Reporte Anual 2008
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CONTENIDO El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) es una organización de derechos humanos (DDHH) y humanitaria, fundada por la Compañía de Jesús (Jesuitas) en 1980, con la misión de “acompañar, servir y defender” a las Personas en Situación de Desplazamiento y Refugio (PSDR) y a las víc�mas de la trata de personas.
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Editorial Contexto Latinoamericano Componente Colombia
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COLOMBIA Contexto Actividades del SJR-Colombia
En América La�na el SJR inicia sus labores a mediados de la década de los 80 con el fin de responder a la crisis humanitaria centroamericana, haciéndose presente en el Salvador, Guatemala y en Campeche - México. Más tarde se traslada a San Cristóbal de las Casas, Estado mexicano de Chiapas, para acompañar a las comunidades indígenas desplazadas por el conflicto en el sur de México entre el Ejército Zapa�sta de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado mexicano.
Testimonios
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ECUADOR Contexto Actividades del SJRM-Ecuador Testimonios
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PANAMÁ Contexto Actividades del SJR-Panamá Testimonios
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Hoy el SJR-La�noamérica y el Caribe (SRJ-LAC) se encuentra atendiendo dos crisis humanitarias en la región: la crisis colombiana, principal crisis humanitaria mundial, que impacta a Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela; la crisis hai�ana con impacto en el área del Caribe, especialmente en República Dominicana, Jamaica y Venezuela.
VENEZUELA Contexto Actividades del SJR-Venezuela Testimonios
Componente Isla
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HAITÍ Contexto Actividades del SJR-Haití
El SJR acompaña de manera cercana a las personas, comunidades y organizaciones, desplazadas y refugiadas con énfasis en la población más vulnerable. Desarrolla programas de servicios de atención psicológica, de salud, educación, generación de ingresos, etc, par�endo de las necesidades de las personas acompañadas, y desarrolla estrategias para la sensibilización de las poblaciones de acogida y programas para la defensa de los derechos humanos, trabajando en red junto a otras organizaciones de la sociedad civil y de las iglesias.
Servicio Jesuita a Refugiados
Testimonios
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REPÚBLICA DOMINICANA Contexto Actividades del SJRM-República Dominicana Testimonios
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Estrategia SJR-LAC Listado de cooperantes Glosario Contactos
“Cuando llegué a Venezuela estaba que no levantaba cabeza, me encontraba con un gran peso en el corazón, todo era gris como las nubes, en las noches tenía muchas pesadillas, y durante el día pensaba en mi casita, en mi �errita, todo lo había perdido, desde aquel día que llegaron esos que en Colombia llamamos paracos…Gracias a Dios, y a la virgencita, que aquí en Venezuela nos puso en el camino a nuestros hermanos del Servicio Jesuita a Refugiados, pa´que, nos hemos sen�do recibidos y hemos iniciado una nueva vida” .
“Gracias a Dios nos hemos organizado como trabajadores hai�anos inmigrantes en República Dominicana, y este año, con ayuda de unos abogados hemos ganado 2 pleitos, porque los patronos querían abusar de nuestra condición”.
EDITORIAL Apostamos por la dignidad, la integración y los Derechos Humanos Alfredo Infante sj Cientos de miles de personas se desplazan internamente en Colombia y se refugian en los países vecinos huyendo del conflicto armado que pone en riesgo sus vidas y su seguridad. Son mujeres y hombres, niños, niñas y adolescentes que aman su �erra pero que se ven obligados a dejarlo todo, de la noche a la mañana, para buscar un lugar seguro donde asentarse y rehacer sus vidas. Detrás de las cifras de desplazamientos internos que se acercan a los cuatro millones en Colombia, y de refugiados que van más allá de los 600 mil en los países vecinos como Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela, hay seres humanos, con rostros e historias cargadas de sueños y proyectos, heridos por un conflicto fratricida que desangra a Colombia y la coloca en el doloroso lugar de ser la crisis humanitaria más grande y prolongada del mundo.
En República Dominicana miles de hai�anos irregulares son presa de las mafias de trata de personas y del abuso de los empleadores que después de haber obtenido beneficios por la mano de obra inmigrante, muchas veces sin pagarle el sudor de su trabajo, son deportados con la complicidad de la fuerza pública. Un gran número de niños y adultos hijos de hai�anos nacidos en República Dominicana se encuentran en situación de “apatridas”, es decir, sin acceso al registro civil que le garan�ce el derecho a la iden�dad. En Hai�, la mayoría de la población se encuentra sin registro dentro de su propio país, esto les hace más vulnerables al emigrar o refugiarse en otro país.
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El Servicio Jesuita a Refugiados está presente en lugares crí�cos y conflic�vos, apartados y excluidos por las dinámicas del desarrollo moderno, acompaña, con delicadeza humana, a las personas desplazadas y refugiadas por la violencia. Caminamos junto a los desplazados, refugiados y las comunidades receptoras locales, apoyando en la construcción de una vida digna y justa. Par�mos del acompañamiento cercano, del compar�r la vida codo a codo con ellos, y en ese caminar juntos van surgiendo los proyectos de servicio que buscan responder a las necesidades más sen�das de las personas tales como: regularización de su estatus o iden�ficación, la educación, la salud y el trabajo. Este proceso de acompañamiento y servicio nos da insumos para definir la agenda para dialogar, coordinar y demandar ante las instancias de los Estados, polí�cas públicas que garan�cen la protección integral de los derechos humanos. En 2008, hay buenas no�cias para compar�r, en Ecuador la nueva Cons�tución Polí�ca �ene un capítulo sobre movilidad humana desde una perspec�va integral de derechos humanos y se prevé para 2009 la implementación, en diseño actualmente, de una polí�ca de registro ampliado que abrirá el acceso a la población colombiana solicitante de refugio al disfrute pleno de derechos. En Venezuela, el Banco del Pueblo, ha comenzado a opera�vizar en frontera un programa de microcréditos que incluye a los solicitantes de refugio, en Colombia la Corte Cons�tucional ha exigido al gobierno el desarrollo de una polí�ca preven�va contra la vinculación, u�lización y reclutamiento de niños y niñas en el conflicto, para la misma la Corte Cons�tucional ha pedido expresamente que se consulte al SJR-Col y a otras organizaciones que forman parte de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO). Lamentablemente, en Panamá se ha aprobado una ley de migración restric�va y la población solicitante de refugio sigue confinada en la frontera del Darién, mientras el gobierno hai�ano se desen�ende de la diáspora hai�ana y República Dominicana man�ene una polí�ca migratoria claramente excluyente respecto a la población hai�ana. En medio de todo esto, seguimos apostando día a día por la dignidad, la integración y los derechos humanos.
