La actividad ganadera en Sonora durante el Siglo XIX

viejas estructuras coloniales, particularmente en lo referente a la propiedad territorial, originando notables cambios en la actividad ganadera de la Entidad.

En 1822, los diputados al Congreso General por las Provincias Internas Occidentales, Juan Miguel Riesgo, Salvador Porras, José Francisco Velasco y Manuel José de Suloaga, suscribieron una publicación que llamaron: “Memorias sobre las proporciones naturales de las Provincias Internas Occidentales, causas de que han provenido sus atrasos, providencias tomadas con el fin de lograr su remedio y las que por ahora se consideran oportunas para mejorar su estado e ir proporcionando su futura felicidad”.

Los diputados manifestaban en este escrito, sus puntos de vista sobre los diversos aspectos de la problemática que entonces se manifestaba en los territorios que ellos representaban.

Sobre la referencia que a la posesión de la tierra se hace en este documento, la maestra Cynthia Radding ha comentado:

“En esta Memoria no se hace ninguna mención de las tierras comunales de los pueblos indígenas, tal vez porque este sistema de propiedades estaba a punto de desaparecer o porque los diputados hayan querido ignorarlo, por estar interesados en apurar su disolución. En cambio, señalaban que debería conservarse entre los indígenas la posesión individual de sus tierras, sugestión que tenía su origen en la política inaugurada por el visitador José de Gálvez en 1769 y que a la larga sirvió para que los indígenas fueran despojados de las tierras que tradicionalmente les habían pertenecido”.

Estas ideas fueron incorporadas a la legislación local por el Congreso Constitucional del Estado Libre, Independiente y Soberano de Occidente, con residencia en la ciudad de Álamos, donde el 30 de septiembre de 1828 decretó la “Ley para el repartimiento de tierras de los pueblos de indígenas reduciéndolas a propiedad particular”, la cual fue sancionada por el vicegobernador, en funciones del Ejecutivo, don Juan María Almada y Alvarado y aunque el espíritu de esta ley aparentemente trataba de proteger a los indígenas dándoles en propiedad las tierras comunales, la experiencia demostró que poco a poco aquellas tierras fueron pasando a manos de propietarios blancos.

Durante el Gobierno de don Manuel Escalante y Arvizu, 1832-1837, se puso de manifiesto la política oficial respecto a la teneencia de la tierra. Se negaron las peticiones de los pueblos indígenas sobre sus derechos a las tierras comunales, haciéndose explícito el apoyo gubernamental a la propiedad privada.

Por decreto del 28 de junio de 1833, el gobierno de Escalante y Arvizu concedió un término perentorio, para que todos los poseedores de terrenos en el Estado hicieran efectiva su mercenación y pudieran obtener títulos de propiedad. Como esta disposición no tuvo cabal realización, mediante un segundo decreto del 30 de mayo de 1834, se daba un término de 6 meses, contados del 1ro. de junio al 30 de noviembre del mismo año, para que se cumpliera con el aquel mandato, pues de lo contrario, los terrenos serían denunciables y quedarían sujetos a las penas que prevenía la Ley Orgánica de Hacienda vigente.

Las disposiciones anteriores, entre otras causas, motivaron que durante los cinco años de gobierno de Escalante y Arvizu, se convirtieran en propiedad particular más de la tercera parte de los terrenos titulados en Sonora por el período comprendido de 1800 a 1867. De los 668 títulos expedidos durante este período, sólo 7 fueron adjudicados a pueblos de indígenas, mientras que 661 fueron otorgados a particulares.

José Agustín Escudero informó en 1849, que la mayoría de

De la Ponencia presentada por el Profr. Armando Quijada Hernández, en el VIII Simposio de Historia Regional de la Sociedad Sonorense de Historia “Sonora, 400 Años de Ganadería” -1995

La Tesorería General del Estado publicó en 1889 una relación de títulos de terrenos correspondientes a Sonora y Sinaloa. 85 títulos expedidos en el siglo XVIII, 39 pertenecientes a tierras para el uso agrícola y 668 de terrenos destinados a la cría de ganados, haciendo un total de 753. El más antiguo de los títulos consignados en esta relación pertenece al rancho Bacamaya, en la jurisdicción de Álamos, con una extensión de 2 sitios, 3,510 hectáreas, otorgando en 1718 a favor de Francisco Javier Valenzuela.

Fechas y notas...

1737 Como todo el ganado de las misiones, el de Mátape era de color blanco y andaba suelto, pero respondía al rodeo, donde se escogía al que debería sacrificarse.

1738 El jesuita Segesser confirma abundancia de ganado ovino al recibir de un español, como diezmo, 4,000 cabezas.

1764 El jesuita Neuting se dice sorprendido por el dominio del pima sobre la ganadería.

1767 Con la expulsión de jesuitas termina monopolio agropecuario.

1768 A un año de expulsados los jesuitas se multiplica la ganadería en las regiones de los ríos San Miguel, Sonora y Moctezuma.

