JUSTICIA TRANSICIONAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
EN COLOMBIA Y LOS
SECTORES EXTRACTIVOS DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA
Tensiones entre la utilidad pública y la justicia transicional de tierras
david arce rojas
jhorman alexis álvarez fierro alejandro ronderos abuchaibe
tirant lo blanch
Bogotá D.C., 2024
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Arce Rojas, David, autor
Justicia Transicional de restitución de tierras en Colombia y los sectores extractivos de hidrocarburos y minería : tensiones entre la utilidad pública y la justicia transicional de tierras / David Arce Rojas, Jhorman Alexis Álvarez Fierro y Alejandro Ronceros Abuchaibe. -- Bogotá: Tirant lo Blanch, 2024.
368 páginas: gráficas.
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN: 978-84- 1169-732-3
1. Justicia de transición - Colombia. 2. Justicia restaurativa - Colombia. 3. Víctimas de Guerra - Colombia. 4. Colombia. Ley 1448 de 2011. I. Álvarez Fierro, Jhorman Alexis, autor. II. Ronderos Abuchaibe, Alejandro, autor. III. David Arce Rojas, autor.
LC: KHH2980. R43
CDD: 342.083 ed. 23
Catalogación en publicación de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz
© David Arce Rojas
Jhorman Alexis Álvarez Fierro
Alejandro Ronderos Abuchaibe
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Índice 1. INTRODUCCIÓN 11 1.1. Generalidades ........................................................................................... 11 1.2. Objetivo..................................................................................................... 14 1.3. Metodología 15 1.4. Contenido ................................................................................................. 17 1.5. Definición de Términos – siglas y acrónimos ........................................ 20 2. SECTOR DE MINAS Y ENERGÍA EN COLOMBIA Y LA INDUSTRIA EXTRACTIVA NACIONAL 23 2.1. Marco normativo constitucional del sector de minas y energía en Colombia y la industria extractiva nacional 30 2.2. Sector de hidrocarburos ........................................................................ 31 2.2.1. Agencia Nacional de Hidrocarburos .............................................. 33 2.3. Sector minero ......................................................................................... 51 2.3.1. Agencia Nacional de Minería ......................................................... 53 2.4. Servidumbres .......................................................................................... 66 2.4.1. Generalidades .................................................................................. 66 2.4.2. Características de las servidumbres ................................................ 68 2.4.3. Servidumbres petroleras y mineras del sector extractivo .............. 68 2.4.4. Procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras y mineras – Ley 1274 de 2009 74 3. GENERALIDADES DE LA LEY 1448 DE 2011 – LEY DE VÍCTIMAS Y EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS ................................... 77 3.1. Origen 77 3.2. Restitución como derecho fundamental de las víctimas 78 3.3. Sujetos Procesales ................................................................................... 84 3.3.1. Sujetos Activos ................................................................................. 84 3.3.2. Sujetos Pasivos ................................................................................. 90
4.3. Análisis casuístico de providencias judiciales de restitución y formalización de tierras referentes a la industria extractiva nacional como profundización
8 Índice 3.4. Buena Fe Exenta de Culpa – BFEC – en la justicia transicional de restitución de tierras............................................................................... 97 3.4.1. Examen estricto de la BFEC – Regla general ................................ 97 3.4.2. Flexibilización de la BFEC – Excepción a la regla general ........... 102 3.5. El Proceso de Restitución y Formalización de Tierras 103 3.5.1. Fase Administrativa 104 3.5.2. Fase Judicial ..................................................................................... 105 3.6. Reparación integral, restitución y compensaciones 109 3.6.1. Restitución integral y justicia retributiva como antesala a una necesaria reparación transformadora ............................................ 110 4. DESAFÍOS, EXIGENCIAS Y CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA ................................................................. 115 4.1. El legislador como origen de las exigencias legales, procesales y judiciales incorporadas en la Ley 1448 de 2011 ................................... 115 4.1.1. Inversión de la carga de la prueba ................................................. 116 4.1.2. Presunciones de derecho y legales sobre ciertos hechos, actos y contratos 119 4.1.3. Medidas cautelares nominadas – Art. 86. C. Suspensiones de jure de procesos de servidumbre e imposibilidad ejecutoria de contratos 135 4.1.4. Ausencia e improcedencia de recursos 141 4.2. El operador judicial ................................................................................ 146 4.2.1. Providencias judiciales y medidas cautelares innominadas –Parágrafo del Art. 86 146 4.2.2. Facultades ultra y extra petita del juez de restitución de tierras 172 4.2.3. Defectos jurídicos sustanciales y procesales ................................... 173
