92 años de firmeza revolucionaria
Cúpulas corruptas destruyen derechos sociales
92 años de firmeza revolucionaria
Cúpulas corruptas destruyen derechos sociales
Revelan audio con nuevos planes del PSUV para asaltar al PCV | p. 4
10 años sin Hugo Chávez: una crítica necesaria para avanzar | p. 14
8-M: Lucha contra la precariedad laboral
Más de 20% de brecha salarial entre hombres y mujeres trabajadoras, de acuerdo al BID | p. 10
Seguridad y represión en El Salvador | p. 11
60 años de la CUTV
Una historia del sindicalismo combativo y de clase en Venezuela | p. 6
Justicia para Juan de Dios Hernández
Un año de impunidad tras el asesinato del militante comunista en Puerto Páez, Apure | p. 5
Hay lugares de los que no se regresa jamás, y el Gobierno de Nicolás Maduro ya ha entrado en una fase de cinismo de la cual difícilmente podrá retornar.
Hace un año se decretó un minúsculo aumento salarial que rápidamente fue liquidado no sólo por la crisis, las llamadas «sanciones» y la política monetaria del propio Gobierno, sino también por el infame instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, cuya existencia ha sido sistemáticamente negada incluso por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero que, como las brujas del proverbio, aunque no exista sí que espanta a las y los trabajadores de la administración pública. Desde entonces, hemos debido soportar una perorata sin ton ni son sobre la imposibilidad, por falta de recursos, de contar con un salario que nos permita vivir con dignidad, pero un giro casi digno de un final de temporada de telenovela nos ha llevado en los últimos días a un nuevo escenario: Petróleos de Venezuela
(Pdvsa) sí factura a pesar de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo, y sí que hay dinero, ¡incluso para «desaparecerlo»!
Entre tweets de media noche y alocuciones desde hoteles cinco estrellas, nos hemos enterado de un secreto a voces: en la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gobierno se incuban mafias que saquean el erario público mientras exigen a los más humildes resistencia y lealtad.
Así comienza la nueva cruzada anticorrupción en la estatal petrolera. Resulta que en este capítulo de la telenovela, antiguos «héroes» y «patriotas» pasan a ser villanos; no todos, desde luego, pues ya parece un lugar común de esta historia que los máximos responsables digan adiós sin mayor inconveniente. Primero Rafael Ramírez, luego Manuel Quevedo; ahora llega el turno a Tarek El Aissami de apartarse como si fuera un personaje sin valor para la trama. ¿Acaso la soberanísma Asamblea Nacional so-
licitará su interpelación?
El Gobierno ha elevado el cinismo a política de Estado. Para evadir responsabilidades, rápidamente la cúpula del PSUV lanzó un slogan pegajoso: «los honestos somos más». Es cierto, pero el problema es que claramente no son los honestos los que están dirigiendo el país.
Los honestos exigimos el restablecimiento inmediato de los preceptos constitucionales de transparencia, rendición de cuentas y genuino ejercicio de control social sobre la administración pública.
Los honestos exigimos que los trabajadores injustamente judicializados por denunciar corrupción o por luchar sean liberados y que cesen los cada vez más violentos intentos de acallar la crítica y la protesta social.
Los honestos exigimos a las instancias del Estado con competencia en la materia que abran una investigación sobre la responsabilidad del presidente de la República en estos nuevos escándalos de corrupción en Pdvsa. ■
La aplicación del principio de compartimentación y secreto revolucionario, unido al compromiso y la disciplina de un pequeño equipo de trabajo bajo la dirección política del camarada Pedro Gutiérrez, fueron la clave para garantizar el éxito de la labor de burlar los esfuerzos por descubrir los talleres, métodos de trabajo, sistema de correaje y equipo encargado de preparar e imprimir las ediciones de la Tribuna Popular clandestina. El compromiso, la disciplina, el temple y la serenidad fueron determinantes para lograr superar con éxito la compleja tarea de publicar este periódico en los duros períodos de ilegalidad que ha sufrido el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
El PCV tenía entonces una importante presencia de militantes entre los trabajadores gráficos, y contaba con obreros especialistas que trabajaban en El Nacional, La Religión o Últimas Noticias. Esto permitió organizar un sistema de trabajo compartimentado para levantar los textos mientras realizaban su jornada normal; luego debían extraerlos de los talleres y entregarlos al enlace designado por Gutiérrez. Así se iban levantado en diferentes talleres los textos con los que luego se armaban las páginas de cada edición y éstas eran finalmente trasladadas hasta el lugar donde se hacía la impresión.
Fueron varias las imprentas comerciales utilizadas para la última y más riesgosa fase del proceso. El ruido, el volumen de la edición y
la extracción del material impreso representaban siempre un peligro inmenso, toda vez que la Seguridad Nacional allanaba con frecuencia los locales donde funcionaban imprentas comerciales, buscando cualquier rastro que pudiera conducir a descubrir la ilegal actividad de nuestros camaradas. No fueron pocas las incidencias sufridas, lo que planteó la necesidad de crear condiciones más seguras para la impresión de Tribuna Popular; esto se logró instalando una imprenta en las inmediaciones de Carrizal en los altos mirandinos.
Se dice fácil, pero se publicaron durante la dictadura perezjimenista 43 ediciones del periódico comunista, cuya tenaz labor abarcó el período de siete años y siete meses que duró la ilegalidad, entre noviembre de 1957 y el 23 de enero de 1958. En cada edición se denunciaban los crímenes, las persecuciones, las torturas y
asesinatos de militantes de partidos de oposición, entre ellos el PCV, por el régimen dictatorial al servicio del imperialismo, cuyo tormentoso periodo estuvo caracterizado por la entrega de las concesiones petroleras a las empresas estadounidenses e inglesas.
El 4 de mayo de 1962, Rómulo Betancourt proscribió por decreto las actividades y publicaciones del PCV. Inmediatamente volvió a aparecer Tribuna Popular clandestina, de nuevo con Pedro Gutiérrez y su equipo integrado por José Antonio Herrera «Herrerita», Remigio Loreto «el cabezón Valencia», Bernardo García y Pedro Machado, entre otros, quienes durante los casi siete años de la nueva ilegalidad, que duró hasta marzo de 1969, publicaron 226 ediciones clandestinas de este periódico.
El camarada Gutiérrez fue corresponsal de Tribuna Popular por más de 40 años, miembro del Comité Central del PCV desde su Primer Congreso en 1946 hasta que sus condiciones de salud se lo permitieron, miembro del Buró Político y secretario Nacional de Ideología en la década de los años ochenta. Realizó con éxito cada labor que le asignó el PCV, con disciplina y cumplimiento riguroso de las normas de trabajo en legalidad y clandestinidad, con humildad, valentía y trabajo colectivo; un ejemplo a seguir de la asimilación teórica y práctica del marxismo-leninismo.
Gutiérrez, cuyo nombre real era Guillermo Guardín, nació el 25 de junio de 1916, ingresó al PCV en 1938, y militó en sus filas hasta su muerte, acaecida hace ahora cinco años, el 26 de marzo de 2018.
DIRECTOR-FUNDADOR: Gustavo Machado M. (1898-1983) | DIRECTORA: Neirlay Andrade | EDITOR: Fernando Arribas G.
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Tribuna PoPular.- Con un acto político-cultural en defensa del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de las luchas del pueblo venezolano, se celebró el pasado 5 de marzo el 92° aniversario del partido en el teatro Cantaclaro, en Caracas.
A la militancia comunista se sumó la presencia de políticos, intelectuales y activistas populares, quienes llenaron la sala del auditorio ubicado en el edificio sede del PCV, y dieron un espaldarazo a la tolda del Gallo Rojo ante las pretensiones del Gobierno de Nicolás Maduro de tomar por asalto a este partido, decano de las organizaciones políticas venezolanas y vanguardia histórica de las luchas por los derechos del pueblo trabajador.
Entre los asistentes, se encontraban los exministros Jorge Giordani y Oly Millan, la abogada María Alejandra Díaz, los periodistas Manuel Isidro Molina y Walter Martínez, y los políticos Rafael Uzcátegui. «Estamos acá hoy por la dignidad histórica del Partido Comunista de Venezuela. No sólo por ser uno de los más longevos, sino porque el PCV ha sido expresión de las luchas y anhelos del pueblo venezolano desde su nacimiento», declaró Manuel Isidro Molina.
De manera remota, el intelectual venezolano Luis Bonilla envió un importante mensaje ratificando la vigencia del PCV: «El Partido Comunista no es sólo historia; es presente y proyecto de futuro». «Cumplir 92 años al lado de los intereses del pueblo no es una proeza que cualquiera pueda mostrar», dijo Bonilla tras calificar al PCV como «una voz ética y digna». Por su parte, la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz recordó que «el PCV cuenta con una heroica historia ocultada por los poderes del capital». Al hablar de la trayectoria de la organización que surgió en un contexto de ilegalidad, denuncio que hoy el PCV «es perseguido por un Gobierno infame, autoritario; que no acepta la crítica ni la disidencia». Los trabajadores petroleros judicializados Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos también
enviaron una misiva: «Hoy no podemos estar físicamente celebrando junto a ustedes, pero sepan que celebramos estos 92 años del PCV, no sólo por la cantidad de años, sino también por continuar con firmeza acompañando y dando las luchas justas que el momento y la historia exigen». «Nuestro apoyo irrestricto e inquebrantable al PCV en el actual momento cuando la avanzada neoliberal y corrupta y las sanciones han sumergido a nuestro pueblo en esta profunda crisis económica y social, y hasta pretenden arrebatarle lo imposible: las banderas de su lucha genuina», acotaron los jóvenes injustamente criminalizados.
