Evaluación de la gestión de la pandemia COVID-19 en España
MANUEL TAMAYO SÁEZ ISABEL BAZAGA FERNÁNDEZ RUT BERMEJO CASADO
Editores
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tirant lo blanch
Valencia, 2024
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Listado de autores por orden alfabético
Isabel Bazaga Fernández
Rut Bermejo Casado
Óscar Briones Gamarra
Sara Felisa Carrasco Granger
Ernesto Carrillo Barroso
Diego Castellanos Rodríguez
Roraima Estaba Amaiz
Ángel Gil de Miguel
Ruth Gil Prieto
Bruno González Cacheda
Jorge Hernández-Moreno,
Fernando Jiménez
Javier Lorente Fontaneda
Raúl Magallón-Rosa
Javier Moreno-Fuentes
Alberto Palomar Olmeda
Alberto Pardo Hernández
Eloísa del Pino
José Luis Postigo Sierra
Carles Ramió Matas
José Manuel Sánchez-Duarte
Irene Sánchez Vítores
Manuel Tamayo Sáez
Enrique José Varela Álvarez
Manuel Villoria Mendieta
Stefan Walter
Isabel
José
La
Javier
Manuel
Ernesto
Javier
Diego
El papel de los expertos en la crisis de la COVID-19. Una compleja y poco transparente red de asesores
Rut Bermejo Casado
Sara Felisa
Granger
Los jueces y tribunales como actor en la formulación de las medidas de respuesta a la crisis
Alberto
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Índice
Bazaga Fernández
Luis Postigo Sierra
gestión
la crisis
COVID-19 en
centralización
respuesta multinivel ................................................................................... 31
de
del
España: de la
a la
Lorente Fontaneda Las capacidades de las administraciones públicas para afrontar la crisis de la COVID-19 55 Carles Ramió Matas Actitudes y opiniones de los ciudadanos ante la crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19: evaluación de la política
gobierno
partir de las percepciones de los españoles ................................................. 75
del
a
Tamayo Sáez
Carrillo Barroso Tensiones políticas no resueltas: polarización afectiva e ideológica durante la COVID-19.............................................................................................. 111
Sánchez Vítores
protección a
colectivos vulnerables durante
España en perspectiva comparada ............................................................. 135
Irene
La
los
la pandemia: el caso de
Lorente Fontaneda
Castellanos Rodríguez
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Carrasco
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Olmeda
Palomar
(Des)información en pandemia. Bulos y desorden informativo en España durante la crisis
José Manuel Sánchez-Duarte
Raúl Magallón-Rosa
Roraima Estaba Amaiz
Crisis, COVID-19, evaluación de políticas públicas y las tecnologías de la información y comunicaciones en España, ¿cuál es el problema? El caso de
Enrique José Varela Álvarez
Óscar Briones Gamarra
Bruno González Cacheda
La respuesta institucional a la crisis de salud pública de la COVID-19 ......
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271 Ángel Gil de Miguel
Ruth Gil Prieto
Alberto Pardo Hernández
Stefan Walter
Jorge Hernández-Moreno
Javier Moreno-Fuentes
Eloísa del Pino
Los fondos de recuperación como instrumentos para superar los efectos económicos y sociales de la pandemia: los retos de honestidad en la gestión y cómo analizarlos ........................................................................................
Manuel Villoria Mendieta
Fernando Jiménez
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sanitaria
..........................................................................
la gestión de los ERTES COVID-19 durante la pandemia...........................
Problemas intersectorial e intergubernamentalmente complejos e integración de políticas en situaciones de crisis
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Evaluación de la gestión de la pandemia COVID-19 en España
Isabel Bazaga Fernández y José Luis Postigo Sierra Universidad Rey Juan Carlos
Resumen
La monografía que se presenta bajo el título “Evaluación de la Gestión de la Pandemia COVID-19 en España” es fruto de una reflexión colectiva sobre la capacidad institucional para afrontar una crisis, en este caso sanitaria, en España. Repasa desde distintos ámbitos temáticos y perspectivas académicas el devenir de unas intervenciones afectadas por el desconocimiento sobre el problema y su alcance, las capacidades institucionales para la gestión de la crisis y el impacto que la incertidumbre ambiental generó en la sociedad española. Se reflexiona sobre la dimensión institucional en un sistema de gobierno multinivel, sobre la naturaleza de las opiniones y actitudes de los ciudadanos ante la crisis derivada de la pandemia COVID-19, sobre el impacto de la polarización política y de la (des)información, sobre el papel de distintos actores y su implicación sobre la evolución y valoración de las intervenciones, así como se hace un análisis de los fondos de recuperación UE como instrumentos para la contención de los impactos tanto económicos como sociales de esta crisis sanitaria sin precedentes.
