La Minga Nº 4

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x Derechos Humanos: Humanos;

Por un diálogo entre pasado y presente

(Entrevista a Alcira Daroqui)

x Enfrentar la precariedad laboral:

Desafío para la acción colectiva

(Entrevista a Oscar Martínez, del TEL)


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26 de junio

Dossier: Debates para una alternativa política Los “tabúes” del capitalismo sojero argentino 5

Guillermo Cieza, Militante del Frente Popular Darío Santillán

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Politización y democracia Claudio Acuña

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Una tarea posible Corriente Universitaria Rebelión

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_Buenos Aires_

Ulises Bosia, militante de Socialismo Libertario

Poder popular e intervención institucional

Enfrentar la precariedad laboral: Desafío para la acción colectiva Entrevista a Oscar Martínez

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Los medios de la trata Florencia Rodríguez

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Derechos humanos; por un diálogo entre el pasado y el presente Entrevista a Alcira Daroqui

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Panorámicas

Grecia, epicentro de la crisis europea Ezequiel Haro

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Félix Grossman

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Panorámicas

El cobre por el cielo, la educación por el suelo José Valenzuela

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_Rosario_

La crisis en Estados Unidos

En construcción

Los bachilleratos populares a 10 años del 2001 Martín Cifuentes - Daniel Romero

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La experiencia del Bachillerato Popular Memoria del Fuego Docentes y Estudiantes de MDF

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Lecturas políticas

Poder popular y nación, de Miguel Mazzeo: una sacudida para la conciencia de izquierdas 32

Cultura

Manuel Scorza, el poeta de los silenciados Pedro Perucca

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_Córdoba_

Ulises Bosia

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Editorial ace ya unos tres años, a partir del conflicto desatado por las patronales del campo contra el gobierno en torno a la famosa Resolución 125 –la de las retenciones móviles a las exportaciones de soja y oleaginosas, por si alguien no recuerda–, señalábamos que en el país se había configurado una nueva polarización político-social. Pero si tenemos en cuenta los consensos existentes respecto del actual “modelo” económico, tratados en el artículo central de esta revista: Los “tabúes” del capitalismo sojero argentino, queda claro que esta polarización fue y sigue siendo fundamentalmente política, dicho de otra manera: kirchnerismo versus anti-kirchenirsmo. Y en la actualidad, con el bombardeo de los medios, todo parece reducirse a esa disputa. Pero la polarización no es estática, no está detenida. Al contrario, desde 2008 hasta ahora, uno u otro polo se expresa con mayor o menor protagonismo, según las circunstancias. Con el debate de la 125, el polo ruralista reaccionario llenó plazas con sus convocatorias, cortó rutas y motivó un sentimiento “pro-campo”. Hicieron fuerza, es cierto, contando con la corporación mediática a su favor, a tal punto que ganaron las elecciones de 2009 y afirmaron que el “modelo kirchnerista” estaba agotado. Posteriormente, en 2010, primero con los festejos del Bicentenario y luego con la súbita muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el polo del gobierno volvió a ganar protagonismo. Esta recuperación, sin embargo, no significó una radicalización o un giro a la izquierda del gobierno, sino más bien una relativa consolidación de su proyecto neo-desarrollista. Pero si esta polarización existe, se mueve y se presenta como lo más visible en el escenario político nacional de 2011, es porque tiene como telón de fondo un reflujo de la lucha popular. Reflujo, en este caso, significa descenso de la intensidad de protagonismo y de autoactividad de los sectores populares. Si la situación fuera la opuesta, lo cual no depende de la voluntad de las vanguardias sino de la existencia de condiciones objetivas y subjetivas semejantes –por ejemplo– a las que vivimos en 2001-2002, la polarización a la que nos referimos saltaría por los aires. No pareciera que estemos en vísperas de algo parecido. Que ésto sea así no niega la existencia de diversas luchas desde abajo, a veces con gran contundencia y repercusión. Los polos que se conformaron en estos años, por su carácter de clase, tienen como tercero excluido a la sociedad profunda, a sus emergentes que siguen y seguirán luchando por trabajo, tierra, educación o vivienda: ayer en el Chaco (los hermanos qom) o los desposeídos en el Parque Indoamericano (Ciudad de Buenos Aires), hoy los sin techo en Libertador General San Martín (Jujuy). En este número de La Minga buscamos una relación con algunas de esas luchas. Por eso entrevistamos a Oscar Martínez, miembro del Taller de Estudios Laborales, para desentrañar la magnitud y las características de la precarización laboral que desgarra por dentro a nuestra clase trabajadora. Por otro lado docentes del Bachillerato Popular Memoria del Fuego de La Matanza escriben sobre las perspectivas de la educación popular, firmemente asentados en una de las tantas experiencias de autogestión que parió la

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Desde el sur del continente, por la revolución y el socialismo

Revista de Socialismo Libertario Año 2 – Nº 4 Agosto 2011 Comité de redacción Victoria Freire (directora) Ulises Bosia Félix Grossman Manuel Martínez Diseño y armado Pedro Perucca Corrección Sol Martínez Gabi Barros Gil revistalaminga@gmail.com www.socialismolibertario.com Casa en Buenos Aires Ferrari 243 1414-Ciudad de Buenos Aires Te. (011) 4856-9879 socialismolibertario@hotmail.com Biblioteca Rosa Luxemburg bibliorosaluxemburgo@yahoo.com.ar En Rosario slenrosario@yahoo.com.ar En Córdoba slencordoba@yahoo.com.ar

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resistencia al neoliberalismo. Asimismo la lucha del movimiento de mujeres, presente en el debate generado por el decreto presidencial que prohibió el conocido rubro 59 de los diarios, que plantea el problema de la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual. Finalmente conversamos con la socióloga Alcira Daroqui, especialista en la investigación sobre el sistema penal, que plantea durísimas denuncias a quien las quiera oír sobre las formas de violencia a las que son sometidos los sectores populares, mientras cuestiona las ideas aceptadas sobre la “inseguridad”, tanto de los voceros de la mano dura como del llamado “progresismo”. *** Las elecciones de 2011 se vienen realizando en el contexto de reflujo y polarización al que nos referimos. Las primeras, en diferentes provincias, favorecieron al gobierno nacional; triunfaron sus candidatos afines y todo parecía ir viento en popa para el oficialismo. Las últimas: Chubut, Tierra del Fuego, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, tuvieron un signo diferente, aunque no igual en cada caso. En el caso cordobés, triunfó un sector del peronismo distante del Gobierno nacional que, sin embargo contó con su apoyo; en cambio, la nueva victoria de Macri en la capital y la importante votación por el payaso Del Sel en Santa Fe, expresan una combinación de factores que van desde una valoración clasista de la “gestión” –en el primer caso– hasta una avalancha de votos anti-kirchneristas para una opción electoral imaginada por fuera de la política tradicional –en los dos casos–. Por cierto, Macri, Del Sel y el PRO representan a una nueva derecha que intenta constituirse como “alternativa”. En medio de la dispersión y pobreza política de la oposición, que a su vez muestra una galería de personajes involucrados con la “vieja política”, el macrismo se erige como “la nueva”, apostando a las elecciones de 2015. Es preciso señalar que todos los procesos electorales, incluso en situaciones de extrema convulsión social –y, como está visto, no es el caso argentino actual–, expresan siempre de manera distorsionada las reivindicaciones, aspiraciones y luchas de las clases populares. De todas maneras, el curso posible de estas luchas puede dar lugar a nuevos protagonistas políticos con mayor o menor incidencia electoral en el próximo período. Ante esta escena nacional consideramos imprescindible aportar a la construcción de una alternativa política de la izquierda independiente. Más allá de las próximas elecciones de este año, y tomando distancia de las disputas mediáticas, las organizaciones y movimientos populares nos debemos la resolución de esta necesidad. Se trata de un desafío, que seguramente se logrará con aproximaciones sucesivas no siempre lineales, con mayor articulación de experiencias en distintos planos, con un debate amplio y abierto que cimente una nueva perspectiva política desde abajo, como lo demostró por ejemplo la experiencia del III Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. En ese sentido publicamos aportes de distintos compañeros y colectivos militantes que se plantean esta misma perspectiva y que, cada uno desde su propio punto de vista, contribuye a que este debate pueda avanzar. *** En el terreno nuestroamericano impacta la larga lucha de los y las estudiantes chilenos, que podemos rastrear como mínimo hasta el año 2006, cuando la rebelión de los estudiantes secundarios puso en evidencia la continuidad existente entre las políticas educativas mercantilizadoras y privatistas de los distintos gobiernos democráticos y las de la dictadura de Pinochet. En estos días, con rabia y estremecimiento, vemos las imágenes de una represión que recuerda aquellos viejos tiempos. La nota que escribe José Valenzuela, actual estudiante de la Universidad de Concepción a quien conocimos en sus tiempos de joven pingüino, ayuda a entender la historia del actual movimiento, vanguardia estudiantil del continente. Esta América sufrida y rebelde, aquella por la que escribiera el peruano Manuel Scorza que recordamos en las últimas páginas de esta revista, no deja de sumar penas pero también esperanzas, surcada por vientos emancipatorios. Finalmente publicamos una nota que nos permite comprender la dinámica económica de la crisis que está viviendo el capitalismo en Europa, y particularmente en Grecia. Como decía el Che buscamos ser siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.

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Debates para una alternativa política

En este cuarto número de La Minga publicamos una serie de notas sobre la posibilidad de fundar una nueva herramienta política de las clases subalternas de nuestro país. Estando convencidos de que será una tarea plural y colectiva o no será, acudimos a distintos puntos de vista que enriquecen el debate y constituyen, por así decirlo, un primer round. Esperamos que la discusión pueda seguir avanzando, tanto en las páginas futuras de esta publicación como en los múltiples terrenos en los que nos encontramos día a día quienes soñamos con el cambio social revolucionario.

Dossier

Los “tabúes”del capitalismo sojero argentino Elementos de la realidad social, económica y política argentina; genealogía, cualidades y perspectiva de una nueva izquierda independiente. Ulises Bosia, militante de Socialismo Libertario

n un crescendo que sin dudas aumentará hasta la fecha de las elecciones presidenciales, día a día nos encontramos con duelos verbales, conflictos internos, tensiones de oxidados aparatos que se ponen en marcha, actos de campaña, ácidas operaciones políticas, en fin, todo el folclore de las campañas presidenciales en una sociedad que sigue mostrando elementos de polarización. Ésta es la “realidad” que se nos presenta, o mejor dicho, la que nos presentan

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los medios de comunicación masivos. A pesar de ello el oficialismo nacional se muestra confiado en lograr su tercer período consecutivo de gobierno mientras que su contracara necesaria es la variopinta oposición política burguesa que llega bastante debilitada, sin un liderazgo claro, y en consecuencia dejando huérfanas las expectativas que dos años atrás se creaban algunos grandes grupos económicos, ansiosos por dotarse de un personal político con menor autonomía, más

confiable y predecible. En verdad, siguiendo una vieja tradición, nosotros creemos que la historia no la hacen los grandes hombres ni los grandes partidos sino que siempre, por caminos muchas veces invisibles para los ojos y los oídos del poder político, son las distintas clases y sectores sociales los que determinan las alternativas en que se debate nuestro país. Desde este punto de vista buscamos una comprensión de la realidad; situados desde un lugar alejado de brillos y flashes, cuestionamos las interpretaciones que propagan los voceros mediáticos del capitalismo. Es así que donde ellos amplifican peleas nosotros encontramos acuerdos, cuando ellos iluminan una zona nosotros miramos sus márgenes que quedan en la oscuridad, donde ellos encuentran debates nosotros vemos consensos. En los no tan lejanos años 90 el modelo de la convertibilidad había logrado un consenso social importante: una clase media que deseaba entrar al “primer mundo”, el capital transnacional y sus personeros locales, la casi totalidad del personal político, una burocracia sindical que proseguía sus negocios favoreciéndose con la desregulación, también un pueblo derrotado por la batalla cultural de las privatizaciones. Sin embargo, en sus rincones olvidados, que paradojalmente

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simbolizaban el triunfo privatista, poco a poco comenzó a gestarse la resistencia. Mosconi, Tartagal y Cutral Co, localidades que crecieron y vivieron al ritmo del metabolismo viscoso de aquella gran empresa estatal que fue YPF, se convirtieron en las cunas del movimiento de trabajadores desocupados que en unos pocos años se extendió e impugnó a nivel nacional al neoliberalismo reinante. Volviendo al presente, cuando el modelo kirchnerista se muestra bastante menos planificado previamente y más sujeto a la marcha de los acontecimientos que su nefasto predecesor, debemos preguntarnos: ¿cuáles son algunos de sus grandes consensos?, ¿cuáles sus puntos oscuros?, ¿qué nuevas resistencias se agazapan? Soja o muerte Posiblemente no haya habido mayor conflicto público en estos ocho años de gobierno kirchnerista que el desatado a partir de la Resolución 125, en el que la propuesta presidencial fue derrotada. Sin embargo, aun así, el proceso de sojización del campo nunca se vio amenazado, llegando hoy por hoy a ocupar alrededor de un 50% de la superficie sembrada del país, lo cual, más que un dato, implica la expulsión de poblaciones rurales a la periferia de grandes y medianas ciudades. Así, el primer consenso fuerte de estos años es el apoyo incondicional a una estructura económica asentada en el modelo de los agronegocios, gestionado por compañías multinacionales como Monsanto o Cargill, cuyos símbolos son la semilla de soja transgénica y los agrotóxicos como su temible sombra. Este consenso también contiene una persistente paradoja: nuestro país produce alimentos para un número siete veces superior a su población, pero nuestro pueblo sigue sufriendo la inflación y hasta el flagelo del hambre. La paradoja ilustra el contenido del paradigma que hoy se sostiene: la tierra es ante todo una fuente de dinero, la producción es dominada por los pool de siembra, los productos son commodities, gran parte de los productores son arrendatarios. El hecho de que año tras año los funcionarios de la Naciones Unidas anuncien con frialdad estadística que continúa la tendencia mundial a la suba del precio de los alimentos, dejando a millones de seres humanos en el hambre, contrasta con el valor siempre creciente de semillas cuyo valor de uso fue totalmente desvirtuado por su valor de cambio en el mundo del capitalismo financiero. Nada de esto está actualmente presente en el debate político argentino que, como hecho y síntoma, registra muy pocas apariciones del concepto de soberanía alimentaria.

_El primer consenso fuerte de estos años es el apoyo incondicional a una estructura económica asentada en el modelo de los agronegocios La inserción internacional de una economía asentada en la producción de materias primas y derivados alimenticios tampoco se discute. Fueron muy publicitados el justo rechazo del ALCA y los tironeos diplomáticos por la recuperación de la soberanía nacional en las Islas Malvinas, pero nada escuchamos sobre la creciente presencia china en nuestro país, ni siquiera tras el escandaloso acuerdo firmado entre el gobierno radical K de la provincia de Río Negro y el gigante asiático en octubre del 2010, que ofende hasta al más tímido sentido nacional. Por su parte la burguesía agraria grande, mediana y pequeña no está dispuesta a discutir el uso social de sus ganancias extraordinarias, como lo dejó en claro en 2008. Tras el lamentable voto no positivo de Cleto Cobos, el gobierno no ha vuelto a intentar esa disputa, en la que en su momento no logró encontrar una fuerza social que lo respalde, siempre teniendo en cuenta que no se trataba de una medida que transformara los términos en que se acumula la riqueza del campo, sino sólo un correctivo. De hecho, nunca fue cuestionado el dominio del mercado sobre la comercialización de los granos, incluso cuando los productores tiraban la leche al costado de las rutas, ni mucho menos se planteó en el debate la posibilidad de que el Estado recuperara el control de esta actividad estratégica.

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Indudablemente de nada vale alimentar visiones tan románticas como utópicas en este terreno. La producción agraria fue, es y será una parte muy importante de la economía argentina, el asunto es en función de qué proyecto aprovechar la riqueza extraordinaria del agro, quién decide y discute ese proyecto, quién produce y cómo lo hace, cuáles serían sus prioridades. Es claro que por el momento la acumulación de riquezas en nuestro país está por delante de las necesidades populares. Si, como dicen algunos, el campo es a la Argentina como el petróleo a Venezuela, resulta difícil entender por qué un litro de nafta en Caracas es (mucho) más barato que un kilo de pan en Buenos Aires. Ninguna relación es comparable en sí misma: lo que está en el medio es la política. Industria concentrada y transnacional Un dato alarmante de la economía nacional es la gran concentración de la actividad industrial. Citemos una muy buena nota de la revista Crisis: “Cargill, Bunge, Repsol YPF, LDC, Aceitera General Deheza, Molinos Río de la Plata, Nidera, Siderca, Vicentín, Pan American Energy, AC Toepfer, Minera La Alumbrera, ADM, Asociación Cooperativas Argentinas, Toyota, Oleaginosa Moreno, Noble Argentina, Ford, Volkswagen, Peugeot-Citroen, Petrobras, Aluar, Dow Arg Compañía Mega, Mercedes-Benz, Fiat, Minera Arg. Gold, Shell, Esso-Iveco. El listado de las 30 empresas que más exportaron durante 2009 es ilustrativo. Siete cerealeras, siete automotrices, cinco aceiteras, cinco petroleras, dos petroquímicas, dos mineras y dos siderúrgicas se quedaron en un año con 41.136 millones de dólares, el 73,9% de los 55.669 millones que ingresan por exportaciones”.1 El recorrido por los nombres de las empresas pinta un


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rápido panorama de las actividades industriales predominantes en la exportación y genera otro interrogante: ¿cuántas de estas firmas son de carácter extranjero? Tomando más información de la misma nota “entre las 500 empresas más grandes del país, 292 son extranjeras. Producen el 75% del total, obtienen el 86% de las utilidades totales, generan el 54,6% del empleo, invierten el 81,5% y exportan el 77,9% del total”. Este carácter oligopólico del capitalismo argentino, que hunde sus raíces en las últimas décadas y se acentúa en el presente, explica también en parte la inflación: se trata de grupos económicos que cargan con una importante responsabilidad –de la que no hablan los grandes medios– en la formación de precios. Otra expresión del mismo fenómeno es la fuga de capitales, cuya dimensión es de tal magnitud que conforma una de las principales amenazas al superávit de la balanza comercial, posible por el gran valor de las exportaciones agrarias. Según el diario Página 12 (18.06.2011): “la desmejora en la cuenta corriente pone en evidencia la bonanza económica que experimentan las empresas multinacionales. Esa situación se traduce en una creciente remisión de ganancias de las filiales hacia sus casas matrices. Por ejemplo, en todo 2007 fueron 5.241 millones de dólares, en 2008 crecieron a 6.094 millones, en 2009 avanzaron a 6.627 millones, pese a la crisis internacional, y el año pasado treparon a 7183 millones.”2 Evidentemente en los últimos años se consolidaron una serie de grupos empresarios que controlan gran parte de la economía de nuestro país, sin cuya aprobación ningún sector político burgués está en condiciones de gobernar. Lejos de las archiconocidas polarizaciones discursivas entre “las corpo” y el pueblo, es notable que la mayoría de estos grupos empresarios están muy lejos de oponerse a las políticas oficiales. Más bien ocurre lo contrario, el kirchnerismo gobierna teniendo muy presentes sus intereses, argumentando cuando queda en evidencia que pueden ser utilizados en función del “beneficio común”.

