto en la ciudad, es muy probable que las actitudes y comportamientos más positivos de un sector con una alta probabilidad de dejarse arrastrar al conflicto y al delito contribuyan a mejorar el ambiente general de convivencia de la ciudad, la sensación de que es un sitio en el que es posible vivir en paz con los demás, respetando sus derechos y las normas de comportamiento.

Productos y herramientas creadas para apoyar el programa Protocolos de implementación Los diferentes protocolos que deben usar los profesionales se encuentran disponibles. En cada uno de ellos se describe cada paso de la atención. Son tres los protocolos disponibles: • • •

Protocolo abreviado de implementación para centros no privativos. Protocolo de implementación para centros privativos. Protocolo de implementación para cárcel y URI.

Libro Cuenta hasta diez… y abre la posibilidad de actuar distinto. Este libro, elaborado con el apoyo de profesionales vinculados al programa, está diseñado pensando en los adolescentes y jóvenes y ha tenido una gran acogida. Es un libro escrito en un lenguaje sencillo, sin tecnicismos ni lenguaje burocrático, lo que ha ayudado, junto con sus ilustraciones, a que tenga una acogida amplia entre toda clase de públicos. Por ello, puede ser usado como apoyo al programa Cuenta Hasta 10, pero es igualmente útil como herramienta pedagógica de reflexión para jóvenes, familias, en actividades de promoción de la convivencia y la participación cívica. Fue publicado en el 2018, se han impreso 1.700 ejemplares que han sido distribuidos entre los adolescentes, jóvenes y familias de quienes asisten a los talleres, así como a los profesionales de los centros del SRPA y demás entidades que han acompañado el proceso de implementación y en actividades de promoción y prevención.

1 Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Resultados del programa Cuenta Hasta Diez en Centros de Atención Inmediata del SRPA. Bogotá, 2019.

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Entidades vinculadas:

La implementación de Cuenta Hasta 10 se ha hecho en articulación con estas entidades: • • •

• • • •

Fiscalía General de la Nación (URI de Puente Aranda). ICBF-SRPA (Nacional y Regional Bogotá). Secretaría Distrital de Integración Social (Centro Forjar oportunidad de cambio Ciudad Bolívar, Centro Forjar oportunidad de cambio Suba, Centro Forjar oportunidad de cambio Rafael Uribe). Operadores de los Centros de Atención Especializada de Bosconia, Belén, La Esmeralda, Redentor adolescentes, Redentor Jóvenes del futuro). Centros de Internamiento Preventivo: (La acogida y Esmeralda). Oficina de pastoral para la niñez y la familia (OPAN): (Club Amigó San Francisco de Asís, Club Amigó Casa taller y Club Amigó Avenida 68). Asociación cristiana de jóvenes (ACJ) Centro de formación juvenil – Programa libertad vigilada y Prestación de servicios a la comunidad.

Nuestro equipo PERFIL

FUNCIÓN

Líder Equipo CH10

Profesional en Psicología, con posgrado o su equivalencia.

Se encarga de articular el proceso de implementación entre los Centros, los equipos de diseño e implementación y hacer seguimiento al proceso de implementación.

Diseñador

Profesional en Psicología, con posgrado o su equivalencia.

Se encarga de diseñar y ajustar los protocolos del programa y de hacer seguimiento a la fidelización de la implementación.

Líder implementadores

Profesional en Psicología, con posgrado o su equivalencia.

Encargado de acompañar las acciones de implementación, fidelizando el cumplimiento de los protocolos.

Psicólogo Implementador

Profesional en Psicología, con posgrado o su equivalencia.

Encargado del proceso de implementación, desarrollando las actividades planteadas en el protocolo

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Casas de Justicia ¿Cómo empezamos?

El Programa Nacional de Casas de Justicia comienza en el año 1995 por iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho, cuando se estableció la primera casa de justicia en Ciudad Bolívar, según acuerdo hecho con la Alcaldía de Bogotá1. En esta ciudad, el programa se consolida en el año 2005 con la suscripción del Convenio Interinstitucional 001 de 2005 de “apoyo para la puesta en funcionamiento de las Casas de Justicia en Bogotá”2, celebrado entre el entonces Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio de Justicia y del Derecho; y la Secretaría Distrital de Gobierno, que en ese momento y hasta el año 2016, era la entidad competente en temas relacionados con las políticas públicas distritales de seguridad, convivencia y justicia a través de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Con la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -SDSCJ-3 en el año 2016, el Programa de Casas de Justicia pasó a ser competencia de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. Para ese entonces, la ciudad contaba con once Casas de Justicia, cinco de ellas en predios propios, en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires, San Cristobal y Usme; y seis en predios arrendados en las localidades de Chapinero, Fontibón, Kennedy, Suba y Usaquén. De esas once, tan solo siete contaban con el aval emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que certifica la adecuada implementación de los criterios establecidos para su correcta operación. En términos generales, estas Casas de Justicia no trabajaban en forma coordinada entre sí y tampoco estaban bien coordinadas con las entidades del orden nacional y distrital que 1 Decreto Nacional 1477 de 2000 “Por el cual se adopta el Programa Nacional Casas de Justicia”. 2 Convenio Interinstitucional 001 de 2005 3 Acuerdo Distrital 637 de 2016 “por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones”.

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operaban en cada sede, lo que limitaba la coherencia y efectividad de su trabajo. Según las estadísticas reportadas, el agregado de atenciones a ciudadanos durante el cuatrenio 2012-2016 alcanzó los 379.611 registros, lo que en promedio, equivalía a solo 33 atenciones diarias por Casa de Justicia, tan solo un total aproximado de 360 atenciones promedio diarias para toda la ciudad. Era claro que tenían un grado muy bajo de uso y reconocimiento por parte de la comunidad. Para los servidores públicos que trabajaban en las Casas de Justicia, el cambio en la administración generó muchas expectativas, ya que durante varios años venian desarrollando sus funciones desde la Secretaría Distrital de Gobierno bajo la directriz de las Alcaldias Locales. Vale la pena resaltar que para ese momento, ni las Casas de Justicia ni las Unidades de Mediación y Conciliación contaban con equipos de trabajo completos – o suficientes – que pudieran satisfacer la demanda de los ciudadanos cumpliendo estándares de calidad. Con respecto a los equipamientos donde operaban las Casas de Justicia, se advirtieron importantes deficiencias: algunas no contaban con espacio suficiente para instalar una oferta de servicios que satisfaciera las necesidades de la ciudadanía (como el caso de Usaquén o Chapinero), no tenían mobiliario adecuado (muchas no disponian de sillas en las salas de espera, escritorios adecuados para los funcionarios ni sillas para atender a los ciudadanos) y carecían de los equipos de cómputo necesesarios para garantizar una adecuada operación.

Objetivo del Programa

Las Casas de Justicia se definen como “centros interinstitucionales de formación, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal”.4 El objetivo del programa es “acercar la justicia al ciudadano, orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos”.5 Dentro de los objetivos específicos del Programa Nacional de Casas de Justicia, se destacan los siguientes: • • • • •

Crear espacios de acción integral en materia de justicia comunitaria con la justicia formal. Acercar la prestación de ciertos servicios de justicia formal a la comunidad con el fin de facilitar su acceso. Ampliar la cobertura de la administración de justicia Involucrar a la comunidad en la resolución formal y no formal de sus conflictos. Asesorar y orientar a la comunidad en el uso del servicio público de la justicia.

En concreto, en una Casa de Justicia los ciudadanos pueden acceder a orientación para resolver conflictos familiares o personales, interponer una denuncia, saber cómo cobrar arriendos vencidos o resolver líos con inquilinos, cómo tramitar un divorcio o tener claro si sus prestaciones sociales están bien liquidadas, entre otros servicios. Los ciudadanos además pueden solicitar orientación para saber qué hacer en casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual o incumplimiento en las cuotas alimentarias. Además de los objetivos que engloban el funcionamiento nacional de las Casas de Justicia, hemos hecho especial énfasis en acercarnos a toda la ciudadanía y en brindar servicios expeditos y claros que respeten el tiempo de los usuarios, para que resuelvan sus inquietudes sin tener que desplazarse a varias entidades para despejar sus dudas y obtener los servicios requeridos. Todos los esfuerzos que se hagan para promover la resolución pacífica de conflictos y los acuerdos y conciliaciones entre dos o más partes, contribuyen a descongestionar el sistema judicial y a fomentar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos por las instituciones.

Justificación del programa

El Programa Nacional de Casas de Justicia le permite a los ciudadanos acceder de manera gratuita a servicios para la resolución de conflictos, los cuales son prestados por entidades operadoras 4 Ministerio de Justicia y del Derecho, Programa Nacional de Casas de Justicia. Enero de 2012. 5 Íbid.

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de justicia formal, no formal y comunitaria. Para el caso de Bogotá, las premisas principales que justifican la existencia del programa son: •

•

Acercar la justicia al ciudadano: las Casas de Justicia se encuentran ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, con facilidad de acceso a través de transporte público, sobre vías principales (o secundarias) de circulación y con recurso humano capacitado y entrenado para lograr una atención de calidad. Prestación de servicios articulados: al contar con la presencia de distintas y diversas entidades operadoras, desde las Casas de Justicia se fomenta su coordinación e integración, de tal manera que la oferta de servicios que reciba un ciudadano sea integral y responda, de manera diferencial, a cada caso. Empoderamiento a la ciudadanía en materia de derechos y deberes: desde las Casas de Justicia se fomenta el empoderamiento de los ciudadanos para la prevención y resolución pacífica de conflictos, a través de la prestación de servicios de mediación, conciliación y talleres de capacitación para el conocimiento de herramientas jurídicas que prevengan la ocurrencia de conflictos.

Al tratarse de un centro multiagencial, en una Casa de Justicia, los ciudadanos podrán encontrar oferta de justicia prestada por entidades operadoras tanto del orden nacional como distrital.

Nuestra intervención

Con el fin de avanzar en la consolidación del Sistema Distrital de Justicia y de que el servicio que presten las Casas de Justicia haga parte de una red se servicios coherentes, que no dupliquen funciones y que obedezcan a las necesidades reales de los ciudadanos, pusimos en marcha estrategias para el fortalecimiento de Sistemas Locales de Justicia, buscando en primer lugar crear condiciones para el diálogo y la articulación entre las entidades de justicia formal, no formal y comunitaria con presencia en la ciudad. Para lograrlo, suscribimos convenios con doce entidades operadoras de justicia, a través de los cuales se formalizó su participación en el SDJ, creando condiciones óptimas para un intercambio de información, la construcción conjunta de rutas de atención y la consolidación de instancias de planeación, articulación y seguimiento. Como resultado, a la fecha existen seis rutas de atención a la ciudadanía priorizadas, las cuales cuentan con rutas de atención articuladas y estandarizadas. Así mismo, la SDSCJ promulgó la Resolución 263 del 05 de junio de 2019, “Por la cual se define el modelo de articulación para consolidar el Sistema Distrital de Justicia”. A través de este acto administrativo, se estableció un modelo que, a partir de rutas y protocolos para el acceso a la justicia, define los componentes básicos del sistema: los Sistemas Locales de Justicia; la red de equipamientos para el acceso a la justicia; estrategias para el fortalecimiento y acompañamiento a la Justicia Comunitaria; el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente; y las estrategias carcelarias, penitenciarias y pos penitenciarias. Finalmente, establece líneas estratégicas para la implementación fortalecimiento y consolidación del SDJ. Para resolver las deficiencias de las sedes de justicia se adoptaron dos estrategias: la primera, orientada hacia la ampliación de la red de equipamientos dispuestos al servicio de la ciudadanía, con condiciones de infraestructura de calidad y que facilitaran el acceso a la justicia por parte de los usuarios. La segunda, el mejoramiento de los equipamientos de existentes, en aspectos como infraestructura, mobiliario, equipos de tecnologías de la información y comunicaciones. Bajo la convicción de que los espacios para atender al público son una forma de expresar el respeto que sentimos por los ciudadanos, hemos procurado que cada Casa de Justicia sea un lugar amable y cómodo dispuesto para recibir a los usuarios de la mejor manera posible. Ya que muchos de los ciudadanos que acuden a las Casas lo hacen en compañía de sus hijos, hemos formado una pequeñas ludotecas para que los niños puedan leer o jugar mientras sus padres son atendidos. Después de evaluar qué sectores de la ciudad requerían este tipo de servicios, abrimos dos nuevas Casas de Justicia en territorios en los que era evidente la necesidad por servicios de justicia: las localidades de Engativá y Barrios Unidos, con las que se llegó a un total de trece en la ciudad. Además, trasladamos a nuevos y mejores sedes las Casas de Justicia ya existentes de las localidades

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de Chapinero, Suba -Pontevedra, Suba - Ciudad Jardín y Usaquén. A aquellas Casas ya existentes y que tenían buenas condiciones de infraestructura, se les hizo mantenimiento preventivo y correctivo constante para mantener los estándares necesarios para atender a los ciudadanos. Todos los equipamientos fueron dotados de nuevos equipos de cómputo, impresoras y servicio de internet y telefonía. Así mismo, se realizó la renovación del mobiliario disponible, la señalética y la dotación de elementos de comunicación, lo cual ha permitido aumentar las atenciones a lo largo de cada uno de los cuatro años de implementación.

¿Cómo funciona?

Para la implementación del Programa Nacional de Casas de Justicia en el distrito, se deben tener en cuenta dos etapas, que se desarrollan de manera coordinada. La primera etapa empieza con la identificación de necesidades de acceso a la justicia que tienen los habitantes del Distrito Capital y el diseño de estrategias de respuesta a las mismas por parte de la Dirección de Acceso a la Justicia. Una vez identificadas estas necesidades, se realiza la solicitud de la búsqueda y adquisición de un inmueble en el territorio identificado y la dotación del mismo por al área encargada, lo cual debe cumplir con los requisitos establecidos en el Programa Nacional de Casas de Justicia y el Plan Maestro de Equipamientos para la Seguridad, Defensa y Justicia. Continúa con la vinculación de las entidades operadoras de justicia al nuevo equipamiento de Casa de Justicia, con los que previamente se han suscrito convenios interadministrativos y de asociación para la prestación del servicio a la ciudadanía. A la par y en forma simultánea se hace la designación del equipo de trabajo requerido para cada equipamiento de Casa de Justicia, se desarrollan jornadas de capacitación y empoderamiento al equipo. Esto concluye con la inauguración y puesta en operación de los servicios de justicia en el nuevo equipamiento.

Ruta de funcionamiento

La ruta de funcionamiento de cada Casa de Justicia es la siguiente: a.

El usuario ingresa a la Casa de Justicia y es atendido por el funcionario de la recepción, quien debe registrar el nombre y documento de identidad. Si el usuario asiste por primera vez a la Casa de Justicia, será remitido al Centro de Recepción e Información CRI para ser orientado sobre las posibles alternativas para la resolución de su conflicto. El funcionario del Centro de Recepción de Información CRI, recibe al usuario y continúa con el registro de los datos básicos para la respectiva orientación y posterior remisión del usuario a las entidades operadoras de Justicia conforme a las necesidades identificadas. Si no es la primera vez que el usuario asiste y ya ha iniciado un proceso en la Casa de Justicia, será remitido directamente desde la recepción a la entidad que requiera.

Durante toda la administración hemos hecho seguimiento a la calidad de la atención que reciben los ciudadanos implementando varias estrategias de control y seguimiento de casos. Además hemos sistematizado la información de nuestros usuarios para tener criterio e información para detectar qué áreas de atención requieren refuerzo o nuevas estrategias.

Población atendida

Desde el 1 de octubre de 2017 y hasta el 31 de octubre de 2019, las Casas de Justicia del Distrito han atendido 880.368 ciudadanos, tal como se indica en la siguiente gráfica:

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Atención en Casas de Justicia 500000

415.749 400000 300000 200000

119.678

161.242

183.699

100000

2019

2018

2017

2016

Se resalta que durante el cuatrienio 2016 -2019, se han atendido 880.368 ciudadanos en Casas de Justicia, lo que representa un aumento del 131% con respecto al cuatrienio anterior. En el 2019, una Casa de Justicia recibe, en promedio, 123 ciudadanos al día; un 257% más de lo que recibía en el cuatrienio 2012-2015. Adicionalmente, se resalta que durante este periodo se logró la cifra histórica de atención en las Unidades de Mediación y Conciliación de 67.315 personas, lo cual muestra los avances en el posicionamiento de la figura en relación al cuatrienio anterior, en donde se registra una atención a 14.259 personas. Las trece Casas de Justicia con que hoy cuenta Bogotá cuentan con el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho. Asimismo, se han creado canales de atención no presencial (tales como la orientación telefónica de Casas de Justicia a través de la Línea 195) y se amplió la oferta de servicios para la resolución pacífica de conflictos, como la mediación y conciliación.

