Tribuna Popular Nº 3.031 by Tribuna Popular

p. 4, 5 y 8

Órgano del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela

¡EL SOCIALISMO SIGUE SIENDO LA ESPERANZA DE LOS PUEBLOS!

Crecen las protestas contra la política salarial de Maduro |

AGOSTO de 2022

Nº 3.031

Año LXXV

Edición digital

Exitoso Encuentro Nacional de Trabajadores en Lucha

UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA CONTRA LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO CARACAS.- Con la presencia de más de 200 participantes, en representación de numerosas organizaciones de lucha de trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado, se llevó a cabo el sábado 30 de julio, en el auditorio del Decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en esta ciudad, el Encuentro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en Lucha, que había sido convocado por el Espacio Sindical Unitario. El encuentro se cumplió con dos mesas de trabajo, en las que se debatieron la situación de la clase trabajadora venezolana en medio de la crisis capitalista, el programa de ajuste antipopular del Gobierno, elementos para un programa mínimo de unidad de acción de las y los trabajadores, un plan de lucha y movilización unitaria, y mecanismos de articulación y unidad en los niveles regional, sectorial y nacional. Las propuestas surgidas en las mesas fueron llevadas a la plenaria ﬁnal del evento. Durante toda la actividad hubo un clima de respeto y de debate sincero, pese a las diferencias existentes entre las distintas organizaciones y corrientes de pensamiento y acción del movimiento obrero y sindical. En el encuentro destacó la participación de las y los representantes de la Corriente Clasista de Trabajadores y Trabajadoras «Cruz Villegas» (CCCTV), el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), quienes expresaron el enfoque y las propuestas del sindicalismo clasista venezolano, las cuales fueron asumidas en general por las y los participantes. Entre estas propuestas se incluyen la lucha por la aprobación de la ley de escala móvil de salarios y pensiones indexados a la canasta básica, y la ley de rescate y revalorización de las prestaciones sociales, a través de la iniciativa popular legislativa contemplada en la Constitución de la República. Asimismo, se planteó y se aprobó realizar una jornada de movilización nacional el próximo 18 de agosto, Día de Lucha por la Salud y Seguridad en el Trabajo.

También es pertinente mencionar que participaron además otras organizaciones sindicales, movimientos y corrientes que expresan las diferentes orientaciones y matices existentes en el seno del movimiento de las y los trabajadores, tales como Coalición Sindical, Unión Nacional de Trabajadores (Unete), sectores de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Alianza Sindical Independiente (ASI), Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa), Federación Nacional de Sindicatos Obreros de la Educación Superior (Fenasoesv), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (Sinatraucv), Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (Ccura), Marea Socialista, Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Corriente Marxista Internacional Lucha de Clases, Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), EnComún, movimientos de la sexodiversidad, entre muchas otras organizaciones e individualidades. POR LA MÁS AMPLIA UNIDAD DE ACCIÓN En medio de la heterogeneidad de los asistentes, se asumió el criterio de la más amplia unidad de acción en defensa del salario, las

convenciones colectivas, la libertad sindical, el derecho a huelga, la salud en el trabajo, el derecho a la protesta; por la libertad de los dirigentes sindicales injustamente presos, el cese a la persecución contra sindicalistas y toda criminalización de la lucha laboral, la derogación del instructivo de la Oﬁcina Nacional de Presupuesto (Onapre), la derogación del memorando-circular 2792; contra la aplicación fraudulenta del artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt); y en general, por la derrota de la política laboral antiobrera y antisindical que aplica el Gobierno en su lógica neoliberal y capitalista. En el debate se impuso la madurez de entender que la amplia unidad de acción sólo existe, se consolida y desarrolla con la independencia y autonomía de la lucha organizada de las y los trabajadores, frente a los patronos, el Estado, los factores políticos que sirven a la patronal privada y pública y a potencias extranjeras, así como a toda entidad extraña a los intereses de la clase trabajadora venezolana. En la dinámica de la lucha, se desarrollarán alianzas con fuerzas sociales que asuman la defensa de los derechos económicos, sociales, humanos, culturales y ambientales del pueblo trabajador, sin exclusiones de ninguna naturaleza.

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MEMORIA

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Entrevista de Bolívar y San Martín en Guayaquil ENRIQUE GARCIA ROJAS. Especial para TP Profesor de Literatura

ara 1822, la mayor parte de Hispanoamérica se había liberado del dominio imperial español. Desde México hasta el Cabo de Hornos, ya no quedaba por independizar sino el Virreinato del Perú. En julio de este año, las tropas argentinas y chilenas a las órdenes de José de San Martín llegaron a Guayaquil, donde ya se encontraba Simón Bolívar, preparando la campaña para la liberación de Perú. Inmediatamente después de los agasajos preparados por Bolívar a San Martín, y de los cordiales y recíprocos saludos, se realizó la célebre entrevista entre ambos libertadores, que por haber sido secreta ha dado lugar a tantas conjeturas. Sin embargo, lo más probable es que esta reunión careciera de la fantasiosa importancia que se le atribuye. En realidad, se trató de una conversación más bien breve entre dos líderes que no estaban autorizados por sus respectivos congresos para concluir tratados o convenios. Además, San Martín carecía de respaldos políticos y militares para emprender la nueva campaña del Perú. Existen dos relaciones oﬁciales de la conferencia de Guayaquil, ﬁrmadas ambas por José Gabriel Pérez, secretario de Bolívar, y dirigidas una al Gobierno de Colombia y otra al General Sucre. Según Pérez, en la entrevista San Martín se mostró favorable a la monarquía y propuso que se ofreciera el Perú a algún príncipe europeo. Bolívar se mostró absolutamente opuesto a esta idea, y logró imponer sus ideas.

