Corrupción y descomposición ética en el Gobierno

Tribuna PoPular.- Graves hechos de corrupción gubernamental han salido a la luz pública en los últimos días: más de una decena de altos funcionarios y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han sido detenidos por tramas de corrupción que implican desde la «desaparición» de tres millardos de dólares provenientes de operaciones petroleras hasta vínculos con organizaciones criminales.

En una declaración de prensa al respecto, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) opinó que estos casos «son una pequeña muestra de la profunda descomposición moral del Gobierno de Nicolás Maduro y la alta cúpula burguesa del PSUV».

Entre los detenidos se encuentra Hugbel Roa, exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y diputado del PSUV en la Asamblea Nacional. El pasado 23 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente un juicio en su contra por la presunta comisión de delitos de corrupción, luego de que el órgano legislativo nacional le allanara la inmunidad parlamentaria.

Otro de los aprehendidos es Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena (Aragua), y dirigente del PSUV en esa región. Es acusado de tener vínculos con grupos criminales que operan en Venezuela y otros países de la región.

En la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) están involucrados el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de la estatal petrolera y otros cinco funcionarios de esa empresa. Además, destaca el nombre de Joselit Ramírez, titular de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y estrecho colaborador del exministro de Petróleo y presidente de Pdvsa Tarek El Aissami, quien renunció al iniciarse el escándalo pero sobre el cual hasta ahora no se ha abierto investigación alguna.

Fueron también detenidos el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles, quien también fungía como consultor jurídico de la Asamblea Nacional controlada por el PSUV, y el juez de control en delitos asociados al terrorismo José Mascimino Márquez, quien fue responsable de numerosas condenas de trabajadores injustamente encarcelados.

La Ley Antibloqueo Ampara La Corrupci N

Es la tercera ocasión en que el Gobierno de Maduro anuncia una «reestructuración de alto nivel» en la industria petrolera. Las dos anteriores también acarrearon escándalos de corrupción y procesamiento judicial de funcionarios, aunque, según recordó el Buró Político del PCV, en esas oportunidades hubo «mucho alboroto mediático, pero con escasa información de los hechos descubiertos y con impunidad para los altos dirigentes del PSUV involucrados en la administración de la empresa».

Tal fue el caso del ministro y presidente de Pdvsa entre 2017 y 2020, Manuel Quevedo, «quien no sólo salió ileso de las supuestas investigaciones anticorrupción, sino que fue premiado con la postulación a diputado para las elecciones de 2020», señaló el PCV. Igual protección recibió en su momento Rafael Ramírez, ministro y presidente de la estatal petrolera desde el primer período presidencial de Hugo Chávez hasta 2014, y sobre quien el partido del Gallo Rojo emitió graves denuncias públicas.

Al señalar la raíz del grave problema de descomposición en la administración pública, el Buró Político comunista señaló «el régimen de opacidad y desmontaje de todo tipo de controles como forma de gestión gubernamental». Además, el PCV apuntó que la denominada ley antibloqueo, supuestamente diseñada para responder a las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela por los Gobiernos de Estados Unidos y otros países, «es el instrumento principal del que se ha valido el Ejecutivo para dar poder a estas mafias corruptas que han contado con la plena protección de la cúpula gubernamental, incluso bajo el argumento de ser ‘héroes’ en la lucha para evadir las sanciones criminales».

Doble Rasero En La Cruzada Anticorrupci N

Tras conocerse las detenciones, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró ante una concentración de ese partido que «los trabajadores deben alertar con tiempo cuando observen algo, deben prepararse para señalar al corrupto y así tomar las decisiones, caiga quien caiga».

Sin embargo, como apunta el órgano de dirección colectiva del PCV, es conocido que los trabajadores que se han atrevido a denunciar irregularidades en la industria petrolera o a reclamar derechos laborales han sido judicializados. Tales son los casos de los trabajadores petroleros Aryenis Torrealba, Alfredo Chirinos y Eudis Girot.

«El caso de estos trabajadores demuestra el doble rasero del Gobierno en la lucha anticorrupción y la hipocresía de su discurso cuando apelan al ejercicio del ‘control social’. Quienes han tenido la valentía de denunciar han sido injustamente judicializados por afectar los intereses económicos de los grupos de poder que se enfrentan en el PSUV», explicó la dirección del PCV a la opinión pública.

EL PRESIDENTE MADURO DEBE SER INVESTIGADO

El PCV considera que «si la lucha contra la corrupción es cierta y no otro show propagandístico», las instancias del Poder Público con competencia «deben abrir una investigación sobre la responsabilidad del presidente de la República en estos escándalos de corrupción».

«Es inaceptable que el propio presidente de la República designe los ministros, viceministros, presidentes e integrantes de Comisiones Presidenciales para solventar la crisis en Pdvsa, y que al estallar los escándalos de corrupción provocados por las instancias y figuras por él designadas, pretenda lavarse las manos», denunció el partido del Gallo Rojo.