Estos dos elementos: concentración y extranjerización de la industria, son los segundos grandes consensos de este modelo económico. Clase trabajadora precarizada Distintos estudios económicos explican que las ventajas comparativas del capitalismo argentino para competir en el mercado mundial se sustentan, junto con la renta extraordinaria que percibe la burguesía a partir de la abundancia de recursos naturales de la Argentina, en un muy bajo costo de la mano de obra. La mega devaluación de 2002 significó una marca de origen del modelo, a tal punto que sus efectos siguen vigentes hasta el día de hoy. Ella representó una gigantesca transferencia de

Como admiten hasta las autoridades, una porción muy importante de los trabajadores está en negro o sometido a formas más o menos precarias de trabajo ingresos desde el sector del trabajo al del capital, al servicio de los grandes empresarios industriales y rurales y de los intereses multinacionales. A tal punto es así que el nivel de los salarios reales de la clase trabajadora –actualmente– dista mucho de haber superado de conjunto los niveles del 2001. Según datos que publica el Centro de Estudios para el Cambio Social , los salarios reales del sector privado registrados a fines de 2009 se ubican un 12% por encima del nivel de 2001, pero este crecimiento es superior a los incrementos que

recibieron los trabajadores no registrados y los del sector público, cuyos aumentos fueron inferiores en 16 y 36%, respectivamente, con lo cual de conjunto no se superó el nivel de 2001.3 Por otro lado, como admiten hasta las autoridades oficiales, una porción muy importante de los trabajadores y trabajadoras está en negro, o sometida a formas más o menos precarias de trabajo, llegando en algunos casos a la esclavitud laboral, tanto en el campo como en las ciudades. Los números son elocuentes, si bien existe un descenso desde 2003 a la fecha, según el INDEC al final de 2010 un 33,7% de los trabajadores (es decir algo menos de 4 millones de personas) estaban empleados en negro, 4 guarismo que no incluye las distintas modalidades de contratos temporarios, tercerizados, subcontratados o deslocalizados. La brecha que separa la legalidad de la informalidad es un abismo. Tomando datos elaborados por el Ministerio de Trabajo a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC encontramos que el salario nominal promedio en el cuarto trimestre de 2010 fue de 2.906 pesos para el total de los asalariados. Sin embargo, mientras que para los trabajadores en blanco es de $ 3.281, para los que están en negro es apenas de $ 1.838, un 44% menos.5 Además, hay que considerar que son los trabajadores en negro los que más sufren el efecto de la inflación sobre sus salarios, ya que no necesariamente se benefician de los aumentos pactados en la negociación colectiva y que benefician a los trabajadores en blanco o de los aumentos del Salario Mínimo. A pesar de la declaración oficial de 2011 como “Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores”, se trata de un problema estructural del capitalismo argentino, a tal punto que las autoridades nacionales prefirieron apelar a formas de distribución indirecta del ingreso, como la Asignación Universal por Hijo o los subsidios a las tarifas de servicios públicos, antes que impedir la conti-

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nuación de esta situación mediante la legislación y la sanción a los empresarios por parte de las agencias estatales correspondientes. De más está decir que se trata de medidas justas, siempre y cuando vayan acompañadas por una política de conjunto que ataque a la precarización laboral y a la economía en negro. De otro modo, en última instancia, no son más que subsidios indirectos a los empresarios, que ven coronado su éxito al producir a costos baratos mercaderías que son vendidas a un mercado con mayores posibilidades de consumo. Por otro lado, sería equivocado ver el flagelo del trabajo precario como una práctica acostumbrada solamente por los capitalistas; también los Estados nacional y provinciales son diestros en su ejercicio. El auténtico colmo se produce cuando encontramos que el mismo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación emplea a un 70% de su planta laboral en diversas condiciones irregulares, según denuncia la Junta Interna de ATE del mismo Ministerio. Por estas razones decimos que la precarización y flexibilización laboral es el tercero de los consensos del modelo. El asesinato de Mariano Ferreyra a fines del año pasado puso en evidencia otro elemento importante en este terreno: la complicidad de la burocracia sindical y la posibilidad de la organización de los/las trabajadores/as precarizados/as para revertir su situación. En la brecha que existe entre las condiciones de trabajo de quienes están sindicalizados y quienes no, se asienta la debilidad estructural de los dirigentes sindicales de los aparatos tradicionales. Aún teniendo en cuenta una relativa recuperación de los sindicatos, que se refleja en un aumento de los trabajadores sindicalizados y en el surgimiento en determinados sectores de una camada nueva de militantes sindicales, su imposibilidad de unir a trabajadores tercerizados con los de planta marca los límites de su poderío y accionar. Esta imposibilidad, intrínsecamente relacionada con el carácter de la burocracia sindical, llega a casos como el de Pedraza y la Unión Ferroviaria en los que directamente el sindicato emplea trabajadores fuera de convenio, en connivencia con el Estado y las empresas privadas. El ejemplo del nuevo sindicato del Subte, que logró mediante la lucha y la organización la incorporación de traba-

jadores de limpieza, seguridad y otros en el convenio es una experiencia ejemplar de cómo enfrentar la precarización. Otros sectores siguen también este camino que se presenta como el más realista y productivo, si bien enfrenta grandes

dificultades en la medida en que usualmente debe superar los obstáculos de la propia patronal, la burocracia sindical y el mismo Estado que sigue sin garantizar la vigencia del mejor convenio colectivo en cada lugar de trabajo. Pobreza y políticas de la (in)seguridad Según el último informe de coyuntura de CIFRA-CTA “a fines del 2010, la pobreza alcanzaba al 22,9% de la población y la indigencia al 6,1% de la misma, tras ocho años de intenso crecimiento económico”.6 Estas estimaciones, elaboradas sobre la base de los datos del INDEC, ilustran un proceso en el que desde el año 2007 la reducción de los hogares bajo la línea de pobreza de nuestro país encontró un límite y expresan también que el impacto de la Asignación Universal por Hijo se ve afectado por la suba de los precios de los alimentos que es mayor al índice de inflación en general, afectando especialmente a la población de menores recursos. A su vez el déficit habitacional, también existente en los grandes y caóticos núcleos urbanos, es un drama que se expresa en episodios como la toma del Parque Indoamericano (CABA) o en la reciente toma de tierras en Libertador General San Martín (Jujuy), en ambos casos trágicamente reprimidas con muertos y heridos. Estos episodios son expresiones de la necesidad de vivienda de los sectores más postergados, y ofrecen la cara más brutal de la precariedad habitacional presente en tantos barrios populares y villas miseria del país, en los cuales azota la falta de recursos, el hacinamiento, y la marginalidad. La persistencia de estos elementos en nuestro país, tras años de gran creci-

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miento económico, demuestra la naturalización y, de manera más cínica, hasta la utilidad de la existencia de ciertos niveles de pobreza y precariedad de la vida que hacen parte también de los consensos con los que cuenta el capitalismo argentino. Desde este punto de vista pensamos en las políticas de seguridad. Una serie de medidas recientes plantean el problema: la institución del Ministerio de Seguridad tras la toma de Parque Indoamericano (¿no hubiera sido más lógico, por ejemplo, crear un Ministerio de la Vivienda Popular?); la creación de la Policía Metropolitana de Macri y de otras fuerzas de seguridad en municipios como La Matanza; las medidas tendientes a utilizar la Gendarmería y la Prefectura en el combate contra el delito en barrios populares de Buenos Aires y villas del conurbano bonaerense; la ampliación de las cárceles, mientras se mantiene a un altísimo porcentaje de los presos sin condena firme; el desplazamiento de la cárcel de Devoto a una zona suburbana, de modo de evitar que los familiares de los presos se paseen por tan distinguido barrio; la discusión de dispositivos legales que criminalizan cada vez más explícitamente la pobreza, como en el caso de la Provincia de Buenos Aires. Es claro que existe una fractura social heredada de los años 90 y asumida explícitamente por una parte importante de la población que quiere sentirse segura; por parte del poder político la apuesta es a darles una respuesta. No casualmente en las recientes elecciones de la Ciudad de Buenos Aires no había sector político que no prometiera más seguridad, más acá o más allá de las políticas del respeto a los derechos humanos. No es una fractura sólo económica o social sino también cultural y simbólica: hay música o ropa “de negros”, así como barrios llenos de “bolitas” o peruanos. Mientras tanto las fuerzas de seguridad son encargadas de la misión de terminar con la inseguridad, pero lejos de ser parte de la solución son parte del problema. No dejan de evidenciarse casos de corrupción, torturas, complicidad con el narcotráfico, con la trata de personas, la prostitución, los desarmaderos y hasta desapariciones de personas, como fue el caso de Luciano Arruga en Lomas del Mirador, en el conurbano bonaerense. Este modelo acepta la existencia de una Argentina pobre, sólo se discute como mantenerla a raya.


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Una nueva izquierda independiente: Genealogía y metamorfosis El reinado de los agronegocios en el campo, la concentración y extranjerización de la industria, las condiciones de trabajo precarizadas, así como la naturalización y consiguiente criminalización de la pobreza, son puntos de consenso de las clases dominantes en la Argentina actual. Por eso, por lo menos por ahora, no existe una alternativa burguesa a la altura de Cristina Fernández que pueda garantizar del mismo modo la gobernabilidad del país. No son los únicos puntos de acuerdo, desde luego. Sin ir más lejos se puede pensar también en el deterioro de la educación y de la salud pública, en gran medida sometidas a las reglas del mercado. Pero, frente a todos los consensos de las clases dominantes, una ola de militantes populares, colectivos estudiantiles, feministas, sindicales, ambientales, campesinos y culturales se multiplican en una Argentina que se caracteriza entre los pueblos de Nuestra América por su alto y creciente nivel de politización, en particular en la juventud, si bien coexisten con la fragmentación y la desorganización. Buena parte de ese arco de militantes se define –nos definimos– a la izquierda del kirchnerismo y al mismo tiempo como un sector diferente de la izquierda partidaria tradicional. Hace algo más de un año y medio, diversos frentes, corrientes y grupos afines fundamos la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA) como un aporte a la organización y proyección de este espacio político. En la actualidad –reconociendo la diversidad de sus componentes, tanto por historia propia como por el perfil de cada uno de ellos– las organizaciones de la COMPA tienen la posibilidad y el desafío de ir más allá y constituirse en una herramienta política como tal, capaz de disputar poder en todos los terrenos, incluyendo el electoral, asumiendo como objetivo estratégico la construcción de poder popular en la perspectiva de una transformación revolucionaria y socialista. Este espacio tiene una historia que es útil recordar brevemente para comprender su presente y perspectivas. En primer lugar es necesario remitirse al proceso de resistencia popular iniciado desde la segunda mitad de los años 90. Lejos de los discursos construidos desde el poder político y mediático, la politización de la juventud argentina, que algunos “descubrieron” tras la muerte del ex presidente

Kirchner, ya podía verse claramente en esa época. La nueva izquierda independiente reconoce sus inicios en el estallido social de 2001 y se ve influenciada por muchos de sus motivos. Encuentra puntos de fuerza en esa genealogía: el hincapié en la autoorganización y el trabajo de base, la militancia territorial, la recuperación de la lucha de los pueblos originarios, la lucha popular callejera, una nueva referencia latinoamericana, etc. Pero también asume sus propias limitaciones: una práctica anti-institucional y horizontalista influenciada en cierta medida por el autonomismo, grandes dificultades para la articulación y la superación de la fragmentación de las organizaciones y colectivos de izquierda, así como posiciones que rechazan o relativizan la cuestión del poder, de la organización y del compromiso militante. Así, reivindicando los puntos de fuerza y asumiendo nuestras propias

contradicciones, reconocemos el hacerse singular de los espacios de la izquierda no partidarizada, lo reconocemos como una construcción en curso, que, sin embargo, en la actual coyuntura política y en perspectiva está llamada a una apuesta mayor. El contexto actual, diferente de aquel de hace diez años, demanda la acción política con mucha fuerza, también sabiendo confrontar en los marcos institucionales, con las exigencias y los desafíos que eso implica para quienes buscamos llevar adelante una política revolucionaria. Esto es algo que amerita mucha reflexión y discusión, porque la intensidad con la que muchos de nosotros vivimos el 2001 resultó en una mirada casi exclusivamente anti-institucional, que por cierto tenía alguna vigencia en esa coyuntura, pero que en la actualidad, de mantenerse, nos deja en la marginalidad de la acción política. La salida del modelo de la convertibilidad fue forzada por la movilización popular, y ello indudablemente trajo consecuen-

cias positivas en la década que está terminando. ¿Será posible que ocurra algo similar en el actual ciclo político, imponiendo en la agenda pública las necesidades del pueblo? La amenaza siempre latente de una restauración conservadora (¿alrededor de Macri quizás?) parece cobrar alguna fuerza. ¿Cómo enfrentarla, nos preguntamos, junto con miles de militantes y activistas? Vemos que en este momento estamos en condiciones de avanzar en la formulación de nuevas herramientas políticas de la izquierda independiente, capaces de apoyar y potenciar las luchas populares a partir de una propuesta política general que les dé visibilidad y proyección. Buscaremos seguramente algunas definiciones programáticas, que podremos ir recogiendo de las demandas de los movimientos populares de nuestro país y nuestro continente, así como también sabremos recuperar y profundizar nuestras primeras elaboraciones. Las 10 propuestas políticas emancipatorias propuestas por la COMPA son un primer punto de partida para cuestionar esos consensos del sistema y reubicar la confianza en una práctica política que no se conforme con la administración de lo existente, que no se quede en la disputa de intereses con las corporaciones de un “capitalismo serio”, sino que recupere su fe en la transformación revolucionaria de la realidad. El mito de nuestra época, la gesta que mueva la energía de las masas todavía espera ser redescubierta para habilitar un camino de revolución americana. A ella buscaremos aportar. 1 Crisis, Los modales del modelo, N° 5, juniojulio de 2011, Buenos Aires, pág. 5. 2 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-170357-2011-06-18.html 3 http://cecsodeargentina.wordpress.com/ 2010/08/02/la-barrera-neoliberal/ 4 Se pueden ver los cuadros en http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/bel/b elDisplay.asp?idSeccion=1&idSubseccion=1&idSu bseccion2=7. 5 Ver cuadro 1 en http://www.trabajo.gob.ar/ left/estadisticas/bel/belDisplay.asp?idSeccion=1&i dSubseccion=2 6 http://www.centrocifra.org.ar/docs/ CIFRA%20-%20Informe%20de%20coyuntura%2007%20-%20Mayo%202011.pdf

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Poder popular e intervención institucional Guillermo Cieza, militante del Frente Popular Darío Santillán ace 15 años Miguel Mazzeo llamaba la atención sobre la orfandad de referencias revolucionarias de su generación. Salvo el Zapatismo del que poco se conocía, y del Movimiento Sin Tierra (MST) en Brasil, que se conocía menos, no había experiencias para aportar a los análisis locales. En 2011, después de la ola de alzas populares que se inician con la guerra del agua en Bolivia en 2000, la rebelión del 2001 en Argentina, las revueltas populares en Ecuador, el ascenso del proceso bolivariano en Venezuela, etc., existen muchas experiencias que aportan a la reflexión. Un repaso de las distintas experiencias del continente permite sacar algunas conclusiones 1- Las experiencias de América Latina confirman la valoración estratégica de la construcción de poder popular desde las bases, y el movimiento popular que se construye a partir de ese ejercicio. Desde movimientos populares sustentados en genuinas construcciones de base se pueden hacer ensayos de intervención institucional. Y la posibilidad de hacer aportes a experiencias de gobierno popular está relacionada con que estos movimientos mantengan su autonomía. 2- No hay construcción de poder y movimiento popular que no se proponga intervenir en el Estado para transformarlo. En esa disputa corresponde a los movimientos populares formular un proyecto de nación alternativa con proyección socialista y nuestramericana. 3- La mayoría de los pueblos del continente han elegido la vía electoral para disputar el gobierno, decisión coherente con la percepción de que el mayor poder del imperio asociado a las burguesías locales es militar. 4- La vinculación entre el poder popular construido desde las bases, organizado en movimientos populares, y quienes disputan o asumen funciones de gobierno ha sido diversa y nos per-

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¿Un movimiento popular convertido en herramienta electoral o una herramienta electoral de los movimientos populares? mite sacar muchas experiencias que alimentarán nuestros debates. No hay recetas, pero sí ensayos que nos permiten sacar conclusiones. Entre la posición del MST de Brasil que se replegó de disputas institucionales favoreciendo la reconfiguración del PT como fiel representante de la burguesía local, y la posición del MLN-Tupamaros uruguayo que centró toda su militancia en la disputa institucional con los resultados conocidos, hay un amplio abanico de opciones que pueden ser estudiadas y ensayadas. 5- La comprobación de que toda la potencialidad que se expresaba en la rebelión de diciembre de 2001 no se haya conformado como una propuesta política de proyecto de nación alternativa que esté disputando el gobierno y el Estado como ocurre en otros países de Nuestra América, desnuda una anomalía, una carencia que expone nuestras incapacidades. La cuestión de la herramienta política Desde la percepción de nuestras carencias ha surgido un reclamo sobre la necesidad de construir una herramienta política. Creo que este reclamo merece dos tipos de enfoques. En primer lugar tenemos que discutir si nos hace falta crear una estructura cualitativamente diferente a la que hoy desarrollan el FPDS, Socialismo Libertario, el FROP, Juventud Rebelde, Córdoba se Mueve, etc. Creo que todas esas organizaciones, con niveles desparejos de construcción en la base, constituyen movimientos populares político-sociales y

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por lo tanto herramientas políticas. De hecho, la COMPA es una herramienta política en construcción. El hecho de que todas esas herramientas tengan poca incidencia política hace a su desarrollo o a su falta de iniciativa, no a su naturaleza. Si en cambio el reclamo por construir una herramienta política es pasar de la articulación a la fusión, la cuestión sería abordar un proceso político a transitar sin plazos perentorios. Aportando a ese proceso es conveniente encarar proyectos conjuntos, cruzar la militancia por la base, apostar a intervenciones comunes, etc. Más allá de que se pudiera dar ese proceso político, se debe mantener una articulación política, con anillos de coordinación política más amplia. Porque todo lo que no se puede aglutinar como campo popular en el llano, se termina juntando en el Estado, y ése no es el mejor lugar para juntar fuerzas, ni para hacer alianzas. ¿Un movimiento popular convertido en herramienta electoral, o una herramienta electoral de los movimientos populares? Ya en discusiones del año 1996 nos planteábamos que la relación entre los movimientos sociales y los políticos tenía tres posibilidades. a) El movimiento político asumía como propio el programa político de los movimientos sociales. b) El movimiento político se gestaba a partir del programa y de algunos militantes de los movimientos sociales. c) El movimiento social y el político se fundían en una misma identidad. Si bien la idea de movimientos sociales y movimientos políticos ha sido superada por la de movimiento popular (social y político), es indudable que algunas de aquellas viejas preocupaciones perduran, por lo que sería más adecuado plantearlo en términos de la relación entre un movimiento popular y una herramienta electoral.