Palabras clave
Crisis, evaluación de impacto, capacidad institucional, gestión intergubernamental, opinión pública, actitudes ciudadanas, polarización, (des)información, COVID-19 en España.
Sumario: 1. Introducción 2. La gestión de la crisis COVID-19 en España 3. A propósito de las capacidades institucionales, el papel de los expertos y el impacto de las decisiones de jueces y fiscales en la gestión de la crisis COVID-19. 4. Las actitudes y opiniones de los ciudadanos ante la crisis generada por la pandemia y su impacto en la percepción de los gobiernos 5. Polarización política y desinformación y su impacto en la conformación de la opinión pública. 6. El papel de los fondos de recuperación para contener los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria Bibliografía
1. INTRODUCCIÓN
La crisis de la COVID-19 ha puesto a prueba el diseño institucional del sistema político español, sus capacidades y las tensiones
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internas tanto políticas como sociales y económicas. Por primera vez en nuestra reciente historia democrática el gobierno central se vio en la necesidad de tomar medidas excepcionales para atender a la complejidad de un problema de carácter global con graves implicaciones para la sociedad en el marco de un estado descentralizado en el que algunas de las competencias determinantes para la respuesta ante el problema estaban en manos de las comunidades autónomas y de los gobiernos locales. La gestión intergubernamental y con la sociedad civil se demostró determinante para atender la crisis, pero también presenta algunos de los aspectos menos valorados de la gestión de esta, como son la percepción de imprevisión de las decisiones y de descoordinación entre instituciones. Si los sistemas políticos tienen su prueba de estrés en los temas que requieren gestión intergubernamental, las crisis acentúan estas tensiones y sirven para mostrar las fallas.
La crisis sanitaria de la COVID-19, y sus impactos económicos y sociales, han puesto de manifiesto la necesidad de revisar capacidades, planteamientos y procesos, así como actitudes de los liderazgos políticos e institucionales. Una de las preguntas que trata de responder este trabajo es la de si estaban preparadas las instituciones, y los empleados públicos, para hacer frente a la gestión de la COVID-19 y sus implicaciones para la sociedad española. Este es otro de los aspectos que vamos a tratar en esta monografía a través del análisis de las capacidades de las administraciones públicas españolas. La naturaleza de la crisis, y la capacidad para intervenir sobre ella, está en el centro de las opiniones y actitudes de los ciudadanos. Esta cuestión, junto con el impacto de factores asociados a la polarización política y los procesos de (des)información, bulos y caos informativo durante la pandemia, serán objeto de observación. Asimismo, la intervención sobre la pandemia también se vio afectada por el papel de los expertos y por otros actores institucionales (jueces y tribunales) con capacidad para incidir en la formulación de las medidas propuestas y su alcance. Por último, se reflexionará sobre el papel representado por la UE y los fondos de recuperación en la capacidad de superación de los efectos de la pandemia por la sociedad española, con especial atención a la cuestión de la integridad.
En este capítulo, de carácter introductorio, se trata de explicar la estructura de la monografía y se realiza una revisión de los principales argumentos de las distintas contribuciones.
Isabel Bazaga Fernández y José Luis Postigo Sierra
2. LA GESTIÓN DE LA CRISIS COVID-19 EN ESPAÑA
El primer caso de infección por COVID-19 en España fue diagnosticado el 31 de enero de 2020, justo un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase la emergencia sanitaria que se calificaría como pandemia once días después. En su anuncio la OMS recomendaba a las autoridades la puesta en marcha de medidas, y el establecimiento de protocolos, para el control de la enfermedad. La rápida expansión del número de casos en España llevó a la aprobación por el Gobierno de España de un decreto de Estado de Alarma, el 14 de marzo de 2020, que implicó restricciones a la movilidad y el cierre de las actividades socioeconómicas no esenciales.