práctica de los desafíos y exigencias derivados del legislador y el operador judicial 178 4.3.1. Desarrollo jurisprudencial y casuístico de la BFEC en las providencias judiciales de restitución y formalización de tierras – Necesaria construcción de su acreditación ante los operadores judiciales 179 4.3.2. Imposibilidad de cancelación de derechos reales de servidumbre constituidas con anterioridad a la fecha de ocurrencia de los hechos victimizantes originarios del despojo ................................................ 191 4.3.3. Argumentos y condiciones sobre los cuales evitar la suspensión de contratos o actividades de carácter extractivo 193
9 Índice 4.3.4. Casos de acumulación procesal de litigios de avalúo de servidumbre a los procesos de restitución y formalización de tierras 205 4.3.5. Caso de saneamiento procesal y revocatoria de ordenes de suspensión 209 4.3.6. Análisis casuístico referente a la procedencia del llamamiento en garantía como estrategia de defensa jurídica ................................ 211 4.3.7. Casos referentes a la acción de repetición 213 4.3.8. Personas jurídicas como víctimas 214 5. ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LINEAMIENTOS JURÍDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PROCESOS DE RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS EN EL MARCO DE LA LEY 1448, DECRETO 4633, 4634 Y 4635 DE 2011 ........................................................................................... 215 5.1. Etapa administrativa 215 5.1.1. Convenio interadministrativo entre la URT y las Agencias estatales administradoras del subsuelo colombiano en la previa identificación de predios que impliquen riesgos para la ANH y la ANM .............. 215 5.1.2. Modulación de pretensiones de la URT ........................................ 217 5.2. Etapa judicial .......................................................................................... 218 5.2.1. Fase previa a la contestación de la demanda ................................. 218 5.2.2. Contestación de Demanda/Intervención como tercero interviniente o interesado 229 5.3. Acciones/Memoriales que se presentan dentro del proceso judicial . 270 5.3.1. Solicitud de aclaración y complementación de providencia judicial 270 5.3.2. Recurso de Reposición 271 5.3.3. Control de Legalidad 274 5.3.4. Acción de Tutela contra providencias judiciales ........................... 276 5.4. Articulación intradministrativa e intrainstitucional 280 5.5. Articulación interadministrativa e interinstitucional ........................... 282 6. JUSTICIA CORRECTIVA, DISTRIBUTIVA Y RESPONSABILIDAD CIVIL COMO ENFOQUES DE ANÁLISIS REDISTRIBUTIVO EN LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN COLOMBIA ...................................... 289 6.1. Justicia correctiva y responsabilidad civil en su interacción con la restitución de tierras............................................................................... 289 6.2. Justicia distributiva y responsabilidad civil en su interacción con la restitución de tierras............................................................................... 300
10 Índice 7. DERECHO COMPARADO COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA ................... 321 7.1. Justicia Transicional en Colombia ......................................................... 322 7.1.1. Ley de Justicia y Paz ......................................................................... 322 7.1.2. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 ......................... 325 7.1.3. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 325 7.2. El caso de Sudáfrica ................................................................................ 329 7.3. El caso de Perú ....................................................................................... 334 7.4. Conclusiones de la justicia transicional desde un análisis de derecho comparado .............................................................................................. 339 8. CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO .................................................. 343 9. BIBLIOGRAFÍA 355
1. Introducción
“El desplazamiento forzado es una de las heridas más extensas y con un profundo impacto social, de reconfiguración territorial y de modos de vida del conflicto armado”1
Comisión de la Verdad, Informe Final “Hay futuro si hay verdad”, 28 de junio del año 2022.