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Y planteado así el problema, creo que las posibilidades siguen siendo a, b, y c. Y sigo creyendo que la posición b es la más conveniente. Más que pensar en convertir al movimiento popular, o a su articulación (COMPA) en una herramienta electoral, hay que pensar en una herramienta electoral de los movimientos populares articulados, con una relación de aporte y autonomía. Herramienta electoral y autonomía La razón por la que creo que los movimientos populares no deben convertirse en herramientas electorales se debe a que por las particularidades de la lucha institucional, lo más conveniente es hacer ensayos que no comprometan en su totalidad a la construcción estratégica de poder popular desde las bases. Sobre el escenario en que desarrollan su actividad las herramientas electorales, cito un párrafo escrito hace algún tiempo en “Una vuelta carnero sobre las ideas”1: “Caracteriza a lo institucional regirse por una normativa construida para reforzar la dominación de las clases dominantes. Esa normativa no es casual, se corresponde con la realidad de que el Estado no es territorio popular, no es un campo de disputa inerte como podría ser un campo raso. El Estado es cancha ajena, es una colina a conquistar donde la pendiente y todos los accidentes geográficos son favorables al sistema. En términos militares, territorio enemigo. Tampoco es difícil acordar en ese diagnóstico. La pregunta es por qué cuando nos proponemos abordar la colina, mandamos a los comandantes al frente (y hasta pretendemos crear el comando estratégico combatiendo en terreno enemigo), y no a tropas que sin poder tener una visión del conjunto, se valoricen por su coraje, pero sobre todo por su organicidad y su respeto a las decisiones que se toman desde puntos de observación con más perspectiva y menos contaminados. Alguno va a decir que es una cuestión de heroísmo, pero desconfío de ese argumento. Sospecho que decimos compartir un diagnóstico, pero las prácticas demuestran lo contrario. Van los comandantes al frente porque se cree que el único poder está en el Estado, y el poder popular que se construye desde las bases es instrumental para llegar al Estado, y luego será subordinado a las decisiones

políticas de quienes, en el Estado, construyeron la dirección política del proceso transformador”. Si el poder popular construido desde las bases es el territorio estratégico, las herramientas electorales son avanzadas institucionales que pueden cumplir sus objetivos o fracasar, pero que no comprometen al conjunto de la construcción política, ni pueden subordinarla. Por eso propongo una relación de aporte y autonomía. Aporte, que el movimiento popular tratará de direccionar a la herramienta electoral, y autonomía, porque la herramienta electoral no debe poder (y hay que crear las condiciones para que esto no suceda) subordinar al movimiento popular. La herramienta electoral y la cuestión del partido Definida la herramienta electoral como una avanzada institucional de los movimientos populares y hecha la advertencia de que va a actuar en un escenario adverso, cabe la pregunta sobre la naturaleza de esta herramienta. Una herramienta electoral que va a manejarse en un terreno adverso como es el institucional, disputando en espacios donde abundan los arribistas y donde los medios masivos juegan promoviendo a los peores, no puede ser ingenua ni permeable. Una herramienta electoral que trate de liderar masas desorganizadas, no puede funcionar con base asamblearia, con la estructura de un movimien-

to popular. Debe funcionar como una pirámide clásica, como un partido, cuya dirección política esté conectada y subordinada a los movimientos populares, estos sí de base asamblearia. Con esta idea se cumple la premisa de que lo organizado conduce a lo desorganizado. Si recorremos las experiencias de Nuestra América, se repite la cuestión de la vinculación masas desorganizadas y proyectos políticos que se encarnan en liderazgos. Apostamos a liderazgos colectivos. Esos liderazgos deben contemplar trazos gruesos que marcan los pueblos movilizados (por ejemplo, el Caracazo gestó a Chávez), pero en sus decisiones políticas más precisas no pueden depender “de la gente”, o del pueblo en abstracto. Necesitan estar conectados y de hecho ser voceros de porciones del pueblo organizado, con vocación revolucionaria y autonomía. La herramienta electoral debe funcionar como un eficaz trasmisor de lineamientos políticos generados por los movimientos populares y por lo tanto no elabora política, sino que lidera, baja línea. Para cumplir esa función, su estructura debe ser similar a la de un partido clásico, y su naturaleza será distinta de la de los movimientos populares. 1 Se puede leer el texto completo en http://www.lahaine.org/ index.php?p=39671&lhsd=4.

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Politización y democracia La política como disputa de intereses: un desafío para los movimientos sociales Claudio Acuña n los últimos años, en especial a partir de la muerte del expresidente Néstor Kirchner y las demostraciones de afecto y dolor que suscito ese trágico episodio, surgieron múltiples análisis sobre su significado. Entre esos enfoques hay uno que queremos destacar. Es una afirmación que acuerdan en señalar, aunque con diferentes sentidos, tanto en sectores oficialistas como en opositores. Dice que estaríamos viviendo un proceso de repolitización de conjunto en la sociedad y en especial en los jóvenes. Un apasionamiento, un reverdecer por la militancia que se manifestaría en el crecimiento de agrupaciones juveniles afines al gobierno como La Cámpora entre otras. Más allá del relato oficial vigente sobre la politización que lo sitúa a partir del 2003, de la magnitud real y de las características de este hecho, de la valoración que se hace del mismo y de los usos, lo cierto es que verdaderamente hay una resignificación de la política que expresa un sentido y una concepción diferente a la conocida desde la vuelta a la democracia. Si nos proponemos hacer un ejercicio de memoria en el tiempo, uno podría decir que a esta politización o a este nuevo impulso se lo podría comparar tentativamente con lo qué se vivió con el regreso de la democracia, a comienzos de la década del ochenta. En ese entonces, la Franja Morada, el ala juvenil del radicalismo, era un polo de atracción e identificación política sobre todo en las universidades. Una buena parte de aquella juventud, se entusiasmaba cuando Alfonsín cerraba sus discursos de campaña electoral recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Así fue que el peso de la militancia en la Franja fue creciendo numéricamente, en especial a nivel universitario, y fue grande en aquellos años de primavera democrática.

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Entierro de Kirchner Si este ejercicio de la memoria lo trasladamos a los setenta, también podríamos encontramos con un estado diferente de politización en la sociedad. Había un fuerte contexto de compromiso político que impregnaba los aires revolucionarios de aquellas décadas. Una politización apasionada entre los jóvenes; militar y ser parte de una organización era algo común, no era visto como algo raro. El espíritu de transformación radical, en sus diversas vertientes, anidaba la búsqueda de aquellos jóvenes. La política era la herramienta ineludible para el cambio social. Esta concepción de la política como palanca para la transformación social fue mutilada durante la dictadura. Con los militares en el poder y en los primeros años de la democracia, el neoliberalismo pacientemente fue construyendo una concepción diferente de la política. Durante el gobierno radical de Alfonsín la política comenzó a tener otro rol, de ser una palanca para la transformación social, la misma fue cambiando de sentido. Comenzó a tener peso la idea de asociar la política a la gestión de lo público, con un discurso centrado

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en la necesidad de la eficiencia de sus actos, y con fines puramente administrativos. Esta noción tuvo su momento de esplendor en el menemismo, con candidatos a puestos políticos que provenían de otros ámbitos ligados al deporte y la farándula. Esta concepción que parecía superada, es una herencia que aún sigue vigente y hace parte sustancial del discurso de la derecha y de los nostálgicos de las bondades del mercado. Este pensamiento fue acompañado de otra máxima que se fue forjando desde el golpe del ´76: la ineficiencia y la corrupción ontológica del Estado. En la década del noventa, durante el menemismo, lo conocido: reformas estructurales, privatizaciones, nuevo rol y relación del Estado con la sociedad. El desplazamiento de sentido de la política era un hecho, la relación era de un profundo distanciamiento, escepticismo y rechazo a la partidocracia y a los políticos en general. En el 2001 esa relación hizo eclosión, las asambleas populares, las fábricas recuperadas, los piqueteros y los diversos movimientos sociales, intentaron a su manera,


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experimentando, con límites y contradicciones, llevar adelante una política desde abajo que recuperara el sentido transformador de la misma. Sin embargo, con la llegada de Kirchner al poder se propuso otro tipo de concepción de la política. Una noción –al menos discursivamente– vinculada al conflicto y a la disputa de intereses, una disputa de intereses en los marcos del Estado y las instituciones. Este concepto de la política, que se expresa en una polarización permanente, en el debate que se genera cotidianamente en ámbitos laborales, universitarios, entre intelectuales, es en cierta medida una “novedad” porque propone en sus acciones una incidencia tangible para la vida de la gente. Esto se puede verificar en la acción del gobierno: la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la estatización de las AFJP, la Ley de medios, el matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo, son algunas de las medidas más importantes tomadas en estos años. Más allá de que se puede llegar a cuestionar o disentir hasta dónde verdaderamente hay choque y conflicto de intereses o una utilización instrumental de algunas de estas medidas, entiendo que se plantea un terreno de debate para los movimientos sociales. ¿Cómo posicionarse o intervenir frente a estas alternativas? Por un lado, una concepción neoliberal de “política limpia”, asociada a la gestión y/o administración de lo público, ligada a la eficiencia y contra la corrupción, que se expresa claramente en el macrismo y en buena parte de la oposición, y por otro, la politización/polarización que pregona el discurso del gobierno. Las diferentes expresiones de resistencia que surgieron contra el neoliberalismo tuvieron como una de sus características distintivas las nuevas prácticas y formas de asociación. Por el contexto en que surgieron estas organizaciones y la concepción de la política que desarrollaron, el predomino de sus acciones tuvo un signo defensivo; tanto los gobiernos de turno como el Estado eran puestos en el mismo plano en el rechazo y en el enfrentamiento por ser los responsables directos de las políticas de exclusión. Esa unificación

en el rechazo a los gobiernos de turno y al Estado llevó a que prevalecieran experiencias de contrapoder al poder vigente de ese momento. Había una lucha permanente y hasta la puesta en práctica de formas organizativas o comunitarias que en los hechos intentaban cuestionar el rol del Estado. Hoy el contexto es otro, la mezcla de esos planos –Gobierno y Estado– que en un momento fue inevitable, ahora se puede convertir en un obstáculo para idear políticas que puedan incidir en esta realidad. Desarrollar una nueva concepción de la política contempla necesariamente intervenir en la dis-

Desarrollar una nueva concepción de la política contempla necesariamente intervenir en la disputa abierta, que implica ocupar y pelear por espacios de poder incluso en los marcos institucionales puta abierta, que implica ocupar y pelear por espacios de poder incluso en los marcos institucionales, así como concebir herramientas político-electorales. Esto requiere asumir una concepción del Estado pensada más como un ámbito que expresa también relaciones de fuerza en conflicto. Aquí entiendo que hay un irresuelto en la relación con el Estado, en cómo afrontar este nuevo contexto –de fuerzas en pugna– para no caer en opciones que oscilen entre la cooptación, el sectarismo o el aislamiento.

Este reto no es sencillo, cómo no quedar prisioneros del contrapoder como política y forjar una alternativa al poder real. Opino que es un desafío por resolver, poner en acto otra idea de la política que permita intervenir e incidir desde una identidad no dogmática. Pienso en el proceso que desembocó en la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, y también, por qué no, a diferente escala, con distintos tiempos y particularidades, en el nuevo sindicato de los trabajadores del Subte, o en el trabajo desarrollado por los bachilleratos populares. La singularidad de estas experiencias, completamente diferentes entre sí y heterogéneas en múltiples aspectos al interior de las mismas, es que en su devenir nos muestran intentos de una política o un “hacer política” diferente. En la disputa de sus intereses establecieron alianzas de distinto tipo y alcance; en algunos casos transitoriamente, fueron convergiendo con sus diferencias a cuestas en espacios comunes de unidad. En sus confrontaciones, contemplaron y contemplan los ámbitos institucionales/estatales como instancias ineludibles y necesarias en la negociación para la búsqueda de sus objetivos. Este tipo de práctica política es diferente al contrapoder que –con sus variaciones– signó las acciones de los movimientos sociales. La reflexión no apunta a negar o desacreditar esas experiencias valiosísimas, tampoco al infinitamente repetido “hagamos como….”, un clásico de la izquierda partidaria, sino a reconocer, identificar las lógicas, los mecanismos que permitieron conjugar la identidad y la construcción de estos espacios. Es en este sentido que estas experiencias pueden ser una referencia a tener en cuenta con respecto a otras batallas por venir, como es la educación, las luchas contra la minería a cielo abierto, la legalización del aborto o la lucha por la identidad de género, que apuntan a un mejoramiento efectivo de las condiciones de vida.

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Una tarea posible Corriente Universitaria Rebelión

lantear como tarea la construcción de una alternativa política implica, en primer lugar, preguntarse en qué consiste esa construcción. Es decir, ¿qué es la alternativa política? ¿Alternativa a qué? Como es habitual, es mucho más fácil responder por la negativa. Desde nuestra perspectiva, alternativa política no implica una alianza entre diversas organizaciones que compartimos una mirada, ni una expresión electoral de nuestro proyecto. Si bien ambas son aportes fundamentales a la hora de dar una disputa por el cambio social, es mucho más que eso. Cuando hablamos de alternativa, hacemos referencia a esa construcción capaz de expresar los intereses y necesidades del campo popular y por lo tanto, la necesidad de forjar una nueva sociedad. Esto es, antagónica con los “valores” vigentes: individualistas, patriarcales, capitalistas. En síntesis, entendemos que la construcción de alternativa política es parte de nuestra estrategia de transformación. Desde esa mirada, sólo podemos pensarla en relación con la construcción de poder popular. En otras palabras, alternativa política no es igual a poder popular, pero la construcción de poder popular implica desarrollar una alternativa política, y ésta no es posible sin aquel que la sustente, la llene de contenido, le dé vida. Por otro lado, somos conscientes de que esta perspectiva corre el riesgo de convertirse en “excusa” de nuestras propias debilidades. La ausencia de una alternativa política puede jugar el papel (y se ha hecho más de una vez) de la causa de nuestros fracasos. Ese tipo de lecturas implican dos tendencias que debemos evitar. En primer lugar, esconde detrás de su enunciación los propios errores y falencias, desterrando la autocrítica de la práctica política. Al mismo tiempo, clausura las posibilidades transformadoras

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de cara al futuro. Sin dudas, si en diciembre de 2001 hubiese existido en Argentina una construcción popular de las características que estamos pensando, el resultado hubiese sido distinto y, sin intentar afirmaciones contra-fácticas, la trayectoria de la construcción de poder popular (y su contracara, la reconstrucción del poder hegemónico) hubiesen sido muy distintas a nuestra historia de los últimos 10 años. No obstante, estamos convencidos de que el de 2001 es un proceso que aún se encuentra abierto, y aún debemos leer las tareas políticas de la etapa con un ojo en esa experiencia histórica. La construcción de alternativa política fue nuestra mayor debilidad al momento de lograr complementar el “que se vayan todos” con un “que venga una nueva sociedad”. Sigue siendo hoy nuestra tarea. Las experiencias recientes nos demuestran que es necesario, pero sobre todo, que es posible. En los últimos años viene madurando un espacio político y social que se caracteriza por definirse anticapitalista, por vislumbrar el socialismo como horizonte y por asumir las tradiciones de lucha y organización populares de un modo no dogmático. Desde esa perspectiva, es necesario desprenderse de todo determinismo y esencialismo a la hora de pensar una estrategia política. Se plantea la necesidad de dar una disputa “integral”, de derrotar al capitalismo en todos sus aspectos: económicos, sociales y culturales. El Che decía que no le interesaba el socialismo si sólo significaba una mejor forma de distribuir los bienes. Intentando hacer honor a esa afirmación, es que debemos abordar la construcción de poder popular en distintos ámbitos. Entendemos que uno de ellos es la Universidad, no pensando en ella solamente como un ámbito de “formación” de posibles cuadros, ni un espacio donde se expresan cabalmente las consecuencias de las políticas de vaciamiento

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de los sucesivos gobiernos. Por el contrario, apoyándonos en las distintas experiencias históricas, entendemos que el desafío pasa por poner en pie un movimiento que tribute a un proyecto de transformación social. Construyendo la Universidad Popular En la Universidad no sólo se forman individualmente futuros profesionales, sino que se legitiman y se dotan de sentido esas prácticas que el sentido común luego naturaliza. Y, de manera dialéctica, las contradicciones propias del sistema capitalista se filtran en las prácticas universitarias de diversas maneras. Es decir que entendemos que la Universidad es una institución cuyo rol central es la producción de conocimiento y sentido en la sociedad, siendo un espacio privilegiado de los sectores dominantes no sólo para la construcción de los saberes necesarios para mantener el sistema de dominación, sino también para la construcción de subjetividades incapaces de cuestionar las relaciones de poder sobre las cuales se reproduce el sistema capitalista. En otras palabras, creemos que la Universidad cumple un rol central en la producción del tipo de sociedad que tenemos y también en el proceso de naturalización de nuestras condiciones de existencia a través de la producción de subjetividad y sentido común. Construir alternativa política en la Universidad excede en mucho la, de por sí difícil, tarea de organizar un movimiento capaz de “acompañar” al sujeto revolucionario, rol que desde otras tradiciones de la izquierda muchas veces se intenta que juegue al movimiento estudiantil. La disputa en este terreno implica la organización gremial de estudiantes, docentes y trabajadores no-docentes, pero al mismo tiempo, requiere abordar el plano de la producción de conocimiento. Partiendo de reconocer que la Universidad produce conocimiento en función y al servi-


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cio de un sistema, nuestra construcción, necesariamente, debe basarse en disputarlo. Qué profesionales se forman y egresan, qué conocimiento se produce, de qué manera y bajo qué lógicas se vuelven debates fundamentales, en tanto reproducen un sistema que queremos transformar. Por todo esto la construcción de alternativa en la Universidad debe necesariamente contribuir a la generación de una intelectualidad que sea parte de un proyecto popular que se imponga sobre el sentido hoy hegemónico de las clases dominantes. Esta manera de pensar a la Universidad y en particular al movimiento estudiantil, en tanto actor más dinámico hacia su interior, también se contrapone con la lectura que hacen otras organizaciones de izquierda (que calificamos como “tradicional”), en la que el movimiento estudiantil tiene como rol crear una relación de “exterioridad” con el actor político fundamental, donde su horizonte “transformador” se agota en el apoyo de las luchas que un sujeto revolucionario definido a priori lleva adelante. Si bien entendemos que no todos los sectores de la sociedad expresan de la a misma en l

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manera las contradicciones de la sociedad y que como decía Marx para las sociedades que analizó, en la nuestra también el actor fundamental es la clase trabajadora, entendemos a los estudiantes (y a los jóvenes en general) como portadores de los mismos conflictos: el capitalismo. En otras palabras no existe una relación de exterioridad Universidadsociedad, la Universidad es un producto histórico de la sociedad, por eso también creemos que el movimiento estudiantil no sólo se reduce a una disputa por la hegemonía social/cultural, sino también política en conjunto con los otros actores del campo popular. Las secuelas que dejó el neoliberalismo en la Universidad, son mucho más que económicas. Fracasados los intentos abiertamente privatizadores y de arancelamiento, ese modelo se fue incorporando poco a poco en la cotidianeidad académica. Esto es visible en términos de mercantilización del conocimiento (adaptación de carreras y contenidos al mercado, “venta” de servicios y asesoramiento a empresas, son sus aristas más evidentes), de condiciones de cursada y posibilidad de permanencia para las grandes mayorías de nuestro país (anulación o vaciamiento de todo lo referente a bienestar estudiantil como comedores, alojamiento, boleto, etc.) y de financiamiento para la educación superior. Ese avance del mercado sobre la educación superior tuvo su correlato en las herramientas organizativas del movimiento estudiantil. Más de una década de conducciones de la Franja

Morada en federaciones y centros de estudiantes, fueron vaciando poco a poco las instancias de organización gremial para convertirlas en centros de servicios, y una fuente de financiamiento para la conducción. De manera distinta, y con diferentes grados de avances, desde la izquierda se viene dando la disputa por recuperar esas herramientas gremiales y volver a dotarlas de contenido y de sentido, de volver a ponerlas al servicio de la defensa de la educación pública, pero también de su profunda transformación. Muchas veces fuerzas de izquierda lograron arrancarle a la Franja Morada centros y federaciones. Lamentablemente, sin embargo, algunas de esas experiencias fueron incapaces de revertir la lógica mercantil que la Franja había dejado en esos lugares, quedando “a mitad de camino” después de cambiar el signo político de la conducción. Nuestra experiencia reciente nos demuestra que ese nuevo espacio político, del que nos sentimos orgullosamente parte, viene encarando esa disputa, de manera integral. También con distintos niveles de éxito, venimos encarando la tarea de transformar nuestros centros y federaciones, con el horizonte de volver a poner en pie un movimiento estudiantil capaz de luchar por sus reivindicaciones directas y, al mismo tiempo, aportar a la construcción de ese proyecto transformador con el que soñamos.