POR EL REAGRUPAMIENTO DEL MOVIMIENTO POPULAR REVOLUCIONARIO
Oscar Figuera, secretario general del PCV, calificó la participación de estas destacadas figuras como «una presencia valiente», y afirmó que «estar aquí hoy es dar un paso al frente para decir que estamos y seguimos en el camino por la liberación definitiva del pueblo venezolano». «Somos un partido que se propone mantenerse en la calle, contribuir al reagrupamiento de las fuerzas populares contra el ajuste neoliberal y la agresión imperialista, y defender al
Tribuna PoPular.- Desde todas las latitudes del planeta llegaron saludos y mensajes de solidaridad por el 92° aniversario del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Numerosas organizaciones del movimiento comunista internacional reconocieron que, desde su fundación en 1931 y hasta nuestros días, el PCV ha mantenido siempre una trayectoria de lucha por los intereses del pueblo venezolano en todos los escenarios.
«El PCV ha estado a la vanguardia de las luchas en defensa de los derechos de la clase obrera y del pueblo. Los comunistas venezolanos han demostrado su compromiso con la causa de la clase obrera dando incluso su vida», declaró el Partido Comunista de Grecia. Por su parte, el Partido Comunista de la Federación Rusa afirmó que «el PCV sigue siendo la fuerza motriz de los profundos cambios sociales que tanto necesitan el pueblo y el país».
El Partido Comunista de Australia reconoció los sacrificios y victorias «experimentados durante 92 años de lucha contra los saqueadores imperialistas». «El PCV se ha caracterizado por un notable esfuerzo para el le
mismo tiempo su existencia como instrumento para la lucha por el socialismo», dijo Figuera durante la intervención central del acto.
El dirigente descartó que el PCV se pueda aliar con los sectores que han promovido la intervención imperialista en Venezuela o con la oposición colaboracionista que actúa de manera coordinada con el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la Asamblea Nacional. Figuera denunció asimismo el nuevo pacto de élites que impera en la dirección política del país, «precisamente aquella élite que Chávez enfrentó durante el golpe de Estado y el sabotaje petrolero» en 2002 y 2003.
Ante las movilizaciones que se multiplican en el país desde el mes de enero y el escenario electoral que se avecina el próximo año, Figuera advirtió que «si no luchamos hoy, la salida de 2024 será favorable al capital y la burguesía». «Nuestra tarea es construir la fuerza capaz de impulsar la transformación revolucionaria de la sociedad venezolana», agregó, haciendo referencia a los esfuerzos que ha desarrollado el PCV desde hace años en procura del establecimiento de una amplia agrupación de fuerzas capaz de disputar el poder político. ■
vantamiento y el refuerzo del movimiento comunista internacional», subrayó la organización Comunistas de Cataluña.
El Partido Comunista de los Pueblos de España describió las maniobras del Gobierno contra el PCV como «una situación de acoso y derribo» que ha adquirido «un grado de violencia y represión más elevado». En esta misma línea, el Partido Comunista Francés expresó su solidaridad «con las luchas que está llevando actualmente el PCV para la libertad de expresión política».
Desde América Latina también se dieron muestras de solidaridad: «Los comunistas chilenos reiteramos el saludo al hermano Partido Comunista de Venezuela, a sus dirigentes y militantes, rindiendo homenaje a los miles de comunistas que perdieron la vida o el encarcelamiento en la lucha por un mundo mejor». El Partido Comunista de México, por su parte, recordó que el PCV, «en el último cuarto de siglo nuestros partidos, en la compleja situación ideológica y política que siguió al curso contrarrevolucionario internacional, han mantenido en alto las bande-
ras del marxismo-leninismo y del internacionalismo proletario y el objetivo programático del socialismo-comunismo».
El Partido Comunista Paraguayo aprovechó la ocasión para reiterar que «así como hemos sido consecuentes en la defensa de Venezuela contra la agresión imperialista y las ilegales medidas coercitivas unilaterales, que seguimos denunciando y condenando, también somos firmes y contundentes en las acciones para denunciar las agresiones anticomunistas contra el PCV».
Asimismo, en la víspera del acto central para celebrar el aniversario, se desarrolló en la sede del Comité Central del PCV, en Caracas, un intercambio con representaciones de más de una decena de partidos comunistas y obreros de Corea del Sur, Brasil, Bolivia, Bohemia y Moravia, Chile, Italia, Francia, Líbano, Panamá, Perú, Polonia y Serbia. Una delegación del Buró Político del PCV encabezada por su secretario general, presentó un detallado análisis del desarrollo de la lucha de clases en el país y de la táctica de las y los comunistas venezolanos. ■
Tribuna PoPular.- Un audio filtrado recientemente reveló que continúa el plan de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para tomar por asalto al Partido Comunista de Venezuela (PCV). Se trata de una llamada en la que el diputado Jesús Faría Tortosa, miembro de la dirección nacional del Psuv, asegura que continúan en algunos estados del país las denominadas «asambleas» organizadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para intervenir al PCV.
La primera de esas asambleas se realizó el pasado 11 de febrero en un lujoso hotel de Maturín (Monagas), donde un puñado de mercenarios políticos sin vínculo alguno con las filas del PCV aseguró en una rueda de prensa que eran el grupo promotor del «rescate» de la organización comunista.
Esta maniobra no fue un hecho aislado. El pasado 4 de febrero, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, orquestó un montaje fallido para proyectar ante la opinión pública un falso apoyo del PCV a la política antiobrera y antipopular del Gobierno. Para este fin, disfrazó a unos funcionarios de su organización con una indumentaria que simulaba los símbolos del PCV y los presentó como supuestos militantes comunistas.
En el audio difundido a través de redes sociales, Faría Tortosa reconoce que esta aventura antidemocrática cuenta con muy pocos participantes, pero que tratan de sortear esa debilidad buscando a descendientes de exdi-
rigentes del PCV, así como también tratan de ganarse el favor de exmilitantes. El diputado, cuyas apariciones públicas se centran en la defensa de la política de destrucción del salario emprendida por el Gobierno, reveló asimismo a su interlocutor que están preparando otros montajes similares en estados como Trujillo.
LOS MERCENARIOS ESTÁN DE GIRA
Barinas también fue escenario de una de esas supuestas asambleas de comunistas organizadas por el Gobierno de Maduro. El pasado 18 de marzo, los operadores políticos del Psuv en Monagas se trasladaron hasta la capital barinesa para reunirse en el teatro Orlando Araujo. Sin embargo, el montaje nuevamente tuvo fallas, pues entre los supuestos comunistas, además de los funcionarios del Psuv ya identificados en Maturín, se encontraba Robinson García, concejal activo del municipio Obispos y militante del partido gubernamental Somos Venezuela.
«Como ya es característico, el discurso vacío y simplista de estos aventureros de oficio carece de contenido ideológico y se limita a seguir el escueto guión que preparan sus financistas. Se autodenominan las bases del PCV, pero desconocen totalmente los principios rectores de la democracia interna de una organización marxista-leninista», afirmó Leonardo Rodríguez, secretario político del PCV en Barinas.
«Es un insulto a la inteligencia que el Gobierno pretenda hacer creer que tres empleados públicos, con un salario de seis dólares mensuales, tengan la capacidad financiera y logística para trasladarse desde el estado Monagas hasta la ciudad de Barinas, concentrar a trabajadores de otros estados y garantizarles transporte, comida y refrigerio», agregó Rodríguez.
A LAS MANIOBRAS DEL PSUV
A finales de febrero, medio centenar de partidos comunistas y obreros de todo el mundo repudiaron por medio de un comunicado «la pública y aviesa intención» de la cúpula del Psuv de ejecutar «un plan dirigido a asaltar al Partido Comunista de Venezuela y usurpar sus siglas y personalidad jurídico-electoral».
En ese comunicado, organizaciones integrantes del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (Eipco) calificaron de «inaceptable» la maniobra de utilizar individuos que no forma parte del PCV con el fin de presentarlos como supuestas bases del partido para crear la ilusión de que existe alguna clase de división orgánica dentro de la tolda del Gallo Rojo.
«La política del PCV la deciden sus militantes y organizaciones de acuerdo a sus estatutos internos, y no los intereses de los gobiernos de turno. Reclamamos que se respete la independencia del PCV y su derecho democrático a decidir autónomamente su política», concluye el documento. ■
Difícil ha sido el tránsito del Partido Comunista de Venezuela (PCV), desde la prisión de Pío Tamayo, uno de los pioneros del marxismo durante la dictadura de Gómez, preludio de la conformación de la primera célula del PCV en el país en 1931, hasta el delirio por la usurpación que se intenta ejecutar contra el partido actualmente. No obstante, a pesar de las heridas, el Gallo Rojo siempre ha salido con la frente en alto. Nada ha podido borrarlo, ni de la historia nacional, ni de su presente.
No pudo contra él la constitución de López Contreras, que prohibía expresamente las actividades comunistas en Venezuela, ni tampoco el asalto al poder de Acción Democrática en 1945, que incluyó la embestida e intento de cooptación absoluta de las organizaciones sindicales y campesinas (parece una premonición de lo que han vuelto a intentar algunos en el pasado más reciente).
Siguió a continuación la dictadura de Pérez Jiménez y con ella la persecución implacable de la militancia comunista, y sin embargo el PCV fue decisivo para la caída de la tiranía a través de la construcción de la Junta Patriótica. Entonces vino de nuevo ¿la traición? (bueno, habría que dudar); llegó la represión destinada a aniquilar la actividad de los comunistas de la manera más brutal.
Llegó luego la lucha armada en los años sesenta, y con ella, asesinados, heridos, tortura-
dos y desparecidos. Y de nuevo el valor para enfrentarlo todo, para resistir. Recordemos que el PCV fue ilegalizado por los adecos y sus parlamentarios desaforados.
El enemigo contaba con todo el respaldo logístico y material proveniente de Washington, y cómo obviar un factor que poco se menciona: la maquinaria mediática hegemónica, que demonizaba a los que pensaban distinto, y que logró de cierto modo imponer el modelo que el pacto de élites de Punto Fijo había acordado no sólo en contra del PCV, sino contra todo el movimiento popular surgido al calor de la victoria ante la dictadura.