Rotonda conmemorativa del encuentro en Guayaquil, Ecuador

DE GUAYAQUIL A AYACUCHO El 27 de julio, luego de la entrevista y posterior agasajo, San Martín partió en una goleta, muy preocupado, y anunció poco después su renuncia a la vida pública. En su proclama de despedida, expresó estar cansado de que se dijera que quería coronarse y de ser llamado tirano. En 1824 viajó a Europa, donde permaneció el resto de su vida. A mediados de 1823, Bolívar aceptó la invitación del Congreso del Perú para hacerse cargo

de la comandancia suprema, e inició la campaña militar que concluiría en diciembre del año siguiente con el triunfo de Ayacucho y la liberación ﬁnal del Perú. De inmediato, Bolívar presentó desde Lima a la consideración de América el proyecto del Congreso Anﬁctiónico de Panamá. Había llegado la hora de las grandes decisiones. A los pueblos de la América Meridional tocaba acompañar a Bolívar, quien había proclamado «Para nosotros la patria es América».

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85 años de la primera Conferencia Nacional del PCV TRIBUNA POPULAR.- En diciembre de 1934, unos 60 comunistas que habían sido apresados en diferentes redadas desde la fundación del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en 1931, salieron de prisión y fueron expatriados a diferentes países, principalmente a Colombia, Francia, Panamá y España. Para ese momento, además de los comunistas venezolanos en el exilio y de los que continuaban en las mazmorras de la tiranía de Juan Vicente Gómez, había un número de militantes en la más estricta clandestinidad en diversos lugares del territorio nacional. Así que para 1935 el PCV se encontraba muy desarticulado y, en consecuencia, varios camaradas solicitaron al Buró del Caribe (BC) de la Internacional Comunista (IC) asistencia para la reconstrucción del PC. En febrero de ese año el grupo de comunistas venezolanos en Trinidad envió el aviso de la realización de una conferencia organizativa del Partido, pero el BC sugirió que esa conferencia no se realizara todavía. Varios de los grupos propusieron entonces el ingreso clandestino de cuadros organizadores para empezar a trabajar con miras a la conferencia y posterior reestructuración del Partido. El 20 de agosto, el VII Congreso de la IC aceptó al PCV como miembro efectivo de la organización comunista mundial.

Fundado el 17 de FEBRERO de 1948 Premio Nacional de Periodismo 2002

Desde ﬁnes de 1935, comenzaron a retornar clandestinamente los comunistas que se encontraban expatriados; muchos ya estaban en el país el 14 febrero de 1936, cuando se realizó en Caracas y Valencia una gran jornada de protesta popular por la ampliación de las libertades democráticas, dirigida por la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) y la Asociación Nacional de Empleados (ANDE). Entre diciembre de 1936 y enero de 1937, tuvo lugar uno de los episodios de mayor combatividad y heroísmo de la clase obrera de Venezuela, la primera gran huelga petrolera, organizada y dirigida por la Unión Sindical Petrolera de Venezuela (USPV), fundada ese mismo año por todos los sindicatos de la industria. Este fue un conﬂicto dirigido principalmente por militantes del PCV, que constituían la fuerza determinante en esa organización. Como consecuencia de la huelga petrolera, el Gobierno desató una nueva ola de represión, que incluyó en febrero de 1937 el decreto de ilegalización de todos los partidos de izquierda y sus periódicos. Numerosos dirigentes estudiantiles, políticos y sindicales fueron desterrados, entre ellos Gustavo Machado, Salvador de la Plaza y Rodolfo Quintero, acusados de violar el inciso 6º del Artículo 32 constitucional.

El 8 de agosto de 1937, en la ciudad de Maracay, en el domicilio de Víctor Paiva, se realizó por fin, en condiciones de extrema clandestinidad, la Primera Conferencia Nacional del PCV, en las que participaron 17 delegados y cuatro auxiliares de logística y organización, provenientes de las siete regiones del país en las que el Partido contaba entonces con organismos regulares. El tema central de la Conferencia era si los comunistas venezolanos debían abandonar los partidos policlasistas y organizar y levantar al PCV como partido autónomo con propaganda y programa propios. La gran mayoría de los delegados aprobaron hacerlo así y, en consecuencia, el PCV, por primera vez desde su fundación seis años antes, comenzó a tener una estructura orgánica nacional, una dirección centralizada y un correaje interno de comunicación que cubría todo el país. Se decidió además publicar y distribuir propaganda de perfil específicamente clasista, con orientación marxista-leninista, y firmada por el PCV. Así fue como los comunistas venezolanos decidieron «dar la cara» para luchar junto al pueblo contra el imperialismo y la explotación capitalista. Hoy, ochenta y cinco años después, el PCV continúa junto al pueblo trabajador, para cumplir la misión histórica de la conquista del poder y el triunfo de la revolución proletaria y popular.