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Entrevistas

Enfrentar la precariedad laboral:

Desafío para la acción colectiva ucho se ha dicho sobre el crecimiento del empleo ligado al desarrollo económico del país, luego de finalizada la etapa de la convertibilidad. Sin embargo está ausente del relato oficial la discusión alrededor de la situación de los trabajadores que han ingresado o reingresado al mercado laboral. Hemos entrevistado a Oscar Martínez del Taller de Estudios Laborales (TEL), que reflexiona sobre la continuidad de la flexibilización laboral y sus implicancias en la organización y en la conciencia de los trabajadores.

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flexibilización laboral legal o la flexibilización laboral de hecho se mantienen prácticamente inalteradas. Las condiciones de trabajo, todo lo que hace a la salud del trabajador se mantienen inalteradas o se han agravado. Con respecto a la recuperación del empleo se puede decir que han ingresado al mercado laboral miles y miles de personas, muchos de ellos jóvenes sin experiencia laboral y sindical. A nosotros nos dicen muchos compañeros metalúrgicos, bancarios, plásticos que un 60%, 70% u 80% son trabajadores nuevos. Y que esto plantea varios problemas. Uno, son compañeros sin experiencia, compañeros que por ahí

La Minga: ¿Qué implicancias pensás que tiene para los trabajadores que se insertaron en el mercado laboral, el período de crecimiento económico abierto desde 2003 en nuestro país? Oscar Martínez: Es indudable que el crecimiento económico desde 2003 o un poco antes, primero generó un aumento en el empleo y un ligero retroceso en el porcentaje, no en la cantidad, de trabajadores no registrados. A su vez, el desarrollo de las paritarias permitió algunas mejoras y hubo una recuperación salarial relativa, me refiero a los valores de 2001. Estamos en los niveles del 98, y si comparáramos con valores de los años 80 o 74, la cosa sería gravísima. Si uno lo ve en el mediano plazo, el panorama mejoró en este plano numérico estadístico. Pero si uno lo ve en el largo plazo de la historia argentina, la desocupación sigue siendo enorme y el trabajo no registrado sigue siendo muchísimo mayor que los valores históricos, aunque la mejora es innegable. Ahora, si vamos a la calidad del empleo creo que la cosa empieza a matizarse bastante. Todo lo que es la

por olfato de clase son capaces de llevar a cabo un paro y están dispuestos a pelear, pero desconocen por completo lo que es un estatuto o una paritaria. Y además, como ingresan a un mercado laboral flexibilizado y en condiciones de trabajo gravísimas en comparación con otras décadas, lo que hacen es naturalizar la situación. Muchos compañeros asumen que si trabajás un tiempo y luego te dejan en la calle es parte del mundo laboral. Que si trabajás y te enfermás forma parte de ese mundo laboral. Que te hagan quedar más horas o te cambien de turno es parte del mundo laboral. Hay un montón de cosas que uno discute en los

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talleres pero que para ellos es como hablarles de San Martín o de la Primera Guerra Mundial. Tal vez una de las tareas militantes más importantes es poder romper con esta naturalización de lo que menos ha cambiado en el mundo de trabajo que es la calidad del trabajo. Y acá hay que hacer una discusión fuerte. Cuando se habla de trabajo decente en términos generales, tanto desde el Gobierno como desde los organismos internacionales, se define a partir de que no sea trabajo en negro. Esto es absolutamente incorrecto. Si uno no trabaja en negro no quiere decir que se avanza en calidad, quiere decir sólo que es legal. Los trabajadores de las fundiciones, por ejemplo, que están trabajando con máquinas obsoletas y que revientan y que queman o matan a un trabajador. O los trabajadores de Paty que están en blanco pero que están obligados a limpiar las máquinas en funcionamiento que les atrapan un brazo y terminan amputados. O los de Fate que trabajan a ritmos intensísimos y terminan con problemas de salud. O los trabajadores de los call center que por la cantidad de llamados, porque tienen que mentir o por la presión de los supervisores terminan al año con ataques de pánico o con medicación psiquiátrica. ¿Esto es empleo de calidad? Sería un retroceso aceptar que por el hecho de estar dentro de la ley eso sea trabajo digno, trabajo decente o de calidad. LM: ¿Cuáles son para ustedes los rasgos esenciales y básicos de una situación de precarización laboral? OM: Nosotros, desde el TEL, en general partimos del diagnóstico de que si vos utilizás el término precarización para todo es casi como usarla como sinónimo de explotación capitalista, entonces es un concepto que no te es muy útil. Si tuviéramos que definir a qué nos referimos con precariedad, diríamos que tiene que ver con el trabajo en negro, con la flexibilidad, con la imposición de cambios de horario, con que te puedan despedir, con los contratos de prueba o las formas del trabajo eventual


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que es una figura legal utilizada de forma fraudulenta. Esto sucede incluso con el trabajo en blanco, dado el nivel de arbitrariedad patronal que hay, y un ejemplo claro son los call center. Vos podés estar en blanco pero cuando levantás la cabeza o te querés organizar mínimamente, quedás afuera. Entonces la precarización laboral sería una combinación entre flexibilidad contractual y arbitrariedad empresaria. Porque los trabajadores tercerizados no todos están en negro ¿y eso quiere decir que no son trabajadores precarizados? Los trabajadores de limpieza que un día trabajan en un lado, otro día los mandan a otro o un día les dicen esta semana no trabajás, no saben bien cuál es su empleador o no les respetan el convenio del sector en el que trabajan sino que les aplican el de comercio o el de la UOCRA. Estarán trabajando en blanco pero, ¿cuál es su capacidad de control de sus condiciones laborales? Casi ninguna. Entonces nosotros pensamos que más que enfocar el problema desde la perspectiva de la herramienta empresaria –si es flexibilización, si es tercerización o si es precarización– tenemos que ver el desafío desde el movimiento obrero. El desafío para el movimiento obrero es el conjunto de estrategias que logran dividir a los trabajadores, que logran hacerlos competir entre sí y enfrentarlos. Para nosotros el problema no es pensar la cuestión desde la herramienta empresaria, sino desde sus efectos en los colectivos de trabajo y cómo logramos revertir eso. LM: Muchas veces al abordar el problema se lo hace desde la lógica del capital, desde una lógica muy economicista. Vos ahora estás planteando qué repercusiones tiene dentro del colectivo de trabajadores. Como para poder ilustrar esa situación, ¿qué ejemplo se te viene a la mente?

OM: Un caso quizás muy conocido es el de los trabajadores del Subte. Si uno piensa hace 15 o 20 años, había trabajadores bajo convenio, trabajadores de más de 10 tercerizadas con distintos sueldos, convenios, contratados, etc. Lo mismo sucede hoy en las automotrices donde hay trabajadores efectivos, contratados, tercerizados, pasantes. Esto lleva a que lo que en realidad es un colectivo, termine siendo un mosaico de situaciones, en cuanto a lo que ganan, en cuanto a su convenio y en cuanto a lo que hacen. Esto es un enorme obstáculo para pensar la acción colectiva. Los casos más exitosos que conocemos pasaron por preocuparse por construir un nosotros. Preocuparse por construir un colectivo como tal. Si uno piensa en un delegado de hace 40 años, sabe que tenía una base y que llegado el momento de la lucha contra el ataque de la patronal su preocupación central era ver cómo respondía al golpe. Hoy en cualquier lugar de trabajo la primera preocupación de un delegado es lograr que quienes representa no se sientan enfrentados, no se sientan divididos, tener una representación del conjunto, no sólo de los efectivos. Pero para esto no hay recetas. Lo que sí, en primer lugar, es necesario correrse de ese reflejo sindical que hace que uno sólo se preocupe por los afiliados que están en su convenio. Después es ver cómo se logra que los efectivos no miren mal a los contratados, o que ambos no vean como ajeno al becario. Es una tarea que pasa desde la acción sindical hasta por reuniones, fiestas, asados. Por poder poner en común las condiciones laborales, en muchos lugares hasta se prohíbe comentarle al otro cuánto se gana. En esto influye muchísimo la posición del sindicato, si el sindicato colabora, si es una seccional, es una cosa; si la batalla la da sólo un cuerpo de delegados o una comisión interna es más difícil. Pero hay muchos más casos de triunfo de

los que habitualmente se saben, de al menos poder revertir esta división dentro de los trabajadores. LM: Desde hace unos meses hay un proceso de lucha en el Ministerio de Trabajo que pone en el centro el problema salarial y la precarización laboral. Teniendo en cuenta que en este caso el actor al que se interpela es el Estado, no es una patronal particular. ¿Cómo ves las perspectivas de lucha contra la precarización en el ámbito estatal? ¿Es solamente un problema gremial, o tiene un alcance mayor? OM: Yo creo que esto tiene dos facetas. Una es la situación concreta de los compañeros precarizados en el Estado. Lamentablemente el Estado a nivel nacional, provincial y municipal es el primer precarizador y funciona como efecto demostración. Otra es una perspectiva más amplia que son las transformaciones que se quieren hacer en el Estado, de las que se habla desde los 80. Uno de los grandes objetivos de los organismos internacionales es eliminar la estabilidad del empleo público. Como no han logrado hacerlo por la vía de la legislación, lo hacen por la de los hechos. La gente que tiene estabilidad se va jubilando y van quedando las distintas formas contractuales: monotributistas, locación de servicios, locación de obra, los distintos decretos que ahora reconocen algún derecho más, pero lo que está en juego es uno de los estandartes del FMI y del Banco Mundial, que es eliminar la estabilidad en el Estado. ¿Y cómo se hace? Se hace hasta diciendo: “¿Ven que estamos ayudando?” El discurso en muchos países es “está bien, reconocemos que había precariedad”, “reconocemos que era muy injusto tener a un trabajador con contrato de locación de servicios o locación de obra, ahora lo ponemos con un decreto por el cual le reconocemos cierta relación de dependencia, tal vez aguinaldo, tal vez vacaciones”, pero no le

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reconocen la estabilidad. Entonces en nombre de una mejora lo que están convalidando es un proyecto de largo alcance que es este cambio en el Estado. Y ahí, si bien todo accionar gremial es político, esto adquiere una dimensión política en un sentido más amplio. Así como es impensable para los trabajadores de la educación o de la salud pelear por sus reivindicaciones sin, a su vez, plantear un modelo de educación o de salud, creo que en el sector estatal es lo mismo, es impensable darse políticas para la lucha gremial sin a su vez acompañarlo de qué modelo de Estado queremos. LM: ¿Qué cambios a nivel cultural se ven con el recambio generacional actual de los trabajadores en los lugares de trabajo? OM: Es un debate muy interesante porque muchos compañeros de militancia más histórica plantean esto de “no sabemos qué hacer con los jóvenes”. A diferencia de la mayor parte de la historia del movimiento obrero argentino, este ingreso masivo se hace con una ruptura en la transmisión de un montón de tradiciones. Si pasamos de un 20% de desocupación a un número que, aunque incierto por lo que pasa en el INDEC, debe ser de por lo menos la mitad, estamos hablando de la incorporación de millones de personas que no atravesaron lo que en otro momento era un ingreso habitual al mercado laboral. Antes entrabas y te formabas con alguien más grande que vos que te transmitía cierta cultura laboral, el oficio y una cultura sindical. Acá están faltando las tres cosas, lo que abre un terreno en disputa enorme. No se puede generalizar mucho, pero los jóvenes entran sin experiencia, algunos con una cues-

tión inmediatista muy fuerte (el tema de la pilcha, el tema del plasma), otros por ahí por su formación familiar o barrial o por sus preocupaciones entran con intereses sindicales o políticos. Lo que hay que tener muy en claro es que es un terreno en disputa en primer lugar con la patronal. Las patronales han desarrollado infinidad de herramientas que lo que buscan es ganarle la cabeza al compañero. Acá hay una lucha en muchos casos exi-

"No se construye un colectivo laboral combativo con posibilidad de responder a la patronal de un día para el otro" tosa para que el trabajador se ponga la camiseta de la empresa, desarrolle el individualismo bien propio de los 90, tome a los demás trabajadores como competidores y no piense en términos colectivos ni de futuro. Después hay otra disputa que es entre las distintas corrientes que forman el movimiento obrero. Lo que podemos llamar sindicatos tradicionales también ven esto. Todos tienen esta preocupación y todos tienen el problema de qué hacemos con esto. Hay un final abierto, pero creo que están surgiendo decenas o centenares de activistas, con mucha polenta, con mucho ímpetu. A veces al no haber tenido esta transmisión sindical no miden el tema de los plazos y las medidas. A veces hay una cuestión del todo o nada bien propio del que también sabe que hay precariedad

y flexibilización y que lo pueden echar en cualquier momento, entonces no mide los tiempos de la lucha como se hacía en el pasado. A veces vemos que son luchas muy fuertes y valiosas pero sin poder medir los tiempos y que ahí hay una tarea que tienen o tenemos los que tenemos otra tradición, otra formación, otras preocupaciones, porque la construcción de la clase lleva tiempo. Cuando hablamos hace un rato de Subte, de FATE, de las seccionales estatales más combativas, de los trabajadores químicos como Praxair, son todos procesos que llevaron muchos años. No se construye un colectivo laboral combativo con posibilidad de responder a la patronal de un día para el otro. Esto le cuesta verlo a muchos jóvenes porque además no hay una noción de futuro laboral muy establecida, por este tema de la precarización. Es un territorio abierto, es una lucha abierta donde uno tiene que poner mucha energía y pensar que los saberes tradicionales muchas veces no sirven. Muchas veces el lenguaje o el accionar tradicional a los compañeros les es ajeno. Por ejemplo en los call center si vos entrás con un bombo hablando de compañeros, lo más probable es que todo el mundo te dé la espalda. Tenés que hablar de “chicos”, “chicas”, que parece una pavada pero que nos guste o no nos guste es así. Lamentablemente hay un triunfo ideológico de la burguesía que es que el sindicato sea mala palabra. También tenés que lograr que rompan esa desconfianza hacia el sindicato. Después discutiremos qué modelo de sindicato queremos, si hay que pelear contra una dirección o no. Pero el accionar colectivo y, sobre todo, el sindicato pasa a ser una mala palabra y ésta es una cosa que hay que pelear.

Trabajadores y Salud Laboral A la conquista de la salud en los lugares de trabajo Por Viviana Cifarelli, Hernán Rubio y Oscar Martínez La salud laboral ha sido impactada directa y fuertemente por la flexibilización laboral y los cambios en la organización del trabajo y la producción, sin embargo, aun no es reconocida como un tema prioritario y sólo es asumido por aquellos sectores de trabajadores mejor organizados. El camino recorrido junto a muchos trabajadoras y trabajadores para la defensa de su salud en los lugares de trabajo nos ha confirmado que cuando este problema se aborda en forma colectiva y organizada es posible arribar a soluciones concretas. En ese trayecto hemos acompañado también la reflexión y el debate sobre los principios y criterios que deben guiar esta tarea y entendimos entonces que era tiempo de sistematizar el conocimiento producido para ponerlo al servicio de la formación y la acción de delegados y activistas sindicales para la conquista de procesos y ambientes de trabajo seguros y que no enfermen. 18 • La Minga # 4 • Desde el sur del continente, por la revolución y el socialismo

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Los medios de la trata Acerca de la prohibición de avisos de “oferta sexual”

Florencia Rodríguez, del espacio Feministas Irreverentes

l pasado 5 de julio se firmó el decreto 936/11 que prohíbe “los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio”. Leído literalmente el decreto hace referencia a todos los medios mediante los cuales se promueve la explotación sexual (lo cual incluiría Internet y avisos en la vía pública, por ejemplo), pero fue reiteradamente anunciado como la “prohibición del rubro 59”, reduciendo su aplicación a la prensa gráfica y haciendo especial alusión al diario Clarín. Esto se debe a la forma en que se presentó este decreto, con alusiones reiteradas a la “doble moral” de los periódicos que condenan la trata de personas y páginas adelante ofrecen avisos de este tipo, y a la redacción misma del decreto, en el que –con excepción del artículo primero antes citado- se hace referencia única a la prensa gráfica. El decreto se planteó como una medida que tiene como objetivo erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual, apoyándose en tres leyes principales: la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la trata de personas sancionada en el año 2008, la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del año 2009, y la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual del mismo año. Esto implicaría que el Ejecutivo entiende la trata de personas como una forma de violencia contra las mujeres, y que los medios de comunicación tienen responsabilidad (en algunos casos diríamos complicidad) con respecto a la trata de personas, en tanto los avisos clasificados facilitan la canalización de la demanda. Sin embargo, el decreto fue emitido en el marco de una ley de trata que tiene, no errores o fallas, sino más bien una perspectiva de base adversa para las

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mujeres. En primer lugar, porque refuerza la distinción entre prostitución libre/adulta y prostitución forzada/infantil. De acuerdo a la ley vigente, las mujeres mayores de 18 años deben demostrar que su “reclutamiento” fue forzado, es decir, que no hubo consentimiento de su parte, algo de lo que las víctimas menores están exentas de hacer. En segundo lugar, porque desde la sanción de la ley se han abierto pocas causas judiciales, y en general han tenido poco alcance. Es decir, en la medida en que las investigaciones se agotan en la clausura de prostíbulos y la detención de unas pocas personas, y no siguen las ramificaciones de las redes, aquellos vuelven a funcionar con los múltiples recursos (financieros, de protección y de personas) que poseen. Por otra parte, la apertura de estas causas judiciales dependió en su mayoría de la denuncia de mujeres que han logrado escapar de las redes, lo cual demuestra el bajo nivel de prevención alcanzado, uno de los elementos centrales de la ley –al menos en su letra escrita-. Y en tercer lugar, porque –como han denunciado las organizaciones de mujeres y feministas- la atención de las víctimas es deficiente, y su seguimiento, la necesidad de volver a una casa y a un trabajo, no son cumplidos. La propia Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) ha aceptado que “la convocatoria a organismos de asistencia a víctimas del delito de trata de personas no es una práctica extendida y generalizada (…) en no todos los casos las víctimas han contado con asistencia psicológica y jurídica al momento del rescate ni con posterioridad a él”1. El impacto sobre la vida de las mujeres Desde nuestra perspectiva, el impacto de este decreto sobre las redes de prostitución es limitado. Los avisos publicados en la

prensa gráfica persiguen dos fines: por un lado, y en su mayoría, son utilizados para la oferta de “servicios sexuales”; y por otro, en menor medida, para reclutar mujeres publicando avisos camuflados de ofertas laborales. Con respecto al último caso, el efecto es mínimo ya que el 83% de los reclutamientos lo hacen directamente personas del lugar de origen de las víctimas, y solo el 7% se realiza a través de la prensa gráfica2. Con respecto a los avisos de oferta, es dudoso que una medida prohibitiva logre efectivamente desalentar la demanda. Por otro lado, es la demanda –y no la oferta- la que sostiene el circuito de la prostitución y la trata, de modo que la manera de cortarlo no es eliminando por decreto la oferta gráfica sino desactivando la demanda. Pero si tenemos una ley que institucionaliza la idea de que mientras no sea menor de edad, la demanda es inofensiva, difícilmente un decreto pueda frenarla. La mayoría de las voces que dieron su opinión sobre el decreto han acordado en la insuficiencia de la medida para combatir efectivamente la trata de personas con fines de explotación sexual. Pero también muchas acordaron en la potencia visibilizadora del decreto y el efecto de des-naturalización que produce en relación a la prostitución. El retiro de este tipo de avisos es una reivindicación histórica del movimiento de mujeres y feminista, aunque el gobierno nacional no haya hecho referencia a la genealogía de estas luchas, que por cierto aspiran a mucho más que la medida a la que nos estamos refiriendo. El decreto sí tiene una consecuencia visible y material en relación a las ganancias millonarias que los avisos clasificados le suponían a los medios de comunicación. Aunque a casi un mes del decreto cualquier mirada superficial logra encontrar avisos camuflados en la sección “Ofertas Laborales” o “Solos y solas”, es indudable

