LaDeudaSocial by Universidad de Cartagena

LA DEUDA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Germรกn Arturo Sierra Anaya Rector

LA DEUDA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Esto imponía creatividad, calidad y diversidad en la oferta de servicios; la búsqueda de nuevas fuentes de financiación; y la necesidad de generar proyectos desde la investigación, la extensión, los posgrados, la educación continua y los eventos académicos.

Las universidades públicas y el espejismo de la ley 30 Hace veinte años, cuando se expidió la ley que organizaba la educación superior en Colombia, conocida como ley 30 de 1992, se creyó que –por fin- había una política de Estado que entendía el papel fundamental de la educación en el desarrollo de la Nación y sus regiones. El énfasis en la calidad, el establecimiento de una estructura orgánica nacional que permitiese coordinar las actividades de las instituciones, la fijación de nuevas fuentes de financiación, la reglamentación de las funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión) y de la naturaleza autónoma de las universidades, fueron algunos de los logros más trascendentales de la ley. Para las instituciones territoriales, como es el caso de la Universidad de Cartagena, la ley 30 pareció convertirse en el marco propicio para fortalecerse académica y financieramente. El artículo 86 de la ley contempla que el presupuesto de las universidades estatales ésta constituido, además de los aportes de la Nación, “por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución”. Es decir, se les asignaba a los departamentos la corresponsabilidad de financiar la educación superior. Además, les correspondía a las mismas instituciones financiar una parte del presupuesto con la generación de recursos propios.

Lo anterior se complementaba con lo señalado en el artículo 87, según el cual a partir del sexto año de vigencia de la ley 30, el Gobierno nacional incrementaría los aportes para las universidades oficiales “en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto”. Buenos vientos se presagiaban con esta ley. Los más entusiastas con la normativa hacían cuentas felices de los recursos que captarían las instituciones. Si anualmente se incrementaban los aportes de la Nación, si los entes territoriales cumplían sus obligaciones y si las instituciones generaban sus propios recursos, muy pronto se nivelarían los presupuestos de las universidades y habría excedentes para invertir en cobertura, en investigación, ciencia y tecnología, en políticas de calidad, en mejoramiento de la infraestructura, en proyección social y en cualificación docente. Los más escépticos proponían un compás de espera para ver cómo tantas maravillas se convertían en realidad. Se impuso lo segundo. En lo que respecta a la Universidad de Cartagena, en los primeros meses, el departamento de Bolívar cumplió con los aportes señalados por la ley. Pero muy pronto empezaron a acumularse en las sucesivas administraciones, y a formar parte de las deudas por pagar del Departamento. Y también, en contra de lo señalado en la ley, los aportes de la Nación empezaron a disminuir. Por una fórmula técnica, el Ministerio de Hacienda siempre incrementó los recursos para las universidades; pero mirado en relación con otras variables –por ejemplo, aumento de la cobertura de las instituciones- el aporte per cápita por estudiante iba decreciendo paulatinamente.

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Sobre esto, las estadísticas son contundentes. Según el Estudio de financiación de la educación superior, desarrollado por el SUE, durante el primer año de aplicación de la ley 30, es decir, 1993, la Nación aportaba el 73,48% del presupuesto de las universidades estatales; en 2010, esa participación había descendido al 48,69%;. En ese mismo período, el porcentaje por recursos propios ha pasado del 22,39% al 44,77%. Se puede notar que la disminución de los aportes nacionales fue de 24,79 puntos porcentuales, y el incremento presupuestal por recursos propios fue de 22,38 puntos.

Con este panorama, resulta evidente que el espíritu de la ley 30, esto es, el fortalecimiento académico y financiero de las universidades oficiales, no se materializó. Por el contrario, las responsabilidades se les han ido transfiriendo paulatinamente a las instituciones (nuevos programas de pregrado y posgrado, aumento de cobertura, consolidación de grupos de investigación, internacionalización,regionalización, incorporación de nuevas tecnologías de la información, acreditación en calidad de programas y acreditación institucional). Sin embargo, como puede verse más atrás, los aportes de la Nación han disminuido y con los entes territoriales existe una permanente controversia por el desconocimiento de las responsabilidades que, por ley, tienen con las universidades adscritas a ellos.

