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de radios comunitarias e indígenas
Avances y retos Aleida Calleja*
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a Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARCMéxico) cumple 25 años de estar presente en el país, poco más de dos décadas tuvieron que pasar para que, finalmente, el Estado las reconociera. Aún falta mucho camino por recorrer para darles condiciones de igualdad y no discriminación con respecto al sector comercial y público, aunque no se ve que en lo inmediato se hagan cambios legales para tal efecto; sin embargo, mediante una política pública se puede avanzar, pero se requiere que el movimiento social construya una agenda prospectiva que le permita dicho avance frente a las agencias del Estado. La conducción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en esta materia tiene avances, retrocesos y omisiones. Todo indica que si bien la práctica administrativa tiene algunos cambios hay resistencias que marca la lógica institucional de décadas, acostumbrada a no incluir al sector social en la dialéctica de hacer política pública. Entre los avances más significativos está la simplificación de los trámites administrativos y técnicos para acceder a las frecuencias, lo que representaba una barrera para que grupos y comunidades fueran autorizados para transmitir. Desde mi perspectiva no es suficiente, pero sin duda es mucho más fácil que antes, cuando parecía que había que ser un iniciado para comenzar y terminar los trámites.
La otra es que el IFT haya puesto el ejemplo al otorgar el 1 por ciento de su presupuesto en Comunicación Social a este tipo de emisoras, como lo marca el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) donde determina que las instituciones federales deben dar ese porcentaje para ser distribuido proporcionalmente entre las radios comunitarias e indígenas. Uno más es el hecho inédito en el país de realizar el Encuentro Internacional Sobre Medios Comunitarios e Indígenas, del 9 al 11 de agosto en la ciudad de Oaxaca, para revisar las experiencias en el mundo y la política desarrollada en México para este sector. Hubo participantes de Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, entre otros. Es una buena noticia que el IFT, junto con la UNESCO y el Grupo de Incidencia para el Desarrollo de la Comunicación Indígena y Comunitaria hayan determinado hacer este ejercicio que es resultado, paradójicamente, de una política equivocada del Instituto. Me explico: En marzo de 2016 el Instituto inició en medios de comunicación la campaña “Se busca por robo” mediante spots donde afirma que transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las organizaciones del movimiento comunitario e indígena condenaron esa campaña porque contiene informa-
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OCTUBRE 2017
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ción falsa que alienta violaciones a los derechos humanos, como las practicadas por autoridades locales que allanan medios de comunicación que les son incómodos, y remarcan que, a diferencia de la información promovida desde el IFT para la defensa de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, la publicidad del organismo en materia de radiodifusión tiende a criminalizar y perseguir a quienes no cuentan con concesión, aunada a una inexistente promoción de los derechos de las audiencias en este rubro. Con sobrada razón reclamaron al IFT su omisión de facilitar información para que medios comunitarios e indígenas hicieran los trámites legales para acceder a las frecuencias, como medida para garantizar la libertad de expresión y el pluralismo. A raíz de este conflicto es que, posteriormente, se reunieron con el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, quién reconoció que dicha campaña fue una decisión unilateral que no consultó con el pleno y asumió la responsabilidad; pese a eso, la herramienta para hacer denuncias no desaparece del portal institucional. Fue ahí donde nació el Grupo de Incidencia para el Desarrollo de la Comunicación Indígena y Comunitaria, en el que se integran representantes de diferentes organizaciones que trabajan con este sector. Una de las propuestas de este grupo fue realizar este encuentro internacional, inaugurado por el comisionado presidente con la presencia de la mayor parte de los integrantes del pleno del IFT. Nunca se había visto un evento de esta naturaleza con el apoyo decidido del órgano regulador, por ello creo que al movimiento le faltó aprovechar el momento político para avanzar más en su agenda. Si bien es positivo el reconocimiento al IFT por las acciones afirmativas, también era una coyuntura importante para comprometerlo en las acciones en las que aún no se ve claridad en la política regulatoria, en temas no menores, tales como:
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La definición de criterios claros, transparentes y equitativos para que el IFT done los equipos decomisados (especialmente transmisores, que suele ser el principal obstáculo para abrir emisoras) para concretar lo que determina el artículo 85 de la ley en su fracción VII que dice: “El Instituto podrá donar a los concesionarios de uso social que presten servicios de radiodifusión, equipos transmisores que hayan pasado a propiedad de la Nación como consecuencia de los procedimientos y supuestos previstos de pérdida de bienes por uso del espectro radioeléctrico sin contar con concesión”, esto incluye equipo de radio y televisión, lo cual facilitaría la existencia de televisoras de este tipo en el país. Promover y facilitar el otorgamiento de concesiones a pueblos indígenas para que trasmitan en sus lenguas originarias, en especial en aquellos