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que en este aspecto la medida sí logró algún efecto, como lo ha demostrado el amparo judicial que al menos un diario provincial presentó en relación a esta prohibición y en nombre de la “libertad individual” y “de prensa”. Pero la “libertad” de los medios de comunicación para vehiculizar y producir estereotipos de mujeres sexualmente pasivas y/o cuerpos hiper-sexualizados sin voz debe ser impugnada. La imagen de los proxenetas divertidos que administran mujeres-objeto agradables a la vista hetero-masculina se repiten diariamente en los medios masivos, banalizan la explotación sexual y califican de moralistas a quienes la condenamos. La sexualidad es un campo de batalla permanente y privilegiado para el movimiento de mujeres y feminista, históricamente ligado a la autonomía y la liberación. Esa batalla no puede ser pensada en los términos de pro/anti sexo, como si se tratara de un dilema moral y, por ende, difícil de resolver. Es una batalla social y política porque involucra a la materialidad de nuestros cuerpos, a las posibilidades que tenemos de decidir autónomamente. Pero lo que se pone en juego en la machocultura mediática no es la sexualidad “en sí” sino el poder naturalizado de los hombres heterosexuales sobre las mujeres. Una discusión de fondo La prostitución no es la profesión más antigua del mundo –ni un “fenómeno” desvinculado de las condiciones sociales e históricas– sino la opresión de género/clase más persistente que se haya conocido, basada en la expropiación de la

autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y su exclusión del trabajo productivo remunerado estable o no precarizado. Las redes de prostitución crecieron significativamente en la década del 90, en un momento de aumento de la pobreza y el desempleo. Esta coincidencia temporal no es casual: para las mujeres, que históricamente tuvieron –y siguen teniendo- un menor nivel de participación en el mercado laboral y una brecha salarial en su contra, a lo que se suma el trabajo doméstico no reconocido ni remunerado, el desempleo y la sub-ocupación tuvieron un impacto mayor, reforzando su sobre-representación en trabajos “típicamente femeninos” que son a su vez los más precarizados. La prostitución, como sistema, explota estas desigualdades que pesan sobre el cuerpo de las mujeres y las travestis: son al mismo tiempo las más pobres y las que mayores posibilidades tienen de llegar a las redes de prostitución. Del otro lado de la desigualdad, estas redes constituyen un negocio altamente lucrativo. Involucran a un número extenso y variado de actores, desde los reclutadores, proxenetas y regentes de prostíbulos hasta los que demandan y apuntalan el crecimiento y circulación de la cantidad de mujeres explotadas (los “clientes”), pasando por aquellos que aseguran recursos y protecciones indispensables para la existencia de las redes, como funcionarios estatales de todos los niveles, inspectores (para habilitaciones de locales), personal

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de las fuerzas de seguridad (para documentación falsa, protección e incluso administración de prostíbulos), 3 de empresas de transporte (para los pasajes de traslado) y de telefonía celular (para proveer líneas “seguras” de comunicación). Frente a esto, es indispensable una reforma radical de la ley de trata, que elimine la noción de “consentimiento de la víctima”. Además, se hacen necesarios más recursos que sostengan las investigaciones y el acompañamiento a las mujeres, niñas y travestis rescatadas. Por último, es urgente visibilizar y luchar contra la complicidad y el involucramiento de funcionarios y fuerzas de seguridad. Para el movimiento de mujeres y feminista esta es una nueva oportunidad para continuar las discusiones sobre la prostitución, los vínculos que las organizaciones mantenemos con el Estado, y los medios que nos damos para luchar contra la explotación sexual.

1 Informe sobre la primera etapa del relevamiento de casos judicializados de trata de personas. Ministerio Público de la Nación. Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. 2 Ídem 3 En junio de 2010, el propio jefe de la División de Trata de la Policía Federal, Jorge Omar Fernández, fue acusado de ser parte de una asociación ilícita que se dedicaba a pedir coimas y a regentear prostíbulos, por lo que fue separado de su cargo.


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Entrevistas

Derechos humanos:

Por un diálogo entre

el

pasado

ntrevistamos a Alcira Daroqui, actualmente directora de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), investigadora del Observatorio Nacional de Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH). Es autora de numerosos artículos y coautora de los libros La niñez ajusticiada, Erase una vez... un tribunal de menores, Voces del encierro y Mujeres y jóvenes encarcelados en la Argentina, Cuerpos castigados, Muertes Silenciadas, entre otros.

y el

presente Arruga. Hay una serie de detenciones en las que el chico pasa por comisarias, es golpeado e intimidado en forma permanente por la policía y eso ni llega a la Justicia.

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La Minga: ¿De qué se trata tu compromiso en la investigación del sistema penal? Alcira Daroqui: Desde hace más de 20 años nosotros estamos trabajando, desde la carrera de Sociología de la UBA y desde el Instituto Gino Germani con la idea de que hay que producir conocimiento sobre las agencias del sistema penal, ya que son quizá la parte más oscura del orden social dominante, donde es muy difícil de penetrar, donde la producción de información, no sólo de este gobierno sino histórica, es absoluta e intencionalmente deficiente. Nuestro compromiso es tratar de hacer visibles las prácticas y los discursos que atraviesan, que circulan por las agencias del sistema penal: la policía, la Justicia, los institutos y las cárceles. En definitiva, tratar de hacer conocer lo que sucede y vincularlo concretamente con una proyección política en defensa de los derechos de las personas que atraviesan y que son atravesa-

das por el sistema penal. La idea nuestra, digo nuestra porque somos un equipo, es la de producir conocimiento con un sentido militante, siendo muy rigurosos y científicos. Esto porque me parece clave: nosotros como sociólogos investigamos y lo que nos interesa es que lo que hacemos tenga un respaldo, que pueda ser refutable en términos político-ideológicos pero no en términos de rigurosidad. No puede haber nunca un sistema penal que no responda al orden social dominante, eso es inviable. Desde la historia del surgimiento del capitalismo hasta ahora, el orden social ha tenido claro a quién persigue el sistema penal, que no son solamente quienes están en las cárceles, sino que además existe la agencia persecutoria y de control social sobre los sectores pobres: la policía, que es la que tiene mayor contacto en el territorio, que avanza sobre aquellos sectores que quizá no llegan ni a judicializarse, ni a estar encerrados. En ese sentido Luciano Arruga es un ejemplo, pero hay muchos chicos como Luciano

LM: ¿Qué tiene que ver ese trabajo que ustedes hacen con los derechos humanos? ¿Qué continuidades y rupturas observan con la dictadura? AD: Nosotros hemos sido, somos, militantes de derechos humanos en relación con los terribles crímenes de la dictadura, pero justamente lo que tratamos siempre es de ver el sistema penal en relación y en función al orden social sin reducirlo a un período determinado. Por supuesto que la dictadura tuvo su punto más álgido y más impactante en términos de violación sistemática de los derechos humanos, pero el sistema penal los viene violando desde su nacimiento. Miremos la gente en la década del 20, del 30. ¿Quiénes iban a la cárcel de Ushuaia? ¿Por qué se creó Rawson? Todo eso fue antes del ‘76. La picana se creó en 1934, y la creó la policía, no el ejército, y picaneaba a cuanto obrero, anarquista o socialista fuera contestatario al orden establecido. Entonces no podemos soslayar el impacto feroz que tuvo la dictadura al aniquilar a amplios sectores más contestatarios y con un proyecto político diferente, pero por otro lado no podemos reducir la cuestión a la dictadura y entonces pensar los derechos humanos sólo en términos de lo que se violó durante la dictadura, como si en estos 30 años de democracia esto no estuviera existiendo. En el Foro Nacional de Educación decíamos con Nora Cortiñas: pongamos en diálogo la defen-

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sa de los derechos humanos del pasado con los del presente. Ver por supuesto también las diferencias y las continuidades, y que esos matices que podemos encontrar son significativos pero que cumplen una función muy similar respecto de a quiénes va dirigida la represión penal. Hoy no pueden ingresar a las cárceles los organismos de derechos humanos ni las organizaciones sociales como deberían ingresar, hay todo un oscurantismo en el encierro que sigue siendo el mismo. Esta fuerte obstaculización que existe para que se conozcan sus prácticas, sus discursos, el despliegue que realmente tienen en el hacer cotidiano es una continuidad. No se ha avanzado en la producción misma de información del Estado. Nosotros hemos podido reconstruir hasta tipos de torturas, de castigos físicos, hemos podido reconstruir tipologías a partir de los relatos de los presos, y como justamente sabemos que eso puede ser cuestionado, relativizado o ninguneado, lo que hacemos siempre es tener un respaldo empírico. A su vez, hay un montón de cosas que los presos no las dicen por pudor y vergüenza, y otras tantas por algo que también es muy grave, y habla de que el sistema va contra los más pobres, que es la fuerte naturalización de ciertas prácticas de la violencia. A nosotros nos costaba mucho preguntarles: ¿cuándo vos entras a la cárcel te pegan? Sí, te dicen, pero cuando les decías, ¿te dan la bienvenida? No, ¿pero no te pegan? Ah, eso sí, siempre. Esta naturalización hace que cada vez se vaya abriendo más la brecha, y de que es muy difícil, porque rompe las posibilidades de la constitución de un colectivo, que puedan decir algo sobre ellos, de hecho hace más de 10 años que no hay un solo motín, y no es casual. LM: Es decir que no se trata de “casos aislados”… AD: Claro, porque es institucional, no es un policía o tal comisaría de una zona,

hay matices pero pasa lo mismo, nosotros hicimos para una investigación quince entrevistas a personal de comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, en todas te van respondiendo más o menos lo mismo, lo hace desde el director hasta el carcelero, del comisario hasta el agente, bueno, ¡caramba, es generalizado! Nosotros ampliamos el concepto de tortura. No es solamente la picana o el golpe. Tortura son las condiciones de vida dentro de las cárceles, la no asistencia a la salud, el dolor físico, la mala alimentación o el hambre. Se matan o se acuchillan por hambre los presos. En las cárceles y en las comisarías hay tortura, es una práctica institucional absolutamente generalizada. No hay negligencia, ni abusos, ni excesos: hay una práctica sistemática contra las personas capturadas por el sistema penal. Lo hacen todos los actores de la institución, es sistemático, es regular, eso define una práctica que además le tenés que plantear su historicidad, porque si no parece que pasa ahora, o que es un producto de la dictadura, y yo me imagino que habrá prácticas que seguramente se “mejoraron”, o “sofisticaron” gracias a los laboratorios que terminaron siendo esos campos de secuestro y detención, pero son prácticas que reconocen su historicidad. Por supuesto que prácticas tristemente novedosas, pero lo que estoy diciendo es que la represión, la vulneración de derechos, la degradación, la humillación, el sufrimiento físico, se encuentran inmersos en las prácticas de las agencias del sistema penal de la modernidad. Por supuesto que la producción de sufrimiento y aniquilamiento reconoce su desarrollo a lo largo de toda la historia, pero no olvidemos que la “modernidad” venía a “traer” un proceso civilizatorio en el que una parte importante era la “humanización” del sistema penal. Sin embargo, lo que observamos sistemáticamente es que hay intencionalidad de ocultamiento de las prácticas del sistema penal, una intencionalidad de vulneración de derechos sobre determinados sectores. Supongamos que por ahora no hay otra forma de penalidad que veamos que no sea el encierro. Yo no estoy de acuerdo, pienso que las cárceles hay que cerrarlas a todas, pero bien, ahora, ¿hace falta además el suplemento punitivo cotidiano de no dar de comer, de golpear? ¿Hace falta que al pibe lo castiguen, que le gatillen en la cabeza, que lo golpeen y se muera y entonces lo tiren por ahí? Yo en esto interpelo a este gobierno y a cualquier otro. Podemos discutir otras formas de punición y de castigo. Pero, ¿y mientras tanto? ¿Qué vas a hacer con estos suple-

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mentos punitivos cotidianos que se viven adentro y afuera, para determinados sectores o edades? ¿Los vas a seguir legitimando? LM: Hay un tema que es constantemente reproducido en los medios de comunicación y el mundo político, especialmente en el marco de las elecciones. Desde tu perspectiva: ¿qué es la inseguridad? AD: Yo no creo que tenga relevancia, me parece un invento que salió fuertemente a partir de la implementación del nuevo modelo capitalista, que se llamó neoliberalismo, que es la reconfiguración del capitalismo para salvarse de su crisis en la década del 80, y lo que hizo muy hábilmente en términos de producción de discurso político es reducir la seguridad e inseguridad a la cuestión del delito mientras iba produciendo un sistema de inseguridades en el plano de lo económico, lo social, lo personal, esa inseguridad ontológica, casi esencial, esa pérdida de seguridades que nos había dado de alguna manera el Estado de bienestar, aunque claro que acá llego de alguna manera, no como el europeo, pero llegó. Esos soportes securitarios de nuestra vida en sociedad fueron socavados, nos fueron transformando en sujetos permanentemente inseguros, en términos de inestabilidad laboral, de no tener acceso a la asistencia a la salud como debiera, o en términos de ir renunciado poco a poco a la educación pública porque no respondía a los intereses, sino a las posibilidades de organizar una vida en base a la escuela, y mientras fueron haciendo eso, ciertos sectores de la burguesía, ciertos sectores de operadores políticos, más los medios de comunicación, redujeron intencionalmente y con intencionalidad política la cuestión de la seguridad al tema del delito, y dentro del delito, al delito violento callejero, porque no


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es cualquier delito tampoco. El delito al que se refieren es el que constituye una amenaza violenta, como las placas que se están viendo en estos últimos días “me subieron a un coche”, “me llevaron”, “me gatillaron cuatro veces en la cabeza”, y atrás de eso viene una gran industria de la seguridad. Imagínense que en EE.UU. cotizan en bolsa las empresas de seguridad. El tercer empleador es el servicio penitenciario en EE.UU. La seguridad ha producido y ha generado mucho dinero, en términos de acumulación capitalista. Mientras que por otra parte se fue generando una exedencia social, una reducción del mercado de trabajo formal que hace vivir a la gente y a amplios sectores en un presente continuo. Vos pensá en una inseguridad mayor que ésa, que vivir en un presente continuo, que te obliga a garantizarte la sobrevivencia del día a día y, por lo tanto, anula la posibilidad de construir un sujeto político. Si lo único que pueden pensar amplios sectores sociales es qué y cómo van a comer hoy, eso es inseguridad. Marx decía: reducir el sujeto a la condición animal, defecar, fornicar y comer. Esta reducción de amplios sectores a la condición animal, es el desarme de ese sujeto político. Y ése es un factor de inseguridad terrible para esos sectores que no pueden encontrar una línea de acción colectiva para poder decir “esto no me gusta, a esto lo enfrento, esto no va”. En definitiva, el secreto más grande es cómo se gobierna a los sectores pobres. Y el capitalismo siempre lo hizo con el sistema penal, articulado con el mercado de trabajo que gobernabasobre la mayoría de los trabajadores. Hoy existen amplios sectores que están ligados a un mercado de trabajo flexibilizado, un mercado de trabajo informal, otro mercado de trabajo asistencialista, que en definitiva son políticas hacia la pobreza, las cooperativas y demás. Ahora hay cada vez más gente desprendida del mercado de trabajo formal, que antes era el gran sujetador, el gran disciplinador de los sectores pobres. Por esto aumentó la tasa de encarcelamiento en todo el mundo, hay un mercado reducido de trabajo para regular las relaciones de explotación. Es jodido ni siquiera estar explotado, porque vos podés reaccionar contra quien te explota, hay formas de organización colectiva. El sistema penal se relaciona con la constitución del “precariado”, es decir, con cómo construís una subjetividad precaria, una

subjetividad que diga: “Éste es mi lugar, no tengo otro lugar, no voy por otro lugar”. La precariedad es lo que atraviesa a ese sujeto en todos los sentidos: en vivienda, en educación. No es que no va a la escuela, pero va poco, de vez en cuando, pocas horas, la deja. No es que no tiene trabajo, trabaja un día, trabaja dos días, a veces trabaja. Esta es la batalla que han ganado, que no significa que la tengan ganada para siempre. O lo podemos ver del otro lado: la sensación de la derrota, desde el lado de acá. De todas maneras podemos dar

batallas, y para eso estamos nosotros. Pero debemos estar muy informados y comprometidos. Por ejemplo, hoy en día todavía existe un sistema de salud en la Argentina y es público, malo o bueno, pero existe. En otros países latinoamericanos no existe, no existió nunca y no va a existir. Por ejemplo un pobre afuera, porque voy a hablar del adentro y del afuera, es muy difícil que se muera de tuberculosis. En la cárcel es la principal causa de muerte. Esto es interesante: es el último rincón de constitución de la etapa final de lo que nosotros llamamos la exclusión, porque no es que a la cárcel van los excluidos sino que la cárcel es parte de ese proceso de exclusión. Afuera, si sos pobre, no te morís por TBC, es muy difícil, pero si sos pobre acá adentro sí te morís por TBC. Hay un paso más en la parte punitiva, donde se realiza esa parte que en el afuera no se realiza porque los pobres tienen otras instancias de solidaridad, que en la cárcel no. Por eso vuelvo al problema de la violencia, no de la seguridad e inseguridad, que es peor que el robo, el delito, o la expropiación de algo. El tema es la violencia, el no poder establecer una relación que no esté atravesada por la violencia. De lo único que se hace propietario a los pobres es de la violencia.

LM: ¿Qué pensás del vínculo que normalmente se establece entre la pobreza y el delito? AD: El par delito-pobreza tiene que ver con la gobernabilidad de determinados sectores, con la necesidad del orden social sobre determinados sectores, de vincular el delito con la pobreza, y de vincular un determinado tipo de delito, que es el robo, el hurto o el homicidio. El código penal tiene unas tipificaciones delictuales inmensas, y fijate que todo se reduce a 4 o 5, y que sólo las cometen los pobres. Los delitos de cuello blanco, cometidos por el empresariado, por funcionarios políticos del Estado, por particulares enriquecidos, no entran en la agenda del “tratamiento del delito y la inseguridad”. A nosotros nos interesa saber cómo se expresa la relación, siempre asimétrica, del jóven o del pibe chorro con la policía, qué le pasa y no le pasa. No le preguntamos al pibe chorro por qué robás o qué sentís cuando robás, ya que con ese interés de ver qué pasa ahí le terminás dando de comer a la derecha, porque los pibes no te van a contar cosas lindas, no es una vida linda, está llena de privaciones, de dolor y de violencia, y vos te vas a poner en vocero de las cosas feas que hacen. Me parece horroroso. Lamentablemente, si alguien entra siendo una persona con la violencia como modo de relación, ahí se acrecienta de modo exponencial. Si alguien entró por otro tipo de delito: una estafita, el paco, tráfico de droga…, para sobrevivir ahí adentro no hay espacio para la no violencia, no existe como posibilidad: es violencia. Hasta por interés egoísta la gente debería ser “cuidadosa” al pedir más encierro porque cuando salgan no te van a decir “disculpe señora me da la cartera”, porque es el todo o nada. Porque es vivir la muerte todos los días, y si es así, no te importa la vida del otro, sino te importa la tuya propia. Esto es algo sobre lo que hay que reflexionar seriamente. Primero los privo de todo y después los hago propietarios de la violencia, y nadie duda de que es probable que el ejercicio de la violencia en ciertos sectores sea más impactante en los últimos 20 años. Es tan complejo ese tema que por eso la simplificación delitopobreza-sistema penal es una simplificación que al orden social le ha salido bien siempre, el pobre, el delincuente, sigue dando resultados para la gobernabilidad de estos mismos sectores.

