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Prontuario de avisos en materia notarial

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH

María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Manuel Díaz Martínez

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Elisa Speckmann Guerra

Directora del Instituto de Investigaciones

Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Fueron miembros de este Comité: Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ÁNGEL GILBERTO ADAME LÓPEZ

AMANDO MASTACHI AGUARIO

ALEJANDRO PÉREZ TEUFFER FOURNIER

tirant

Ciudad

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Este libro será publicado y distribuido internacionalmente en todos los países donde la Editorial Tirant lo Blanch esté presente.

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Los únicos textos considerados legalmente válidos son los que aparecen en las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o nacionales.

Primera edición 2021

Segunda edición 2022

© Ángel Gilberto Adame López

Amando Mastachi Aguario

Alejandro Pérez Teuffer Fournier

© EDITA: TIRANT LO BLANCH

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A don José Ángel Villalobos Magaña, nuestro querido maestro. Dedicamos esta obra como muestra de gratitud a quien con su ejemplo y dedicación nos ha formado.

A nuestra querida amiga, Montserrat Arenas Martínez. Con especial agradecimiento por sus excepcionales aportes a esta obra.

INTRODUCCIÓN

Desde tlacuilos, hasta escribanos, los notarios han sido una pieza clave para el correcto funcionamiento del sistema jurídico a lo largo de la historia mexicana.

Tanto particulares como gobiernos locales y el Federal, requieren en la vida cotidiana, de la intervención de un notario para que los actos que por ley lo requieren, se tengan por ciertos y brinda certeza jurídica a quien se lo solicita.

Aunque la función del notario es de competencia local, diversas son las leyes a nivel Federal que requieren de su intervención. Es así como el Notario Público, funge no solo dando certeza jurídica sobre el patrimonio de los particulares; también como un motor de la economía y de la inversión a través de la constitución de empresas, que pueden ir desde sociedades mercantiles, pasando por bancos, grupos empresariales, instituciones de seguros y fianzas, instituciones de tecnología financiera; hasta organizaciones de la sociedad civil; también ayuda a la recaudación de impuestos mediante el cálculo, retención y entero de los mismos causados por sus escrituras; el sector agrario participa en las asambleas ejidales, es auxiliar de la Administración Pública y del ministerio público, puede prestar servicios de certificación, participa en lo relacionado a vías generales de comunicación, da certeza a los contratos sobre derechos de autor, entre muchas otras intervenciones,

Las diversas funciones que el notario puede desempeñar le exigen una preparación y especialización en casi todas las ramas del derecho. Por esto, el prontuario busca recopilar de entre más de 130 leyes y reglamentos federales todas la intervenciones o disposiciones de interés para la función notarial y las organiza por ordenamiento, con una breve introducción al ordenamiento de estudio, subtítulos que resumen el contenido de las disposiciones y la transcripción de los artículos de interés con énfasis añadido para mejor localización de información.

Sin restar importancia a la utilidad que esta obra puede tener para el lector especializado, el formato y lenguaje utilizados en ella permiten que se convierta en una herramienta guía para estudiantes de Derecho, abogados y en general para aquellas personas que buscan tener un primer contacto con los actos jurídicos derivados de la función notarial y su desempeño en el ámbito federal.

Para esta edición, se adicionan criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales de Circuito respecto de la aplicación de las disposiciones compiladas y de utilidad para la función notarial, a efecto de brindar una perspectiva interpretativa de las mismas desde la visión del Poder Judicial.

Asimismo, y toda vez que la profesión de la abogacía requiere una actualización permanente, se ha realizado una revisión de todas las normas reunidas,

para actualizar su contenido con base en las reformas publicadas y con efectos al 1º de enero de 2024.

Con estos complementos, el prontuario evoluciona de una compilación normativa a una sistemática que permite proporcionar una guía de la función notarial desde ángulos de aplicación diversos, pero correlacionados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La fe pública, es la garantía que otorga el Estado de que ciertos hechos o actos jurídicos son ciertos. Su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los actos y hechos jurídicos de modo que se tiene por cierto y verdadero todo aquello que emana de la fe pública1.