Curando sus heridas, volvió el partido a la legalidad, y casi de inmediato sobrevino el zarpa-
zo de la división más grande y notable sufrida por el PCV y sobre todo, por la Juventud Comunista. Pero tampoco pudieron los que, evidentemente, trataron de llevarse por medio a toda la organización, incluidos sus bienes.
Los siguientes años fueron un poco más calmados, pero no exentos de represión y persecuciones. ¿Era o no era Alí Primera un comunista perseguido?
Y así llegamos al período del chavismo y de expectativas que a partir de la década de 2010 se fueron diluyendo. Hasta estos días de delirantes e incluso ridículos (por los métodos y las formas) intentos de usurpación. La respuesta será la misma de siempre: ahora más que nunca, dar la cara.
Tribuna PoPular.- Graves hechos de corrupción gubernamental han salido a la luz pública en los últimos días: más de una decena de altos funcionarios y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han sido detenidos por tramas de corrupción que implican desde la «desaparición» de tres millardos de dólares provenientes de operaciones petroleras hasta vínculos con organizaciones criminales.
En una declaración de prensa al respecto, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) opinó que estos casos «son una pequeña muestra de la profunda descomposición moral del Gobierno de Nicolás Maduro y la alta cúpula burguesa del PSUV».
Entre los detenidos se encuentra Hugbel Roa, exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y diputado del PSUV en la Asamblea Nacional. El pasado 23 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente un juicio en su contra por la presunta comisión de delitos de corrupción, luego de que el órgano legislativo nacional le allanara la inmunidad parlamentaria.
Otro de los aprehendidos es Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena (Aragua), y dirigente del PSUV en esa región. Es acusado de tener vínculos con grupos criminales que operan en Venezuela y otros países de la región.
En la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) están involucrados el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de la estatal petrolera y otros cinco funcionarios de esa empresa. Además, destaca el nombre de Joselit Ramírez, titular de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y estrecho colaborador del exministro de Petróleo y presidente de Pdvsa Tarek El Aissami, quien renunció al iniciarse el escándalo pero sobre el cual hasta ahora no se ha abierto investigación alguna.
Fueron también detenidos el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles, quien también fungía como consultor jurídico de la Asamblea Nacional controlada por el PSUV, y el juez de control en delitos asociados al terrorismo José Mascimino Márquez, quien fue responsable de numerosas condenas de trabajadores injustamente encarcelados.
Es la tercera ocasión en que el Gobierno de Maduro anuncia una «reestructuración de alto nivel» en la industria petrolera. Las dos anteriores también acarrearon escándalos de corrupción y procesamiento judicial de funcionarios, aunque, según recordó el Buró Político del PCV, en esas oportunidades hubo «mucho alboroto mediático, pero con escasa información de los hechos descubiertos y con impunidad para los altos dirigentes del PSUV involucrados en la administración de la empresa».
Tal fue el caso del ministro y presidente de Pdvsa entre 2017 y 2020, Manuel Quevedo, «quien no sólo salió ileso de las supuestas investigaciones anticorrupción, sino que fue premiado con la postulación a diputado para las elecciones de 2020», señaló el PCV. Igual protección recibió en su momento Rafael Ramírez, ministro y presidente de la estatal petrolera desde el primer período presidencial de Hugo Chávez hasta 2014, y sobre quien el partido del Gallo Rojo emitió graves denuncias públicas.
Al señalar la raíz del grave problema de descomposición en la administración pública, el Buró Político comunista señaló «el régimen de opacidad y desmontaje de todo tipo de controles como forma de gestión gubernamental». Además, el PCV apuntó que la denominada ley antibloqueo, supuestamente diseñada para responder a las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela por los Gobiernos de Estados Unidos y otros países, «es el instrumento principal del que se ha valido el Ejecutivo para dar poder a estas mafias corruptas que han contado con la plena protección de la cúpula gubernamental, incluso bajo el argumento de ser ‘héroes’ en la lucha para evadir las sanciones criminales».
Tras conocerse las detenciones, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró ante una concentración de ese partido que «los trabajadores deben alertar con tiempo cuando observen algo, deben prepararse para señalar al corrupto y así tomar las decisiones, caiga quien caiga».
Sin embargo, como apunta el órgano de dirección colectiva del PCV, es conocido que los trabajadores que se han atrevido a denunciar irregularidades en la industria petrolera o a
reclamar derechos laborales han sido judicializados. Tales son los casos de los trabajadores petroleros Aryenis Torrealba, Alfredo Chirinos y Eudis Girot.
«El caso de estos trabajadores demuestra el doble rasero del Gobierno en la lucha anticorrupción y la hipocresía de su discurso cuando apelan al ejercicio del ‘control social’. Quienes han tenido la valentía de denunciar han sido injustamente judicializados por afectar los intereses económicos de los grupos de poder que se enfrentan en el PSUV», explicó la dirección del PCV a la opinión pública.
EL PRESIDENTE MADURO DEBE SER INVESTIGADO
El PCV considera que «si la lucha contra la corrupción es cierta y no otro show propagandístico», las instancias del Poder Público con competencia «deben abrir una investigación sobre la responsabilidad del presidente de la República en estos escándalos de corrupción».
«Es inaceptable que el propio presidente de la República designe los ministros, viceministros, presidentes e integrantes de Comisiones Presidenciales para solventar la crisis en Pdvsa, y que al estallar los escándalos de corrupción provocados por las instancias y figuras por él designadas, pretenda lavarse las manos», denunció el partido del Gallo Rojo.
Además, recordó el Buró Político comunista, cada vez que el PCV y otros sectores de la izquierda denunciaron la actuación irregular de ministros y altos funcionarios, el propio presidente Maduro «salió en defensa de estos funcionarios, pretendiendo acallar todo tipo de crítica al decir que él asumía personalmente la responsabilidad de la actuación de estos personajes».
Para el PCV este proceder del presidente y de la cúpula del PSUV no se diferencia demasiado del proceder de los grupos de derecha que participaron junto con Juan Guaidó en el robo de activos de la nación. En su declaración pública, el organismo de dirección del PCV comentó que ambos sectores «tienen en común participar del saqueo del erario público en beneficio particular, mientras el pueblo trabajador sufre todo el rigor de la crisis».
«Por eso pueden ponerse de acuerdo en el pacto de élites: porque representan los mismos intereses mezquinos, aunque intenten mostrarse como fuerzas antagónicas. Son las dos caras de la misma moneda», concluyó el PCV. ■
Tribuna PoPular.- Continúa la impunidad en el caso del secuestro y asesinato del militante comunista Juan de Dios Hernández, acaecido el 27 de marzo de 2022 en Puerto Páez, estado Apure, localidad adyacente a la frontera con Colombia. Hernández fue el segundo comunista asesinado en esa zona apureña a lo largo del año pasado. Tres meses antes, el activista y comunicador popular José Urbina, había sido acribillado a tiros delante de sus familiares.
Urbina y Hernández eran militantes de la misma célula del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en la localidad fronteriza. El Buró Político del PCV ha exigido en diversas oportunidades al Fiscal General de la República que acelere la investigación de los hechos hasta identificar, capturar y castigar a los culpables intelectuales, materiales y cómplices de estos horrendos crímenes. Además, la dirección nacional comunista ha solicitado una reunión con el Fiscal General para tratar el conjunto de los
casos de asesinato y desaparición de militantes comunistas en los últimos siete años, todos los cuales se mantienen impunes.
Meses antes de su asesinato, Urbina había denunciado en una manifestación pública que los habitantes de Puerto Páez eran víctimas de allanamientos y detenciones arbitrarias por parte de efectivos de la fuerza pública en operativos supuestamente dirigidos a combatir a los grupos armados transfronterizos que operan en la zona. ■
Yadijimos que las banderas de lucha del movimiento de las y los delegados de prevención (DDP) tenían un muy bajo perfil en las recientes movilizaciones de protesta. Ante la principal demanda del momento, indexación de salarios y pensiones a la canasta básica, el movimiento de DDP ha relegado a un segundo plano la lucha por mejores condiciones de salud y seguridad en el trabajo, a pesar de los altos índices de accidentalidad y morbilidad laboral en el país.
Y no es para menos, pues, como afectados por la política de destrucción del salario que adelantan el Gobierno y los empresarios, las y los DDP comprenden la necesidad de sumarse al movimiento general de protesta con la convicción de que lo que une y moviliza hoy a todas y todos los trabajadores en Venezuela es esa reivindicación económica.
Ahora bien, esta lucha general tiene necesariamente que ampliar sus demandas en el terreno de los derechos sindicales, sociales y políticos consagrados en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), y reivindicar con fuerza el ejercicio real del derecho a salud y seguridad en trabajo.
Para ello es necesario levantar un programa mínimo de lucha, discutido y aprobado en el marco de un encuentro o asamblea nacional de DDP, que viabilice la aplicación efectiva de la Lopcymat en cuanto a:
1.- La participación real de las y los trabajadores en la vigilancia y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, bien directamente o bien a través de la elección de DDP.
2.- La elección, sin injerencia patronal ni institucional, de las y los DDP en todas las entidades de trabajo del país, con garantías de ejercicio efectivo de sus funciones y atribuciones de acuerdo a la Lopcymat.
3.- La constitución y funcionamiento de los comités de salud y seguridad laboral en cada entidad de trabajo.
4.- La formación y capacitación integral de las y los trabajadores en materia de prevención de riesgos ocupacionales, con programas de formación diseñados y ejecutados con participación de las y los trabajadores.
5.- La formulación y ejecución de un programa de salud y seguridad en el trabajo en cada entidad de trabajo del país.
6.- La puesta en marcha del servicio de salud y seguridad en todas las entidades de trabajo.