Las medidas adoptadas resultaron efectivas (García-García, et al., 2020). España tuvo que afrontar la crisis implicando a los distintos niveles de gobierno que conforman su régimen territorial1. En el camino, las decisiones para actuar contra la pandemia han pasado por distintas fases: en un primer momento el gobierno central tuvo un gran protagonismo y, en la parte final de la gestión de la crisis, se buscó una respuesta coordinada entre los distintos niveles de gobierno (especialmente central y autonómico) para afrontar sus consecuencias como se observa en la contribución de Javier Lorente a propósito de la evolución en la gestión de la pandemia.
Así, la gestión durante el primer Estado de Alarma se caracterizó por una fuerte centralización en la toma de decisiones por parte del Ministerio de Sanidad, asesorado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), cuya principal misión es la planificación de la respuesta a crisis en materia de salud pública. En esta fase, muy condicionada por la incertidumbre en torno a la naturaleza y alcance del virus COVID-19, se presentaron un conjunto de dificultades derivadas de la falta de recursos humanos y materiales, pero también de un despliegue de iniciativas que ponían de manifiesto la falta de ajuste de algunas de estas medidas al funcionamiento de un Sistema Nacional de Salud (SNS) de estructura descentralizada. El Ministerio de Sanidad adoptó numerosas
1 Título VIII de la Constitución Española, 1978. “De la organización territorial del Estado”.
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COVID-19 en España
de la gestión de la pandemia
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medidas orientadas al establecimiento de nuevos protocolos, a la compra de equipos de protección de los trabajadores sanitarios, y al refuerzo del sistema de salud a través de la contratación de profesionales. Así las cosas, el Gobierno de España mantuvo un papel protagonista entre marzo y junio de 2020, con la declaración del Estado de Alarma y la constitución de un Mando Único, en el que la Conferencia de Presidentes se convirtió en el espacio para resolver las posibles diferencias entre niveles de gobierno en materia de gestión de la pandemia. La declaración de este primer estado de alarma supuso otorgar la dirección de las acciones al gobierno central. Aunque las comunidades autónomas siguieron ejerciendo sus propias competencias, perdieron la capacidad de iniciativa política a la hora de decidir qué y cómo se combatía la expansión de la Covid-19 en sus territorios.
Entre julio y octubre de 2020, las comunidades autónomas recuperaron la iniciativa en contraste con el papel protagonista del nivel central de gobierno en el periodo anterior (Castillo-Esparcia et al., 2020). En este nuevo estado de alarma, el gobierno prefirió una articulación multinivel para responder a la pandemia, reforzando las estructuras de coordinación intergubernamental y creando las condiciones para que los gobiernos autonómicos pudieran tomar decisiones de lucha contra los efectos de la pandemia en su territorio.
Con el estado de alarma declarado en octubre de 2020 y que llega hasta mayo de 2021, se cedió la autoridad para tomar decisiones a las CCAA y se estableció el Consejo Interterritorial de Salud como responsable de la coordinación intergubernamental confiriendo a este órgano un papel determinante con la atribución de la capacidad de modular el contenido del estado de alarma, así como de interpretar su contenido.
Uno de los problemas que tuvo el primer estado de alarma fue el derivado de la necesidad de renovar su vigencia pasados quince días de su aprobación. Cada una de las renovaciones necesarias escenificaban la pérdida de apoyos del gobierno central y evidenciaban las tensiones en el marco del sistema político administrativo, incluidas la conflictividad y la polarización política. Lo que fue un consenso inicial sobre cómo afrontar la pandemia animó la tensión política
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Evaluación de la gestión de la pandemia COVID-19 en España
entre el gobierno y la oposición. La renovación por seis meses2 fue eficaz pues disminuyó el clima de tensión en torno a la pandemia. La polarización ha tenido un impacto negativo en la toma de decisiones por crear un sistema de incentivos perverso que retrasa la acción de los gobiernos o la condiciona al rédito político (Charron et al., 2020). Que los presidentes autonómicos tuvieran libertad para tomar medidas de gestión de la pandemia fue otro aspecto importante para disminuir el conflicto derivado de la polarización en torno a este tema. Los gobiernos regionales, en su gran mayoría, demostraron un alto grado de responsabilidad institucional en la intervención sobre el problema en sus territorios.