Impacto

Desde la Dirección de Acceso a la Justicia hemos trabajado con las entidades operadoras de justicia con un propósito en común: ofrecer a la ciudadanía una mejor y más amplia oferta de servicios de justicia. De la mano de entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Salud hemos puesto en marcha mecanismos de atención que funcionan en armonía basados en la comodidad de los usuarios. En las Casas de Justicia también tienen presencia los consultorios jurídicos de seis universidades, las Unidades de Mediación y Conciliación UMC y el Centro de Recepción e Información de la SDSCJ. Cuando los ciudadanos pueden resolver sus conflictos de manera oportuna, fácil, rápida y poco engorrosa, estamos fomentando una cultura de paz y reduciendo factores de riesgo. Lo que permite la vida en comunidad no es la ausencia de conflictos, pues estos se pueden presentar siempre y es normal que sea así. Lo clave es que existan mecanismos y reglas de juego que permitan a los ciudadanos que esos conflictos se resuelvan de común acuerdo y en forma pacífica. Dada la complejidad legal de muchas de las relaciones en las que entran hoy los habitantes de una ciudad -laborales, contratos de arriendo, derechos conflictivos sobre espacios y áreas comunes, relaciones

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familiares, etc. -es importante que las personas puedan tener una asesoría responsable que les ayude a saber cuáles son sus derechos y cómo pueden hacerlos respetar, por el acuerdo con los demás, siguiendo las leyes y con el apoyo que pueden recibir de las autoridades. De este modo, la atención oportuna y de calidad en materia de justicia se traduce en un mecanismo para la reducción del crimen y la violencia, en la medida en que muchos conflictos y desacuerdos que podían llevar a enfrentamientos insolubles se resuelven en forma temprana. Al mismo tiempo, el ambiente general de convivencia puede mejorar, en la medida en que cada ciudadano siente que sus derechos se respetan y no pueden ser arrebatados por la acción coactiva de otra persona, y en la medida en que se presentan o producen muchos menos hechos que puedan a su vez provocar nuevas retaliaciones y venganzas.

Entidades vinculadas

A la fecha contamos con doce convenios suscritos con entidades operadoras, a saber: • • • • • • • • • • •

Secretaría Social Secretaría de Gobierno Secretaría de la Mujer Personería Distrital Consejo Superior de la Judicatura Fiscalía General de la Nación Pontificia Universidad Javeriana Fundación Universitaria los Libertadores Universidad Autónoma de Colombia Universidad Cooperativa de Colombia Universidad Gran Colombia

Adicionalmente, las Casas de Justicia cuentan con presencia de las siguientes entidades operadoras: • • • • • • •

Medicina Legal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Mediación Policial IDEPAC Secretaría de Salud Oficina de Asuntos Étnicos Unidades de Mediación y Conciliación

El trabajo en armonía con estas instituciones nos ha demostrado que los ciudadanos se ven beneficiados y mejoran su percepción sobre la atención institucional.

Casas de Justicia en Bogotá

Los equipos al servicio de la comunidad en cada una de las Casas de Justicia están conformados por: • • • • • •

Un profesional especializado grado 222 –24 Referente local Un profesional universitario grado 219 –18 CRI Un auxiliar administrativo - Recepción Un profesional especializado grado 222-24 Unidad de Mediación y Conciliación Un profesional universitario grado 219-18 Unidad de Mediación y Conciliación Un auxiliar administrativo de Unidad de Mediación y Conciliación.

Todas las casas atienden en este horario: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

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Casas de Justicia en Bogotá

Usaquén Carrera 45 #159A-82 ext: 3300

San Cristóbal Calle 31C sur #3-67 este ext: 3900

Suba La Campiña Calle 139 #98A-26 ext: 3400

Usme Calle 137C sur #13-51 ext: 3700

Suba Pontevedra Av. Boyacá #99-24 ext: 3800

Ciudad Bolívar Dg. 62 sur #20F-20 ext: 4200

Engativá Transversal 113B #66-54 ext: 4400

Fontibón Calle 19 #99-67 ext: 3500

Barrios Unidos Calle 76 #53-05 ext: 4500

Bosa Cra 81D #59A-59 sur ext: 4300

Calle 45 Calle 45 #13-16 ext: 3600

Kennedy Transversal 73D (Av. 1º de Mayo) #38C-80 sur ext: 4100

Los Mártires Cra 21 #14-75 ext: 4000

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Ven a la Van

Historia

La Secretaría Distrital de Gobierno, mediante un comodato con la Alcaldía Local de Usme, estableció en el año 2015 dos autobuses como Casas de Justicia Móviles. Eran autobuses muy grandes, que podían tener cuatro oficinas y sala de espera. Contaban con televisor y los elementos de oficina para la atención a los ciudadanos. Su operación estaba concentrada en localidad de Usme, dado los conflictos, víctimas, delitos y necesidades de justicia propias de la localidad. Cada uno de los buses estaba acompañado de un profesional abogado o trabajador social encargado de brindar la atención a las personas que acudían a los servicios. Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación se encargaba de orientar la recepción de denuncias en el autobús. En el año 2016, con la creación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Dirección de Acceso a la Justicia asumió la administración de los dos Unidades Móviles, mediante un nuevo comodato. A partir de entonces y teniendo en cuenta las necesidades de justicia en Bogotá, se amplió el área de intervención a todo el Distrito Capital. En consecuencia, desde 2017 comenzamos a ofrecer ferias de servicios y recepción de denuncias en otras localidades. Sin embargo, los autobuses se encontraban en mal estado y se averiaron durante la primera semana de uso por la Dirección de Acceso a la Justicia. Además, dadas las condiciones técnicas en que fueron entregados, había problemas para aplicar las reglas del acuerdo. Una vez vencido el término del comodato, se realizó la entrega de los autobuses a la Alcaldía Local de Usme. Durante ese tiempo vimos las bondades de tener servicios móviles, que podían estar a la disposición de los ciudadanos sin obligarnos a tener instalaciones permanentes en todas las zonas de la ciudad. Por eso decidimos continuar con el proyecto, pero conseguimos camionetas tipo Van, más pequeñas, mejor equipadas y con condiciones técnicas más apropiadas para llegar a los territorios más difíciles de la ciudad: esta innovación nos daba una gran flexibilidad y reducía los problemas de mantenimiento y manejo. Comenzamos con dos camionetas que recorrieron las localidades llevando a equipos territoriales de la Secretaría. Para orientar bien nuestra labor, realizamos un estudio para evaluar el funcionamiento de estas unidades móviles y entender cómo podríamos obtener mejores resultados y garantizar que fueran una herramienta útil que fortaleciera los propósitos del Sistema Distrital de Justicia. Dicho estudio mostró que los ciudadanos tenían poco conocimiento de las herramientas existentes en la ciudad para fomentar la convivencia y garantizar el acceso a la justicia. Incluso, muchos de los encuestados, asociaban a las Unidades Móviles con el acueducto o los equipos de fútbol. Por esta razón, teniendo en cuenta las necesidades expresadas por la comunidad y la necesidad de que la ciudadanía se informara sobre estos servicios, rediseñamos la estrategia en su con-

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junto, a la que llamamos “Ven a la Van”, orientada a ampliar el acceso a los servicios de justicia y a promover la participación ciudadana en materia de seguridad y convivencia. Las Subsecretarías de Seguridad y Convivencia y la de Acceso a la Justicia han estado trabajando en equipo para que la atención que se presta en Ven a la Van se enfoque a responder a los delitos, conflictos y áreas cuya atención sea prioritaria. Para dar una atención oportuna y clara; y para que la comunidad se acercara a nuestras unidades, creamos doce páneles o módulos interactivos, salas interactivas y una estación de café, para distribuir entre en las van. Así divulgábamos los servicios y animábamos a los ciudadanos a hacer las consultas que les interesaran, para superar la reticencia, muy frecuente entre amplios sectores de los ciudadanos, a denunciar e incluso a hacer consultas sobre seguridad y convivencia. En 2019, la Secretaría adquirió cuatro nuevas unidades móviles, para un total de seis. Se designó un profesional para cada una de ellas, encargado de escuchar y atender a los ciudadanos, así como de difundir los servicios. Así pues, Ven a la Van se convirtió en un mecanismo para la promoción y difusión de las actividades y servicios de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y para la participación ciudadana en ellos. Hoy en día, son el soporte para diferentes actividades, como ferias de servicios, jornadas de difusión, tomas de parques, cine al parque y bici denuncia, entre otros.

Nuestro objetivo

El objetivo principal de Ven a la Van es contribuir a la superación de las barreras económicas, geográficas y culturales que dificultan el acceso a la justicia en el Distrito Capital, a través de la creación de espacios de interacción con la ciudadanía que permitan establecer un diálogo en donde los usuarios se informen, participen y reciban herramientas específicas para mejorar la seguridad, la convivencia y la justicia en los barrios de la ciudad. Esto se desarrolla a partir de tres objetivos específicos: • • •

Ofrecer soluciones específicas a los delitos /conflictos de mayor incidencia en el territorio donde se hace presencia. Generar espacios para que los ciudadanos puedan expresar sus preocupaciones, formular preguntas o inquietudes en temas de seguridad, convivencia y justicia. Realizar actividades lúdicas y pedagógicas que le permitan a los ciudadanos conocer y relacionarse mejor con la Secretaría.

Justificación del programa

El programa busca ante todo superar las barreras geográficas que dificultan que los ciudadanos puedan acceder a nuestros servicios, por ejemplo largas distancias entre el lugar de residencia y las entidades. Los usuarios que residen en sitios distantes a las instalaciones más formales pueden ahorrarse costos de transporte, así como otros costos de oportunidad. Pero sobre todo, ofrece una oportunidad para que la necesidad de acceso simple a la justicia y a las soluciones alternativas de convivencia se promueva en toda la ciudad, y no solo en los núcleos más densos y poblados. Si todos los ciudadanos saben que tienen entidades que los respaldan y velan por sus derechos se disminuye la idea de que la única justicia posible es la de la propia mano. Por eso es importante garantizar la presencia de agentes institucionales en todos los rincones de la ciudad y brindarle a los usuarios toda la información posible sobre la oferta de servicios existente que pueden usar para resolver sus conflictos y disputas.

¿Cómo funciona?

Para decidir a qué sector de la ciudad van a ir las Unidades Móviles se trata de establecer que áreas de la ciudad necesitan atención prioritaria, cuáles presentan más conflictos y cuales son más distantes de las instalaciones formales de atención. Trabajamos también en coordinación con otras entidades e instituciones distritales que solicitan nuestra presencia: la posibilidad de estar en muchos lugares en donde todas las entidades tienen dificultades de acceso para prestar sus servicios nos ofrece una oportunidad para colaborar con el mejor funcionamiento y sobre todo la relación más cercana con la ciudadanía de otras en-

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tidades del Distrito, como la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría General, entre otras. Así pues, según las necesidades particulares del lugar escogido, se programan las actividades y servicios que se ofrecerán, tanto por nuestro programa como por las demás instituciones, que se unen con frecuencia y colaboran entre sí, sobre todo en las ferias de servicios en las que hacen presencia varias instituciones distritales. En el lugar escogido, el equipo de Ven a Van pone en marcha actividades que involucran a los ciudadanos y que tienen por objetivo prevenir los conflicto y reducir los factores de riesgo que genera la tardía atención a una disputa o un desacuerdo entre ciudadanos. Los funcionarios ofrecen asesoría legal a las personas que enfrenten conflictos o disputas, para buscar soluciones que sigan las reglas de la ley, Del mismo modo, el equipo de Ven a la Van da asesoría a los ciudadanos que han sido víctimas de un delito, para que, si lo consideran apropiado, presenten una denuncia ante las autoridades competentes o busquen una forma de restauración de sus derechos. Evaluamos el impacto de nuestras rutas de forma permanente para ver qué estrategias debemos mejorar en aras de acercarnos más a la comunidad y resolver de manera más efectiva sus inquietudes.

Población atendida

109

106

Teusaquillo

San Cristóbal

113 Mártires

Sumapaz

133 La Candelaria

140 Puente Aranda

Antonio Nariño

160 Tunjuelito

196 Rafael Uribe Uribe

237 Fontibón

278

337 Chapinero

Barrios Unidos

356

408 Kennedy

Santa Fe

416 Usaquén

376

438 Suba

Engativá

445 Usme

548 Ciudad Bolívar

Bosa

616

Desde su puesta en marcha, las seis unidades móviles de atención de Ven a la Van han atendido 5.571personas, que se distribuyen en la forma siguiente por localidades:

Además de visitar todas las localidades de Bogotá promocionando nuestros servicios y dando atención oportuna a los ciudadanos que no pueden acudir a las Casas de Justicia o a otras entidades que prestan servicios de justicia, establecimos unas zonas prioritarias en los que, de acuerdo a los índices de criminalidad y violencia, era importante fortalecer la presencia de la Secretaría para que la comunidad pudiera realizar denuncias y conocer las acciones que se realizan desde la Alcaldía Mayor. Durante el 2019 realizamos doce jornadas de Ven a la Van en Sumapaz, una zona alejada, con una población en gran parte rural y sin acceso fácil a los servicios urbanos, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad y garantizar que los ciudadanos de este sector de la ciudad puedan acceder a todos los servicios que tuvieron limitados durante tantos años debido, en buena parte, al conflicto armado.

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Línea 195, Opción 7 Historia

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. puso en servicio de la ciudadanía el canal telefónico Línea Bogotá 195 el 1 de octubre de 2001, con el fin de crear mecanismos de comunicación transparente y efectivos entre los ciudadanos y las entidades distritales. La Alcaldía Mayor, a través de la circular 007 de diciembre de 2002, estableció que para el año 2003, todas las entidades que conforman la Administración Distrital debían vincularse a la Línea 195 y prestar la atención de manera unificada. La Línea 195 se dimensionó y presupuestó para estar en capacidad de prestar un servicio de amplia magnitud, según las necesidades de cada una de las entidades adscritas al distrito, así como de los usuarios. Desde entonces, la ETB ha administrado y operado el centro de contacto, estableciendo todos los procesos y procedimientos de operación con base a las políticas de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como las políticas de calidad y servicio al cliente de la ETB. Hoy, la Línea 195 es reconocida como el canal para obtener información acerca de los trámites, servicios, campañas y eventos que prestan las entidades distritales y nacionales con presencia en la Red CADE. Con más de diez años en funcionamiento, tiene un gran reconocimiento entre el público bogotano, y entidades distritales como Transmilenio, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Movilidad, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Educación y Secretaría de Planeación la utilizan como portal de interacción con sus usuarios. Fue así como, aprovechando una experiencia tan amplia y para poner en marcha nuevas estrategias de atención al ciudadano y contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad y a las metas de los Proyectos 7513 “Ampliar en un 20% el número de ciudadanos orientados en casas de justicia” y el Proyecto 7532 denominado “Implementación, Prevención y difusión del Código Nacional de Policía y Convivencia en Bogotá”, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, suscribió el pasado 15 de abril de 2019 el contrato interadministrativo 815 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, para la prestación a través de la Línea 195 del servicio de información a los ciudadano sobre los programas ofrecidos por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y que no estuvieran ya cubiertos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto permite a los usuarios recibir orientación vía telefónica, y a las Casas de Justicia, tener servicios de atención de llamadas, correo electrónico, mensajería SMS y demás requerimientos. Después de que el 25 de abril de 2019 se firmara el acta de inicio; y tras la selección y capacitación de los agentes, el 27 de mayo de 2019 entró en funcionamiento el canal 7 dentro de la Línea 195.