Además, recordó el Buró Político comunista, cada vez que el PCV y otros sectores de la izquierda denunciaron la actuación irregular de ministros y altos funcionarios, el propio presidente Maduro «salió en defensa de estos funcionarios, pretendiendo acallar todo tipo de crítica al decir que él asumía personalmente la responsabilidad de la actuación de estos personajes».

Para el PCV este proceder del presidente y de la cúpula del PSUV no se diferencia demasiado del proceder de los grupos de derecha que participaron junto con Juan Guaidó en el robo de activos de la nación. En su declaración pública, el organismo de dirección del PCV comentó que ambos sectores «tienen en común participar del saqueo del erario público en beneficio particular, mientras el pueblo trabajador sufre todo el rigor de la crisis».

«Por eso pueden ponerse de acuerdo en el pacto de élites: porque representan los mismos intereses mezquinos, aunque intenten mostrarse como fuerzas antagónicas. Son las dos caras de la misma moneda», concluyó el PCV. ■

Impera la impunidad a un año del asesinato de Juan de Dios Hernández

Tribuna PoPular.- Continúa la impunidad en el caso del secuestro y asesinato del militante comunista Juan de Dios Hernández, acaecido el 27 de marzo de 2022 en Puerto Páez, estado Apure, localidad adyacente a la frontera con Colombia. Hernández fue el segundo comunista asesinado en esa zona apureña a lo largo del año pasado. Tres meses antes, el activista y comunicador popular José Urbina, había sido acribillado a tiros delante de sus familiares.

Urbina y Hernández eran militantes de la misma célula del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en la localidad fronteriza. El Buró Político del PCV ha exigido en diversas oportunidades al Fiscal General de la República que acelere la investigación de los hechos hasta identificar, capturar y castigar a los culpables intelectuales, materiales y cómplices de estos horrendos crímenes. Además, la dirección nacional comunista ha solicitado una reunión con el Fiscal General para tratar el conjunto de los casos de asesinato y desaparición de militantes comunistas en los últimos siete años, todos los cuales se mantienen impunes.

Meses antes de su asesinato, Urbina había denunciado en una manifestación pública que los habitantes de Puerto Páez eran víctimas de allanamientos y detenciones arbitrarias por parte de efectivos de la fuerza pública en operativos supuestamente dirigidos a combatir a los grupos armados transfronterizos que operan en la zona. ■

Programa de lucha de delegados de prevención

Douglas Gómez Secretario de Salud y Trabajo de la CUTV

Yadijimos que las banderas de lucha del movimiento de las y los delegados de prevención (DDP) tenían un muy bajo perfil en las recientes movilizaciones de protesta. Ante la principal demanda del momento, indexación de salarios y pensiones a la canasta básica, el movimiento de DDP ha relegado a un segundo plano la lucha por mejores condiciones de salud y seguridad en el trabajo, a pesar de los altos índices de accidentalidad y morbilidad laboral en el país.

Y no es para menos, pues, como afectados por la política de destrucción del salario que adelantan el Gobierno y los empresarios, las y los DDP comprenden la necesidad de sumarse al movimiento general de protesta con la convicción de que lo que une y moviliza hoy a todas y todos los trabajadores en Venezuela es esa reivindicación económica.

Ahora bien, esta lucha general tiene necesariamente que ampliar sus demandas en el terreno de los derechos sindicales, sociales y políticos consagrados en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), y reivindicar con fuerza el ejercicio real del derecho a salud y seguridad en trabajo.

Para ello es necesario levantar un programa mínimo de lucha, discutido y aprobado en el marco de un encuentro o asamblea nacional de DDP, que viabilice la aplicación efectiva de la Lopcymat en cuanto a:

1.- La participación real de las y los trabajadores en la vigilancia y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, bien directamente o bien a través de la elección de DDP.

2.- La elección, sin injerencia patronal ni institucional, de las y los DDP en todas las entidades de trabajo del país, con garantías de ejercicio efectivo de sus funciones y atribuciones de acuerdo a la Lopcymat.

3.- La constitución y funcionamiento de los comités de salud y seguridad laboral en cada entidad de trabajo.

4.- La formación y capacitación integral de las y los trabajadores en materia de prevención de riesgos ocupacionales, con programas de formación diseñados y ejecutados con participación de las y los trabajadores.

5.- La formulación y ejecución de un programa de salud y seguridad en el trabajo en cada entidad de trabajo del país.

6.- La puesta en marcha del servicio de salud y seguridad en todas las entidades de trabajo.

7.- La publicación oportuna y veraz de las estadísticas de accidentalidad y morbilidad laboral.

8.- La elección democrática de la representación de las y los trabajadores ante el directorio del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), con el fin de ejercer control social y popular sobre su gestión.