El Consejo Interterritorial adquiere gran importancia tras aprobarse en diciembre de 2020 el Plan Nacional de Vacunación. Estas competencias permanecieron tras el final del estado de alarma lo que demuestra la tendencia del sistema territorial español al uso de las conferencias sectoriales como elementos esenciales de coordinación en las relaciones intergubernamentales (León & Ferrín, 2011). De este modo, al aprovechar las potencialidades de las conferencias sectoriales se crearon incentivos para el consenso entre instituciones y se fomentó la equidad territorial a través de la coordinación estatal. Las conferencias sectoriales permitieron poner en valor las particularidades de los territorios para lograr una aplicación de las medidas que se ajustasen a las características de cada uno de ellos.
Las limitaciones de las regiones para aprobar restricciones de derechos obligaron a incluir en la toma de decisiones a los tribunales. Los jueces debían ratificar si se daban las condiciones para poder limitar derechos. Se trata de una situación institucionalmente anómala, pues es uno de los pocos casos, por tratarse de una limitación de derechos fundamentales, en los que los tribunales visan la actuación gubernamental sin que medie actuación de la fiscalía o de un interesado (Alonso Timón, 2021). Sobre este aspecto reflexiona Palomar en su aportación a la monografía.
Un caso que ilustra de manera dramática las ineficiencias del modelo de gestión desplegado es el de las residencias de mayores, paradigmático de las ineficiencias que ponen de manifiesto la necesidad
2 Desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021.
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de una gestión intersectorial e intergubernamental de la crisis. En el capítulo concerniente a este caso (Del Pino et al.) se analizan los impactos y se identifican los principales retos para la integración de políticas públicas complejas.
Uno de los aspectos a destacar es que, aunque epidemias y pandemias se consideran amenazas a la seguridad nacional en la Estrategia de Seguridad Nacional española el diagnóstico no se ha acompañado de un conjunto de previsiones para contener el riesgo sociosanitario. Los déficits de previsión estratégica y de coordinación sectorial e intergubernamental en materia de epidemias y pandemias responden a una ineficiencia sistémica que se sustenta en: las dificultades de la toma de decisiones en los territorios con información nacional e internacional (no territorial), la gestión deficitaria de la información y la comunicación entre los distintos niveles de gobierno e instituciones y servicios implicados, y la percepción de que el diseño de procedimientos de gestión intergubernamental demoran la toma de decisiones (Amela et al., 2010).
Con todo, la principal rémora es la desatención a la gestión de una amenaza que, a la postre, se materializó con virulencia en las residencias de mayores. Uno de los aspectos destacados es el impacto en un sector que combina aspectos sociales (cuidados) y sanitarios (atención médica) en los que existen bloqueos de tipo institucional y organizativo, y que es un sector intensivo en el consumo de capital humano3. Las primeras semanas de la pandemia en las residencias son un ejemplo palmario de las consecuencias de la falta de integración, lo que los autores denominan (des) encaje, entre las residencias de mayores (centros sociosanitarios) y el sistema sanitario. Parece necesario el despliegue de un modelo que trabaje la integración de políticas mediante mecanismos de coordinación intersectorial e intergubernamental y en el que se fomente la participación de los profesionales para su formulación e implantación (Elgströn y Jönsson, 2000; Trein y Maggetti, 2022).
Una de las cuestiones más relevantes en la gestión de la pandemia ha sido la vigilancia epidemiológica. Por lo que respecta a la
3 Los bloqueos se ven agravados por la percepción de los profesionales sobre la falta de reconocimiento a sus actividades.