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Nuestro objetivo

Con esta estrategia queremos complementar ampliar los canales de servicio para la atención de ciudadanos en las Casas de Justicia, ofreciendo información sobre los servicios de justicia en la ciudad y los trámites para hacerlos efectivos. Esto resulta especialmente conveniente para los ciudadanos que por su horario de trabajo o estudio, no pueden acudir directamente a una Casa de Justicia y, por tanto, recibe un gran beneficio con el uso de canales telefónicos para acceder a los servicios de justicia. A través de esta atención telefónica el ciudadano puede obtener orientación e información sobre la ubicación de las trece Casas de Justicia y el portafolio de servicios existente para resolver diferentes necesidades jurídicas. Según el caso y de acuerdo con las rutas de atención, el usuario puede ser remitido a las entidades operadoras de justicia formal, no formal y comunitaria, como son: Unidades de Mediación y Conciliación, Fiscalía General de la Nación, Personería Distrital, , Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisaría de Familia, Oficina de Justicia en Género, Inspecciones de Policía, Juzgados Civiles y de Pequeñas Causas y consultorios jurídicos, entre otros. En este canal el ciudadano obtiene información sobre problemas de violencia intrafamiliar, fijación de cuotas alimentarias, divorcio, asignación de custodia y derechos relacionados, conflictos de convivencia con los vecinos (mascotas, basuras, escándalos, cuidado de áreas comunes, uso y abuso de parqueaderos), cobro de deudas y arrendamientos, algunos delitos (hurto, insultos, maltrato), entre otros. Además, puede recibir información para gestionar el pago o conmutación de multa por la infracción de alguna de las normas de convivencia establecidas en el Código Nacional de Policía, así como indicaciones sobre los canales para el pronto pago de ellos y los beneficios que se reciben en ese caso. Finalmente, hay información sobre toda clase de actividades pedagógicas y de información sobre el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Justificación del programa

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia contrató un servicio de atención a usuarios a través de la Línea Distrital 195 que ofrezca servicios en varios canales como contact center (tal como atención de llamadas, solicitudes de información vía telefónica, correo electrónico, mensajería SMS y demás requerimientos); en donde los ciudadanos puedan acceder a orientación e información sobre la oferta de servicios de la SDSCJ, las Casas de Justicia y el Código Nacional de Policía, información sobre sus derechos y deberes, rutas de acceso a la justicia definidas en el marco del Sistema Distrital de Justicia; y sistema de agendamiento de citas y turnos de atención.

¿Cómo funciona?

Este canal le permite a los usuarios recibir orientación e información por teléfono, y a las Casas de Justicia tener servicios de atención de llamadas, correo electrónico, mensajería SMS y demás requerimientos. Con el servicio de mensajes SMS, se busca enviar a los ciudadanos que se encuentran registrados en nuestro Sistema de Información -SICAS- información importante sobre la prestación de nuestros servicios, como cambio de instalaciones, nuevos servicios, modificaciones en las condiciones de atención, etc. Por otra parte, a través de estos mensajes mostramos a los ciudadanos de manera interactiva (imágenes, videos) los diferentes canales de la atención (opción 7 de la Línea 195), los programas en desarrollo (Casas de Justicia Móviles) y los cambios en la prestación del servicio (traslado de entidades en las Casas de Justicia de Suba, por ejemplo).

Población atendida

La población diaria atendida hasta ahora se ha mantenido en rangos de 25 a 35 llamadas diarias, una cifra que seguramente irá aumentando a medida que los usuarios se informen sobre este servicio.

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1.905

1.965

1.685

1.913

1.585

1.678

1.336

1.403

Fuente: SDSCJ – Dirección de Acceso a la Justicia. Fecha de corte: 31 de octubre de 2019

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

415

Mayo

524

2.364

Contestadas

2.463

Recibidas

Productos y herramientas para apoyar el programa

Como apoyo y divulgación del programa se encuentra la página de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en la cual la línea 195 se incluye dentro de los canales de atención al ciudadano. De igual manera, dentro de las piezas publicitarias de Casas de Justicia se ha incluido la línea como canal de atención. Finalmente, se establecieron las reglas para la atención por canales no presenciales, que incluyen tanto la atención telefónica (Línea 195) como la virtual (Chat virtual).

Entidades vinculadas

La entidad que opera la atención Línea Bogotá 195 es ETB, y el plan de atención viene de un proyecto de Secretaría General. Adicionalmente, se convino con Fiscalía que cuando el ciudadano quiera interponer una denuncia la llamada se traslada a la línea 122. Del mismo modo se convino con la Secretaría de la Mujer que los casos de violencia de género que lleguen a la línea 195 se trasladen a la Línea Púrpura.

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Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria E

n 1991 la Constitución Política de Colombia, con el objeto de reducir la congestión de la justicia formal y lograr que ésta lograra resolver conflictos que hasta entonces permanecían sin solución, estimuló la conformación de mecanismos de justicia alternativos. Por una parte, permitió crear la figura de “jueces de paz”, encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios.. En 1999 la ley 497 reguló la creación de los jueces de paz y permitió que fueran elegidos por votación popular para resolver conflictos en su propia comunidad. De este modo regulaba la institución central de la justicia comunitaria, a la que se añadieron en otros momentos otras figuras como la de los “conciliadores en equidad” y las “Casas de Justicia”. Se buscaba así llevar la justicia a áreas y sectores de la sociedad que normalmente no apelaban a ella, por temor a los largos procesos y a los costos correlativos, y apoyarse en la tradición comunitaria de solución de conflictos, apelando a tradiciones y normas no escritas. En esencia, la justicia comunitaria opera cuando, debidamente autorizados por la ley, ciudadanos voluntarios entran a mediar o intervenir entre dos partes, para decidir sobre aquellos conflictos entre partes que pueden someterse a estas soluciones voluntarias. Los agentes principales de esta justicia, conocidos como “Actores de Justicia Comunitaria” (AJC) son fundamentalmente los jueces de paz, los conciliadores en equidad, mediadores y los pro-

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motores de convivencia. Los jueces de paz, elegidos por votación popular, toman decisiones que tienen trámite de cosa juzgada y tienen por lo tanto mérito judicial. Los conciliadores, nombrados por el Ministerio de Justicia y creados por la ley 23 de 1991, aprueban acuerdos que se registran en actas que también tienen valor judicial. Los promotores de convivencia, como su nombre lo indica, promueven la generación de espacios de dialogo y reflexión a través de los cuales se generen acuerdos para mejorar la convivencia. El desarrollo de estas formas de justicia alternativa en los últimos veinte años ha sido controvertido y difícil. Estuvieron en gran parte impulsados por el programa de ayuda judicial de los Estados Unidos y respondían a las dificultades y costos para la prestación del servicio de justicia en la forma tradicional: para algunos era una forma de dar a los que no podían soportar los costos de la justicia tradicional una forma alternativa e inferior de justicia Para otros, por el contrario, eran una respuesta al formalismo de la justicia, que convertía cualquier pequeño conflicto en causa de largos y costos procesos, que raras veces concluían. Y eran una respuesta que trataba de apelar al sentimiento de justicia de la comunidad y a sus prácticas tradicionales, para encontrar soluciones más cercanas a la población. En su aplicación, además, se han presentado en el país diversas dificultades: en algunos sitios, el proceso de selección de los jueces de paz se ha politizado y se ha convertido en parte de los sistemas locales de clientelismo, como mecanismo para consolidar redes que permitan obtener apoyo electoral para otros cargos. Por estas razones, estos sistemas de justicia deben ser aplicados con una gran atención, para reforzar sus aspectos positivos y reducir los riesgos que plantean. Es importante por ello que su funcionamiento sea muy eficiente y que los diversos actores de Justicia Comunitaria desarrollen sus capacidades y competencias, para reforzar su sentido social, valorar su elemento voluntario y comunitario y ayudar a que realmente resuelvan los conflictos susceptibles de lograrlo sin apelar a procesos judiciales formales.

Objetivo general

El fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria y de solución pacífica de conflictos pretende lograr el trabajo coordinado de los AJC presentes en la capital, para aumentar la oferta de servicios en el territorio, pero, sobre todo, mejorar su calidad, para beneficio de los habitantes del Distrito Capital.

Objetivos específicos

Para lograr el objetivo general es necesario promover la calificación continua de los AJC, dar apoyo operativo y logístico al funcionamiento de la Justicia Comunitaria en el Distrito, fomentar el reconocimiento y uso de los servicios que ofrecen los AJC, trabajar en forma coordinada y articulada con las entidades que tienen competencia sobre justicia comunitaria, como el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Seccional de la Judicatura, y dar acompañamiento continuo a la gestión de los AJC, evaluando en forma cuidadosa los resultados de su trabajo y el impacto social que tienen, la proporción de casos que resuelven y la satisfacción de los usuarios. Justificación del programa Los equipos territoriales de la Dirección de Acceso a la Justicia han podido advertir dificultades y limitaciones en la aplicación de la justicia comunitaria en el Distrito Capital. Éstas, principalmente, obedecen a una coordinación insuficiente entre las instituciones que tienen competencias en la materia, lo que hace que las personas que trabajan en forma voluntaria no cuenten con el respaldo necesario de las entidades llamadas a brindarlo. Por ello la SDSCJ ha venido trabajando en el diseño de un modelo de articulación con los Actores de Justicia Comunitaria que permita posicionar esta figura y potencializar sus capacidades y competencias, teniendo en cuenta el sentido social y voluntario de su labor y la función relevante para el acceso a la justicia en la ciudad. Población objetivo Este proyecto busca apoyar, como población atendida directamente, los ciudadanos habilitados por la ley para abordar de manera pacífica los conflictos, bajo el criterio de la equidad, de forma voluntaria y gratuita, es decir jueces de paz, conciliador en equidad, mediadores comunitarios y

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promotor de convivencia. Sin embargo, de manera indirecta esta Estrategia repercute de manera positiva en la forma como la ciudadanía usa el sistema no formal para la resolución pacífica de conflictos y por lo tanto busca mejorar las condiciones de convivencia de toda la ciudadanía.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento de la estrategia se resume en los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

El ciudadano interesado en participar como actor, se informa sobre la estrategia, sus compromisos y beneficios. De manera voluntaria presenta por escrito solicitud de formar parte de la estrategia, adjuntando los documentos solicitados por la SDSCJ según el papel que vaya a representar. La DAJ analiza la solicitud y emite una respuesta al ciudadano interesado. El nuevo AJC, establece con la UMC la agenda y lugar donde atenderá. Durante los primeros tres meses se hace un seguimiento cuidadoso a la gestión del nuevo AJC para evaluar su rendimiento y se le da acompañamiento técnico, jurídico y psicosocial. Si se presenta alguna de las causales de retiro durante el año de vigencia de la adhesión, la DAJ citará al AJC y a la UMC, para analizar la situación y tomar las decisiones correspondientes, según sea el caso.

En forma complementaria, se elaboró el procedimiento de asistencia técnica, jurídica y psicosocial que busca el fortalecimiento y cualificación de los AJC, el cual incluye la identificación de las necesidades técnicas, jurídicas y psicosociales de los AJC, la realización de talleres y actividades de capacitación, según planes que respondan a las necesidades los AJC y con su correspondiente evaluación y seguimiento.

Población atendida

La población vinculada desde el inicio de la Estrategia de Fortalecimiento, desde noviembre de 2017 a corte de septiembre de 2019 ha sido de 208 personas, que se han adherido voluntariamente a la Estrategia y han participado activamente de las actividades y se han beneficiado del apoyo ofrecido por la SDSCJ:

162 26 10 10

Conciliadores en equidad

Jueces de Paz y reconsideración

Mediadores Comunitarios

Promotores de Convivencia 69

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Lo anterior, ha dado como resultado indirecto desde noviembre de 2017 hasta octubre de 2019, la atención de 27.056 casos por los AJC1. De los casos reportados en el 2019 y realizando una caracterización por tipologías de los conflictos asociados, encontramos que el 82% han sido por conflictos de arriendo, el 13% por conflictos de deudas, el 5% por conflictos de convivencia y el 5% por conflictos familiares. Estos conflictos, gestionados por los AJC, evitan el desarrollo de procesos legales formales que aumentan la congestión del sistema y el mismo tiempo evitan que, al no resolverse, se conviertan en conflictos que pueden llevar a situaciones insolubles o violentas. De este modo contribuyen a la convivencia y el acceso a la justicia en la ciudad.

Población con atención comprometida

Durante 2019 se planeó hacer cada trimestre 14 actividades orientadas a los AJC, como reuniones mensuales, visitas a PAC, jornadas de descongestión, etc. Se tiene proyectado para los próximos dos años, aumentar en un 20% el número de AJC, con el propósito de robustecer la oferta institucional en el territorio y cubrir la demanda de conciliación en equidad.

Impacto

El impacto del programa se advierte en varios puntos: en primer lugar, la calidad del servicio ofrecido por los AJC ha mejorado en términos de satisfacción de la ciudadanía respecto a la gestión de sus conflictos. En segundo lugar, los procesos de articulación entre los sistemas de justicia formal, no formal y comunitaria han mejorado los sistemas de remisión y direccionamiento de ciudadanos, de acuerdo con las características propias del conflicto. Por último, en las cifras de atención a la ciudadanía, que alcanza a superar los 20 mil casos en los últimos tres años, indican un cubrimiento razonable del programa.

Productos y herramientas creadas para apoyar la estrategia

Para apoyar la estrategia se elaboraron los procedimientos de la Estrategia de Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria y los formatos de recolección de información, como: Reporte estadístico mensual para AJC, Reporte de novedades de Puntos de Atención Comunitaria y Formato de Georreferenciación de PAC (GEPAC) y se diseñó una metodología para fortalecer las habilidades de comunicación, las habilidades blandas, manejo de estrés y andragogía. Esto, mediante el proyecto Senderos de Convivencia.

Entidades vinculadas

Con el fin de fortalecer las capacidades de los AJC se adelantó en colaboración con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) el primer seminario de actualización para conciliadores en equidad, en donde participaron 94, de los cuales 69 cumplieron satisfactoriamente con los requisitos de asistencia y participación que exigía la Universidad para la certificación. Vale la pena resaltar que dicha formación no tuvo costo para la Secretaría y se convocó a la totalidad de los conciliadores que hacen parte de la Estrategia de Fortalecimiento. También, se celebró un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional para desarrollar e implementar el proceso de capacitación para el fortalecimiento de las habilidades de actores y colaboradores del Sistema de Justicia del Distrito Capital, promoviendo así el acceso a la justicia, y posicionándolo como una alternativa reconocible y con credibilidad para la solución de conflictos en la ciudad; Durante este ejercicio se inscribieron al proceso de capacitación 82 actores de justicia comunitaria, de las cuales 65 aprobaron satisfactoriamente el proceso de formación. Por otra parte, en la actualidad la DAJ se encuentra trabajando con la Cámara de Comercio de Bogotá, de modo que las Casas de Justicia remitan y programen con los Centros de Conciliación de la Cámara de Comercio los casos apropiados. Entre julio y agosto del 2019 se han remitido 281 casos. Como resultado de este trabajo hay en algunas localidades mayor oportunidad para que los ciudadanos cuenten con el servicio oportuno, de calidad y efectivo para acceder a una posibilidad de alcanzar la solución de sus conflictos. 1 Información tomada del informe de gestión de la Dirección de Acceso a la Justicia 2017, remisiones aplicativo SICAS – Casas de Justicia 2018 y matrices estadísticas suministradas por Unidades de Mediación y Actores de Justicia Comunitaria, 2019

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Aspectos operativos

La Secretaría de Seguridad y AJ esta encargada de la política pública en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el Distrito Capital. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho es la entidad nacional encargado de las políticas en materia de justicia y amparo efectivo de los derechos, con el fin de contribuir al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. Además, es la entidad encargada instruir, divulgar y capacitar a la comunidad sobre la conciliación en equidad. Del mismo modo, el Consejo Superior de la Judicatura administra el personal humano elegido por voto popular para ejercer como jueces de paz. Y a su vez, el Consejo Seccional de la Judicatura articula con esta Dirección el Comité Interinstitucional de Jueces de Paz y ejerce como primera instancia disciplinaria del voluntariado. Los AJC adscritos a la Estrategia de Fortalecimiento de esta Dirección operan en Puntos de Atención Comunitaria, creados por autogestión y ubicados en las diferentes localidades de la ciudad con el fin de mantener la cercanía de la oferta del servicio para el ciudadano. Con pocas excepciones, algunos de ellos operan dentro de los equipamientos de las Casas de Justicia, que presta el espacio para que ofrezcan el servicio de conciliación en equidad, sin que esto implique su definición como funcionario públicos no genere ningún vínculo contractual con esta Secretaría.

