EN EL NOMBRE DEL PUEBLO

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EN EL NOMBRE DEL PUEBLO República, rebelión y guerra en la España de 1936

por

RAFAEL CRUZ

Fragmento de la obra completa


España México Argentina

Todos los derechos reservados. © De esta edición, noviembre de 2009 © SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES, S. A. Príncipe de Vergara, 78. 28006 Madrid www.sigloxxieditores.com/catalogo/en-el-nombre-del-pueblo-211.html © Rafael Cruz Diseño de la cubierta: Pedro Arjona Fotografía de cubierta: Manifestación tras el triunfo del Frente Popular, 1 de marzo de 1936, Alfonso. Todas las fotografías pertenecen al Archivo Alfonso, Archivo General de la Administración, Ministerio de Educación y Cultura, salvo la número 20 que pertenece al Archivo Alfredo Calvo [Efe] DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY

ISBN-DIGITAL: 978-84-323-1515-2 Fotocomposición: EFCA, S.A. Parque Industrial «Las Monjas» 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)


ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS .................................................................................

IX

SIGLAS ......................................................................................................

XI

1.

UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS..................................................................................................

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COMPETENCIA, ENFRENTAMIENTO Y NEGOCIACIÓN EN LA II REPÚBLICA .......................................................................................... DE LA RELACIÓN SOCIAL A LAS CORRIENTES DE ENFRENTAMIENTO . PROCESOS DEMOCRATIZADORES ...................................................... LA COMPETENCIA POLÍTICA EN LA PEQUEÑA EUROPA .....................

2.

EL EMPUJE DEL PUEBLO EN LA II REPÚBLICA.................. LA CONVERSIÓN DEL PUEBLO EN CIUDADANO ................................. EL ESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA .............. NACIONALIZAR A LOS CIUDADANOS, REPUBLICANIZAR A LA NACIÓN . LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA DE DIOS ......................................... EL ECLIPSE DE LA COMUNIDAD POPULAR .........................................

3.

NUESTROS MUERTOS ................................................................ EL MOVIMIENTO DE ASTURIAS EXCLUYE DE LA CIUDADANÍA .......... EL DESPERTAR DE LA COMUNIDAD POPULAR .................................... LA GRAN BATALLA CIUDADANA ........................................................ VICTORIAS Y DERROTAS .................................................................... UNA HISTORIA ELECTORAL FRANCESA DE MIEDO.............................

4.

LA LEY ES EL PUEBLO ............................................................... LAS MANIFESTACIONES DE JÚBILO .................................................... UNA SEMANA SANTA ORLADA DE LUTO ............................................

2 7 12 15 25 27 34 43 50 62 69 70 75 82 98 101 107 108 123

UNA LUCHA DE VIVAS Y SILENCIOS EN EL QUINTO ANIVERSARIO DE LA REPÚBLICA ............................................................................. LA PASCUA DEL PROLETARIADO ........................................................ VII

132 144


ÍNDICE LA ENORME PRESENCIA ....................................................................

158

POLARIZACIÓN, FRAGMENTACIÓN Y CONVERGENCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA ..............................................................................

180

5.

EL ENFRENTAMIENTO MILITAR............................................ EL GRAN MIEDO ................................................................................ UN PULSO DE PARTE DEL EJÉRCITO CON EL GOBIERNO .................... SONES DE DIANA, SIRENAS DE FÁBRICA Y SILBIDOS DE BALA ............ EL REPERTORIO INSURRECCIONAL URBANO Y RURAL ....................... «THE SPANISH REBELLION» ...............................................................

189 190 205 225 241 252

6.

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA GUERRA..................... DE UNA GUERRA PROVINCIANA A OTRA COSMOPOLITA .................... DE LA DISPERSIÓN A LA CONCENTRACIÓN DEL PODER ..................... MOVILIZACIONES AL TÓRRIDO CALOR DE LA GUERRA...................... LIMPIEZA POLÍTICA ..........................................................................

261 264 270 289 320

7.

CONCLUSIONES. LOS ENFRENTAMIENTOS POLÍTICOS EN LA ESPAÑA DE 1936..............................................................

331

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA ........................................................................ CRONOLOGÍA........................................................................................... ÍNDICE ONOMÁSTICO .............................................................................. ÍNDICE TEMÁTICO ....................................................................................

VIII

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AGRADECIMIENTOS

Cuando llega la amargura, estás en el camino de la alegría infinita.

Aunque la elaboración de este libro se haya intensificado durante el último año, desde que lo pensé y comencé a buscar datos ha transcurrido más tiempo, en el que me he ocupado también de labores académicas y docentes. Como puede comprenderse, en todo este periodo han sido muchas las personas que me han ayudado directa o indirectamente a que se pudiera hacer y terminar el libro. Seré injusto a la hora de no resaltar a todas. Ha habido personas clave a la hora de facilitar el trabajo. Me refiero en particular a Rosa Ramos, de la Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología, que me ha permitido contar con una bibliografía esencial gracias a su competencia profesional. Sus compañeros no anduvieron a la zaga, porque la Biblioteca de Políticas es una de las organizaciones que mejor funcionan en la UCM. En los Archivos de Salamanca y de Alcalá de Henares encontré mucha colaboración y estupendos profesionales, que me hicieron más sencillo y aprovechable mi trabajo. De manera especial quiero destacar la eficaz organización del Archivo fotográfico de Alfonso en el Archivo General de la Administración. Susana Fernández contribuyó, más de lo que pueda intuir, a la elaboración de este libro, porque su profesionalidad y disposición me permitieron ahorrar mucho tiempo en el laberinto burocrático de la Universidad Complutense de Madrid, y aprovecharlo en lo verdaderamente interesante en un departamento universitario. Las mismas facilidades que encontré en mi amigo Fernando del Rey, que ahora prueba el «néctar» de un cargo académico, y con el que he comentado y discutido diversas cuestiones de este trabajo. Los estudiantes de Acción Colectiva y Cultura Popular en la Europa moderna y contemporánea han sido más que receptores de mis teorías, porque con su actitud incrédula y sus intervenciones han supuesto siempre un desafío intelectual que no se si yo he podido corresponder. Un reto IX


AGRADECIMIENTOS

parecido siento cada vez que asisto, para comentar o presentar textos, al Seminario de Historia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinado por Juan Pro. El grupo de profesores e investigadores que allí concurren, como Pablo Sánchez León, Juan Pan y Jesús Izquierdo, entre otros, no sólo realizan críticas ácidas y convenientes, sino que incitan a pasar un rato muy agradable en su compañía. Así, el trabajo se vuelve encanto y diversión. Sigo contando con el caudal de sabiduría de mi compañero Tomás Mestre, al que debíamos hacer un monumento por su inagotable hambre de conocimiento. Diego Palacios Cerezales me introdujo en la bibliografía sobre la historia política de Portugal, y Rui Ramos me contagió su capacidad transgresora de lugares comunes. Francisco Paloma me ayudó a conocer más a fondo el tema central del control policial. En la editorial Siglo XXI, Olga Domínguez me escuchó durante dos horas el proyecto que pensaba desarrollar y Olga Abásolo confió en que escribiera lo prometido. Nunca fui más sincero al decir que sin el apoyo de ellas dos hubiera sido muy difícil realizar este esfuerzo. Como hubiera sido imposible sin los cuidados de Sebastián Bravo, médico del alma, y José Guisasola, médico del cuerpo. Elena Garrido me prestó generosamente el portátil durante más tiempo que el convenido en un principio. Eugenia Abreu, Francisco Aguirre, Encarna Pitaluga y Constanza Lucadamo han aguantado de manera muy paciente las charlas sobre esta historia de 1936, y consiguieron que me aclarara. Pandín me ha dado calor en los dos últimos meses de redacción. Y por mi dedicación tan intensa a este trabajo, quienes más han sufrido todo este tiempo han sido Inés Cruz, Daniel Cruz y Beatriz Garrido, unas personas maravillosas. Espero haberles transmitido, al menos, mi entusiasmo. Me gustará mucho compensarles a partir de ahora.

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SIGLAS

AC: Acción Católica. ACNP: Asociación Católica Nacional de Propagandistas. AP: Acción Popular. BN: Bloque Nacional. CCP: Centro Católico Portugués. CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas. CGT: Confederation General du Travail. CGT: Confederaçao Geral dos Trabalhadores. CGTU: Confederación General del Trabajo Unitaria. CNT: Confederación Nacional del Trabajo. DRV: Derecha Regional Valenciana. FAI: Federación Anarquista Ibérica. FE: Falange Española. FP: Frente Popular. FUE: Federación Universitaria Española. GNR: Guarda Nacional Republicana. IR: Izquierda Republicana. JAP: Juventud de Acción Popular. JDN: Junta de Defensa Nacional. PCE: Partido Comunista de España. PCF: Parti Communiste Français. PRP: Partido Republicano Portugués. PSOE: Partido Socialista Obrero Español. RE: Renovación Española. SEU: Sindicato Español Universitario. SFIO: Section Française du International Ouvrière. UGT: Unión General de Trabajadores. UR: Unión Republicana.

XI


1.

UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

Pero el reino de Satanás no es un reino legítimo. La idea de que los demonios gobiernan este mundo es un concepto falso, pagano. Aunque se les llama «señores del mundo», el cosmos que gobiernan no es el universo creado por Dios sino, antes bien, la masa de la humanidad pecadora. Crisóstomo, Diabolus 1

En aras de la tranquilidad pública durante la campaña electoral —apuntaba la nota publicada por la prensa el 2 de abril de 1936— el Ministerio de la Gobernación anunció que se prohibían las manifestaciones en la vía pública y sólo se permitían las reuniones en locales cerrados. El Gobierno también decidió realizar ese día una de sus innumerables «combinaciones» de jefes y oficiales de la Guardia Civil, es decir, traslados forzosos de los mandos locales de la Benemérita. Entre otras razones, con tales cambios se reclamaba una mayor eficacia del control policial de la población, al resultar incómodo explicar a la opinión pública la existencia de enfrentamientos en la calle. En Consuegra, provincia de Toledo, el guardia de la comunidad de labradores era asesinado por guardias municipales de un ayuntamiento gobernado por la izquierda. En una finca de la provincia de Málaga, hubo dos muertos y tres heridos entre los paisanos, tras un tiroteo entre los jornaleros ocupantes de la propiedad y la Guardia Civil que trataba de desalojarlos. El Ayuntamiento de Alcoy, en la provincia de Alicante, se incautó de dos iglesias de la localidad, y después de la entrega de las llaves por los párrocos, el gobernador civil advirtió al alcalde expropiador que los edificios religiosos no podían derribarse si no existía sentencia judicial. 1

Citado en J. B. Russell, 1986: 241. 1


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Hubo también una manifestación de transportistas en Alcira, provincia de Valencia, que con sus camiones recorrieron la localidad y otras limítrofes, haciendo sonar las bocinas de manera estridente y arrojando hojas para invitar a la unión de todo el gremio en contra de los atropellos gubernamentales. Mientras tanto, en Bilbao, Vigo, San Sebastián y Pasajes concluían sendas huelgas de estiba y desestiba del puerto en solidaridad con los portuarios huelguistas de Santander y Gijón... Éstas son las vicisitudes de algunos de los enfrentamientos y de la política de control policial de un día como el primero de abril de 1936. De todo ello puede colegirse la inclinación de los gobernantes a restringir el uso de la calle para las manifestaciones públicas, así como la importancia de contar con una Guardia Civil escrupulosa en la aplicación de la política del Gobierno. Puede comprobarse también que esas pretensiones no eran fáciles de cumplir, ya que los enfrentamientos entre diferentes grupos de la población y los distintos cuerpos policiales se saldaban con víctimas. La variedad de grupos en acción y de movilizaciones indica la diversidad de conflictos y actores en aquellos meses de 1936, siempre con la participación protagonista del Estado.

COMPETENCIA, ENFRENTAMIENTO Y NEGOCIACIÓN EN LA II REPÚBLICA

Buena parte de los estudios existentes sobre la II República utiliza como referencia implícita o explícita el desencadenamiento de la guerra en julio de 1936, al resaltar el «fracaso» de la República, debido al atraso económico y social, las divisiones sociales atravesadas por la propiedad y el salario, la intensidad y violencia de los enfrentamientos, la incapacidad o ineficacia de los gobiernos de izquierda para eliminarlos, la excesiva polarización o fragmentación políticas, etc. Todos ellos conflictos y estrategias poco compatibles con la convivencia política y, al contrario, proclives a desencadenar disputas innegociables o actitudes extremas 2. W. Bernecker, 1996: 17 y 424; Á. Barrios, 2004: 247, 251, 253; S. Payne, 2005: 509-510, 521 y 526; J. J. Linz, 1989: 191; S. Juliá, 1998: 199; E. González Calleja, 2005: 136. 2

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UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

La política durante la II República, sin embargo, puede estudiarse como un proceso de democratización, en constante construcción improvisada, en la que los protagonistas no sabían que acabarían viviendo o muriendo en una guerra a partir de 1936. Incluso entonces, tampoco conocieron su duración y, en el verano, creyeron que para otoño se habría terminado. Durante la mayor parte de los años treinta existió una gama inmensa de conflictos sociales. Algunos de ellos se manifestaron en enfrentamientos violentos y otros terminaron con una rápida negociación. La mayoría no llegó a obtener la publicidad necesaria para hacerse visibles. La variada conflictividad correspondía a una sociedad en constante transformación, y no existe ninguna razón para pensar que los enfrentamientos se ocasionaron por un cambio demasiado rápido, desigual o lento de las relaciones sociales, culturales y económicas. Las huelgas, los movimientos sociales o las revoluciones se produjeron en el siglo XX con independencia de la naturaleza, tipología, dimensión y alcance de los conflictos. Para que éstos se transformaran en determinadas clases de enfrentamientos, en la II República intervino de manera decisiva todo un proceso de competencia política para la adquisición y reconocimiento de poder entre los diferentes actores, junto con las capacidades de actuación de los dirigentes políticos y sus seguidores, así como las interpretaciones elaboradas por ellos sobre la conflictividad y sus protagonistas. La misma competencia política y el resto de recursos que continuaron utilizando los contendientes de ambos bandos en los primeros meses de la guerra. La mayor parte de este estudio se circunscribe al periodo comprendido entre febrero y septiembre de 1936; entre un enfrentamiento en una campaña electoral y otro —en una guerra recién iniciada— en el que los protagonistas tomaron las primeras decisiones sobre quiénes eran, sus aliados, sus enemigos, la clase de lucha emprendida y qué debían hacer para imponerse. Entre los dos, se analizan también otros enfrentamientos en una legislatura corta, detenida por la rebelión militar de julio. El libro se organiza en siete capítulos. En este primero, a manera de introducción, se plantean los puntos de partida y las principales herramientas conceptuales y metodológicas utilizadas en el trabajo, así como un rápido vistazo a las tendencias políticas del resto de Europa, con especial énfasis en la presentación de algunas de las experiencias 3