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gestión de la información y los datos disponibles, durante la pandemia los servicios de vigilancia epidemiológica se pusieron en marcha para recoger de forma sistemática la información sobre los casos de COVID-19 que se estaban produciendo en España4. Los datos se difundieron a la población a través de los informes epidemiológicos, los informes de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) y los informes de farmacovigilancia. En los informes epidemiológicos se recogían el número de casos totales y se efectuaba una desagregación en función de los casos diagnosticados el día anterior, en los 14 y 7 días previos. De esta manera se conocía la incidencia acumulada a 7 y 14 días, así como los casos diagnosticados con fecha de inicio de los síntomas en los últimos 7 y 14 días. En las actualizaciones también se desagregaba la información por comunidad autónoma, y se practicaban análisis para determinar el número de muestras secuenciadas por linaje y semana epidemiológica, así como la información derivada de los cribados mediante PCR y sobre los casos y brotes recientes por distintas variantes.
En cuanto a los Informes de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo)5, según los resultados del análisis de datos, hasta la llegada de la pandemia no se había tenido un exceso de mortalidad tan grande. Las cifras previas de defunciones diarias estaban en un rango en torno a las 1.300 muertes diarias y, en ningún caso, sobrepasaban las 1.700. Sin embargo, entre los meses de marzo y abril de 2020 se sobrepasaron las 3.000 muertes diarias. De forma habitual las defunciones observadas para los últimos 28 días se corregían con la actualización del número y distribución de las defun-
4
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ nCov/situacionActual.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ nCov/documentos/COVID19_Actualizacion_variantes_20210607.pdf h ttps://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2021/MoMo_Situacion%20a%2016%20de%20noviembre_CNE.pdf
5 La información proviene de los registros civiles de mortalidad del Ministerio de Justicia y corresponden al 93% de la población española, incluyendo todas las provincias. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad de los últimos 10 años
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ciones notificadas diariamente y el número promedio de fallecidos por día, aplicando una regularización a la estimación por máxima verosimilitud, según señalan Gil et al. en su aportación.
Los Informes de farmacovigilancia, con los cuales la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recogía información mensual sobre el número de vacunados y los datos de efectividad, son producto de una revisión minuciosa de los datos de seguridad disponibles a través de la notificación de todos los puntos de vacunación de todas las Comunidades Autónomas.
La vigilancia sanitaria ha desempeñado un papel clave durante la pandemia y, a la luz de la información manejada por los autores (Gil, A. et al.), ha sido una de las mejores y más rigurosa del mundo.
3. A PROPÓSITO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES, EL PAPEL DE LOS EXPERTOS Y EL IMPACTO DE LAS DECISIONES DE JUECES Y FISCALES EN LA GESTIÓN DE LA CRISIS COVID-19
La gestión institucional de la pandemia COVID-19 se vio afectada por el modelo de Estado, las capacidades de las organizaciones, los liderazgos políticos y la capacidad de gestión organizativa en contextos de crisis y emergencias. Uno de los elementos clave de aprendizaje, en lo que a la gestión pública de la crisis del coronavirus se refiere, tiene un carácter conceptual: gestión centralizada versus gestión descentralizada. En términos políticos, sostiene Ramió, en la España multinivel las administraciones implicadas no querían correr el riesgo de aparecer ante sus votantes como responsables de los datos relativos a la pandemia ni de las decisiones y ajustes para afrontarla. Este diagnóstico es incontestable durante los primeros meses de la pandemia. Progresivamente se pasó a transitar por unos liderazgos políticos más responsables y por un modelo de gobernanza territorial compartida, inédito desde que la constitución de 1978 inauguró el proceso de descentralización territorial. La crisis sanitaria ha supuesto un aprendizaje acelerado sobre coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La necesidad de explorar mecanismos de coordinación efectiva en
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Evaluación de la gestión de la pandemia COVID-19 en España
contextos de gobierno multinivel es una de las conclusiones que se puede extraer de esta crisis sanitaria.