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Unidades de Mediación y Conciliación Historia

El servicio de mediación profesional fue establecido en Bogotá por un equipo de funcionarios de la Secretaría Distrital de Gobierno, denominado Unidad de Mediación y Conciliación (UMC), creada en el año de 1996 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alcaldía Mayor, y dentro del proceso de desarrollo de la Constitución de 1991. Así, se conformaron con funcionarios adscritos a la Secretaría Distrital de Gobierno en la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, en donde se estableció la oferta de servicios de mediación de conflictos como uno de los principales aportes a la convivencia y garantía del acceso a la justicia. Hacia el año 2003, la Secretaría Distrital de Gobierno contrató una Consultoría con el Centro de Proyectos para el Desarrollo (CENDEX) de la Universidad Javeriana, con el fin de definir las funciones que debían desarrollar los equipos de UMC. En esta consultoría se desarrollaron cinco acciones específicas: a) Monitoreo de factores que estimulan la convivencia; b) Sensibilización de ciudadanos y educación de actores voluntarios de convivencia comunitaria; c) Seguimiento a actores voluntarios de convivencia comunitaria; d) Atención de personas en situación de conflicto; e) Gestión en red. En esta dirección, se puso en marcha un vigoroso componente de atención por medio de la mediación y un acompañamiento a procesos de justicia en equidad en el distrito, comenzando por la formación a nuevos conciliadores, así como el acompañamiento a la oferta de una red voluntaria de actores de convivencia, conformada por conciliadores e equidad, mediadores comunitarios y promotores de convivencia. Desde el año 2006, con el apoyo de recursos de la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, estos funcionarios recibieron formación de posgrado, especializaciones y maestrías, enfocados en mediación, la gran mayoría en la Universidad del Rosario. Sin embargo, el proceso de acompañamiento de justicia comunitaria no seguía una orientación estandarizada, ni se aplicaba una estrategia única de atención a personas que buscaban resolver sus conflictos a pesar de pertenecer a la misma dirección. Para el año 2016, Bogotá contaba con doce equipos de UMC, que actuaban con muy poca coordinación. A pesar de los avances en el reconocimiento de estas figuras, no se habían consolidado como actores de justicia con credibilidad para la solución de conflictos. A finales del año 2016, con la creación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, los funcionarios de la UMC fueron reubicados en la Dirección de Acceso a la Justicia. Actualmente, el Distrito cuenta con catorce equipos de UMC presentes en las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Fontibón, Mártires, Suba, Usaquén, Usme, Rafael Uribe Uribe, Candelaria y Santafé. Con el ánimo de organizar mejor sus funciones y lograr mayor eficiencia en la prestación del servicio, se estructuró un equipo conformado por dos profesionales y un auxiliar, enfocados en la puesta en marcha políticas orientadas a buscar la coordinación y articulación de las instituciones, operadores y actores de los Sistemas Locales de

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Justicia, el acceso a los mecanismos de justicia comunitaria y de resolución pacífica de conflictos, la promoción de la convivencia pacífica y la consolidación de la justicia comunitaria, en el marco del Sistema Distrital de Justicia. Esto, con el objetivo de lograr una gestión más eficiente del sistema y a un mayor reconocimiento de su capacidad de acción. Adicionalmente, los equipos prestan un servicio de mediación profesional, en el cual dos o más partes resuelven sus diferencias por sí mismas, de una manera autónoma y por la vía del diálogo, con la ayuda de un tercero imparcial (mediador profesional), que ha sido aceptado por las partes para cooperar con ellas en la búsqueda de un acuerdo consensuado. Cuando las partes han logrado, con el apoyo del mediador, un acuerdo, firman un “acta de mediación”, en la cual se comprometen a aplicar los acuerdos logrados. Otro proceso de solución de conflictos es la Conciliación, definida en Colombia por la ley 23 de 1991, y aplicable a algunas clases de conflicto señaladas por las leyes, y que en esos casos tiene valor de decisión judicial y son de cumplimiento obligatorio. Adicionalmente, con base en una estrategia de acompañamiento y fortalecimiento a los Actores de Justicia Comunitaria presentes en el Distrito Capital por parte de la Dirección de Acceso a la Justicia, los equipos de UMC dan acompañamiento a los Actores ubicados en los Puntos de Atención Comunitaria, fortaleciendo su gestión y promoviendo que la ciudadanía acuda a ellos.

Objetivo

El objetivo principal del servicio de mediación profesional es abordar de forma pacífica los conflictos con la intervención de un tercero imparcial y la aplicación de herramientas pedagógicas y técnicas que permitan abordar sus diferencias, para restablecer las relaciones entre las personas y promover el acceso a la justicia y la convivencia pacífica.

Justificación del programa

De conformidad con sus funciones, los equipos son importantes dado que prestan un servicio a la ciudadanía de resolución pacífica de conflictos en forma gratuita, contribuyendo al descongestionamiento de la justicia formal y fortaleciendo la convivencia y la construcción de tejido social.

¿Cómo funciona? •

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Las UMC se encuentran ubicadas dentro de las Casas de Justicia y en algunos casos, ofrecen servicios de mediación en distintos puntos de la ciudad como Casas de la Igualdad y en La Casita: Justicia Juvenil Restaurativa para Jóvenes. Los ciudadanos que solicitan el servicio de mediación son recibidos por el equipo de la UMC, en donde reciben información sobre el alcance de los servicios ofrecidos por la unidad y el procedimiento a seguir para el abordaje de sus conflictos. En caso que el ciudadano esté de acuerdo con la metodología a seguir y los resultados esperados del proceso, se programan audiencias de conciliación o mediación, de acuerdo con el tipo de conflicto a abordar y la disposición del ciudadano. Si el ciudadano desea abordar el conflicto por medio de la conciliación los funcionarios de la Dirección de Acceso a la Justicia éste será remitido a los Actores de Justicia Comunitaria, quienes prestan sus servicios bien sea dentro de las Casas de Justicia o en Puntos de Atención Comunitaria. El ciudadano solicitante deberá contactar a la contraparte en el conflicto o diferencia, y hacerle llegar la citación a la mediación o a la conciliación, que se realizará con el acompañamiento del conciliador o mediador en una audiencia privada. Durante la audiencia, ambas partes manifestarán su posición; y el mediador o conciliador fomentará la generación de acuerdos voluntarios entre las partes tendientes a la solución del conflicto. Como constancia, se levanta un acta en la cual se deja constancia de la participación de las partes y se describen los acuerdos (en caso que los haya) y los términos de los mismos. Realizar encuesta de satisfacción.

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Población atendida

Según Registros de la Dirección de Acceso a la Justicia, durante el periodo comprendido entre el 2016 y lo corrido del 2019, las unidades de mediación y conciliación han atendido 67.315 ciudadanos.

Atenciones de la UMC por localidad 3.436

San Critóbal 2.467

Usme

2.354

Bosa 1.965

Kennedy 1.369

Chapinero

1.167

Fontibón 897

Los Mártires

689

Suba Ciudad Bolívar Barrios Unidos

543 406

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Sistema de Información SIDIJUS Historia

Tras la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SSCJ-; en 2016, la Dirección de Acceso a la Justicia, con el apoyo de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información; comenzó a diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento el Sistema de Información Distrital en Justicia – SIDIJUS-, como una herramienta tecnológica de soporte para el funcionamiento adecuado de las Casas de Justicia. Este sistema ofrece los elementos informativos que permiten que Bogotá cuente hoy con un instrumento sólido para la toma de decisiones en materia de Justicia. Es importante señalar que las Casas de Justicia y las Unidades de Mediación estaban funcionando en la Secretaría de Distrital de Gobierno antes de su paso a la SSCJ, y habían conformado un sistema de información, sin embargo, como resultado de la evaluación realizada por las mesas de trabajo conjuntas entre los responsables de ambas entidades, se determinó que la mejor alternativa tecnológica para la SSCJ era poner en funcionamiento un nuevo sistema de información para el Sistema Distrital de Justicia del Distrito Capital. En el primer semestre de 2016 se inició un proceso gradual que ha incluido el diseño, el desarrollo y la puesta en marcha de cada uno de los módulos del sistema de información. El primero fue el SICAS (Sistema de Información de Casas de Justicia), que fue seguido por SUME (Sistema de Información de Unidades de Mediación y Conciliación) y continuando con SIJUSCO (Sistema de Información de Justicia Comunitaria). Después entraron en operación SILOJUS (Sistema de información de Sistemas Locales de Justicia), así como JUSTICO (Funcionalidad en página web de la Secretaría a las rutas de acceso a la justicia para tramitar un conflicto) y CRI VIRTUAL (Centro de Recepción de la Información), con los que terminó el proceso.

Objetivos y justificación

Para que la atención al ciudadano sea oportuna, en términos de tiempo y calidad, es necesario contar con todos los recursos tecnológicos para el almacenamiento y procesamiento de la información. Como antes de 2017 no se contaba con un sistema de información que llenara las necesidades del Sistema Distrital de Justicia, desde que se firmó el acuerdo para trasladar las casas de Justicia a la SDSCJ se definieron con mayor precisión los objetivos que debía cumplir este sistema:

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Mantener registros actualizados de los ciudadanos que ingresan a las Casas de Justicia, con la tipificación y caracterización relevante. Registrar y seguir la remisión o envío de los casos de los ciudadanos a las diferentes entidades operadoras de justicia y a las Unidades de Mediación y Conciliación de acuerdo con la ruta de acceso a la Justicia para cada tipo de conflicto. Permitir el seguimiento de la eficiencia en la prestación de los servicios ofrecidos por el Sistema Distrital de Casas de Justicia. Generar información sobre la población atendida en los diferentes servicios prestados. Suministrar información para el diseño de políticas públicas en materia de Acceso a la Justicia en el Distrito Capital. Centralizar la información que se diligencia desde las Casas de Justicia del Distrito Capital. Eliminar los procesos manuales que realizan en la atención de los ciudadanos.

Nuestros usuarios

El sistema de información SIDIJUS cuenta con varios usuarios: •

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Usuarios operativos: los servidores públicos (auxiliares y profesionales) de la Dirección de Acceso a la Justicia que laboran en las Casas de Justicia y las Unidades de Mediación y Conciliación y están comprometidos con el cumplimiento de sus actividades en la respectiva unidad territorial. Usuarios tácticos: son los profesionales del nivel central de la Dirección de Acceso a la Justicia, que analizan la información reportada por los equipos territoriales, para colaborar con el diseño de las estrategias y programas y con la coordinación de las diferentes entidades y sujetos que hacen parte del Sistema Distrital de Justicia. Usuarios estratégicos: Son los servidores públicos del equipo directivo que a partir de la información del sistema de información SIDIJUS y de su análisis y sistematización teman las decisiones y orientan las políticas públicas en materia de acceso a la justicia en el Distrito Capital.

¿Cómo funciona?

El sistema de información SIDIJUS está integrado por seis módulos1:

SIDIJUS

SICAS

SIJUSCO SUME

SILOJUS JUSTICO

Fuente: Elaboración propia.

1 Tomado del informe de gestión trimestral abril – junio 2019.

CRI VIRTUAL

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SICAS (Sistema de Información de Casas de Justicia). Permite registrar y administrar la información referente al proceso de atención de los ciudadanos manejado en el Centro de Recepción de Información (CRI) para brindar orientación a los ciudadanos en la atención y solución de conflictos SUME (Sistema de Información de Unidades de Mediación y Conciliación). Permite realizar un control, seguimiento y evaluación de las mediaciones realizadas por parte de los funcionarios de la UMC. SIJUSCO (Sistema de Información de Justicia Comunitaria). Facilita el seguimiento y evaluación de las atenciones de los Actores de Justicia Comunitaria. SILOJUS (Sistema de Información de Sistemas Locales de Justicia). Permite realizar el reporte, seguimiento y evaluación a los planes de acción territorial, relacionados con la conformación e implementación de Sistemas Locales de Justicia de Bogotá. JUSTICO. Cuando se termine su proceso de aplicación, facilitará a los ciudadanos acceder de manera interactiva a la página web de la SDSCJ, para recibir información de las rutas para tramitar un conflicto, de acuerdo con la oferta de acceso a la justicia en el Distrito. CRI VIRTUAL. Permitirá la interacción de la ciudadanía través de un chat en tiempo real con funcionarios de la SDSCJ con el fin de recibir orientación sobre los servicios distritales de justicia.

Ruta de funcionamiento

En el marco de los procedimientos establecidos en la Dirección de Acceso a la Justicia, el sistema de información SIDIJUS sigue una serie de pasos o etapas en el manejo de información, que pueden definirse en los siguientes tres momentos: •

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Captura de información: registro, por el Centro de Recepción de la Información (CRI), de la información básica del usuario, de la tipificación de los casos y su frecuencia y de la caracterización socioeconómica de los ciudadanos, incluyendo la información de ley. Gestión: Incluye las acciones realizadas de forma posterior al proceso de orientación realizado por el CRI, que incluye la remisión a la entidad competente, y la administración de los procesos de mediación y conciliación de la UMC. Visualización: Esta etapa tiene como finalidad permitir que los usuarios de los datos puedan encontrar y usar los reportes pertinentes con el apoyo de herramientas analíticas (tablas y cuadros) y herramientas visuales (gráficos de barras y curvas, imágenes) que permitan su fácil lectura y apoyen la toma de decisiones basadas en la información.

Población atendida

De acuerdo con la información consolidada, desde la entrada en vigencia de los sistemas a 31 de octubre de 2019 se hicieron 599.448 registros en el sistema, es decir que en promedio, cada mes, se realizaron 23.310 registros aproximadamente.

Impacto y resultados

El desarrollo del sistema de información ha permitido sistematizar los procedimientos de atención al ciudadano y mejorar los procesos de remisión de casos a los operadores. Ha dado información a la Dirección de Acceso a la Justicia que le permite tomar decisiones más informadas y evaluar el cumplimiento de las políticas definidas. En este sentido, ha permitido caracterizar con precisión a la ciudadanía atendida por el CRI, en términos de sus rasgos socioeconómicos. Los indicadores usados son: nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, minoría étnica, situación de discapacidad, víctima del conflicto, nivel educativo, ocupación, lugar de residencia. Las tipologías de los conflictos se establecieron de conformidad con la caracterización de necesidades jurídicas del Formulario de la Encuesta de Calidad de vida del DANE del 2016:

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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Familiares (divorcio, alimentos, herencias). La prestación de servicios públicos domiciliarios (tarifas, prestación del servicio, desconexión). Sus vecinos (ruidos, basuras, daños). Su casa, apartamento, local o finca (ocupación, daños, arrendamiento). La prestación de servicios de salud (afiliación, citas, medicamentos). Su empleador, en su lugar de trabajo o laborales (pagos, sindicatos, maltrato). La prestación de servicios de educación (acceso a la escuela, útiles escolares, matoneo). Deudas (falta de pago, tarjetas de crédito, intereses). Delitos (robos, corrupción, lesiones personales). Trato discriminatorio (orientación sexual, mujer, raza). El orden público o conflicto armado (desplazamiento, cultivos ilícitos, conflicto armado). El Estado (impuestos, trámites, daños por el Estado). La tenencia de tierras o el campo (titulación, linderos, recuperación de tierras [particulares o del Estado]). La compra de productos, prestación de servicios de telefonía y transporte público (calidad de productos adquiridos, celular, buses-taxis). El medio ambiente o el espacio público (ocupación calles, obras públicas, contaminación ambiental).

Obteniendo reportes de atención por tipo de población, conflicto y ubicación. Igualmente ha permitido catalogar y organizar los tipos de casos atendidos con mayor frecuencia, clasificándolos según localidad, etc.

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Centro de Traslado por Protección C

on la promulgación de la Ley 1801 de 2016, se establece la medida de Traslado por Protección, para que cuando la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o en peligro, el personal uniformado de la Policía Nacional pueda trasladarla para su protección o la de terceros a un centro asistencial o de protección, de salud u hospital o un lugar especialmente destinado para tal fin por la administración municipal. En este contexto, la Secretaría Distrital de Seguridad inauguró en el 2017 el Centro de Traslado por Protección localizado en Puente Aranda. En el mismo edificio se encuentran otras oficinas de Justicia e Investigación Policial, y todo el lugar es conocido como Unidad Permanente de Justicia.

Modelo de Atención Restaurativo

Las nuevas normas, a partir de 2017, buscaban que las llamadas “retenciones”, que permitían detener provisionalmente a una persona hasta por 24 horas, desaparecieran. En vez de una detención que tenía elementos de sanción, y que se prestaba para diversas formas de arbitrariedad, el nuevo Código de Policía y Convivencia autoriza a la policía a llevar a la persona al CTP en un acto de protección y para defender sus derechos, cuidándolo hasta que recupere su capacidad de actuar en forma adecuada. Por eso, en muchos casos, la policía, antes de llevar a la persona al CTP, debe intentar entregarlo a sus familiares o hacer que vuelva a su casa. Este enfoque, que eliminó además varias causales para estos traslados, constituye un cambio fundamental en la forma de enfrentar el problema de las personas exaltadas o agresivas pero que no han cometido un delito. No se trata de aplicar una sanción sino de ayudar a la persona en su propia recuperación.