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CONTEXTO LATINOAMERICANO En 2008 se ha manifestado una clara tensión por el liderazgo regional entre tres proyectos polí�coeconómico-militar presentes en América La�na. En primer lugar, el proyecto del socialismo del siglo XXI, liderado por el presidente Chávez1 en Venezuela y caracterizado a lo interno por una agenda social hacia los sectores excluidos, el proceso de esta�zación económica y mediá�ca, el personalismo presidencial y el fortalecimiento del aparato militar. En el ámbito internacional una visión de La�noamérica como “Patria Grande” con una agenda petrolera que sirve de plataforma para ganar adeptos a su causa y un marcado énfasis en el an�mperialismo estadounidense y la alianza con adversarios tradicionales de Estados Unidos como Rusia, China e Irán. En segundo lugar, el proyecto neoliberal2 abanderado por la administración del presidente Álvaro Uribe en Colombia, con énfasis a lo interno en el personalismo presidencial, en la militarización y la Polí�ca de Seguridad Democrá�ca, da apertura al capital extranjero y un proceso de priva�zación a gran escala. En el ámbito internacional una alianza estratégica con Estados Unidos para la consolidación
de la polí�ca an�narcó�ca y an�terrorista inscrita en el Plan Colombia, y la búsqueda por llegar a concretar el Tratado de Libre Comercio. Todo esto en medio de un conflicto armado interno de vieja data que ha generado una crisis humanitaria regional sin precedentes en el mundo. En tercer lugar, el proyecto social demócrata, liderado por el presidente Ignacio Lula Da Silva en Brasil3, que intes�namente se ha caracterizado por el fortalecimiento de las ins�tuciones democrá�cas, expansión económica, militar y un concierto entre los diversos sectores sociales en la lucha contra la pobreza, aunque en el caso de la amazonía se han denunciado serias violaciones a los DD.HH, especialmente a los derechos de los pueblos indígenas y al derecho a un ambiente sano. En el ámbito internacional, de cara a la región se ha ido perfilando una clara estrategia de expansión económica con una agenda para la consolidación del mercado brasileño con sus homólogos en América La�na, con énfasis por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, siempre y cuando no estén en juego sus intereses estratégicos. La diplomacia Brasileña, se ha
1. Con sus diferencias internas, y con temor a simplificar, en este proyecto podríamos inscribir actualmente a Fidel Castro en Cuba (no Raúl), Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. 2. En este proyecto neoliberal con énfasis en la apertura al capital extranjero y a la priva�zación se inscriben principalmente Colombia, Panamá, Perú, México y sectores importantes de la oposición venezolana, ecuatoriana y boliviana. 3. Brasil, con Lula, se ha ido ganando la simpa�a de importantes sectores de la izquierda la�noaméricana que apoyan la combinación de un fortalecimiento democrá�co con jus�cia social, no desde la confrontación de clases sino desde la solidaridad de clases donde el Estado se erige como garante de dicha solidaridad. Sin embargo, hay fuertes crí�cas en su polí�ca medioambiental en la amazonía y la estrategia de expansión económica que determina sus posiciones y agenda hacia el resto de los países la�noamericanos. Reporte Anual 2008
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conver�do en un referente para las negociaciones y diálogos en las situaciones de conflictos en la región y se ha posicionado globalmente como potencia emergente, manteniendo una relación horizontal, ni sumisa ni antagónica, con Estados Unidos. Dos crisis pusieron de relieve esta tensión entre los diversos proyectos para la región. La primera en Marzo, provocada por la incursión del ejercito colombiano a territorio ecuatoriano con el obje�vo militar de bombardear un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), violando la soberanía ecuatoriana, incursión que el gobierno colombiano jus�ficó con la teoría de la extraterritorialidad, que afirma el derecho de atacar a cualquier otro país soberano a nombre del combate al terrorismo. En este contexto se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, la XX Cumbre del Grupo de Rio, en dicha reunión se dirimió de manera diplomá�ca el conflicto entre los países hermanos de Ecuador, Colombia y Venezuela. Los jefes de estados de la región señalaron que “rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otra medida de fuerza tomada por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuere el mo�vo, aún de manera temporal”. Reafirmaron “los principios consagrados por el Derecho Internacional, de respeto a la soberanía, de abstención de la amenaza o el uso de la fuerza y de no ingerencia en asuntos internos de otros Estados”. Al �empo que se comprome�eron de manera firme a “comba�r las amenazas a la seguridad de todos sus Estados, provenientes de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en par�cular aquellas vinculadas a ac�vidades de narcotráfico”. Desde el SJR, nos posicionamos ante esta crisis enfa�zando que “aunque la distensión diplomá�ca era necesaria, aún no se ha llegado al fondo del problema, por lo que nos parece urgente y necesario que los estados la�noamericanos asuman un papel más ac�vo en la mediación del conflicto armado colombiano, que desangra al pueblo colombiano desde hace 60 años y que hoy se ha regionalizado. No estamos ante una crisis diplomá�ca, estamos ante una
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crisis humanitaria regional, una de las más largas y prolongadas del mundo actual.” Al cierre de 2008, con�núan tensas las relaciones binacionales entre Ecuador y Colombia, y muy volá�les las de Venezuela y Colombia que gracias a la mutua dependencia económica no se han cortado defini�vamente. Otra crisis con importante repercusión entre vecinos aconteció en Bolivia, dado los intentos separa�stas de lideres de provincias económicamente importantes y opuestos al proyecto del Presidente Evo Morales. La naciente Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), oficializada el 23 de mayo por inicia�va Brasileña, se reunió en diciembre y manifestó su apoyo al gobierno de Evo Morales y rechazó el golpe civil y separa�sta de la oposición, condenando al mismo �empo la masacre producida en Pando el 11 de Sep�embre, acusando a sus protagonistas de desestabilizadores de la democracia. Al cierre del año Bolivia sigue en tensión, y afortunadamente su conflicto interno no ha generado más consecuencias en términos humanitarios tales como refugios masivos en países vecinos. Un indicador importante y preocupante es el despliegue armamen�sta, que según informe del Ins�tuto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), en la región de La�noamérica y el Caribe la inversión en defensa creció un 91% entre 2003 y 2008. Los máximos inversores han sido Brasil, Colombia y Venezuela. Pareciera que va ganando terreno en la región un enfoque de seguridad centrado en el componente militar. En materia económica en el úl�mo trimestre el proceso de crecimiento que se venía experimentando en todos los países cayó consecuencia de los primeros efectos de la crisis financiera global, países dependientes de los ingresos de la renta petrolera como Ecuador y Venezuela experimentaron una fuerte reducción de sus ingresos. Por otro lado, la recesión económica en el norte disparó la tasa de desempleo de la población la�na en Europa y Estados Unidos impactando de manera nega�va el flujo de remesas hacia nuestra región, siendo especialmente afectados México y Centro América, Bolivia, Colombia, Ecuador, Hai� y República Dominicana.