Otra de las conclusiones a la luz de la gestión de la crisis sanitaria es la importancia de que al mando de las políticas, programas y servicios públicos estén profesionales cualificados y con experiencia (Ramió, 2015). No se trata de tecnificar la política sino de aclarar el papel que debe desempeñar cada actor implicado en la misma sin invadir o usurpar roles. Una crisis como la de la COVID-19 reclama un liderazgo político fuerte y que represente la necesaria legitimidad institucional para gestionar un proceso con grandes dificultades y consecuencias políticas, económicas y sociales, lo que el autor denomina política de alto nivel, buscando la complicidad con otros países y con la Unión Europea. La política es fundamental y se refuerza si deja a los técnicos al liderazgo profesional.
Asimismo, las instituciones públicas no solo deben adaptarse, sino que deben reinventarse abandonando su lógica de trabajo exclusivamente canalizada por la departamentalización y la especialización (Laloux, 2016). Durante la pandemia y los meses posteriores, la nueva normalidad, la organización del trabajo vinculada a un espacio físico sufrió una notable alteración, sustentada en la tecnología disponible. Sin embargo, el trabajo a distancia parece más un fruto de la necesidad derivada de las restricciones y de la seguridad sanitaria que de una reflexión profunda sobre las reglas de la organización del trabajo público en un contexto de tecnologías de la información y comunicación facilitadoras del trabajo híbrido (Ismail et al., 2016).
En la contribución de Bermejo y Carrasco se examina quienes han participado en el asesoramiento y toma de decisiones gubernamentales y cuál ha sido el papel de esos expertos consultados por el gobierno para la elaboración de las respuestas durante la gestión de la pandemia. En el texto se presta especial atención a la red de grupos y comités consultivos creados a lo largo de ésta y sus consecuencias en términos de transparencia en la respuesta y gestión de la crisis. El trabajo se centra en la cuestión de qué expertos y cómo han participado en la gestión realizada por el gobierno central. En España, los comités de expertos creados a raíz de la pandemia se conformaron de manera predominante por miembros del Gobierno, cargos públicos y técnicos profesionales de distintas administraciones,
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así como por expertos externos, en menor medida y, en su mayoría, académicos y científicos.
La red de expertos se podría dividir según su perfil en: comités de expertos internos (miembros del gobierno, funcionarios y cargos directivos) y comités mixtos (suma de expertos internos y externos)6. Sin bien los expertos estuvieron cerca de los decisores los científicos no se vieron arrastrados al proceso político (Maasen y Weingart, 2005) a pesar de la necesidad de un conocimiento altamente especializado. Esta cuestión se puede explicar, según las autoras, por la falta de expertos externos dispuestos a participar en el proceso de toma de decisiones, por la alta polarización en torno a la gestión de la crisis sanitaria y por el número de expertos ya vinculados a las instituciones de salud pública que hizo menos necesaria la implicación de expertos externos. La red de comités creada permitió una forma de regulación burocrática que dificultó el control de la responsabilidad política, la rendición de cuentas e incrementó el desconocimiento en torno a la definición y formulación de las iniciativas de política pública emprendidas para afrontar la crisis. Asimismo, los problemas de transparencia en la conformación de los comités (quienes forman parte de estos y cuáles son sus decisiones) han despertado fuertes críticas. A esta crítica algunos autores han sumado otra, la falta de coordinación entre expertos, políticos y diferentes agencias gubernamentales. Cabe señalar que esta es una crítica extensible a la gestión de la crisis en otros países de nuestro entorno.
En el caso de España, la participación de expertos externos se produjo a través de su inclusión en los diversos comités creados para la gestión de la pandemia del COVID-19. La red de actores, compleja y difusa, que conformaron los comités mixtos e internos dificultó la rendición de cuentas. Asimismo, el un número de profesionales externos al sector público que influyeran de manera significativa en las
6 Entre estos comités internos se encuentran: i) el Comité de Coordinación Interministerial; ii) el Comité Técnico para Gestionar la Crisis del COVID-19; iii) el Comité de Evaluación y Seguimiento del COVID-19; iv) el Comité Técnico para la Desescalada; y v) otros comités entre el Gobierno Central y algunas Comunidades Autónomas. Entre los comités mixtos destacan: i) El Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19; ii) el Comité de Expertos; iii) el Comité de Expertos para la elaboración del informe España 2030-2050.
