Trabajadoras injustamente encarceladas por denunciar corrupción

Tribuna PoPular.- La política gubernamental de persecución, hostigamiento, criminalización y judicialización de las luchas obreras también ha alcanzado a las trabajadoras venezolanas durante los últimos años, particularmente en la industria petrolera.

Uno de los casos emblemáticos es el de la exgerente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Aryenis Torrealba, quien junto con su compañero, el también exgerente de la empresa Alfredo Chirinos, fue detenida en febrero de 2020, acusada ante la opinión pública de ser «espía de la CIA». Los jóvenes trabajadores habían denunciado previamente hechos de corrupción en operaciones de exportación de crudo.

Aunque el delito de espionaje fue sobreseído, Torrealba y Chirinos fueron condenados en fe- brero de 2021 a cinco años de cárcel, condena que fue sustituida al poco tiempo por una medida de prisión domiciliaria. El Comité de Familiares y Amigos de las y los Trabajadores Presos ha solicitado que se les efectúe una evaluación psicosocial, requisito con el que los jóvenes trabajadores podrían obtener permiso para salir de la reclusión en su hogar.

A la injusta judicialización de trabajadores se suman las reiteradas violaciones al debido proceso. El caso de Johana González es representativo: la trabajadora de Pdvsa Etanol fue acusada en 2021 de participar en la sustracción de una turbina, pese a que su cargo en esa empresa no le daba atribuciones para tomar decisiones en cuanto al destino de este tipo de bienes. Tras un retardo de nueve meses en la realización de la audiencia preliminar, González fue presionada para declararse culpable de delitos menores, con la promesa de que, de hacerlo, saldría pronto en libertad. No obstante, aunque cedió a ese chantaje y recibió su boleta de excarcelación en abril de 2022, todavía continúa ilegalmente presa.

Otra historia que ha conmovido al movimiento popular es la de Rosa Mota, quien fue condenada en 2019 y liberada en 2022 en un estado crítico de salud tras una intensa campaña de solidaridad sobre su caso.

Mota fue detenida tiempo después de haber denunciado corrupción. También fue presionada para que se declarase culpable con la promesa de conseguir una pena mínima, pero no cedió y fue recluida durante tres años en condiciones infrahumanas que la llevaron al borde de la muerte. ■

Los grupos denominados maras o pandillas tienen como base las brechas de clase y exclusión producto del sistema capitalista. Asimismo, se pueden caracterizar a partir de la confluencia de distintos factores sociales, económicos y culturales, formados en la década de los noventa del siglo pasado y fortalecidos en las primeras dos décadas de este siglo.

Estos grupos están conformados mayoritariamente por jóvenes de barrios y comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza, los cuales cometen diferentes delitos atentando contra personas y familias en sus patrimonios, seguridad y vidas.

Los partidos tradicionales de la burguesía y la socialdemocracia, que gobernaron por tres décadas en el país, realizaron negociaciones con dichos grupos; medios de comunicación nacionales e internacionales han revelado que también el Gobierno actual ha sido partícipe de negociaciones con liderazgos de estos grupos delictivos. No obstante, en marzo de 2022 dichos acuerdos sufrieron un quiebre que generó una ola de asesinatos en distintos puntos del país.

En ese marco, el presidente Bukele decidió adoptar medidas represivas en contra de las pandillas, lo que ha llevado a la instauración de un régimen de excepción por casi un año, y a la suspensión de derechos fundamentales a toda la población salvadoreña. En la narrativa política del Gobierno, se ha adoptado el discurso «guerra contra las pandillas», lo cual ha generado aceptación por la población, en vista de que las maras tenían sometidas a comunidades enteras.

Uno de los logros de dichas medidas es la presunta reducción de homicidios, la recuperación de los territorios y la recuperación de la percepción de seguridad; sin embargo, se ha dotado de un poder desmedido a la Policía Nacional Civil y al Ejército, lo que ha implicado abusos de autoridad traducidos en capturas arbitrarias de jóvenes y personas inocentes.

El sistema judicial ha liberado a unas 4.000 personas a quienes no se pudo acreditar su pertenencia a las maras, pero sólo después de haber sufrido graves trastornos en sus vidas y haber sido sometidas a condiciones infrahumanas en el sistema penitenciario, sin que el Estado reconozca su error.

Por otro lado, unas 100 personas han muerto dentro del sistema penitenciario sin que se les comprobara un delito. En ocasiones, las familias de los fallecidos sólo fueron informadas por una empresa privada de servicios funerarios, sin que el Estado haya dado explicación alguna de lo ocurrido. Parecería que la zozobra que generaban las pandillas en los territorios, hoy la causan el Ejército y la Policía.

El régimen de excepción ha privado de libertad a personas que luchan por intereses colectivos, como líderes sindicales; en los primeros meses del año fueron capturados más de una decena de sindicalistas por exigir salarios adeudados de meses anteriores, el pago de prestaciones sociales y el respeto a derechos laborales.

En definitiva, las medidas adoptadas en El Salvador han reducido los homicidios, pero también han generado graves violaciones de derechos sin que el Estado asuma ninguna responsabilidad. Se ha amedrentado a líderes comunitarios y sociales, periodistas y sindicalistas, muchos de los cuales han sido detenidos. A la postre, los muertos, detenidos injustamente y amedrentados los sigue poniendo la clase trabajadora.