1.1. GENERALIDADES
Con 8’273.562 víctimas inscritas en el Registro de la Unidad de Víctimas (RUV)2, el desplazamiento forzado en Colombia se articuló como uno de los crímenes de mayor trascendencia, incidencia, afectación social y reconfiguración territorial en la violenta construcción de país o nación que busca ser Colombia. Evidenciando su más alto crecimiento entre los años de 1995 y 20023, el desplazamiento forzado tuvo que ser reconocido por la misma Corte Constitucional colombiana como un “estado de cosas inconstitucional” en su Sentencia T-025 de 2004.
Por esta razón, la política pública de restitución y formalización de tierras en Colombia, implementada gracias a la adopción de la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, representa sin duda uno de los mayores avances en términos de justicia transicional que ha visto Colombia y el mundo, luego de la firma de los Acuerdos de Paz de “La Habana”, entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) en el año 2016.
Adoptada el 10 de junio de 2011, la Ley de Víctimas, firmada cinco años antes que los Acuerdos de Paz de La Habana, fue la primera ley de justicia transicional en el país que estructuró e implementó por medio de un despliegue administrativo-institucional, toda una jurisdicción especializada cuyo único objetivo fue, y ha sido, restituir la tierra abandonada y despoja-
1 Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CV), Informe Final, Hay futuro si hay verdad, Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia, 28 de junio de 2022, Bogotá D.C., 2022.
2 Ibid. CV, Informe Final, Pág. 194.
3 Ibid. CV, Informe Final, Pág. 195.
da jurídica y materialmente, a más de 8 millones de víctimas del conflicto armado, así registradas en el RUV hasta el 31 de mayo de 2022.
La Ley de Víctimas, comparable e igualmente destacable junto con la política pública de restitución de tierras adoptada en Sudáfrica luego de la caída del régimen racista del Apartheid a finales del siglo XX, buscó solucionar uno de los problemas estructurales del conflicto armado ante el cual, de no encontrarle solución, quizás Colombia nunca logrará alcanzar la tan anhelada paz estable y duradera que tanto han predicado los acuerdos entre el Estado y los grupos armados al margen de la ley.
Al igual que ocurrió en la experiencia sudafricana, pero profundizándola en materia institucional, la Ley de Víctimas se estructuró esquemáticamente como una Jurisdicción Especializada, creando y desplegando a nivel nacional, una estructura judicial dividida en cinco distritos judiciales especializados en restitución y formalización de tierras, compuestos a su vez por diversos juzgados civiles del circuito especializados, igualmente acompañados y vinculados con todo el resto del aparato institucional “tradicional” encargado de cumplir con las órdenes y decisiones emitidas desde los Juzgados y Tribunales Especializados en Restitución. Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), Policía Nacional, Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, al igual que todas las otras autoridades que puedan ser traídas a colación por la jurisdicción especializada en restitución para efectos de materializar las ordenes de los operadores judiciales especializados, acompañan paralelamente el aparato institucional y judicial encargado de materializar la política de restitución de tierras en beneficio de las víctimas.
139.585 solicitudes de restitución realizadas entre el año 2011 y 2022. 122.560 en etapa administrativa. 13.179 solicitudes resueltas en sentencia de las cuales 10.564 ordenaron restitución y compensación. Por vía de la restitución campesina, se ha dado la devolución de más de 189.000 hectáreas las que, sumadas a las 365.102 hectáreas restituidas por vía étnica, suman más de 550.000 hectáreas de tierra restituida4. Si bien estas cifras dan cuenta de la magnitud de la política pública de restitución y formalización de tierras en Colombia, la cifra referente a los más de 8 millones de desplazados y despojados de su tierra, resulta de lejos, más impactante
4 Unidad de Restitución de Tierras (URT), Transparencia y Acceso a la Información, Metas e Indicadores, Estadísticas de Restitución. Visitadas el 07 de agosto de 2022. URL: https://www.urt.gov.co/estadisticas-de-restitucion-de-tierras
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en comparación al medio millón de hectáreas restituidas en beneficio de menos de 100.000 de ellas.
