Los acusan de haber cometido los delitos contra el patrimonio, contra la administración de justicia, contra la fe pública, al entregar papeles que aparentemente fueron legalizados en la notaría de Hugo Caballero, quien asegura que firmas y sellos no le pertenecen. Se trata de André Linares, Santiago Sufling, Manuel Villanueva y Patricia Quiroz Pacheco.