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Regionalización del conflicto colombiano Con la aplicación del “Plan Colombia” a través del “Plan Patriota” y “Plan Consolidación” en el oriente y sur de Colombia, extendiendo sus efectos a los puntos fronterizos, el conflicto armado interno se ha transformado en un conflicto de carácter regional que afecta a países vecinos como Brasil, Ecuador, Panamá y Venezuela. Durante la úl�ma década las cifras de esta crisis humanitaria se han tornado dramá�cas: aproximadamente cuatro millones de desplazados internos y más de seiscientas mil personas en situación de refugio en países vecinos. Cerca de diez mil niños reclutados por los grupos irregulares para par�cipar directamente en la guerra, sin contar la estrategia de u�lización de niños para labores de inteligencia tanto por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN), como por batallones de la fuerza pública. Alrededor de veinte mil personas secuestradas, de las que se es�ma que tres mil ciento sesenta y siete con�núan en cau�verio; setecientas de las cuales son atribuidas a las FARC-EP. Se han iden�ficado novecientas treinta y cinco ejecuciones extrajudiciales y doscientas treinta y cinco desapariciones forzadas4. Unas cinco mil seiscientas personas fueron vic�mas de minas an�personales, de las
cuales quinientas sesenta y siete fueron niños y niñas. Estos datos están fundamentados en informes de diversas ins�tuciones internacionales tales como, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Amnis�a Internacional y Human Rights Watch (HRW). Todos los actores de este conflicto armado, FARC-EP, ELN, AUC y Estado colombiano están implicados en graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En los países vecinos a Colombia, las poblaciones fronterizas indígenas, afrodescendientes y campesinas viven constantemente amenazadas por la presencia de los actores armados irregulares del conflicto colombiano agregando ahora la incursión unilateral del ejército colombiano a Ecuador, en marzo de 2008, que ha provocado como respuesta la militarización de las fronteras por parte de los países vecinos y una tensión entre gobiernos vecinos. El SJR busca coordinar esfuerzos con otras ONGs de derechos humanos y humanitarias para fortalecer una red de protección integral al servicio de las personas desplazadas y refugiadas vic�mas del conflicto armado en la región.
En el Caribe: impacto regional de la crisis hai�ana Hai� se man�ene sumergido en un proceso de inestabilidad polí�ca y fragilidad ins�tucional de carácter estructural que dificulta la implementación de estrategias eficaces que apuntalen hacia la superación de la pobreza y garan�cen mínimamente los derechos de sus ciudadanos. Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió prolongar por un año más el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Hai� (MINUSTAH), para que en este plazo se garan�ce el diálogo entre los dis�ntos sectores del país, y con ello se logre la tan esperada recuperación nacional. Cabe resaltar, que sucesivos informes de las ONG señalan abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios de la MINUSTAH, especialmente hacia la población femenina. En 2007 y 2008, el país fue azotado por una serie de desastres naturales que han hecho más dramá�ca su pobreza y ha agudizado la crisis alimentaria que viene padeciendo por décadas. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) asiste a más de 500 mil personas,
el Banco Mundial ofrece 25 millones de dólares para paliar los efectos de los huracanes. La ONU, a través de su jefe de labores humanitarias, exhortó a los países donantes a aportar más de 60 millones de dólares a fin de ayudar a Hai�, devastado por el peor desastre que ha vivido en los úl�mos 100 años. Pobreza, conflic�vidad social, inestabilidad polí�ca, fragilidad del Estado, deser�zación, sequía, desastres naturales y crisis alimentarias confluyen en una violencia estructural que expulsa a millones de hai�anos en busca de mejores condiciones de vida, los países de des�no son en primer lugar República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Venezuela y Jamaica. La población hai�ana migrante y desplazada es víc�ma de la trata de persona y en los países donde se asientan son discriminados por raza y lengua. El SJR, junto con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), viene uniendo esfuerzos para fortalecer una red humanitaria de protección integral de la población hai�ana en la diáspora.