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Panorámicas

Resquebrajamiento del orden capitalista mundial

Grecia, epicentro de la crisis, de la Union Europea Ezequiel Haro

levamos ya cuatro años de crisis económico-financiera mundial, que en realidad visibiliza una de las dimensiones de la crisis global del sistema. En el último año, el epicentro parece haberse traslado a la zona del Mediterráneo. Primero se puso de manifiesto en los países del norte de África, donde se cruzaron las dimensiones económica, social y política, dando lugar a furibundas revueltas populares. Ahora, luego de una sucesión de acontecimientos durante los dos últimos años, la crisis pegó fuertes coletazos para instalarse definitivamente en el sur de Europa: Grecia, España, Portugal y en menor medida Italia, son noticia por los derrumbes bursátiles, la desocupación, la fuga de capitales, las deudas estratosféricas, los salvatajes a los bancos y los gobiernos, los ajustes, la crisis política y el crecimiento de las manifestaciones de descontento popular. Esta fenomenología que tan bien conocemos por el caso argentino, vuelve a evidenciar los límites y el resquebrajamiento del paradigma económico-político neoliberal que domina y ordena el flujo económico mundial (cada vez con más dificultades) desde los años 70 y que dio un salto en los 90, luego de la caída del Muro de Berlín (1989) profundizando su control a nivel global. A continuación, como un recorte, buscaremos indagar en el significado de la crisis griega para Europa y deslizar algunas hipótesis de cara al porvenir del viejo continente.

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Europa se desestabiliza desde su periferia La Unión Europea (UE) fue pensada y proyectada luego de la Segunda Guerra Mundial como una necesidad de las potencias vencedoras para establecer un orden continental que garantice la paz, pero sobre todo que permita niveles de unidad en función de la recomposición económica. Esto sólo pudo darse gracias al impulso de Estados Unidos con el célebre Plan Marshall, aunque el planteo de la necesidad de la unidad económica fue generando diversos espacios y momentos de confluencia política. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero fue el primer paso en pos de ese objetivo dado por seis países fundadores: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En 1981 Grecia pasa a ser el décimo miembro de la UE. Cinco años más tarde, se suman España y Portugal. Con la caída de los regímenes estalinistas (“campo socialista”) de Europa Oriental y Central, desde fines de los 80 y principios de los 90 se abre un vasto mercado potencial y una gran oportunidad de ampliación de la UE que no será desaprovechada. En 1993 culmina la creación del mercado único con las “cuatro libertades” de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. En 2002, con el lanzamiento de la moneda única, se consolida la unidad económica: el euro es la herramienta elegida para permitir la liberalización económica. Cuando se

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inicia la actual crisis, en 2007, ingresan los dos últimos países: Bulgaria y Rumania, conformándose así los 27 de la Unión. Pasados cuatro años, a mediados de 2011, vemos otra vez a Grecia al borde del default y ante la necesidad de un nuevo rescate a su economía, lo cual da cuenta de la crisis profunda de la periferia inmediata de los países centrales de Europa (fundamentalmente Alemania y Francia) que insinúan un porvenir incierto para toda la Unión, poniéndose al desnudo la profunda asimetría existente y los intereses del gran capital. El caso griego es paradigmático para ver que la sujeción de los países periféricos a los designios del capital financiero, a través de los mecanismos de la deuda externa y la especulación que se genera alrededor, está ligada a los límites de acumulación en la esfera de la producción. Se trata de un mecanismo ficticio para la valorización de capital.

Caso testigo de la crisis de acumulación En este apartado muy sucintamente daremos cuenta de que la crisis económica griega que se manifiesta en la incapacidad de afrontar la deuda externa contraída, no es más que un aspecto de la crisis de la Unión Europea en su conjunto. Responde a causas profundas enlazadas con la crisis mundial de acumulación capitalista. La forma que adopta la crisis en Grecia está vincu-


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lada con los mecanismos de inserción del capitalismo griego en la economía mundial y la particular interrelación con los países centrales de Europa, Francia y Alemania. El endeudamiento estatal, la caída de los precios de los activos financieros y la especulación se explican a partir de contradicciones estructurales. Los países periféricos de Europa, tal es el caso de Grecia, evidencian terribles dificultades para sostener el tipo de cambio y al mismo tiempo sostener los niveles de competitividad a nivel continental. Estos países cuyas economías se caracterizan por el predominio de capitales con baja productividad relativa, tienen una tendencia a establecer tipos de cambio real altos (moneda depreciada en términos reales). Es la forma de compensar, parcialmente, la desventaja tecnológica. Es decir, los tiempos de trabajo no alcanzan el tiempo de trabajo promedio que impera en la producción de determinada mercancía, determinados por aquellos países que poseen una mayor composición orgánica de capital. Pero esta compensación opera a través de salarios bajos en términos de la moneda internacional, al costo de encarecer la importación de tecnología y equipos. A partir de 2002, cuando el euro se toma como moneda a nivel continental, los niveles de productividad de su economía eran aproximadamente un 88% de la productividad promedio de la Unión Europea. Desde entonces la competitividad en Grecia (y otros países periféricos como Portugal, España, Irlanda, Islandia, etc.) se fue debilitando. Una de las causas principales de este deterioro progresivo se dio por la pérdida en la capacidad del control de cambio que le permitía compensar esa diferencia de competitividad, ya que se produjo una suba de sus precios internos al adoptar el Euro, una moneda fuerte. Una segunda causa fue la fuerte presión competitiva del capital alemán, una economía mucho más desarrollada, que además se vio beneficiada por el nuevo cambio. El efecto del Euro en Alemania fue a la inversa, significó una devaluación cambiaria en relación al antiguo marco. Un tercer elemento que jugó a favor del desarrollo y la competitivi-

dad alemana es el beneficio extraordinario que implicó la explotación del trabajo en el Centro y Este de Europa, fundamentalmente en los territorios de la ex URSS. ¿Cómo afrontó estos dilemas el Estado griego?¿Cómo financió el sustento del Euro y su desarrollo económico? Contrajo deuda pública financiada por bancos europeos. En primer lugar alemanes y franceses, y en segundo ingleses y griegos. Este mecanismo fue facilitado por el sistema de emisión del Banco Central de Europa (BCE). Éste tiene prohibido por su carta orgánica el préstamo de dinero a los estados bajo cualquier circunstancia. De todas formas, ante las necesidades de expansión del capital, de sostener el valor del Euro y salvar las fuertes asimetrías entre los distintos países europeos, encuentra mecanismos indirectos de regulación y compensación.

El BCE presta a los bancos privados si proveen un colateral (bien o activo que se da en prenda para garantizar el pago de una deuda), que debe estar constituido por bonos de gobierno con alta calificación o títulos similares. Los bancos europeos compranbonos gubernamentales griegos (o del país que sea), así mientras por un lado financian al estado para sostener su crecimiento económico y la moneda, por otro los entregan como colateral al BCE para financiarse a bajo costo, quedándose con una buena diferencia. El Estado griego, para sostener esta situación de precariedad financiera, llegó a fraguar sistemáticamente el estado de las cuentas fiscales para ocultar el rojo, lo cual grafica muy claramente el carácter ficticio de este mecanismo. Con la llegada de la crisis mundial en 2008, comenzó el freno en la entrada de capitales, y los efectos

de la recesión llegaron a los sectores más dinámicos de la economía Griega: la industria del transporte naval (ITN) y el turismo. Los números de la ITN impresionan: los armadores griegos poseen la flota más grande del mundo, representa ni más ni menos que el 16% de la capacidad naviera mundial. Por las presiones de la competencia y el aumento de la demanda, entre 2000 y 2006, invirtieron fuertemente en la renovación de la flota (financiándose con deuda, claro) con una fuerte expectativa de crecimiento. Ante la presión de la competencia y por el propio espiral especulativo la inversión continuó. Dada esta situación, con el estallido de la crisis mundial se pasó inmediatamente a una situación de sobreoferta generalizada, caída de precios de los fletes y desvalorización de los capitales invertidos. En 2009 la situación se agravó: el comercio mundial cayó el 12,2% (OMC) y los precios se hundieron. Esta situación también golpeó fuertemente al turismo, que constituye su principal actividad (representa aproximadamente el 18% del PNB; uno de cada cinco empleos depende del turismo). De conjunto, la economía griega se contrajo un 2,5% en 2009, y caería un 4,6% en 2010. La tasa de desempleo alcanzó un nuevo récord en el último trimestre del 2010 llegando al 14,2 %, consecuencia de la caída de la actividad económica y agravado a causa de las políticas de recorte para frenar el déficit fiscal, que profundizaron la recesión y provocaron más despidos. El problema social que genera la desocupación afecta particularmente a los más jóvenes, en la franja etaria de entre 15 y 29 años alcanza un 28% (ELSTAT). Con lo expuesto queda claro que si bien los banqueros y los especuladores hacen negocios espurios a costa de los estados, estos necesitan de sus viles servicios para financiar las economías, bajo este paradigma. Los países periféricos necesitan financiarse con deudas para “inflar sus economías” con el fin de sostener un crecimiento económico que le permita permanecer en la Eurozona. Por otra parte los capitales, que necesitan constantemente valorizar-

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se, lo hacen en la esfera financiera lo que les permite de alguna forma sobrepasar los límites de la acumulación que se imponen en el sector productivo. En suma, la crisis de la deuda se vincula a los problemas que enfrenta el capital para la generación y realización de plusvalía, la deuda es el mecanismo que encuentra para superar los límites de la acumulación1.

La crisis hoy Hacia mediados de 2011 ya llevamos un año y medio de Grecia al borde de la cesación de pagos. Las soluciones que están en danza son más de lo mismo. El FMI, la UE y los bancos no acuerdan las condiciones de la reprogramación de la deuda. De todas formas sus supuestos salvatajes nos son más que salvavidas de plomo, que patean “la solución” del problema hacia adelante. A mediados de 2010, en medio de la inestabilidad financiera, el BCE comienza a prestar a bancos privados a tasas del 1% mientras que a Grecia le imponía una tasa del 4% o 5% para préstamos a tres meses y del 12% para los títulos a diez años. La razón que se aducía era el riesgo de cesación de pagos. El riesgo, un año después, por supuesto ha aumentado, y la tasa de interés ascendió al 16,5%. Esto se da paralelamente a un paulatino proceso de traspaso de la deuda griega de los bancos privados alemanes y franceses a instituciones públicas, adivinen cuáles: el FMI, el BCE y los gobiernos europeos, lo que en definitiva implica que finalmente la carga de las obligaciones siempre recae en los contribuyentes, los pueblos europeos2. Por otra parte, el Estado griego, timoneado por el socialdemócrata Papandreu, interviene crudamente para ajustarse a los parámetros establecidos por el FMI y la Comisión Europea con el fin de recibir el “salvataje” financiero. Las medidas tomadas o anunciadas desde 2010 para cumplir con los requisitos son brutales recortes y ajustes que golpean con todo a las clases populares: congelamiento o reducción de hasta un 20% de los salarios y eliminación del aguinaldo para los empleados públicos, eliminación de 150.000 puestos de trabajo (de 700.000), recorte de las pensiones de un 7% en promedio y aumento de la edad jubilatoria de 60 a 67 años, de aquí a 2014. También se elimina el subsidio solidario para

desempleados de larga duración, empleados de bajos ingresos, jubilados, campesinos, etc. y se reducen los subsidios para discapacitados. Respecto de los impuestos, se aumenta el IVA del 13% al 23%, se crea un impuesto solidario del 1% al 4% según los ingresos y de un impuesto adicional del 3% para los empleados públicos. Finalmente, en materia de privatizaciones, se propone un amplio programa que abarca a todos los sectores donde el Estado tiene participación3. Este plan parece calcado de las medidas sugeridas por el mismo FMI y aplicadas a rajatabla por el menemismo en la Argentina, que terminaron con el derrumbe de la economía en el 2001, en medio de la rebelión social más importante desde la vuelta de la democracia.

Ayer Latinoamérica, mañana Europa La crisis griega hoy da cuenta de los límites de la UE como espacio político supranacional, como proyecto de bloque económico, evidenciándola como una burocracia pesada incapaz de salirse un milímetro de los manuales neoliberales. La situación de Grecia puede hacer peligrar la estabilidad del euro y generar una crisis en cadena que ponga en serio riesgo de default a España, Portugal e incluso a Italia, que se encuentran en situaciones similares de endeudamiento y aplicando las mismas recetas neoliberales. Si esto ocurriera, la UE corre serio riesgo de existencia tal como la conocemos. Diversos casos en Latinoamérica dan cuenta de cómo se fueron resolviendo situaciones similares de aplicación brutal de recetas liberales con deudas enormes. En algunos casos terminaron con la cesantía y reprogramación de la deuda como en Argentina, o en una salida más radical y correcta con la revisión de la deuda y el desconocimiento de buena parte de ella como en Ecuador. Estos resultados se dieron no por feliz iniciativa de los Estados (que en el caso

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de Ecuador fue mucho mayor) sino como resultado de las luchas sociales que pusieron en jaque a las partidocracias dominantes que aplicaron esas recetas y tomaron esas deudas ilegítimas, poniendo en evidencia su carácter explotador y antipopular. En el marco de la UE las luchas de las clases subalternas pueden cobrar cada vez más una dimensión nacional/continental y abordar las confrontaciones como luchas por la soberanía económica y política, afectando los basamentos de la comunión supranacional y buscando redefinir el sentido de la unidad de los pueblos europeos. Al mismo tiempo, la propia crisis económica afecta el futuro de esta onerosa estructura política trasnacional que cada vez más es vista como una carga pesada y una intromisión de los tecnócratas neoliberales en detrimento de las necesidades de los pueblos europeos. De cara al futuro, una revisión y redefinición del sentido de la Unión se impondrá por el propio devenir de las circunstancias. En Grecia hace dos años y medio el pueblo salía a las calles para pelear contra un gobierno derechista, ante el detonante que significó el asesinato de un joven adolescente por la policía. El gobierno tuvo que renunciar ante la presión popular. Desde entonces, y sobre todo luego del estallido de la crisis en 2010, fueron once las huelgas generales. Innumerables movilizaciones y protestas dieron cuenta de la resistencia del pueblo griego en las calles contra el embate neoliberal ahora impulsado por un gobierno socialdemócrata. Un sector activo impulsado por la juventud e importantes sectores de trabajadores sigue de pie. Su objetivo es doblegar a Papandreu y a los burócratas de la UE y el FMI. Queda claro entonces que está en manos de las clases subalternas la posibilidad de cambiar el escenario de este orden económico decadente para terminar con la economía mercantilista y explotadora, con la desigualdad social y también con la expoliación de los recursos del planeta. La lucha desde abajo puede imponer una economía política opuesta, que se proponga satisfacer las necesidades populares, utilizar los bie-nes comunes e intercambiar bienes y servicios sin las especulaciones y las mezquindades constitutivas de las lógicas del capital. 1 La crisis griega, Rolando Astarita, marzo 2011. http://rolandoastarita.wordpress.com/ 2 Le Monde Diplomatique, julio 2011 3 Ídem


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La crisis en los Estados Unidos Félix Grossman lecto a fines de 2008, con el escenario de la crisis financiera y económica y financiera desatada a principios de ese año a cuestas, Barack Obama no tardó en defraudar a muchos de sus electores, no sólo con sus promesas rápidamente incumplidas respecto de la política exterior y de defensa de los Estados Unidos, sino también con su política económica. Así, las recetas ensayadas para salir de la crisis mostraron resultados muy parciales: aunque después de una fuerte caída en 2009 el nivel de actividad en 2010 volvió a mostrar una evolución positiva, la tasa de desempleo se mantuvo entre el 9% y el 10%, siempre por encima de la registrada antes de iniciarse la crisis. También Obama mostró rápidamente qué intereses cuida esa política económica cuando en 2009 ofreció al sector financiero un salvavidas que no sirvió más que para recompensar a quienes, en primer lugar y de forma directa, eran los responsables de la crisis misma y que pocas esperanzas ofrecía a los cientos de miles de hogares que corrían el riesgo de perder su vivienda. Al mismo tiempo, el gobierno demócrata a la vez que no introdujo cambios en las exenciones impositivas otorgadas durante el gobierno de George W. Bush que beneficiaban a los sectores de más altos ingresos, apenas pudo aprobar una versión light de los cambios al sistema de seguro de salud prometidos antes de las elecciones, pensados para favorecer a adultos mayores y a los más pobres. Durante este tiempo, y con un presupuesto de defensa y seguridad que se expandía exponencialmente a la par de una pretendida guerra contra el terrorismo cuyos mejores resultados se vieron en las infames cárceles de Abu Ghraib, en Irak, o en la de la base militar de Guantánamo, no dejó de crecer el déficit público norteamericano, que puede sostenerse por el lugar que ocupa el dólar en la economía mundial, pero también por el financiamiento que obtienen los Estados Unidos de China, el principal origen de sus importaciones. Así, llegaron las elecciones legislativas de 2010, cuando los demócratas perdie-

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ron a nivel nacional y resignaron el control de la Cámara de Representantes y donde hubo un gran protagonismo de la extrema derecha del Partido Republicano, el llamado Tea Party. También en esas elecciones, el Partido Demócrata perdió once gobernaciones mientras que sólo ganó en cinco estados antes republicanos. Con ese panorama político, se llega a estos días, cuando el déficit público norteamericano se acerca nuevamente al límite autorizado por el Congreso, lo que obliga a Obama a negociar contra reloj un nuevo límite con los republicanos que controlan la Cámara de Representantes, mientras el mundo entero asiste a la posibilidad de un default norteamericano, impensado hasta hace poco tiempo, de impredecibles consecuencias sobre la economía mundial. Finalmente, se llega a un acuerdo, donde Obama capitula completamente ante las exigencias de la derecha republicana, que, impulsada por el Tea Party, pide un ajuste del gasto público no menos brutal que los exigidos por el Fondo Monetario Internacional a países del Tercer Mundo. Si bien se propone algún ajuste del gasto en defensa y una elevación de algunos impuestos aunque no de forma inmediata, la mayoría del ajuste saldrá del gasto social. Como en Argentina con Cavallo o López Murphy, como hoy en Grecia, quienes paguen el precio de la crisis serán los trabajadores y los más pobres. El ajuste afectará especialmente a empleados públicos, sobre los que se cierne la amenaza de despidos y rebajas de salarios; a los planes sociales y la ayuda medica dirigida a los más pobres; a la ayuda a los veteranos de guerra (que en USA se cuentan por millones); a los estudiantes que verán recortadas sus becas y al seguro médico para los adultos mayores. En el extremo opuesto, salen ilesos del ajuste, principalmente, los banqueros y las compañías petroleras, beneficiadas por las exenciones impositivas otorgadas por G. W. Bush, que Obama ahora accede a mantener aun cuando fueron blanco de sus criticas no hasta hace mucho tiempo.

Este ajuste del gasto, además, no hará más que empeorar las perspectivas de recuperación del nivel de actividad, lo que también será sufrido por los trabajadores en la forma de mayor desempleo y salarios más bajos. Ya después de las elecciones del año pasado, en muchos estados donde ganaron los republicanos, se empezaron a poner en práctica ajustes del gasto, que también recortaban primeramente el gasto social y en educación. Fue en Wisconsin, cuando el nuevo gobernador republicano intentó introducir recortes a los beneficios laborales de los empleados públicos, privándolos de la posibilidad de negociar colectivamente sus condiciones de trabajo, donde se manifestó más claramente la resistencia de los trabajadores que fueron a una larga huelga, apoyados por los estudiantes que también resultaban afectados por el recorte del gasto en educación. En Madison, la capital, y en otras ciudades del estado se vieron marchas multitudinarias, nunca antes vistas en ese estado, de hasta 100.000 personas, que fueron acompañadas por marchas y protestas en otros estados, donde se mezclaba la solidaridad con los trabajadores de Wisconsin con la destinada a la lucha de los pueblos de Túnez y de Egipto. Si bien finalmente la ley fue votada favorablemente en la legislatura estatal, las marchas y concentraciones continuaron y se vieron reflejadas en protestas en más de dos decenas de estados, donde mayoritariamente fueron docentes y estudiantes los protagonistas, en lucha contra distintas formas de ajuste en el gasto educativo. Las marchas y el paro del 1 de Mayo de 2007, cuando miles de personas se manifestaron en todo el país en contra de la política migratoria, y la huelga y las protestas en Wisconsin, marcaron los momentos más importantes en tiempos recientes de la lucha de clases en los Estados Unidos. Ante la brutalidad de este ajuste, tal vez asistamos a un renovado impulso de estas luchas. Tanto como en cualquier otro lugar, pero con la centralidad que le da estar en el corazón mismo del Imperio, y ante la amenaza que supone para la humanidad toda un futuro gobierno de la extrema derecha republicana, es en la lucha de los sectores explotados y oprimidos de los EEUU donde reside la única posibilidad de encontrar una salida la crisis.