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POLÍTICA

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La Ley de Zonas Económicas Especiales amenaza la soberanía nacional TRIBUNA POPULAR.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) insiste en que la recién promulgada Ley de Zonas Económicas Especiales (LZEE) es contraria a la soberanía nacional y a los legítimos intereses populares. Como se recordará, el pasado 28 de junio el PCV expresó su opinión contraria a la aprobación de la ley y su decisión de abstenerse en la votación de ésta durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN). El diputado Oscar Figuera, quien es también el secretario general de la tolda comunista, manifestó enérgicamente en aquella oportunidad esta posición, con lo que el PCV rompió la unanimidad en la AN, y se convirtió en la única fuerza política disidente sobre este tema. En su argumentación, el diputado comunista explicó que este instrumento de ley «signiﬁca una nueva amenaza para la soberanía nacional por cuanto crea las condiciones para establecer áreas bajo control del gran capital transnacional a través de regímenes especiales, tanto en lo concerniente a las excepciones e impuestos al capital como en lo que respecta a establecer ﬂexibilización y desregularización de las relaciones laborales en perjuicio de las y los trabajadores». Añadió Figuera que esta ley es una expresión del pacto de élites que han forjado las diver-

sas fracciones del capital nacional y transnacional, tanto de la burguesía tradicional como de la llamada «burguesía revolucionaria». Con ese nuevo pacto, análogo al llamado «pacto de Punto Fijo» que sirvió de base para la gobernabilidad nacional durante el período 1959-1999, «buscan imponerle al país una salida capitalista a la profunda crisis que afecta al modelo de capitalismo dependiente y rentista venezolano», dijo. CENSURA ANTICOMUNISTA La intervención en esa sesión de la AN del diputado del PCV y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) no fue transmitida por los medios bajo control gubernamental, ni siquiera por el canal de televisión del parlamento. En el momento de intervenir Figuera, la transmisión fue cortada. Asimismo, los planteamientos del PCV y su decisión de abstenerse de votar la Lzee fueron omitidos del acta de la sesión del día martes 28 de junio, y dos días más tarde, cuando se dio continuidad a las discusiones en torno al proyecto de ley, Figuera debió exigir a viva voz y sin micrófono que la posición de las y los comunistas fuera debidamente asentada y reseñada. Posteriormente, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, impidió que el PCV interviniera en

el debate parlamentario. «Mientras diputados del partido de gobierno y de la oposición colaboracionista tomaban la palabra para ensalzar los supuestos beneficios que este instrumento legal traería al país, a la diputación del PCV y la APR le negaron el derecho en dos oportunidades», explicó Figuera. Tras la sesión del 30 de junio, el diputado comunista recordó que es «una constante en la AN que el diputado Rodríguez se arrogue el derecho de decidir a qué diputado o diputada le da la palabra y a cuál no, violando no solamente el Reglamento Interior y de Debates de la AN, sino también la propia Constitución». «El proceder del diputado Rodríguez conculca derechos de los electores que con sus votos nos eligieron para representarlos en la AN», agregó. Ya en abril de 2021, cuando se dio inicio a la primera discusión del proyecto de ley, el diputado Figuera expresó las profundas reservas del PCV, y afirmó que «este proyecto está lejos de apuntar al desarrollo productivo y soberano. La historia del capital en Venezuela es la de la especulación y el parasitismo. Por ello, el PCV y la APR no avalarán este proyecto». Y ahora, cuando aquel proyecto ya ha sido aprobado, y el presidente Maduro ha anunciado la creación de las primeras cinco zonas especiales, el PCV ratifica una vez más su oposición a esta ley.

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Continúa José Pinto en huelga de hambre CARACAS.- El dirigente histórico del Movimiento Revolucionario Tupamaro (MRT) José Tomás Pinto Marrero cumplió ya un mes en huelga de hambre, acción que inició el pasado 29 de junio como medida de protesta ante su posible traslado al centro penitenciario Yare II y contra la violación de sus derechos. El dirigente político lleva más de dos años detenido con un proceso judicial a cuestas que no duda de tachar de viciado, por la utilización de pruebas fabricadas, testimonios falsos y contradictorios y la parcialidad judicial en su contra. Pinto, quien era entonces diputado del Consejo Legislativo del estado La Guaira, fue arrestado en junio de 2020 por el Cuerpo de Investigaciones Cientíﬁcas Penales y Criminalísticas (Cicpc), con la acusación de haber estado involucrado en un asesinato. Horas después de su arresto, la Fiscalía General de la República lo «juzgó» y condenó ante las cámaras de televisión, condicionando así a la opinión pública nacional en su contra y violando el principio constitucional de la presunción de inocencia. Por otra parte, su arresto se produjo apenas semanas después de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara la intervención del MRT y desplazara a Pinto de la Secretaría General de esa organización partidista, en abierta violación al ordenamiento jurídico venezolano y a la autonomía orgánica de los partidos políticos. Tal

Pinto fue arrestado en junio de 2020

decisión judicial ocurrió en momentos en que el MRT acababa de acordar su incorporación a la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), una alianza electoral contrapuesta al gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El encarcelamiento, sin sentencia ﬁrme, ha afectado gravemente su estado de salud. En varias oportunidades, a pesar de solicitar ayuda médica, las autoridades penitenciarias dilataron la asistencia médica al dirigente político. Asimismo, durante el proceso se le ha obstacu-

lizado a su defensa el acceso al expediente judicial. Pinto aﬁrma que está secuestrado y que es un preso político, debido que no existen pruebas ni justiﬁcaciones para su encarcelamiento. Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), envió un mensaje de solidaridad a Pinto, y denunció la violación de sus derechos humanos y constitucionales. Figuera, quien es también diputado ante la Asamblea Nacional, exigió el cese de las violaciones al debido proceso y la libertad inmediata del dirigente social.

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NACIONAL

Breves regionales PELIGRA RECOLECCIÓN DE BASURA BARINAS.- La Empresa Socialista Barinesa de Recolección de Desechos Sólidos (Esobades) se acerca a un cierre técnico tras una política de desmantelamiento que pone en riesgo más de 100 puestos de trabajo. Pese a los anuncios reiterados por las autoridades regionales y locales de que se iniciaría un plan integral de recolección de basuras, la grave situación que se vive en todo el estado con el aseo público ha continuado. En las últimas semanas se anunció la contratación de la empresa Fomento de Servicios Públicos, Compañía Anónima (Fospuca), con lo que el servicio de recolección de basuras quedaría privatizado en el municipio Barinas. El Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en Barinas ha denunciado este paso como un retroceso, que incrementará las tarifas del servicio y dejará desempleados a quienes hasta ahora laboraban en el aseo urbano de la ciudad capital del estado.