1768 Al arribar los franciscanos a Sonora, estos sólo reciben la Iglesia y la casa cural. Los bienes ganaderos de los jesuitas fueron confiados para su administración a los llamados Comisarios Reales.

1769 José de Gálvez, Visitador General de la Nueva España, expide un Decreto que obligaba a los Comisarios Reales a regresar los bienes comunales, decreto que en la práctica sólo resultó válido para la Pimería.

1769 Dispone José de Gálvez reparto masivo de tierra en Sonora y Sinaloa. El criterio a seguir fue pulverizar en parcelas individuales las tierras comunales, asignándolas tanto a indios como a vecinos de “razón”, porque con privatizar todos pagarían tributo.

1775 Expedición De Anza lleva a la Alta California 355 reses.

1777 Pillaje de apaches incluye a 66,155 cabezas.

1778 Padre Pfefferkorn registra la existencia de 20,647 vacunos, 15, 947 ovinos y 3,878 caprinos.

1780 Franciscanos se destacan como ganaderos y solicitan ampliación de sus concesiones.

1781 Expedición de Rivera y Moncada a la Alta California lleva “notable cantidad de ganado”.

1780 Misioneros franciscanos incursionan en la ganadería.

1783 Censo apunta 25,500 yeguas, 18,400 caballos, 17,000 mulas y 2,000 asnos.

1783 Virrey de la Nueva España, Martín de Mayorga, deshecha Leyes de Indias y expide orden para de nuevo registrar los títulos de marcas de herrar.

1795 De acuerdo con el jesuita Pfefferkorn, en Sonora hay dos clases de caballos, uno llamado “caballo de camino” y el otro “caballo de campo”.

1800 A partir de este año, y hasta 1867, se expiden 668 títulos de terrenos a particulares y solamente siete a pueblos indígenas.

1805 Censo en Provincia de Sonora-Sinaloa: 273,623 cabezas de bovinos, 62,794 caballos, 19,907 mulas, 4,228 asnos, 35,350 borregos, 6,494 cabras, 3,032 cerdos.

1805 Gobernador Alejo García Conde reporta que en Sonora hay 31,400 caballos, que para fines fiscales se valuaban a 4.50 pesos.

1811 Control militar sobre apaches permite fundar ranchos ganaderos en la Pimería Alta, nace así la Ganadería Moderna de Sonora.

1821 Los primeros ejemplos de empresas ganaderas surgen en el Valle de San Rafael, hoy rumbos de Lochiel, Arizona, tierras irrigadas por el Santa Cruz, incluidas en 1854 en el Tratado de la Mesilla, figurando como pionero Rafael Bustillo, quien sin consumarse la Independencia gestiona título para el Rancho San Rafael de la Zanja. los ranchos en Sonora poseían un sitio de terreno, cuyo valor era de 500 pesos y donde se podían criar de 500 a 600 cabezas de ganado mayor. (7)

Si la superficie de un sitio de terreno equivale a 1,755 hectáreas, de acuerdo con la información de Escudero, el valor de cada hectárea era entonces de aproximadamente 30 centavos y a cada cabeza de ganado le correspondían de 3 a 3 y media hectáreas para su pastoreo, lo cual aún considerando que en aquella época los pastizales hubieran sido abundantes, este cálculo es desproporcionado según los actuales índices de agostadero.

La mayoría de los propietarios de ranchos ganaderos poseían en aquellos tiempos más de un sitio de terreno. Nosotros hemos calculado un promedio de 3.6 sitios, o sea 6,318 hectáreas, con menor cantidad de cabezas de ganado que las indicadas por el autor antes mencionado siendo cierto, que al mediar el siglo XIX, numerosas familias en Sonora habían logrado concentrar grandes extensiones de terreno, convirtiéndose en fuertes criadores de ganado, cuyo comercio les permitió acumular capitales, de donde se derivó una señalada influencia en la agitada política regional. En la región de Álamos, los más grandes terratenientes fueron la familia Almada, entre ellos Don José María Almada Alvarado, el mismo que siendo en 1828 vicegobernador del Estado de Occidente, sancionó la “Ley para el repartimiento de las tierras de los pueblos indígenas reduciéndolas a propiedad particular”. En Altar se distinguió la familia Redondo, don Diego Moreno, Dionicio González, Ignacio Monroy, Francisco Monreal, los Celaya y Antonio Urrea; en Arizpe los Elías y dos Rafael Morales; en Guaymas don Francisco Alejandro Aguilar; en Magdalena la familia Salazar; en Moctezuma el presbítero Julián Moreno y los Terán y Tato, en Sahuaripa los Aguayo y en Ures los Gándara, con don Manuel María a la cabeza, los Aguilar y la familia Huguez.

De los 668 títulos de terrenos registrados en la Tesorería General del Estado, llaman la atención los de algunos ranchos, como el de la Isla del Tiburón, en donde en 1848 don Jesús Moreno, Pablo Rubio y Pedro Romo, registraron 11 sitios de terreno, 19,305 hectáreas, librándoseles título de propiedad en 1850.