4. Informe 2002-2007 de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad.
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AMÉRICA
Componente Colombia Colombia Ecuador Panamá Venezuela Componente Isla Hai� República Dominicana
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COLOMBIA
Población: 45.014.000 Capital: Bogotá Convención sobre el Estatuto del Refugiado: ra�ficado el 10.10.1961 Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de Refugiados de 1967: ra�ficado el 04.03.1980 Desplazados internos: 2.8 millones según Acción social 4.8 millones según CODHES 3 millones según ACNUR (fuente: ACNUR, 2008 Global Trends)
Oficinas del SJR-Colombia Bogotá (D.C.) Soacha (Cundinamarca) Barrancabermeja (Santander)
San Pablo (Bolívar) Buenaventura (Valle del Cauca)
Buga (Valle del Cauca)
1. CONTEXTO En 2008 en el ámbito económico la diplomacia colombiana ha experimentado un frenazo en su estrategia de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las condiciones impuestas por los congresistas demócratas han sido muy claras, “que el Estado colombiano de señales claras de avance en el respeto a los derechos humanos, especialmente en relación a los líderes sindicales”. El clima polí�co ha estado muy polarizado y tenso con la estrategia de reelección del presidente Uribe, mientras con�núan los escándalos de la parapolí�ca que involucran a sectores y personeros importantes del uribismo con el paramilitarismo y el narcotráfico. La polí�ca de seguridad democrá�ca ha hecho énfasis en la seguridad en detrimento de Reporte Anual 2008
la democracia, mostrando la siguiente paradoja: “en Colombia hoy se puede circular por las carreteras del país pero es muy peligroso circular por las vías de la par�cipación social y polí�ca”. Este año se ha evidenciado una reconfiguración del conflicto. Los actores armados, regulares e irregulares, se han enfrentado a coyunturas tanto internas como externas que les han obligado a cambiar su accionar y a reorganizarse, contrastando con la estrategia diplomá�ca y mediá�ca del gobierno colombiano para invisibilizar el conflicto y la crisis humanitaria generada por el mismo. Tanto cifras oficiales como cifras de organizaciones no gubernamentales indican un recrudecimiento importante de la can�dad de desplazados en el
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país con niveles comparables con el año 2003, momento en que el conflicto civil generó mayores desplazamientos. Según el ACNUR, Colombia representa la principal crisis humanitaria mundial. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjercito Popular (FARC-EP), tuvieron este año importantes bajas de personal en sus filas y perdidas de control territorial, lo cual les ha llevado a repensarse, dando señales de que están volviendo a desarrollar acciones propias de la guerra de guerrillas. Por su parte el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha presentado una tendencia inversa en su actuar, dada en gran medida por su vinculación estrecha a la economía de la cocaína y por la alianza que ha realizado con viejos contradictores militares e ideológicos con el fin de recuperar cuotas de poder. Las fuerzas regulares se han visto envueltas en escándalos que vinculan a sectores importantes de ésta en fragantes violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario como es el caso de los falsos posi�vos. A todo esto se suma el surgimiento de nuevos grupos armados paramilitares tras el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), promovido por el presidente Uribe, a los que se unen desmovilizados, disidentes de grupos guerrilleros y delincuentes comunes. Al respecto, la Defensoría del Pueblo, asegura que en la tercera parte del país (305 municipios) existe presencia de estos grupos, con aproximadamente unos 6.000 y 8.000 miembros. La con�nuación del conflicto armado y los intentos fallidos por impulsar un Acuerdo Humanitario que permita la liberación de los miles de secuestrados en Colombia por las guerrillas y grupos paramilitares han originado numerosas violaciones a los derechos humanos así como miles de deplazamientos forzosos. Otras causas de desplazamiento han sido la siembra masiva y dispersa, por parte de los actores del conflicto de minas an�personales, principalmene por las FARC-EP y el ELN; la intensificación de la
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vinculación, u�lización y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; un alto número de asesinatos selec�vos; secuestros y por úl�mo, la compra estratégica de �erras por parte de empresas nacionales e internacionales para la siembra de cul�vos que generen biocombus�bles. En nombre de la seguridad democrá�ca, en medio de esta coyuntura personeros de sectores del alto gobierno nacional han efectuado señalamientos públicos a defensores de derechos humanos y líderes, poniendo en peligro su seguridad. En esta crisis humanitaria las Personas en Situación de Desplazamiento (PSD) son en su mayoría niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas y afrodescendientes, siendo las más afectadas por la pobreza extrema y el grupo con mayor dificultad para acceder a los servicios públicos y hasta para ser reconocido por el Gobierno Nacional como PSD. Al respecto, existe un gran subregistro en las ins�tuciones oficiales. El creciente número de PSD que por año llegan a las ciudades, sin recursos, sin familiares, en algunos casos sin documentos y sin mayor cualificación en trabajos urbanos, engruesan día a día los cordones de miseria de las ciudades. Como respuesta a esta situación, el Gobierno Nacional consolida el programa Familias en Acción, como la principal polí�ca pública de atención al desplazamiento con el fin de mejorar sus niveles de nutrición, educación y salud y dar cobertura total a las necesidades de las PSD. Este programa está limitado por el subregistro, la carga burocrá�ca, la baja calidad de los servicios, y un enfoque asistencialista, que no contribuye al desarrollo humano, a la superación de la pobreza y a la construcción de ciudadanía. Frente a esto es urgente y necesaria una polí�ca pública ante el desplazamiento, con un enfoque alterna�vo de superación de la pobreza y centrado en el desarrollo humano y la construcción de ciudadanía.