Los datos expuestos, acompañados por clamores provenientes de diversos sectores de la sociedad civil y política del país generaron el desarrollo de un proyecto legislativo que se materializó en la Ley 2078 de 08 de enero de 2021, “Por medio de la cual se modifica la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley Étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando por 10 años su vigencia, hasta el 8 de enero de 2021”. Mediante esta norma, evidenciamos entonces la normalización de la excepcionalidad antes estudiada por Carl Schmitt, que inicialmente caracterizaba a la justicia transicional especializada en la Restitución de Tierras en Colombia. En términos de filosofía político-jurídica, la excepción se vuelve la norma.
Así, con la normalización de la justicia transicional inicialmente excepcional, igualmente se empezaron a manifestar otras tensiones al interior de la política pública de tierras, las cuales la ley, los operadores judiciales, la administración y los civiles, también han debido intentar solucionar y consecuentemente normalizar al interior de sus relaciones sociales, para efectos de lograr un sistema más racional, lógico, proporcional y justo. La tensión presentada en relación con los llamados segundos ocupantes, y sus soluciones prácticas al interior de los procesos de restitución de tierras implementados por los jueces y magistrados, son un claro ejemplo del surgimiento de nuevas tensiones emergentes del ejercicio y aplicación material de la Ley de Víctimas. Esta dificultad, la cual inicialmente no había sido contemplada por los legisladores, cosa que se evidencia por su ausencia en la misma Ley 1448 de 2011, debió ser resuelta por el operador judicial por vía jurisprudencial. Fue entonces necesario identificar estos sujetos, clasificarlos y categorizarlos distintamente frente a los opositores propiamente dichos, debido a sus semejanzas fácticas en relación con las víctimas de despojo y abandono solicitantes, aplicando finalmente un trato diferencial en términos probatorios de buena fe exenta de culpa y de su acreditación al interior del proceso especializado de justicia transicional. Esta nueva tensión es la principal, entre otras que ya se han identificado, y las cuales se profundizarán con la necesaria prorroga de la Ley 1448, por otros 10 años más.
La generación y surgimiento de nuevas tensiones emergentes debido a las políticas públicas de justicia transicional, permite confirmar los postulados antes planteados por el profesor Orozco Abad5. Si bien la justicia
5 Iván Orozco Abad, abogado de la Universidad Javeriana, con una especialización de derecho constitucional y teoría del Estado de la Universidad de Mannheim y
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transicional es necesaria para superar periodos de conflicto armado, guerras civiles y violaciones masivas sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, en razón a los sacrificios en términos de justicia y castigo penal, además del surgimiento de nuevas tensiones sociales, esta nueva forma excepcional pero progresivamente normalizada de justicia transitoria, siempre será ”deficitaria en su legitimidad” como justicia6.
1.2. OBJETIVO
Otra tensión que se ha manifestado de la aplicación de la justicia transicional de restitución y formalización de tierras, en su relacionamiento dialéctico con la justicia ordinaria “normal”, se presenta debido a la afectación de principios constitucionales materializados en los poderes públicos del Estado como persona jurídica. A título de ejemplo, una de las principales tensiones evidenciadas del relacionamiento entre justicia transicional de tierras y la justicia ordinaria, se manifiesta en el impedimento misional, la desaceleración práctico-material, así como en la sustitución funcional de las instituciones estatales tradicionalmente encargadas de administrar el subsuelo y los recursos no renovables de propiedad exclusiva del Estado. Específicamente, se ha podido observar que en ocasiones, los jueces de restitución de tierras han emitido órdenes las cuales, tanto en su contenido sustancial como en sus consecuencias prácticas, terminan por desplazar en sus funciones y objetivos misionales a las agencias estatales encargadas de administrar el subsuelo nacional, para el desarrollo de actividades tradicionalmente caracterizadas de utilidad pública e interés general.
un doctorado en ciencia política en la Universidad de Mainz. Ha trabajado en las universidades de los Andes, la Nacional, de Kassel, de Augsburgo y de Notre Dame. También estuvo en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Fue procurador auxiliar encargado de los derechos humanos y luego estuvo a cargo de la oficina de derechos humanos. Adicionalmente, fungió como asesor de las negociaciones en La Habana. Ha escrito varios libros y producciones académicas de las cuales se puede mencionar la obra “Justicia transicional en tiempos del deber de memoria”. La Silla Vacía, IVÁN OROZCO ABAD, Académico e investigador del Centro de Memoria Histórica, Última actualización - Julio 22, 2021. URL: https://www.lasillavacia.com/quien-es-quien/ivan-orozco-abad 6 Iván Orozco Abad, Justicia transicional en tiempos del deber de memoria, Editorial TEMIS, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Bogotá D.C., Colombia, 2009. Pág. 65.
