Tierras sin ganaderos y sin minas

Han transcurrido 10 años del asesinato del cacique yukpa Sabino Romero. A la fecha han sido condenados Ángel Romero Bracho a 30 años de cárcel por disparar contra Sabino, y otros cinco expolicías del municipio Machiques de Perijá (Zulia), quienes ya cumplieron siete años de prisión. Sin embargo, los autores intelectuales del sicariato no han ido a juicio.

A propósito de estos 10 años de impunidad, el pasado 15 de marzo un grupo de ciudadanos acompañó a las víctimas de la etnia yukpa a la sede de la Fiscalía General de la República, en Caracas, para solicitar el juicio a los autores intelectuales, pero por un error en el número del expediente y otras formalidades exigidas por la Fiscalía, se les ordenó reelaborar su petición y presentarla de nuevo. En esta situación de burocratismo, justicia clasista y cierto racismo se encuentra el proceso legal que reclaman los yukpa al Estado, después de haber sufrido un infame saldo de 13 muertes desde 2008.

Al despojo territorial de los yukpa a manos de los ganaderos desde mediados del siglo XX, le siguió a principios de 2000 la lucha por recuperar esas tierras. La violencia terrateniente se intensificó después de que la comunidad de Chaktapa, de donde era originario Sabino, decidiera reclamar las tierras de la hacienda Tizina en 2003. Se desataron así sucesivos conflictos con la familia de ganaderos Vargas, y ocurrió el asesinato en 2008 de José Manuel Romero, padre del cacique Sabino.

Como respuesta a la violencia ganadera, en agosto de ese mismo año los yukpa recuperaron las haciendas Brasil y Medellín, y consolidaron su ocupación de la hacienda Paja Chiquita, todas en el municipio Machiques de Perijá. Con estas acciones, en cuestión de tres meses los yukpa recuperaron las tierras de la cuenca del río Yaza, y Sabino Romero adquirió mayor liderazgo con su mensaje de «tierras sin ganaderos y sin minas para los yukpa».

Posteriormente, la ofensiva ganadera y de la fuerza pública comenzó a sumar víctimas. En octubre de 2009 fueron encarcelados el cacique Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero, pero la recuperación de las haciendas se mantuvo y se reforzó cuando los tres indígenas recuperaron su libertad sin que la Fiscalía lograra obtener la condena de Sabino. No obstante, cuando se consolidaba la ocupación total de la cuenca del río Yaza, en junio de 2011 resultó víctima de sicariato Alexander Fernández, junto con sus hermanos Leonel y José Luis. Más tarde ese mismo año, fue asesinado Darío García Fernández, primo de los tres anteriores, y resultaron heridos Gerardo y Gaby Alberto Fernández.

Sabino Romero fue asesinado el 3 de marzo de 2013 en el poblado de Tokuko, cuando iba en compañía de su esposa Lucía Martínez, quien resultó herida. En 2014 tuvo el mismo final Cristóbal Fernández y fue herido Leonel Fernández a manos de la Guardia Nacional Bolivariana.

De este modo, las comunidades de Chaktapa y Kuse, y en particular la cacique de Kuse, Carmen Fernández, madre y pariente de varios de los muertos, sufren la violencia reaccionaria y el uso de la muerte como táctica contra el reclamo a la tierra ancestral indígena para vivir en ella en paz. Estos casos continúan envueltos en un manto de burocratismo judicial y violación de derechos fundamentales, que amenaza con mantener abiertas las heridas en las víctimas.