FACULTADES DE LA ULA PERMANECEN CERRADAS MÉRIDA.- La Universidad de Los Andes (ULA) continúa prácticamente paralizada, y según estimados, sólo funciona un 15% de las dependencias de esta casa de estudios. Así lo informó Joaquín Uzcátegui, trabajador jubilado de la ULA y dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Mérida. Según el dirigente comunista, el alto costo del pasaje, la pulverización del salario y el desmantelamiento del seguro de salud son las principales razones del ausentismo de profesores, obreros y personal administrativo. Por otra parte, las instalaciones y ediﬁcios de las facultades siguen sufriendo frecuentes hurtos y daños, así como falta de insumos para su mantenimiento y funcionamiento ordinario.

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Se agrava persecución de dirigentes sindicales TRIBUNA POPULAR.- Fue detenido la noche del 2 de agosto el dirigente sindical Douglas González, en momentos en que se trasladaba con otros trabajadores a Caracas, donde tenía previsto denunciar una serie de amenazas y maltratos contra los trabajadores de la empresa CVG Industria Venezolana de Aluminio C.A. (Venalum), a la cual está adscrito. Así fue reportado por voceros de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), quienes agregaron que el dirigente se encontraba de paso por Puerto Píritu, estado Anzoátegui, cuando fue interceptado por agentes de los cuerpos de seguridad. Al momento de su audiencia preliminar, los abogados de González todavía desconocían los cargos en su contra, por no haber tenido acceso al expediente que se le abrió en el Tribunal Séptimo de Control, en violación del estado de derecho consagrado en la Constitución de la República. Se informó que, posteriormente, el dirigente de los trabajadores de Venalum fue trasladado a la ciudad de Barcelona. Los voceros de la ITG aseguraron que esta detención se hizo «con la complicidad de actores de diversos niveles e instancias del Gobierno». La detención fue conﬁrmada por la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, a través de su secretario Iván Freites, quien responsabilizó directamente al presidente Nicolás Maduro por este procedimiento ilegal. González es reconocido por sus compañeros como un luchador consecuente por los derechos de los trabajadores, y en el año 2014 fue presidente de la comisión electoral del sindicato de Venalum.

secuestrado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en las inmediaciones de la sede nacional del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Castillo acababa de participar en la movilización que recorrió el centro de Caracas el 21 de julio para exigir la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que desmejora los salarios de las y los trabajadores de la administración pública. En aquella oportunidad, funcionarios del cuerpo de inteligencia del Estado, equipados con armas largas y cortas, rodearon la sede del PCV y agredieron a la dirigente comunista Adelaida Zerpa, miembro del Comité Central del PCV y trabajadora del sector público, quien trataba de impedir el secuestro de Castillo. Castillo, quien es también militante del PCV y miembro de la dirección del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), fue trasladado a la sede del Sebin, fotografiado e interrogado acerca de su participación en las acciones de calle que han tenido lugar en las últimas semanas contra la política laboral y salarial del Gobierno nacional. Tras varias horas, recibió una boleta de citación y fue liberado. Durante la movilización del 21 de julio, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, acompañados por grupos de choque del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), impidieron la llegada de las y los manifestantes a la Vicepresidencia de la República y los atacaron física y verbalmente. En la confrontación, resultó agredida la dirigente comunista Jackeline López, miembro del Comité Central del PCV y del Movimiento de Mujeres «Clara Zetkin», mientras grababa el desarrollo de la concentración; su teléfono le fue arrebatado y destruido. Pedro Eusse, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), afirmó que «estas acciones de los cuerpos represivos buscan amedrentar a las fuerzas políticas y sociales que están enfrentando el plan de ajuste antipopular del Gobierno de Nicolás Maduro».

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SIN RESPUESTA DEMANDAS DE SIDORISTAS EN HUELGA CIUDAD GUAYANA.- «No ha habido voluntad de los Gobiernos nacional y regional para entablar conversaciones con los trabajadores», aﬁrmó Saúl Hurtado, dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Bolívar, ante el conﬂicto laboral en curso que afecta la planta de palanquillas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Los trabajadores de ese centro laboral entraron recientemente en huelga para protestar contra las tablas salariales vigentes, que consideran muy insatisfactorias. La respuesta de las autoridades, explicó Hurtado, «se ha concentrado en señalamientos, acusaciones e intentos de intimidación a los trabajadores».

González fue detenido el 2 de agosto

OTRAS AGRESIONES RECIENTES La detención ilegal de González ocurrió menos de dos semanas después de que Ángel Castillo, dirigente sindical del sector salud y coordinador nacional del Colectivo «2 de junio» de las y los Trabajadores de Barrio Adentro, fuera

