Refieren a Justicia informe sobre contrato de Genera PR

Representantes

Llevar N Presuntas Ilegalidades Ante Agencias Federales

Istra Pacheco >ipacheco@elvocero.com

El Departamento de Justicia (DJ) y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) recibieron sendos referidos para que investiguen el otorgamiento del contrato a la empresa Genera PR para manejar los activos legados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por entender que el contrato es ilegal.

Así lo anunciaron ayer los representantes José Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana, y el representante independiente Luis Raúl Torres, quienes enfatizaron que se debe decretar la nulidad del contrato y cancelarlo porque estaría en violación de la de Política Pública Energética (Ley 17 de 2019).

El estatuto establece que ninguna empresa privada puede controlar más del 50% de la generación de energía en la Isla.

La AEE produce en sus centrales el 77% de la electricidad y, con el contrato firmado, todas quedarían bajo el control de Genera PR, explicaron.

Según Márquez, cuando la ley establece la prohibición de monopolios utilizando el término “con- trolar”, no distingue entre venta, arrendamiento o concesión.

Señaló que se refiere a “la capacidad de los activos de generación, con excepción de la Autoridad, y solo cuando se trate de activos de generación legados”.

A su juicio, aunque los activos sigan siendo propiedad de la AEE, si están en control de Genera PR, están violando la ley. Considera que interpretar lo contrario es un ejercicio de “creatividad” y sería “irresponsable”.

“En el caso de LUMA… en estricto derecho había un reconocimiento de la facultad legal de la AEE de pactar ese tipo de contrato. Con Genera PR es muy distinto. Aquí hay una prohibición legal estableciendo que no se le puede dar más de un 50% de los activos de generación a una sola compañía; pero se está colocando sobre el 70% de los activos en sus manos”, expuso Márquez en rueda de prensa.

Torres exigió, por su parte, que las agencias evalúen la evidencia entregada, que incluye el informe con los hallazgos de la pesquisa de la Cámara sobre el contrato y 10 anejos.

Los representantes adelantaron que próximamente harán referidos a las agencias federales con injerencia en el asunto, como el Departamento de Justicia federal y la Federal Exchange Comission.

La Autoridad de Alianzas Público Privadas oficializó la firma del contrato con Genera PR, una subsidiaria de New Fortress Energy, el pasado 26 de enero. El acuerdo contractual dispone que la transición ocurrirá en 100 días y pagarán a la empresa $15 millones. siciones de la Ley 17-2019 y reiteró que el acuerdo es válido.

Una vez se complete la transición, el contrato para el manejo de las centrales y la compra de combustible es por 10 años y el pago base será de $22.5 millones anuales, que con las bonificaciones puede ascender a los $100 millones al año.

Iván Baez, vicepresidente de asuntos públicos y gubernamentales de Genera PR, indicó que la empresa fue seleccionada después de un proceso competitivo en cumplimiento con el requisito establecido por la Ley 120-2018 (Ley de Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico).

Dato relevante

“Con relación al señalamiento de violaciones antimonopolísticas, es preciso aclarar que la limitación del 50% es aplicable únicamente a entidades privadas que generan energía de forma independiente para venderla por conducto de la red. No es una limitación aplicable a los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni a este contrato de alianza público privada”, argumentó el funcionario, aunque el artículo 1.8(a) se refiere unicamente a “los activos de generación legados”.

El Departamento de Justicia confirmó que han recibido una comunicación de los representantes, y que evaluarán para determinar el proceso a seguir conforme al estado de derecho.

“El contrato pasó por extensas revisiones y recibió aprobaciones de la junta de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía de Puerto Rico”, indicó en declaraciones escritas.

Por su parte, Fermín Fontanés Gómez, director de Alianzas Público Privadas, entiende que es “incorrecta” la premisa de que el contrato incumple con las dispo-

Zaragoza pide la renuncia de Omar Marrero

to fiscal.

Ante la anulación de la Ley de Reforma Laboral (Ley 41-2022), el senador por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, responsabilizó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) de la decisión que emitió la jueza federal Laura Taylor Swain y solicitó la renuncia inmediata de Omar Marrero, director de esta agencia.

“Creo que es hora de que el señor Marrero se concentre en el Departamento de Estado y deje en Aafaf a alguien que pueda hacer el trabajo”, expresó.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado afirmó que esta es la quinta ley que la Aafaf no somete el estimado de impac-

El también exsecretario de Hacienda señaló que la Aafaf se ha convertido en una herramienta “para hacer vetos de facto de las leyes”.

Acusó al gobernador Pedro Pierluisi de firmar leyes con las que no está de acuerdo, para que la Aafaf les “dé muerte” al no someter el estimado fiscal.

“La Legislatura aprueba una ley, el gobernador (Pedro Pierluisi) se enfrenta, no le gusta la ley, pero la firma y entonces se vira y le dice a Aafaf: ‘Dale muerte. No sometas el estimado. Somete media página’. ¿Cuál es el efecto final? La junta gana el caso en el pasillo del tribunal”, denunció.

Agregó que la anulación de la Ley 41 “es otra evidencia del patrón de comportamiento de Aafaf, que está diseñado para que el gobernador quede bien y echarle la culpa a la junta”.

Indicó que el gobierno “se la pone fácil” a la junta fiscal, porque la Ley Promesa requiere que se haga el estimado fiscal.

El viernes, 3 de marzo, la jueza federal declaró nula la Ley 41, que revertía algunas disposiciones de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (Ley 4-2017). En su determinación, Swain expuso que el gobierno no proporcionó el análisis del impacto económico de la ley.

Según Zaragoza, el patrón de la Aafaf se evidencia en la Ley 138-2019, para prohibir a los planes médicos privados la práctica de cerrar sus redes; la Ley 82-2019, que creaba la Oficina del Comisionado Regulador de los beneficios de farmacia; la Ley 90-2019, que prohibía a los planes médicos privados pagar a sus proveedores una cantidad menor a la establecida por la cobertura médica (CMS) para; y la Ley 142-2020, para que no altere el criterio médico por la aseguradora de salud.

“Es importante enfatizar que previo a la firma del contrato, el mismo fue aprobado unánimemente por la Junta de Directores de la AAPP y luego de ello fue aprobado por mayoría por la Junta de Gobierno de la AEE. El contrato de alianza también fue revisado y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal y por el delegado del Gobernador”, agregó.

Por su parte, el Departamento de Justicia confirmó que recibió “una comunicación de los representantes” y aseguró que evaluarán “la solicitud para determinar el proceso a seguir conforme a nuestro estado de derecho”.

Fortaleza reitera que apelará

La secretaria de prensa de la Fortaleza, Sheila Angleró, indicó que el gobernador es responsable al firmar una medida y que en ocasiones ha impartido vetos —aunque esté de acuerdo con el proyecto de ley— por entender que sería contrario a la ley vigente o a Promesa. Aseguró que Pierluisi ha reiterado que apoya los cambios de la reforma laboral, porque procuran un balance para empleados y patronos del sector privado, y no afectan el ambiente laboral ni el crecimiento económico.

“El gobernador y el equipo económico del gobierno fueron claros en que hacer un estudio sobre el impacto económico antes de que entrara en vigor la ley hubiera sido especulativo”, dijo Angleró, quien reiteró que el gobierno apelará la determinación de la jueza Swain.