lugares donde no existen concesiones, tal como lo establece en su artículo 87 la LFTR, pues hasta ahora el regulador responde a las solicitudes que recibe, pero no tiene una política expresa de promoción de este tipo de frecuencias. Aprovechar la presencia de experiencias como las de Canadá, que goza de una regulación y política pública menos restrictiva para su operación, para pedir al regulador un mecanismo de trabajo que cuente con el apoyo de ese país para mejorar las políticas en México para el sector comunitario e indígena. En un acuerdo con las organizaciones de telecomunicaciones comunitarias e indígenas solicitar la revisión de su política regulatoria que mantiene criterios desiguales que generan discriminación. En agosto del 2016, Clara Luz Álvarez publicó un artículo que muestra claramente esto, al describir como a la primera concesión para Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A. C. se le limitó su acceso al espectro
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Cambio de presidencia en el IFT Ante la incapacidad del Senado de la República para tomar acuerdos para designar la nueva presidencia del IFT, o bien ratificar al presidente que terminó su gestión el 11 de septiembre, se determinó que la comisionada Adriana Labardini estará al frente del Instituto hasta que los legisladores realicen el proceso. Enhorabuena por Labardini, quien muestra independencia, capacidad y talento, lo malo es que su periodo termina en febrero de 2018. A fin de que el nombramiento no sea un proceso opaco y bajo negociación de cuotas entre partidos, gobiernos y regulados, diversas organizaciones y personas involucradas en el tema suscribieron una carta enviada al Senado para solicitar un proceso abierto, transparente y con participación de la sociedad civil. Las comisiones unidas encargadas de hacer el dictamen rechazaron la participación de la sociedad civil, los principales opositores fueron legisladores del PRI y la mayor parte del PAN. Ante esta negativa se suscribió otra carta que contiene una serie de criterios a tomar en cuenta por parte de los senadores, para tener parámetros objetivos para calificar a los aspirantes a ocupar la presidencia que son los comisionados María Elena Estavillo, Gabriel Contreras y Adolfo Cuevas. Veremos si el Senado lo retoma o si de nueva cuenta vuelve a ignorar a la sociedad interesada en esta agenda. *@callejag
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En la misma tesitura de condiciones inequitativas, mientras el IFT en su momento intercedió ante la Cámara de Diputados para que el pago de derechos por el título habilitante para concesionarios de uso social en radiodifusión tuviera una tarifa diferenciada a la fórmula aplicada a los comerciales, eso no sucedió para los concesionarios en telecomunicaciones, con lo que se hace inviable su operación y desarrollo, lo cual es un absurdo pues estas organizaciones dotan de los servicios de telefonía celular e internet a comunidades donde el mercado no quiere llegar y el gobierno no puede. También era la oportunidad para intentar el acompañamiento institucional, para que desde la Cámara de Diputados se etiquetara el 1 por ciento de publicidad oficial para los medios de este sector. Si bien su aplicación no depende del IFT, su gestión puede ser un elemento valioso para que las dependencias del gobierno federal cumplan a cabalidad una obligación que les marca la ley. Sin dejar de reconocer el gran esfuerzo que hacen colectivos y comunidades, así como su compromiso para la defensa de sus derechos con una agenda de transformación social, extrañé escuchar nociones que en su momento dieron impulso a estos grupos en la agenda pública, tales como la libertad de expresión, el derecho a la información, el pluralismo y diversidad (para no acotarlo a lo étnico y lingüístico solamente) y las obligaciones estatales para con los estándares internacionales en la materia, elementos que dan sustento doctrinario a su existencia y desarrollo.
En tanto las condiciones discriminatorias de acceso y operación de las frecuencias se mantenga, para los colectivos y organizaciones es difícil comenzar una reflexión ante el contexto cambiante del ecosistema comunicacional con la digitalización y la convergencia tecnológica, pues si bien la radiodifusión comunitaria e indígena responde a necesidades básicas de comunicación análoga, la velocidad con la que la era digital avanza obliga, creo, a plantearse el futuro mediato de los retos a los que tendrán que dar respuesta como proyectos sociales de más largo alcance. Por ello es indispensable avanzar en una prospectiva regulatoria que no los vuelva a dejar atrás como en su momento nos pasó con la era análoga. En síntesis, hay buenos avances que se deben valorar, pero también desafíos importantes que, tanto el movimiento de las telecomunicaciones como de radiodifusión comunitaria e indígena, tienen por delante y en eso hay que apoyar, pues es parte de la lucha de nuestra sociedad en su conjunto por la inclusión y el abatimiento de la desigualdad para aquellos sectores de la población en desventaja.
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radioeléctrico sin justificación y la obligó a sujetarse a los mismos estándares que a Telcel. Con esto, dijo la experta, “omitió el IFT considerar que restringir a estas comunidades por un espectro que nadie está usando y que es hoy día la única posibilidad real de recibir servicios, limita la prestación del servicio, generará interferencias e impedirá que evolucionen tecnológicamente”1. Algo similar ocurre con aquellas concesiones de radiodifusión con baja potencia o limitación de cobertura sin la debida justificación.
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