RADIOS
COMUNITARIAS n á l i s i s
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A
de radios comunitarias e indígenas
Avances y retos Aleida Calleja*
L
a Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARCMéxico) cumple 25 años de estar presente en el país, poco más de dos décadas tuvieron que pasar para que, finalmente, el Estado las reconociera. Aún falta mucho camino por recorrer para darles condiciones de igualdad y no discriminación con respecto al sector comercial y público, aunque no se ve que en lo inmediato se hagan cambios legales para tal efecto; sin embargo, mediante una política pública se puede avanzar, pero se requiere que el movimiento social construya una agenda prospectiva que le permita dicho avance frente a las agencias del Estado. La conducción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en esta materia tiene avances, retrocesos y omisiones. Todo indica que si bien la práctica administrativa tiene algunos cambios hay resistencias que marca la lógica institucional de décadas, acostumbrada a no incluir al sector social en la dialéctica de hacer política pública. Entre los avances más significativos está la simplificación de los trámites administrativos y técnicos para acceder a las frecuencias, lo que representaba una barrera para que grupos y comunidades fueran autorizados para transmitir. Desde mi perspectiva no es suficiente, pero sin duda es mucho más fácil que antes, cuando parecía que había que ser un iniciado para comenzar y terminar los trámites.
La otra es que el IFT haya puesto el ejemplo al otorgar el 1 por ciento de su presupuesto en Comunicación Social a este tipo de emisoras, como lo marca el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) donde determina que las instituciones federales deben dar ese porcentaje para ser distribuido proporcionalmente entre las radios comunitarias e indígenas. Uno más es el hecho inédito en el país de realizar el Encuentro Internacional Sobre Medios Comunitarios e Indígenas, del 9 al 11 de agosto en la ciudad de Oaxaca, para revisar las experiencias en el mundo y la política desarrollada en México para este sector. Hubo participantes de Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, entre otros. Es una buena noticia que el IFT, junto con la UNESCO y el Grupo de Incidencia para el Desarrollo de la Comunicación Indígena y Comunitaria hayan determinado hacer este ejercicio que es resultado, paradójicamente, de una política equivocada del Instituto. Me explico: En marzo de 2016 el Instituto inició en medios de comunicación la campaña “Se busca por robo” mediante spots donde afirma que transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las organizaciones del movimiento comunitario e indígena condenaron esa campaña porque contiene informa-
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