Los hermanos Vicente, Prudencio, Francisco y

Felipe Salazar, eran dueños del rancho Guadalupe del Corral de Espinas, en jurisdicción de San Ignacio, Magdalena, cuya propiedad una extensión de 34 ¾ de sitios de terreno principal y 9 ¼ sitios, una caballería, de demasías, haciendo un total de 44 sitios, equivalentes a 77,220 hectáreas. La superficie de esta propiedad ganadera era mayor a las que actualmente les corresponde a 15 municipios de la entidad.

Los ranchos ganaderos de don Manuel María Gándara y socios, sumaban una extensión mayor a los 45 sitios, más de 78,975 hectáreas.

Don Antonio Urrea, descendiente del teniente coronel Bernardo Urrea, fundador del presidio militar de Santa Gertrudis de El Altar, era dueño del rancho San Rafael o Alamito de los Murrieta, cuyo terreno comprendía 56 sitos, 28 caballerías y 28,617 varas cuadradas, más de 98,280 hectáreas, poco más de 982 kilómetros cuadrados, superficie mayor a las de 23 municipios actuales del estado de Sonora.

Al mediar el siglo XIX, el más grande terrateniente de Sonora era la familia Iñigo, al frente de la cual se encontraba don Manuel Íñigo Ruiz. Sus propiedades sumaban más de 92 sitios de terreno, más de 161,460 hectáreas, pasando los 1,614 kilómetros cuadrados, superficie mayor a las de 33 municipios de los que hoy forman parte del Estado.

Cuando se expidieron las leyes de Reforma en 1857, la mayoría de los pueblos en el Estado habían perdido sus tierras comunales. La política de las autoridades estatales, representativas de la influyente clase terrateniente, fue logrando la privatización de la tierra y aprovechando la fuerza de trabajo de los desplazados del antiguo sistema de posesión. Al transcurrir del siglo, la concentración de la tierra dio origen a las llamadas haciendas agropecuarias, donde se combinaron elementos feudales y capitalistas. Los primeros se manifestaron en las relaciones de trabajo y dependencia entre propietarios y peones, éstos generalmente indígenas y mestizos. El aspecto capitalista se hizo notar en la consolidación de las propiedades y sus bienes de campo, representados fundamentalmente en el quehacer de la ganadería, cuya producción estaba orientada al mercado, capaz de generar ganancias y acumular capital. Su pleno desarrollo se alcanzó en las postrimerías del siglo, durante el Porfiriato, con la incorporación de nuevas industrias, el auge minero y el comercio de exportación, primero por el Puerto de Guaymas a diferentes rumbos, después por el ferrocarril hacia el vecino país del Norte.

La propiedad privada del suelo durante el siglo pasado fue fundamental para el desarrollo de la actividad ganadera, dando origen a una influyente clase de propietarios conocida entre los intelectuales con el nombre de “burguesía agraria regional”, la que defendería sus privilegios en el transcurrir del siglo decimonoveno y que trataría de prolongarlos durante la presente centuria. La eclosión revolucionaria iniciada en nuestro país en 1910, trastocaría aquella situación, afectando las grandes propiedades, para dotar de ejidos a los pueblos. En los últimos años, el nuevo liberalismo, ahora llamado social, vuelve a individualizar la propiedad colectiva de la tierra, que mediante la renta de derechos, da pie para que surja el fenómeno de la concentración de su uso, como sucediera en el ya lejano siglo XIX.

En los primeros 30 años del Siglo XIX se expidieron 144 títulos de terrenos en Sonora, haciendo un promedio anual de 4.8. En la década de 1830 a 1839 se otorgaron 318, con un promedio de 31.8 por año, siendo notables 1833 con 63 y 1837 con 62. En los 27 años siguientes, de 1840 a 1867, fecha en que se termina esta información, se les dio curso a 206 títulos, con un promedio de 7.6 anuales.

Familia del Siglo XIX. Don Francisco Maldonado, ganadero y comerciante de Baviácora. (1894-aprox).

GANADERÍA – 1894 Sonora Histórico y Descriptivo Capítulo XIII

Industria Ganadera. • Ventajas que ofrece Sonora para la cría de ganados bovino, ovino, porcino y caballar. • Sus pastos naturales, sus varias especies y cualidades nutritivas. • Área de terreno que puede dedicarse a la cría de ganado. • Número de cabezas que pueden criarse en sus terreno. • Cálculo aproximado de su producción. • Abundancia de agua.

Si damos una mirada desde la frontera del norte del Estado, donde el bárbaro apache tuvo por largo tiempo aniquilada la industria ganadera hurtando cuantiosas partidas de reses y caballada, hasta las márgenes del Buenavista, donde los yaquis y los mayos parecían haberse propuesto á concluir con los bienes de campo de los blancos; podremos ver una inmensa área de tierra, plana en unas partes y montañosa en otras, pero inadaptable en otras en todas para otros usos que la cría de ganado.

Y esos terrenos que año tras año se cubren de magníficos pastos y que un área de más de 60,000 millas cuadradas no contienen en la actualidad ni una décima parte de los ganados que pueden soportar.