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PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PROGRESISTA DEL AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA SOLICITANDO SOLICITANDO AL PLENO DE LA COPORACIÓN QUE INSTE AL GOBIERNO REGIONAL A QUE ADOPTE MEDIDAS EN DEFENSA DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES DE LA REGIÓN Doña Mª del Mar Hernández Porras, Portavoz del Grupo Municipal Progresista, presenta al amparo de lo establecido en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para su discusión y, en su caso aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el 11 de noviembre de 2013, la siguiente PROPOSICIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: MOTIVOS: La ley 39/2006, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, supuso uno de los mayores avances en protección social en España. Mediante su aplicación se dictaminaron más de un millón de personas en situación de dependencia, generando derechos en las mismas, pero desgraciadamente no todas han llegado a ser beneficiarias de las prestaciones y servicios que determina dicha Ley, y muchas otras aún se encuentran en lista de espera. El Inserso ha reconocido que hay decenas de miles de personas esperando que les llegue el turno. La lista de espera de potenciales beneficiarios a los que las Comunidades Autónomas han reconocido la condición de dependientes con derecho a ayudas y aún no atienden, representa una bolsa de 198.041 personas. Datos a los que se les debe sumar que en este año 2013 el número de personas atendidas se ha reducido en 15.302. Y lo más lamentable aún, es que miles de personas han fallecido sin recibir su prestación, esperando una ayuda que nunca llega. Cuando el Sistema de Atención a la Dependencia debería haber alcanzado su madurez, está sufriendo un acusado proceso de deterioro por parte del Gobierno de la Nación, apoyado por algunos Gobiernos Autonómicos, entre los que se encuentra el Gobierno Regional que amenaza con dar al traste con todas las expectativas y el potencial que durante estos años ha generado en atención a las personas en situación de dependencia. El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha recibido ya 797 reclamaciones tras la última reforma del sistema de copago, que se produjo en julio. En 394 de esos casos se ha constatado la existencia de errores, errores reconocidos por la propia Consejera. Página 1 de 3
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El Sistema de la Dependencia no deja de ser constantemente atacado a golpe de Real Decreto, generando inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las empresas que actúan en el sector; problemas que no sólo no se van a solucionar, sino que se van a ver agravados por lo supone una derogación encubierta de la Ley que está reduciendo el Sistema a la mínima expresión, reduciendo sus costes y anulando este impulso de modernización del Estado con sus beneficios en la protección social y calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias. Las medidas de recortes puestas en marcha por el Gobierno de la Nación del Partido Popular, han ido en contra de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, como así ha denunciado públicamente la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, entre ellas cabe destacar: La ampliación a dos años el plazo para resolver las ayudas, medida que ha dado lugar a que miles de dependientes, entre ellos vecinos y vecinas nuestras, hayan muerto sin atención. El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite de la capacidad real las economías familiares. El copago de los servicios que ha incrementado de manera importante las aportaciones, afectando al patrimonio de las personas dependientes provocando el empobrecimiento de las familias o teniendo que renunciar a los servicios. Copago que la misma Consejera de Sanidad y Política Social, Ángeles Palacios, ha admitido que se han aplicado de forma indebida a algunas personas dependientes, habiendo dejado de percibir la ayuda por esta causa. La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que impide la complementariedad y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes, la cual se aplica desde el mismo momento en el que se reconoce el derecho aunque no sea efectiva la ayuda, generándose situaciones de auténtica desprotección del dependiente y de injusticia social. La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. El Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados/as en España. Además, el Estado dejó de financiar la Seguridad Social de los cuidadores familiares afectando a más de 180.000 personas. Página 2 de 3
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A todo esto debemos sumarle la eliminación de las partidas presupuestarias acordadas con las Comunidades Autónomas para el cumplimiento efectivo de los derechos generados por esta Ley, lo que supone el fin del mayor avance en protección social que se había producido en España en los últimos años. Hacer inviable la promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Personas en situación de dependencia que la Ley reconoce como un derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional del Estado Social, cargando de nuevo sobre las familias el cuidado de las personas en situación de dependencia sin apoyo alguno, y trasladando la cobertura de las necesidades más básicas de las personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía. El Gobierno del Partido Popular quiere hacernos retroceder a las prácticas predemocráticas asistenciales, y que volvamos a la beneficencia y caridad que marcaron el retraso de España con respecto a países europeos de nuestro entorno.
Por todo ello el Grupo Municipal Progresista en el Ayuntamiento de Librilla aprobación siguientess presenta para su aprobac ión por el Pleno Municipal, los siguiente
ACUERDO ACUERDOS ERDOS: 1. Instar a la Consejera de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia a que muestre su rechazo a las medidas adoptadas en materia de dependencia por el Gobierno de la Nación. 2. Instar a la Consejera de Sanidad y Política Social que revise de oficio todos los expedientes (más de 37.000) sobre los que el pasado mes de julio se aplicó el nuevo sistema de copago, realizando el pago inmediato a los afectados que han dejado de percibir la ayuda por esta causa. 3. Instar al Gobierno de España para que retire los últimos recortes impuestos a la LAPAD. 4. Que se de traslado de dicho acuerdo al Gobierno Central, al Gobierno Regional, así como a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado y de la Asamblea Regional. En Librilla, a 4 de noviembre de 2013
Fdo. Mª del Mar Hernández Porras Portavoz Grupo Municipal Progresista Página 3 de 3