Las cifras anteriores evidencian que los aportes de la Nación no se han incrementado en los porcentajes señalados en la ley a partir del sexto año, en relación con el incremento del PIB. Y más bien, se les ha transferido a las universidades las responsabilidades de su financiación, lo que ha impedido que los desequilibrios en el balance sean muy amplios. Ahora, como los aportes de la Nación tienen destinación específica para pago de nómina y gastos de funcionamiento, se esperaba que los recursos propios se utilizaran para fortalecer las funciones sustantivas de las universidades. Pero no es así, pues como estos recursos “equilibran” el balance deben utilizarse para los pagos que debían asumirse con los aportes nacionales. 3

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Sin embargo, a pesar de este evidente impacto social, históricamente el Distrito ha soslayado su responsabilidad frente a la Universidad de Cartagena. Si bien es cierto que la ley no obliga al Distrito a una correspondencia financiera con Unicartagena, tampoco le impide que apoye para que los estudiantes más pobres puedan formarse profesionalmente y convertirse en personas y ciudadanos de bien.

El distrito de Cartagena frente a la Universidad Según un confidencial de la revista Semana, del 9 de junio de 2012, el impacto social de la Universidad de Cartagena en la región Caribe, en Bolívar y, sobre todo, en Cartagena, es considerable. En el examen de admisión para el segundo semestre de 2012, de 1083 estudiantes seleccionados, 1025 pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; este dato corresponde al 94.6% de los admitidos. De ellos, el 16,2% (176 estudiantes) proviene de la institución oficial Soledad Acosta de Samper. Ahora, si miramos de manera ampliada la naturaleza del colegio de procedencia, encontramos que el 57% proviene de instituciones oficiales y un 43%, de instituciones privadas.

En esto último, la responsabilidad del Distrito es insoslayable, pues carece de una universidad adscrita a él (una institución distrital en este caso) y le corresponde a la Universidad de Cartagena asumirse como la principal receptora de los jóvenes que desean formarse como profesionales. Esto, en una ciudad caracterizada por una gran inequidad social, con índices alarmantes de pobreza y de miseria, resulta altamente positivo. Y debería generar una corresponsabilidad del Distrito frente al sostenimiento y formación de sus jóvenes en la Universidad. Sin embargo muchas decisiones que se han tomado en los últimos tiempos son desconcertantes. A los estudiantes de las universidades de la ciudad (y más a los de la Universidad de Cartagena por tener la mayor población estudiantil) las administraciones territoriales grabaron la matrícula y el derecho de grado de los universitarios con un impuesto.

Lo anterior revela que el distrito de Cartagena y los habitantes más pobres de la ciudad, son los grandes beneficiarios de la existencia y de la acción institucional de la Universidad de Cartagena. Esto va en concordancia con su naturaleza pública, que le permite desarrollar una destacada función de inclusión y equidad social, de apertura de oportunidades, de solidaridad colectiva y de transformación de vidas. ¿Qué sería de todos estos jóvenes, de las generaciones precedentes y de las que vienen sin la existencia de la Universidad de Cartagena?

Tales decisiones van en detrimento de unos jóvenes que, en muchas ocasiones, carecen de recursos para pagar su matrícula. De allí que la Universidad de Cartagena, en reconocimiento de esa dificultad, haya implementado programas como el Plan Padrino, la Novación, la financiación, el descuento por participar en grupos culturales, deportivos y en tutorías, exoneraciones y descuentos por excelencia académica, revisión de las condiciones sociales de los estudiantes, entre otros. En 2011, estos programas representaron una suma cercana a los dos mil millones de pesos. Resulta paradójico, entonces, que los costos

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que la Universidad exonera o descuenta en la matrícula se cargan a través de los entes que deben promover la formación de las nuevas generaciones de cartageneros y bolivarenses.