Castillo fue detenido el 21 de julio

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NACIONAL

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Protestas contra instructivo de la Onapre TRIBUNA POPULAR.- «La dirección patronal ha traicionado nuevamente al gremio con la firma de un acuerdo que no sólo vulnera los derechos de las y los trabajadores del sector universitario, sino que además violenta la Constitución de la República y leyes y convenios internacionales», declaró el Partido Comunista de Venezuela (PCV) ante el acuerdo firmado el 2 de agosto entre la cúpula de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV) y representantes del Gobierno. El acuerdo compromete a las y los trabajadores de las universidades nacionales a someterse a las muy desfavorables condiciones salariales impuestas por medio del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro en marzo de este año. «Este es apenas el último eslabón de una cadena de violaciones que tiene su origen en el denominado programa de crecimiento, recuperación y prosperidad económica de 2018, que no es más que un descarado plan de ajuste antipopular», afirma la declaración del PCV. Durante las últimas semanas, las y los trabajadores de distintos sectores han salido a las calles repetidas veces en todo el país para exigir el cumplimiento de sus convenciones colectivas, que quedaron sin efecto a resultas de la aplicación del instructivo de la Onapre. OFENSIVA GENERAL DEL GOBIERNO CONTRA LOS TRABAJADORES Una semana antes, la dirección patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales y Conexos de Trabajadores del sector Salud y la Seguridad Social (Fenasirtrasalud) había también firmado de manera fraudulenta e inconsulta un acuerdo que redujo el monto de la cláusula de batas, uniformes y zapatos de 1.300 a 200 bolívares, en violación de lo acordado en la convención colectiva. «El PCV advierte que lo que está en curso es una estrategia del Gobierno de Nicolás Maduro de desregulación laboral y flexibilización salarial dirigida a reducir el valor de la fuerza de trabajo usando mecanismos administrativos que no tienen rango legal ni constitucional», enfatiza la declaración comunista. «Mientras los derechos de los trabajadores son conculcados, los operadores políticos y burócratas sindicaleros al servicio del Gobierno acusan y agreden a quienes

Los trabajadores universitarios protestaron en Caracas el 4 de agosto justamente protestan en las calles del país», agrega el PCV. A partir de la emisión del memorando-circular 2792 del Ministerio del Trabajo en octubre de 2018, el Gobierno ha emprendido el desmontaje de conquistas contractuales de las y los trabajadores a través de diversos instrumentos y mecanismos, el más reciente de los cuales es el instructivo de la Onapre. «El Gobierno de Maduro de manera sistemática ha vulnerado cláusulas de las convenciones colectivas, así como los principios constitucionales de inviolabilidad y progresividad de los derechos conquistados, y ahora niega al personal docente, administrativo y obrero del sector de la educación su derecho al bono vacacional y a las y los jubilados su bono recreacional», recapitula el PCV. POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS La oleada de masivas y combativas manifestaciones que ha tenido lugar en las últimas semanas contra las maniobras gubernamentales ha sido reprimida de diversas maneras, inclu-

yendo por medio del arresto ilegal de varios de sus dirigentes. No obstante, las protestas han continuado. En su declaración, el PCV exige al Tribunal Supremo de Justicia que se pronuncie favorablemente sobre los recursos de nulidad que han sido introducidos contra el instructivo de la Onapre para salvaguardar los derechos de las y los trabajadores públicos. Además, el PCV se ha dirigido a la Asamblea Nacional exigiéndole que se ponga «al servicio de las demandas populares y legisle en favor de los intereses de las mayorías que hoy cargan sobre sus hombros el peso de la crisis». «El PCV convoca a la clase trabajadora y al movimiento popular revolucionario a sumarse a la recolección de ﬁrmas para solicitar la discusión de los proyectos de ley de indexación salarial y recuperación y revalorización de las prestaciones sociales», agrega la declaración, y concluye recordando a las y los trabajadores que se encuentran movilizados en todo el país «que sólo la organización y la lucha serán garantía para preservar nuestras conquistas».

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Campesinos demandan entrega de títulos de tierras PRENSA CCCNM.- Desde hace más de 10 años, unas 30 familias campesinas del sector La Saguara, en la parroquia Guardatinajas del municipio Miranda del estado Guárico, vienen demandando que les sean otorgados los respectivos títulos de adjudicación sobre las tierras en las que llevan casi una década trabajando. A pesar de la realización de mesas de trabajo y encuentros con las instituciones y organismos en materia agraria como el Instituto Nacional de Tierras (INTI), estos entes todavía no dan respuesta efectiva a las demandas de las familias campesinas, las cuales además han tenido que lidiar con los ataques y hostigamientos del terrateniente que linda con sus parcelas. En efecto, desde hace unos dos

años el terrateniente local Daniel Fernández, a través de una argucia judicial, ha impedido el ingreso de los campesinos a sus tierras por la carretera principal de la zona, y los ha sometido a hostigamiento sistemático, presentando ante el Ministerio Público falsas acusaciones en su contra, y hasta usando los organismos de seguridad del Estado y grupos hamponiles para amedrentarlos. ¡ADJUDICACIÓN DE TIERRAS YA! Asimismo, dirigentes políticos del sector, pertenecientes al gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han estado generando acciones para evitar que el INTI entregue los títulos de adjudicación a las principales dirigentes campesinas de La

Saguara, quienes han mantenido en todas las reuniones y acciones una actitud en defensa de los campesinos y han asumido una postura crítica frente a la inoperatividad del INTI en este caso. Ante tal panorama, la Corriente Clasista Campesina «Nicomedes Abreu» (CCCNA) ha emitido una declaración exigiendo al INTI que acelere el proceso de adjudicación de tierras a quienes las ocupan y trabajan. Además, la CCCNA demanda que los tribunales y el Ministerio Publico reviertan las decisiones judiciales que afectan a las familias campesinas en el desarrollo de sus actividades productivas, y que se detengan los procesos de judicialización que pretenden criminalizar a los dirigentes campesinos de la zona.