7.- La publicación oportuna y veraz de las estadísticas de accidentalidad y morbilidad laboral.
8.- La elección democrática de la representación de las y los trabajadores ante el directorio del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), con el fin de ejercer control social y popular sobre su gestión.
Prensa CuTV.- El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) Pedro Eusse, participó en la reunión del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial (FSM), celebrada en Chipre los días 3 y 4 de marzo, la primera que se realiza luego del exitoso 18º Congreso Sindical Mundial celebrado en Roma en mayo del año pasado.
La FSM, que representa a 105 millones de trabajadores y trabajadoras de los cinco continentes, reafirma su condición de instrumento de lucha sindical internacional orientada por los principios del sindicalismo clasista, y en consecuencia, enarbola las banderas de combate contra la explotación y opresión capitalista y por la derrota del imperialismo, practicando la democracia sindical de clase y el internacionalismo proletario.
Durante la reunión, Eusse realizó una intervención en la que describió la situación general de la clase trabajadora venezolana y sus actuales luchas. Explicó que el proceso progresista iniciado en Venezuela en 1999 liderado por el presidente Chávez, se ha degradado a un proceso regresivo y reaccionario con la actual administración del presidente Nicolás Maduro, quien mantiene «una retórica seudorrevolucionaria que no tiene ninguna correspondencia con las políticas públicas que se ejecutan, ni con la conducta y el estilo de vida de la alta burocracia estatal», afirmó Eusse en alusión a la corrupción que caracteriza a la actual cúpula gobernante.
El secretario general de la CUTV y coordinador del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct), admitió que «nuestra nación ha sido vilmente agredida por las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea», pero agregó que la crisis nacional es de carácter estructural y está determinada «por la dependencia y las formas parasitarias de la apropiación burguesa de la renta petrolera».
Denunció Eusse que el Gobierno de Maduro optó por políticas neoliberales «con la finalidad de atraer y mantener inversiones privadas, presentando como principal ventaja competitiva a una fuerza de trabajo con
los peores salarios del continente y quizás del mundo». En esas condiciones, continuó, los jubilados y pensionados del país «son sometidos prácticamente a una política de exterminio, con una pensión miserable, sin acceso a alimentos adecuados, medicinas y atención médica».
Agregó asimismo que «bajo la justificación del bloqueo, se adelanta una salvaje desregulación laboral que ha llevado al desmontaje de las convenciones colectivas, de la libertad sindical y del derecho a huelga».
EN VENEZUELA NO HAY ESTADO DE DERECHO PARA LA CLASE TRABAJADORA Eusse afirmó que se acentúa el carácter antidemocrático y autoritario de la élite gobernante, la cual «en los últimos 10 años criminaliza con saña a trabajadores y trabajadoras que luchan por derechos o denuncian corrupción administrativa, estimándose en 133 las y los trabajadores judicializados injustamente».
Informó también que desde el 9 de enero las y los docentes de educación básica y media «están protagonizado multitudinarias manifestaciones en todo el territorio nacional, exigiendo salarios dignos». Agregó que también se han producido combativas y legítimas protestas de las y los trabajadores de la industria siderúrgica, del sector eléctrico, de empresas privadas y otros.
En su presentación, Eusse denunció las graves violaciones a la libertad sindical que particularmente van dirigidas a impedir que se fortalezca en Venezuela el sindicalismo clasista: «el Ministerio del Trabajo ha negado el registro a numerosos proyectos de sindicatos presentados o impulsados por la CUTV». Explicó asimismo los procesos de amplia unidad de acción que desarrollan actualmente la CUTV y el Fnlct, coincidiendo con numerosas organizaciones sindicales de distintas tendencias.
Por último, solicitó en nombre de la CUTV, afiliada a la FSM desde su fundación, la activa solidaridad de todas las organizaciones sindicales del mundo con la clase trabajadora venezolana y con el sindicalismo clasista de nuestro país. ■
La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) fue constituida el 31 de marzo de 1963, en medio de la imposición de políticas antiobreras y antipopulares y la sangrienta represión del Gobierno de Rómulo Betancourt, lacayo del imperialismo. Eran tiempos de insurgencia revolucionaria en Venezuela.
La fundación de la CUTV fue precedida de un violento proceso de división de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la única central sindical del país por aquel entonces. El Gobierno de Betancourt cumplía las instrucciones del imperialismo: expulsar y segregar de la CTV y sus federaciones a los dirigentes sindicales del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y a todos los trabajadores con posiciones clasistas, para convertirla en instrumento de la burguesía y de los monopolios estadounidenses. Hasta entonces, comunistas y miristas eran mayoría en las estructuras dirigentes de la CTV.
Entre los años 1961 y 1963 se sucedieron asaltos armados a asambleas de trabajadores, allanamientos policiales a sedes sindicales, agresiones y persecuciones a trabajadores contrarios a la línea oficial, detenciones de dirigentes sindicales comunistas y miristas, imposición de directivas sindicales no electas, y otros hechos que daban cuenta de la violenta y antidemocrática política de atropellos a la libertad sindical para dividir el movimiento sindical.
En la memoria de la clase obrera está el ataque armado a una asamblea de trabajadores petroleros en Lagunillas (Zulia), donde fue asesinado el dirigente sindical comunista Ricardo Navarro y resultó herido el dirigente obrero también comunista Luis Pinto, quien quedó condenado a una silla de ruedas de por vida.
La división de la CTV se consolidó a partir de su falso 4º Congreso, convocado a fines de 1961 por las fracciones de los partidos socialdemócrata Acción Democrática (AD) y socialcristiano Copei, durante el cual expulsaron a todos los dirigentes sindicales clasistas y decidieron la afiliación de la CTV a las internacionales sindicales procapitalistas Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres y Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ahora conocida como Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, expresión de la Confederación Sindical Internacional). A partir de entonces, existió una CTV oficialista y otra no oficialista.
Los sectores agrupados en la CTV no oficialista realizaron el legítimo 4º Congreso a fines de marzo de 1963. Pero el Gobierno, a través de su ministro del Trabajo, Raúl Leoni, reconocía a la CTV oficialista y avalaba todas sus decisiones. La CTV no oficialista protagonizaba huelgas y movilizaciones obreras contra la rebaja de los salarios y demás políticas antiobreras, pero no tenía reconocimiento legal. Por tal motivo, se decidió constituir una central sindical independiente, democrática y combativa, de orientación clasista: así nació la CUTV, que de inmediato se afilió a la Federación Sindical Mundial (FSM).
La CUTV es la única central sindical venezolana que expresa los intereses de los trabajadores en lucha contra los patronos y los gobiernos al servicio de la burguesía y los monopolios, confrontando a los sindicaleros desclasados y patronales. La CUTV defiende la independencia y autonomía del movimiento sindical frente a la patronal, el Estado y los partidos políticos patronales, promoviendo la unidad de la clase trabajadora como valor estratégico.
La CUTV siempre ha dado relevantes batallas unitarias y con sus propias fuerzas, en defensa del salario y las prestaciones sociales; contra las pretensiones de bonificar las remuneraciones y de imponer la desregulación laboral para asegurar máxima ganancia capitalista al menor costo de la fuerza de trabajo, tal y como ahora lo pretenden la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) y el Gobierno de Nicolás Maduro, con la complicidad de tendencias sindicales desclasadas.
Fue pionera la CUTV en la lucha por los derechos de la mujer trabajadora, desde una perspectiva clasista y de género, teniendo entre sus principales baluartes a la inolvidable Eumelia Hernández. También desarrolló de manera consecuente la lucha por la salud y seguridad en el trabajo. En 1986, luego de luchas combinadas con un intenso trabajo científico, sindical y político, se logró la primera versión de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
LAS BATALLAS ACTUALES DE LA CUTV Actualmente la CUTV, junto al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct), desarrolla una táctica de amplia unidad de acción por la indexación de salarios y pensiones a la canasta básica, la restitución de derechos arrebatados por el Gobierno y los patronos, el reenganche efectivo de miles de trabajadores despedidos, el respeto a la libertad sindical, el rescate de los derechos a negociación colectiva y huelga, y la libertad plena para trabajadores presos por luchar o denunciar.
La CUTV afianza la solidaridad de clase y el internacionalismo proletario y acumula fuerzas por una salida anticapitalista a la crisis, bajo la dirección de la clase obrera y todo el pueblo trabajador.
Hoy, a 60 años de su fundación, recordamos a destacados dirigentes, referentes del sindicalismo clasista en Venezuela: Horacio Scott Power, Américo Chacón, Cruz Villegas, Manuel Taborda, Héctor Landáez, Hemmy Croes, Eumelia Hernández, Pedro J. Machado, Virgilio Oropeza, Francisco Camacaro, José Manuel Carrasquel, Liria Petit, Oscar Bolívar, entre muchos otros y otras.
Tribuna PoPular.- Tres de los cinco jóvenes injustamente apresados hace más de 20 meses durante las operaciones policiales para desmantelar bandas criminales en la parroquia caraqueña La Vega, serán juzgados en libertad, según informó el pasado 6 de marzo el Comité por los Derechos del Pueblo.
Se trata de Osmar José Benítez, Hécgerson Chaparro Castillo y Kevin Reinosa Parra, quienes fueron arbitrariamente detenidos y acusados de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armas y municiones durante la operación Gran Cacique Guaicaipuro, efectuada en julio de 2021.
«Todos estos muchachos fueron víctimas de prácticas de simulación de hecho punible por la policía. Les sembraron armas y explosivos para poder acusarlos», contó a Tribuna Popular la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales. A través de un comunicado, el Comité por los Derechos del Pueblo calificó esta medida de juicio en libertad como un avance en la dirección correcta, para comenzar «a corregir las arbitrariedades cometidas en contra de nuestros muchachos por la policía».