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La puesta en vigencia de las nuevas normas implicó la elaboración de varios documentos y protocolos, como el “Modelo de Atención restaurativo para la población trasladada”, que fue revisado, ajustado y aprobado por la Dirección de Acceso a la Justicia y discutido con las entidades que participan en el proceso policial y ajustado teniendo en cuenta las observaciones efectuadas tanto por la Personería de Bogotá en ejercicio de las funciones de Ministerio Público, como por la Policía Nacional. Adicionalmente se encuentran elaborados y aprobados por las entidades pertinente (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Personería de Bogotá y Policía Nacional) los siguientes protocolos: 1.

2. 3. 4.

Protocolo general y formato para aplicar el medio de policía “Traslado por Protección”, el cual fue adoptado por la Policía Nacional y hoy se encuentra implementado por las Estaciones de Policía de Bogotá y Unidades Especiales para el Traslado por Protección. Protocolo de registro a personas. Protocolo de vigilancia en salas. Protocolo de atención al Ciudadano Habitante de y en Calle.

Estos protocolos tienen como objetivo garantizar el respeto de los derechos de las personas que son trasladadas al CTP, asegurar que se registran y se devuelven todas sus pertenencias, que no reciben insultos y que la respuesta a sus actitudes agresivas o de posible provocación se mantengan dentro de un marco prudente. Además, el registro de la información suministrada por el ciudadano ayuda a analizar en forma cuantitativa o cualitativa a la población relacionada, a identificar fallas y posibles mejoras del procedimiento y a analizar los elementos que pueden alterar las condiciones de convivencia en los ambientes urbanos. Para llenar el registro de personas y custodiar los elementos de su propiedad se vincularon algunos civiles.

Ciclo de formación policial

Dados los cambios legales derivados del nuevo Código de Policía y los riesgos de excesos y arbitrariedades en el manejo de personas como las que se trasladan al CTP, la SDSCJ capacitó, durante 2017, a las tres escuadras de la Policía Metropolitana y al personal de las diferentes entidades que operan en el CTP. En el primer semestre de 2009 se celebró una “Jornada de Actualización en DDHH” dirigida a 100 miembros de la policía.

Jornadas de atención especial en el CTP

Los ciudadanos habitantes de y en calle (CHC) son una población especialmente vulnerable, pues desconocen sus derechos y tienen poco acceso a los servicios mínimos que debe tener todo ciudadano. Por lo anterior, en el marco de la política pública (Ley 1641 de 2013), la Secretaría de Integración Social y la Policía Metropolitana de Bogotá realizan jornadas de atención especial y autocuidado para esta población en las instalaciones del CTP, para garantizar, promocionar y restablecer sus derechos, invitándolos a participar en los Centros de Atención Especial (CAE), en donde se busca su rehabilitación e inclusión social. En las jornadas de atención para CHC se ofrece alimentación, un taller de autocuidado en el cual se entrega un kit de aseo (toalla, champú, jabón), para tomar una ducha; se entrega también un kit de ropa (pantalón, camisa, chaqueta e interiores nuevos). Adicionalmente se les ofrece el servicio de peluquería, dado por profesionales, a los participantes que deseaban cortarse el pelo. Durante 2019 se programaron cuatro jornadas de atención especial de las cuales se han ejecutado en las que se atendieron 712 personas.

Actividades de atención social, preventivas y pedagógicas

La permanencia del ciudadano en el Centro de Traslado por Protección tiene un máximo de doce horas a partir de la verificación de las causales del traslado por parte de la Policía, lo que se considera un tiempo adecuado para que supere el estado de indefensión o alteración de la persona. En este caso el equipo de atención social del CTP debe adelantar unas actividades o talleres de carácter preventivo y pedagógico que desarrollen el componente restaurativo del modelo de atención, en las que las personas trasladadas puedan participar voluntariamente, con la finalidad

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de sensibilizarlos frente a temas de salud y convivencia, resolución de conflictos, cuidado personal, corresponsabilidad y derechos y deberes, entre otros. Los talleres realizados tuvieron tomo temas la prevención en salud y fármaco dependencia, valores y crecimiento personal, normas de convivencia ciudadana y nuevo Código Nacional de Policía, Derechos y deberes ciudadanos, resolución pacífica de conflictos, rutas de acceso a la justicia y medio ambiente

Atención psicosocial

La atención psicológica es realizada por una psicóloga de la SDSCJ, con el apoyo de siete profesionales en formación de la Universidad Konrad Lorenz, según el convenio de Asociación No. 742 de 2017. En el CTP se realizan tres tipos de atención psicológica a los ciudadanos: atención en crisis, de primeros auxilios emocionales o psicológicos, y orientación psicológica. La meta prevista para el 2019 son 1.150 atenciones.

Campañas en salud

Las campañas en salud buscan informar a la población de habitantes de y en calle, y a otros interesados, sobre asuntos de salud, para estimular sus hábitos y estilos de vida saludables, de modo que eviten posibles complicaciones y mejoren su calidad de vida. Para 2019 se tienen previstas 22 campañas, con temas como infecciones de transmisión sexual, consumo de sustancias psicoactivas, métodos anticonceptivos y hábitos de vida saludable.

Modelo de atención para personas privadas de la libertad en la URI de Puente Aranda

El Distrito Capital ha desarrollado un amplio conjunto de actividades y talleres que conforman un modelo de atención de las personas privadas de la libertad que ingresan a la URI de Puente Aranda, basado en la protección de sus derechos y la búsqueda del desarrollo de sus habilidades e intereses, y que tiene por objeto promover acciones pedagógicas y psicoterapéutica que den más fuerza interna a esas personas para asumir y enfrentar su estilo actual de vida, al tiempo que se hacen más conscientes de sus acciones y mejoran su capacidad para el control y disminución de la agresividad. Este modelo incluye las siguientes líneas de atención: • Programa de Biblioteca y sala multifuncional: En tres espacios de participación, se promueven las habilidades de lectura, escritura y expresión oral de las personas privadas de la libertad en la URI de Puente Aranda. Dentro de las múltiples actividades que ofrece el espacio, están: Café Literario busca acercar a los participantes a la lectura mediante el acceso a libros álbum, ilustrados, bordados, entre otros, cuyas narraciones que permitan ejercicios de reflexión. Cine Club busca usar los medios audiovisuales para desarrollar la capacidad de interpretación, comprensión y expresión oral. (En el capítulo sobre el Plan de Bibliotecas se puede encontrar más información). • Laboratorio de arte Hombres Bordadores: pretende que las personas privadas de la libertad transforman sus proyectos de vida a través del arte y el bordado, para que poco a poco descubran cómo tejer redes colaborativas, de confianza y de trabajo en equipo. • Cuenta Hasta 10: tiene como objetivo que las personas privadas de la libertad participen en un ciclo de talleres que le ayuden a prevenir la reiteración en el delito y las conductas impulsivas y violentas a través del conocimiento de las técnicas para regular las emociones. Entre sus contenidos están identificación de las emociones, regulación emocional, solución de problemas, técnicas de negociación y comunicación asertiva, entre otros. • Programa de Apoyo Espiritual: Se realizan dos talleres semanales dirigidos a la totalidad de las personas que se encuentran en las salas transitorias tanto de la URI de Puente Aranda como de la SIJIN. Así mismo se dictan dos seminarios mensuales (sanidad interior y de liberación). • Programa de Autocuidado y Bienestar: Se realizan actividades deportivas, en los que se hacen actividades musculares y juegos de agilidad mental. • Laboratorio Artes Vivas: De hacen dos talleres semanales, en desarrollo del Convenio de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia e IDARTES, para personas privadas de la libertad.

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Cárcel Distrital

Historia

La Cárcel Distrital es un establecimiento que está pensado y diseñado para atender personas que se encuentran sindicadas y están a la espera de juicio, es decir, aquellas que todavía no han sido condenadas en el proceso penal. En Bogotá hay cerca de 5.000 personas en esta situación y 1.000 son atendidas en la Cárcel Distrital. Las personas permanecen aproximadamente un año en la Cárcel mientras esperan el juicio y, si son condenados, se realiza el traslado a las penitenciarias administradas por la Nación (INPEC). A pesar de que se concentra en los sindicados, también se encuentran allí muchos condenados por porte de estupefacientes y otros delitos en los que es recomendable separarlos de los demás condenados. Esta Cárcel fue creada por un acuerdo del Concejo de Bogotá de 1934 y se inauguró, en el mismo sitio donde está hoy, en 1938. Bogotá era entonces una ciudad de apenas un poco más de 300.000 habitantes. En 1960 se oficializó el anexo de mujeres. Fue ampliada en 1970 y en 1983, cuando tenía capacidad para 450 personas, se dividió en seis pabellones, que siguen existiendo. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad y de la delincuencia en el país creó condiciones de hacinamiento en muchas de las cárceles oficiales, a pesar de que en Bogotá estaban el Panóptico, la Picota, la Modelo y el Buen Pastor. Era visible que las especificaciones técnicas y urbanísticas de la cárcel, hacia 1999, eran inadecuadas y su capacidad para garantizar los derechos de los internos limitada. Por esta razón, en la primera administración de Enrique Peñalosa se tomó la decisión de reconstruir y modernizar la Cárcel para que se ajustara a los estándares contemporáneos de atención carcelaria. La nueva infraestructura tiene espacio para talleres, aulas de clase, auditorios y toda la dotación para la operación de un centro para 1028 personas: ya en 2016 se destacaba que era la única cárcel del país sin hacinamiento. En la segunda administración de Enrique Peñalosa se continuaron los trabajos para mantenerla y mejorarla. Se remodeló por completo la zona de cocina, la panadería y la biblioteca. Se compraron equipos nuevos para el control de ingreso (rayos x, arcos, garrets y sillas para detectar metales) y se cambiaron las luminarias, las cámaras de seguridad y otros equipos, buscando consolidar las especificaciones de seguridad y ofrecer a los que están en ella condiciones dignas de vida. Hoy, la Cárcel Distrital tiene 1028 cupos, distribuidos en los pabellones: Libertad, Opción, Esperanza, Transición, Básico y Autonomía. Uno de los pabellones es femenino y de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2019 tuvo un promedio de ocupación de 915 personas privadas de la libertad, lo que representa un uso del 89% de su capacidad.

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Nuestra atención

A diferencia de otros centros penitenciarios de América Latina, en la Cárcel Distrital las personas privadas de la libertad tienen la garantía de contar con todas sus necesidades básicas satisfechas. Esto quiere decir que tienen todas las facilidades para que puedan acceder a servicios de salud, reciben una alimentación diaria satisfactoria y que cumple con estándares nutricionales y de calidad. Además, mensualmente cada interno recibe los productos de aseo necesarios para su cuidado personal. En convenio con la Secretaría de Educación, tenemos oferta educativa para que puedan cursar el bachillerato. Además hay una sala de cómputo en la que se capacita a las personas en tecnología digital. La Cárcel Distrital también ofrece talleres de carpintería, screen, tejido, panadería y costura. La Cárcel tiene además una oferta de más de dieciocho diferentes actividades culturales, educativas y de formación, que les permiten a las personas privadas de la libertad usar su tiempo de reclusión de manera edificante y productiva, de manera que se vayan preparando para el reintegro positivo a la sociedad, en condiciones que además reduzcan los riesgos de reincidencia: el ideal es que mejoren su capacitación para el trabajo y además adquieran nuevas actitudes y valores, que los lleven a buscar una relación más productiva y respetuosa con los demás habitantes de la ciudad. En un día normal, al menos el 80% de los privados de la libertad está vinculado a alguna actividad. Estos talleres, tanto los que buscan mejorar la capacidad de trabajo como los que se orientan a mejorar la persona, se han desarrollado en cooperación con otras entidades. Un ejemplo fue la unión de fuerzas con Idartes para llevar una buena oferta de cursos en artes, con la Secretaría de Educación para programas de bachillerato flexible y con la Secretaría de Cultura para potenciar e integrar la biblioteca a la red de bibliotecas de Bogotá y convertirla en un ejemplo de promoción de la lectura en este tipo de ambientes. Además, ofrecerá un ejemplo novedoso del uso de la cultura y la formación laboral para la rehabilitación y la consolidación de la personalidad de las personas que han estado privadas de la libertad. El régimen de visitas es organizado y digno, aplicando sistemas de seguridad exigentes pero que agilizan la entrada de los familiares, para optimizar el tiempo de las visitas y garantizar que no ingresen sustancias o artículos no permitidos. Un esfuerzo relevante fue coordinar las nuevas adquisiciones y mejoras en la infraestructura con el cumplimiento de 137 estándares de operación de la Asociación Americana de Correccionales implementados con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Esto permitió fortalecer la gestión de la Cárcel y organizar su funcionamiento con base en criterios técnicos validados y aceptados en el contexto internacional y plasmados en protocolos escritos, diseñados y pensados por el personal administrativo y de guardia de la misma Cárcel. A diferencia de otro tipo de acreditaciones o certificaciones, en dónde es la propia organización la que define sus procedimientos y el contenido de sus intervenciones, los estándares de ACA están prediseñados para garantizar el cumplimiento de estándares de servicio propios de la atención carcelaria en cualquier lugar. Por ejemplo, incluyen estándares y recomendaciones sobre seguridad industrial, luminosidad, protocolos de ingreso, garantías de salud y en general todos los puntos claves que deben tenerse en cuenta al operar una cárcel.

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Plan de bibliotecas y convenio con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

¿Cómo empezamos?

En 2017 la Secretaría de Seguridad decidió reabrir la biblioteca de la Cárcel Distrital y ponerla al servicio de quienes estaban privados de la libertad, para ofrecerles alternativas culturales y de resocialización dentro del penal. En una primera etapa se adecuaron los espacios, se consiguieron libros en donación y, con el apoyo de BibloRed, se prestaron algunos servicios a los usuarios. Muy pronto se estructuró un taller de biblioteca que empezó a funcionar diariamente con la asistencia regular de un grupo de privados de la libertad. Al ver que los resultados en la Cárcel fueron positivos y que los usuarios mostraban mucho interés en la biblioteca, se suscribió a comienzos del 2019 el Convenio Interadministrativo No. 141 entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, para promover la cultura, la lectura, la escritura y la oralidad entre las personas privadas de la libertad (PPL) a cargo de la Secretaría de Seguridad en la Cárcel Distrital y otros centros acordados, mediante la creación de bibliotecas o salas de lectura y sus respectivos procesos de formación. En desarrollo de este convenio, abrimos una nueva biblioteca en la URI de Puente Aranda y creamos puntos de lectura en los CAE de Bosconia, Belén y El Redentor (FEI, La Esmeralda y Jóvenes del Futuro). Esas bibliotecas operan como bibliotecas satélites de la Biblioteca de la Cárcel Distrital, que ahora es la biblioteca 24 de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte contrató a una coordinadora a través de BibloRed, para apoyar el funcionamiento de la biblioteca de la Cárcel Distrital y los demás espacios. Dentro de sus funciones también está la de orientar al equipo que está a cargo de la SDSCJ y que trabaja en el proceso de creación, organización, clasificación y funcionamiento de las bibliotecas o salas de lectura en la URI y en los CAE de Belén, Bosconia y complejo El Redentor, siguiendo las recomendaciones técnicas establecidas por BibloRed. Cada espacio presentaba un reto diferente, pues los públicos y la naturaleza institucional de todos no era la misma.

Objetivo general

El objetivo de este programa es ofrecer opciones de desarrollo cultural y de entretenimiento productivo y creativo a los usuarios, que incluyen tanto a adolescentes y jóvenes del SRPA como a adultos con medida de protección o privados de la libertad. Para los primeros, que están en un

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proceso de búsqueda individual de opciones de trabajo y vida, el acceso a los textos disponibles en la biblioteca ofrece recursos de desarrollo personal y opciones de uso del tiempo que apoyan su formación cultural, social y laboral. Para los adultos, que deben asumir una forma de vida reglamentada y sujeta a muchas restricciones, los libros, además de su aporte a la preparación para un reintegro futuro a la sociedad, constituyen un mundo alternativo que debería disminuir sus tensiones y reducir los elementos negativos de su actitud psicológica. De este modo, al mejorar el bienestar psicológico y contribuir al desarrollo personal de unos y otros, los prepara para un reingreso más productivo a la sociedad y crea condiciones que pueden ayudar a evitar la reincidencia en conductas inadecuadas y prepararlos para una mejor contribución a la convivencia social.

