Viola la JFCA amparo y condena a pagar 55 mdd al Sindicato Minero y a su liderazgo

Embestida contra Gómez Urrutia por outsourcing

Viola la JFCA amparo y condena a pagar 55 mdd al Sindicato Minero y a su liderazgo

•Luisa María Alcalde, su padre Arturo Alcalde y la presidenta de

la JFCA protegen a Germán Feliciano Larrea y a su Grupo México

De izquierda a derecha: Nahir Antonio Velasco Velasco, Coordinador Jurídico Sindicato Minero; José Ángel Hernández Puente, Secretario Tesorero; Luis Arturo Rocha de la Fuente, Secretario del Interior, Exterior y Actas; Mario Muñoz Ortega Saavedra, Bufete Jurídico De Buen; Oscar Dionisio Alzaga Sánchez, Departamento Jurídico; Jorge Ramón Monsiváis Ortega, Secretario de Trabajo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares la República Mexicana, aseguró que el laudo condenatorio al pago de 55 millones de dólares carece de validez jurídica y no existe la obligación de pagar, toda vez que no cumple la sentencia de amparo emitida por un Tribunal Colegiado, al tiempo de lamentar que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje siga sumergida en la corrupción y bajo el control de grupos empresariales o gansteriles.

En rueda de prensa el pasado 12 de abril en la sede del Sindicato Minero, el equipo jurídico y directivos del organismo, integrado por Mario Muñoz, Oscar Alzaga y Nahir Velasco, así como Luis Arturo de la Fuente y José Ángel Hernández Puente, Secretario del Interior y Tesorero, respectivamente, coincidieron en que el fallo no procederá pues hay materia legal para que se emita una nueva resolución.

Los abogados de la agrupación sindical acusaron que la presidenta de la Junta Federal, María Eugenia Navarrete, actúa bajo presión de Grupo México, en complicidad con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, quien, junto con su padre, el abogado Arturo Alcalde, promovieron a Navarrete para este cargo, como si se tratara de una actuación de pandilla.

El abogado Mario Muñoz Ortega Saavedra explicó que el Tribunal va a dar vista con el laudo y “vamos a manifestar que en la sentencia 912/2018 se otorgó un amparo al Sindicato para que se dictará un laudo de 25 expedientes, pero que sólo se tomaron en cuenta 21”.

Tras difundirse que por medio de un tercer laudo se ordenó al dirigente del Sindicato Minero dicho pago, el abogado Muñoz indicó que la resolución no sólo no es definitoria, pues la Junta salta lo señalado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. En este hecho

Nahír Velasco, José Ángel Hernández Puente y Luis Arturo Rocha de la Fuente.

“lo que llama la atención es que la Junta actúa en forma bastante ilegal y corrupta por varios motivos”, afirmó el litigante.

Uno de los motivos, dijo, es que el caso consta de 25 expedientes acumulados por lo que la autoridad tiene la obligación de dictar un laudo respecto a los 25 expedientes, no obstante, lo hizo con base sólo en 21.

En los cuatro expedientes que no fueron tomados en cuenta, dijo, obran constancias sobre que el Sindicato, “sin tener la obligación de ello, ya pagó más de 23 millones de dólares a diversos trabajadores. ¿Cuál era la intención de la Junta?, dictar un laudo con la cifra de 54 millones no obstante que ya quedó acreditado el pago”.

Además, dijo, en esos expedientes se agrupan más de diez sentencias en materia penal de diversos tribunales colegiados que indican que los recursos son rectoría del Sindicato, no de trabajadores. A la vez que se define que es “cosa juzgada”, por lo que otra autoridad no puede dictar sentencia en otro sentido.

Los expedientes excluidos por la Junta contemplan, además, dos dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los que también se definió que el recurso está bajo la rectoría del gremio.

“Llama la atención que aún en la época que la Junta estaba controlada por el PRI y por el PAN, donde Grupo México ejercía una gran presión contra los funcionarios y en consecuencia contra el Sindicato, no acusaron directamente al dirigente sindical. Mientras que ahora la presidenta de la Junta, controlada por Grupo México, se atreve a dictar este laudo en contra del Senador Gómez Urrutia”.