Un par de semanas antes, la jueza 9ª de juicio del área metropolitana de Caracas, Eiling
Tribuna PoPular.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró el pasado 16 de marzo la nulidad del aparte único del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que tipificaba como delito las relaciones sexuales entre homosexuales en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
El artículo en cuestión establecía que «El oficial que cometa actos que lo afrenten o rebajen su dignidad o que permita tales actos, sin tratar de impedirlo por los medios autorizados por la ley, será penado con prisión de uno a tres años y separación de las Fuerzas Armadas. La misma pena se aplicará a todo militar que cometa actos sexuales contra natura».
La sentencia número 128 de la Sala Constitucional del TSJ fue emitida tras una solicitud del Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, quien alegó que ese artículo carecía «de suficiente claridad y precisión jurídica en lo que respecta a la conducta que pretendía sancionar». En efecto, la utilización de términos imprecisos, como «acto contra natura», para tipificar delitos, abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y caprichosas, creando una situación de peligrosa incertidumbre jurídica.
En una nota de prensa, la máxima instancia del Poder Judicial del país explicó asimismo que la mencionada norma «no resulta compatible con la Constitución ni con instrumentos internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República, ante todo, por ser contraria al postulado fundamental de progresividad en materia de garantía de los derechos humanos».
Diversas organizaciones de las comunidades Lgbtq+, habían venido exigiendo la derogación de esa norma desde hace al menos seis años. ■
Valdez, había condenado sin pruebas a cinco años de prisión a Darwin Rivas Polanco, quien también fue detenido en la misma oportunidad y circunstancias, por los delitos de porte ilegal de armas y agavillamiento. No obstante, a Rivas le fue otorgada una medida de libertad condicional bajo régimen de presentación cada 30 días.
El quinto de los cinco jóvenes era Jose Félix Maiz, quien murió el pasado 31 de enero tras más de un año y medio de prisión en el Centro de Detención Policial de San Agustín del Sur, en Caracas. De acuerdo al informe médico, a Maiz se le diagnosticó entre otras cosas tuberculosis. El joven falleció días antes de la audiencia que podría haberle dado la libertad. ■
Tribuna PoPular.- El dirigente campesino Carlos Bolívar, integrante de la Plataforma de Lucha Campesina del estado Guárico, fue asesinado por sicarios el pasado 2 de marzo en Camaguán, municipio Esteros de Camaguán de ese estado. Bolívar era vocero de la Comuna Ezequiel Zamora del sector El Jabillal 1, y fue uno de los protagonistas del rescate de tierras del predio Los Tramojos en ese mismo municipio, uno de los casos emblemáticos que desembocó en julio de 2018 en la acción de protesta denominada la Marcha Campesina Admirable.
En aquella oportunidad, un grupo de más de 200 campesinos, acompañados por diversas organizaciones como la Corriente Campesina Clasista «Nicomedes Abreu» (Cccna) y la Fede-
ración Comunal de Combatientes Revolucionarios de Venezuela, recorrió en 21 días unos 430 kilómetros a pie desde Guanare (Portuguesa) hasta Caracas, para exigir ante el Gobierno nacional la adjudicación de tierras, el cese de los hostigamientos y sicariatos contra dirigentes campesinos, y el establecimiento de un plan de producción agraria.
Ante la noticia del asesinato de Bolívar, la Cccna emitió un comunicado condenando el hecho. Este crimen, afirma el pronunciamiento, «evidencia la escalada de amedrentamiento en contra de las y los campesinos que luchan por el derecho a la tierra» por parte de terratenientes que contratan sicarios, «una práctica que vienen avanzando peligrosamente en el campo venezolano». ■
Los sistemas agroecológicos de soberanía alimentaria tienen múltiples visiones, escalas y circunstancias. En esta oportunidad nos referiremos al tema desde lo territorial en relación con las grandes ciudades y los centros urbanos, que en Venezuela se localizan geográficamente al norte del territorio nacional, y concentran a más del 90% de la población del país.
Para este debate proponemos políticas que fomenten la organización de la producción agrourbana en redes de productores que conformen sistemas de agricultura para fortalecer la soberanía alimentaria en las ciudades. Estas redes pueden crear nichos dedicados a la producción de semillas y plántulas hortícolas o a la producción de huevos que garanticen el consumo urbano familiar de proteína animal; y también pueden contribuir a la producción de tecnología industrial y artesanal para las necesidades de la producción familiar en el campo, confeccionando deshidratadoras con energía solar de ventilación forzada, arietes hidráulicos y bebederos circulares, entre muchas otras iniciativas.
En las organizaciones y movimientos sociales y comunitarios tienen un rol muy importante la participación de las mujeres y el liderazgo que ejercen en las familias matricentradas, muchas de éstas migradas desde los campos con profunda cultura comunal en el uso productivo de terrazas, patios y azoteas.
Otro aspecto relevante es identificar en un primer anillo periurbano, las familias campesinas con menos de una hectárea de tierra, y crear las condiciones para el establecimiento de otras, en lotes de terreno con pendientes no mayores a 25% que, con las debidas medidas de conservación de suelos y programas orientados, fomenten sistemas mixtos de plantaciones de café, cacao, policultivos de berenjena, pepino, calabacín, chayota, auyama, batata, papa, yuca, leguminosas arbóreas y producción de hortalizas, alternados con la producción de aves a pastoreo.
Las políticas de estímulo para los productores periurbanos deben considerar las capacidades de asociación, coasociación y consorciación con los productores agrourbanos y los productores del primer anillo perirrural, haciendo parte de una conexión de mutuo beneficio con las redes de la producción campesina.
En estos sistemas también se debe fomentar en el primer anillo perirrural el establecimiento de familias campesinas en lotes de terreno de entre dos y cinco hectáreas, con pendientes menores a 10% y las medidas de conservación de suelos que correspondan, para fomentar la producción de ovejos y cabras a pastoreo, para la producción de carne, leche y queso.
En esta escala también es muy importante la asociación, coasociación y consorciación, pero en este caso, dirigida principalmente a los procesos industriales o artesanales de la producción y la comercialización de la producción entre redes de proconsumidores. Las políticas de estímulo deben orientarse entonces al escalamiento industrial para agregar valor a la producción agroecológica y a las buenas prácticas de conservación de suelos y aguas.
Para la Venezuela postrentista, es estratégica la integración de la producción agroecológica urbana, periurbana y perirrural, en los planes de crecimiento de las grandes ciudades y centros urbanos, cuyos modelos han obedecido a los intereses del capitalismo neoliberal mercantil. Esto requerirá, sin embargo, de una profunda voluntad política del poder popular a favor de los intereses de los trabajadores de la ciudad y el campo.
Han transcurrido 10 años del asesinato del cacique yukpa Sabino Romero. A la fecha han sido condenados Ángel Romero Bracho a 30 años de cárcel por disparar contra Sabino, y otros cinco expolicías del municipio Machiques de Perijá (Zulia), quienes ya cumplieron siete años de prisión. Sin embargo, los autores intelectuales del sicariato no han ido a juicio.
A propósito de estos 10 años de impunidad, el pasado 15 de marzo un grupo de ciudadanos acompañó a las víctimas de la etnia yukpa a la sede de la Fiscalía General de la República, en Caracas, para solicitar el juicio a los autores intelectuales, pero por un error en el número del expediente y otras formalidades exigidas por la Fiscalía, se les ordenó reelaborar su petición y presentarla de nuevo. En esta situación de burocratismo, justicia clasista y cierto racismo se encuentra el proceso legal que reclaman los yukpa al Estado, después de haber sufrido un infame saldo de 13 muertes desde 2008.
Al despojo territorial de los yukpa a manos de los ganaderos desde mediados del siglo XX, le siguió a principios de 2000 la lucha por recuperar esas tierras. La violencia terrateniente se intensificó después de que la comunidad de Chaktapa, de donde era originario Sabino, decidiera reclamar las tierras de la hacienda Tizina en 2003. Se desataron así sucesivos conflictos con la familia de ganaderos Vargas, y ocurrió el asesinato en 2008 de José Manuel Romero, padre del cacique Sabino.
Como respuesta a la violencia ganadera, en agosto de ese mismo año los yukpa recuperaron las haciendas Brasil y Medellín, y consolidaron su ocupación de la hacienda Paja Chiquita, todas en el municipio Machiques de Perijá. Con estas acciones, en cuestión de tres meses los yukpa recuperaron las tierras de la cuenca del río Yaza, y Sabino Romero adquirió mayor liderazgo con su mensaje de «tierras sin ganaderos y sin minas para los yukpa».
Posteriormente, la ofensiva ganadera y de la fuerza pública comenzó a sumar víctimas. En octubre de 2009 fueron encarcelados el cacique Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero, pero la recuperación de las haciendas se mantuvo y se reforzó cuando los tres indígenas recuperaron su libertad sin que la Fiscalía lograra obtener la condena de Sabino. No obstante, cuando se consolidaba la ocupación total de la cuenca del río Yaza, en junio de 2011 resultó víctima de sicariato Alexander Fernández, junto con sus hermanos Leonel y José Luis. Más tarde ese mismo año, fue asesinado Darío García Fernández, primo de los tres anteriores, y resultaron heridos Gerardo y Gaby Alberto Fernández.
Sabino Romero fue asesinado el 3 de marzo de 2013 en el poblado de Tokuko, cuando iba en compañía de su esposa Lucía Martínez, quien resultó herida. En 2014 tuvo el mismo final Cristóbal Fernández y fue herido Leonel Fernández a manos de la Guardia Nacional Bolivariana.
De este modo, las comunidades de Chaktapa y Kuse, y en particular la cacique de Kuse, Carmen Fernández, madre y pariente de varios de los muertos, sufren la violencia reaccionaria y el uso de la muerte como táctica contra el reclamo a la tierra ancestral indígena para vivir en ella en paz. Estos casos continúan envueltos en un manto de burocratismo judicial y violación de derechos fundamentales, que amenaza con mantener abiertas las heridas en las víctimas.