Objetivos específicos •

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Ofrecer a los usuarios una amplia variedad de materiales que responda a sus necesidades, tanto en el campo de la formación individual como en el de la recreación y el desarrollo de sus capacidades personales. Estos materiales se obtienen mediante compra y donación, buscando que se adapten a las necesidades de cada grupo de usuarios. Que los docentes de los CAE, Cárcel y el URI se apoyen en las bibliotecas para sus procesos educativos, al encontrar en ellos materiales que permitan a los usuarios ampliar sus conocimientos y tener mejor formación, tanto en asuntos generales como en asuntos de formación específicos. Ofrecer también materiales de estudio y lectura que respondan a las necesidades y deseos de los funcionarios de cada uno de los lugares en que operamos. Aumentar la asistencia a las bibliotecas de los CAE, Cárcel y URI, así como aumentar el uso de los materiales y la asistencia a otras actividades. Fortalecer y dar mayor alcance a los talleres de escritura y habilidades en expresión escrita y, en forma complementaria e indirecta, de expresión oral. Aumentar la oferta cultural a través de una programación variada y diversa, que ponga en contacto autores y otras personas con los usuarios directos de las bibliotecas.

Estrategias de servicio

Para ofrecer un servicio oportuno nos hemos enfocado en:

Mejorar las colecciones: Se ha buscado formar colecciones que cubran los fundamentos de todas las áreas del conocimiento, los intereses y expectativas de formación de los lectores objetivo de las bibliotecas de los CAE, Cárcel y URI, tanto en la conformación de su cultura general como en el aprendizaje de actividades específicas, artesanales o de apoyo personal (manuales de diferentes oficios como panadería, peluquería, fontanería, desarrollo de microempresa, autocuidado y salud, entre otros), sin descuidar los materiales recreativos y que contribuyan al desarrollo de sus competencias sociales y psicológicas (literatura, cine, informática, deporte, manualidades y artes). Inventario y sistematización de la colección: Busca organizar las colecciones de acuerdo con los lineamientos de BibloRed, para facilitar la adquisición, la conservación y el manejo del material del cual disponen las bibliotecas de los CAE, la Cárcel y la URI. Mejoramiento del mobiliario: El mejoramiento del espacio y el mobiliario produce cambios positivos en la forma en que las personas se apropian del espacio y se relacionan con las actividades de las bibliotecas. Por ello es importante trabajar en el mejoramiento continuo de todos los elementos de dotación de las bibliotecas de los CAE, la Cárcel y la URI. Reglamento: Es importante que exista y se cumpla un reglamento que regule el uso de los espacios de las bibliotecas y los deberes y derechos de todos.

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Justificación del programa

La meta del proyecto de bibliotecas es promover la cultura, la lectura, la escritura y el desarrollo de la comunicación oral entre las personas privadas de la libertad (PPL). Los derechos de las personas internas en centros de privación de la libertad están limitados por su situación de reclusión. Sin embargo, el Estado debe garantizar los derechos fundamentales a todos, independientemente del hecho punible cometido o de las diferentes situaciones de marginación social o aislamiento a las que estén expuestos. Las instituciones penitenciarias y carcelarias y en general, todas aquellas que trabajan con poblaciones privadas de la libertad de forma parcial o total tiene como fin fundamental la resocialización de estas personas. Una parte central tiene que ver con la educación y el acceso a la cultura, para lo cual la lectura es un instrumento básico. Así, la ley 63 de 1993 reconoce la importancia de organizar bibliotecas en los centros de reclusión y de estimular “entre los internos, por los medios más indicados, el ejercicio de la lectura.”1 Por esto la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte firmaron un Convenio Interadministrativo para la creación de bibliotecas y salas de lectura mediante el cual el programa “Lectura sin barreras” llegue a toda la población a cargo de la Secretaría de Seguridad.

Nuestras bibliotecas y sus servicios Cárcel Distrital

La Cárcel Distrital tiene 1028 cupos, de los cuales, cerca de 80 son para mujeres. Se divide en seis patios, uno de ellos asignado solo a las mujeres. Aunque nos centramos en los usuarios que van al taller de bibliotecas, prestamos libros a los pabellones, para llegar así a todos los usuarios que quieran leer. Cada pabellón cuenta con un bibliotecario que ha asistido a un proceso de formación. Además de motivar a sus compañeros a la lectura y apoyarlos para ello, divulgan las noticias de los eventos y actividades que se realizan en la biblioteca. Además, algunos días de visita programamos actividades con las familias, como ejercicios de lectura y escritura que faciliten la expresión de sentimientos y motiven el gusto por los libros. También hemos hecho acciones de divulgación y promoción con el personal de guardia y los funcionarios, que son alrededor de 200, para promover el uso compartido de la biblioteca y la asistencia a los talleres que se desarrollan en ella. Al reabrir esta biblioteca en 2017 encontramos unos 1500 libros sin inventariar y en cajas, que habían quedado de los intentos anteriores de biblioteca. Con el soporte técnico de BibloRed, estos libros fueron seleccionados, organizados y catalogados, al tiempo que se dio formación a seis personas privadas de la libertad en labores de gestión de la biblioteca. El taller de biblioteca contaba para ese entonces con 25 participantes. Los tipos de actividad eran: taller de lectura en pabellón, taller de formación en promoción de lectura y encuentro con el autor. Ese año se llevó a cabo el primer Concurso de Cuento y participaron cincuenta personas privadas de la libertad. En el mismo 2017 comenzamos a prestar libros en los patios con el apoyo de los PPL que hacían parte del grupo de biblioteca. Ese año se prestaron cerca de 250 libros. Para el 2018 se tenían ya 6.543 libros catalogados según el sistema acordado. La colección aumentó gracias a las campañas de donación de libros de BibloRed y de la Secretaría de Seguridad. Por otra parte, a los seis usuarios del grupo base de apoyo a la biblioteca se sumaron otros catorce con el fin de recibir formación en procesos bibliotecarios. Este año se hizo la segunda versión del Concurso de Cuento, esta vez con la participación de noventa internos. Con la firma del convenio con BibloRed de marzo de 2019 la biblioteca queda incluida en la agenda cultural de la cual se benefician las demás bibliotecas de la ciudad y se amplía la cobertura de programas y servicios técnicos. BibloRed, además, ayudó a mejorar la colección con un descarte de los libros, que dejó una colección de 6.300 libros seleccionados. Pero la misma BibloRed donó 500 libros en su mayoría de literatura juvenil e infantil, que fortalecieron y diversificaron la colección. Además, teniendo en cuenta las necesidades y gustos de los usuarios, la Secretaría de 1 Ley 63 de 1993. (Título VIII, Art. 94)

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Seguridad decidió comprar unos 1.000 títulos, con énfasis en literatura infantil y juvenil y en las obras de literatura general inexistentes en la biblioteca y que los lectores solicitaban. Además se incluyeron 200 películas para complementar los cine clubes y actividades de la biblioteca. Con esta actualización, la biblioteca queda con una colección de 7.800 títulos. Con la puesta en marcha del convenio se amplió la oferta cultural de la biblioteca con charlas ciudadanas, cineclub, laboratorio de creación de contenidos, programa de habilidades en lectura y escritura, soporte técnico, talleres en articulación con los Ciclo Lectivo de educación integral (CLEI) y talleres auto gestionados. Se siguen haciendo los talleres en promoción de lectura y los encuentros con el autor, que aumentaron tanto en el número de asistentes como en el número de invitados. La tercera versión del concurso de cuento corto alcanzó 100 participantes entre los que hubo personal de guardia, custodia y vigilancia de la cárcel, a los asistentes al taller de bibliotecas de la URI así como jóvenes y adolescentes de los CAE en los que hay bibliotecas satélite. En la actualidad, hay seis usuarios fijos de taller de bibliotecas y catorce que se rotan trimestralmente y representan todos los seis pabellones de la cárcel.

URI

La biblioteca de la URI se puso en funcionamiento en mayo de 2018 con la intención de replicar el proyecto exitoso de la Cárcel Distrital. Aunque existía una pequeña biblioteca, se hicieron modificaciones arquitectónicas para agrandar y adecuar un espacio más apropiado. Se hizo un proceso de selección, descarte y ubicación de donaciones realizadas por diferentes entidades y amigos entusiastas del proyecto. BibloRed nos apoyó con un profesional para hacer promoción de lectura y arreglo del material bibliográfico. Este apoyo sigue dándose, para permitir el descarte de material y la actualización de la colección. En 2019 después de firmado el convenio entre las dos secretarías, se instalaron estanterías nuevas y abrieron los talleres de biblioteca en condiciones optimas y cómodas. El trabajo comenzó con tres talleres: escritura creativa, café literario y cine club, que se han mantenido hasta la fecha, ampliados con las Charlas Ciudadanas y los Encuentros con el autor, gestionadas por BibloRed y la Secretaría de Seguridad. Cada mes se hace una actividad cultural de carácter externo y cada semana hay tres talleres -lectura, escritura y oralidad. Para esta biblioteca la SDSCJ también adquirió una colección de unos 1.000 títulos que, junto a cerca de 100 películas, amplía y complementa la colección para ofrecer mejores servicios.

CAE Belén

Este CAE tiene capacidad instalada para atender cincuenta jóvenes. Algunos de ellos tienen permiso para salir a estudiar durante el día y los demás cursan sus estudios dentro del CAE. El punto de lectura es manejado por personal del CAE, aunque se apoya en algunas actividades que ofrece BibloRed. Aunque no había biblioteca, en el CAE Belén tenía algunos libros que estaban guardados en cajas y muchos de ellos en mal estado. Los jóvenes del taller ayudaron a seleccionarlos y en julio de 2019 se obtuvo una donación importante de libros, a la que se sumó en septiembre otra por parte del IDPAC. En ese mismo mes la SSCJ hizo la dotación de muebles y se terminó de instalar una pequeña biblioteca que presta sus servicios en la sala donde los jóvenes hacen tareas y usan los computadores. En este espacio los usuarios asisten a dos talleres semanales, de dos horas cada uno. Con estos talleres, dirigidos por una promotora de lectura, buscamos motivarles y acercarlos a la lectura y a la cultura a través de actividades como Cine foro, Escritura Lab, charlas ciudadanas y espacios lúdicos y artísticos.

CAE Bosconia

El CAE Bosconia puede atender a 50 jóvenes sancionados con privación de la libertad. Algunos de ellos tienen permiso para estudiar por fuera de las instalaciones durante el día, pero un porcentaje importante permanece durante el día en el centro, donde realizan sus estudios. La biblioteca representa un complemento importante para su formación, pero constituye también una oportunidad de recreación y entretenimiento.

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El trabajo en Bosconia comenzó en marzo de 2019 con una pequeña colección bibliográfica. En julio se instalaron los muebles para el sitio de lectura y en septiembre se inauguró el punto de lectura con 400 libros donados que ya están inventariados. Al igual que en Belén, los jóvenes tienen dos talleres semanales de dos horas cada uno, estos talleres están dirigidos por una de las promotoras de lectura y apoyados por personal de BibloRed. El trabajo con los jóvenes se ha concentrado en los talleres de escritura, el Cine foro y los encuentros con el autor. En octubre el fotógrafo Andrés Amaya hizo un primer taller de fotografía, cuyos resultados están expuestos en La Casita y a finales de 2019 quedarán en Bosconia.

Complejo El Redentor

Está conformado por los Centros de Atención Especializada La Esmeralda, este centro femenino tiene capacidad instalada para 50 adolescentes y jóvenes; FEI con capacidad para 300 adolescentes y Jóvenes del Futuro con capacidad para 110 jóvenes que alcanzan la mayoría de edad estando en el sistema. En estos CAE comenzamos los trabajos de promoción de lectura y creación o fortalecimiento de bibliotecas en marzo de 2019. De los tres, solo FEI tenía una biblioteca que estaba fuera de servicio y los otros dos tenían algunos libros de texto en muy mal estado y sin que los jóvenes pudieran usarlos. En los tres CAE empezamos talleres con horarios fijos para realizar talleres y jornadas para adecuar los espacios de biblioteca, organizar los libros y ponerlos al servicio de todos los usuarios.

¿Cómo funcionamos?

El funcionamiento de estas bibliotecas está coordinado por un comité de seguimiento con representantes de BibloRed y Secretaria de Seguridad que se reúne dos veces al mes. BibloRed presta los siguientes servicios: 1) Capacitación en servicios bibliotecarios. 2) Capacitación en promoción de lectura. 3) Talleres de escritura. 4) Talleres de oralidad. 5) Encuentros culturales. Las actividades que de las bibliotecas se hacen de común acuerdo entre las directrices de BibloRed y los intereses de la Secretaría de Seguridad, tanto las que tienen que ver con servicios bibliotecarios y promoción de lectura como los talleres y encuentros culturales. En cuanto a los servicios bibliotecarios, uno de los objetivos de estos espacios es capacitar a los usuarios para que ellos mismos puedan generar procesos de promoción de lectura los patios o en los CAE. Esto implica preparar a estas personas, para que repliquen la labor que se realiza en la biblioteca y se conviertan en mediadores. El Comité de seguimiento evalúa la oferta de eventos culturales de BibloRed y la distribuye y asigna entre las diferentes bibliotecas. Esto quiere decir que las promotora de lectura siguen unos lineamientos temáticos y operativos para garantizar el buen funcionamiento del espacio y la coherencia entre las actividades de las bibliotecas. La SDSCJ hace seguimiento al convenio, da los materiales para los talleres y apoya el desarrollo de talleres y encuentros culturales con todas los procesos organizativos y logísticos, en caso de que se requieran autorizaciones y otros procedimientos en los espacios que se encuentran las bibliotecas. La gran mayoría de los autores que han participado de los Encuentros con el Autor han sido gestionados por la Secretaría de Seguridad.

Oferta cultural

La oferta cultural varía en cada espacio. Aunque intentamos llevar la mayor cantidad de servicios como sea posible, no todos los eventos y talleres se desarrollan en todos los centros. Charlas ciudadanas: se busca generar un diálogo informado en torno a situaciones y problemas de un tema de actualidad y se espera que todos los asistentes hagan preguntas y participen en forma activa. Cine foro: se hace la presentación de una película, donde al final todos dan su opinión, y debaten dependiendo de la temática de la misma.

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Encuentros con el autor: este es un espacio para conocer a un escritor, su obra y generar conversaciones alrededor de sus libros. Entre 2017 y 2019 asistieron Camila Segura, Alberto Salcedo Ramos, Antonio García Ángel, Manuel Kalmanovitz, Arturo Charria, Camilo Jiménez, Carolina Sanín, Piedad Bonnet, Ricardo Sumalavia, Fernando González Santos, Margarita Posada, Pilar Quintana, Melba Escobar, Sinar Alvarado, Triunfo Arciniegas, Stephane Chaumet, Luz Mary Giraldo, Ramón Campos, Alejandro Bernal, Alejandro Reyes, Pablo Burgos, Ricardo Silva, Juan Esteban Constaín, Tatiana Duplat, Juan Fernando Hincapié, Andrés Ospina, Mauricio García Villegas, Alejandro Gaviria, Jorge Orlando Melo, Santiago Rivas y Bettina González, entre otros. Talleres de escritura y lectura: En estos talleres, bajo la guía de un promotor, se lee un texto que permita acercar a los usuarios a las diversas formas literarias y en riqueza sus posibilidades para disfrutar la literatura. En los talleres de escritura, los asistentes hacen el esfuerzo de producir diferentes tipos de texto -narrativos, epistolares, comentarios- en los que se enfrentan a sus propios problemas y reflexionan sobre sí mismos. Conferencias: Programamos conferencias sobre temas de interés general, con invitados de BibloRed y la Secretaría de Seguridad. Espacios lúdicos y artísticos: A través de un ciclo de talleres enfocados en el juego y la experimentación, se propician escenarios para el desarrollo de todo el potencial expresivo, creativo y comunicativo de los adultos, los jóvenes y adolescentes de nuestras diferentes bibliotecas. Debates y otras actividades culturales: En estos encuentros se busca estimular la formación, la reflexión y la actitud crítica de los usuarios, reflexionando y conversando sobre temas de actualidad, buscando que los debates sean respetuosos de los interlocutores y desarrollen las capacidades de argumentación de los participantes. Lectura en voz alta: Espacios en los cuales se comparte un texto o una parte del mismo con uno o más asistentes. El objetivo es buscar una forma diferente de acercar la lectura a los usuarios.