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de Francia y Portugal, países que, a lo largo del libro, servirán de referencia para contrastar las características de la política en España. Como resulta a veces demasiado obvio, la política de este país no siguió derroteros de singularidad, sino diferentes combinaciones de similares mecanismos y procesos políticos existentes en otros países. En el capítulo segundo se relatan algunas de las circunstancias políticas de la configuración de la ciudadanía tras la proclamación de la II República y hasta octubre de 1934. El establecimiento legislativo de los derechos de ciudadanía, la legislación de defensa del orden público, las políticas de control policial y la revolución cultural republicana, provocaron conflictos con diferentes grupos sociales. Uno de los más señalados fue el surgido alrededor de las prácticas religiosas. Al ser interpretadas las restricciones al libre ejercicio de las actividades de la Iglesia católica como persecución de un derecho de ciudadanía, la jerarquía y algunos dirigentes politizaron la identidad católica, desplegando una intensa movilización en el nombre del pueblo católico. En las elecciones de noviembre de 1933 recogieron los frutos de esa movilización y aprovecharon, desde entonces, cualquier oportunidad política para incrementar el poder de sus organizaciones y las de sus aliados. El fracaso de la huelga insurreccional de octubre de 1934 representó un fuerte impulso en esa dirección. El capítulo tercero corresponde al análisis de la competencia política después de los enfrentamientos de octubre de 1934 hasta las elecciones de febrero de 1936. El pulso político que supuso la huelga general no concluyó con la derrota de la insurrección asturiana, puesto que los principales protagonistas iniciaron un proceso de competencia que tuvo en la experiencia de octubre su referencia principal. Se analiza el proceso de «invención» de Octubre elaborada por los principales protagonistas, las movilizaciones en la calle y la continuidad de la política pública republicana durante 1935, que desembocan en la campaña electoral de febrero. Ésta se convierte en un nuevo marco de competencia a la que acuden los distintos grupos con nuevas argumentaciones y alianzas en busca del voto. El enfrentamiento de octubre se convirtió en un debate electoral. El capítulo cuarto analiza la competencia política en el contexto de cuatro celebraciones significativas: las manifestaciones de «júbilo» por la victoria de la coalición de izquierda en las elecciones, en repre4


UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

sentación de la comunidad popular; la Semana Santa, en la que se hizo visible la identidad católica; el Quinto Aniversario del 14 de Abril y el comienzo de la fragmentación de la comunidad popular, sólo perceptible por enfrentarse a la violencia de Falange; y el Primero de Mayo, la identidad de clase y el «frenesí» huelguístico de junio. Todas estas movilizaciones supusieron una enorme presencia de la población y del Estado en la política. De la población, a través de muy diversas formas abiertas, públicas y conflictivas de movilización, entre las que las violentas sólo representaron una parte, aunque de amplia repercusión política. Muchas de estas movilizaciones fueron expresión de identidades enfrentadas. Y enorme presencia también del Estado, mediante un incremento de su poder despótico ejercido a través de las políticas de control policial. Para finalizar el capítulo, se realiza una aproximación a los cambios de alianzas y estrategias de los diferentes grupos políticos, desde la polarización electoral de febrero y la fragmentación de primavera hasta la convergencia de junio, que hubiera podido renovar la política pública republicana de no haber mediado la rebelión militar del 17 de julio. El capítulo quinto investiga dos estrategias políticas paralelas de las fuerzas políticas derrotadas en las elecciones de febrero y de algunos jefes militares. La primera se constituyó en un proceso de deslegitimación del Gobierno de la República y sus aliados, a través de la creación y difusión del «gran miedo». La segunda significó un proceso de construcción de la rebelión militar. Se reflexiona también sobre las políticas de control civil del Ejército, en las que desempeñó un papel importante el Gobierno de Casares Quiroga. La rebelión iniciada el 17 de julio supuso un enfrentamiento militar, en el que el resto de la población intervino de forma subordinada. Sin embargo, la entrega de armas a la población por parte del Gobierno de José Giral contribuyó al éxito de las insurrecciones urbanas en aquellas localidades donde no triunfó el ejército rebelde. Al cabo de unos días, la situación creada dio origen a una guerra, en principio provinciana, corta y predecible, que se transformó en otra cosmopolita, prolongada y de resultado incierto. El capítulo sexto estudia la construcción militar, política y cultural de esa guerra, al tórrido calor de la competencia política en el campo rebelde y en el que fracasó la rebelión militar, durante los tres prime5


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ros meses. Los ejércitos que iniciaron la contienda no hubieran podido continuarla durante mucho más tiempo sin la intervención de otros ejércitos, en particular, de Alemania, Italia y la Unión Soviética. Tampoco los gobernantes de los dos bandos hubieran tenido expectativas de victoria sin el intento de concentrar los recursos para la guerra en manos de sendos Estados, eliminando la dispersión inicial del poder militar. Los distintos contendientes pusieron mucho interés en conseguir el apoyo de la población y justificar su sacrificio. Junto con las acciones de guerra, en el mismo verano de 1936 se abrió un proceso de definición de la lucha y de sus protagonistas, en el que la movilización desempeñó un papel destacado. Así, merece destacarse en la zona rebelde la transformación de una «acción de policía» en una cruzada de carácter religioso y, en la zona republicana, la creación del «ejército del pueblo». Uno de los rasgos de esos meses del verano fue la intensidad de la limpieza política en ambos bandos, la mayor masacre del siglo XX en su género. Este estudio termina con la tibieza del otoño español, cuando el general Franco fue designado jefe del Gobierno y del Estado rebelde, y cuando el Gobierno de «Unión Nacional», presidido por Largo Caballero, se encontraba al completo, con la incorporación de los nacionalistas vascos, primero, y de los anarquistas, después. En ambos casos, representaron acontecimientos clave, además de simbólicos, en el proceso de concentración de poder en manos de cada uno de los Estados, una tendencia inversa a la del inicio de la guerra. Para concluir, el capítulo séptimo afronta las principales conclusiones del trabajo sobre los enfrentamientos en la España de 1936. Con el fin de analizar en este libro todas estas circunstancias, se utiliza una perspectiva relacional de análisis político, centrada en el estudio de las relaciones y procesos sociales, incluidas sus construcciones, que en el campo de la política suponen interacciones de competencia, enfrentamiento y negociación 3.

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D. McAdam y otros, 2001: 314; C. Tilly, 2003a: 5. 6


UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

DE LA RELACIÓN SOCIAL A LAS CORRIENTES DE ENFRENTAMIENTO

Las relaciones sociales son potencialmente conflictivas, pues la desigualdad de poder de las partes genera el perjuicio de una en su relación con la otra. Ante ese perjuicio, las personas y los grupos pueden relacionarse adoptando distintas posiciones y respuestas que desembocan en el sometimiento, la resignación, la huida, la resistencia individual, la movilización de reclamaciones colectivas, etc. Las dos últimas posturas necesitan de una construcción social de la injusticia, al no existir ninguna garantía para que la explotación, la dominación, la miseria o la discriminación generen su propio antídoto. Las personas y las organizaciones políticas tienen que crear sus propios estándares morales de condena y sus propias formas de acción en orden a cambiar tales situaciones 4. Las relaciones sociales, por tanto, se piensan, construyen y adquieren significado, hasta convertir alguna de ellas en problemática, conflictiva e injusta. La argumentación, el lenguaje y los esquemas interpretativos constituyen algunas de las herramientas utilizadas por las personas y las organizaciones políticas a la hora de proponer y asumir un conjunto de ideas y símbolos con los que construir significados de las situaciones y relaciones conflictivas. Esta labor representa una lucha entre los actores en competencia por imponer y excluir definiciones de los conflictos sociales, de tal manera que una buena parte de los enfrentamientos políticos suponen una disputa sobre los símbolos y su hegemonía. Una guerra de definiciones, de palabras, de nombres para legitimar posiciones propias y deslegitimar las ajenas, buscar apoyos, difundir y extender mensajes, influir, en definitiva, en las interpretaciones compartidas existentes 5. La eficacia del lenguaje político depende de la coherencia con la cultura política de la audiencia a quien va dirigido. La cultura política B. Moore, 1978: 457. C. Perelman, 1989; A. Hirschman, 1991; W. Sewell, 1992; G. S. Jones, 1983; P. Donati, 1992; E. Goffman, 1974; D. Snow y R. Benford, 1988; W. Gamson, 1988; A. Swidler, 1986; D. Kertzer, 1988; E. Burke, 1992; R. H. Brown, 1993. 4 5

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es un repertorio de símbolos con los que los diferentes grupos sociales construyen, interpretan y experimentan y adquieren significados sobre las relaciones políticas, y se emplea para pensar la política y actuar en ella. En este libro interesa sobre todo la relación de las personas con la injusticia, a través de reclamaciones públicas, abiertas y conflictivas que derivan en un enfrentamiento, en el que las dos partes defienden sus posiciones en el conflicto 6. El enfrentamiento, a su vez, puede adoptar un carácter político si el Gobierno interviene como tercera parte, es árbitro o el propio blanco de las reclamaciones; puede pasar de un ámbito local o particular a otro de mayor alcance, de relevancia, al insertarse en el debate político, al suscitar la participación de más personas del mismo grupo, de otros grupos, al cambiar de escala, etc.; es posible que el conflicto se transforme en innegociable, insoportable socialmente; puede incorporar otras reclamaciones conflictivas realizadas por distintos protagonistas, o producir o señalar la incapacidad de los gobernantes para eliminarlo. Los enfrentamientos así caracterizados se sitúan dentro de una amplia relación social que llamamos política. Ésta incluye tres esferas conectadas entre sí. La política pública, en primer lugar, que relaciona gobiernos con actores políticos participantes en las instituciones, es decir, una parte de los partidos políticos, los grupos de presión y la Administración. La política de enfrentamiento, en segundo lugar, un tipo o subconjunto de la política pública, en la que las reclamaciones —a menudo sobre la identidad de muy diversos actores— son públicas, abiertas y conflictivas, al alterar, perjudicar o beneficiar las posiciones de otros. Y, en tercer lugar, la ciudadanía, esto es, continuos intercambios en forma de derechos y obligaciones mutuas entre los agentes estatales y una categoría de personas definida en exclusiva por su vinculación a ese Estado. Los derechos estatales, como el cobro de impuestos, el reclutamiento de soldados, la imposición de las leyes sobre otras normas particulares, se vinculan con los derechos de la población, en forma de participación política. La práctica de la ciudadanía ha supuesto siempre un despliegue de iniciativas, respuestas e interferencias, en un proceso histórico, contingente y reversible, sujeJ. Alexander y S. Seidman, 1990; J. Alexander y P. Smith, 1993; R. Chartier, 1982 y 1993; C. Geertz, 1990; R. Cruz, 1997a y 2000b. 6

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UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

to siempre al enfrentamiento y a la negociación entre gobernantes y gobernados 7. Las tres instancias de la política se relacionan entre sí. Los derechos de los ciudadanos y del Estado, por ejemplo, proceden de la negociación entre una constante política de enfrentamiento y las instituciones de la política pública. Ésta provee de recursos para llevar a cabo la política de enfrentamiento de los ciudadanos y de los que no lo son, así como las reclamaciones de todos éstos contribuyen a modificar las relaciones dentro de la política pública. Muy alejado de la consideración habitual de la política dividida en una esfera institucional y otra ajena a la anterior, este trabajo no sólo relaciona las tres instancias de la política, sino que tiene en cuenta la existencia de mecanismos similares de interferencia, improvisación, construcción, competencia, negociación y cambio, a través de intervenciones y procesos. Las intervenciones las realiza toda clase de protagonistas políticos: gobernantes, agentes del gobierno, dirigentes políticos dentro y fuera de las instituciones, especialistas en coerción, grupos sociales disidentes y representados por las instituciones, así como actores foráneos. Todos estos actores se esfuerzan en promover actuaciones políticas que alteran las condiciones de relación con los conflictos y otros actores, y conectan diferentes interpretaciones, grupos, identidades y territorios. Los gobiernos y los dirigentes de organizaciones con representación en las instituciones políticas disponen de cauces de actuación legales, regulados y rutinarios, aunque en muchas ocasiones se suman a aquellos dirigentes de grupos disidentes para promover actuaciones en forma de movilización pública. Los disidentes pueden proponer también actuaciones prohibidas por los gobiernos o contestadas por los adversarios. Con el conjunto de estas actuaciones, los actores distinguen, enfrentan y negocian sus identidades con otras, desplegando señales de pertenencia común, con lo que contribuyen a una construcción social de los propios protagonistas. Junto con las intervenciones, los procesos consisten en la activación de redes sociales, la formación y politización de identidades coC. Tilly, 2002: 194; R. Cruz, 2000a: 264-270; S. Bowles y H. Gintis, 1987; J. M. Barbalet, 1988; J. Foweraker y T. Landman, 1997. 7