Tribuna PoPular.- La crisis capitalista, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo y el viraje neoliberal del Gobierno de Nicolás Maduro han creado un escenario de precarización extrema de la fuerza de trabajo venezolana, particularmente de las mujeres quienes, junto a la sobreexplotación y las labores de cuidado no remunerado, se enfrentan a la pulverización del ingreso y la dolarización de la economía.
«El hecho de que no tengamos un salario digno da cuenta de la existencia de violencia institucional del Estado que precariza las condiciones de vida de la mujer», afirma Elena Linarez, presidenta del Movimiento de Mujeres Clara Zetkin (MMCZ). A propósito del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Linarez reflexionó sobre el panorama de la participación femenina en el mercado laboral: «La crisis ha sido aprovechada por el Gobierno para despojar a la clase trabajadora de derechos fundamentales empujándonos a condiciones de vida deplorables».
Linarez, quien también es integrante del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), apunta que «la brecha de desigualdades
es mucho más amplia en estos momentos en el país». De hecho, en lo que respecta al ingreso, las trabajadoras venezolanas ganan 21,79% menos que sus pares masculinos, de acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Un informe reciente de ese organismo también ha revelado que la participación laboral femenina en Venezuela es la más baja de América Latina y el Caribe. De acuerdo al BID, mientras que en el país la ocupación femenina es de 37%, en el resto de la región ronda 43%.
Las trabajadoras venezolanas con empleos formales, particularmente en el sector público, «devengan un salario indigno», y se ven obligadas a buscar otras fuentes de ingreso en el sector informal, que son presentadas por la propaganda gubernamental como supuestos emprendimientos, afirma Linarez. Más de la mitad de las familias venezolanas están bajo la jefatura de mujeres, así que a las jornadas formales e informales para la obtención de un ingreso, también se les suman las labores de cuidado de niños y adultos mayores, tareas que las
mujeres deben alternar con su participación en espacios comunitarios para obtener beneficios tales como bolsas con alimentos subsidiados para poder subsistir.
Todas estas maniobras de la vida cotidiana tienen como telón de fondo la dolarización de la economía venezolana: la mayoría de las mercancías están tasadas en moneda extranjera, con la excepción del salario de la clase trabajadora. La situación se agrava con el desmantelamiento del sistema de salud y el deterioro de los servicios públicos. «Son las trabajadoras y las mujeres de los sectores populares quienes resienten más la crisis, las sanciones imperialistas y la política antipopular del gobierno», explicó por su parte Adelaida Zerpa, secretaria Nacional de la Mujer del PCV.
El 8 de marzo, durante un acto gubernamental, el presidente Maduro prometió la creación de un nuevo programa denominado «Gran Misión Mujer Venezuela»; sin embargo no dio detalles al respecto. «El centro de las luchas de las trabajadoras en este momento es contra la bonificación del ingreso y por la indexación de salarios y pensiones a la canasta básica», concluyó Zerpa. ■
Tribuna PoPular.- La política gubernamental de persecución, hostigamiento, criminalización y judicialización de las luchas obreras también ha alcanzado a las trabajadoras venezolanas durante los últimos años, particularmente en la industria petrolera.
Uno de los casos emblemáticos es el de la exgerente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Aryenis Torrealba, quien junto con su compañero, el también exgerente de la empresa Alfredo Chirinos, fue detenida en febrero de 2020, acusada ante la opinión pública de ser «espía de la CIA». Los jóvenes trabajadores habían denunciado previamente hechos de corrupción en operaciones de exportación de crudo.
Aunque el delito de espionaje fue sobreseído, Torrealba y Chirinos fueron condenados en fe-
brero de 2021 a cinco años de cárcel, condena que fue sustituida al poco tiempo por una medida de prisión domiciliaria. El Comité de Familiares y Amigos de las y los Trabajadores Presos ha solicitado que se les efectúe una evaluación psicosocial, requisito con el que los jóvenes trabajadores podrían obtener permiso para salir de la reclusión en su hogar.
A la injusta judicialización de trabajadores se suman las reiteradas violaciones al debido proceso. El caso de Johana González es representativo: la trabajadora de Pdvsa Etanol fue acusada en 2021 de participar en la sustracción de una turbina, pese a que su cargo en esa empresa no le daba atribuciones para tomar decisiones en cuanto al destino de este tipo de bienes. Tras un retardo de nueve meses en la realización de la audiencia preliminar, González
fue presionada para declararse culpable de delitos menores, con la promesa de que, de hacerlo, saldría pronto en libertad. No obstante, aunque cedió a ese chantaje y recibió su boleta de excarcelación en abril de 2022, todavía continúa ilegalmente presa.
Otra historia que ha conmovido al movimiento popular es la de Rosa Mota, quien fue condenada en 2019 y liberada en 2022 en un estado crítico de salud tras una intensa campaña de solidaridad sobre su caso.
Mota fue detenida tiempo después de haber denunciado corrupción. También fue presionada para que se declarase culpable con la promesa de conseguir una pena mínima, pero no cedió y fue recluida durante tres años en condiciones infrahumanas que la llevaron al borde de la muerte. ■
Los grupos denominados maras o pandillas tienen como base las brechas de clase y exclusión producto del sistema capitalista. Asimismo, se pueden caracterizar a partir de la confluencia de distintos factores sociales, económicos y culturales, formados en la década de los noventa del siglo pasado y fortalecidos en las primeras dos décadas de este siglo.
Estos grupos están conformados mayoritariamente por jóvenes de barrios y comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza, los cuales cometen diferentes delitos atentando contra personas y familias en sus patrimonios, seguridad y vidas.
Los partidos tradicionales de la burguesía y la socialdemocracia, que gobernaron por tres décadas en el país, realizaron negociaciones con dichos grupos; medios de comunicación nacionales e internacionales han revelado que también el Gobierno actual ha sido partícipe de negociaciones con liderazgos de estos grupos delictivos. No obstante, en marzo de 2022 dichos acuerdos sufrieron un quiebre que generó una ola de asesinatos en distintos puntos del país.
En ese marco, el presidente Bukele decidió adoptar medidas represivas en contra de las pandillas, lo que ha llevado a la instauración de un régimen de excepción por casi un año, y a la suspensión de derechos fundamentales a toda la población salvadoreña. En la narrativa política del Gobierno, se ha adoptado el discurso «guerra contra las pandillas», lo cual ha generado aceptación por la población, en vista de que las maras tenían sometidas a comunidades enteras.
Uno de los logros de dichas medidas es la presunta reducción de homicidios, la recuperación de los territorios y la recuperación de la percepción de seguridad; sin embargo, se ha dotado de un poder desmedido a la Policía Nacional Civil y al Ejército, lo que ha implicado abusos de autoridad traducidos en capturas arbitrarias de jóvenes y personas inocentes.
El sistema judicial ha liberado a unas 4.000 personas a quienes no se pudo acreditar su pertenencia a las maras, pero sólo después de haber sufrido graves trastornos en sus vidas y haber sido sometidas a condiciones infrahumanas en el sistema penitenciario, sin que el Estado reconozca su error.
Por otro lado, unas 100 personas han muerto dentro del sistema penitenciario sin que se les comprobara un delito. En ocasiones, las familias de los fallecidos sólo fueron informadas por una empresa privada de servicios funerarios, sin que el Estado haya dado explicación alguna
de lo ocurrido. Parecería que la zozobra que generaban las pandillas en los territorios, hoy la causan el Ejército y la Policía.
El régimen de excepción ha privado de libertad a personas que luchan por intereses colectivos, como líderes sindicales; en los primeros meses del año fueron capturados más de una decena de sindicalistas por exigir salarios adeudados de meses anteriores, el pago de prestaciones sociales y el respeto a derechos laborales.
En definitiva, las medidas adoptadas en El Salvador han reducido los homicidios, pero también han generado graves violaciones de derechos sin que el Estado asuma ninguna responsabilidad. Se ha amedrentado a líderes comunitarios y sociales, periodistas y sindicalistas, muchos de los cuales han sido detenidos. A la postre, los muertos, detenidos injustamente y amedrentados los sigue poniendo la clase trabajadora.
Desde la creación del Estado de Israel, el sionismo ha practicado todo tipo de violencia y una política de limpieza étnica para vaciar Palestina. La historia del movimiento sionista es la historia de la sangría de los palestinos. Todavía los palestinos sueñan con regresar a su tierra y establecer un único Estado palestino democrático, un Estado para todos sus hijos. Pero este sueño no se ha logrado. Al contrario, Palestina sufre cada vez más retroceso y fragmentación.
Así lo demuestra el número creciente de víctimas de la violencia sionista durante la etapa de búsqueda de una solución pacífica al conflicto a través de la Autoridad Nacional Palestina creada tras los Acuerdos de Oslo de 1993. Asimismo, el número de colonos israelíes en Cisjordania, que no superaba los 75.000 durante ese proceso de paz, hoy ha aumentado hasta cerca de un millón.
Los crímenes sionistas contra nuestro pueblo continúan incluso mientras escribimos estas líneas. Son crímenes que reciben la protección del imperialismo en los tribunales internacionales y, desgraciadamente, de la dirección del pueblo palestino, la llamada Autoridad Nacional Palestina, que se ha convertido en socia de la ocupación y en su obediente servidora para proteger al sionismo. Esta autoridad está trabajando para dividir la
unidad de las filas palestinas y la fuerza de la resistencia.
Esto ha animado a muchos Estados reaccionarios árabes a hacer pública su cooperación con Israel, dentro de la política de lo que se llama normalización, lo que hizo que la potencia ocupante se mostrara más brutal ante cualquier resistencia popular.