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2. ACTIVIDADES DEL SJR-COLOMBIA Acompañar Las ac�vidades de acompañamiento son orientadas al fortalecimiento interno para las organizaciones, asociaciones y Juntas de Acción Comunal, todas conformadas por PSD o en condiciones de alto riesgo. Estos talleres abordaron temas de par�cipación ciudadana, liderazgo é�co, convivencia, organización interna, derecho a la vida, resolución de conflictos, entre otros. En cuanto a la prevención para la no vinculación de menores al conflicto armado y a las dinámicas ilícitas que de éste se desprenden se implementó la Escuela de Formación I�nerante (EFI). En este marco se organizaron talleres de autoes�ma, conformación del Estado, entre otros, y algunos eventos ar�s�cos y culturales, todos orientados a niños, niñas y adolescentes que, por ejemplo, en el caso de Buenaventura, podemos observar sus resultados en la conformación de un grupo de danzas y de teatro. La atención y el acompañamiento psicosocial y espiritual se ha centrado en las temá�cas de duelo, por lo que se organizaron ac�vidades con los hijos
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y las hijas de las personas pertenecientes a los procesos buscando generar ac�tudes de cambio. Por otra parte, con la asesoría de seminaristas se ha propiciado la construcción de procesos de perdón y reconciliación, para resarcir y fortalecer a las personas acompañadas. Se ha fortalecido en todo el país la red SJR-Colegios y el programa de voluntariado. El primero de ellos �ene como obje�vo sensibilizar a los jóvenes de los colegios de la Compañía de Jesús sobre la situación de la población desplazada. En cada colegio de la Compañía existe un grupo de SJR-Colegios que se encuentra semanalmente con las comunidades desplazadas, aprenden de las organizaciones de desplazados y aportan también sus conocimientos trabajando con los niños y alfabe�zando adultos. Por otro lado, el programa de voluntariado universitario se ha fortalecido como una oferta de formación a jóvenes universitarios de cualquier carrera deseosos de un compromiso con las comunidades desplazadas y por la construcción de la paz en el país.
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Servir Durante el 2008 el apoyo a la PSD se centró en atención médica, vinculación educa�va, alimentación, documentación y en el acompañamiento ante en�dades para la exigibilidad de derechos. 9.000 personas en situación de desplazamiento (2.000 familias aprox.) en fase de urgencia, recibieron ayuda de emergencia. Además de las ayudas alimentarias entregadas, se llevaron a cabo convenios con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el fin de que la población acompañada alcanzara un nivel mínimo de seguridad alimentaria. También se ha logrado consolidar en el Valle del Cauca una labor ar�culada con la organización Médicos sin Fronteras, para que las personas en situación de desplazamiento reciban una atención médica oportuna y acorde a sus necesidades. Se adelantó un proyecto orientado al mejoramiento de vivienda de PSD en la región del Magdalena Medio. Adicionalmente se entregaron medicamente e insumos médicos y con la Fundación Amar y Servir se entregaron sillas a las personas discapacitadas en situación de desplazamiento. Se organizaron brigadas de salud para la población atendida por las oficinas del SJR complementada con atención psicológica a las personas acompañadas así como talleres de atención psicosocial orientados a la superación de los efectos nega�vos del desplazamiento. En materia educativa, se entregaron útiles escolares, se acompañó a las personas para que accedan a la educación y se implementó un programa de alfabetización. Se organizaron talleres de capacitación laboral y profesional para el desarrollo de actividades productivas, también se apoyaron comedores infantiles, se entregaron implementos y uniformes deportivos a niños y niñas en situación de desplazamiento y fueron dotadas de ludotecas en varias de las poblaciones acompañadas. Las ac�vidades de generación de ingresos, así como las visitas de asesoría y seguimiento, han estado orientadas principalmente a la formación-capacitación de las personas y grupos acompañados, como la realización de visitas de asesoría y seguimiento al desarrollo de proyectos produc�vos, talleres de formación orientados al desarrollo de inicia�vas produc�vas viables, la entrega de semillas en proyectos comunitarios agropecuarios, entre otras inicia�vas que han surgido de las comunidades.
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Defender En 2008, se par�cipó de manera ac�va en el Informe enviado por las organizaciones de la sociedad civil en Colombia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal, y se hizo parte del Equipo Especial de Monitoreo a la Resolución 1612 de diciembre de 2007 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A nivel nacional se par�cipa como miembro permanente en la COALICO. Se promulgó la campaña del 12 de febrero (día de la Mano Roja) en 15 centros educa�vos del país, en los que se elaboraron un aproximado de 2.000 Manos Rojas por parte de los/as estudiantes y en las emisoras de cada colegio se transmi�eron reflexiones en torno al tema del reclutamiento de menores. Por otra parte, se par�cipó en el Plan Nacional de Derechos Humanos entre el Gobierno Nacional y la sociedad civil, el cual es promovido desde la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU). La mayor relevancia en materia de incidencia a lo largo del año se relacionó con la expedición por parte de la Corte Cons�tucional del Auto 251, donde hace un llamado a las en�dades gubernamentales a desarrollar medidas que permitan dar una respuesta efec�va a la situación de niños y niñas en situación de desplazamiento. Se llevaron a cabo talleres de derechos, orientados a brindar asesoría legal y a que las personas conocieran y exigieran sus derechos ante en�dades competentes. Se publicaron inves�gaciones, ar�culos desde la COALICO o en colaboración con diversas universidades del país y revistas. También se par�cipó de manera ac�va en foros donde se sentaron la posición de la COALICO y del SJR en temas relacionados con la situación de niñez y conflicto en Colombia así como otros temas vinculados al desplazamiento interno. También se redactaron mensualmente ar�culos para el bole�n electrónico de la Fundación Amar y Servir. Gracias a un trabajo de incidencia con el Ministerio de Educación Nacional se logró ges�onar 2.800 cupos en el programa “Transformemos” para personas en situación de desplazamiento en Buenaventura. Este trabajo se complementó brindando talleres de atención al desplazamiento para educar los servidores públicos.
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3. TESTIMONIOS “Miembros de un grupo irregular llegaron una noche y se llevaron a mi esposo con otros cuatros hombres. El día siguiente, me llegó un mensaje que mi esposo estaba muerto. Todas las familias de mi comunidad huyeron sin tiempo de empacar nada. Ahora estoy sola con 3 niños y no sé donde quedarme. Fui a buscar el certificado de que mi esposo esta muerto pero no me lo quieren dar porque no hay cuerpo. Porque nos pasó esto a nosotros? No sé si pueda perdonar”.
“Ser desplazado es lo peor que le pasa a cualquier persona en la vida, porque las personas de bien no lo miran bien a uno, nos juzgan como guerrilleros o paramilitares. Muchos dicen que nosotros no somos sino problemáticos. Entonces, a uno le afecta mucho eso, a todo el mundo le afecta eso”.
