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Con Edmundo González Comunidad Internacional aboga por situación en Venezuela
Por Edgar A. García Villaseñor
El 10 de enero del 2025 debió asumir Edmundo González como presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y con ello poner fin a la era sofocante del chavismo. No lo hizo porque las instituciones controladas por el oficialismo, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional, declararon ganador de los comicios del 28 de julio del 2024 a Nicolás Maduro.
Según el CNE, Maduro ganó con el 51.20%, frente al 44.2% obtenido por el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia(1), pero nunca mostraron las actas, además de irregularidades denunciadas por observadores electorales. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas determinó que el “CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad, no siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y no cumplió con los plazos marcados”.(2) También, la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció que el Estado recurrió a un “esquema represivo, complementado por acciones tendientes a distorsionar el resultado electoral”.(3)
Por el contrario, el Comando #ConVzla sí presentó el 85.18% de las actas (25,575), en las que el 67% de los votos favorece a Edmundo González contra el 30% de Maduro.(4) Esto quiere decir que 7 millones 443 mil 584 venezolanos votaron por una alternativa distinta al chavismo.
¿Qué podría hacer la comunidad internacional ante la situación de Venezuela?
Al menos dos ideas:
Primera, el mundo no debe olvidar que Nicolás Maduro es un criminal. Existen diversos informes, como el que presentó Human Rights Watch, en donde se da cuenta de “la represión que ejerce el régimen, además de que persiguen, procesan, encarcelan y asesinan a disidentes, periodistas y defensores de derechos humanos; restringen el derecho al voto, y limitan los derechos de asociación y expresión”.(5)
Estos delitos son penados por el Derecho Internacional. En específico, la Corte Penal Internacional (CPI), de la que Venezuela es parte. Tiene competencia sobre los crímenes de lesa humanidad, incluidos: “el asesinato; encarcelación y privación grave de la libertad, tortura, y la persecución de un grupo con identidad fundada en motivos políticos”.(6) De hecho, actualmente, el fiscal de la CPI se encuentra en la fase de investigación sobre posibles delitos competencia de la Corte cometidos al menos desde abril del 2017.
La comunidad internacional debe dar seguimiento y solicitar, formal e informalmente, al fiscal de la CPI, Karim Khan, que “amplíe la investigación a los hechos y las pruebas que sean pertinentes” (artículo 54 del Estatuto de Roma) para determinar responsabilidad en el contexto de los hechos actuales, que podrían desembocar en una orden de detención (artículo 58) contra Maduro y sus compinches y finalmente puedan ser juzgados por la justicia internacional.
Segunda, otra vía para reestablecer el orden democrático en Venezuela podría ser a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.(7) Éste puede determinar “recomendaciones o decidir medidas” (artículo 40 de la Carta de las Naciones Unidas), tales como la interrupción total o parcial de las relaciones económicas, comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, radioeléctricas, así como ruptura de relaciones diplomáticas” (artículo 41 de la Carta de la ONU), o “por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres” (artículo 42). Sin embargo, está vía está limitada “al voto afirmativo de los nueve miembros del Consejo de Seguridad” (artículo 27). Por tanto, es un escenario poco probable.
¿Qué podríamos hacer como mexicanos?
La Doctrina Estrada dicta que México “no se pronuncia sobre el reconocimiento de los gobiernos extranjeros, sino en mantener o retirar a sus agentes diplomáticos”.(8) México debe ser respetuoso de los principios de “igualdad jurídica de los Estados y no intervención”. Sin embargo, no puede ser cómplice de un régimen criminal e ilegítimo y hacer caso omiso a la “libre autodeterminación” que han expresado los venezolanos. Como mexicanos, en coherencia con los principios de política exterior y con las doctrinas diplomáticas, debemos exigir al gobierno de la República que retire al Embajador en Caracas, en tanto no asuma Edmundo González y se reestablezcan las condiciones democráticas en Venezuela.
Referencias:
3 Organización de los Estados Americanos (OEA). Comunicado de la oficina del Secretario General sobre el Procesos Electoral en Venezuela e Informe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia/Departamento de Cooperación y Observación Electoral. 30 de julio de 2024. Disponible en: ttps://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-046/24
4 Para mayor información, consultar https://resultadosconvzla.com
5 https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/venezuela
6 Estatuto de Roma de 2002. https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
8 Rosenzweig-Díaz, A. (1984). Actualidad de la Doctrina Estrada. Revista Mexicana de Politica Exterior, (5), 7-9.
* Edgar A. García Villaseñor: Internacionalista mexicano, especialista en seguridad y política internacionales. Ha ejercido las relaciones internacionales desde el poder legislativo federal, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.
https://issuu.com/sextacircunscripcion/docs/6a_circunscripci_n_49/14?fr=sNWY0MzgyNDE4NDA