La Junta, afirmó Muñoz, parte de una “premisa infantil” para establecer que el Senador Gómez Urrutia, en su carácter de Secretario General, tenía la obligación que el Sindicato entregara el dinero y “es responsable solidario”. Al personalizar el proceso en contra del dirigente sindical, dejan de lado la personalidad jurídica de la agrupación gremial, agregó.

Atribuyó la embestida al impulso de Gómez Urrutia a la reforma para regular la subcontratación y terminar con una contratación ilegal, toda vez que varias empresas, entre ellas, Grupo México, “están muy enojados porque se va a acabar el gran negocio de la evasión fiscal”.

Sabes, el esbelto arbusto que se dobla vence cuando acaba la tormenta. Pietro Metastasio (1698-1782) Poeta italiano.

Recordó que, a la par, hace dos años el Sindicato Minero, por medio de dos juicios obligó a Grupo México a pagar más de 400 millones de pesos respecto a utilidades de Cananea y Unidad San Martín.

Muñoz confió que el Tribunal Colegiado dará revés al laudo y dijo que cuenta con un amparo para que se tome en cuenta los 25 expedientes y no sólo los 21 con los que basa su decisión la Junta, “hay pruebas más que suficientes para lograr que se revierta en su totalidad el laudo y que se dicte uno nuevo en un lapso de mes a mes y medio”.

VENGANZA CONTRA EL SINDICATO Y LIDERAZGO

El coordinador del departamento jurídico del Sindicato, Nahir Velasco, afirmó que no se tomaron en cuenta los 25 expedientes por “venganza”, y los laudos tienen tintes similares a los que se emitieron en los periodos del panismo en el poder.

Subrayó que esta venganza de la presidenta de la Junta María Eugenia Navarrete Rodríguez, de Grupo México y de un grupo de empresarios en contra del Sindicato y de su dirigente nacional, es por impulsar la regulación de la subcontratación y la defensa de los derechos de los trabajadores.

Puntualizó que es evidente que la Cuarta Transformación no ha pasado por la JFCA, pues ahí impera la corrupción y subsisten funcionarios de administraciones pasadas, quienes han estado y están al servicio de grupos empresariales y gansteriles.

En su momento, José Ángel Hernández Puente expresó que los expedientes donde se acreditó el pago de 23 millones de dólares, los que tienen las sentencias de los tribunales colegiados en materia penal, los dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, prueban fehacientemente que el dinero es del Sindicato y que no hay obligación de pagar.

Dio a conocer que se va a promover un amparo a nombre del Sindicato y del Senador Napoleón Gómez Urrutia para volver a impugnar el fondo del asunto, que hasta ahora no se ha tomado en cuenta, por lo que anticipó que en los siguientes meses y años no existirá la obligación de hacer ningún pago porque el caso sigue pendiente de impugnaciones.

Dejó en claro que se tienen los argumentos suficientes para defender a la organización sindical y a su dirigente Gómez Urrutia, y a pregunta expresa enfatizó que esta situación “no implicará un rompimiento político con el gobierno y menos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Por su parte, el licenciado Óscar Alzaga, apuntó que la presidenta de la Junta llegó a este cargo por recomendación de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de su padre, el abogado laboral Arturo Alcalde, por lo que adujo que “hay complicidad” con el actuar de la Junta puesto que hubo reuniones previas con la titular de la STPS para exponer el caso de fondo.

Alzaga detalló que la controversia inició desde la privatización de la mina de Cananea, en la que se definió que el 5 por ciento de las acciones se debían otorgar a los trabajadores.

Tras negarse a pagar German Feliciano Larrea, propietario de Grupo México, el costo de las acciones, los trabajadores iniciaron una huelga con el Sindicato Minero en 2004, y 15 años después alcanzaron un acuerdo en el que se definió que los recursos estarían bajo la rectoría del Sindicato, lo cual se informó al Poder Legislativo y el gobierno federal. Al definirse de esta forma, aseguró que ya están saldados y corroborados el destino de la totalidad de los recursos. ¢

Abogado Muñoz Ortega Saavedra.

Toda la propaganda de guerra, todos los gritos y mentiras y odio, provienen invariablemente de gente que no está luchando. George Orwell (1903-1950) Escritor británico.