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lectivas, la puesta en práctica de los repertorios de movilización, el aprovechamiento de oportunidades y la elaboración y extensión de interpretaciones, que producen la transformación ininterrumpida, improvisada e impredecible de la política. Los procesos y las intervenciones en los enfrentamientos, por lo general, generan la constitución de nuevos o diferentes actores e identidades políticas; la formación y transformación de relaciones en forma de convergencia, polarización y fragmentación de estrategias, organizaciones e identidades; y el cambio de escala de los conflictos y enfrentamientos, al pasar de una exigua coordinación de los actores y acciones a otra mayor, y su reverso. Las distintas combinaciones posibles de todos estos elementos sugieren una diversidad de trayectorias y resultados de las diferentes políticas de identidad y movilización 8. En el marco de la política, la de identidad constituye uno de los procesos más relevantes en un enfrentamiento. Las identidades colectivas son procesos sociales por los que las personas se reconocen integrantes de un grupo, al compartir experiencias, representaciones, quejas, etc. Son conflictivas, pueden politizarse si intervienen gobiernos y dirigentes políticos, resultan contingentes y dependen de la voluntariedad de sus partícipes y de sus relaciones, al no poseer ningún atributo adscrito a la identidad de carácter permanente y natural. Se forman, reforman y transforman a través de la delimitación de fronteras, es decir, la fundación de instituciones, organizaciones, narrativas, símbolos y rituales, para distanciar la identidad propia de otras; por medio de la construcción de un universo propio, en el que se defina la injusticia, los atributos de sus responsables —ellos— y de las víctimas —nosotros— el pasado, el presente y el futuro de la identidad, así como las estrategias, soluciones y alternativas a la situación injusta. En fin, se impulsan con la continua dinámica de enfrentamiento y negociación a lo largo de la frontera y con el otro lado de ésta, sobre todo por medio de la movilización 9. Las identidades se convierten en temas de intensa disputa entre los participantes en los enfrentamientos, al moldear, alterar y reinterC. Tilly, 2003b: 42. A. Melucci, 1996; C. Tilly, 2002; V. Taylor y N. Whittier, 1992; F. Polletta y J. M. Jasper, 2001. 8 9

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UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

pretar de manera constante los atributos sociales de las partes involucradas. En una gran variedad de enfrentamientos, su movilización constituye una parte sustancial de las reclamaciones y estrategias. De la misma forma, se desmovilizan cuando sus agentes las entienden representadas con suficiente consistencia o cuando carecen de los recursos necesarios para movilizar a sus seguidores. En uno y otro caso pueden suprimir o transformar las existentes e, incluso, crear nuevas, incorporándose a la política. En esta dinámica desempeña un papel señalado la intervención de los dirigentes que activan, conectan y representan grupos y categorías y los sitúan en la esfera de la política. La forma, el contenido y la efectividad de su movilización influyen de manera relevante en el resto de las reclamaciones públicas, al incidir en la naturaleza y funcionamiento de las organizaciones, al adoptar estrategias y formas de acción procedentes de algunos rasgos de la identidad, como los rituales religiosos. Además de encontrarse vinculada a la política de identidad, la movilización constituye en sí misma otra faceta de la política de enfrentamiento. Cuando las movilizaciones las realizan grupos de manera pública, abierta y conflictiva, situadas en espacios definidos, con acciones bien conocidas o con modificaciones creativas, forman repertorios de movilización. Además de los rasgos históricos de los tres últimos siglos, ya bien conocidos por los estudiosos de los movimientos sociales, los repertorios incluyen formas prescritas, en las que los gobiernos son los principales protagonistas, al estar vinculadas a iniciativas estatales en modo de rituales —electorales, desfiles militares, etc.—; comprenden formas convencionales y toleradas, en las que todas las partes son actores previamente constituidos y reconocidos y emplean políticas aceptadas por todos, como manifestaciones, mítines, peticiones, movimientos sociales, etc.; y formas transgresoras y prohibidas, en las que al menos alguna de las partes la integran actores recién constituidos o no reconocidos y despliegan algún tipo de movilización de carácter innovador o prohibido, como las sentadas, la ocupación de lugares de trabajo, el ataque contra propiedades, las huelgas no autorizadas, etcétera 10. S. Tarrow, 1989 y 1994; R. Koopmans, 1993; D. McAdam y otros, 2001; C. Tilly, 2004a. 10

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EN EL NOMBRE DEL PUEBLO

Además de la variedad, del número y de la participación, la relación entre las tres clases de movilización se encuentra muy supeditada al grado de democratización de los regímenes políticos, vinculándose sus características con el ejercicio de amplios e iguales derechos de ciudadanía y con las políticas de control policial de los gobiernos. Cuanto más democrático sea el régimen, las acciones toleradas y convencionales resultan más frecuentes y regulares; cuanto menos democrático sea, menor es la tolerancia y mayor la tendencia a incrementar las acciones prohibidas y transgresoras. Junto con otras circunstancias, cuanto más restringidas por los gobiernos sean las acciones convencionales, más violencia concurrirá en las acciones prescritas y rituales, además de incrementarse el número de acciones en sí mismas violentas. El grado de tolerancia gubernamental de las movilizaciones de los diferentes grupos sociales constituye una medida de democratización y una fuente potencial de enfrentamientos, con o son violencia 11.

PROCESOS DEMOCRATIZADORES

Un proceso democratizador consiste en una incremento del ejercicio, y de la garantía estatal, de amplios e iguales derechos para la mayoría de la población, de consulta periódica sobre el personal y las decisiones del Gobierno y de sistemas de protección de la población respecto de las actuaciones arbitrarias del Estado. Su reducción supone el proceso contrario, como ocurrió en la zona rebelde desde la proclamación del general Franco como jefe del Gobierno. La democracia constituye un proceso político para resolver el conflicto sobre el acceso al poder del Estado e impedir su concentración en el Gobierno, de acuerdo a reglas que son especificadas, familiares a todos los participantes y sujetas a cambio sólo mediante normas fijadas con antelación. Es un resultado de la política de enfrentamiento, con relación a la política pública y a la ciudadanía. Emerge de manera contingente de las luchas políticas, en lugar de ser sólo un producto de rasgos de 11

C. Tilly, 2003: 58. 12


UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

carácter histórico, de innovaciones constitucionales o de la extensión de intenciones o ideales democráticos de los actores más señalados, pues las personas —y en particular los dirigentes políticos— no nacen ni se hacen demócratas, sino que escogen la democracia 12. Las políticas de identidad y de movilización en un proceso democratizador implican, de manera intencionada o no, resultados de exclusión o inclusión de los desafiantes, oponentes y terceras partes en la política pública y en la ciudadanía, pudiendo provocar respuestas de aquéllos. Así ocurre cuando los dirigentes políticos y diversos grupos sociales protegidos por el Gobierno trasladan de manera directa la lucha de identidades a la política pública, a la política de enfrentamiento y a la ciudadanía, ocasionando la exclusión de los grupos que actúan en nombre de identidades rivales. La integración de estas desigualdades en la política pública inhibe o perjudica la democratización inmediata. Más adelante, sin embargo, puede promover la democracia, cuando los grupos integrantes de una identidad excluida convergen y se movilizan con disidentes de identidades no excluidas, o cuando, en lugar de adquirir distintivos políticos, aquellos mismos grupos se disuelven, se integran o se asimilan a identidades políticas no excluidas. Los gobiernos colaboran, en general, en estas situaciones, al cooptar a algunos miembros de esos grupos excluidos y reprimir al resto 13. En los regímenes más democráticos el proceso político favorece la constante movilización de grupos excluidos reclamando su integración en el sistema de derechos, la mayoría de las veces de forma convencional y tolerada, pero en ocasiones también de manera prohibida, transgresora o violenta. A su vez, los actores de la política pública tienen oportunidades e incentivos para enfrentarse y negociar con los gobiernos y con los grupos desafiantes en forma de competencia y lucha por el poder. Como resultado, el carácter democrático de los repertorios de movilización y la política pública se refuerzan entre sí. Aunque a partir de esa intensa y amplia movilización parezca que el régimen se tambalee o subvierta, sin embargo, en los más democráti12 C. Tilly, 2004a; A. Przerworsky, 1988; J. J. Linz, 1989; D. Berg-Schloseer, 2000; G. Alexander, 2002. 13 C. Tilly, 2004b: 20-21.

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EN EL NOMBRE DEL PUEBLO

cos en realidad se pierde el poder de provocar situaciones o resultados revolucionarios, sobre todo, si la cohesión de las diferentes organizaciones estatales es aceptable. Puede utilizarse entonces una perspectiva distinta a la expuesta por las teorías de la modernización, al hacer hincapié en que un excesivo número e intensidad de los enfrentamientos no pone en peligro la democratización o la pervivencia de los regímenes democráticos. «Demasiada política» en la trayectoria de un régimen político no provoca, por necesidad, la revolución. Las políticas de identidad y de movilización de determinadas organizaciones muy poderosas pueden influir, corregir o eliminar un proceso de democratización. Ése es el caso de las fuerzas armadas estatales —Ejército regular y cuerpos de policía— enfrentándose a grupos civiles y gobiernos, si poseen una definición diferente de la política y tratan de imponerla con sus recursos armados. La existencia de un poder militar autónomo, fuera de control del Gobierno, representa un obstáculo en el camino del proceso democratizador. Por lo tanto, el control gubernamental del Ejército para impedir su participación en la política como un actor más se incluye entre las circunstancias favorables a la democratización de un régimen, al incrementar el nivel de ciudadanía democrática 14. El grado de capacidad gubernamental y la extensión de los derechos de ciudadanía afectan de manera significativa a las expectativas de democratización y al carácter de ésta. Una y otra se refuerzan a largo plazo, conforme la expansión del Estado genera enfrentamiento, negociación y acuerdo, y el ejercicio garantizado de los derechos de ciudadanía impulsa las demandas gubernamentales para la expansión y capacidad de la intervención estatal. Las capacidades de los Estados consisten en el poder de aplicar las iniciativas de los agentes gubernamentales con referencia a las actividades y recursos de la población en el territorio bajo su jurisdicción, según estándares de efectividad. Se ha convertido ya en clásica la distinción entre el poder infraestructural y el poder despótico de los Estados. En el primer caso, los gobiernos disponen de la capacidad para negociar con la población sus iniciativas y objetivos, en el marco de serios enfrentamientos con determinados grupos sociales, una dinámica intensa de competencia política y la 14

R. Cruz, 1992-1993. 14


UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

adquisición de mayores derechos de ciudadanía. En el segundo caso, los gobiernos poseen la capacidad para imponer a la población sus iniciativas y objetivos, al prevenir o reprimir cualquier enfrentamiento con distintos grupos sociales y restringir los derechos de ciudadanía. Constituye una obviedad que este segundo tipo de capacidad o poder estatal se centra en la adquisición de recursos para el ejercicio —o amenaza— de la coerción y se sitúa al margen de la ciudadanía democrática 15.

LA COMPETENCIA POLÍTICA EN LA PEQUEÑA EUROPA

La Europa del periodo que incluye las dos grandes guerras es un laboratorio de análisis político de primera magnitud, porque, junto con guerras interiores e interestatales, se dan cita toda clase de relaciones entre la política pública, la política de enfrentamiento y la ciudadanía. Es un periodo de intensa confrontación y de mucha violencia, pero sobre todo de campañas electorales y movimientos sociales. A la altura de 1920, en 28 Estados europeos existían 26 regímenes más o menos democráticos; en 1938 sólo 12 perduraban. La democracia había sucumbido en la mayoría de los países, pero permanecían suficientes experiencias democráticas para ilustrar su vigencia y viabilidad, a pesar de las fuertes corrientes contrarias a su consolidación. En la Europa del periodo no todos los grupos políticos poseían una visión de la democracia como procedimiento político, en el que las garantías de protección frente a la arbitrariedad estatal, las consultas electorales con libertad de competencia y la garantía del ejercicio de los derechos de expresión y participación fueran el centro del proceso político. En su lugar, en Europa predominaba una concepción sustantiva de la democracia, al definirla por los fines y por sus partícipes; significaba el ejercicio del poder por una exclusiva identidad colectiva, bien fuera el pueblo, la nación o la clase, delimitada sólo por los dirigentes políticos que afirmaban representarla. Con dicha concepción no resulta extraño que las autoridades de los regímenes semiconstitu15

J. J. Linz, 1989: 42-51; M. Mann, 1987 y 2004: 31; C. Tilly, 2003a: 62. 15


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cionales, autoritarios, corporativos y fascistas —o nazis— reivindicaran el carácter democrático de sus sistemas 16. La competencia política europea también se dirimió en un contexto de constantes cambios de Gobierno, puesto que después de 1918 la media de permanencia de un Gobierno en diferentes países fue de un año; en Alemania y Austria, de ocho meses; en Italia, de cinco; en Francia, de ocho hasta 1932 y de cuatro hasta 1940; en la España republicana, menos de cuatro meses; en 15 años de República parlamentaria portuguesa hubo 44 gobiernos. Esa dinámica procedía de la relación entre mayorías parlamentarias y Ejecutivos, pero también de la intensificación de la competencia política, al entablarse una dura disputa por el control estatal. Los conservadores ocupaban instituciones como el Ejército, las Iglesias, las organizaciones académicas, contaban con apoyos influyentes entre el funcionariado en general y una parte de la administración civil, como la magistratura. A esta posesión se sumó muy pronto el intento de controlar el resto de las organizaciones estatales, para crear Estados nacionales, coercitivos y fuertes. Los socialdemócratas, socialistas y republicanos radicales apostaron por el dominio clientelar del Estado para colmar de beneficios a sus seguidores 17. Todos estos grupos tuvieron que afrontar la poderosa posición del Ejército: unos, al cooperar con él para oponerse a los gobiernos o defender sus políticas autoritarias; otros, al luchar de manera directa a su lado para conquistar el Estado; los más, al observar desde la barrera la intervención militar para desplazar a los gobernantes civiles o para prevenir el acceso de otros grupos. Donde la hubo, el efecto de la participación política del Ejército consistió siempre en la restricción de los derechos, el reforzamiento del gobierno y del poder de los jefes militares; impidió, en resumen, la democratización de sus respectivos países. En cualquier parte de Europa, los militares rebeldes justificaron de forma similar su intervención autónoma: la debilidad o parálisis del sistema político y la rivalidad de partidos. Reclamaron su prota16 M. Mann, 1993: 5-7; R. Ramos, 2000: 1.061; O. Figes y B. Kolonitskii, 1999: 122-126. 17 M. Mazower, 1999: 19; J. J. Linz, 1991: 264-265; J. Campinos, 1975: 24; M. Mann, 1993: 12-18 y 2004: 48-91.