EVENTOS RECIENTES
Desde principios de este año, el sionismo ha asesinado a más de 90 palestinos bajo la mirada mundial. El actual Gobierno de ocupación
es uno de los más extremistas, racistas y odiosos. El Ministro de Seguridad Nacional israelí aumentó sus medidas racistas contra nuestros valientes prisioneros en las cárceles de ocupación, como el aislamiento, la política de desatención sanitaria y la prohibición de ducharse. También redobló la política de demolición de asentamientos palestinos.
Pero las continuas huelgas y acciones de protesta de la resistencia palestina siguen siendo un dolor de cabeza para las fuerzas de ocupación. Lo que está ocurriendo ahora podría empujar a este Gobierno fascista hacia aventuras militares para salir de la profunda crisis estructural a la que se enfrenta.
Este es el clima político en el que el sionismo ha desencadenado ataques contra los países vecinos. Sigue atacando diariamente a Siria y Líbano, a pesar de la catástrofe del terremoto. El asedio a Siria se debe a su postura de apoyo a los derechos de los palestinos y su rechazo a la arrogancia sionista. Siria, su pueblo y su ejército, están pagando muy cara su posición patriótica y de principios sobre la cuestión palestina y su negativa a someterse a Occidente.
Por lo tanto, no es posible separar lo que está ocurriendo con la hermana Siria o con el Líbano de lo que está ocurriendo dentro de los territorios palestinos ocupados. El enemigo es uno y el objetivo es uno para todos los pueblos árabes: una salida de la dependencia absoluta de Occidente y del imperialismo mundial.
El 14 de marzo de 1883 dejó de existir Karl Marx, uno de los grandes filósofos de la humanidad. Con él concluyen los grandes sistemas filosóficos. Bajo la concepción del mundo, de la sociedad, de la economía y de la política que elaboró, comienza una época de grandes cambios en la teoría política para la interpretación y transformación de la realidad. Se transitó de la utopía socialista a la posibilidad real de transformación social con una herramienta, una guía para la acción revolucionaria en la sociedad capitalista. Marx construyó las bases teóricas del comunismo científico y formuló las bases de la teoría de la revolución proletaria. Federico Engels, en el discurso que pronunció en el cementerio de Highgate en Londres durante el funeral de Marx, dijo que «Es de todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este hombre […] pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana». Pese a ese indudable vacío, la obra que dejó Marx se transformó en una de las corrientes filosóficas y políticas más importantes e influyentes de finales del siglo XIX hasta nuestros días.
Marx aportó las bases teóricas e ideológicas de la política que resultó en la gran Revolución de Octubre de 1917, la cual marcó toda una época de grandes conquistas sociales y
políticas en el mundo capitalista. Lenin tuvo como guía para el análisis de la realidad de la Rusia de su época, la teoría esbozada por Marx en El Capital. En su libro El desarrollo del Capitalismo en Rusia, Lenin demostró una singular maestría en el manejo de las categorías descubiertas por Marx, así como la aplicación de una novedosa metodología estadística inspirada en las categorías desarrolladas por Marx.
A través de la aplicación de esas categorías al estudio de la realidad económica y social rusa, Lenin descubrió el movimiento político que expresaban los cambios que se sucedían en las relaciones de producción de esa sociedad, que presagiaban un cambio hacia el desarrollo ca-
pitalista y en consecuencia una revolución en las estructuras políticas que darían al traste con el despotismo zarista.
Revisar el tránsito recorrido en materia de defensa de los derechos de las mujeres nos impele a revisar sus bases teóricas, entre ellas los aportes de Alexandra Mijailovna Kollontai. Esta insigne mujer soviética, también conocida como Shura Kollontai, nació en la antigua San Petersburgo el 31 de marzo de 1872, y falleció el 9 de marzo de 1952. Se destacó, entre otras razones, por haber sido pionera en ocupar el más alto cargo en el ministerio de bienestar social del Consejo de Comisarios del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, y por haber sido embajadora durante 22 años, hecho inédito para una mujer en esos tiempos.
Sus misiones diplomáticas incluyeron Noruega y México, experiencias recogidas luego en sus célebres cuadernos de memorias. Pero quizá la tarea más emblemática de Kollontai haya sido su incasable lucha por defender y proteger los derechos de las mujeres. Entre los muchos talentos notables a los que dedicaba toda su pasión, se encuentran su habilidad para la agitación de las masas y su aplicación a la investigación y producción de sus escritos sobre los problemas de las mujeres.
Puso el acento en diferenciar las realidades de las mujeres proletarias y las mujeres burguesas. Este debate entre lo que se denomina feminismo burgués y feminismo proletario sigue estando en la vanguardia de las discusiones actuales en muchos círculos de la academia y la investigación sobre el feminismo. Se ha procurado establecer cuáles pueden ser los puntos focales que unifican una agenda de lucha común y cuáles serían las contradicciones en la identificación de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en ese contexto geohistórico.
Un elemento común entre el feminismo burgués y el proletario es que ambos rechazan la subordinación de las mujeres ante un sistema dominado por privilegios masculinos. Kollontai, en su vasta experiencia de trabajo de masas y frente a responsabilidades que la sostenían en cotidiana relación con mujeres obreras, fue observando en sus circunstancias de vida, las serias dificultades a las cuales eran sometidas tanto en la dimensión de la producción material de bienes como en la dimensión de la reproducción de las condiciones necesarias para la recuperación de la fuerza de trabajo.
Kollontai supo identificar las diferencias sustantivas entre las luchas de las burguesas y las
Lenin construyó, al aplicar la teoría de Marx al estudio e interpretación de la realidad rusa, lo que hoy en día conocemos como el marxismo-leninismo, el cual forma la base teórica de la actuación política de los partidos comunistas. Lenin desarrolló en su praxis política la estrategia y la táctica de la revolución proletaria; la teoría del partido como destacamento de vanguardia que guía y dirige a la clase obrera hacia su emancipación del trabajo asalariado, del yugo capitalista. Tal ha sido la influencia del pensamiento de Marx, que Lenin transformó en fuerza material. proletarias. El fundamental punto de contradicción estriba en el nulo cuestionamiento que hace el feminismo burgués acerca de las causas estructurales de su opresión, mientras que el feminismo proletario lucha por la emancipación de la mujer, sin divorciarse de la lucha por el aniquilamiento de la fuente de opresión de hombres y mujeres que es el sistema capitalista. Mientras las feministas proletarias procuran volar un puente desvencijado e intransitable, que representa el capitalismo, las feministas burguesas sólo apuestan a pintar las barandas rotas para tratar de mejorar su aspecto.
Desde esta perspectiva, nos encontramos con un escenario de combate por derechos que igualen salarios, y mejoren las condiciones y medios de trabajo y de lucha contra un Estado opresor. Esto nos remite a la afirmación que hacía Marx: «No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia». Es por ello que el feminismo burgués sólo se expresa desde la correspondencia de su contexto social, y por ello desconoce u obvia las realidades de las mujeres proletarias, las cuales fueron identificadas por la pensadora Flora Tristán como «las proletarias del proletariado».
Tribuna PoPular.- A propósito del 92° aniversario del Partido Comunista de Venezuela (PCV), llegaron a la dirección de éste mensajes de distintas latitudes reconociendo la historia de luchas del partido del pueblo trabajador venezolano. Pero entre esos mensajes, arribó uno que merece especial mención, y es el obsequio enviado al PCV por el artista gráfico chileno Jorge Soto Veragua: una reproducción digital de una de sus obras, un óleo sobre tela con la imagen de un hermoso gallo rojo, en clara alusión al internacionalmente reconocido símbolo de las y los comunistas venezolanos.
Soto Veragua es un ícono del cartel latinoamericano, y se hizo especialmente conocido durante la época de la Unidad Popular, el Gobierno de Salvador Allende y la posterior resistencia chilena contra la dictadura. En esa época, Soto Veragua fue parte del equipo que editó Ramona, la revista de las Juventudes Comunistas de Chile, dirigida por Gladys Marín. Sus coloridos carteles permiten rememorar importantes momentos de la historia del movimiento popular chileno y las políticas sociales de Allende.
A principios de este año, la Fundación Salvador Allende presentó en Santiago de Chile la imagen conmemorativa del 50º aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, la cual fue creada por el destacado artista visual. ■
«Como casi todos saben, la mayoría de ustedes roba el software. El hardware se tiene que pagar, pero el software se comparte. ¿A quién le importa si no se les paga a las personas que trabajaron en el software?»
Así decía la «Carta abierta a los aficionados», de Bill Gates, publicada en 1976, cuando él tenía 20 años y estaba lejos de ser millonario. En ese año aparecían las primeras computadoras personales: aparatos del tamaño de una nevera, con luces LED, sin teclado ni pantalla. Se programaban con interruptores, eran muy costosas y sólo las entendían expertos en electrónica y computación: los entonces llamados «aficionados».
Antes de eso, una computadora era un equipo inmenso sólo usado por militares y universidades. Sólo se vendían unas pocas al año. Pero las nuevas computadoras personales prometían cambiarlo todo: habría una en cada hogar y oficina. Gates lo sabía y quería venderles su software a todos los que compraran un computador.
Yury Weky Silva Profesora de literaturaComo toda tradición literaria, la literatura rusa tiene su origen en la oralidad. De esa oralidad recordamos a los skomorojis, quienes fueron como los conocidos juglares en España que cantaron al Cid Campeador en la Edad Media, o como los bardos, poetas ambulantes de la antigüedad griega quienes cantaron a la Guerra de Troya. Así como los juglares glorificaron al Cid, los skomorojis cantaron bylinas para enaltecer las hazaña de los bogatyrí que defendieron su territorio contra los pechenegos y cumanos.