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Nuestramérica

Las revueltas estudiantiles chilenas apuntan contra el neoliberalismo

¡El cobre por el cielo la educación por el suelo!

José Valenzuela, estudiante de la Universidad de Concepción

Los y las estudiantes chilenos vienen protagonizando extraordinarias movilizaciones que enfrentan al gobierno de Piñera y a sus aparatos represivos. Es que en Chile la educación pública y gratuita sigue siendo una reivindicación central asumida por diversos sectores populares. En ocasión de la “revolución de los pingüinos”, en 2006, conocimos a uno de sus voceros, José Valenzuela, hoy universitario, quien reflexiona sobre los actuales acontecimientos. as movilizaciones estudiantiles en Chile han constituido un proceso, un grito de descontento que no comienza este año, sino desde el mismo nacimiento del neoliberalismo en el país, donde el sistema educativo en todos sus niveles no estuvo ajeno. La dictadura militar en la década del 80 comienza a realizar reformas económicas estructurales de tipo neoliberal, traspasando a manos de sectores privados gran cantidad de empresas estatales, las más rentables y estratégicas, dejando principalmente en propiedad pública la empresa estatal CODELCO que hoy, gracias a la rentabilidad del cobre, es un ingreso fiscal fundamental. Así a partir de 1981 se determina el abandono del rol docente del Estado en un proceso de descentralización y privatización de la educación, lo que modifica el modo de financiamiento y administración del sistema educativo chileno, se crean los colegios particulares con subvención del Estado (lo que es finalmente el lucro de un particular con recursos públicos) se dividen las universidades estatales y comienza en forma sostenida la creación de instituciones universitarias pri-

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vadas. En este contexto se sitúa el comienzo de las luchas sociales y particularmente estudiantiles por la defensa de la educación pública. Sin embargo, pese a la resistencia de aquellos años, el fusil de la dictadura se impuso y dio paso al lucro de sectores privados, que es el punto central del cuestionamiento actual al modelo neoliberal en la educación. Pero ¿cómo se gesta este estallido de cientos de miles? Las razones están en la historia reciente, y la primera de las causas es que, durante los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura, el modelo económico neoliberal fue seguido sin cuestionamientos y la política nacional de desarrollo se mantuvo orientada al mercado y sus “maravillosos” beneficios, tal como pregonaba la derecha durante la dictadura. Esa derecha que en aquel período negro de la historia chilena se beneficiaba con las privatizaciones, actualmente volvió al gobierno después de una ausencia política de casi 20 años en la cabeza del Estado. El miedo, las consecuencias de la represión dictatorial, la desideologización y la ilusión de la democracia mantuvieron un silencio que se alargó durante

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toda la década del 90, donde el descontento social y el enfrentamiento al modelo económico fueron acumulándose con el paso de los años, para comenzar a hacerse visible en los primeros años del siglo XXI. La puerta fue abierta en 2001, cuando miles de estudiantes secundarios paralizaron Santiago para poner en discusión la administración del pase escolar, hasta ese momento en manos de los empresarios del transporte, que culminó con el traspaso a a ladministración estatal. Esa primera demostración de fuerza comenzó a hacer consistente la organización estudiantil y su poder de convocatoria. Cuatro años después, en 2005, fueron los estudiantes universitarios los que iniciaron una gran paralización en contra de la aprobación de la Ley de Crédito con aval del Estado, que creaba un sistema de financiamiento de los costosos aranceles de las universidades chilenas, tanto públicas como, sobre todo, privadas, mediante un crédito otorgado por la banca a cada estudiante que no tuviera los recursos para financiar sus estudios en la universidad. De este modo los bancos cobrarían a partir de dos años de egresados los estudiantes


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el dinero prestado con intereses muy elevados, que deberían ser pagados a 20 años. La lucha estudiantil contra esta ley fue de las más masivas que hasta entonces hubieran llevado a cabo los estudiantes universitarios chilenos, con grandes movilizaciones en las calles y tomas de las diferentes universidades en todo el país. El resultado de todo fue una gran derrota que terminó con la aprobación y entrada en vigencia hasta la actualidad del Crédito con aval del Estado. Al año siguiente, 2006, fueron los estudiantes secundarios quienes protagonizaron una de las luchas sociales de más amplia convocatoria en la historia de Chile, con alrededor de un millón y medio de jóvenes movilizados en paros o tomas en todo el país y con jornadas de protestas que superaban los 500 mil estudiantes en las calles. Las razones eran esta vez las condiciones estructurales del sistema educativo, particularmente la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) que normaba el funcionamiento de la educación en Chile: la demanda era la modificación de esa ley exigiendo que la administración de los establecimientos educacionales públicos secunda-

rios pasaran a manos del Estado, que se aumentara su financiamiento y se fortaleciera así la educación pública chilena, que es administrada por las más de 300 municipalidades en todo el territorio nacional, las cuales pueden escasamente financiar la educación y la administran deficientemente, llevando al cierre paulatino de las escuelas y liceos públicos por falta de estudiantes, ya que se cambian al sistema particular subvencionado por la mala calidad del sistema municipal. La movilización de entonces, la denominada “revolución pingüina” movilizó a miles e instaló en el imaginario de la sociedad chilena la necesidad de reformas profundas no sólo al sistema educativo, sino también al modelo económico que lo sustenta: el neoliberalismo en Chile comenzaba a hacerse visible como el problema. Después de alrededor de dos meses de intensa movilización, el gobierno de Michelle Bachelet concedió la ampliación de algunos beneficios a los estudiantes secundarios, con recursos para infraestructura y alimentación, con la creación de un pase escolar único a nivel nacional, con una nueva institucionalidad para que fiscalizase los establecimientos y con la modificación de la LOCE. Así, el movimiento estudiantil terminó por decrecer y esperar un cambio que nunca llegó, pues la LOCE, la modificación más importante que se demandaba, fue reemplazada por la Ley General de Educación, que mantiene intactos los fundamentos de la anterior ley, no realiza el traspaso de las escuelas y liceos públicos al Estado y tampoco evita el lucro en la educación chilena. Tal como sucedió años anteriores, la derrota era el final de la movilización, por más masiva que ésta haya sido. Este año 2011, cuatro años después, el mismo mes de mayo que vio el comienzo de la revolución pingüina, ve cómo el movimiento estudiantil se ha reorganizado y esta vez son estudiantes secun-

darios y universitarios quienes al unísono han llevado a cabo una movilización sin precedentes tanto por las reformas que busca, como por la forma que adquiere la lucha social en todas sus dimensiones. El diagnóstico de la educación chilena ya está claro desde hace años, la educación pública debe ser “rescatada” tanto secundaria como universitaria, garantizando equidad y calidad. Ahora la fuerza del movimiento estudiantil es la que busca generar la transformación que hoy comparte con la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el límite entonces? La clase política y económica que está en el gobierno hoy, la derecha responsable de fundar el modelo neoliberal de los años 80 que se resiste con prepotencia a ceder, en el cual el mismo Ministro de Educación, como dueño de una universidad privada, ha obtenido ganancias del negocio que es educar en Chile. El sistema educativo chileno es incuestionablemente injusto, reproduce asimismo la inequidad que nos ubica entre los países con una peor distribución de ingresos del mundo, lo que hace coherente que en Chile la educación, un valor fundamental para los pueblos, sea la más costosa del planeta; que se destine el 3,6% del PIB a gastos en defensa y sólo un 0,3% a educación, que los privados obtengan ganancias con recursos públicos destinados a educar a niños y niñas, a miles de jóvenes. No queda entonces más que decir basta y continuar con las tomas en cientos de liceos y universidades que hoy se extienden por todo el país, de continuar marchando por cientos de miles en las calles de gran parte de las ciudades con explosiva creatividad, y de esperar que esta vez el final no sea una derrota, sino al menos una lección de esperanza que vulnere el statu quo del modelo económico chileno.

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En construcción

Los bachilleratos populares a 10 años del 2001 Martin Cifuentes-Daniel Romero a educación popular tiene un largo recorrido en nuestro país, pero la experiencia de los bachilleratos populares comenzó a gestarse al calor de los ecos de la rebelión popular del 2001. En un momento de profunda crisis, producto de políticas neoliberales que también tuvieron su correlato en la educación, con “recetas” bajadas directamente desde el Banco Mundial que llevaron al extremo la pauperización de la educación pública y la exclusión de los sectores populares de ella. En ese marco, los bachilleratos populares intentaron dar respuestas conformándose como proyectos político/pedagógicos autogestionados y ligados a otras expresiones propias del proceso iniciado en 2001, como las fábricas recuperadas y los trabajos territoriales impulsados por organizaciones sociales. Ésto les dio un carácter novedoso, como fenómeno propio de Argentina y vinculado directamente a dicho proceso. Estas nuevas experiencias de educación popular se enmarcaban dentro de un contexto continental, donde, desde diversos movimientos sociales, surgían proyectos alternativos de educación llevados a cabo por experiencias como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el neozapatismo en Chiapas, el MST de Brasil, las escuelas populares en Venezuela, etc. Los primeros bachilleratos populares surgen en el año 2004, impulsados por el Colectivo de Educadores e Investigadores Populares (CEIP) y por Organizaciones territoriales de base. Hoy en día son más de cuarenta bachilleratos pertenecientes a diferentes organizaciones sociales y políticas, que se encuentran distribuidos en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en menor medida en otras zonas del país.

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Luchas y reivindicaciones frente al contexto político actual Desde aquellos orígenes, los bachilleratos populares se han ido gestando al ritmo de importantes luchas reivindicativas: por obtener el reconocimiento por parte del Estado, por salarios para los educadores y becas para estudiantes. En este momento nos encontramos frente a un punto de inflexión: se está logrando que los gobiernos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires firmen convenios que regularizan el funcionamiento de los espa-

cios y se comprometen al pago de salarios y becas para estudiantes. Esto fue posible gracias al trabajo conjunto de una veintena de bachis organizados en la Coordinadora de Bachilleratos en Lucha. La próxima firma de estos convenios verdaderamente representa una victoria en este camino de lucha, disputa y exigencia al Estado, pero no cierra este recorrido, ni mucho menos. Es sólo un primer paso. Aún se encuentran pendientes el reconocimiento de la implementación de la pareja pedagógica, así como de los cambios curriculares que han adoptado los distintos bachilleratos populares según sus propias necesidades. Situación que lejos de corrernos de la disputa con el Estado, nos pone frente a nuevos desafíos. Esta nueva coyuntura nos enfrenta a una cuestión central: ¿Cómo defender la autonomía de nuestras experiencias políticopedagógicas en la relación de disputa con el Estado? En primer lugar nos parece importante señalar que el “peligro de ser cooptados por el Estado” se encuentra presente desde el momento mismo en que hemos decidido impulsar la construcción de proyectos político-pedagógicos propios de las organizaciones sociales que cuestionan un pilar central del sistema como lo es la educación. No podemos entender la relación con el Estado de una manera estática: “estamos dentro o fuera del estado”, por el contrario, entendemos que es una relación dinámica y compleja que nos interpela permanentemente. El contexto post 2001 hizo que la experiencia autogestiva de los bachis surgiera “por fuera” del sistema educativo tradicional, pero el hecho de que hoy estemos a punto de lograr estas conquistas, lejos de mostrar una debilidad frente al Estado, nos muestra todo lo que se ha conseguido en este recorrido de lucha. Pensamos que no hay que tenerle miedo a sostener que somos parte de una experiencia de “educación pública popular”. Estamos siendo reconocidos por el Estado (es decir, de alguna forma pasamos a ser parte de la educación pública formal) pero eso no implica que estemos dispuestos a ceder en la defensa de la autonomía de nuestros proyectos. La existencia de estas experiencias de educación pública popular muestra que las organizaciones sociales pueden hacerse cargo de la gestión de sus propios proyectos político-educativos a la vez que

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pueden generar debates dentro de los ámbitos de la escuela pública, dando pelea también en esos espacios. Por ello nuestra defensa de la escuela pública es una defensa crítica, para transformarla, para buscar cambiarla desde sus cimientos, para ensayar nuevas propuestas político-pedagógicas, y ese horizonte no se agota en la experiencia de los bachilleratos, sino que su recorrido se relaciona con el de las luchas que militantes y docentes dan dentro del llamado “sistema educativo formal”. Frente a este contexto, entendemos que es necesario comenzar a discutir sobre la coyuntura particular que ha abierto el proyecto político kirchnerista, en este caso a nivel educativo. Nos encontramos con un gobierno que ha comenzado a redoblar la apuesta en este terreno y, como en todos los sectores que interviene, lo hace de manera ambigua y con un doble discurso. Mientras mantiene muchas de las estructuras de la educación neoliberal y mercantilista del menemismo, hace una declaración progresista que nos interpela respecto de que tipo de proyectos queremos proponer. Por ejemplo, el impacto que tiene la asignación universal por hijo para que los jóvenes regresen a las escuelas; el proyecto “plan conectar-igualdad” que ofrece computadoras a estudiantes y docentes o las propuestas progresistas que encontramos en los manuales y libros de texto que ha comenzado a distribuir el gobierno en la escuela media. Pero también en el impacto que tienen el plan FINES y otros proyectos de terminalidad para aquellos que no han podido finalizar la escuela primaria y media. Estas últimas estrategias precisamente, recogen los enunciados y muchos de los dispositivos que se utilizan en la educación popular. En síntesis ya no estamos en la coyuntura de los 90, tampoco en la etapa de ascenso de las luchas abierto en la rebelión de 2001. Nos encontramos frente a una ofensiva del gobierno que, desde su propia interpretación de lo popular y la inclusión, busca cooptar, domesticar o asimilar todo el recorrido de luchas que ha tenido el campo popular. Esta situación entendemos que nos pone ante el desafío de avanzar más allá de las luchas reivindicativas de nuestro sector y pensar sobre los límites y posibilidades que puede tener a futuro estas experiencias de educación popular.


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Desafíos, interrogantes y perspectivas Los desafíos que presenta esta coyuntura abren un sin fin de interrogantes que no tenemos resueltos, pero que nos parece fundamental comenzar a discutir. Nuestros proyectos de educación popular se encuentran atravesados por discusiones y por definiciones como “escuela pública popular”, “escuela popular”, “autonomía frente al Estado”, “alternativizar la educación pública”, etc. Tal vez tengamos que buscar una definición con otro eje: ¿Cuál es el aporte que realiza la experiencia de los bachilleratos populares a la construcción de poder popular? Esta pregunta, aún sin respuesta, nos puede ayudar para repensar los interrogantes que nos abre la discusión en torno al alcance de los bachilleratos populares. Nos parece que tanto una visión de autonomía frente al Estado, como una que propone ser una alternativa dentro de la educación pública no necesariamente son irreconciliables, por el contrario creemos que deberíamos construirnos como una alternativa (político/pedagógica) que amplifique sus perspectivas, defendiendo la autonomía y a la vez disputándole poder al Estado en todas las trincheras que posee la escuela pública. Pensamos que la construcción de una educación pública popular significa también articulación con las escuelas de los mismos barrios en donde trabajamos. Implica pensar nuevos trabajos entre docentes, militantes y activistas (incluido el área sindical) en nuestras escuelas para comenzar a construir dentro de ellas una nueva propuesta político-pedagógica que cuestione este modelo de “inclusión-contención” que tira todas las responsabilidades (principalmente los fracasos) sobre las espaldas de los docentes. A diez años de la rebelión popular de 2001, el hecho de que estemos frente a estos interrogantes y desafíos, más que de una debilidad, nos habla de un punto de inflexión; la necesidad de avanzar en estrategias políticas y pedagógicas en pos de la construcción de una educación pública popular, verdaderamente inclusiva y proyectada desde las bases. Que confronte en todas las grietas y trincheras del sistema, afrontando sus (y nuestras) contradicciones para aportar a la construcción del poder popular.

La experiencia del bachillerato Popular Memoria del Fuego Docentes y estudiantes de MdF

En el mes de marzo del corriente año abrimos el Bachillerato Popular Memoria del Fuego; impulsado por Socialismo Libertario junto con otros compañeros y compañeras, como parte de un proyecto político-cultural que llevamos adelante en el partido de La Matanza. Al “Bachi” se fueron acercando desde el verano, vecin@s de diferentes edades con la intención de finalizar sus estudios secundarios, que por diferentes problemáticas no habían podido terminarlos en el marco de la escuela formal. “Hace 20 años que dejé el colegio porque en el secundario común yo era medio rebelde y nunca fui aceptado y ahora me acerqué porque buscaba terminar el secundario para superarme” nos comenta Leonardo de 38 años. Otro compañero, Valentín, también quedó afuera de la escuela formal por su edad ”A mí en el secundario ya no me aceptaban por mi edad, tengo 20 años, y el año pasado había repetido de vuelta; entonces me acerqué al bachillerato y me recibieron bien”; o también está el caso de Ayelén de 17 años quién explica que dejó la secundaria el año pasado un poco por “vaga” pero sobre todo por no “adaptarse” a los docentes: “acá es otra forma, acá te enseñan y te explican y te tienen paciencia” dice casi aliviada. Cada materia del bachillerato es trabajada en clase por una pareja pedagógica de docentes: “Son dos profesores por materia, que uno te explica y el otro te va ayudando mientras se da la clase” indica Leonardo y otro compañero, Juan, agrega: “No hay quien se quede atrás, los profes hacen todo lo posible para todos vayamos al mismo nivel, digamos”. Ayelén va un poco más allá y compara esta forma de trabajo con sus experiencias anteriores: “en el colegio común teníamos un solo profesor que si el del fondo se perdía ya está, él se dedicaba a los de adelante, a los más aplicaditos, acá tenés un profe más que te ayuda y se hace más fácil”. También desde el “Bachi” se busca fomentar la participación

de los estudiantes tanto en las clases como en las decisiones que se toman en el espacio. ”Acá te sentís más libre, podés hablar de todo” argumenta Juan dejando entrever en su sonrisa una situación que no se esperaba al anotarse para cursar, o como agrega Valentín: “El bachi es muy diferente, acá participamos, podemos decir nuestras ideas y lo que pensamos”. Leonardo comenta también sobre las instancias de participación y decisión colectiva: “hay asambleas donde tenemos la oportunidad de buscar virtudes y defectos para trabajarlos todos juntos, ya sea sobre los alumnos como también sobre cómo dan las materias los profesores”. Desde las diferentes materias se tratan temáticas que acontecen en la vida cotidiana y se incentiva, a la vez, la participación activa de los estudiantes en diferentes causas. Por ejemplo hemos participado en marchas por la legalización del aborto, la lucha por el reconocimiento de los Bachilleratos Populares o el Foro Nacional de la Educación para el Cambio Social. “Tenemos materias que hablan sobre temas que en la escuela formal no se habla, como la prostitución; pudimos apoyar leyes como la despenalización del aborto y me pareció bueno que podamos aprender lo que está pasando en la vida actual” opina Valentín. Mientras terminamos de hablar, en otra aula está por empezar una clase de la materia de Derechos Humanos, donde el tema del día es el sindicalismo. Pregunto, como para dar por finalizada la entrevista si alguien quiere agregar algo más, todos se miran entre sí y desde el fondo alguien dice: “yo quiero decir algo más… ¡Aguante el Bachi!”