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UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

gonismo para restablecer la tranquilidad política y «salvar» a la nación de amenazas internas y externas, en general, procedentes de lo que se denominaba comunismo o bolchevismo 18. La revolución de octubre de 1917 en Rusia se representará de manera inmediata como el modelo revolucionario del siglo XX, y la construcción del régimen bolchevique dio pie a imaginar Rusia como un mundo diferente. Ante esas dos imágenes se produjeron fuertes reacciones: por un lado, de rechazo y miedo al establecimiento de un régimen similar que pudiera instalarse en otro país y en cualquier momento; y por otro, de admiración y entusiasmo hacia un ejemplo real de un objetivo que trataba de imitarse. Al margen de las organizaciones comunistas europeas, la reacción de rechazo y miedo se extendió mucho más que la segunda. El miedo al comunismo —«barbarismo a la rusa»— armó a los adversarios de la democracia y llevó a muchas personas hasta entonces liberales hacia soluciones autoritarias. La invocación a la amenaza de un enemigo exterior para derrotar a los adversarios interiores resultó muy frecuente en Europa. De ahí que se prestara tanta atención a los acontecimientos ocurridos en Rusia, Alemania, Italia o España, para utilizarlos como argumento en forma de eslóganes: «Roma o Moscú», «Antes Hitler que Blum» 19. Ningún régimen fue derrocado por una revolución comunista o socialista entre 1920 y 1945; sin embargo, la amenaza comunista, dirigida contra la propiedad y los privilegios sociales, era más aterradora. Dios puso a los bolcheviques en el mundo para distinguir el Mal. A partir de octubre de 1917 se abrió un periodo muy favorable para interpretar los acontecimientos políticos y la marcha de la historia con herramientas culturales procedentes de la escatología cristiana: la lucha entre el bien y el mal, el fin de los tiempos —Apocalipsis—, la tierra prometida o el infierno —Rusia—, el Anticristo o el Mesías, individual o colectivo —Lenin, los bolcheviques—, Caín —el primer bolchevique—, el evangelio social o la justicia cristiana, etcétera 20. EsK. Messas, 1996: 164. B. Anderson, 1983: 142; R. Cruz, 1997b: 276-278; M. Mazower, 1999: 24; D. Geary, 1981: 163. 20 E. Hobsbawm, 1994: 32; G. Mosse, 1997: 61; J. Jaffe, 1972: 79; A. Koestler, 1974: 62. 18

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tas herramientas fueron esenciales en la guerra de palabras que supuso la competencia cultural y política entre el bolchevismo y el cristianismo. «He sugerido —escribe Eric Hobsbawm— que la historia posterior a 1917 iba a ser la historia de las guerras de religión». Y aunque se produjeron intentos de creación de una nueva religión en Rusia, «la construcción de Dios», en la que participó Gorki, sin embargo, en una carta dirigida al escritor de La madre, Lenin afirmaba que la creencia en cualquier Dios era «necrofilia» 21. Con esas limitaciones, los comunistas europeos no hicieron de la religión un tema principal de disputa. Fueron la Iglesia católica e intelectuales laicos los que perfilaron su rechazo al bolchevismo como un antagonismo religioso, al interpretar que, por negar a Dios y actuar como creadores y hacedores, los bolcheviques trataban de reemplazarlo, representando una religión alternativa. El catolicismo se politizó, al proponer la restauración del reino de Cristo en la sociedad y la obediencia obligatoria a las leyes cristianas por parte de los poderes públicos. Sus mensajes papales de condena al materialismo y al comunismo, sus rituales convertidos en actos de afirmación católica, la dimensión política de sus redes y organizaciones conformaron un despliegue de actividades para competir en la política con «otras» religiones 22. Los fieles de esas religiones y otros grupos reclamaban la participación política o el poder, en nombre de identidades colectivas, como condición exclusiva de la ciudadanía. En este periodo, la nación, el pueblo y la clase rivalizaron en la política de maneras muy diversas. En aras de esa dura competencia, los dirigentes alcanzaron enorme éxito al representar alguna combinación de identidades hasta entonces separadas e, incluso, antagónicas. El emparejamiento de la identidad nacional con el pueblo o la clase fue la más extendida, al existir experiencias tan implantadas como la del nacional-socialismo en Alemania, del sindicalismo nacional y popular en Italia y Portugal, y del frentepopulismo antifascista en Francia o España, perfilado como un «rematrimonio de la revolución social y el sentimiento patriótico 23. 21 E. Hobsbawm, 1994: 34. J. Scherrer, 1979: 83; N. Tumarkin, 1983: 21, 65-70; N. Gourfinkel, 1972: 22, 62; S. Fitzpatrick, 1977: 20. 22 N. Berdaieff, 1935: 127; J. M. Mayeur, 1990; E. Fouilloux, 1990; M. Warner, 1976. 23 E. Hobsbawm, 1990: 146-148.

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UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

Las distintas dimensiones —enfrentamiento, organización, coalición electoral, programa de gobierno, mayoría parlamentaria— de lo que se denomina Frente Popular suponen una dificultad añadida a la hora de unificar las distintas experiencias europeas. Pero el principal inconveniente para considerar el frentepopulismo como una propuesta política unitaria consiste en la disparidad de estrategias y actitudes de los firmantes de los pactos electorales, ya que los propósitos de los grupos variaron entre salir del aislamiento político, luchar contra el peligro fascista, revivir el republicanismo o recuperar la libertad de acción perdida. Quizá la única comunidad política existente entre los participantes fue la reclamación del pueblo como sujeto político de la ciudadanía democrática y, a la vez, como sujeto movilizador para enfrentarse a sus inveterados adversarios, entre cuyos nombres se incluye, en los años treinta, el de fascista 24. Al margen de Italia, sin embargo, el fascismo representó para la izquierda sobre todo un papel de pancarta movilizadora, al definirse como amenaza en los esquemas interpretativos de la Europa de ese periodo por el activismo violento de las ligas y juventudes de derecha radical. La búsqueda de un estatismo nacional trascendente, mediante el paramilitarismo y la limpieza política o étnica, no tuvo influencia significativa en Portugal, Francia o España —a pesar de la existencia de soldados desmovilizados en los dos primeros países— porque el protagonismo del Ejército y del conservadurismo católico y la actitud distante de las asociaciones patronales y propietarias no permitieron la implantación y arraigo de soluciones tan modernas a nuevos conflictos como las propuestas por los fascistas. Entre otras soluciones, las organizaciones europeas impulsaron la movilización masiva de grupos enteros con reclamaciones hacia patronos y gobiernos. En los años treinta no volvió a ocurrir nada semejante a la oleada de enfrentamientos de la primera década del siglo o tras el fin de la Gran Guerra y hasta 1920, que produjeron huelgas, manifestaciones, motines, ocupaciones de fábricas, insurrecciones y revoluciones en media Europa. Pero se realizaron, por ejemplo, las Marchas del Hambre y la Jarrow Crusade en Gran Bretaña; los progroms y las grandes movilizaciones prescritas en Alemania; la jornada del 6 de fe24

D. Levy, 1987: 62; G.-R. Horn, 1996: 70, 114. 19


EN EL NOMBRE DEL PUEBLO

brero de 1934 con violentos enfrentamientos en la calle entre manifestantes y policía y la oleada de ocupaciones de fábricas en junio de 1936 en Francia 25. Todos estos casos son muestras muy llamativas, pero también ilustran los repertorios de movilización en los regímenes autoritarios y más o menos democráticos. La política del movimiento social se encontraba en su máximo esplendor, con la realización de campañas por una diversidad enorme de reclamaciones. De manera simultánea, la utilización de formas violentas se extendió desde las surgidas de las relaciones sociales cotidianas en las ciudades, de carácter local y sin apenas vinculación con los grandes acontecimientos políticos, en forma de reyertas, ceremonias humillantes y colisiones con la policía, a las ejercidas por organizaciones de implantación nacional, a través de atentados, colisiones, ataques y asaltos, con el propósito de influir en la competencia por el poder local, regional o nacional 26. Estas últimas formas de movilización desafiaban las estrategias de control policial vigentes en Europa, procedentes de las primeras experiencias serias de enfrentamiento alrededor del cambio de siglo y, sobre todo, con el crecimiento de la protesta tras el fin de la Gran Guerra. Aunque la política de control policial en Gran Bretaña no originó ninguna víctima mortal desde 1919 hasta final del periodo, y el número de ellas en Francia fue de 37 entre 1934 y 1937, lo cierto es que la dinámica general del control policial en los países más o menos democráticos consistió en múltiples colisiones e intervenciones policiales violentas, entre otras razones, debido a la aplicación gubernamental restrictiva del derecho de reunión y manifestación en la calle; al incremento de la violencia policial por el rápido aumento del número y de la presencia de fuerzas policiales; al exiguo entrenamiento para disolver concentraciones sin violencia; a la escasa consideración mutua entre manifestantes y policías; al uso de la violencia de los desafiantes como respuesta a la represión policial; y a la utilización regular de armas de fuego 27. 25 A. Mayer, 1967; S. C. Macdonald, 1988; L. Haimson y C. Tilly, 1989; A. Charlesworth y otros, 1996; R. Vinen, 1991; M. Winock, 1987. 26 E. Dunning y otros, 1987; D. Tartakowsky, 1997; E. González Calleja, 2002; E. Traverso, 2003; R. Cruz, 2005. 27 C. Emsley y B. Weimberger (eds.), 1991; R. Reiner, 1985; V. Pulido Valente, 1992.

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UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

Ya fuera en forma de rebeliones militares, insurrecciones, huelgas, movimientos sociales, rituales políticos y religiosos, campañas electorales, debates y enfrentamientos parlamentarios, guerras, programas, manifiestos y mítines, con utilización de símbolos, metáforas y modelos, policías, milicias, organizaciones clandestinas, partidos políticos y asociaciones de toda índole, en el ámbito local, regional, nacional e internacional..., la competencia política conectó diferentes componentes de la política pública, la política de enfrentamiento y la ciudadanía. Las tres dimensiones de la política europea entre 1914 y 1945 confluyeron en heterogéneos procesos políticos, para enfrentarse todos al desafío de la participación y de la representación políticas: en nombre de quién y cómo se gobierna. Las identidades colectivas y la ciudadanía se elevaban al primer plano de la política. Como sucedió en Francia y Portugal. La III República francesa tenía una amplia experiencia de competencia política democrática en los años treinta. Los procesos de mecanización de la producción, concentración del capital, proletarización y urbanización se hacían sentir en una Francia muy rural con mayoría de población no asalariada. La expansión de las actividades de un Estado muy centralizado, con una burocracia civil y militar de formación republicana, se correspondía con el aumento de derechos de ciudadanía para una buena parte de la población, con excepción de católicos y mujeres. Las transformaciones económicas, junto con la expansión estatal y la ciudadanía, generaron conflictos y enfrentamientos. Así, el régimen sobrevivió al affaire Dreyfus, a la separación de la Iglesia y el Estado, a la Gran Guerra, al realineamiento político posterior, así como a la presencia en la calle de las ligas y de las asociaciones de excombatientes. El 6 de febrero de 1934 marca, con seguridad, un punto de referencia de la política francesa de aquellos años. La inmediata creación de una coalición electoral con radicales, socialistas y comunistas, la crisis parlamentaria y las elecciones de mayo de 1936 ocasionaron nuevas relaciones entre la política pública, la política de enfrentamiento y la ciudadanía durante ese año y los siguientes. En el nombre del pueblo, el Gobierno socialista-radical con apoyo comunista afrontó procesos de fragmentación, polarización y convergencia entre las diferentes fuerzas políticas; sostuvo el desafío de la «explosión social» 21


EN EL NOMBRE DEL PUEBLO

de junio de 1936, sin el desalojo policial de las fábricas ocupadas y con la aprobación de una legislación laboral aplicada sólo de forma parcial y temporal; encaró con un equilibrio imposible el pacto franco-soviético, el rearme alemán y la guerra de España; se enfrentó a la violencia de las ligas y toleró su reconversión en partidos políticos; negoció con la jerarquía de la Iglesia católica la continuación de unas pacíficas relaciones en el marco del laicismo republicano y del anticomunismo católico; sufrió el distanciamiento primero, y la defección después, de los radicales, quienes no otorgaron el apoyo necesario a Leon Blum para continuar al frente del Gobierno. En definitiva, una experiencia paralela a la española en el tiempo, útil para su análisis comparativo por la enorme competencia política existente en el marco de una república parlamentaria y una politización excepcional de muy variados grupos sociales 28. La I República portuguesa surgió en 1910 al no defender nadie, y en particular, el Ejército, a la Monarquía Constitucional. De ahí que no debiera explicarse la revolución por la iniciativa y el empuje de los republicanos. La proclamación del régimen, sin embargo, se celebró como fiesta popular durante un mes, sobre todo en Lisboa. De manera inmediata, las movilizaciones y la legislación anticlericales generaron un enfrentamiento religioso muy agudo en el país. Desde el principio, el Gobierno republicano abolió todas las referencias a la religión católica en la vida pública. Acababa así oficialmente la «era de Cristo» 29. En la política pública, se produjo, también en seguida, la fragmentación del partido republicano. La facción más radical, el partido democrático, dominó todo el proceso político hasta 1926, junto con la intervención constante del Ejército, la recién creada Guarda Nacional Republicana y la canalha lisboeta, o el bon povo republicano, nombrado de manera alternativa según el grupo político afectado por su actuación en la calle. De ahí que durante todos estos años existiera una inestabilidad política recurrente, con 44 gobiernos, aparición y desaparición de partidos, rebeliones militares y convocatorias electorales, siempre controladas por los democráticos. Por fin, en 1926 se produjo 28 29