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INTERNACIONAL

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Movilización sostenida y generalizada en Ecuador PRENSA DPI.- La movilización popular que hemos visto en Ecuador a partir de junio es básicamente la continuación del paro de octubre de 2019, que se venía gestando desde hace mucho tiempo, motivado por la crisis socioeconómica que atraviesa la población, especialmente su parte indígena. El pueblo de Ecuador ha estado en las calles prácticamente sin pausa desde el gran levantamiento indígena de 1990. En los primeros años hubo protestas contra los tratados de libre comercio y las zonas francas y la expansión de la producción petrolera. Luego vino la etapa del progresismo, con Rafael Correa como presidente, durante la cual muchos movimientos sociales fueron silenciados, por un lado por cooptación y por otro lado por la represión sistemática y la división por inﬁltración. En 2019, volvió a estallar la protesta social por el despojo de tierras indígenas y campesinas a favor del extractivismo petrolero, las plantaciones de palma aceitera, la cría de camarón de costa y el cultivo de maíz para la exportación. Cada vez más, la minería también está provocando una gigantesca expropiación de áreas, así como una fuerte migración y destrucción del tejido social en el campo. La tasa

de pobreza en el sector rural de Ecuador se encuentra entre las más altas del mundo. Durante la pandemia, el Gobierno anuló el acuerdo de 2019 sobre la congelación del precio del combustible. Esto, junto con el aumento de los precios de los fertilizantes, motivó la huelga de junio. Fueron 18 días intensos que movilizaron a todo el Ecuador. Se estima que el 80 por ciento de la población apoyó la huelga. Las huelgas no se concentran en Quito, sino que siempre sacan su fuerza de los bloqueos de carreteras en los distintos puntos del país. Sólo entonces desarrollan su efecto, porque ya no está garantizado el abastecimiento de alimentos a las ciudades. Este es el arma más fuerte para dejar claro a las ciudades, que sin la población campesina no hay comida. Cada comunidad se divide para que una parte maneje hasta Quito, una parte haga los bloqueos locales y un tercer grupo se encargue del abastecimiento e infraestructura del paro. Durante la huelga, el estado ya no tiene control sobre el país. PERSPECTIVAS INMEDIATAS En Ecuador hay cerca de 200 proyectos mineros que están asociados a grandes conﬂictos sociales y ecológicos. El Frente Nacional Contra

la Minería ha unido hasta ahora 21 zonas afectadas y todas han participado en el paro, ya sea bloqueando carreteras o bloqueando directamente proyectos mineros. El incumplimiento de las consultas obligatorias previas a la aprobación con las comunidades agrícolas debe terminar. La perspectiva futura no es alentadora. Por un lado, apenas un año después de asumir, el gobierno de Guillermo Lasso ya está severamente debilitado, con sólo 20% de apoyo y se duda mucho que termine la legislatura. Los desafíos para todo el país son grandes. Toda la economía nacional se ha basado en el petróleo durante los últimos 50 años, y la producción ha ido disminuyendo desde 2005, aunque incluso se ha permitido la producción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Probablemente en cinco años, Ecuador será un importador neto de combustibles y, por lo tanto, las élites buscan reemplazar el petróleo con la minería. La guerra en Ucrania también golpea fuerte a Ecuador, porque los costos de los fertilizantes han subido, y porque Rusia es un importante comprador de las exportaciones ecuatorianas de ﬂores y plátanos. Se avecinan años de lucha y enfrentamiento.

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Panamá: Los manifestantes bloquean las calles

PRENSA DPI.- Sindicatos y organizaciones sociales piden la continuación de las protestas a nivel nacional en Panamá. Durante varias semanas, miles han estado manifestando contra las políticas neoliberales del Gobierno, el aumento de la inﬂación, la corrupción y los altos costos de alimentos y combustibles. Aunque el presidente Laurentino Cortizo ordenó una rebaja en el precio de la gasolina y anunció un decreto congelando los precios de una decena de abarrotes, un gran número de personas continuaron saliendo a las calles con ollas y sartenes en diferentes partes del país. Los manifestantes exigieron control de los precios en general, y que el precio del combustible se reduzca por debajo de los tres dólares estadounidenses por galón. La mayoría de las organizaciones se desmarcó de cualquier acuerdo con el Gobierno «que

no reﬂeje los sentimientos reales ni las demandas reales de la gente». Llaman a la conformación de «una mesa única de diálogo con el gobierno para atender todas las demandas de la población». Hasta entonces, las protestas continuarían. Grupos indígenas y campesinos han cerrado la Carretera Interamericana. POR LA UNIDAD POPULAR El país centroamericano atraviesa actualmente una de las mayores crisis sociales desde la caída de la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega en 1989 tras la invasión estadounidense. En Panamá, el crecimiento económico va de la mano con «la pobreza, la exclusión, la discriminación de los pobres y la caída del nivel de vida de la población trabajadora», criticó Genaro López, secretario gene-

ral de la organización Coordinadora de Unidad Sindical. Ante el aumento de la desigualdad social, López instó a sindicatos y organizaciones sociales a «unirse en un solo frente de combate para cambiar el orden injusto». Los actores deben tener claro «que no obtenemos nada gratis de los poderosos de los negocios y sus gobiernos, las instituciones políticas y los partidos seudoindependientes», escribió el dirigente gremial. Las protestas ya han tenido un impacto importante en la producción de bienes y servicios. Según cálculos del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, se habrían perdido alrededor de 16 millones de dólares por día de manifestación.

