E L D IARIO DEL J UICIO L A P ERLA · C ÓRDOBA · A RGENTINA P · D · A V · N& 30 · E 16 S 30 S 2013 · : 1853-8290
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EL TESTIMONIO DE MABEL TEJERINA, SOBREVIVIENTE DE LA PERLA, INVOLUCRÓ AL JUEZ FEDERAL LUIS RUEDA
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Nueva denuncia contra la complicidad judicial
A años del Golpe en Chile
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La persecución a los judíos en Córdoba C
El influjo de la dictadura en la justicia “Más allá del caso Rueda, son abrumadoras las evidencias de la acción legitimadora de la Justicia respecto al accionar represivo”. P A O · Página
Osvaldo Ruiz
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Comprometido. El jueza federal de Córdoba, Luis Rueda, se defendió de las acusaciones alegando que durante la dictadura sólo cumplió funciones administrativas.
EN LOS DIEZ MESES QUE LLEVA EL JUICIO, NUMEROSOS TESTIGOS MENCIONARON LA COMPLICIDAD DE LA INSTITUCIÓN JUDICIAL CORDOBESA EN LA DICTADURA,
AFIRMANDO SU CARÁCTER CÍVICO-MILITAR. ESTA TENSIÓN CRECIENTE IRRUMPIÓ DEFINITIVAMENTE EN LA ÚLTIMA SEMANA CON UNA NUEVA DENUNCIA DIRECTA. EDITORIAL
Las llamas de la corrupción Con la Policía provincial en la picota, sospechada de ser la organizadora de redes de narcotráfico, el poder político del gobernador cordobés estalló por los aires con renuncias y acusaciones cruzadas. Hace tiempo se viene advirtiendo en Córdoba una trama de encubrimiento sobre la cuestión, y esto no puede ocurrir sin acuerdo de la cabeza política y sin la connivencia de las autoridades policiales. Mientras esto sucede, cientos de jóvenes de nuestros barrios son perseguidos, marginados y empujados a la adicción y al delito. Esta construcción mafiosa del poder deja a la ciudadanía entrampada en una falsa dicotomía seguridad-inseguridad, conceptos que
operan como caballitos de batalla de un arco político cuyas únicas ideas son policializar la seguridad y endurecer las penas de castigo. No tienen ninguna intención de resguardar a nadie, sólo reproducen viejos paradigmas de discriminación para beneficio propio. La corporación policial, al igual que toda corporación, tiende a crear mecanismos para la protección de sectores de poder. En este punto, creemos firmemente en la construcción democrática de un concepto de seguridad que contenga todas las realidades sociales. Ya es sabido que las políticas de mano dura no reducen el delito. Sólo aumentan la violencia imperante, e incluso han llegado a amenazar, por
momentos, la gobernabilidad democrática. Esta crisis institucional puede dañar mucho el entramado social cordobés. Pero también es probable que de este estallido surja el modelo de seguridad que estamos necesitando. El gobernador debe entender que esto requiere estrategias de abordaje integral, articulando políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementando las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Si seguimos sosteniendo que la inseguridad es producida por los morochos con gorra, seguiremos mirando para otro lado mientras los ministros, jefes y subordinados se reparten la
droga, las autopartes y la explotación sexual, en un ‘estado paralelo’ conformado por policías que regulan y protegen mercados ilegales. En estas últimas semanas, cargadas de tragedia ecológica y rumores de negocios turbios, también ha quedado al desnudo la continuidad de un modelo policial que sigue intacto en sus prácticas y métodos. Es un modelo que lleva la firma de quienes hoy ocupan el banquillo de los acusados en el juicio La Perla. Allí escuchamos testimonios que denuncian esas metodologías de cohersión, persecución y redes corruptas que siguen vigentes. Ha llegado la hora de transformar a las fuerzas de seguridad en instituciones democráticas.