Hasta hace pocas décadas, cuando la Universidad de Cartagena era la única institución de educación superior de la ciudad y la más prestigiosa de las instituciones del Caribe colombiano, le correspondía formar profesionales que atendiesen las necesidades más sensibles de la ciudad y de la región. El crecimiento de la infraestructura, el desarrollo de las empresas químicas y farmacéuticas, la atención en todos los frentes de la salud, la formación jurídica, económica y administrativa, el desarrollo social fueron, entre otros, las necesidades y sectores que se soportaron en la Universidad de Cartagena y en sus egresados.

Ahora, si miramos otros antecedentes, la deuda social del Distrito con su principal Alma Máter es mayor, pues el papel de ésta en la transformación de la ciudad ha trascendido del ámbito académico al urbanístico. Sobre un terreno de más de 40 hectáreas pertenecientes a la Universidad en la zona de Zaragocilla, se levantaron cinco barrios, que incluyó la construcción de viviendas, de colegios, de calles y avenidas, de escenarios deportivos, de amplias zonas verdes, de hospitales y centros de salud, en fin. Una solución de vivienda y una trasformación urbana sin precedentes en la historia de Cartagena, que fueron asumidas de manera íntegra por la Universidad, sin que esto le haya generado ninguna contraprestación por parte de los gobiernos distritales. Ninguna otra institución ha hecho un aporte de esa magnitud e impacto social y humano. La Universidad y el desarrollo económico de Cartagena Desde 1827, cuando los generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander firmaron el decreto que le daría vida legal a la Universidad del Magdalena e Istmo que, después de un cambio sucesivo de denominaciones, se llamaría Universidad de Cartagena, esta institución ha sido protagonista del desarrollo del país, de la región Caribe y de Cartagena.

En ese sentido, la deuda social del sector productivo, público y privado, con el Alma Máter es cuantiosa. Y no se trata, en este caso, de cursar una cuenta de cobro, sino de fomentar e incrementar los espacios en donde las acciones de la Universidad y de las empresas puedan confluir. En los últimos años, como consecuencia de las cuantiosas inversiones que ha hecho en infraestructura física y en la dotación de modernos laboratorios, equipados con tecnología de punta y con altos estándares de funcionamiento, la Universidad de Cartagena está en capacidad de asociarse con cualquier empresa del sector industrial, comercial o de servicios. Pero además, puede desarrollar labores conjuntas en todas las áreas del saber.

Ninguna universidad territorial ha trascendido tanto los límites de su cobertura geográfica como lo ha hecho la Universidad de Cartagena. Sus aportes en lo académico, lo científico, lo político, lo cultural, lo económico, lo ambiental, y su impacto en el crecimiento de la infraestructura del Caribe, y de la industria fueron determinantes para que la ciudad y la región fuesen competitivas frente a otras ciudades y regiones del país. 7

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Sobre esto, sin embargo, existen algunos sinsabores, derivados de la existencia de la Estampilla Universidad de Cartagena, ¡Siempre a la altura de los tiempos! Es claro que los servicios gravados con la estampilla generan inconformismos en algunas empresas que, a pesar de esto, pagan el tributo. Otras han dirimido esta obligación en los estrados judiciales. Ciertos empresarios han planteado la eliminación de la estampilla bajo el pretexto de que le resta competitividad a las empresas de Cartagena. Sin embargo, cuando se invoca la competitividad pareciese que este concepto se asumiera sólo desde su acepción económica. El ser competitivo implica desarrollar competencias (para saber, para hacer, para ser y para convivir) en las esferas en las que se actúa. No es sólo una capacidad de respuesta, sino –y sobre todo- de propuesta y de creatividad. Y en ello, aunque no se desdeña la trascendencia del saber empírico, la formación académica juega un papel fundamental. El conocimiento se constituye, así, en el primer factor de competitividad. Basta con mirar los índices de desarrollo de las naciones para darnos cuenta de que la variable que más peso tiene en las mediciones es la formación académica de la gente. O, al contrario, si se miran los escalafones de las mejores universidades del mundo, notamos que se encuentran en los países más desarrollados. Aquí valdría un axioma: dime qué universidad tienes y sabré qué tan desarrollado eres. Según el Ranking QS de 2012, de las 250 universidades más importantes de América Latina, el país que incluye el mayor número de instituciones es, por supuesto, Brasil, el más desarrollado de la región. Colombia, con 34 universidades,