J. Jackson, 1988; S. Wolikow, 1996. V. Pulido Valente, 2004; R. Ramos, 1994: 407. 22


UNA PERSPECTIVA POLÍTICA DE LOS ENFRENTAMIENTOS

la rebelión militar que condujo a otro periodo de intensa movilización y enfrentamiento políticos. La dictadura militar, al cabo, dejó paso al régimen autoritario dirigido en persona por el profesor de la Universidad de Coimbra y miembro del Centro Católico Portugués Antonio de Oliveira Salazar. Tanto la competencia política y la conflictividad republicanas como el paso de la República Velha a la República salazarista constituyeron experiencias muy sugerentes con relación a la II República española. La comparación con las experiencias políticas de diferentes países puede ser muy útil, porque muchos de los planteamientos en las diferentes disciplinas sociales parecen muy convincentes cuando las experiencias se examinan en solitario, pero pierden mucha fuerza cuando se enfrentan a un contexto más amplio mediante la comparación. Las trayectorias y los resultados de los distintos enfrentamientos difieren en cada país y en distintas épocas, al ser diferente la combinación de los mismos procesos. Al compararse, además, varios procesos, nos ofrecen pistas de las variables que resultaron fundamentales, distinguiéndolas de las que fueron secundarias 30. Así, por ejemplo, las iniciativas políticas de los católicos en Francia y en Portugal ilustran cómo los enfrentamientos anticlericales existentes en España no procedieron de un «choque de civilizaciones», como interpretaban los protagonistas. El caso portugués, por otro lado, sugiere que no existe ninguna relación automática e inevitable entre los peligros inmediatos de revolución o de violencia extrema en los enfrentamientos y la consecución de rebeliones militares. La comparación con la experiencia francesa del Gobierno de Blum, asimismo, facilita la comprensión de la trayectoria de los Gobiernos de Azaña y Casares. Junto con la comparación, este libro se aprovecha de la utilización de la interdisciplinariedad: de la sociolingüística para el estudio del lenguaje; de la sociología de la comunicación para estudiar las argumentaciones y los medios de su difusión; de la antropología cultural, para el estudio del mundo simbólico y sus representaciones; de la sociología y la ciencia políticas, para analizar los procesos políticos; de las diferentes disciplinas sobre movimientos sociales..., y todo ello 30

G. M. Luebbert, 1991: 5; D. McAdam y otros, 2001: 314. 23


EN EL NOMBRE DEL PUEBLO

combinado con el uso de las herramientas propias de la historia, no sólo porque el estudio se ocupa de experiencias pasadas hace setenta años, sino por el sentido histórico del análisis: un episodio político, contingente, en movimiento, compuesto con el lienzo de la época y los pinceles de los propios protagonistas, en definitiva, único..., con múltiples sugerencias para nuestro inagotable afán de conocimiento. Con el fin de alcanzarlo, planea sobre este libro una distancia intelectual respecto de las consecuencias políticas, morales y personales del acontecimiento. La II República y la guerra se han prestado a análisis impregnados de ellas. Espero y deseo que este libro no sea el caso. Al contrario, al utilizar la experiencia de otros países y las herramientas de distintas disciplinas sociales, proyecto un estudio de 1936 lo más distante de mi experiencia personal y del presente que la lógica y mis emociones me consienten. Además, me gusta mucho contar historias.

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6. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA GUERRA

¡Corazón de Jesús, fusilado por unos degenerados y monstruosos hijos de España...! En verdad que para ellos era el enemigo. Sin duda, por eso lo han fusilado. ¡Qué malos han sido, que a un mismo tiempo, con un mismo disparo, han herido el corazón de Cristo y el corazón de España! El Adelanto, 21 de agosto de 1936

«El bombardeo del Pilar no ha sido un episodio más en la contienda; ha sido un atentado criminal y cobarde contra los dos valores más santos y sagrados de España, contra los dos postulados que sostienen y animan, hasta hacernos invencibles, la lucha a muerte en que nos hemos empeñado [...], lucha religiosa, verdadera cruzada de un pueblo que se levanta ofendido y humillado en sus creencias». Así rezaba parte de un extenso artículo, publicado el 8 de agosto en El Norte de Castilla, al día siguiente de la celebración en Valladolid de una serie de movilizaciones y rituales consecutivos con la participación de miles de ciudadanos, según relata el periódico. La catedral se llenó y en las calles adyacentes permaneció el grueso de la concentración sin poder acceder al templo. En él, las autoridades —con el general de la división, Andrés Saliquet, al frente, el gobernador civil, el alcalde y el presidente de la Diputación— presidían el acto solemne de homenaje y desagravio a la Virgen del Pilar, cuya imagen y morada en Zaragoza habían sido bombardeadas por un avión de la Generalitat en la madrugada del día 3, sin causar «milagrosamente» ningún daño de consideración. Junto con las principales autoridades, también estuvieron representadas las milicias, las organizaciones políticas, el clero y... el pueblo que, con lágrimas en los ojos, demostró su «entusiasmo desbordante», al cantar la salve popular y, olvidando la gravedad del escenario, pro261


EN EL NOMBRE DEL PUEBLO

rrumpir después en vítores a la Virgen, a la religión y a España. Al finalizar el acto litúrgico, a la salida de los asistentes, la gente vitoreaba a las autoridades que «ahora sí representaban al pueblo, porque ve en ellas su salvaguarda». Después de haber dado fe de su catolicismo y de su amor a la Santa Madre Iglesia y a España, pueblo y autoridades se dirigieron hacia la calle Cascajares para iniciar una «espontánea y grandiosa» manifestación, encabezada por los «balillas» de la Falange, portadores de una monumental bandera «de los colores rojo y gualda». La gente, que no paraba de dar vivas al «Ejército salvador», a España y a «las instituciones», casi no podía avanzar por el elevado número de personas agolpadas a lo largo del trayecto. Disuelta la manifestación, los falangistas «hicieron uno de sus desfiles tan ordenados, tan marciales y tan llenos de espíritu nacional», acompañados por «el entusiasmo y la admiración del pueblo de Valladolid». Al terminar la parada, y como un enorme gentío permanecía en la plaza Mayor, el alcalde, un falangista, un diputado de la CEDA y un cabo de Ingenieros pronunciaron sendos discursos desde el balcón del ayuntamiento, para exaltar el patriotismo del pueblo de Valladolid y asegurar la pronta victoria de España frente al marxismo. Al finalizar las arengas, después de los aplausos y los vítores de costumbre, sonó el himno de la Falange y se levantaron cientos de brazos para hacer el saludo fascista. Por si no hubiera habido bastante acción, al ser descubierto por el gentío el comandante Doval —conocido por su protagonismo en la represión de octubre de 1934 en Asturias—, fue llevado a hombros desde un café céntrico hasta el ayuntamiento, para hablar, junto con el alcalde, ante la multitud congregada. Este conjunto de movilizaciones y rituales se encuentra plagado de símbolos y referencias esenciales para la política de los vallisoletanos en el verano. La selección y la extensión de símbolos a través de la movilización formaron parte de un proceso más amplio de construcción social de la guerra en España. Una prolongación de la política pública y la política de enfrentamiento en la II República, caracterizada por: la lucha por el poder en diferentes instituciones, grupos, espacios e identidades colectivas, con la intervención de múltiples gobiernos; el desarrollo de procesos políticos en los que los protagonistas actuaron en el nombre del pueblo; el despliegue constante de políticas de identidad, incluidas las de exclusión de la ciudadanía a los enemi262


LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA GUERRA

gos del pueblo; la búsqueda de posiciones relativas de poder frente a los rivales políticos, y una movilización incesante en la calle como representación social de las identidades y estrategias planteadas por los distintos grupos y dirigentes. La rebelión militar y las insurrecciones urbanas de julio desembocaron en un proceso de flotación del poder, disputado entre los distintos grupos políticos y militares en toda España. No era una situación por completo nueva, ya que la capacidad infraestructural de los gobiernos republicanos anteriores era muy escasa, debido al aislamiento de algunas organizaciones e identidades respecto del régimen político, a la autonomía relativa del Ejército y de la política local. A partir de julio, la novedad fue la pérdida de poder despótico por parte del Estado republicano, al crearse una situación revolucionaria de soberanía múltiple y armada. Desde el inicio de la guerra y durante los meses siguientes, la flotación del poder se materializó, por un lado, en la existencia de gobiernos locales, provinciales y regionales, en intenso conflicto con gobiernos nacionales y la formación de Estados. Ese conflicto se manifestó en la competencia política entre diferentes grupos y gobernantes por el dominio, influencia o autonomía en la realización de las actividades militares, políticas y culturales. Constituyó una lucha por la obtención del monopolio, la hegemonía o la facultad del uso de la coerción, para dirigir las operaciones bélicas, organizar el reclutamiento y eliminar al adversario en la retaguardia, así como por la adquisición de legitimidad social acerca de las definiciones e interpretaciones compartidas de la naturaleza del enfrentamiento, de sus protagonistas y de sus objetivos. Por la desigualdad de recursos entre todos los contendientes y conforme la guerra cambiaba de escala por la intervención de otros países, esta competencia política tendió a debilitar la dispersión del poder y a fortalecer su concentración en manos de un solo Gobierno y de un mando militar único, tanto entre las fuerzas rebeldes como entre las republicanas. Parte de este gigantesco proceso de carácter contingente, conflictivo e improvisado, de continua construcción militar, política y cultural del enfrentamiento y de sus protagonistas, constituye el objeto de este capítulo. Un proceso de carácter militar, en el que desde su inicio se ocasionaron notables alteraciones, confluyendo en el cambio de escala de la guerra. Un proceso de índole política, en el que la rivalidad 263


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por la ocupación y la defensa del poder adquirido en los primeros días generó políticas de apropiación, resistencia, alianzas y exclusión en las instituciones y en la calle. Un proceso de naturaleza cultural, en el que sobresalió la competencia por resaltar, marginar e imponer distintas definiciones en torno a quiénes eran los contendientes, de qué clase de lucha se trataba y cuál era la manera de ganarla. Este proceso cultural incluyó el despliegue de políticas de identidad como procesos de constitución, delimitación de fronteras, representación, atribución ajena, apropiación, transformación y supresión de grupos en pugna. Integró, también, una «guerra de nombres», propuestos para configurar y expresar los enfrentamientos. Estos procesos militares, políticos y culturales se alimentaron entre sí, con relaciones de motivación, interferencia y repercusión, configurando un nuevo marco de la política pública —con especial protagonismo del ámbito internacional—, de las políticas de identidad y de movilización, así como de la ciudadanía.

DE UNA GUERRA PROVINCIANA A OTRA COSMOPOLITA

Indalecio Prieto comentó que no había más angustia que la de «este calor del estío madrileño verdaderamente abrasador». Fuera de la capital, «el calor del verano español era sofocante. Tierras sin vegetación, de color rojo herrumbre». Ya lo había predicho siete meses antes el hombre del tiempo, aunque se suponía que en las regiones del Cantábrico y de los Pirineos los nubarrones aliviarían el castigo de los rayos del sol. Las vegas, los bosques, las sierras y los humedales entrecortaron también los efectos solares 1. Con estas temperaturas en la mayor parte del país parecía que el esfuerzo requerido para luchar en una guerra fuera mayor. Más intenso si cabe, si los soldados y milicianos se integraban en ejércitos con tal penuria de recursos que «se podía asegurar que el primero que recibiera una docena de aviones de bombardeo tendría grandes probabilidades de dominar decisivamente al otro». La verdad es que esa gue1

El calor en Madrid, P. Montoliú, 1998: 118. En España, I. Ehrenburg, 1998: 21. 264


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rra era una guerra menuda que, «dejada a sí misma, no habría sido más que un anacronismo». Con ese alcance y con tales medios, se esperaba resolver en varias semanas tras el empate inicial. Pero incluso las «guerras civiles» se ganan por superioridad militar 2. En los distintos ejércitos contendientes participaron soldados profesionales, policías, reclutas y muchos milicianos, dirigidos por paisanos con formación militar y militares en activo o retirados. Durante los primeros días, la atención principal de las distintas organizaciones en buena parte de las ciudades se dirigió hacia el reclutamiento de hombres, la adquisición de armas y el abastecimiento de las fuerzas armadas. Esas actividades se convirtieron en fuente de poder político para quienes lograban realizarlas con éxito. Se revelaron, por tanto, en factor de disputa política sobre la gestión, aprovisionamiento, funciones y naturaleza de los grupos armados. Y grupos armados había muchos, ya que en las ciudades podían verlos circulando a toda velocidad en vehículos requisados, desfilando por cualquier motivo, actuando con impunidad en registros, detenciones y paseos de madrugada. De las ciudades partieron para los frentes decenas de columnas, autónomas entre sí, y con un grado de disciplina irregular, según su composición. Salvo la prensa de aquellas semanas, que llegó a sublimar por interés político la figura del miliciano, todos los testigos denunciaron con posterioridad la debilidad de las milicias por su indisciplina, miedo al combate, inexperiencia y rivalidad política. Los jefes rebeldes intentaron solucionar esa fragilidad con la formación de columnas mixtas, de reclutas, soldados profesionales y milicianos y, en todo caso, siempre comandadas por militares. Los jefes del Ejército tendieron a dirigir la guerra. En el bando republicano, los militares no eran los únicos responsables de las operaciones y, donde lo eran, sufrieron el recelo de los milicianos, ante la sospecha de su incompetencia o falta de compromiso con la República. A pesar de ello, también en este caso, la tendencia se dirigió hacia la dirección militar de la guerra. Aunque las autoridades de ambos bandos declararan en público sentirse muy satisfechas con el elevado número de soldados incorporados a la lucha, en la práctica eran muchos más los que desfilaban, o 2

La escasez, en J. I. Escobar, 1974: 105. El anacronismo, en S. Juliá, 2004a: xxiii-

xxv. 265


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aplaudían en los desfiles, que los que marchaban al frente. Como el alistamiento resultó insuficiente, las autoridades de ambos bandos decretaron el llamamiento a filas de los reemplazos de años anteriores, algo que fue considerado por algunos grupos como conflictivo y una muestra de la ausencia de apoyo popular... en el otro bando. Al impedir la eficacia del esfuerzo militar, la dispersión de los recursos tácticos, políticos, materiales y humanos de las milicias se convirtió en un problema para los dos bandos, en mayor o menor grado según las expectativas de los jefes militares y los dirigentes políticos. La tendencia fue, entonces, hacia la concentración y la militarización de los grupos armados, con diferentes dinámicas y resistencias en cada una de las zonas del territorio. La misma tendencia provocó la pérdida progresiva de autonomía de las milicias, a las que los jefes centrales de los ejércitos retiraron el acceso regular a las armas y las facilidades para el reclutamiento. Una vez demostrada la incapacidad táctica para vencer de manera completa al adversario en la rebelión militar, y con el fin de lograr la superioridad militar en la guerra iniciada, el Gobierno de la República y los generales Franco, Queipo y Mola, cada uno por su cuenta, solicitaron armas y aviones a los gobiernos de diferentes países. Los militares rebeldes contaron con la ayuda del Gobierno portugués desde el principio, por medio de préstamos, apoyos logísticos y materiales, facilidades de tránsito y escala, colaboración policial, etc.; pero no resultó suficiente 3. Hacia la cuarta semana de julio, los ejércitos rebeldes atravesaban una situación desesperada, al comprobar las auténticas dificultades para avanzar hacia sus objetivos y mantener asimismo el control de los territorios conquistados frente a los ataques de los enemigos. Algunos destacamentos carecían de municiones para sostener sus posiciones. Mola era consciente de ello y trasladaba su preocupación a sus colaboradores más próximos, mientras que la prensa y los dirigentes políticos pensaban que la guerra terminaría con su triunfo el 25 de julio, día de Santiago, patrón de España. Esa misma fecha, el antiguo director envió un telegrama a Franco comunicándole la posibilidad de retirarse detrás de la línea del río Duero. Sólo parecía inamovible la posición 3