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Población: 13.805.095 Capital: Quito Convención sobre el Estatuto de Refugiado: ra�ficado el 10.10.1961 Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de Refugiados de 1967: ra�ficado el 04.03.1980 Refugiados: 87.000 según ACNUR (fuente: ACNUR, 2008 Global Trends)
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Lago Agrio (Provincia de Sucumbíos)
1. CONTEXTO El año 2008 se caracterizó por las altas perspec�vas derivadas de la Asamblea Nacional Cons�tuyente, encargada en un plazo de siete meses de aprobar una nueva Cons�tución a la par de construir un sistema de transición hasta su aprobación en Referéndum Popular y sus�tuir la acción del aparato Legisla�vo. Dicho proceso cons�tuyente se definió por una polarización que tuvo su máxima expresión cuando el Presidente de la Asamblea Cons�tuyente y fundador de Acuerdo País renunció por discrepancias con el Presidente Rafael Correa. Los temas que levantaron tanta suscep�bilidad fueron 3 principalmente: discrepancia de enfoques en el tratamiento del tema minero y ecológico; la presencia de 2 asesores españoles que eran los autén�cos “portavoces” de Correa y la falta de un debate profundo al interior del bloque oficialista. El 24 de mayo se presentó el texto de la nueva Cons�tución, que fue some�da a referéndum aprobatorio en el mes de sep�embre, con un triunfo del “SI” (el 82% de la población se pronunció favorablemente, contra un 13% que se pronunció Reporte Anual 2008
nega�vamente y tan solo el 5 % anuló su voto). La valoración final del texto ha sido muy buena: la Cons�tución aprobada es denominada como garante de derechos, rompe el esquema jurídico tradicional y reconfigura al Estado. En cuanto al tema de movilidad humana, 48 de los 444 ar�culos que componen la actual Cons�tución hablan directamente sobre problemá�cas y hechos relacionados al tema. Al aprobarse el referendo se inicia un periodo de transición hasta la realización de elecciones generales entre abril y junio 2009, terminando 2008 con muchos cues�onamientos pero también con la apertura a nuevas expecta�vas (transformación del marco jurídico secundario, reformulación ins�tucional, etc.). En 2008, con�nuaron las tensiones entre Colombia y Ecuador con gran impacto en las zonas fronterizas donde se encuentra un importante número de refugiados y refugiadas. El bombardeo en 2007 en Angostura (Provincia de Sucumbíos) en donde cayó aba�do Raúl Reyes, segundo comandante de las FARC, con otros miembros de este grupo guerrillero
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y con algunos civiles, generó de parte de Ecuador acciones contundentes tales como la expulsión del embajador de Colombia, rompimiento de relaciones diplomá�cas y el reforzamiento de la presencia militar en frontera con un incremento de efec�vos del 30%. Toda está tensión binacional consolidó una matriz de opinión nega�va contra las poblaciones colombianas en el Ecuador. Al cierre de este reporte, siguen rotas las relaciones diplomá�cas bilaterales, con señalamientos y acusaciones mutuas entre ambos gobiernos. En lo referente a la ins�tucionalidad de movilidad humana, el 2008 fue un año marcado por las incer�dumbres. En un primer momento la mayor incer�dumbre la marcan 3 ins�tuciones: Plan Ecuador que en un determinado momento pasó a manos del Ejército del Ecuador (dejando con esto en claro que ya no era un plan de paz), la Dirección de Refugiados que hacia mediados del año casi estuvo a punto de desaparecer; y la Secretaria Nacional del Migrante que marcó un alejamiento prác�co con las organizaciones de la sociedad civil. En este
Durante el año 2008, se atendieron directamente en las oficinas del SJRM 4.679 casos implicando para cada uno un promedio de 8 citas de intervención al año. Estas intervenciones se efectuaron en las dos oficinas del SJRM en Quito y en la oficina de Lago Agrio, ubicado en la provincia de Sucumbíos. Estas intervenciones se centraron principalmente en casos de refugio, alterna�vas migratorias, derechos de la niñez, otros derechos de familia y laborales.
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marco, en diciembre de 2008 el gobierno firma dos acuerdos por los cuales se implementaba el pedido del pasado judicial apos�llado a los colombianos en territorio ecuatoriano. Durante el período también se lograron unos avances importantes: se impidió que desapareciera la Dirección General de Refugio (DGR), se presentó en sep�embre la “Polí�ca Nacional de Refugio”, que entre otras cosas establece elementos importantes como el desarrollo del “Registro Ampliado” en frontera norte y la reforma del Decreto 3.301 que regula la aplicación de las normas contenidas en la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo de 1967. Por otro lado, se logró que al Plan Ecuador se le diera una nueva Dirección con enfoque civilista, moderando la par�cipación e injerencia de los militares ecuatorianos. Finalmente cabe destacar que se registraron logros importantes con otras ins�tuciones del Estado como el Ministerio de Educación en el caso del acceso al sistema educa�vo ecuatoriano para niños en situación de refugio e inmigrantes.
2. ACTIVIDADES DEL SJRM-ECUADOR Acompañar Se ofrece atención psicológica individual, la cual se divide en etapas: la intervención en crisis, orientación para entrevistas de solicitud de refugio, acceso a otros derechos y procesos terapéu�cos. Se acompañó desde un enfoque de integración el fortalecimiento de 26 organizaciones de base integradas por refugiados, desplazados, y na�vos, y a ins�tuciones de la sociedad civil ubicadas en 10 provincias del país, se efectuaron evaluaciones de estas organizaciones y se contribuyó con sus planificaciones para que estas puedan empoderarse de su contexto. Se han acompañado procesos forma�vos a familias refugiadas para el desarrollo de microcréditos que les garan�ce a las familias solicitantes una integración y autosostenibilidad económica.
