Dalmau anticipaba fallo sobre candidaturas coaligadas

Rafelli González >rgonzalez@elvocero.com @rafellilaw

Queremos conocer tu opinión sobre la licencia de paternidad en el sector privado. Participa en el sondeo entrando a www.elvocero.com.

“Como diría el escritor, me sorprende, pero no me sorprende”, fue la primera reacción del secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, a la decisión del Tribunal de Primera Instancia de desestimar la demanda radicada junto al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para ponerle fin a la prohibición de candidaturas coaligadas.

El juez del tribunal de San Juan, Raúl A. Candelario López determinó que la controversia se trataba de una cuestión política en la que las cortes de Puerto Rico están impedidas de resolver.

“Luego de examinar detenidamente la totalidad del expediente y de estudiar el derecho aplicable, este Tribunal concluye que no es necesario efectuar una vista en su fondo para resolver la controversia ante nuestra consideración, ya que no existe la necesidad de recibir prueba alguna, pues la controversia planteada es una de estricto derecho”, decidió el juez sobre el recurso extraordinario ante su consideración desde el mes pasado.

La prohibición impugnada está vigente desde 2011 y ha sido denunciada como una limitación a la democracia. En específico, la reclamación del PIP y del MVC busca que se declaren inconstitucionales los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral de Puerto Rico, los cuales prohíben dichas alianzas.

Según Dalmau, la determinación del Tribunal de Primera Instancia es “un grave error judicial en derecho”.

“Básicamente, le ha otorgado una facultad absoluta a la Legis- latura para establecer criterios de participación electoral, lo cual llevaría, por ejemplo, al absurdo de que si la legislatura en violación al derecho constitucional determina que las mujeres no deben estar en una papeleta, el tribunal no puede intervenir por tratarse de una cuestión delegada a la legislatura”, afirmó el también excandidato a la gobernación.

Dalmau enfatizó que la jurisprudencia interpretativa demuestra todo lo contrario, pues a manera de excepción la doctrina que limita la intervención judicial cuando la controversia sea sobre un tema político no aplica ante planteamientos sobre violaciones a derechos constitucionales fundamentales.

Los abogados de ambos partidos tendrán hoy una reunión en la que decidirán los pasos a seguir, los cuales con mucha probabilidad incluirían elevar la controversia al foro apelativo.

“Hay varias alternativas que van a depender de las estrategias que los abogados van a sugerir, pero sí llama la atención de manera preocupante que no hay fundamento jurídico sólido que respalde esta decisión”, adelantó Dalmau. Asimismo, el exsenador levantó bandera sobre la existencia de “un interés público apremiante que va

Lo que queda es la vía judicial tomando en cuenta que cada día que pasa es un daño irreparable a dos organizaciones que tienen intenciones de apoyarse mutuamente.

Juan Dalmau secretario general del

a la médula del derecho al voto de los electores” que, a su juicio, no debió ser descartado con una desestimación sin haber ordenado la celebración de una vista argumentativa para que estos y los representantes del gobierno de Puerto Rico pudieran consignar sus puntos de vista sobre la controversia.

“Nuestro planteamiento constitucional es que prohibir la coaligación violenta el derecho constitucional de asociación y expresión electoral. Por lo tanto, el juez incurrió en un grave error al otorgar esa facultad de manera absoluta a la legislatura menoscabando la facultad de la Rama Judicial de pasar juicio sobre la legitimidad constitucional de las acciones de las demás ramas de gobierno”, insistió.

Desde la perspectiva político partidista, el líder del PIP señaló que percibe temor tanto del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD) en levantar la prohibición de crear alianzas, pues entiende que la fuerza conjunta entre el MVC y el PIP pudiera acabar con la “hegemonía” bipartidista para darle paso a una nueva mayoría.

Luego de que los votos obtenidos entre el MVC y el PIP sumaron cerca de un 28% en la pasada elección general, Dalmau entiende que las condiciones son favorables para justificar la necesidad de impugnar la prohibición aprobada hace más de una década.

“El derecho es rogado y hasta este momento no se habían dado condiciones electorales para coaligarse en un proceso electoral. Una vez se dan las condiciones a base del resultado de las pasadas elecciones donde el PIP obtiene un 13% y el Movimiento Victoria Ciudadana un 14%, un 28% del electorado repudió al bipartidismo, por lo que se crean unas condiciones únicas que no se han dado en el pasado”, explicó.

La Legislatura ha tenido ante su consideración eliminar esta prohibición en diferentes proyectos de ley, pero no han logrado obtener el favor de la mayoría.