C. Oliveira, s. a.: 269-273, 1988; F. Rosas (ed.), 1998. 266


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del ejército del norte de África; ahora bien, inamovible en todos los sentidos de la palabra, al no poseer los medios de transporte necesarios para el traslado a la península de nada más que una pequeña proporción —algo más de dos mil— de las decenas de miles de soldados preparados para ello. Al ritmo que los ocho aviones disponibles atravesaban al día el Estrecho, todos ellos hubieran tardado nueve meses en cruzarlo 4. Por diferentes conductos españoles, italianos y alemanes, y después de sendas respuestas negativas a cargo de escalones inferiores de sus gobiernos, Franco obtuvo el visto bueno de Hitler —el 25 de julio— y de Mussolini —el 27 de julio—, para recibir el material de guerra reclamado. El primer avión alemán comenzó el puente aéreo el 28 de julio; los siguientes, a partir del día 29. Los primeros aviones italianos llegaron a Melilla el día 30, y el primer barco con armas, el 2 de agosto. En diez días se transportaron por avión a Andalucía diez mil soldados y grandes cantidades de material de guerra. El 5 de agosto cruzó el primer convoy de barcos con cientos de armas y soldados protegidos por la aviación italiana. Para los ejércitos rebeldes del norte de África y del sur la guerra entonces había vuelto a comenzar. Para una parte de los ciudadanos significaba una guerra más larga 5. Después de algunas interferencias diplomáticas del bando rebelde en forma de sabotaje, el Gobierno francés retrasó hasta el 7 de agosto la ayuda militar solicitada el 20 de julio por el Gobierno español. Representó, sin embargo, una pequeña parte del material enviado por alemanes e italianos al otro bando. Los recursos militares más importantes recibidos por la República procedieron de la Unión Soviética y de la Internacional Comunista. A finales de agosto, Stalin decidió el envío de material de guerra, como respuesta a la solicitud del Gobierno español telegrafiada el 25 de julio. El primer barco con armas de distinta antigüedad atracó en Cartagena el 4 de octubre, y el segundo, el día 12. De manera casi simultánea, tropas de voluntarios de diferentes países arribaron al puerto de Alicante y días después se concentra4 Las preocupaciones de Mola, en J. M. Iribarren, 1938: 116-149; y G. Cabanellas, 1973: 522, 558. 5 A. Viñas, 2001: 391-418; I. Saz, 1986: 181-185; H. Graham, 2002: 105; G. Cardona, 2004: 182; I. Enciso, 1996.

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ban en Albacete. Para el Gobierno de la República también volvía a comenzar la guerra, después de cosechar derrota tras derrota en agosto y septiembre, y ver al ejército rebelde del sur situado a las puertas de Madrid. Para otra parte de los ciudadanos daba comienzo otra guerra, también más larga 6. Por razones prioritarias de rivalidad europea, además del empleo de nuevas armas en combate real, por el temor a una guerra en su propio país o por la amenaza de un gobierno comunista en España si eran derrotados los rebeldes, algunas potencias europeas decidieron intervenir, y otras inhibirse de manera activa, con ayuda militar en España. Al cambiar la dimensión de la guerra, transformaron una guerra provinciana en otra cosmopolita, y por decisiones posteriores compartidas por Franco, facilitaron su prolongación. Gracias a la intervención alemana e italiana, el ejército del norte de África pudo cruzar el Estrecho con miles de soldados mercenarios y profesionales —hasta setenta mil a lo largo de la guerra—, con pertrechos y armas en suficiente cantidad para avanzar por la península, comunicando al ejército del sur con el del norte, proporcionando por primera vez la coordinación de sus estrategias militares. De ahí surgió la conquista de Huelva, Badajoz, Talavera de la Reina, Toledo, Irún, San Sebastián... y el acercamiento del ejército rebelde a Madrid, la ciudad del diablo. Dos meses después de la ayuda alemana e italiana, el ejército republicano recibió carros de combate, aviones y la colaboración de oficiales y soldados para impedir la conquista de Madrid por el ya ejército franquista y la victoria italiana en Guadalajara. Desde principios de agosto, la intervención italiana y alemana reequilibró a favor de los rebeldes una situación previa de práctica rendición. La intervención comunista internacional y el material de guerra soviético crearon un nuevo equilibrio parecido al existente la semana del 21 de julio. La intervención/no intervención internacionales cambió de escala el enfrentamiento político en España, al pasar del declarado en un ámbito multilocal, con escasos recursos, por tanto, provinciano, a otro mucho más amplio, coordinado, con la incorporación de nuevos aliados europeos, en definitiva, cosmopolita. Lejos de promoE. Moradiellos, 2004, 2003: 211; I. Greilsammer, 1996: 380-383; D. Kowalsky, 2004: 195-218. 6

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ver el cese del enfrentamiento, la intervención limitada de las potencias europeas en la guerra española supuso su estancamiento y prolongación, al no intentar asumir el control absoluto de la situación y sí, en cambio, mantener a las dos partes beligerantes lejos de derrotarse mutuamente 7. Es más que probable que la guerra provinciana sin la intervención alemana e italiana de finales de julio, permaneciendo estático el resto de posibles interferencias, hubiera concluido en pocas semanas, con dos posibles resultados: la rendición de los ejércitos rebeldes o la negociación de un armisticio. Esta última posibilidad parece más improbable que la primera. Según los resultados de las guerras civiles durante el siglo XX, de los 68 casos de guerra civil, 41 —el 60%— acabaron en capitulación o eliminación de uno de los bandos. Ése hubiera sido el resultado de la guerra provinciana en España, al compartir con la mayoría de las guerras su carácter innegociable. Los contendientes entendieron a las pocas semanas que la lucha entablada constituía un enfrentamiento entre identidades colectivas, concebida cada una por exclusión de la otra; prefirieron continuar la guerra antes que padecer las represalias posteriores al acuerdo; se incrementaron las reclamaciones de «justicia» por la limpieza política iniciada en los dos bandos; se limitaron las iniciativas de negociación de un acuerdo por el temor de los dirigentes a verse desplazados del poder por grupos de la propia coalición, y se intensificó la propaganda sobre la moral de derrota del enemigo y de victoria del bando propio. Todo ello perjudicaba la posibilidad de una negociación e incrementaba el riesgo de un final con la capitulación del contrario 8. La victoria rápida de los grupos armados del lado republicano hubiera supuesto un número mucho menos elevado de víctimas mortales, al cesar los enfrentamientos con armas pesadas y establecer una cuenta atrás para el fin de la limpieza política. Claro que la capitulación de todos los ejércitos rebeldes asentados en diferentes zonas del territorio español, y autónomos entre sí, hubiera sido complicada. Es posible que el primero en rendirse hubiera sido el ejército del norte, con Mola al frente; el segundo, el ejército del sur, con Queipo; y el más 7 8

S. R. David, 1997: 572; R. Betts, 1994: 21. S. J. Stedman, 1991: 6-8. 269


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reluctante y también el más aislado hubiera sido el del norte de África, de Franco, con el que se tendría que enfrentar el Gobierno durante más tiempo, por el número de fuerzas bien disciplinadas con el que contaba. Tampoco dejaría de ser arduo el proceso de conflicto y negociación en la coalición vencedora, con las armas de las milicias como núcleo fundamental de disputa. Todo parece indicar una situación de consolidación conflictiva del Gobierno central en la zona republicana, a partir de la que el Gobierno republicano de izquierda, con la colaboración inestimable del PCE, la Ejecutiva del PSOE y de una porción del ejército rebelde, habría recuperado de nuevo parte de su poder despótico anterior, negociando con los grupos más moderados y aislando o imponiéndose sobre los más reivindicativos. El marco alternativo al dominio del Gobierno republicano hubiera sido el mantenimiento de una situación revolucionaria, sostenida en la división del territorio entre el poder de un número indeterminado de comités locales, autónomos entre sí, actuando como señores de la guerra en su propio hinterland, enfrentándose al Ejército de la República, al que se incorporaría parte de los militares rebeldes de julio, y contaría con la colaboración de la mayoría de las fuerzas políticas republicanas, incluidas las organizaciones católicas recién integradas. Como puede observarse, uno de los problemas centrales de los comienzos de la guerra fue el del conflicto entre la dispersión y la concentración del poder en cada bando.

DE LA DISPERSIÓN A LA CONCENTRACIÓN DEL PODER

Se ha abordado el proceso político existente en las dos zonas por lo general con enfoques historiográficos y políticos distintos, al entenderse que el bando rebelde se encontraba sujeto de manera férrea al control del Ejército y ninguna fuerza o grupo político se movía al margen de las decisiones de sus jefes militares. En la zona republicana, por el contrario, la situación se caracterizaba por la dispersión total del poder y la inexistencia del Estado a partir del 18 de julio. Payne y Tusell resumieron esta perspectiva al exponer que «la vida pública fue mucho más plural en el bando perdedor [...] que hubo más política, y 270


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más interesante, entre los perdedores que entre los que vencieron». Ahora bien, si en la zona republicana la pérdida del monopolio estatal de la coerción hizo de su reconstrucción y republicanización una de las tareas más importantes y conflictivas, en la zona rebelde se trataba de salir del policentrismo reinante y construir un Estado, una organización que fuera más allá del «Estado campamental» del que se quejara Ramón Serrano Suñer a su llegada a zona franquista. La movilización protagonizada por diversas organizaciones políticas y sociales desembocó en una situación de poder disperso en ambos bandos. El «Nuevo Estado», del que ya se hablaba en 1937, resultó ser una construcción improvisada, como consecuencia de la depuración de la Administración republicana y la rivalidad de los generales con algunos de los grupos políticos, como la Falange Española o la Comunión Tradicionalista, que intentaron entrecruzar su propio poder con el de los militares 9.

La diplomacia vieja En la zona rebelde reinaba la más completa imprecisión en cuanto al rumbo fijado al proceso político por venir. Mola sólo había convenido con el resto de generales el establecimiento de un Estado con alto poder despótico, una República sin Constitución y sin representación política estable, así como el mantenimiento de las conquistas obreras. Muchos jefes militares continuaron con el uso del protocolo republicano en las celebraciones públicas, como los falangistas y los carlistas hicieron con el suyo. Esta batalla por los signos y emblemas fue la primera manifestación de discordia en cuanto a la unidad de objetivos de la rebelión militar. En las ciudades donde triunfó la rebelión y los militares rebeldes consolidaron su conquista, se desencadenó un proceso revolucionario, del mismo alcance que el desarrollado en la zona republicana, y ratificado por los términos de los diplomáticos alemanes e italianos, empleados para referirse al bando rebelde. En esta ocasión, la revolu9

S. Payne y J. Tusell, 1996: 640. I. Saz, 2003: 58; J. Tusell, 1996: 431, 2004: 279-

280. 271


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ción consistió en la destrucción de la mayoría de símbolos y lenguaje republicanos y su sustitución por símbolos prohibidos por el régimen anterior: «Todo parecía nuevo: los himnos, las banderas, los gritos, los saludos. El vivir digno y el bel morir que honra toda una vida» 10. Constituía parte de un lenguaje revolucionario: la exhibición de la camisa azul o caqui, la boina roja, el saludo con el brazo extendido, el Cara al Sol, el Oriamendi, las procesiones por las calles, las misas de campaña, la bandera roja y gualda, junto con las de falangistas y carlistas, los entierros con cruz alzada, la jerarquía en la relación social, las represalias laborales, los decretos militares y municipales sustituyendo las leyes republicanas, el crucifijo en las escuelas, el «¡Arriba España!», las detenciones de los adversarios políticos, la requisa de sus bienes, la impunidad en la práctica de la limpieza política... La mayoría de ellas, respuestas revolucionarias, al representar una acción subversiva de la política republicana, hasta entonces objeto de conflicto, enfrentamiento y sanciones por las autoridades. La dispersión geográfica de las conquistas, la heterogeneidad política de las nuevas autoridades locales y el fracaso en la toma de Madrid, así como la diversidad de expectativas de los jefes militares y los dirigentes políticos, ocasionaron una auténtica dispersión del poder territorial y político en la zona rebelde. Había un sistema de policentrismo con los tres ejércitos rebeldes como ejes, con relativa independencia entre sí. Si cada uno de los tres dirigía la guerra en cada territorio, las distintas organizaciones políticas tomaron posiciones para lograr influencia, autonomía y control del poder en la retaguardia y, en menor medida, en los frentes. Más si cabe cuando la guerra había sido definida como «popular» en cada zona y los militares rebeldes requerían la colaboración de la población para sostener el reclutamiento y lograr la legitimidad de su intervención. El alfonsino conde de Vallellano propuso el nombre de Junta de Defensa Nacional para el organismo coordinador de los esfuerzos rebeldes creado el 25 de julio. El intento de centralización del poder militar y político resultó vano, por reflejar un mero órgano formal del ejército del norte, al que no se sentían sujetos ni los carlistas de Navarra, ni los falangistas, ni los combatientes de los ejércitos del sur y del 10