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Servir Se brindó apoyo a comunidades con fuerte concentración de refugiados y migrantes ofreciéndoles charlas comunitarias mul�disciplinarias. Se intervino en los procesos educa�vos apoyando con talleres ofrecidos a docentes con el fin de conocer las percepciones y necesidades con respecto a temas relacionados con la movilidad humana y posteriormente se desarrollaron talleres para acercarlos a las realidades de refugio y migración. De la misma manera se ha efectuado un trabajo con los colegios Fé y Alegría para asesorar, orientar, acompañar y dar seguimiento en relación a los trámites para el acceso y la permanencia en el sistema educa�vo. La formación en derechos humanos ha sido otro eje fundamental del SJRM, principalmente a través del proyecto piloto “Escuela de Ciudadanía” que cons�tuyó un espacio forma�vo de construcción de par�cipación polí�ca y ciudadana de las organizaciones de base, cuyos par�cipantes impar�eron talleres sobre temá�cas de refugio, desplazamiento y migración. Otra ac�vidad que ha caracterizado el accionar del SJRM ha sido la entrega de microcréditos, equipos, materiales, instrumentos, muebles, maquinarias a refugiados o solicitantes de refugios pero también a familias ecuatorianas ubicadas en la frontera norte.
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Defender En 2008, las ac�vidades de defensa fueron múl�ples. Además de acompañar jurídicamente a los solicitantes de refugio, refugiados y otros actores de movilidad humana, y efectuar lecturas diarias al Registro Oficial para monitorear nuevas legislaciones, el SJRM ha par�cipado ac�vamente en la mesa de Educación y Migraciones, especialmente para impulsar una propuesta de reforma del Acuerdo Ministerial 455 así como efectuando reuniones con entes estatales y otros funcionarios para implementar el Acuerdo Ministerial 337. Estas reuniones se profundizaron en el caso del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia para efectuar una agenda de trabajo conjunto con el establecimiento de varias mesas temá�cas sobre el tema de migración, niñez y adolescencia. El 2008 también se caracterizó por importantes acciones de incidencia del SJRM en representación de la Coalición por las Migraciones y el Refugio, con varios miembros de la Asamblea Nacional Cons�tuyente para impulsar propuestas de cambio respecto al tema de la movilidad humana. Durante ese proceso se dictaron talleres con organizaciones de base y otras de la sociedad civil para impulsar la par�cipación social de todos los actores. En tal efecto se organizaron encuentros regionales con la par�cipación de varios miembros de la Asamblea para efectuar aportes a la propuesta. Con las recomendaciones y las prioridades definidas por la Coalición, el SJRM ha realizado un proceso de seguimiento y elaboración de propuestas de polí�cas públicas así como una propuesta jurídica de regularización integral y se han organizado varias reuniones para generar insumos jurídicos y técnicos a la construcción y aprobación final del Proyecto de Ley sobre Emigrantes. Dicho trabajo de incidencia se ha reproducido tanto con autoridades nacionales como locales. Así, se par�cipó en la mesa distrital de movilidad humana para la elaboración de una propuesta de ordenanza de movilidad humana. Otras ac�vidades se enfocaron a reproducir los posicionamientos públicos mediante la difusión de correos electrónicos y página web que han permi�do en numerosas oportunidades apariciones en medios de comunicación tanto impresos como radiales y audiovisuales. También se ha efectuado un monitoreo diario de no�cias publicadas en internet, el cual ha sido difundido mediante listas de correos electrónicos.
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3. TESTIMONIOS “Un grupo de gente con chalecos de policía mató a mi hermano. Los asesinos fueron liberados y mataron a otro de mis hermanos. Con ese evento, cuatro generaciones de mi familia cruzamos la frontera con Ecuador. Ahora lucho acá por los derechos de los refugiados… Mi historia representa la punta visible del iceberg que guarda escondido el sufrimiento de los miles de colombianos que viven en Ecuador a causa de los efectos del conflicto en Colombia”.
“Tuve que huir de Colombia para Ecuador. Ahora soy directiva de una asociación que reúne mujeres ecuatorianas y colombianas para montar microempresas en Lago Agrio. Es importante crear espacios de integración económica mixta entre colombianas y ecuatorianas”.
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Población: 3.300.000 Capital: Ciudad de Panamá Convención sobre el Estatuto del Refugiado: ra�ficado el 02.08.1978 Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967: ra�ficado el 02.08.1978 Refugiados: 17.422 según ACNUR (fuente: ACNUR, 2007 Sta�s�cal Yearbook). 1.893 según gobierno
Oficinas del SJR-Panamá Ciudad de Panamá Puerto Piña (Darién)
1. CONTEXTO En 2008, Panamá estuvo imbuida en un ambiente preelectoral que permeó todos los espacios de la vida social. En esta atmosfera preelectoral llamó poderosamente la atención que ante el tema de la migración y el refugio hubo entre los dis�ntos par�dos un gran consenso en apuntar hacia polí�cas migratorias cada vez más restric�vas estableciendo una paradoja entre la apertura de capital y la restricción para las personas. En 2008, el gobierno del presidente Torrijo concluye su mandato con un significa�vo crecimiento económico de casi un 9% (2007). La ampliación del canal de Panamá, el desbordante crecimiento inmobiliario y la industria del turismo dan una imagen de impulso que no se ha reflejado en las mejoras de la calidad de vida de las mayorías pobres. El débil movimiento social en Panamá termina desencantado de un gobierno que desde sus inicios se presentó como renovador y con énfasis en lo social, pero que por el contrario, cierra con un acelerado deterioro de la calidad de vida de las mayorías panameñas, y muy especialmente de la población indígena. En 2007, la Organización de la Naciones Unidas para
