Urgente la agenda de protección para las mujeres

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El mes de marzo sirve de marco para conmemorar las luchas de las mujeres que, siendo iguales que sus pares, son tratadas de forma dispar. Históricamente, las mujeres han luchado para tener acceso a derechos tan básicos en nuestro ordenamiento constitucional y jurídico, como el voto, mejores condiciones en el empleo e igual paga por igual trabajo. Incluso, las mujeres pagan más por los mismos artículos que compran los hombres, lo que se conoce como ‘pink tax’, o “impuesto rosado”.

Para hablarlo en arroz y habichuelas, las mujeres pagan hasta cinco veces más que los hombres por artículos como ropa, rasuradoras, desodorantes, ‘shampoo’ y otros elementos de higiene personal. Muchos países se han movido a eliminar el ‘pink tax’ para que las mujeres tengan total y equitativo acceso a una mejor participación económica, lo que reduciría la carga de estas en una sociedad en la que ellas continúan teniendo menor ingreso que los hombres. No olvidemos que esta disparidad se da en el marco de que son las mujeres, en su mayoría, quienes mantienen la jefatura del hogar. Algunas cuidan y dan sostén a los hijos con poco o ningún apoyo de sus padres. A pesar de que en Puerto Rico hay más mujeres que hombres, y que estas viven, en promedio, cuatro años más que ellos, el estado les impone más gastos, mientras sus ingresos continúan por debajo del de los hombres por hacer igual trabajo.

A ello, hay que sumarle que, en los hogares con mujeres jefas de familia sin esposo presente, el nivel de pobreza se estimó en 58.2%, mientras que con niños menores de 5 años la pobreza alcanzó el 74.4%. En hogares con mujer jefa de hogar, sin esposo presente y con niños menores de 18 años, la pobreza fue de 70.4%. A su vez, el por ciento de hombres bajo el nivel de pobreza se ubicó en 42.1%, mientras que el de las mujeres en esa categoría alcanzó el 45.9%, casi cuatro puntos de diferencia. En otras palabras, ser mujer en Puerto Rico es causa eficiente para vivir en la pobreza.

A estas condiciones de vida, que parecen no cambiar a pesar de las promesas de justicia social a las que se comprometen los candidatos políticos cada vez que se ven frente a un proceso de escrutinio electoral, las mujeres enfrentan otra afrenta: en Puerto Rico ha incrementado el número de feminicidios, muchos de ellos a manos de sus parejas, sin que las instituciones del gobierno —ya sea por incompetencia o por estar más preocupados en sus agendas políticas y de conciencia— implanten medidas eficientes y efectivas para erradicar esta lacra social.

En lo que va de año —escasamente dos meses— ya son cuatro las mujeres asesinadas por sus parejas. Esto es prueba de que el gobierno no ha po- dido manejar esta crisis de seguridad. En efecto, el Ejecutivo creó un comité llamado PARE, para que estudiara y promoviera políticas públicas para detener la violencia contra las mujeres, y nada ha pasado. Tampoco ha logrado convencer a sus legisladores para confirmar a la designada a ocupar la dirección de la Procuraduría de las Mujeres, a pesar de que la nominada cuenta con el trasfondo profesional y la experiencia para acometer este trabajo. Como funcionarios públicos, tenemos el deber de establecer las bases para mejorar las condiciones de vida y trabajo de todos, incluyendo las mujeres y sus hijos. Les debemos igual acceso a servicios, vivienda y compra de bienes. Más importante aún, urge que se ocupe el espacio responsable de desarrollar estrategias para garantizar su protección, seguridad y vida desde la Procuraduría de las Mujeres, la Policía, Justicia y la Judicatura. Si queremos una sociedad más justa para todos, tenemos ese deber ineludible con las mujeres.

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