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ESTUDIAR Y LUCHAR

AGOSTO de 2022

La UDO abandonada y destruida

PRENSA JCV.- La situación del núcleo Sucre de la Universidad de Oriente (UDO), con sede en Cumaná, ha venido sufriendo un franco deterioro en los últimos años. La infraestructura del campus universitario ha sido severamente dañada por acciones vandálicas llevadas a cabo por personas ajenas a la institución, presuntamente de los barrios aledaños, con el fin de extraer materiales diversos que luego son vendidos ilícitamente para obtener ingresos. En marzo del presente año, se creó una comisión integrada por miembros de la comunidad universitaria de la UDO que realizaron inspecciones en los distintos espacios del campus para evaluar los niveles de destrucción, trazar estrategias y planificar acciones para iniciar la recuperación de la infraestructura. El Frente Estudiantil «Livia Gouverneur» (FELG) ha venido procurando la cooperación con miembros de dicha comisión, con el fin de conocer de primera mano el plan de recuperación que aspira a llevar a cabo el Gobierno regional de Sucre, y que hasta ahora está paralizado. CLASES EN LAS PLAZAS Y AULAS EN RUINAS Lo cierto es que para continuar impartiendo estudios en modalidad semi-presencial, los docentes universitarios han venido utilizando espacios públicos tales como plazas y parques, y diversas instituciones públicas y privadas como liceos y hasta iglesias, para cumplir con el objetivo de formar al estudiantado. Las y los estudiantes se han tenido que adaptar a este irregular y accidentado modo de funcionamiento para poder cumplir con sus deberes académicos.

Así están la aulas de la Facultad de Ciencias

Con un aproximado de 2.000 estudiantes en todo el estado Sucre, distribuidos entre la sede de Cumaná y la extensión de Carúpano, la UDO es indiscutiblemente la principal opción de educación superior de la región. No obstante, su situación se ha venido deteriorando ace-

leradamente desde hace cuatro años, y pese a haber sucedido hechos extraordinarios que demuestran el abandono en que está sumida esta casa de estudios, ni las autoridades universitarias ni los gobiernos regional y municipal tomaron medidas oportunas al respecto.

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Recuperación económica de corto alcance Comencemos por reconocer lo indiscutible: tal como afirma el Gobierno, la economía venezolana efectivamente ha experimentado alguna mejoría en los últimos tiempos, especialmente a partir de septiembre 2021. Aunque continúa habiendo un fuerte retraso en la publicación por el Banco Central de Venezuela (BCV) de las cifras oficiales correspondientes, diversas estimaciones extraoficiales coinciden en señalar que el producto interno bruto (PIB) venezolano habría crecido alrededor de 5% el año pasado. Ahora bien, para evaluar adecuadamente esas cifras positivas es necesario tomar en cuenta que la economía nacional viene de una larga cadena de años de mal desempeño, que se inició en 2009 y 2010 con una fuerte recesión, continuó en 2011 y 2012 con un débil crecimiento, y alcanzó desde 2013 la categoría de depresión profunda. En total, desde 2008 hasta 2020 el PIB venezolano se redujo de casi 315 a unos 45 millardos de dólares, una caída de cerca de 87%. De manera que más que de «crecimiento» o «mejoría», deberíamos hablar de que el año pasado hubo una modestísima recuperación de una parte de lo mucho que hemos perdido. Tan modesta que, si aceptamos como correctas esas estimaciones de «crecimiento» para 2021, y las proyectamos hacia el futuro a la misma tasa, la economía nacional necesitaría otros 41 años para recuperar el nivel bruto total que tuvo en 2008.

OBSTÁCULOS EN EL HORIZONTE Una de las razones de esa recuperación fue la relativa estabilización del valor del bolívar, tanto en el frente interno como en el externo, es decir, tanto de la inflación como de la tasa de cambio ante el dólar. Y esa relativa estabilidad se debió en muy buena medida al momentáneo fortalecimiento que experimentaron las reservas internacionales (RI) de la República: al tener más dólares a su disposición, el BCV pudo intervenir más activamente en el mercado cambiario en defensa del valor del bolívar, lo que, por un lado, desaceleró la declinación de la divisa nacional, y, por otro, aumentó el volumen de dólares disponibles para la ampliación de la oferta interna de bienes y servicios, lo que mejoró la relación entre oferta y demanda y redujo los niveles de inflación. Así, si en los primeros nueve meses del año pasado el bolívar se devaluó en cerca de 275%, entre octubre 2021 y junio 2022 la moneda nacional sólo se había devaluado un 23%; y al mismo tiempo, las tasas anualizadas de inflación, que se mantenían por arriba de 2.000% hasta septiembre 2021, cayeron por debajo 300% en abril 2022. Pero ese fortalecimiento de las RI fue producto de un evento único e irrepetible: la incorporación a mediados de septiembre de casi 6 millardos de dólares provenientes de la alícuota correspondiente a Venezuela de los de-

rechos especiales de giro emitidos por el Fondo Monetario Internacional. La única manera de que las RI sigan fortaleciéndose es por medio de la captación de dólares gracias al crecimiento de las exportaciones, y esto no está ocurriendo. Las exportaciones de petróleo continúan siendo muy exiguas debido a la escasísima producción petrolera del país (unos 800 mil barriles diarios), lo que ha impedido que Venezuela aproveche la momentánea coyuntura de altos precios petroleros que ha experimentado el mundo en los últimos meses. Y por otro lado, no ha habido señal alguna de reactivación signiﬁcativa de la economía productiva con capacidad de exportación: el «crecimiento» económico de los últimos meses ha ocurrido casi por entero en el sector de comercio y servicios. Es decir que no hay perspectiva alguna de que las RI mejoren o siquiera mantengan su nivel, lo que signiﬁca que el bolívar está condenado a volver a la extrema debilidad que ha mostrado desde hace ya unos cuantos años. Por desgracia para nuestro pueblo, desde junio esto parece haber comenzado a suceder: las RI ya han perdido más de 1 millardo desde su pico de septiembre, y a lo largo de los últimos dos meses la devaluación del bolívar ha vuelto a acelerarse, al tiempo que el ritmo de crecimiento de los precios en los mercados nacionales se ha desbocado una vez más. ¿Alegría de tísico?