La fe pública emana del Estado éste la ejerce mediante servidores públicos o por habilitación de determinados individuos después de cumplir ciertos requisitos. De esta forma, tenemos fedatarios en distintos ámbitos, por mencionar algunos, como judicial, mercantil, registral, consultar y la que nos ocupa en esta obra, en el ámbito notarial.

La función notarial es competencia de las entidades federativas y su fundamento son los artículos 121 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se reconoce el principio de entera fe y crédito y la distribución de competencias residual en el que, el notariado, al no ser actividad reservada a la Federación es facultad de las Entidades Federativas y en consecuencia cada entidad tiene su propia legislación notarial.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN NOTARIAL Y EL PRINCIPIO DE ENTERA FE Y CRÉDITO.

Artículo 121 CPEUM. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

I. Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.

II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.

III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, sólo tendrán fuerza ejecutoria en ésta, cuando así lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra entidad federativa, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.

IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las otras.

1 Ríos Hellig, Jorge (2020). La Práctica del Derecho Notarial. Décima Edición. México: McGraw Hill

V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a sus leyes, serán respetados en las otras.

Artículo 124 CPEUM. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

El Código Civil Federal fue publicado en cuatro partes, los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928 entró en vigor el 1° de octubre de 1932. En su origen, la denominación del código era la de “Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la República en Materia Federal”, posteriormente el 23 de diciembre de 1974 con la desaparición de los Territorios Federales se modificó la denominación por la de “Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común para toda la República en Materia Federal” y finalmente en cuanto a la denominación, el 29 de mayo de 2000 se reforma nuevamente y se establece la existencia de dos códigos, a saber: un Código Civil para el Distrito Federal y un Código Civil Federal, lo anterior en concordancia con las reformas constitucionales que dotaban de mayores facultades legislativas a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Derivado de esta separación de códigos, existe la discusión sobre la validez de la existencia de disposiciones en materia civil de competencia federal en el código local, entendiendo que constitucionalmente se establece que aquellas facultades no reservadas a la federación corresponden a las entidades federativas.

En este orden de ideas, la razón de que fueran las autoridades federales las que originalmente crearan las disposiciones en materia civil para el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tiene su origen en el hecho de que aun cuando fuese entidad federativa, la capital de la República no gozaba de autonomía gubernamental por tratarse de la sede de los poderes de la unión.

Más allá del contenido histórico y centrándonos en la cuestión de la posibilidad de existencia de una materia “civil federal”, la duda se aclara en tanto consideramos que la aplicación de las disposiciones civiles es por regla general del ámbito local, pero por excepción puede aplicarse en lo federal.

A manera de ejemplo, tenemos la cualidad de supletoriedad de las disposiciones civiles en materia mercantil, donde por ejemplo no existe una teoría general de las obligaciones como sí la hay en el Derecho Civil. Siendo el Derecho Mercantil una materia federal, en caso de requerirse la aplicación supletoria de disposiciones locales podríamos caer en la complicación jurídica de tener 32 códigos civiles diferentes a escoger para aplicar.

Ante ello y para dotar de certeza jurídica sobre la normatividad aplicable, es necesario tener un ordenamiento que específicamente esté destinado para este fin, por lo que en un origen se determinó que éste fuera el Código Civil del Distrito Federal y posteriormente desagregar la parte específica aplicable en un Código Civil Federal, dejando para el código local asuntos como el del estado civil o la capacidad de las personas por mencionar sólo algunos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1o CCF. Las disposiciones de este Código regirán en toda la República en asuntos del orden federal.

DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE.

Artículo 13 CCF. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:

I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas;

II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio;

III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros;

IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal; y

V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho.

APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO.

Artículo 14 CCF. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente:

I. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho;

II. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado;

III. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos;

IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última; y

V. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando