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ELECCIONES Y DEMOCRACIA

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH

María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

María Luisa Cuerda Arnau

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón

Manuel Díaz Martínez

Catedrático de Derecho Procesal de la UNED

Carmen Domínguez Hidalgo

Catedrática de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania). Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Consuelo Ramón Chornet

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Elisa Speckmann Guerra

Directora del Instituto de Investigaciones

Históricas de la UNAM

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Fueron miembros de este Comité:

Emilio Beltrán Sánchez, Rosario Valpuesta Fernández y Tomás S. Vives Antón

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

ELECCIONES Y DEMOCRACIA

Coordinadores:

Enoc Francisco Morán TorrEs EnriquE chairEs raMírEz

tirant lo blanch

Ciudad de México, 2024

Copyright ® 2024

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© Varios autores y autoras

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Capítúlo

Capítulo

La

Prólogo

Entre los derechos humanos y la democracia existe un vínculo indisoluble. La protección de los derechos humanos constituye un fin en sí mismo de las democracias actuales, especialmente la encaminada a salvaguardar los derechos y libertades de las minorías. Citando la máxima del sistema interamericano, no hay derechos humanos sin democracia, así como no hay democracia sin derechos humanos.

Este libro presenta una serie de ensayos y análisis sobre diversos tópicos relacionados con el estado que guarda la democracia en México y sus muchas variables y retos, que sin duda, contribuyen al debate y a la reflexión en torno a la consolidación de la democracia electoral en nuestro país.

En el capítulo I titulado “Retos de la democracia en México”, de Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, se hace referencia a que la democracia es la forma de gobierno adoptada cuando se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no obstante ello, sostiene que es necesario fortalecer las bases que la sustentan, modernizando las herramientas que se han utilizado para promover el régimen democrático, fortaleciendo la cultura política, impulsando la participación social y el respeto a los derechos fundamentales, estableciendo nuevos esquemas para la rendición de cuentas y el desarrollo de las elecciones con la incorporación de medios digitales. Lo cual se detalla a continuación.

El autor considera que el principal elemento de la estructura social, reside en el poder de la ciudadanía y su derecho a elegir de manera legítima a sus representantes. De esta manera, debe existir un marco de gobernabilidad que garantice los

procedimientos y mecanismos para el ejercicio de este derecho, no reducido única y exclusivamente al momento de emitir el voto, sino ampliarlo a la oportunidad de participar en la formación cívica.

Por otro lado, dado que la democracia se sustenta en el respeto a todos los grupos de la sociedad garantizando de manera efectiva su adecuada participación

política y electoral, se debe trabajar en un proceso de ampliación donde se incluyan mujeres —paridad de género— y comunidad LGBTIQ+, aunque resaltando que no deben quedar de lado las personas indígenas y afrodescendientes.

Además de lo anterior, no debe pasar desapercibido que los medios digitales pueden ser utilizados como instrumentos de fortaleza institucional e informativa libre y permitir el desarrollo de una ciudadanía con una formación suficiente para emitir el sufragio; esto es, de afrontar el obstáculo de la desconfianza de la ciudadanía en la seguridad de las elecciones, combatiéndola con la reducción del costo de las elecciones y transitando hacia un gobierno digital a través de un verdadero compromiso para desarrollar plataformas con la finalidad de acrecentar la participación ciudadana. Así se tendrá una sociedad más participativa que exigirá a gobernantes el cumplimiento de sus responsabilidades para los cuales fueron electas y electos.

Finalmente, reconoce que las candidaturas independientes han sido un avance importante en la transformación de la democracia del país; sin embargo, no han logrado consagrarse como medios fuertes de participación y contrapeso a los partidos políticos; toda vez que, legislativamente, colocan en una situación de desventaja a quienes desean competir por esta vía, tal y como ocurre con la dificultad del recurso económico. En otras palabras, no ha habido una verdadera apertura a un nuevo modelo político y electoral, independiente de los partidos políticos.

Carla Astrid Humphrey Jordan y Santiago Nieto Castillo

En el capítulo II, de la autoría de Germán Pérez Verduzco, se abordan aspectos relevantes en torno a la participación de la ciudadanía en la era digital, dado que la democracia es la organización del poder en las sociedades para evitar la dominación grupal o individual, regulando las relaciones entre individuos, organizaciones y Estados.

Es innegable que la ciudadanía participa en los procesos electorales; sin embargo, derivado de la creciente desconfianza política porque no se han cumplido las expectativas sociales y políticas, se ha presentado el síndrome de fatiga democrática.

Aunado a lo anterior, la pandemia causada por el COVID-19 trasladó la vida humana aún más hacia lo online; por lo que, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana, se debe aprovechar el desarrollo de las tecnologías de la información, ya que cada vez es más frecuente que se tenga mayor acceso a la Internet.

Cabe referir que una desventaja en fomentar una ciudadanía digital, es combatir la desinformación, las fake news y la manipulación como el caso de Cambrigde Analytica; por lo que se deberán construir herramientas necesarias para ello.

El capítulo III, Luis Enrique Cárdenas Voges sostiene que, si bien es cierto que la reforma constitucional de 2011 trajo consigo un cambio de paradigma para una mayor amplitud y reconocimiento a los derechos humanos; también exige un compromiso para las operadoras y los operadores jurídicos, pues no sólo fue una modificación en el título, sino una transformación que estableció una doble fuente de Derecho, protección y garantía.

