TRATA DE PERSONAS: REALIDAD QUE SE AGRAVA Pág

Migración y Frontera

Dos profesoras e investigadoras de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, analizan un fenómeno tan diverso como cruel que hace parte de la realidad en la frontera colombo venezolana, en Norte de Santander.

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REVISTA DE PERIODISMO CIENTÍFICO

Migración y Frontera

Por Neida Albornoz Arias y

Carolina Ramírez Martínez

En medio de diversas acciones que buscan el cierre de brechas, el cuidado ambiental y la organización de ciudades más incluyentes que garanticen el desarrollo sostenible de la sociedad (ONU, 2015), se suscitan realidades contrarias a estos sentires.

El fenómeno de trata de personas es una de esas realidades mundiales (UNODC, 2020), especialmente de territorios fronterizos (Dammert-Guardia, Dammert y Sarmiento, 2020), en los cuales son usuales las economías ilegales, los paisajes de abandono estatal e indicadores elevados de desempleo y la baja cobertura en salud, educación, cultura y recreación, entre muchos otros vacíos de una sociedad que crece demográficamente a pasos agigantados sin que su infraestructura e institucionalidad la abastezcan.

En ese contexto se hace importante acercase a la comprensión de aspectos fundamentales de un fenómeno tan diverso como cruel, en el que se incluyen modalidades como explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad ajena, extracción de órganos y matrimonio servil, entre otras formas (Cuesta, Castillo, Cárdenas y Gutiérrez, 2015).

La trata de personas, como parte de esta realidad social desafortunada, se debe comprender como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (ONU, 2000, artículo 3).

Este delito refleja una marcada vulneración a poblaciones históricamente marginadas, como lo confirma UNODC (2020): afecta primordialmente a mujeres y niñas (65 %), y en menor medida a hombres y niños (35 %), aunque el trabajo forzado y la mendicidad figuran con un porcentaje creciente del 38 %, especialmente para trabajo doméstico, construcción, trabajo rural, minería, textilería y trabajos informales.

Este delito refleja una marcada vulneración a poblaciones históricamente marginadas: afecta primordialmente a mujeres y niñas (65%).

En Colombia la trata de personas es un delito en aumento, debido a las inequidades socioeconómicas y de género; en especial, para la población migrante en condición de irregularidad. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en los últimos siete años hubo 686 casos (82 % mujeres y 18 % hombres), involucrando a niños, niñas y adolescentes en un 12 %, personas de 18 a 30 años (55 %) y de 31 a 50 años (22 %). La explotación sexual ha sido el delito de mayor representatividad, con 408 casos, seguido de trabajos forzados (134 casos) y matrimonio servil (48 casos).

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Los ciudadanos venezolanos que vivían hasta el 31 de enero de 2021 en el país, el 56.4% irregulares, según Migración Colombia.

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En Colombia la trata de personas es un delito en aumento. Según la OIM, en los últimos siete años hubo 686 casos que en un 12% involucraron a niños, niñas y adolescentes.

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casos se registraron en los últimos siete años en Colombia, según la OIM: 82 % mujeres y 18 % hombres, involucrando a niños, niñas y adolescentes en un 12%, personas de 18 a 30 años (55%) y de 31 a 50 años (22%).

Contextos y complejidades sociales Este tipo de explotación económica criminal aumenta en el contexto del dinamismo social y el marcado individualismo acentuado en la creciente hipermodernidad, que, en la búsqueda de proteger la independencia, crea sociedades cada vez más fragmentadas por sus relaciones despersonalizadas, donde se adormece la percepción del otro y se limita la comunicación cara a cara por dar paso a las redes sociales virtuales.

Se crean así mundos paralelos, se idealiza y se desea el consumo exacerbado, que maneja las emociones y se globaliza en función de aspectos similares como tecnología, viajes, moda, cuerpos estereotipados, lujos y fama (Lipovetsky, 1986; Lipovetsky, 1987), llevando a las sociedades a ignorar y no reaccionan frente a la realidad de trata de personas, la cual crece a diario, esclavizando y haciendo de las personas una mercancía, pues son explotadas y revictimizadas.

La cotidiana fragmentación social se percibe en los diálogos habituales que emplean expresiones como: mi vida, mi problema, mi espacio, mis amigos, mis contactos, contribuyendo con la desintegración del tejido social y generando mayor vulnerabilidad frente a situaciones de peligro al no percibirse, rastrearse ni documentarse, al naturalizarse, creyendo que son desapariciones voluntarias por seguir un proyecto de vida, evadir a su pareja, emprender viajes laborales, no asumir una deuda o evadir un problema familiar.

La creciente despersonalización comunicativa y el uso masivo de medios que transforman las relaciones interpersonales por emoticones, símbolos, perfiles que obedecen a tendencias y no a realidades, están permitiendo que la trata de personas se complejice aún más y crezca a través de redes especializadas en ejecutar esta explotación y violación de derechos fundamentales de la vida y la libertad.