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Así, el presente documento, tiene por objetivo poner de manifiesto las principales tensiones que han surgido del ejercicio práctico interrelacional entre la justicia transicional de restitución de tierras, y la justicia ordinaria aplicable en términos de normalidad, específicamente, en los marcos normativos y prácticos desarrollados por los sectores extractivos nacionales declarados de utilidad pública y de interés general, encabezados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería como administradores de los principales recursos naturales no renovables de propiedad exclusiva del Estado.
No obstante, la presente obra también se estructuró bajo unos objetivos prácticos, encaminados a ofrecer al lector herramientas procesales y probatorias las cuales pueden ser utilizadas al interior de los litigios judiciales de restitución, para efectos de cumplir con las exigencias establecidas por la justicia transicional de tierras.
Por esta razón, este libro, más que un estudio teórico, se concibe como un manual práctico el cual puede ser puesto a utilidad de una diversa pluralidad de sujetos cuyos intereses convergen al interior de los complejos procesos judiciales de restitución y formalización de tierras, dejando en evidencia, paralelamente, que ni la restitución de la tierra, ni las actividades extractivas son incompatibles entre sí, y que sí es posible llegar a conciliar y ponderar los intereses en tensión, en busca de una construcción social y una paz estable y duradera.
1.3. METODOLOGÍA
Siguiendo este objetivo, la metodología que fue adoptada para desarrollar el presente documento académico, inició con la realización de un estudio jurisprudencial de más de 40 sentencias emitidas por los diferentes Tribunales Superiores de Distritos Judiciales Especializados en Restitución de Tierras (TSDJ de Cartagena, Cúcuta, Antioquia, Bogotá y Cali), incluyendo igualmente providencias judiciales de los Juzgados Civiles del Circuito (JCC) pertenecientes a los cinco distritos judiciales especializados en restitución.
Sin embargo, el estudio jurisprudencial descrito ya se encontraba antecedido por la experiencia y bagaje adquirida por el Dr. David Arce Rojas, como presidente de la compañía Arce Rojas Consultores & Cía S.A.S., especializada en el conocimiento del territorio, la gestión predial y la representación judicial y extrajudicial de diferentes intervinientes de sectores extractivos a nivel nacional e internacional, de cientos de procesos de res-
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titución y formalización de tierras en los cinco distritos judiciales especializados, a lo largo del país7.
Adicionalmente, esta experiencia pudo ser recopilada, compilada, estructurada y esquematizada, con ocasión al desarrollo del Contrato No. 269 de 2022 referente a la prestación de servicios de asesoría jurídica en la estructuración de estrategias de defensa y lineamientos jurídicos para la atención de procesos de restitución y formalización de tierras en el marco de la Ley 1448 de 2011, junto con sus Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, suscrito entre Arce Rojas Consultores & Cía S.A.S., y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el 28 de enero de 2022.
Como producto de aquel contrato, se realizó entrega del documento denominado “ESTRUCTURACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y LINEAMIENTOS JURÍDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PROCESOS DE RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS EN EL MARCO DE LA LEY 1448, DECRETO 4633, 4634 Y 4635 DE 2011”, del cual fueron utilizados extractos para efectos de desarrollar el presente trabajo académico, el cual busca aportar a la construcción de país y de sociedad.