ocupa el tercer lugar, por debajo de México. En el país, la región que más instituciones incluye es la Andina, con más del 75%, mientras que la región Caribe sólo incluye tres: la Universidad del Norte, la Universidad de Cartagena y la Universidad de Córdoba. Esto demuestra lo que se venía diciendo: el grado de desarrollo de los pueblos está directamente relacionado con la calidad de su educación. Por lo anterior, la Estampilla Universidad de Cartagena –más que afectar la competitividad- permite la transformación humana, el progreso social y una formación de alta calidad, tres indicadores fundamentales en las mediciones de competitividad y desarrollo de los pueblos. Así que el fomento de la educación, su financiamiento, la promoción de espacios formativos, la cualificación permanente se constituyen en inversiones con resultados fructíferos. Con una ganancia adicional: es la única inversión que brinda la seguridad de que el futuro será mejor. La competitividad es, en conclusión, una condición que trasciende los indicadores económicos, los niveles de producción, el patrimonio, la logística y la infraestructura. Una competitividad sostenible debe promover el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y un desarrollo humano elevado y creciente. Si se crece el complejo industrial y al mismo tiempo se crece el cinturón de miseria de la ciudad, ¿de qué competitividad se puede hablar? ¿De una que favorece a los ricos o de una que favorece a todos, que sea incluyente equitativa y humana? ¿De qué sirve la innovación y la tecnología sin el recurso humano cualificado? ¿Cómo mostrar una ciudad competitiva con dos postales sociales antagónicas? ¿Cómo diseminar, entonces, los saldos de la riqueza de tal manera que beneficie al mayor número de personas? Todas las respuestas confluyen en una sola: bríndeles a las personas la opción de trascender su vida a través de la educación. Así aportarán al desarrollo propio y de su gente. A la competitividad.

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representante de los egresados tiene asiento, con voz y voto, en el máximo organismo directivo de la Institución: el Consejo Superior.

La Universidad y los egresados: una relación indisoluble. Cuando a las universidades se les califica como Alma Máter se les está dando un estatus relacionado con su sagrada función: la de formar, nutrir intelectualmente a sus estudiantes. Esto genera una relación materno – filial indisoluble, que perdura más allá del paso por la aulas. Una madre es para siempre. La universidad, en la vida de sus egresados, también lo es. De acuerdo con lo anterior, la Universidad de Cartagena ha conformado y apoyado diversos espacios para que su relación con los egresados se mantenga vigente. La Oficina de Egresados (adscrita a la División de Bienestar Universitario) y la Asociación de Egresados son los espacios fundamentales en esta relación. Entendiendo la importancia de todo esto, la Universidad les ha ofrecido a sus egresados diversas prerrogativas como descuentos en algunas ofertas académicas, exoneración o descuentos en programas propios de posgrado a los egresados con mejores promedios, acceso a la biblioteca para consulta de textos y de bases de datos, información y contactos sobre ofertas de empleos, recomendación para estudios de posgrado en el país y el exterior, postulación para las convocatorias de Jóvenes Investigadores de Colciencias, etc. Igualmente, un