La oralidad es la cuna de la palabra escrita. Es el primer escalón de la producción literaria así como las pinturas rupestres lo han sido para el posterior desarrollo del arte pictórico. Sólo cuando aparece el alfabeto, la escritura hace su gran epifanía. No obstante, hay diversos autores como Ramón D. Perés que no dudan en ubicar los inicios de la literatura rusa en el siglo XIX. Occidente no solamente ignoraba la creación literaria rusa, sino que la excluía. Con la aparición de autores como Gogol, Turgeniev, Dostoievski y Tolstoi se produce el milagro del reconocimiento por el carácter innovador de su lenguaje, por su tratamiento de los personajes y por toda la forma y estructura de su narrativa. La lectura de algunas de sus obras nos permite identificar algunas características temáticas que enunciaremos brevemente:
LA DENUNCIA SOCIAL
Esto lo podemos observar en Pushkin, quien utilizó sus versos para acusar a la tiranía y la opresión que se vivía en 1800; léase a Eugene
Onegin. También Gogol hace una sátira en Almas muertas, obra en la que se muestra cómo los siervos de las haciendas podían ser comprados y vendidos. Después de ellos, esa denuncia social la encontramos en Dostoievski (Crimen y castigo, Memorias del subsuelo) y en Máximo Gorki, con su obra Los bajos fondos, donde refleja la vida en un albergue para personas de la calle. Se podría decir que esta característica nos lleva a un realismo social que veremos posteriormente en autores de Europa occidental y Latinoamérica.
LAS PREGUNTAS DE LA IMPORTANCIA DE LA EXISTENCIA
Vemos esta interrogante en La guerra y la paz de Tolstoi; el personaje Andréi Volkonski cuando cae herido se pregunta antes de morir sobre el sentido de la vida. Igual hace Iván en su lecho de muerte en la obra La muerte de Iván Ilich. Él sufre una enfermedad y está consciente de que va a morir, pero ante el miedo a la muerte se pregunta sobre el sentido de la existencia. No podemos obviar que el autor se ha convertido al cristianismo y estas dudas se ven reflejadas en el personaje.
LA EPOPEYA
La epopeya es sintomática de un escritor cuya obra está impregnada de la atemporalidad y cuyos temas se transforman en universales. De allí el triunfo de la literatura rusa en el siglo XIX que lleva a que el catedrático Serrano Poncela se pregunte: ¿De dónde provenían escritores y escrituras de semejante vigor y madurez? Los autores rusos clásicos plantean temas que son de la humanidad entera. Sus dudas, sus temores, sus cavilaciones y sus conductas.
En las universidades existía la cultura de los «hackers», entendida no como la práctica de delincuentes que roban información, sino de informáticos que resuelven problemas. Entre ellos era normal compartir el software con su código fuente; lo revisaban para entender cómo funcionaba, y si tenía un error, lo solucionaban y explicaban a otros cómo modificar el código fuente para corregirlo.
Así como una obra musical tiene una partitura que indica a cada músico qué instrumentos tocar y qué notas ejecutar, de la misma manera todo programa de computadora tiene su código fuente que indica cómo debe funcionar el programa.
Los buenos informáticos disfrutan resolviendo problemas: así demuestran ser buenos en su oficio y obtienen el reconocimiento y la valoración de otros. Además, así ayudan a otros, lo que forma parte de la esencia humana. Lo mismo que compartir.
Pero Gates estableció en su carta que compartir es sinónimo de robar. Esa carta gritó a viva voz lo que muchas corporaciones informáticas pensaban en voz baja. Redactaron contratos, licencias y «acuerdos de no divulgación» que los programadores debían firmar cuando eran contratados o cuando compraban un software, comprometiéndose a no difundir ni compartir el código fuente.
Así, el software dejó de ser libre. Tal vez la mayoría de los informáticos no tienen mucha formación política, pero su intuición les decía que algo en ese procedimiento no era correcto: ¿por qué impedir que la gente colabore y comparta sus experiencias y conocimientos libremente?
Apenas 10 años después de escribir la carta, Microsoft (la empresa fundada por Gates) ya era dueña del monopolio del software en el mundo.
Este espacio busca contribuir a la construcción colectiva de una propuesta programática en el área de salud para el Partido Comunista de Venezuela. Invitamos a las y los lectores de Tribuna Popular a participar y opinar a través de la dirección tribunapopularsalud@gmail.com
Apesar de las dificultades para conseguir información actualizada, podemos estimar que hoy en Venezuela hay unos 27 millones de habitantes, cada año nacen alrededor de 550 mil niños y niñas, y mueren unas 200 mil personas. Los boletines epidemiológicos no se publican desde 2016; la información permanece oculta, secuestrada por el Gobierno, que prohibió su publicación para no mostrar la triste realidad del retroceso sanitario de los últimos años.
Sin embargo, utilizando datos del último boletín epidemiológico publicado en diciembre de 2016 y de algunas publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), podemos afirmar que tenemos una situación de salud muy precaria, de las peores del continente, con muchas carencias y muchas muertes y enfermedades que pudieran evitarse.
Estimamos que la mortalidad infantil es de aproximadamente 25 por 1000, es decir que de cada 1000 niños que nacen, mueren 25, la mayor parte debido a las malas condiciones de vida y atención. Como referencia, en Cuba, país sometido a un bloqueo mucho peor que el de Venezuela, esa cifra es de menos de 10 por
1000. Tenemos un exceso enorme de muertes infantiles evitables derivadas del bajo peso infantil, desnutrición, infecciones.
Igual pasa con la mortalidad materna. En la gráfica se muestra que Venezuela tiene una tasa de mortalidad materna de 125 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos; eso es una cifra altísima, debida a problemas fácilmente prevenibles, lo cual evidencia el fracaso de programas como el del parto humanizado, inútiles en la realidad de nuestro caótico sistema de salud. En países como Chile, México, Cuba o Costa Rica, esa cifra es de menos de 40.
En el artículo anterior hablamos de la determinación social de la salud por las condiciones de vida y trabajo. En la génesis de esa determinación están las desigualdades sociales, y las inadecuadas condiciones de vida y trabajo, que incluye acceso a servicios básicos, empleo, alimentación y ambiente sanos, y acceso a buenos servicios de salud. En relación a ello, podemos
decir que los niveles de pobreza y desnutrición han crecido en forma alarmante en Venezuela. Según la información disponible, más de la mitad de la población está en situación de pobreza. Si utilizamos los parámetros de pobreza de los organismos internacionales, que definen como pobre al que vive con menos de dos dólares diarios, resulta que la mayoría de los venezolanos somos pobrísimos, y estamos sometidos a condiciones de vida y trabajo que acumulan y potencian los procesos que afectan la salud de la población, en desmedro de aquellos que la protegen. Todo eso hace que enfermedades del pasado, que pudieran ser controladas, hayan vuelto a atacar, como la tuberculosis, la sífilis y el paludismo.
Sin duda, las llamadas sanciones y el bloqueo han incidido en el deterioro de las condiciones de vida y atención; pero en toda esta situación un peso muy importante lo tienen las malas políticas y la corrupción. Repetimos, Cuba tiene 60 años de bloqueo y no tiene los niveles de deterioro de la salud que tiene Venezuela.
El pasado 5 de marzo se cumplieron 10 años del fallecimiento del presidente Hugo Chávez. En amplios sectores de la izquierda nacional e internacional se mantiene una actitud acrítica frente a su figura y el impacto real de su gestión. Esta postura tiene su fundamento en el enorme peso que tuvo el liderazgo de Chávez en el despertar de las luchas revolucionarias en el continente, particularmente luego del triunfo de la contrarrevolución en la Unión Soviética.
Chávez fue el primer presidente latinoamericano en plantear una oposición firme a la agenda neoliberal. Los puntos medulares de su programa fueron la defensa de la propiedad estatal sobre los recursos petroleros, la defensa de los precios internacionales del petróleo y el incremento de la participación del Estado en la captación de la renta petrolera. Esta política revirtió la tendencia privatizadora en el sector, no sin antes vencer una dura resistencia que se concretó en el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de 2003.
El presidente Chávez dispuso de una de las bonanzas petroleras más grandes en la historia del país, y de un sólido apoyo popular. Un eje clave de su política económica fue el impulso del crecimiento a través de la expansión del consumo de la clase obrera y los sectores populares. Una parte significativa de los ingresos petroleros fueron destinados al gasto social, lo que se tradujo en una mejora indiscutible, aunque insostenible, de la calidad de vida de la población.
Esta forma de gestión de la fase expansiva de la renta petrolera creó la ficción de una economía próspera fundada en una supuesta fortaleza del sector público. Esto fue y continúa siendo presentado como una alternativa a la gestión neoliberal. Sin embargo, lo que demuestra la evidencia económica es que el caudal de riquezas gestionado en los dos períodos de Gobierno de Chávez no se tradujo en cambios estructurales de la base económica. La política de sobrevaluación de la moneda y control cambiario hizo al país todavía más dependiente de las importaciones y aniquiló las casi inexistentes capacidades exportadoras del sector no petrolero.
La mayor parte de la renta petrolera captada en casi dos décadas terminó en los bolsillos
de las mismas empresas estadounidenses, europeas y del capital nacional de siempre, y otra parte nada pequeña sirvió para financiar el despegue de un sector de nuevos ricos vinculados al propio Gobierno.
Hay que recordar que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) fue una de las pocas organizaciones revolucionarias que alertó tempranamente sobre este fenómeno, al menos desde 2009. Recientemente, el 16º Congreso Nacional del PCV, concluido en noviembre pasado, hizo un análisis más exhaustivo sobre el tema, y concluyó que la gestión de Chávez, pese a todo lo progresista que fue en materia social, no hizo más que reproducir de forma expansiva el círculo vicioso de la acumulación regida por la renta, preparando el terreno para una crisis sin precedentes en la historia local.
Lo más dañino que pueden hacer las fuerzas revolucionarias es cerrar los ojos frente a esta realidad. Muchos mitos deben ser derribados. Se trata de un debate que la clase trabajadora del país necesita dar con urgencia para poder establecer un rumbo programático acertado y con independencia de clase.