Impacto que ha tenido el programa

Los testimonios de los participantes en los diversos programas relacionados con la biblioteca confirman algunas ideas generales. En primer lugar, destacan que su capacidad de comprensión de lectura ha mejorado, así como su habilidad para expresarse en forma escrita. Los que participan como promotores o personal de apoyo han adquirido un interés permanente por la promoción de la lectura, y algunos consideran que la biblioteca es una opción posible para su vida en libertad. La posibilidad de oír a autores conocidos, conversar con ellos, estar presente en debates sobre problemas de actualidad y charlas ciudadanas dadas por diferentes expertos representa una opción cultural de gran interés para personas privadas de la libertad, pues les desarrolla inquietudes e intereses por la sociedad y les permite hacerse preguntas relativas a su futuro regreso a la vida en comunidad. Igualmente el Cine Club ofrece una posibilidad de ver cine en forma más reflexiva, discutiendo diferentes elementos que antes podían dejar de considerarse. Los talleres de escritura, que en muchos casos se han vinculado a la participación en los concursos de cuento, resultan interesantes ante todo porque llevan a un esfuerzo más exigente de meditación acerca de los problemas personales, de sus relaciones con otros miembros de sus familias o de la sociedad. Escribir obliga a pensar y a tener en cuenta en forma más compleja la propia situación. Todas estas situaciones -dialogar con autores conocidos, reflexionar y discutir una película, esforzarse por exponer por escrito una situación personal compleja, representan un momento en el que el participante se convierte en un sujeto creativo y participante, en el que encuentra una forma de dignidad y de reconocimiento. Es igualmente importante el reconocimiento que logran los participantes cuanto sus productos -textos, fotografías, dibujos, etc., se exhiben en sitios abiertos a todos.

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El interés por el programa se manifiesta, por otra parte, en forma especial, en la actitud de los jóvenes que en varias ocasiones han hecho proyectos para nuevos talleres y en su creciente participación en las diversas actividades, tanto en los talleres como en los concursos de cuento. El proyecto, además, ayuda a establecer formas diferentes de relación entre los funcionarios y guardianes y las personas privadas de libertad, pues muchas veces participan en condiciones de mutuo respeto en las conversaciones y discusiones de los talleres. La consolidación del proyecto, propicia unas relaciones menos tensas entre unos y otros. Por otra parte, el proyecto ha tenido una resonancia notable en los medios y entre muchas personas vinculadas en diversas formas con BibloRed o la Secretaría de Seguridad, que han reconocido su importancia y las formas creativas e innovativas que ha adquirido.

Nuestro equipo

Coordinadora de BibloRed: Es el puente entre la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, (BibloRed) y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Ella se encarga de coordinar y hacer seguimiento a todos los programas y talleres que se imparten en las bibliotecas, tanto en la Cárcel Distrital como en los espacios de extensión. Tiene la misión de conseguir que la programación de la red llegue hasta los espacios. También hace formación de promotores de lectura y coordina toda la agenda del proyecto además de la de la cárcel. Equipo de apoyo pedagógico: Actualmente son tres. Dos se encargan de planear, presentar y ejecutar cada uno de los talleres que se imparten en los diferentes centros. Apoyan la gestión requerida para la organización de eventos de los programas de la Subsecretaría. Además, colaboran con la adecuación de los espacios y los procesos de biblioteca requeridos, usando las herramientas definidos por BibloRed. En la Cárcel Distrital hay una persona que se encarga de gestionar todas las autorizaciones desde y hacia la biblioteca. También apoya la programación y hace acompañamiento de todos los talleres, encuentros y demás que se realicen en la biblioteca y en el auditorio.

Convenio con el Instituto Distrital de las Artes - Idartes

En el SRPA y el CTP, los laboratorios se ajustaron a las dinámicas de cada uno de los centros y se realizaron de forma complementaria a las actividades de estos. En la Cárcel Distrital los talleres se dictaron con una intensidad de 40 horas semanales, lo que permitió que fueran una actividad educativa por medio de la cual los internos podían obtener una redención de sus penas. En estos laboratorios, además de apoyar a los participantes para que aprendieran y ejercitaran las formas de acción propias de cada disciplina, se buscaba que la formación artística se convirtiera en un medio para que reflexionaran sobre la realidad y buscaran cómo establecer nuevas formas de relación en la sociedad. Dado el carácter experimental de estos ejercicios, que no seguían un guion detallado ya probado, se les dio el nombre de Error y Prueba, para destacar que tanto los que guiaban los ejercicios, como los participantes, estaban ensayando y buscando formas nuevas de emplear el arte para promover la expresión personal. Cada uno de los grupos se dividió en tres fases: (i) Fundamentos técnicos, en la que mediante ejercicios prácticos se abordaban las técnicas y destrezas básicas de cada disciplina, así como los conceptos en los que se apoya; (ii) Experimentación, en las que los participantes eran estimulados para elaborar algo nuevo, de tal manera que aplicaran las técnicas aprendidas a sus ensayos de expresión, ya más libre y creativa y, (iii) Construcción colectiva, en la que los participantes, así como públicos diferentes, dialogaban sobre los trabajos realizados, para confrontar diferentes lecturas e interpretaciones de los trabajos, para buscar una elaboración colectiva del sentido de las diferentes creaciones y para explorar la forma como se representan e imaginan los unos y los otros. Como lo describe Idartes, se buscaba “experimentar con las potencias que ofrece cada lenguaje en el juego y en el gozo de la creación, para proponer, algo nuevo, permitirse el error como acontecimiento, es decir como una nueva oportunidad y como hallazgo, encontrando una nueva forma”. La metodología planteada, además de lograr la adhesión de los participantes a los cursos, llevó a que los talleres se convirtieran en un lugar cómodo y tranquilo para ellos, que les permitía tener un rato agradable y que era a la vez un espacio para el diálogo y la reflexión.

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Convenio con el Instituto Distrital de las Artes Idartes

tender personas que se encuentran en conflicto con la ley y lograr que su paso por los sistemas penales les ayude a tomar nuevos caminos alejados del mundo del delito, implica un reto constante para los profesionales que los atienden. En el caso de los jóvenes, los contextos vulnerables de los que usualmente provienen y el hecho de haber traspasado límites sociales a una corta edad, implica que muchos de ellos sean personas que se resisten a recibir cualquier atención, hace que sea difícil captar la atención, lograr diálogos sinceros sobre su historia de vida, generar reflexiones sobre las razones que los llevaron a infringir la ley o pensar cómo pueden reparar a las personas a quienes les causaron daño con sus acciones. Por las razones mencionadas, es necesario que los profesionales estén en una búsqueda constante de nuevas metodologías pedagógicas que logren mover a estas personas de sus lógicas habituales, que los sorprendan y atraigan, y de ese modo eviten las respuestas prevenidas y desconfiadas, para comenzar a avanzar en procesos que realmente lleven al cambio. La experiencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, ha mostrado que el arte es un excelente aliado para lograr esta labor. Al participar en actividades que estimulen la expresión artística las personas dejan de lado sus prejuicios y se enfrentan a situaciones inesperadas, en las que pueden expresarse con espontaneidad y permitir que sus rasgos individuales salgan a la luz. Por ello se tomó la decisión de suscribir un convenio interadministrativo con el Instituto Distrital para las Artes Idartes, para programar laboratorios de creación artística que incluyeran las diversas formas de manifestaciones estéticas: artes plásticas, artes electrónicas, teatro, música, danza y creación literaria. Estos se llevaron a cabo en todos los centros donde se atienden sanciones privativas y no privativas de la libertad del SRPA, en la Cárcel y en el Centro de Traslado por Protección (CTP), para atender las personas que se encuentran sindicadas a la espera de un traslado a una cárcel. Además, se vincularon a los talleres los Actores de justicia comunitaria que trabajan de manera voluntaria para fortalecer los sistemas locales de justicia. Los resultados de los laboratorios fueron presentados en la Cárcel Distrital el 22 de noviembre de 2019, en el Teatro Villa Mayor el 26 de noviembre de 2019 y en una exposición de trabajos artísticos y audiovisuales en la sede de La Casita, Justicia Restaurativa para Jóvenes del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2019. El hecho de estar en estos eventos de divulgación y presentación pública se convirtió en algo significativo para los participantes. Mostrar sus trabajos en una exposición, subirse a la tarima de un teatro y actuar frente a otros, fue una valiosa oportunidad para mostrar a sus familias y a la sociedad que tienen capacidad para destacarse en otros aspectos diferentes a la delincuencia. La visión restrictiva y estereotipada que muchos tienen de estos jóvenes y adultos se rompía así, y ellos mismos descubrían que tenían algo diferente por decir, al mismo tiempo que el trabajo artístico les había permitido encontrar nuevos sentidos a su propia experiencia y capacidades propias que a veces eran sorprendentes e inesperadas.

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Casa Libertad Historia

Casa Libertad fue impulsada en el año 2015 por el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio y la Fundación Teatro Interno (hoy Acción Interna). Este programa buscaba dar herramientas a quienes han cumplido con sus penas y residen en Bogotá y municipios aledaños, para reintegrarse a sus familias y a la sociedad. Aunque la ley 65 de 1995 le asignó al INPEC la atención pospenitenciaria,, todavía en 2015, como lo señaló el documento CONPES 3828 de ese año, no existía una estrategia nacional clara y coherente para su atención, lo que aumenta los riesgos de esta población y las probabilidades de reincidencia en el delito. La atención a la población que ha cumplido sanciones privativas de la libertad tiene por objeto contribuir a la inclusión social, el mejoramiento de sus condiciones de vida, disminuir el riesgo de reincidencia en la criminalidad y fomentar la cultura de la legalidad. Otras normas, como la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, asignaron a los alcaldes la obligación de promover “la seguridad y la convivencia” y contribuir a la prevención del delito. Con fundamento en esto, se suscribió un Convenio Interadministrativo entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, con el fin de buscar la prevención de la reincidencia criminal, mediante acciones de atención a los ciudadanos que han recuperado la libertad y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, en su calidad de cabeza del sector administrativo de justicia. Además, el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2016- 2020 “Bogotá Mejor para Todos”, adoptado el 9 de

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junio de 2016 mediante acuerdo 645, incorporó estas obligaciones y estableció los tres “pilares” del plan, uno de los cuales es el de Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana, en el que se tienen en cuenta las acciones para prevenir el delito y mejorar la convivencia. El 11 de marzo de 2019 este marco se precisó en el convenio interadministrativo No. 171, firmado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Este convenio tiene por objeto “aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias, capacidades y recursos para implementar los lineamientos de Política Pública, para la prevención de la reincidencia criminal desde un modelo de atención postpenitenciaria en Bogotá D.C.”.

Objetivo General

El programa está orientado a atender a personas que recibieron una sanción de privación de libertad y cumplieron la pena, incluyendo a aquellos con suspensión condicional de la pena o libertad condicional, con el objetivo de facilitar su reinserción al mundo laboral, familiar y social.

Objetivos específicos

Para cumplir con este propósito, hemos diseñado, junto con las instituciones aliadas, un plan de trabajo que busca fortalecer las habilidades y competencias para el buen vivir de los usuarios, de manera que restablezcan sus vínculos familiares, sociales y laborales y de esa manera prevenir la reincidencia. En aras de atender de manera eficiente a cada ciudadano que acude a Casa Libertad, un objetivo específico de nuestra labor ha sido el fortalecimiento institucional y la optimización de la atención a los usuarios. Para ello hemos creado procedimientos para registrar, caracterizar y orientar a las personas que acuden en busca de nuestros servicios. Además, estamos organizando la información por medio de una herramienta de información que consolida la información por áreas de trabajo. Por último, se han georreferenciado a los usuarios para identificar áreas de concentración en la ciudad. Nuestro equipo de trabajo ha crecido en un 140% para poder atender la demanda sin afectar el tiempo de los usuarios. Otro objetivo específico es crear y fortalecer los vínculos con los establecimientos penitenciarios y carcelarios para identificar la población que va a ser liberada y promover su vinculación a Casa Libertad. En cuanto a los usuarios, enfocamos nuestros esfuerzos en identificar y tratar de potenciar las características individuales de los usuarios que pueden favorecer su reintegración a la sociedad y alejarlos del crimen o la violencia. Nos interesa apoyar la adquisición de hábitos saludables que favorezcan su calidad de vida y la relación con su entorno. Además, brindamos asesoría jurídica a los usuarios para facilitar y agilizar su proceso de inclusión laboral, el acceso a servicios sociales. Es fundamental que las personas que han cumplido sus condenas puedan vincularse laboralmente. Muchos de ellos han pasado bastante tiempo en la cárcel y no tienen el conocimiento tecnológico ni las herramientas para acceder a información sobre oferta de empleo, postulación a cargos e incluso, no saben cómo atender una entrevista laboral. En Casa Libertad ayudamos a los usuarios a identificar y desarrollar las habilidades y competencias laborales para que puedan lograr su vinculación laboral. Muchos usuarios buscan crear sus propios negocios y en Casa Libertad brindamos capacitaciones y apoyo para que puedan consolidar sus ideas y poner en marcha su emprendimiento. Fortalecemos las competencias y habilidades a través de espacios formativos que puedan fortalecer el desempeño académico y económico.

Justificación

Intervenir los efectos y huella que puede dejar en una persona el haber estado privada de la libertad y los riesgos de reincidencia criminal requiere de un proceso que abarque intervenciones desde la privación de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios hasta los programas extramurales. Cuando la persona recobra su libertad es fundamental complementar el proceso resocializador realizado para el cumplimiento de su pena o sanción con programas externos. Lo

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anterior implica desarrollar un proceso que comienza antes de su liberación y se complementa en libertad, de manera que la población que estuvo privada de la libertad cuente con un apoyo en su reencuentro con la vida en libertad. La atención a esta población busca contribuir a la inclusión social y el mejoramiento de sus condiciones de vida, disminuir el riesgo de reincidencia en la criminalidad y fomentar la cultura de la legalidad. Para ello se busca la reducción de los efectos de la vida en prisión, la prevención y tratamiento del abuso de sustancias adictivas, la búsqueda de actividades laborales y productivas y la reducción de las barreras de todo tipo hacia esta población, tanto los prejuicios sociales que dificultan su inclusión como las barreras burocráticas y administrativas que establecen procedimientos engorrosos para atenderos. Esta población tiene necesidades muy diferentes, que deben reconocerse y atenderse. Cada persona debe desarrollar sus capacidades como protagonista activa, definiendo un proyecto de vida que responda a sus necesidades y propósitos, con el apoyo del entorno social e institucional. Por ello es esencial definir la política, los mecanismos y las instituciones para la atención, orientación y apoyo a la población que ha recuperado la libertad, de manera que el trabajo coordinado con los centros de reclusión permita reducir los riesgos negativos. Estos riesgos son ante todo individuales (baja capacidad de autorregulación y autocontrol de los impulsos, consumo de alcohol y drogas, etc.), familiares (tensión familiar, grupo familiar hostil, choques con los padres, etc.) y sociales (discriminación y prevención, falta de apoyo, conductas sociales que promueven las acciones ilegales y la búsqueda del resultado individual sin tener en cuenta los efectos sobre otros). Además de la información relevante sobre las oportunidades de empleo y los requisitos para ocuparlo, la persona que ha recobrado su libertad requiere el apoyo de la sociedad para su proceso de reintegración y toda la orientación y las oportunidades que le permitan acceder a capacitaciones, estudios, subsidios, programas para la superación de adicciones, facilidades de crédito para desarrollar proyectos de emprendimiento y actividades recreativas y de crecimiento personal. Al desarrollar sus capacidades y capacitarse para trabajar, los usuarios logran que el error que hayan podido cometer en el pasado no defina su futuro y pueden buscar opciones de vida alejadas del delito.