J. M. Iribarren, 1938: 155. 272


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norte de África, comandados por Queipo y Franco, con poderes alternativos. Para muestra de la «autonomía» territorial respecto de la JDN, el diario Abc de Sevilla comunicó la noticia de su creación con un suelto diminuto y sin incluir a Mola entre sus integrantes. Queipo y Franco fueron considerados «caudillos» por la prensa andaluza, con autoridad independiente para realizar las actividades bélicas y administrativas que consideraran oportunas. Los cargos políticos locales, los jueces y fiscales municipales fueron sustituidos por personas de confianza de los jefes militares de cada territorio, sin ningún criterio unificado para toda la zona rebelde. «Después de todo, era ese relevo en el poder local lo que se negoció entre carlistas y militares en Álava» 11. Al lado de la pública declaración de cohesión y unidad de las fuerzas rebeldes, se registró una competencia política del Ejército y las fuerzas que le apoyaban durante los primeros meses de la contienda. En el seno de la milicia, los tres principales generales gozaron de suficiente autonomía para ostentar un poder casi completo en los territorios bajo su jurisdicción y competir en cuanto a la definición futura de la guerra. Mola aceptó desde finales de julio las consecuencias políticas derivadas de la posesión por Franco de los mejores recursos militares de los tres ejércitos y un acceso privilegiado a la ayuda militar alemana e italiana. Pero Queipo de Llano no compartió esa impresión, al considerar rival al general gallego y defender su autonomía política y militar en Andalucía mediante el control del ejército del sur. En Aragón, Cabanellas también tenía sus propias ideas sobre el futuro político. La Iglesia, que hasta el 18 de julio había plegado sus objetivos al apostolado de Acción Católica, vio en los inicios de la guerra la oportunidad política para lograr una influencia notable en el Estado rebelde en construcción. La jerarquía misma se vio sorprendida por la movilización católica de la población. Al respecto, escribió Isidro Gomá: «puedo afirmar que nunca creí [...] que España se irguiera como lo ha hecho». En principio, el interés del cardenal consistió en evitar toda desavenencia que pudiera malograr la victoria rebelde. Sin embargo, ante el periodo constituyente abierto, la Iglesia se preocupó por las re11

J. Ugarte, 1998: 21-33. 273


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percusiones laicistas de una excesiva presencia de la Falange. Por eso los prelados creían necesario jugar fuerte al lado de los generales para asegurar una futura orientación cristiana del Estado y, al mismo tiempo, impedir que se movieran «algunos bichos que se dedican al juego de la diplomacia vieja». Así, junto con la Junta Central Carlista, Gomá protestó ante el mismo Franco por la declaración de no confesionalidad del Estado efectuada al asumir la jefatura única el 1 de octubre: «He de significarle la decepción producida en un gran sector del pueblo español por ciertas frases pronunciadas hace pocos días ante el micrófono por el jefe del Estado» 12. A la vez, la Iglesia mantuvo la opción de ignorar y marginar a la CEDA como vehículo político para trasladar sus reivindicaciones sociales a los militares. En sus cortas visitas al territorio rebelde, Gil Robles, además, recibió sólo animosidad, e incluso sufrió intentos de agresión de parte de monárquicos y falangistas, al recordar su posición de franco exclusivismo político en las elecciones de febrero de 1936. Fueron muchos los católicos enrolados en las milicias carlistas y menor número en las suyas propias. Para coordinar éstas, Gil Robles nombró a Luciano de la Calzada jefe nacional el 4 de septiembre, pero carlistas y falangistas no le permitieron actuar de manera autónoma. A pesar de la influencia de la religión y de la Iglesia en el bando rebelde desde septiembre de 1936, los militares y el resto de fuerzas políticas, incluida la jerarquía eclesiástica, no toleraron la existencia de un grupo político católico específico, que pudiera apropiarse de los símbolos y mitos religiosos a la hora de interpretar la guerra 13. La estrategia previa y en las primeras semanas de la guerra otorgó un poder vertiginoso a la Falange Española. La anterior organización clandestina disponía de diversos recursos políticos e ideológicos para un periodo político iniciado con el empuje de las armas. Su intransigencia con el Gobierno de la República, compartida por sectores muy conservadores, combinada con un nacionalismo extremo, populista, laico y revolucionario, permitía la inclusión en sus filas de personas procedentes de la más variada gama de opciones políticas. El reclutamiento de nuevos afiliados a su organización, miliciana casi toda, 12 13

Todos los entrecomillados, en Archivo Gomá, 2001: 117-203. J. Baez, 1994: 104. 274


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asombró a sus dirigentes y competidores, ya que se alistaron no sólo católicos o sin afiliación política previa, sino militantes que esperaban protegerse en la organización falangista de las represalias por su pasado sindical o político asociado a grupos de izquierda, o porque para muchos representaba una abdicación menor admitir un programa político más abierto, más social y más integrador que el ofrecido por monárquicos y católicos. Protección, compromiso, oportunismo, también una forma de paliar la indigencia..., por lo que durante los primeros meses de la guerra convivían en la FE «camisas viejas y nuevas, limpias y sucias». Ante el crecimiento experimentado por la organización se forjó toda una leyenda de arribismo o de protección al emboscado, ampliamente coreada con los motes de FAIlange y Refugium peccatorum, y acompañada con la propia música falangista del Cara al Sol, pero con una letra alusiva: «Cara al Sol, / al sol que más calienta/ me puse el gorro antes de ayer./ Me hallará la muerte/ si me llega, / sentado en el café./ Formaré junto a mis compañeros, / para hacer desfiles postineros./ Impasible el ademán, / que a mí no me cazarán./ Si te dicen que caí, / seguro es que me escurrí./ ¡Arriba, escuadras, a correr, / que las bombas empiezan a caer!» 14. La FE contaba, sin embargo, con inconvenientes organizativos, algunos procedentes de la incorporación masiva de nuevos afiliados sin experiencia ni motivaciones coincidentes con el ideario falangista; otros residían en la fragmentación ocasionada por el triunfo desigual de la rebelión militar y en el descabezamiento de la organización, con sus principales dirigentes en las cárceles republicanas o escondidos en esa zona. La FE tenía 25 jefes provinciales en zona rebelde y el partido se fragmentó en «reinos de taifas». La primera comunicación del mando nacional con la estructura territorial tuvo que esperar a principios de septiembre. Esta dispersión y heterogeneidad favoreció el cumplimiento de tareas de limpieza política, negadas en público por la organización: «La Falange nunca admitirá, y en todo momento rechazará, aquellos procedimientos ajenos a nuestra voluntad de justicia, sin duda a veces atribuidos cómodamente a nuestra organización». Sin Sobre la FE, J. L. Rodríguez Jiménez, 2000: 231-247. El himno, en E. Vegas Latapié, 1987: 59-60. 14

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embargo, ante la evidencia y las críticas de otras fuerzas políticas y autoridades locales, los propios dirigentes falangistas —de Andalucía, en este caso— cursaron órdenes a sus afiliados a finales de septiembre para contener sus iniciativas relacionadas con el trabajo sucio. «Queda terminantemente prohibido a los milicianos de nuestra organización tomar parte en los fusilamientos y ejecuciones, misión que corresponde exclusivamente a las fuerzas militares de toda clase» 15. Los falangistas, al mismo tiempo, comenzaron a difundir consignas políticas, a través de sus 17 diarios y 23 semanarios, y llegaron a establecer un programa de actos de propaganda y de incautaciones a realizar tras la conquista de Madrid. Por estas iniciativas se enfrentaron con la vigilancia y la oposición de los jefes militares de la JDN, que promulgaron el 25 de septiembre un decreto de prohibición de toda clase de actividades de carácter partidista. Los militares censuraron la pretensión falangista de atribuirse poder político y fijar objetivos concretos en cuestiones de índole política, social y económica, gracias a su capacidad movilizadora y a la apropiación de recursos realizada por la organización durante esos meses. El gobernador militar de Huelva, por ejemplo, ordenó a la Guardia Civil que prohibiera a la FE imponer multas y efectuar requisas o incautaciones, «las cuales competen única y exclusivamente a mi autoridad». Lo cierto es que durante los primeros meses de la guerra la FE —junto con los carlistas— gozó de una autonomía política de la que no disfrutará jamás en el futuro 16. La rivalidad con otras fuerzas políticas también se hizo pública al advertir la Falange que no consentiría la administración de la victoria por ningún otro grupo que no fuera el Ejército. Sus relaciones con los requetés y el resto de milicias no fueron buenas. Pese al antagonismo de principios y prácticas, y a revelarse con insultos mutuos, la pugna entre la Falange y la Comunión Tradicionalista no fue en absoluto violenta. Los tradicionalistas disponían de diversos factores adversos, como el arraigo de sus fuerzas circunscrito a Navarra y la división en El primer desmentido, en Abc, 29.08. La prohibición, en F. Espinosa, 1996: 493. La actuación represora en general, en R. Chueca, 1983: 133-143; J. L. Rodríguez Jiménez, 2000: 229-234; S. Ellwood, 1984: 80; L. González Egido, 1986: 43-44; G. A. Collier, 1987: 162. 16 F. Espinosa Maestre, 1996: 488. 15

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dos corrientes: una dirigida por el secretario del regente, Fal Conde, más populista y reivindicativa, en conflicto con la otra, más conservadora y colaboradora con los jefes militares, a cuyo frente se encontraba el conde de Rodezno. Cuando los carlistas hablaban de caudillo se referían al regente Javier de Borbón-Parma; también Fal Conde era considerado como un hombre enviado por Dios. Con esos referentes, para una buena parte de los carlistas era lógico que los militares fueran sólo dignos representantes de la coalición rebelde. La Junta Central Carlista muy pronto tomó disposiciones por sí misma, sin tomarse la molestia de consultarlas con las autoridades militares. Su mayor éxito consistió en la extensión e institucionalización de tres de sus iniciativas planteadas desde el principio de la rebelión. Tanto el nombre de cruzada para definir la lucha entablada contra el Gobierno de la República como la bandera roja y gualda, a la manera de estandarte alternativo al republicano, además de la presencia de la religión en las movilizaciones populares rebeldes, tuvieron su origen en los recursos políticos proporcionados por los carlistas, acogidos algunos de ellos con recelo por los jefes militares y, ya en septiembre, admitidos, protegidos y exaltados por casi toda la coalición rebelde. Los dirigentes de Renovación Española se mostraron desde el principio encantados con esas propuestas carlistas, por coincidencia con su ideario monárquico y religioso. El gran problema de la corriente alfonsina residía en la carencia absoluta de seguidores con los que formar milicias propias, una de las manifestaciones de poder más visible en la zona rebelde. En su lugar, los dirigentes de RE colaboraron con el Ejército en labores de gestión financiera y búsqueda de ayuda militar en el extranjero. Muy pronto, además, Goicoechea, el conde de Vallellano, Pemán, Lamamié, etc., comenzaron a viajar de manera incesante por todo el territorio rebelde para resaltar su presencia política e influir entre los generales, aportando un programa nacionalista, religioso, contrarrevolucionario, del gusto de la Iglesia y de algunos jefes militares, sobre todo de Franco. Cuando éste creó su primer «protogobierno» y designó los primeros cargos delegados en la Administración, los elementos civiles incorporados fueron profesionales y técnicos próximos a Acción Española 17. Su elitismo político, sin em17

I. Saz, 2003: 59. 277


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bargo, se enfrentaba al populismo católico, falangista y carlista; como tampoco se compartía por todos su defensa de la monarquía. La opción monárquica de don Juan se truncó en agosto, cuando se escenificó el enfrentamiento con Mola. El príncipe heredero de la casa de Borbón entró en España por la frontera navarra de Dancharinea y en Pamplona se compró una boina roja y un mono azul junto con el resto de la expedición, para dirigirse a uno de los frentes de batalla. Al enterarse el general de todas esas ocurrencias, envió a sus soldados para acompañar al pretendiente y su séquito de nuevo hasta la frontera. Los alfonsinos recelaban de manera extraordinaria de las actividades e intenciones de la Falange, así como los dirigentes de este partido menospreciaban a los monárquicos. Éstos creían que el partido fascista, por ser antimonárquico, se había convertido en una organización republicana, y si llegaba a obtener mucho poder en el «nuevo Estado», arruinaría los esfuerzos emprendidos y los sacrificios realizados desde la rebelión militar. Todas estas disputas ataban a las fuerzas políticas y sociales de la derecha española a la «vieja política», que no era otra cosa que la competencia por influir cerca del Ejército. La falta de un plan político a cargo de los militares intensificó la rivalidad entre republicanos de derechas, católicos, falangistas, alfonsinos, carlistas, la jerarquía eclesiástica y los jefes militares, éstos a su vez como representantes de la milicia, pero también divididos en cuanto a recelos personales o aliados de distintas organizaciones políticas. Durante los primeros meses de la guerra, los generales consiguieron impedir la aparición de una política pública institucionalizada más allá del ámbito local; pero eso no quiere decir que pudieran interrumpir la competencia política existente entre todos esos grupos por influir en el control del poder. Durante el tiempo que duró el policentrismo rebelde, las fuerzas políticas y la Iglesia afrontaron la mayor parte de la clase de actividades políticas desarrolladas durante los primeros seis meses del año, durante la etapa de los Gobiernos republicanos de izquierda. Ante su escasa presencia en la política pública republicana por la derrota sufrida en las elecciones de febrero de 1936 y las políticas de exclusión realizadas sobre sus redes, monárquicos y católicos se orientaron hacia el establecimiento de contactos personales con otros dirigentes políticos y jefes militares, la convocatoria de reuniones, la participación 278


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en actos públicos de sus seguidores, declaraciones a la prensa, etc. De igual tono fue la labor política en el verano, con un importante aspecto añadido, ya que las mismas orientaciones fueron realizadas cerca, muy cerca de los jefes militares, protagonistas principales de la zona rebelde. Los dirigentes no echaron en falta su participación en una política pública institucionalizada y, por tanto, no reclamaron su restauración, aunque fuera con nuevos mimbres. Al contrario, se movieron como pez en el agua, al poder afirmar sus convicciones, participar en movilizaciones multitudinarias, denunciar las estrategias de los grupos competidores, adelantarse a ellos en la búsqueda de legitimidad militar, competir, en una palabra, en la formación de una identidad colectiva, en la definición de la ciudadanía y en la gestión de los asuntos públicos. La ascensión de Franco a la jefatura del Gobierno y del Estado rebeldes el 1 de octubre, sentenciando así la competencia política en el seno del Ejército, no redujo el desarrollo de esas iniciativas civiles. En un nuevo proceso de esclarecimiento de la orientación política del mando militar y de unificación y centralización del poder militar y político en una sola persona, las estrategias civiles se encuadraron en las nuevas limitaciones impuestas por el jefe del Estado a la competencia entre los grupos —con el control de la FE y la CT, la subordinación civil a su posición política de poder personal y el reparto de áreas de la Administración a cada uno de ellos—. Franco fue imponiéndose entre todos para que no sólo el Ejército dirigiera la guerra en exclusiva, sino también para que él mismo controlara la política pública. La concentración de poder en manos de un general no fue el único resultado posible, como se comprueba al contrastarlo con una experiencia similar portuguesa. Tras la rebelión militar de 1926 en Portugal, se inició una dictadura militar de casi siete años repleta de inestabilidad política y concluida con el ascenso de un dirigente político civil a la jefatura del Gobierno. A diferencia del caso portugués, los generales españoles y sus apoyos civiles se enfrentaron a una guerra, y las disputas políticas entre los jefes militares no dejaron de existir, pero se sujetaron a la hora de competir por un mando unificado de la guerra y del Gobierno. En Portugal, los militares no tenían capacidades para enfrentarse a la crisis económica, mientras que en España los partidos políticos y la Iglesia no tenían capacidad para enfrentarse a la 279


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guerra. En Portugal, el Ejército se dividió en opciones políticas y, uno a uno, los generales insurrectos fueron vencidos por la mayoría del Ejército y la Administración civil. En España, la división de opciones políticas en el seno militar no generó rebeliones y fue supeditada a la tarea de ganar la guerra. En Portugal, Salazar se encargó de eliminar a sus contrincantes y seleccionar a sus colaboradores. Franco hizo lo propio en España, pero con la inestimable colaboración del enemigo y de la mala suerte, al morir en distintas circunstancias Calvo Sotelo, Primo de Rivera y Sanjurjo.