Uno de esos derechos es la participación política y electoral, el cual, en la práctica refleja que existen lagunas o impedimentos que imposibilitan su adecuado ejercicio. En ese sentido, es necesario que el Estado con el entramado jurídico lo garantice, ya que la democracia no sólo debe entenderse como un tema

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Carla Astrid Humphrey Jordan y Santiago Nieto Castillo

electoral, sino que es una forma de vida, progreso y cultura que forma parte de la realidad mexicana. Bajo esa tesitura, sin la participación ciudadana no se puede ejercer la democracia de manera efectiva, pues implica que el poder del pueblo está disminuido y reducido al abstencionismo.

Por lo anterior, es que es de suma relevancia que se generen verdaderas representaciones y generar esa vinculación entre representación y participación dándole solución a la realidad jurídica y política del país, pues la representación

conlleva una posibilidad de solución a las críticas y la injerencia de los elementos de la sociedad.

Dicho de otra manera, ante la desconfianza y desvinculación de la ciudadanía, es evidente que la idea de la representación del pueblo está desgastada derivado del gran cúmulo de expectativas no cumplidas; por lo que debe buscarse una solución a través de nuevas formas o alternativas para efectuar las demandas y exigencias sociales transitando de una democracia representativa hacia una participativa donde persista un clima de confianza y cooperación mutua.

El capítulo IV de Enoc Francisco Morán Torres, a través de un andamiaje histórico y sociológico del estudio de la democracia en América Latina, concluye que en estos países se comparten los altos niveles de corrupción, violencia, gobiernos ineficaces, incremento de la insatisfacción popular, al igual que el debilitamiento, tanto en la confianza de las instituciones políticas, como en la percepción de la democracia. Si bien es cierto que la democracia se ha mantenido como la forma de gobierno predominante, dista mucho de generar satisfacción a la población latinoamericana.

En el caso de México, en el siglo XX se realizaron esfuerzos por construir y fortalecer la democracia electoral, éste fue cimentado en la desconfianza, mientras que en el XXI, se ha tenido una mayor apertura para avanzar en aspectos relevantes

como la equidad en la contienda, candidaturas independientes y la paridad de género; no obstante ello, se ha obviado la construcción de la ciudadanía y el impulso de una cultura política democrática, limitando la participación política al ejercicio del sufragio activo o pasivo; lo que ha traído como consecuencia que la cultura mexicana se enfrente a diversas problemáticas que han dificultado la democratización del espacio público, tales como las brechas de desigualdad económica, el acceso inequitativo a la educación escolarizada, la inseguridad y desplazamientos poblacionales, el desinterés en la participación electoral, la ineficiencia e ineficacia de la gestión gubernamental, la falta de tutela de los derechos y la ausencia de gobernanza democrática.

Por lo anterior, se debe fortalecer la cultura política democrática para tener una ciudadanía participativa, informada, interesada y proactiva en el espacio público, facilitar la transmisión pacífica del poder y coadyuvar en la eficiencia de los mecanismos de vigilancia.

El capítulo V de María Gabriela Gildo de la Cruz y Cristina Tapia Muro, sostiene que el contexto latinoamericano y mexicano están inmersos en la desigualdad, la falta de confianza y credibilidad en las instituciones; pues si bien es cierto que, en México, hay derechos que permiten la organización y agrupación política, se ven dominados en la esfera política por grupos criminales y la subrepresentación de poblaciones indígenas y afromexicanas. En otras palabras, el ejercicio de los derechos políticos y electorales se ven obstruidos por la desigualdad y la polarización social, derivado de que estas condiciones inciden de manera negativa en las personas para intercambiar su lealtad política por beneficios para la resolución de sus necesidades cotidianas, esto es, el clientelismo mexicano.

Por su parte, los capítulos VI y VII de José Salvador Contreras González y de Arlen Alejandra Martínez Fuentes, respectivamente, abordan de manera nacional y local (Caso de Nayarit),

Carla Astrid Humphrey Jordan y Santiago Nieto Castillo

la creación de las autoridades electorales administrativas, su relevancia y la transformación para el contexto político mexicano, pues es innegable que han dotado de credibilidad e imparcialidad los procesos electorales, tanto federales como locales.

El capítulo VIII titulado “La violencia política contra las mujeres” de Bárbara Mancera Amezcua refiere que en diversas ocasiones los casos de violencia se encuentran interrelacionados con otras condiciones; además de que el Derecho ha sido utilizado como herramienta para la generación de contextos de violencia estructural por razón de género, por lo que debe combatirse para transformarlo en un medio para eliminar cualquier tipo de violencia, tal es el caso de las acciones afirmativas y la paridad de género que poco a poco han ido destruyendo el suelo pegajoso, los techos de cristal, de cemento y de billetes, así como el horizonte quebradizo; pues es innegable que existen elementos estructurales que impiden el acceso de las mujeres a determinados puestos de toma de decisiones en igualdad de condiciones que los hombres.

Otro aspecto relevante a reflexionar, es la relación existente entre igualdad y opresión, ya que al asimilar que todas las personas son iguales se invisibilizan aquellas desigualdades que impactan en el acceso a los recursos. Esto es, hay grupos determinados que son estereotipados, por lo que su situación es ocultada para la sociedad. De esta manera, cuando esta opresión es contrastada con otros elementos identitarios como género, edad, discapacidad y otros, es cuando deben implementarse las herramientas necesarias y adecuadas para lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Por su parte, el capítulo IX titulado “La regulación sobre la resolución de conflictos internos en los partidos políticos mexicanos con perspectiva de justicia intrapartidaria”, de Jazmín A. Flores Montes, resalta la importancia de la justicia intrapartidaria como parte de la justicia electoral y fortalece la identidad de los partidos políticos a través de su regulación en