Ruta de funcionamiento

Con la entrada de Casa Libertad a la SDSCJ, se logró implementar un programa de atención para el tránsito a la libertad de las personas que están en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Bogotá. A través de la atención al interior de los centros se promueve la adherencia a los programas psicosociales, el encuentro familiar, el mapeo de redes de apoyo y la caracterización de los sujetos. De esta manera ya se tiene un camino adelantado cuando las personas y sus familias llegan de manera voluntaria a Casa Libertad. La oferta de Casa Libertad se encuentra articulada con los servicios distritales; por ejemplo, educación y el Sistema Distrital de Justicia. Desde abril de 2019, esta oferta ha aumentado en más de un 113% y se ha logrado la articulación de la atención de las instituciones que hacen parte de Casa Libertad. A continuación, se describe brevemente la ruta de atención en Casa Libertad: El punto inicial es el área de acogida. En esta área el usuario es identificado y caracterizado en su dimensión familiar, laboral, comunitaria, educativa, entre otras. Desde acá se realiza la remisión a la oferta externa, cuando se requiere, y se inicia la ruta de atención en Casa Libertad. Enviado el usuario al área psicosocial, se le practican unas pruebas psicológicas y una entrevista para definir el plan de apoyo que requiere. Este plan de apoyo se encuentra integrado por siguientes dimensiones: • •

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Individual: (i) manejo de emociones; (ii) habilidades sociales; (iii) deshabituación de conductas adictivas; y (iv) desprisionalización. Familiar: (i) corresponsabilidad familiar; (ii) redes apoyo; (iii) roles parentales adecuados; y (iv) prácticas restaurativas.

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• • • •

Calidad de vida: (i) hábitos saludables; (ii) derechos sexuales y reproductivos. Comunidad y cultura: (i) convivencia, diversidad y ciudadanía; (ii) Código de Policía; y (ii) embajadores Casa Libertad. Competencias para la vida: inglés, francés, matemáticas, expresión oral, habilidades en TICS. Formación: plomería y panadería.

Una vez termina la ruta con éxito, es analizado el proceso de cada usuario en el Comité de Evaluación y Acompañamiento. Este comité define el direccionamiento del usuario a intermediación laboral, formación o refuerzo. Cuando el usuario es remitido a intermediación laboral, de la mano con el usuario, Casa Libertad elabora la hoja de vida, se determina el perfil laboral, se sube su información a la plataforma de la agencia de empleo y se agenda para la capacitación en competencias y habilidades para el trabajo, que se realiza con todos los usuarios antes de remitirlos a una oferta de empleo. Finalmente, el usuario es enviado al proceso de vinculación laboral. En caso de ser seleccionado, se realiza un acompañamiento al usuario y a la empresa durante un año, para promover la continuidad laboral.

Población atendida

En total se han atendido 1968 personas desde la apertura de Casa Libertad. El 19% de esas atenciones se han efectuado entre abril y agosto de 2019, periodo en el cual la Secretaría asumió la coordinación de Casa Libertad.

Usuarios atendidos en Casa Libertad 11 de marzo de 2019 – 31 de octubre de 2019 241

Hombres

22 2

Mujeres

Gráfico 1. Fuente: Casa Libertad

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Impacto

Desde que Casa Libertad está a cargo de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia hemos fortalecido nuestra capacidad institucional y esto se ha visto reflejado en una atención más eficiente para los usuarios y en una sistematización de la información que permitirá a largo plazo acompañar y evaluar el proceso de nuestros usuarios de manera efectiva. En el área psicosocial, elaboramos un índice de reintegración que nos permite seguir la evolución del proceso de los usuarios y diseñamos una línea de acompañamiento familiar pues vimos que es un factor determinante para que los usuarios logren su proceso de reinserción lo más pronto posible. Desde abril se logró la vinculación laboral de 60 usuarios de Casa Libertad. En total se encuentran vinculadas 95 usuarios, lo que representa el 63% de los posibles empleos en estos cinco meses. Se aumentó en un 20% el número de usuarios atendidos respecto de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2018. Participamos en la Feria Buró y vendimos 432 bolsas ecológicas de tela, esta fue una experiencia muy enriquecedora, pues fueron confeccionadas por usuarios que aprendieron del proceso de diseño, cálculo de costos y comercialización del producto. Entre junio y agosto de 2019 hemos hecho asesoras puntuales a 31 usuarios en temas de emprendimiento e implementamos un semillero de preparación para el trabajo y la vinculación laboral en el que participaron 118 usuarios. Además, y conscientes de la importancia de la vinculación del sector productivo y de servicios a Casa Libertad, hemos presentado nuestro proyecto a quince empresas que eventualmente pueden convertirse en nuestras aliadas. Durante julio, agosto y septiembre, se llevaron a cabo 75 talleres de Plan de Apoyo Grupal, con un total de 717 asistencias; los temas abordados fueron: (i) habilidades sociales básicas; (ii) redes de apoyo social; (iii) prevención y manejo de conductas adictivas; (iv) hábitos saludables; (v) Código de Policía; y (vi) Convivencia, Diversidad y Ciudadanía. En los aspectos jurídicos, entre junio y octubre de 2019 se han dado 311 atenciones de asesoría jurídica y se han gestionado 996 documentos de los usuarios para tramitar derechos de petición, solicitudes de extinciones de pena, cancelaciones de órdenes de captura y ocultamiento de procesos en la rama judicial. En el mes de mayo de 2019 se diseñó una herramienta de información que consolida el trabajo de las áreas y facilita el seguimiento a los procesos de los usuarios. El desarrollo de esta herramienta ha permitido que Casa Libertad cuente con el registro de las atenciones de las áreas, las notificaciones de rutas y el seguimiento a los usuarios. En esa misma vía se encuentra en diseño el Sistema de Información de Casa Libertad, que entrará en operación el próximo año. Se espera que en el mes de noviembre el módulo de acogida esté en funcionamiento. En la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres implementamos la línea Tránsito a la Libertad, con el objeto de fortalecer capacidades y desarrollar habilidades que faciliten el reencuentro con la vida en libertad. Hasta noviembre de 2019, 56 personas privadas de la libertad han participado. A su vez, la Secretaría amplió en el mes de octubre el equipo de trabajo de Casa Libertad, para iniciar el mismo ejercicio en La Modelo y la Picota de Bogotá e implementar la atención de usuarios de Bosconia y La Casita. Igualmente, con el objeto de actualizar la base de datos de Casa Libertad, a través de la línea 195, se han realizado 1477 encuestas, hasta octubre de 2019.

Nuestros aliados y entidades vinculadas INPEC. Es el encargado de verificar la atención y el tratamiento recibido por el usuario durante su privación de la libertad. Igualmente, caracteriza para facilitar la adopción del plan de atención y acompañamiento. Ministerio de Justicia y del Derecho. Como ente rector de la política criminal y penitenciaria, expide los lineamientos para la atención de los que han salido de la reclusión.

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Fundación Acción Interna. Es la encargada de sensibilizar empresas para que apoyen las líneas de trabajo de Casa Libertad. También, implementa actividades para el fortalecimiento de los emprendedores y de preparación para el trabajo. Colsubsidio. La agencia de empleo de esta caja de compensación familiar hace tareas de intermediación laboral, formación y acompañamiento laboral a los usuarios y a los empresarios.

Aspectos operativos

Casa Libertad funciona en un inmueble del INPEC ubicado en la avenida caracas N° 36-41. Cuenta con nueve contratistas de la Secretaría para atender al público y ejecutar los proyectos. Dentro de estos perfiles se encuentran abogados, trabajadores sociales, psicólogos, un administrador de empresas y dos padrinos, que son usuarios de Casa Libertad, encargados del acompañamiento de los usuarios en sus procesos y durante la vinculación laboral. Igualmente, cuenta con una profesional líder del programa que se encarga de la articulación de la oferta entre las instituciones.

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Ley 497 de 1999. Diario oficial de Colombia No. 43.499 del 11 de febrero de 1999. Justicia de paz. Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal. Diario oficial de Colombia No. 45.658 de 1 de septiembre de 2004. Secretaría del Senado. Ley 98 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. Diario oficial de Colombia No. 46.446 del 8 de noviembre de 2019. Secretaría del Senado. Ley 1413 de 2010. Diario oficial de Colombia No. 47.890 de 11 de noviembre de 2010. Ley 1551 de 2012. Diario oficial de Colombia No. 48.483 del 6 de julio de 2012. Ley 1622 de 2013. Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Diario oficial de Colombia No. 48.776 de 29 de abril de 2013. Ley 1069 de 2015. Decreto único reglamentario del sector Justicia y del Derecho. Diario oficial de Colombia No. 49.939 de 19 de julio de 2016. Ley 1885 de 2015. Diario oficial de Colombia No. 50.522 de 1 de marzo de 2018. Lineamiento de Servicios para Medidas y Sanciones del Proceso Judicial SRPA Subdirección de Responsabilidad Penal ICBF. Adoptado mediante Resolución No. 1521 de 2016, Mod Resolución No. 5667 de 2016, Resolución No. 14609 de 2018. LM14.P 12/04/2019 Versión 2 Pág. 127 de 189. https:// www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm14.p_lineamiento_de_servicios_para_medidas_y_ sanciones_del_proceso_judicial_srpa_v2.pdf Ministerio de Justicia y del Derecho, Programa Nacional de Casas de Justicia. Enero de 2012. Naranjo, Oscar, Niños, niñas y adolescentes: víctimas y victimarios. https://www.policia.gov.co/ file/46599/download?token=BsCZsAts Norza, E., Peñalosa, M. & Rodríguez, J. (2017). Exégesis de los registros de criminalidad y actividad operativa de la Policía Nacional en Colombia, año 2016. Revista Criminalidad, 59 (3): 9-40. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Alcaldía Mayor de Bogotá. Diálogo: justicia restaurativa para jóvenes. Bogotá, 2019. https://scj.gov.co/es/justicia/di%C3%A1logo Plan integral de Seguridad, Convivencia y Justicia. Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) https://scj.gov.co/sites/default/files/planeacion/PISCJ. pdf Resolución 263 de 15 de junio de 2019. Secretaría Distrital de Convivencia y Justicia. Modelo del Sistema Distrital de Justicia. Rodríguez, J. D., Mejía, D., Caro, L., Romero, M. & Campos, F. (2018). Implicaciones del proceso de integración de los registros administrativos de criminalidad entre el SPOA de la Fiscalía General y el SIEDCO de la Policía Nacional de Colombia, y la puesta en marcha del aplicativo “¡ADenunciar!” sobre las cifras de criminalidad. Revista Criminalidad, 60 (3): 9-27. Tamayo, F. L. & Norza, E. (2018). Midiendo el crimen: cifras de criminalidad y operatividad policial en Colombia, año 2017. Revista Criminalidad, 60 (3): 49-71. https://www.policia.gov.co/file/172923/ download?token=E5s4azPV

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Siglas y acrónimos ACJ: Actores de justicia Comunitaria ACJ: Asociación Cristiana de Jóvenes BAM: Becoming a Man BibloRed: Red distrital de Bibliotecas Públicas BID: Banco Interamericano de Desarrollo CAE: Centros de Atención Especializada CCDRPA: Comité de Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes CENDEX: Centro de Proyectos para el Desarrollo, Universidad Javeriana CESPA: Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes CIP: Centro de Internamiento Preventivo CLEI: Ciclo Lectivo de Educación Integral CNPC: Código Nacional de Policía y Convivencia CRI virtual: Centro de Recepción de Información virtual CRI: Centros de Recepción de Información CTP: Centro de Traslado por Protección DAJ: Dirección de Acceso a la Justicia DCD: Dirección de Cárcel Distrital DCD DRPA: Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente ESAP: Escuela Superior de Administración Pública ETB: Empresa de Telecomunicaciones Bogotá GEPAC: Formato de Georreferenciación de puntos de atención comunitaria ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IDEPAC: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDIPRON: Instituto Distrital para la protección de la niñez y la juventud INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario JR: Justicia Restaurativa JUSTICO: Funcionalidad en página web de las rutas de acceso a la justicia OPAN: Oficina Pastoral Para la Niñez y la Familia PAC: Puntos de Atención Comunitaria PO: Principio de Oportunidad PPL: Persona Privada de la libertad SDJ: Sistema Distrital de Justicia SDM: Secretaria Distrital de la Mujer SDSCJ: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia SED: Secretaría de Educación Distrital SICAS: Sistema de Información de Casas de Justicia SIDIJUS: Sistema de Información Distrital de Justicia SIJUSCO: Sistema de Información de Justicia Comunitaria SILOJUS: Sistema de Información de Sistemas Locales de Justicia SRPA: Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente STYL: Sustainable Transformation of Youth in Liberia SUME: Sistema de Información de Unidades de Mediación y Conciliación UMC: Unidades de Medicación y Conciliación UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UPJ: Unidad Permanente de Justicia URI: Unidad de Reacción Inmediata

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Contenido del CD de anexos Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente Normatividad Decreto 1885 de 2015. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Sncrpa) y se dictan otras disposiciones. Decreto 1965 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Decreto 2353 de 2015. Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud. Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia. Ley 1620 de 2013. Creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Decreto 2383 de 2015. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y se adiciona al Decreto 1075 de 2015 –Único Reglamentario del Sector Educación. Decreto 780 de 2016. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector salud y protección social. Decreto 420 de 2017 Alcaldía Mayor de Bogotá. Crea el Comité de Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes y se dictan otras disposiciones. Documentos de trabajo Ley 136 de 1994. Diario oficial de Colombia No. 41.377 del 2 de junio de 1994. Cartilla Primer Respondiente y Cadena De Custodia Para Centros De Atención Del SRPA (2018). Diagnóstico sobre la situación de los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en Bogotá D.C. - Mariana Mora - Contratista Subsecretaría de Acceso a la Justicia - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. (21/12/2018). El documento cuenta con cuatro componentes: a) breve introducción con el marco legal internacional y nacional aplicable y un comparativo de sistemas de responsabilidad penal adolescente en distintas tradiciones jurídicas, b) caracterización de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA, c) diagnóstico de la operación del Sistema en el Distrito Capital, y d) recomendaciones sobre las problemáticas identificadas.

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Documento Sanciones No Privativas. 2017. Ampliar los conocimientos existentes frente a las sanciones no privativas de la libertad. Hallazgos y recomendaciones al modelo pedagógico de atención. 2019. Hallazgos y recomendaciones al modelo pedagógico de atención en el marco del SRPA del distrito, a partir de una investigación exploratoria con cartografía social en el Centro de Atención Especializado (CAE Bosconia). Proyecto de Reforma de Ley 1098 de 2006. 2018. Proyecto de reforma de la Ley 1098 de 2006, en lo que refiere al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual presenta ajustes atendiendo las necesidades que se han advertido desde la Dirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Modelo distrital de atención para la prevención de la reincidencia delictiva de adolescentes y jóvenes infractores privados de la libertad. 2019. Documento que plasma recomendaciones para un Modelo de Atención orientado a la prevención de la reincidencia delictiva de adolescentes y jóvenes infractores privados de la libertad, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes; basadas en revisión de literatura y experiencia del Distrito. Cuenta Hasta 10 Libro cuenta hasta diez - programa entrenamiento en habilidades socioemocionales. 2018. Procedimiento entrenamiento en habilidades socioemocionales. (17/9/2019.) Protocolo abreviado familias programa entrenamiento en habilidades socioemocionales. (17/9/2019). Protocolo CAE programa de entrenamiento en habilidades socioemocionales. (17/9/2019). Protocolo Cárcel - CTP programa de entrenamiento en habilidades socioemocionales. (17/9/2019). Protocolo familia CAE Programa de entrenamiento en habilidades socioemocionales. (17/9/2019). Protocolo pensamiento lógico matemático SRPA. (17/10/2019). Justicia Restaurativa Atención del PDJJR Línea de Principio de Oportunidad PD -AJ-8. 2019 Cartilla Justicia Restaurativa VD. 2019. Concepto Ministerio de salud SRPA. 2018. Documento de sistematización PDJJR VF. 2019. Documento metodológico para la implementación del programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes -SRPA-. 2017 Guía Metodológica para la Implementación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa (Ministerio de Justicia y del Derecho). Julio de 2018.

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Guía Pedagógica del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa (Ministerio de Justicia y del Derecho). Septiembre de 2019. Justicia Restaurativa en instituciones educativas. (25.11.2019) Protocolo para la implementación de procesos de justicia restaurativa en centros de atención especializada. (20.11.2019) Diálogo: Justicia Restaurativa para Jóvenes. Tomo 1: Marco conceptual. Tomo 2: Guía para la aplicación de Principio de oportunidad. Tomo 3: El programa diálogo: justicia restaurativa para jóvenesProceso de atención. Tomo 4: El espacio como una herramienta de la Justicia Restaurativa. Tomo 5: Caja de herramientas pedagógicas con enfoque restaurativo para la atención. 2019. Dirección de Acceso a la Justicia Estrategia para el Fortalecimiento de los Mecanismos de Justicia Comunitaria y de Abordaje Pacífico de Conflictos. 2019

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