7 Al interior de esta compañía, por más de 6 años, el Dr. Jhorman Alexis Álvarez Fierro, especialista en derecho procesal y probatorio, además de obtener el título de maestría en Derecho de Daños de la Universidad de Girona (España), fungió como Coordinador y Director de proyectos enfocados en ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de importantes empresas del sector extractivo como lo son Ecopetrol, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, Grupo Energía de Bogotá y Frontera Energy, entre otros. Su experiencia especifica en materia de litigios judiciales, así como de Ley 1274 de 2009 (avalúo de servidumbres legales petroleras y mineras), se vio complementada por su trayectoria litigiosa en procesos de restitución y formalización de tierras en Colombia, en relación con los sectores extractivos (principalmente el petrolero), al ejercer la representación legal de cientos de procesos de este tipo. Finalmente, y no siendo menos importante, Arce Rojas Consultores, siempre interesados por la generación de conocimiento, contamos con el Dr. Alejandro Ronderos Abuchaibe, egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien también cuenta con una especialización en Derecho Internacional Público de la Universidad de París II, Panthéon-Assas (Francia) y una maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Nanterre – París (Francia); además de ser políglota, es un profesional íntegro, con amplias facultades para la escritura y la investigación, quien se apasionó con la Restitución y Formalización de la Tierra en Colombia, en su interacción dialéctica con las industrias extractivas.
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1.4. CONTENIDO
El presente libro académico está compuesto por 7 capítulos por medio de los cuales se realiza una síntesis analítica de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como de la jurisprudencia emitida por los operadores judiciales de esta rama especializada, en su intrínseca interrelación dialéctica con los sectores extractivos en Colombia (principalmente petróleo y minas) encabezados por la ANH8 y la ANM9 como administradoras, y en ocasiones operadoras de los recursos no renovables de exclusiva propiedad del Estado colombiano. Así, este análisis se encuentra estrictamente encaminado a identificar las tensiones existentes, como las posibles soluciones jurídicas e interinstitucionales procedentes en la construcción e implementación armónica de la política pública de restitución de tierras, acompañada de parámetros nacionales óptimos de seguridad energética para el país.
Para efectos de materializar el análisis descrito en relación con las tensiones generadas por la política pública de restitución de tierras frente a los sectores extractivos declarados de utilidad pública e interés general, y sin adentrarnos en las generalidades introductorias y finalistas de la presente obra (capítulo I), fue necesario realizar un estudio del ejercicio de la ANH y la ANM al interior de sus sectores extractivos, en razón a su posición como destinatarios de las ordenes emitidas por los juzgados de restitución (capitulo II). Por esta razón, el segundo capítulo se enfocó en desarrollar un estudio jurídico-práctico acerca del origen, la naturaleza y funciones de la ANH y de la ANM, en sus distintas condiciones como administradores u operadores de sus respectivos sectores, junto con su posterior relacionamiento contractual y extracontractual con los diferentes actores del sector, así como con el mismo suelo y subsuelo nacional.
Ahora, una vez plasmadas en términos prácticos las funciones y acciones desarrolladas por la ANH y la ANM para efectos de materializar la búsqueda de la seguridad energética nacional, el tercer capítulo (III) se dedicó a presentar las generalidades de la restitución de tierras en Colombia, así como a realizar una introducción al importante concepto de buena fe exenta de culpa (BFEC) que deben acreditar los
8 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH–entidad adscrita el Ministerio de Minas y Energía cuyo objeto misional es la administración de los hidrocarburos del país.
9 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA – ANM–entidad adscrita el Ministerio de Minas y Energía cuyo objeto misional es la administración de los recursos mineros del país.
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opositores al interior de los procesos judiciales, para luego exponer las diferentes etapas procesales que componen estos litigios especiales.
No obstante, debido a la gran cantidad de especificidades y lógicas diferenciadas que introduce el sistema de justicia transicional excepcional especializado en restitución y formalización de tierras, especificidades igualmente capaces de ejemplificar las tensiones que esta política pública representa para los sectores extractivos, se vio la necesidad de desarrollar un cuarto capítulo (IV), por medio del cual se sentaron las bases para entender las tensiones generadas por la justicia transicional de tierras, frente a los sectores mineros y petroleros caracterizados legalmente de utilidad pública y de interés general.