Franklin 228 La Tablada Blog: http://espacioculturalmemoriadelfuego.blogspot.com/

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Lecturas políticas

Poder popular y nación, de Miguel Mazzeo: una sacudida a la conciencia de izquierdas Ulises Bosia o primero por decir es que este primer libro de la colección Cascotazos publicado por Ediciones Herramienta y Editorial El Colectivo está escrito por una subjetividad militante, y eso queda claro a lo largo de todas sus páginas. Sus inquietudes, sus propuestas, sus discusiones, sus críticas, todas ellas se encuentran pensadas en función de dar un debate al interior del universo militante de las izquierdas nacionales y del heterogéneo mundo de las izquierdas no partidarias, a las que pertenece el mismo Mazzeo, militante del Frente Popular Darío Santillán. Esto no significa que su único lector posible pertenezca a estos ámbitos, pero sí que el libro intenta traducir en conceptos vivencias provenientes de los mismos movimientos populares, tal como lo afirma el autor en la introducción, sin por esto abonar a una ideología antiintelectual de efectos perjudiciales y larga presencia en la tradición de izquierdas de nuestro país.

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*** Mazzeo parte del hecho de que la nacionalidad aún mantiene su justificación histórica, es decir que es una realidad viva en la subjetividad popular que incluye elementos sumamente progresivos (“núcleos de buen sentido”) de cara a un proyecto popular y emancipatorio. Desde este punto de vista busca distinguirse en primer lugar de la mirada populista y neopopulista de la nacionalidad, signada por una perspectiva “estadolátrica” y culturalista que niega o relativiza la existencia de la lucha de clases y que hoy por hoy recrea una comprensión de la acción del imperialismo totalmente anacrónica. En segundo lugar, toma distancia también del modo en que la “vieja izquierda” se relacionó usualmente con este problema, subestimándolo o asumiéndolo como un elemento que tiene que ver exclusivamente con la edificación de un país burgués

y que, en consecuencia, eventualmente puede ser objeto de una determinada táctica política pero que no corresponde a la estrategia de las fuerzas socialistas. El núcleo del planteo de Mazzeo, surcado por categorías de origen gramsciano, es que un proyecto político de liberación nacional y social de nuestro pueblo debe incluir como momento ineludible de cara a constituirse como una alternativa de conjunto para las clases subalternas, la invención de una nacionalidad no burguesa. Mazzeo se adentra en el terreno que va más allá del aprovechamiento de las contradicciones del capitalismo para apoyarse en la estrategia de la construcción de hegemonía por parte de un nuevo bloque histórico que pueda redefinir la noción de pueblo. En función de esa estrategia propone pensar una argentinidad anticapitalista cuyos elementos claves sean el poder popular, una igualdad sustantiva y el horizonte de la patria grande latinoamericana, es decir que excluye a las clases dominantes porque asume que ningún frente con la llamada “burguesía nacional” (de dudosa existencia) tiene sentido hoy por hoy. *** Los que pertenecemos a la generación que llegó a la política a través de la rebelión popular de diciembre del 2001 tenemos una relación contradictoria con el nacionalismo. Durante muchos años lo identificamos con la herencia gélida de la última dictadura genocida, con la policía y las fuerzas represivas, con el desastre de Malvinas, con las instituciones educativas en decadencia, con un Estado ajeno y hostil, con un peronismo tilingo y neoliberal. Sin embargo, también vivimos esas jornadas rebeldes de diciembre en que la bandera argentina fue el símbolo que nos reunía a todos, el último espacio de descanso colectivo para unas conciencias que rechazaban todos sus otros puntos

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de referencia políticos. Por otro lado en esta primera década del siglo veintiuno vibramos junto con la lucha de los pueblos de nuestro continente. En todos ellos las identidades nacionales estuvieron a flor de piel: el neozapatismo que apela a otro México posible contra el malgobierno, lo que no niega la influencia de la enorme presencia indígena en Chiapas; movimientos populares de Bolivia y Ecuador en los que la bandera de los pueblos originarios se conjugó con las banderas nacionales dando lugar a inéditos experimentos estatales plurinacionales, que sin embargo no dieron lugar a una negación de las identidades nacionales preexistentes; y el ejemplo más claro que es Venezuela, donde el gobierno del comandante Chávez plantea una y otra vez desde el Estado la reformulación bolivariana del perfil nacional venezolano. En todos estos casos experimentamos cómo la búsqueda de una relación crítica con el sentimiento nacional del pueblo logró expresiones originales y potentes de lucha social y avances importantes en la lucha contra el imperialismo y el


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capitalismo. De alguna manera se puede pensar que motivados por el impulso de la lucha popular existen procesos de reformulación de las nacionalidades en todos estos territorios. No podemos decir que en nuestro país el sentimiento nacional no se encuentre presente, en todas sus formas contradictorias, pero sus mejores características fueron capitalizadas y neutralizadas en el terreno político por el kirchnerismo, ante la ausencia de un espacio de izquierda consecuente que se proponga dar esa disputa cultural y simbólica. Muchos de nosotros vivimos, al menos como una intuición, que es necesario asumir esa disputa para no regalarle al neopopulismo esa bandera. Sabemos que no nos contienen los enfoques de una izquierda que ningunea el problema, aún a contramano de lo que por momentos supo hacer en otros momentos históricos, pero nos cuesta avanzar en un terreno en el que parece que sin quererlo uno se desliza en el terreno de la tradición populista y de su expresión política actual. El libro de Mazzeo cobra aquí un mayor interés: abre el camino desde lo conceptual para entrar en esa discusión desde nuestro propio terreno. *** Los símbolos nacionales ostentan una ambigüedad que históricamente fue utilizada para construir relatos antagónicos. Según afirma Mazzeo se trata de imágenes y figuras que en su momento pudieron inspirar proyectos y perspectivas de ruptura desde el punto de vista de las clases subalternas. En los últimos años

esos símbolos atravesaron un proceso de resignificación indudable en las manos del neopopulismo, que impugnamos porque sentimos que desnaturaliza y traiciona sus significados auténticos, ante todo, la praxis crítica que evocaban. Y sin embargo, aún sabiendo la relación tanto emocional como racional que se construye con ellos a lo largo de innumerables vidas de lucha y sacrificios, ¿hasta qué punto tiene sentido esa impugnación como táctica política? ¿En nombre de qué autenticidad original se hace? Sabemos que siempre el sentido de una bandera tiene que ver con el devenir del proyecto político que la reclama. Por eso no compartimos una política de “queja” frente a la utilización de los símbolos. Porque conduce a una recuperación nostálgica e imposible de un significado perdido, de un momento de la historia popular ya ido, de una identidad anacrónica y avejentada. Sin embargo mucho menos se trata de regalar banderas preciosas ni memorias heroicas. Se abre sí una dimensión agonal, de enfrentamiento. ¿Cómo se combate acaso esa resignificación enervadora sino disputando su sentido, recreando en cada bandera una nueva desde un proyecto alternativo y emancipador? Mazzeo nos convoca a esta tarea y sintetiza el mecanismo perverso que enfrentamos como un discurso que incorpora simbólicamente a las clases subalternas mientras las suplanta efectivamente por la vía de la representación, de una incorporación subordinada o directamente las excluye material, social y políticamente,

especialmente en el terreno del poder y la soberanía popular. Es decir que la actualización de las tradiciones del pasado funciona como conjura de sus efectos en el presente. Por esa razón el autor del libro se mueve permanentemente alrededor de la figura del simulacro o la ficción para comprender la acción del kirchnerismo. Como dijimos arriba, nos parece una figura riesgosa porque desata la tentación de una restauración de sentido imposible y sobre todo por su ineficacia política comprobada durante los últimos ocho años, plagados de denuncias sobre el doble discurso del gobierno. Y sin embargo es necesario reconocer que algo del orden de la ficción existe porque de otro modo, ¿cómo comprender un país con una estructura agraria y minera sometida a la dirección de grandes monopolios transnacionales y una industria altamente extranjerizada y concentrada, tras un largo periodo de crecimiento económico conducido por un gobierno “nacional y popular”? *** La lectura del libro de Mazzeo concluye y, entre estos interrogantes, nos deja en la mente la perspectiva posible de un movimiento político que incluya una recreación de la tradición nacional y popular y que la reformule en un sentido anticapitalista, democrático, antipatriarcal y socialista. Ante los festejos del bicentenario nos encontramos desarmados, ¿podremos avanzar para que la próxima cita nos encuentre en mejores condiciones?

Nosotros los Indios

Hugo Blanco Compilación de textos escritos en diferentes momentos por el legendario y mítico referente de la extraordinaria lucha del campesinado indígena de los Andes.

¿Qué quiere la Liga Espartaco?

Rosa Luxemburg El proyecto de programa presentado en el congreso fundacional del Partido Comunista Alemán y el discurso pronunciado por Rosa Luxemburg; introducido por los ensayos de Antonio Louçã y de Marcos del Roio.

A cien años de la Revolución Mexicana

José Luis Farías Las revoluciones no pueden evaluarse sólo por sus resultados o por sus beneficiarios, con la luz que brinda el transcurso de cien años podemos abordar el proceso mexicano.

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Emprendimiento colectivo


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Manuel Scorza, el poeta de los silenciados Pedro Perucca

anuel Escorza Torres nace en Lima en 1928 pero a los pocos años su familia se traslada a la sierra peruana, al departamento de Huancavelica, donde el futuro poeta de los oprimidos peruanos va a conocer íntimamente la vida de los pueblos de los Andes. Luego de esa estadía breve pero fundamental en la sierra, en 1939 retorna a la capital y gracias al esfuerzo de su familia logra cursar estudios en el Colegio Militar Leoncio Prado (el mismo que le sirve de escenario a Vargas Llosa para su La ciudad y los perros). Este joven de origen humilde va a llegar a ser parte de la “República de las letras”, según uno de sus biógrafos, Hugo Neira, “por la vía de su enorme curiosidad intelectual y su voluntad de saber. Pero es un intelectual de verdadero origen popular y proletario. En suma, es Scorza un raro caso de miembro de la intelligentzia surgido de las capas más bajas de una sociedad terriblemente dividida en compartimentos estancos como la peruana. Por una vez, un intelectual, realmente, viene del pueblo”. Ya desde muy joven, Manuel Escorza (quien luego firmará sus obras quitándose la E del apellido) comienza a comprometerse con diversas causas políticas y sociales. Su indigenismo y antiimperialismo juvenil encuentran en la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) un espacio acogedor y rápidamente pasa a formar parte de los llamados Poetas del Pueblo, escritores oficiales del partido. En

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algún momento Scorza recordará sus expectativas al respecto: “Yo entré al APRA porque tenía una visión mitológica de ese partido, una visión que no correspondía a la realidad. Yo creía que el APRA iba a hacer una revolución”. Más allá de que el APRA no era lo que prometía, lo cierto es que gracias a esta inicial participación política nuestro poeta conocerá la cárcel y sufrirá su primer exilio tras el golpe militar del general Odría, en 1955, con veinte años recién cumplidos. En México (y luego en Chile, Argentina y Brasil) el poeta exiliado, obligado a ganarse la vida con los más variados oficios, conocerá mejor la vida de los oprimidos y explotados de América latina. En el marco de esta “herida extremadamente grave y dolorosa” del exilio van a madurar los versos de sus primeros trabajos poéticos importantes: aquél famoso Canto a los mineros de Bolivia que le inspirara la revolución altiplánica de 1952 (“Hay que vivir ausente de uno mismo, / hay que envejecer en plena infancia, / hay que llorar de rodillas

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delante de un cadáver / para comprender qué noche / poblaba el corazón de los mineros”) y los indignados versos de su poemario Imprecaciones, publicado en 1955. Ese mismo año será el de su ruptura con el APRA. Luego de las tristemente célebres declaraciones en las que Haya de la Torre proclama su acercamiento al imperialismo norteamericano Scorza publica una durísima carta pública de renuncia al partido: “Good bye mister Haya”. Así, un Scorza desilusionado de la política se embarca en una gran aventura editorial: “Creo que lo que me impulsó a lanzar las ediciones populares fue mi convencimiento de que existía una terrible calumnia contra el pueblo, contra su capacidad y sensibilidad frente al arte y la literatura”. Con esta convicción en 1956 va a lanzar los famosos Populibros Peruanos mediante los que se propone dar a conocer a una selección de autores clásicos peruanos (entre ellos Mariátegui,Vallego y Arguedas), buscando prescindir de los intermediarios mediante la venta en kioscos a precios realmente populares. La iniciativa será un éxito de enormes proporciones, a tal punto que luego será replicada en Colombia, Venezuela y Cuba. La traición del APRA había permitido que en 1956 volviera a la presidencia Manuel Prado y Ugarteche y se abriera el período llamado de "convivencia". Pero ya a fines de su mandato la paciencia de los campesinos, hartos de esperar que las promesas de


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reforma agraria se hicieran realidad, da señales claras de haberse agotado. Los movimientos de lucha y organización campesina crecen en los valles de Lares y de La Convención, liderados por Hugo Blanco, y en los Andes centrales también avanzan los procesos de resistencia contra los atropellos del pulpo norteamericano Cerro de Pasco Corporation. Los más de cien sindicatos campesinos impulsan acciones de recuperación de tierras que el nuevo gobierno militar pretende contrarrestar mediante sus sangrientas Operaciones Desalojo. Las incesantes masacres de campesinos, impulsadas por los latifundistas, ejecutadas por el Ejército y silenciadas por los medios, encuentran una voz amiga en Manuel Scorza. Luego de la ruptura con el APRA, Scorza se acerca al Movimiento Comunal del Perú y llega a ser Secretario de Política de la organización. Desde Lima el poeta tomará partido por la lucha indígena y denunciará los abusos del gobierno y la Cerro de Pasco en los matutinos limeños: “La verdad es que los comuneros no son los invasores sino al revés: son los invadidos, son las víctimas de la voracidad de los grandes propietarios de tierra. (…) Ha llegado el momento de preguntarse si los millones de indígenas, que constituyen nuestras comunidades, tienen algún derecho o si para ellos existe solamente el hambre, la miseria y la violencia.” Pero no se quedará en su rol de vocero y luego de la masacre de Rancas viajará a la región para apoyar al movimiento y conocer a sus actores. En una entrevista recuerda: “Me incorporo al equipo de Genaro Ledesma, quien me encarga diversos trabajos: organizar una gran manifestación de campesinos, que iba a ser la primera manifestación autorizada en la ciudad de Cerro de Pasco, o recorro las comunidades exhortando a los campesinos a que combatan unidos. Pero, sobre todo, lo que hago fundamentalmente en Pasco es mirar y oír, tener un conocimiento humano y directo de mis personajes, iniciar una relación con mis futuros protagonistas”. El poeta volverá a Pasco en repetidas ocasiones durante los años 1963 y 1964 para seguir recolectando testimonios de la lucha y los éxitos de la gesta campesina. En 1967, cuando ante la amenaza de nuevas prisiones se ve obligado a exilarse por segunda vez, lo hace llevándose enormes cantidades de materiales informativos y de entrevistas grabadas para lo que, en principio, imaginaba como un infor-

me sobre esa lucha campesina de la que había podido ser testigo y protagonista. Pero luego se da cuenta de que entre manos tiene documentos de una epopeya andina que merece ser contada de otra forma: “Yo me propuse primero hacer un informe de tipo político. Cuando lo leí, me di cuenta que era totalmente insuficiente, totalmente frío, no reflejaba nada. Después me di cuenta de que debía escribir novelas, que debía contar tratando de ponerme en los ojos de los protagonistas, pero no añadiendo fantasías sino prolongando sus metáforas”. Así nace el proyecto de la pentalogía novelística conocida como “La guerra silenciosa”, compuesta por las novelas Redoble por Rancas, Historia de Garabombo el invisible, Cantar de Agapito Robles, El jinete insomne y La tumba del relámpago. La novela que da inicio a esa “gran operación onírica y mítica” con la que Scorza quiere dar a conocer la lucha de los oprimidos de los Andes, describe la lucha de los comuneros liderados por Héctor Chacón contra el insaciable apetito desalojador de la compañía yanqui Cerro de Pasco Corporation. Fue publicada en 1970 en Barcelona e inmediatamente se difundió por el mundo y fue traducida a decenas de idiomas. Scorza, que siempre se indignó ante las etiquetas de “novela indigenista” (“Es una cosa un poco despectiva para reducir. Hay racismo en literatura”) o de “realismo mágico” (“Para mí no existe lo mágico, existe lo onírico. Yo cuando escribo los libros no me propongo crear magia —palabra peligrosa—, trato de soñar la historia, de verla, de sumergirme en busca de las grandes profundidades oníricas”), más bien concebía su obra como una “exposición dramática de una situación trágica” y era absolutamente consciente de que “en algunos casos la mera exposición dramática de la situación es ya explosivamente revolucionaria y provoca consecuencias en la realidad”. Las consecuencias de la publicación de la novela fueron casi inmediatas. Scorza recuerda: “Para mí, los libros son un recurso de apelación. Cuando en América Latina se pierden todas las instancias -por ejemplo, cuando en un combate humano un Gobierno masacra a todo un pueblo-, entonces queda la posibilidad de escribir un libro, y el libro reabre el debate. Al aparecer Redoble por Rancas, se reabre el debate y el propio presidente Velasco se ve obligado a liberar al personaje de este libro, Héctor Chacón, el Nictálope, que se encontraba en prisión”.

Pero, más allá de logros puntuales como éste, hay un hecho trascendente vinculado a su pentalogía que un Scorza sin falsa modestia no duda en reivindicar: “Ahora hay otro hecho importante en mi libro. Yo he dotado de una memoria a los oprimidos del Perú, a los indios del Perú que eran hombres invisibles de la historia, que eran protagonistas anónimos de una guerra silenciosa, y que tienen hoy una memoria: poseen estos cinco libros en los cuales pueden apoyarse y combatir. Tienen esa memoria, está dada ya irreparablemente y no se podrá borrar nunca, porque la han adoptado incluso los pueblos en combate; ese es uno de los hechos más emocionantes para mí como escritor. Ha sido una mezcla de realidad, fantasía y documento que ha hecho algo explosivo a nivel de la realidad.” Ya a fines de los 70´ Scorza integra como independiente el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP) que en 1980 logra una banca en el Senado para Genaro Ledesma (también protagonista de La tumba del relámpago). En estos años se multiplica la participación de Scorza en diversos encuentros literarios y políticos en el mundo y, ya concluida su gran Balada, se embarca en la elaboración de una trilogía, que marcaría un cambio de estilo y que se inicia con La danza inmóvil. Pero la trilogía quedará incompleta, así como muchos otros proyectos de nuestro querido poeta peruano, cuando el avión en el que se dirigía al I Congreso Internacional de la Cultura de Bogotá se estrelle a pocos kilómetros del aeropuerto de Madrid. En ese accidente morirán también la novelista y crítica argentina Marta Traba, el intelectual uruguayo Ángel Rama y el novelista mexicano Jorge Ibargüengoitia. Así, el 28 de noviembre de 1983, con apenas 55 años, se iba uno de los más grandes novelistas y poetas latinoamericanos del siglo XX.

Revista de Socialismo Libertario • Agosto 2011 • 35


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El indigenista José Sabogal (Cajabamba, 1888/ Lima, 1956)

Pintor y grabador peruano, máximo representante del así llamado Movimiento Indigenista. Muy joven emigró al extranjero para recorrer varios países de Europa y África. Estudió en el Escuela Nacional de Bellas Artes en Argentina y luego fue docente en la provincia de Jujuy. Al regresar al Perú se interesó por mostrar la realidad de las diversas comunidades quechuas y aymaras que fue recorriendo incansablemente. En 1946 fundó el Instituto y Museo de Arte Popular, como espacio de revaloración de las artes populares autóctonas. Fue amigo de José Carlos Mariátegui e ilustró varios números de la revista Amauta.


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