EDITORIAL

PROTEGER

Protegerse es un impulso legítimo, del mismo modo que lo es proteger. Un impulso que se convierte en obligación en muchos casos. Y si no lo es, debería serlo. Protegemos al más débil, al que está en peligro, al que, en definitiva, lo necesita.

Y nos gusta que nos protejan, porque todos lo necesitamos en una medida u otra.

Pero, como todo argumento, puede ser utilizado de forma sibilina. Bajo un concepto universalmente aceptado, se suele camuflar la incompetencia, la arbitrariedad o, incluso -la historia lo demuestra- la maldad. La idea del “es por nuestro bien”, el concepto absoluto de la protección, es difícilmente rebatible. Pero la idea de protección difícilmente justifica ciertas medidas, vinculadas a salvaguardarnos de una pandemia que está marcando nuestras vidas -hacer historia es siempre incómodo- Medidas que cuando pierden el sentido, por incompetencia de los que las imponen, fomentan el impulso contrario: las ganas de saltárselas. Y desacreditan a las que sí tienen sentido. Y no hablamos de sanitarios ni de medidas sanitarias. En absoluto.

Del mismo modo, nadie en su sano juicio estará en contra del concepto “proteger la naturaleza” (la biodiversidad dicen). Pero cuando ese concepto está dirigido, no a la naturaleza, si no a una pequeña parte, seleccionada de forma arbitraria como escaparate del ecologismo parlamentario, la cosa es más dudosa. Y cuando esa protección se lleva al paroxismo, luchando para apartar toda actividad humana de un determinado entorno natural, tal vez haya alguna cosa que no funciona.

El ser humano forma parte de la naturaleza. Los senderos existen porque alguien ha ido, históricamente, de aquí a allá. Y así debería seguir siendo, sean uno o cincuenta y uno los que transitan, y lo hagan andando o corriendo. Una vez más, y lo diremos más de una vez, la base está en la educación.