La verbena automovilística Si entre los rebeldes surgió al comienzo de la guerra un sistema de poder policentrista, con al menos tres ejes y varios segmentos, en el bando contrario a la rebelión militar el policentrismo se dibujó con muchos más ejes y cientos de segmentos... armados. Esa situación se correspondía a la división del territorio por el resultado de la rebelión militar, a las insurrecciones urbanas y a la proliferación de comités y columnas armadas por todos los territorios no controlados por los rebeldes. Supuso también una prolongación de la dinámica política localista de la primavera de 1936, a medida que el Gobierno republicano fue perdiendo aún más poder infraestructural, conforme los distintos grupos políticos se alejaban del centro de la política pública y sólo les unía al Estado la intervención de la policía militarizada de los gobernadores civiles. Al dividirse el Ejército regular y los diferentes cuerpos policiales, se formaron comités, juntas y consejos en buena parte de la zona republicana, como el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, el Comité Ejecutivo Popular de Valencia, el Comité de Salud Pública de Málaga, el Comité de Guerra de Gijón, las Juntas de Defensa de San Sebastián, Azpeitia y Eibar…, que se sumaban a la Generalitat en Cataluña, al Gobierno del Estado republicano y a un número indeterminado de organismos locales en una buena parte autónomos de todos los anteriores en su jurisdicción. Con tal número de gobiernos territoriales, nadie controló la mayor parte del poder, hasta entonces en manos del Estado español. 280


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A partir de esta situación de soberanía múltiple comenzó un proceso que no desembocó en la consolidación de la mayoría de estos poderes autónomos, sino en su «domesticación», languidez o desaparición. La revolución en la zona republicana ya se encontraba en decadencia desde su comienzo, nada más dar unos pasos por el medio de la calle. Su apogeo transcurrió durante un instante, cuando con las armas en la mano «los revolucionarios» tuvieron la sensación de dirigirse a sí mismos, sin el control del Estado ni de otro tipo de autoridades, para subvertir el orden de la ciudad, las relaciones laborales, jerárquicas, la propiedad privada; para exhibir en público el poder de las armas, del color rojo o del rojo y negro, de la barricada, de los «peajes», de las organizaciones, de la posesión y circulación de automóviles; para obtener impunidad en las detenciones, requisas e incautaciones y la limpieza política de los enemigos. «Y entonces, al doblar la esquina de Las Ramblas (la arteria principal de Barcelona) surgió una tremenda sorpresa: ante nuestros ojos, como un relámpago, se desplegó la revolución. Era algo abrumador. Como si hubiésemos desembarcado en un continente diferente a cualquiera de los que nos hubiese sido dado ver con anterioridad. La primera impresión: trabajadores armados con su fusil al hombro... Armas, armas, armas». Pero esa sensación fue cediendo cuando hubo que organizar la guerra en términos colectivos. La revolución también fue trasladándose a las aceras, al ser impracticable la conquista del poder estatal y, en su lugar, sustituir a éste por grupos armados independientes entre sí en cada localidad, a la manera del conflicto en Albania de 1995, en el que todo el mundo tenía armas y las mantuvo en su poder, pero nadie por sí solo podía apuntarlas contra el Gobierno 18. A diferencia de la colectivización forzosa en la Unión Soviética de finales de los años veinte, las incautaciones fueron una muestra palpable del fraccionamiento de poder, al ser realizadas sin un control centralizado, ni en aplicación de consignas unificadas. Se formalizaron en ocasiones como una mera ocupación de edificios o tierras; en otras, con el acuerdo escrito y el visto bueno de las autoridades locales; se llevaron a cabo, a veces, forzando la voluntad de los propietarios preF. Godicheau, 2004: 97; C. Ealham, 2005: 282-300. El párrafo entrecomillado, en F. Borkenau, 1977: 55. 18

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sentes en la incautación; en otras muchas, con la ausencia de aquéllos; en algunos lugares, fue producto de la necesidad de asegurar la recogida de la cosecha, del almacenamiento de víveres o la instalación de hospitales, en otros, para alimentar a las columnas o a las ciudades y para instalar centros políticos o periódicos 19. En términos generales, coexistieron durante el verano al menos tres grandes organismos con el poder de dirigir los asuntos públicos en cada ciudad o territorio. Un Consejo o Comité Central Antifascista a escala provincial o regional, integrado por los sindicatos y los partidos de la coalición de izquierda, en diversas proporciones según su implantación local; una o varias instituciones del Estado, por lo general integradas por el Gobierno Civil, los ayuntamientos y los destacamentos del Ejército regular; y uno o varios comités locales con diferentes nombres, disfrutando de plena autonomía. Los enfrentamientos entre estas tres instancias fueron tan frecuentes como la negociación y la ignorancia mutua de sus actividades respectivas. El resultado fue la superposición relativa, o coexistencia equilibrada, de funciones administrativas, policiales, de reclutamiento y abastecimiento, incautaciones, etc. En Barcelona se reunieron tres tipos de poderes autónomos entre sí, pero con enlaces de diversa índole. A través del dominio de la Generalitat y del ayuntamiento, la Esquerra Republicana de Catalunya abrigó la esperanza de coordinar en sus gobiernos las actividades políticas y administrativas de las principales fuerzas políticas y sindicales, entre las que sobresalía la CNT-FAI. Mientras eso no sucedía, los anarquistas habían puesto en marcha un Comité Central de Milicias Antifascistas como órgano central de gobierno militar en Barcelona para coordinar el reclutamiento, transporte y aprovisionamiento de las milicias y el control policial, en aras de mantener el «orden revolucionario» en la ciudad. Si tuvo éxito al principio en su primer cometido, al organizar las columnas que, a manera de gran fiesta o picnic, salieron para Aragón desde el 24 de julio, sin embargo, resultó quimérico el control policial centralizado de la ciudad, al superponerse una pléyade de «cuadrillas armadas», en forma de comités de barrio, milicias de retaguardia, grupos de investigación, patrullas de 19

PS.

Madrid,

AGGC,

carp. 200, 1622; L. Garrido, 1979: 29; J. Casanova (ed.),

1988. 282


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control, etc., que imponían «la justicia del pueblo» en los barrios y localidades próximas. Así, no puede hablarse con rigor de la existencia de dos poderes —uno sindical y otro institucional—, porque en realidad la dispersión del poder era tan acusada que la población fue gobernada por distintas instancias según su localización espacial inmediata. Aunque muchos de estos comités locales y de barrio estuvieron integrados por militantes anarquistas y anarcosindicalistas, creando la apariencia de una organización con un control completo sobre el territorio, resultó ser un espejismo, debido a la estructura descentralizada de la CNT, al asentamiento militante en las redes sociales familiares, de parentesco y amistad de los barrios y pueblos donde reunieron los grupos armados, y a la enorme extensión de la distribución de las armas. Por eso, aunque en teoría todos eran camaradas, las direcciones anarquista y anarcosindicalista no pudieron ejercer apenas control sobre los espacios locales. Tampoco la CNT-FAI tenía acceso permanente a los recursos económicos necesarios para organizar y mantener a las milicias en combate. Una parte del «pueblo en armas» podía vivir de las provisiones de los barrios, del robo, la incautación y la requisa, pero las necesidades económicas de la parte convocada por el Comité Central de Milicias, un «pueblo en armas» de miles de personas, necesitaba otras fuentes exteriores de financiación que sólo las instituciones estatales podían cubrir. Ése, y no tanto un conflicto de índole ideológica o estratégica, era el gran problema de la Confederación, si quería continuar dirigiendo la guerra con su estrategia y sus propios medios. Ese problema fue el origen de demanda de unidad y de colaboración anarquista en las instituciones republicanas a partir de agosto y septiembre 20. Si la dispersión del poder en la zona republicana era enorme debido a la gran cantidad de armas disponibles, el resultado de la rebelión militar produjo un fraccionamiento paralelo en el interior de los grupos de izquierda. Las grandes estructuras organizativas de implantación nacional se derrumbaron al menos durante el verano, por la división del territorio y la ausencia de comunicación regular entre las direcciones y las agrupaciones provinciales. Las organizaciones sociaJ. García Oliver, 1978: 181; J. Brademas, 1974: 174-175; E. Ucelay, 1982: 298; C. Ealham, 2005: 276; H. Graham, 2002: 220-234. 20

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listas fueron las más castigadas por las nuevas circunstancias, pero al PCE le llevó tiempo también recomponer la relación entre sus organismos territoriales. Esa obligada y práctica descomposición fue un factor muy influyente en la configuración de un poder político disperso por la geografía republicana, por encima incluso de las consideraciones políticas de autonomía, y en el establecimiento de un poder político compartido en cada territorio, ya que no era habitual la existencia de una sola organización local con suficiente capacidad por sí misma para asumir todas las funciones administrativas. Ante esta situación, en muchos casos los distintos grupos incrementaron de forma progresiva sus relaciones de dependencia con las instituciones locales del Estado, conforme la comunicación con Madrid y la reposición de los delegados gubernativos se hizo más eficiente. Azaña, en la Presidencia de la República, y Giral, al frente del Gobierno, pretendieron desde el principio recuperar y fortalecer la estructura administrativa estatal, enfrentándose a tres desafíos: la práctica desaparición orgánica del Ejército regular y de los cuerpos policiales, así como de la del resto de la Administración; la dispersión de los medios y ejercicio de la coerción, facilitada con la entrega oficial de armas a partir del 19 de julio, y el escaso apoyo político de las menguadas organizaciones republicanas, dispersas como el resto de organizaciones de izquierda o desarticuladas ante el vendaval obrerista. A partir de la primera semana de guerra, el Gobierno se propuso reconstruir, republicanizar y concentrar en torno al Estado existente las cotas anteriores de poder. La clave del desarrollo de esos procesos residió en las consecuencias de la competencia política entre las distintas fuerzas políticas, sindicales y militares. A pesar de la dispersión, descentralización e incomunicación imperantes en el seno de los grupos de izquierda, que facilitó la negociación local de las actividades para afrontar la guerra, no se olvidaron los desencuentros y diferencias preexistentes al 17 de julio y permanecieron intactas las memorias sobre conflictos internos de la coalición y con la CNT. Como continuación de la enorme competencia política de la primavera de 1936, los partidos y sindicatos contrarios a la rebelión de los generales se disputaron el poder en los ámbitos local, provincial, regional y nacional, tanto en áreas civiles como militares. Esa disputa no consistió en el planteamiento de diferentes y encontradas es284


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ÍNDICE TEMÁTICO

Rusia, 17-18, 55, 71, 91, 93, 108, 156, 229, 312 (véase también Moscú)

republicanos, 61, 64, 67, 71, 77, 81, 85-86, 91, 99-100, 109, 120, 134, 136, 146-147, 158, 161, 172, 178, 182, 184-185, 195, 240, 253, 287, 337 requeté, 142-143, 240, 276, 290-291 reuniones, 36, 59, 63, 161, 199, 278 Reviralho, 251-252, 328 revolución, 3, 90-91, 194-195, 203, 226, 241-242, 244, 288, 331-332 en la zona rebelde, 271-272, 326, 328 en la zona republicana, 246, 281, 315-317, 326, 328, 341 situación de soberanía múltiple, 248, 253, 263, 281, 338 revolución cultural, 43-49, 333 en la URSS, 44-45 en Portugal, 45-46 en México, 46 en Francia, 46 republicana, 4, 43, 47-49 reyertas, 60, 96-97, 107-108, 134, 138139, 142-143, 146, 187, 203, 210 rituales, 26, 32, 145-147, 162, 164, 290, 294-295, 301 católicos, 47, 50, 53, 56, 61, 63, 123, 126, 298, 303, 308-310, 340 políticos, 144, 160, 228, 303 rumor, 165, 184, 197, 208, 210-211, 215, 222, 337

sabotajes, 59, 96, 116, 151, 160, 163 sacrificio, 6, 31, 60, 71, 78, 141, 196, 289-290, 292-294, 297-298, 313, 323, 331-332, 341 Sagrado Corazón de Jesús, 129 fusilamiento del, 296, 302, 307 Semana Santa de 1936, 5, 126-129, 132, 299 señores de la guerra, 259, 270, 325, 331, 341-342 socialistas, 31, 62, 64, 67, 81, 97, 120, 136, 142, 144, 147, 168, 182, 184, 191, 255, 284, 293, 325 (véase también PSOE) tradicionalistas, 182, 203 (véase también CT y carlistas) UGT,

64, 67, 74, 78, 107, 133, 146, 151, 153-156, 165, 181-182, 184, 233, 244, 298 UR, 88, 183-184 (véase también republicanos) violencia colectiva, 2, 30, 78, 97, 116, 138-139, 159, 164-170, 190-191, 196-197, 207, 290, 319-320, 323, 327, 332, 335-336, 338

403


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