Esto se suma a la crisis migratoria venezolana. En Colombia, hasta el 31 de enero de este año, vivían 1,7 millones de venezolanos: 56,4 % son irregulares (Migración Colombia, 2021). Esta estadística no incluye a quienes cruzaron por los caminos informales (trochas) y no están registrados por la autoridad migratoria, pese a las normas y controles existentes en las fronteras, lo que incrementa la vulnerabilidad y los riesgos.

Según el Pacto Mundial para Migración, la migración irregular comprende a los inmigrantes indocumentados que posiblemente entraron al país de forma legal con una visa de turista y se quedaron cuando caducó, y según la política del país de acogida pudieran ser regularizados. También son migrantes irregulares aquellos que cruzaron la frontera por canales o vías irregulares, por lo cual ingresaron indocumentados y no realizaron registro migratorio alguno (ONU, 2018).

Para Castles (2010), la migración irregular conlleva la negación de derechos humanos y laborales. Por ello es importante usar la terminología adecuada, distinguiendo el estatus de los migrantes y con ello sus derechos. Por ejemplo: trabajadores migrantes autorizados o regulares, trabajadores irregulares, visitantes-turistas, empresarios, cuerpos diplomáticos, refugiados y víctimas de trata. Los migrantes que tienen especial goce de protección por su particular situación de vulnerabilidad son los irregulares y víctimas de trata, como lo establece el Protocolo de Palermo (ONU, 2000).

Por ello, la Convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares compromete a los Estados a prevenir la migración irregular y el tráfico y la trata de personas (ONU, 1990) y el Protocolo de Palermo —Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ONU, 2000)—.

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Contextos y complejidades territoriales: los espacios de la frontera El territorio como espacio de construcción interactivo de relaciones dinámicas e históricas, donde se materializan representaciones y prácticas espaciales desde lo físico, social y mental (Lefebvre, 1974), permite analizar la realidad actual de la frontera colombovenezolana de Norte de Santander y el Táchira, un contexto marcado por múltiples problemáticas. Destacamos la creciente movilidad humana con migración interna y de venezolanos, la desigualdad y falta de oportunidades, las violencias de diferentes actores armados, los desastres ambientales, el aumento demográfico desbordado, las necesidades sociales y económicas y un creciente multiculturalismo que influye en la despersonalización, la xenofobia y la poca y distorsionada información sobre la realidad.

La migración femenina, por su vulnerabilidad, representa una población exponencial para trata de personas, como lo describe Guizardi, quien expone que las actuales políticas de seguridad de los Estados suelen considerar “que el comercio informal y la trata de personas solo corresponden a redes y mafias

La migración irregular comprende a los inmigrantes indocumentados que posiblemente entraron al país de forma legal con una visa de turista y se quedaron cuando caducó. La creciente despersonalización comunicativa y el uso masivo de medios que transforman las relaciones interpersonales están permitiendo que la trata de personas se complejice aún más y crezca a través de redes especializadas en explotar y violar los derechos fundamentales de la vida y la libertad.

criminales organizadas, sin contemplar su carácter local y doméstico” (2000, p. 77).

Las históricas economías ilegales de la frontera, la naturalización de un escenario de paso que disminuye la ciudadanía social (Cortina, 2009), la pandemia y el aumento de la brecha social visibilizan las acciones de los grupos armados y bandas delincuenciales, el narcotráfico, la corrupción y el control territorial.

Con ello, el silencio y la aparente indiferencia por temor de represalias permiten que el delito solo se esté quedando en titulares de noticias como “a 30 años de prisión fue condenada mujer por trata de personas”, “obligaban a una venezolana a masturbarse por 8 horas”, “en Cúcuta, una red de trata de personas reclutaba venezolanas”, “trata de personas: riesgos de los niños en entornos digitales”, “22 denuncias de trata de personas en 5 años”, “las autoridades de Pamplona están en alerta ante las denuncias que hizo el personero municipal”...

El ingreso del concepto de “desapariciones” termina siendo una respuesta aceptada y suavizada frente a la conciencia social adorme cida, pero es un delito tan atroz que termina por borrar el ser, como lo manifiesta Gatti (2018): “Nombre que no tiene cuerpo, cuerpo que no tiene nombre”, haciendo de esta una grave negación de la condición humana y sus derechos, su dignidad y su filialidad.

Romper la indiferencia conlleva apropiar los contextos, fortalecer la conciencia social y los lazos de solidaridad (Durkheim, 1902) y actuar desde abordajes en diferentes perspectivas como la individual, la familiar, la comunitaria, la institucional y la gubernamental.

Encuentre las referencias bibliográficas de este análisis en nuestra web: iraka.unisimon.edu.co

NEIDA ALBORNOZ ARIAS

Ph. D. en Ciencias Sociales y Jurídicas.

Líder del Centro de Investigación en Estudios de Frontera (CIEF). Grupo de investigación Altos Estudios de Frontera (ALEF). Categoría A1 de Minciencias. CAROLINA RAMÍREZ MARTÍNEZ

Magíster en Prácticas Pedagógicas y doctoranda en Educación.

Grupo de investigación en Altos Estudios de Frontera (ALEF). Categoría A1 de Minciencias.

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