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AGOSTO de 2022 Año LXXV

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La CUTV y el FNLCT responden a la CBST

En los centros de trabajo y en las calles defendemos nuestros derechos La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), responden a un reciente comunicado de la llamada Central «Bolivariana Socialista» de Trabajadores (CBST), en el que ésta declara su apoyo incondicional a las políticas del Gobierno, acusan de «contrarrevolución tarifada» a quienes realizamos protestas contra esas políticas, y además nos amenazan con violencia callejera. Las y los trabajadores activos y jubilados que exigen respeto a sus derechos no son ningunos tarifados, como dice la cúpula de la patronal CBST, subordinada al Gobierno nacional. Denunciamos y protestamos lo que defienden los sindicaleros desclasados y gobierneros: la aplicación de una política neoliberal con la que descargan sobre la clase trabajadora todo el peso de la crisis y de las ilegales sanciones imperialistas. EL ORIGEN DE LA CRISIS Las criminales sanciones impuestas por Estados Unidos a la nación no fueron el origen real de la actual crisis –como lo afirman el Gobierno y su central sindical–, sino que agudizaron la crisis estructural propia de una economía capitalista dependiente, monoexportadora y multiimportadora, con burguesías parasitarias, tradicionales y nuevas, alimentadas con los ingresos petroleros administrados por el Estado. Del 2003 al 2013 fueron asignados más de 300 mil millones de dólares al sector privado, una buena parte para subsidiar importaciones fraudulentas. Es decir, una masa descomunal de divisas se fugó al exterior y las perdió la nación, sin que se realizara un plan para el desarrollo de fuerzas productivas, ni para asegurar al pueblo la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, salarios, empleos dignos, seguridad social, servicios públicos de calidad, haciendo de Venezuela una nación altamente vulnerable. No hemos conquistado soberanía frente al sistema financiero internacional. El Gobierno del presidente Nicolas Maduro, en el período del 2013 al 2017, canceló por deuda externa unos 109 mil millones de dólares. Mientras le pedía sacrificios al pueblo trabajador y dejaba de invertir en las empresas del Estado, el Gobierno realizó pagos exorbitantes por deuda externa. Se ha transferido la mayor parte de la renta petrolera al sector privado (burguesía nacional y extranjera), sin ninguna contraprestación para la nación ni para el pueblo venezolano. LA RESPUESTA DEL GOBIERNO: MÁS POBREZA, DESIGUALDADES, INJUSTICIAS Ahora el Gobierno, para «atraer inversiones extranjeras», impone una brutal desregulación laboral (relaciones de trabajo sin derechos): extrema reducción de salarios,

pensiones y prestaciones sociales; desmantelamiento de las convenciones colectivas; supresión de la libertad sindical y el derecho a huelga; despidos numerosos con aval de las autoridades; generalizado fraude en las relaciones de trabajo; subcontratación, tercerización, individualización y mercantilización laboral; desmontaje de la protección a la salud y seguridad en el trabajo; entre muchas otras prácticas que precarizan y deterioran la calidad de vida de la clase trabajadora. Para esa política que confisca derechos laborales, en el sector público y en el privado, aplican el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y el memorando circular 2792 del Ministerio del Trabajo. Veamos el proceso de destrucción del salario real en nuestro país: para mayo del 2012 el ingreso mínimo de un trabajador o trabajadora (salario mínimo más bono alimentario) representaba el 153% de la canasta alimentaria, mientras que para junio/julio del 2022, representa apenas el 7,10% de la canasta alimentaria. El Gobierno ofrece privilegios y exime de impuestos a las empresas transnacionales, a la burguesía parasitaria y a los «emprendedores» de bodegones, casinos, lujosos supermercados, servicios de «delivery» y centros recreacionales donde no se aplican ni la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) ni la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat). Para legitimar los privilegios al capital extranjero en contra de la soberanía nacional y la dignidad de la clase obrera venezolana, fueron aprobadas la mal llamada «ley antibloqueo» y la Ley de las Zonas Económicas Especiales (Lzee). NUESTRA RESPUESTA: UNIDAD DE ACCIÓN OBRERA Y POPULAR El Gobierno acentúa prácticas antidemocráticas y autoritarias con la finalidad de aplastar toda resistencia obrera y popular a sus políticas que profundizan injusticias y desigualdades. Para ello, ejercen de manera creciente represión, hostigamiento, despidos, persecución, estigmatización y cri-

minalización contra quienes se atrevan a protestar, denunciar, confrontar y poner en evidencia que todo el discurso de la supuesta «revolución», el «gobierno obrerista» y el «socialismo bolivariano» es puro y simple fraude. Rechazamos toda intimidación y represión contra los que luchan y llamamos a fortalecer al sindicalismo clasista: con absoluta independencia y autonomía frente a los patronos, al Estado y a los partidos de la burguesía, de cualquier signo. Igualmente convocamos a la más amplia unidad de acción sindical, para detener y revertir las violaciones a los derechos laborales y por el respeto a las garantías democráticas establecidas en la Constitución, particularmente el derecho a la manifestación pública, ejercido por trabajadores activos y jubilados para exigir que la crisis la paguen la burguesía y los corruptos, no el pueblo trabajador. ¡Por una Ley de Escala Móvil de Salarios y Pensiones Indexados a la Canasta Básica! ¡Gobierne quien gobierne los derechos se deﬁenden! ¡Unámonos y seremos invencibles!