GREG ABBOTT

Recrudece leyes antiinmigrantes por sus aspiraciones políticas

Por Iker Sandoval Gutiérrez

El lunes 18 de diciembre (Día Internacional del Migrante) el Gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una serie de leyes antiinmigrantes en medio de una crisis humanitaria en su frontera sur, haciendo así una maniobra política que busca imponer condiciones al gobierno de Joe Biden para que ceda en favor de su partido e implemente medidas más duras en toda la frontera sur. 

De todo el paquete de leyes hay dos que han generado más ruido: la SB-3, que destina mil 540 millones de dólares extra para la construcción del muro fronterizo (no es casual que la firma de este paquete de leyes haya sido frente a éste) y el aumento presupuestal para departamentos de policía y demás operaciones de seguridad. Por otra parte, la SB-4 permite la detención y deportación arbitraria de cualquier persona que considere sospechosa de haber entrado al país de manera ilegal hacia a México, sin tomar en cuenta su nacionalidad ni pudiendo contar con un proceso judicial que les permita defenderse (con la clara intención de agilizar el proceso a toda costa). 

Una vez bajo custodia la persona sospechosa es acusada de un delito menor y puede enfrentar hasta seis meses de prisión, y en caso de reincidir será juzgada ya como delito mayor y puede alcanzar condenas de hasta 20 años de cárcel.

Permitir que una persona pueda ser abordada para pedirle sus documentos por ser “sospechoso” genera que este tipo de detenciones sean realizadas bajo ciertos perfiles raciales que estigmatizan a la comunidad latina de Texas, la que representa el grupo poblacional más amplio en el Estado con cerca del 40 por ciento de la población total, alimentando el acoso y hostigamiento hacia ellos por su sola apariencia, convirtiéndolo en un “lugar seguro” para personas xenófobas y antiinmigrantes.

Esta ley incluye que toda empresa que cuente con 25 o más empleados -está obligada a utilizar el “E-Verify”, que es un programa federal para verificar el estado migratorio y la elegibilidad para cualquier empleo- incluso que en caso que algún hospital que acepte el Medicaid (programa de seguro médico del Gobierno para personas de bajos ingresos) atienda algún paciente que no cuente con documentos migratorios, tengan que notificar a las autoridades.

Tanto representantes del Partido Demócrata como el propio gobierno mexicano ya denunciaron que dicha ley es inconstitucional, ya que “la aplicación de las leyes migratorias, el control de la frontera y la negociación de acuerdos internacionales, son facultades exclusivas del gobierno federal”, dijo Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores mexicana.

En estos últimos años la ley SB-4 no ha sido la única que ha impuesto medidas de este tipo para buscar atender el tema migratorio. Tiene como precedente otra ley conocida como la ley “muéstrame tus documentos” rechazada por la Corte Suprema de Estados Unidos en el 2012 por considerar que la ley sobrepasaba los poderes del gobierno federal.

Activistas y organizaciones sociales se han manifestado en contra, e incluso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas ya anunció que presentarán una demanda contra la SB-4, denunciando que ésta es una de las “más radicales y antiinmigrantes del país”.

No olvidemos que durante el gobierno de Biden se rompió un récord de detenciones en las fronteras de Estados Unidos. El uso de medidas radicales para atender el tema migratorio no es exclusivo de los republicanos, ya que en Arizona, la gobernadora demócrata Katie Hobbs reforzó la presencia de la Guardia Nacional en la frontera, demostrando así que la solución que ambos partidos dan a un tema humanitario es el uso coercitivo de las fuerza del Estado para evitarse problemas y olvidando que son personas las involucradas en esto.

¿Y esto qué tiene que ver con las recientes negociaciones entre Republicanos y Demócratas y la posible candidatura de Greg Abbott?

La enorme crisis migratoria en toda la frontera sur ha hecho que Republicanos acusen al presidente Biden y a su gobierno de mostrarse incapaces de solucionar el problema, exigiendo mayor financiamiento para ello. Mientras que el gobierno de federal ha estado buscando la aprobación en el presupuesto de 11 mil millones de dólares de ayuda a Ucrania para continuar el conflicto, intentando negociar con los republicanos que este presupuesto pasará las restricciones contra la inmigración.  

A pesar de no haber llegado a nada, la suspensión del paso de trenes de carga por puntos fronterizos importantes (llevando a la presión de las empresas involucradas para su reapertura) y el paquete de leyes antiinmigrantes de Abbott, ponen a éste en el foco del ojo público, mientras colocan a los demócratas en una posición difícil para poder plantar cara en las negociaciones.

* Iker Sandoval Guitiérrez, estudia la licenciatura en Derecho, en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco.

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