Las mencionadas prerrogativas evidencian que los egresados constituyen un pilar fundamental en la Universidad de Cartagena y, por tanto, se le ha denominado el cuarto estamento. Y no sólo es el más numeroso, sino también representa el impacto más visible de la institución en la sociedad. Es a través de los egresados, de su desempeño, de su profesionalismo, como la sociedad evalúa la calidad de la formación que se imparte en la institución. Ahora, ¿se ha revertido la acción de los egresados a la Universidad de Cartagena? Prácticamente no. Mirado el universo de egresados con el número de ellos (excluyendo a los vinculados laboralmente con la Institución) que mantienen una relación permanente y recíproca con la Universidad, la cifra es ínfima. A pesar de las invitaciones permanentes de la Universidad y las facultades para que sus egresados se vinculen a ellas, para que participen en programas académicos y sociales, para que contribuyan económicamente con la formación de otros jóvenes que –como ellos en el pasado- pretenden formarse como profesionales, la respuesta es casi nula. Durante la historia, y como evidencia de la alta formación que se imparte en la Universidad de Cartagena, sus egresados han ocupado altísimas dignidades públicas y privadas en el ámbito local, departamental, nacional e internacional. Presidentes de Colombia, ministros, congresistas, magistrados de las altas cortes y de los tribunales, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, jueces, gerentes y administradores de grandes, medianas y pequeñas empresas, científicos, escritores, poetas, profesionales independientes, entre otros, han sido formados en las aulas de esta Alma Máter.

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En algunos casos, las decisiones y actuaciones de ellos han sido benéficas para la Institución. Pero en otros ha prevalecido la falta de compromiso y de pertenencia con la Universidad. Se espera que, en el marco de sus funciones legales, su Alma Máter sea beneficiaria de las políticas públicas, de los planes y proyectos. Pero no ha sido así; muchas veces, incluso, la Universidad ha sido perjudicada por sus acciones y decisiones.

ciudadanos, a los padres de familia, a los egresados, a los docentes, a los estudiantes, a los directivos y trabajadores, aportar sus esfuerzos para garantizar su sostenibilidad y su altísima calidad.

En las grandes universidades del mundo, de América Latina y del país, muchos de los programas sociales, de donaciones logísticas y tecnológicas, de proyección social de las instituciones, entre otros, se promueven desde las asociaciones de egresados. Es una manera de revertir a su Alma Máter la deuda impagable de su transformación humana. De entender que en el cambio de sus niveles de vida (para ellos, para su familia), de los beneficios de buenos empleos, de mejores salarios, influyó notoriamente su paso por las aulas de sus colegios y universidades. ¿Qué hubiera pasado con la vida de muchos de nuestros egresados sin la existencia, por ejemplo, del Liceo de Bolívar, del Colegio Departamental Nuestra Señora del Carmen y de la Universidad de Cartagena? ¿Gozarían de su actual nivel de vida? ¿Tendrían el patrimonio social y económico de hoy?

No puede esperarse que las personas miren a la Universidad sólo para sacar provecho de ella, para beneficiarse, sino para que aporten a su desarrollo y, consecuentemente, al crecimiento de la sociedad. Se debe conservar como el mejor espacio para que las generaciones futuras, como pasó con la presente y con las pasadas, puedan contar con esta gloriosa institución, que estará siempre a la altura de los tiempos; y cuya dignidad mayor es su autonomía

La vuelta de un egresado a la Universidad equivale al retorno de un hijo que, después de salir de casa, busca de nuevo –con más saberes acumulados, con más experiencia- el calor de la madre. Una forma de nutrirse otra vez, de tomar aliento para reemprender su vida. Y casi siempre, como manifestación de su progreso, trae consigo su cariño y un presente; una manera de abonarle a una deuda que jamás pagará. Palabras finales La Universidad de Cartagena, como institución pública de educación superior, es un patrimonio de todos. Por tanto les corresponde a cada estamento de la sociedad, a los gobiernos, al sector productivo, a la clase política, a la sociedad civil, a los 13

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Universidad de Cartagena Fundada en 1827

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