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la Infancia (UNICEF) denunció que menores morían de desnutrición en la frontera con Colombia. La información fue negada por en�dades públicas y no pasó mucho �empo cuando menores de las etnias indígenas Ngöbé y Buglé fallecieron en la comarca por la desnutrición y falta de atención médica. Otros fallecimientos fueron señalados en la comarca de la etnia Kuna de Madundandi. En este contexto, la población solicitante de refugio, se suma a la población panameña, que vieron afectados sus recursos con el alto costo de la canasta básica de alimentos, los escándalos de corrupción rela�vos al manejo de recursos económicos en el área educa�va, de salud, transporte y jus�cia. Según cifras de 2007 del ACNUR el número de personas con perfil de refugiado es de aproximadamente de 17.000, de los cuales se es�man casi 2.000 reconocidos como Protegidos Humanitarios Temporales (PHT), categoría u�lizada por el gobierno panameño, con el fin de no conceder el status de refugiado. En la realidad es muy di�cil saber cuántos colombianos hay en Panamá por
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sus condiciones topográficas. El Departamento colombiano del Chocó, fronterizo con Panamá, es uno de los más conflic�vos y con cifras muy altas de desplazamiento por el alto nivel de violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En Panamá, el marco jurídico migratorio es sumamente restric�vo tanto para migrantes como para refugiados. El gobierno panameño les da status de “Protegidos Humanitarios Temporales” a los/as colombianos/as que se acogen a la “protección oficial”. Sin embargo, lejos de asegurarles tal protección, los coloca en una situación de confinamiento geográfico, de completa inseguridad jurídica y de profunda indefensión. De una parte por la extrema provisionalidad de tal condición, y de otra, por las escasas garan�as otorgadas. La situación de los refugiados y migrantes es cada vez más di�cil, sus derechos humanos son violados, su mano de obra explotada, sobre todo la mujer migrante y refugiada es expuesta con frecuencia a ser explotada sexualmente. Los indígenas en la zona montañosa de Darién están viviendo una situación de hambre extrema. Son maltratados por las fuerzas de seguridad y su alimentación racionada, ya que son señalados injustamente como apoyo logís�co de la guerrilla colombiana. Esta situación implica que �enen que hacer más viajes por río y el costo de la gasolina es muy alto. Los refugiados que viven en la ciudad de Panamá, se encuentran viviendo en los suburbios y se sos�enen del comercio informal, sin gozar del derecho al trabajo, siendo presa de los con�nuos opera�vos y redadas an�migrantes. En 2008, con la aplicación de la nueva ley de migración, que enfa�za la seguridad nacional, aumentaron significa�vamente las deportaciones.
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2. ACTIVIDADES DEL SJR-PANAMÁ Acompañar En 2008, se acompañaron directamente a 1.005 personas (52,5% hombres y 47,5% mujeres) pertenecientes a comunidades ubicadas en la zona fronteriza del Darien, específicamente en Puerto Piña, Jaqué, y en la Ciudad de Panamá, específicamente el barrio Curundú. Este acompañamiento se realizó a través de ac�vidades de asesoría legal, acompañamiento sicológico, dis�ntos talleres de capacitación, acciones de incidencia y acompañamiento educa�vo y pastoral.
En el 2008 se brindó asesoría técnica en el proceso de planificación pastoral de la parroquia de Curundú. Se par�cipó en la red de organizaciones civiles eclesiales que tocan el tema de refugio y migraciones. También se brindó asesoría en materia de refugio a los obispos. En la frontera se apoyó a la iglesia local, a tal punto que se firmó un Convenio de Cooperación entre ambas ins�tuciones para poder maximizar recursos y coordinar ac�vidades. Por otra parte, se brindó con ayuda de sicólogas voluntarias atenciones personalizadas a refugiados y refugiadas y solicitantes de refugio. También se apoyó a familias tanto en la Ciudad de Panamá como en frontera con un programa de crédito alterna�vo acompañado de talleres de capacitación.
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Servir En 2008, las ac�vidades del SJR-Panamá brindaron asistencia en salud a los refugiados, apátridas, solicitantes de refugio, en su mayoría indígenas colombianos (Emberá, Wounaan) y afrodescendientes, adicionalmente se brindó acompañamiento a personas portadoras de VIH. En algunos casos de emergencia se ha efectuado el traslado desde frontera hacia la ciudad de Panamá, se estableció un programa de emergencia en la comunidad de Curundú, el cual se brindaron los de kits de emergencia necesarios, para ello se coordinaron acciones con la Cruz Roja. Otras ac�vidades importantes del programa de Ayuda Humanitaria implicaron brindar hospedaje a refugiados y migrantes muy vulnerables de recién llegada a la ciudad de Panamá. También se ofrecieron en algunos casos ayuda alimentaria. Por otra parte se contó con un programa de vivienda que consis�ó en construir y mejorar viviendas en el barrio Curundú y en las comunidades de Puerto Piña y Jaqué. En el área educa�va se organizaron cursos de alfabe�zación dirigidos a las mujeres Emberá colombianas que residen en la comunidad de Puerto Piña. Estas ac�vidades se complementaron con el apoyo de formación docente en algunos centros educa�vos.
Defender Se realizaron varias ac�vidades de incidencia para incluir en la ley la figura de los Protegidos Temporales Humanitarios y ampliar sus derechos. Otras ac�vidades con las autoridades panameñas se centraron en ofrecer talleres de derechos humanos, derecho al refugio y derechos de los pueblos indígenas. También se efectuaron varios censos en temas educa�vos para abordar el problema del registro y el comportamiento escolar y se realizó una inves�gación en Curundú sobre la población refugiada. Además de brindar asesoría legal a la población refugiada, se tramitaron solicitudes de refugio a familias ubicadas en la comunidad de Puerto Piña gracias a un convenio que se celebró con el ACNUR y se par�cipó en la Red Nacional, lo cual ha fortalecido el posicionamiento del SJR.
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3. TESTIMONIOS “Las compañías que alquilan lanchas y motores a los pescadores y que les compran pescados trataron de sobornarme pero fracasaron, así que me quitaron la lancha. Estuve 5 meses sin poder trabajar. Mi familia sobrevivió gracias a la microempresa de venta de artículos de hogar que mi esposa, una refugiada colombiana, lanzó con el programa de micro créditos del Servicio Jesuita a Refugiados de Panamá”.
“Nosotros los indígenas que entramos y salimos de Panamá, no estamos recuperando las pautas del nomadismo. Estamos emigrando para buscar mejores oportunidades de vida e intentamos huir de la pobreza”
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