Así, el cuarto capítulo (IV) referente a los “Desafíos, exigencias y consecuencias prácticas de la justicia transicional de restitución de tierras para la industria extractiva”, busca evidenciar, por un lado, las diferentes exigencias originarias de tensiones y dificultades para la ANH y la ANM, incorporadas por el legislador a título de disposiciones normativas explícitas y obligatorias en la misma Ley 1448 de 2011, mientras que su segunda parte se enfoca en el operador judicial como origen de órdenes y decisiones que impiden el desarrollo de la administración de los recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, como del ejercicio de los privados operadores o transportadores de estos sectores.
La estructura anteriormente desarrollada confluye en la edificación de unas posibles estrategias de litigio materializadas por medio del capítulo quinto (V) del documento, en el cual se propone afrontar las adversidades identificadas contra los sectores extractivos desde la etapa administrativa del proceso de restitución ante la URT, seguidas por el ejercicio de mecanismos judiciales y legales de defensa para ser interpuestos ante el juez directamente, para luego adoptar soluciones desde una perspectiva teórica, la cual finaliza con la proposición de una solución académica e interdisciplinaria extrajudicial.
En este sentido, en la etapa administrativa se propone abordar las adversidades frente a estos sectores desde una perspectiva preventiva según la cual, mediante la adopción de convenios interadministrativos consistentes en el intercambio de información, conocimiento y dialogo constructivo multidireccional, sea posible generar pedagogía en la jurisdicción de restitución, respecto de las buenas prácticas extractivas. Paralelamente, la estrategia está enfocada a la constitución de convenios interadministrativos, el establecimiento de mesas de diálogo y el intercambio de información; está infaliblemente encaminada a identificar previa y preventivamente los predios solicitados en restitución, para efectos de desarrollar nuevas estra-
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tegias de administración de los recursos naturales no renovables, menos lesivas al ejercicio misional de la ANH y la ANM.
En la etapa judicial, como estrategias de litigio, se estructuraron una serie de mecanismos legales, solicitudes y recursos procesales, acompañados de un abanico de elementos materiales probatorios diferencialmente diseñados para los procesos de restitución, tendientes a demostrar la buena fe exenta de culpa ante los juzgados, intentando paralelamente obligar a los despachos a indicar, adicionalmente, que medios de prueba permiten acreditar la buena fe exenta de culpa; hacerlos manifestarse al respecto y, en última instancia, al interior del litigio, proteger el derecho al debido proceso de las agencias estatales de los sectores extractivos, en sus diferentes componentes. Es en este sentido que confluyen las estrategias desarrolladas para ser interpuestas ante el juez en la contestación de la demanda, por medio de solicitudes de aclaración y complementación de providencias judiciales, de un recurso de reposición seguido por la interposición de una solicitud de un control de legalidad, culminando con la implementación de una acción de tutela contra providencia judicial en última instancia.
Más allá de las estrategias de defensa estrictamente procesales, mediante la adopción de una perspectiva teórica sustentada en el análisis económico del derecho y su interrelación con la teoría aplicada de la justicia distributiva y correctiva a la restitución de tierras como mecanismo de repartición de derechos, obligaciones y responsabilidades, en el capítulo sexto (VI) referente a la “Justicia correctiva, distributiva y responsabilidad civil como enfoques de análisis redistributivo en la Restitución de Tierras en Colombia”, se estructuraron análisis jurídicos desde la perspectiva de la justicia correctiva que envuelve la responsabilidad civil, para luego realizar un análisis desde un enfoque más innovador desarrollado por la justicia distributiva. El objetivo de este capítulo sexto propone demostrar el desbalance existente entre las cargas impuestas a los sectores extractivos, no en comparación con las víctimas solicitantes de restitución (en sentido vertical), sino frente a otras entidades estatales o sectores económicos que no participan en igual medida que el sector extractivo, a la asunción de cargas de la política pública de restitución (en sentido horizontal).
Por medio del capítulo séptimo (VII), el trabajo académico analiza los procesos y mecanismos de justicia transicional en Colombia, pasando por la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas, hasta la firma de los acuerdos de Paz de 2016, para luego comparar estos procesos junto con las experiencias transicionales vividas en Sudáfrica con la caída del régimen del Apartheid a inicios de 1990, junto con la experiencia Peruana luego de los hechos que
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