A un año de peñismo, incertidumbre en Telecom
ENERO 2014
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Israel Tonatiuh Lay Arellano
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uadalajara, Jal.- A un año del comienzo del sexenio de Enrique Peña Nieto, la política de telecomunicaciones está en la fase previa a la discusión de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Una de las propuestas es la iniciativa ciudadana rescatada y avalada por la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), junto con otras organizaciones de la sociedad civil interesadas en la temática. Sin embargo, aunque parece haber un panorama optimista, comparado con el sexenio calderonista, cuando el tema se abordó escasamente, hay elementos que deben considerarse. Si bien las acciones emprendidas por el gobierno federal en este rubro se iniciaron con la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, no se debieron en gran medida a la voluntad política del Ejecutivo federal, ni tampoco al
Pacto por México. Si bien el tema estaba en la agenda, fue más por la necesidad de legitimación del propio Peña Nieto ante los grupos de la sociedad civil. Debemos recordar que acciones con ese objetivo fueron realizados por gobiernos años atrás, al crearse la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari; la ciudadanización e independencia del Instituto Federal Electoral (IFE), con Ernesto Zedillo, y la reforma electoral de 2007, de Felipe Calderón. No podemos decir que la reforma a las telecomunicaciones sea negativa; sin embargo, tampoco resuelve de fondo la situación de los medios electrónicos de comunicación ni de las telecomunicaciones en nuestro país. La reforma en sí, sólo ordena la arena donde los competidores comerciales se enfrentarán, y aunque crea un nuevo organismo rector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el fantasma de que sus integrantes sean “secuestrados” por los regulados, o de que sean cercanos a éstos, continúa en el ambiente. Además, un punto muy importante de esta reforma es que no considera quiénes ni cómo, además de los competidores comerciales, podrían participar en
esa arena. Lo anterior podría justificarse si se toman en cuenta los “cómo” deben de legislarse en la ley secundaria, esto es, en la Ley Federal de Radio y Televisión y en la Ley Federal de Telecomunicaciones o en el ordenamiento que vaya a fusionar a ambas. Empero, creemos que la reforma debió señalar claramente el porcentaje equitativo para las concesiones públicas y sociales, lo que otorgaría una certeza de participación a los medios públicos, grupos comunitarios, indígenas, de sociedad civil, y otros, en el acceso a los medios de comunicación.
No podemos decir que la reforma a las telecomunicaciones sea negativa; sin embargo, tampoco resuelve de fondo la situación de los medios electrónicos de comunicación ni de las telecomunicaciones en nuestro país. Por otro lado, la frase “podrán ser” pudiera sujetar a estos participantes a la voluntad política y empresarial del sector. De hecho, en el marco de la Semana Nacional de Radio y Televisión algunos dueños de empresas mediáticas expresaron su preocupación por la “competencia desleal” que enfrentarían ante los medios públicos y comunitarios. En efecto, por una parte, si esta voluntad política lograra aprobar en el Poder Legislativo una legisla-
@TonatiuhLay
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Asimismo, uno de los puntos polémicos de la reforma es el referente a los porcentajes de inversión en el sector: hasta 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta 49 por ciento en radiodifusión. Sin embargo, recordemos que de acuerdo con el calendario del apagón analógico (DOF 4-05-2012), la totalidad de señales analógicas de radiodifusión deberán quedar apagadas el 31 de diciembre de 2015, lo que significa que a partir de esa fecha las empresas de radiodifusión serán técnicamente de telecomunicaciones. En este tema, el apagón iniciaría el 16 de abril en Tijuana; sin embargo, la Cofetel retrasaría la fecha al 28 de mayo por no contar con datos exactos de la penetración de la Televisión Digital Terrestre, pero acer-
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Como balance, podemos señalar que a un año de haber tomado posesión Enrique Peña Nieto, la política de telecomunicaciones avanzó más que en el sexenio anterior.
cándose la nueva fecha, familias de esa ciudad fronteriza protestaron al no contar con televisiones digitales, ni decodificadores ni acceso a la televisión restringida, por lo que la comisión recorrió una vez más al 18 de julio, fecha que fue definitiva. La segunda etapa del apagón también se modificó. Las señales análogas de Ciudad Juárez, Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa-Matamoros y Mexicali, que se apagarían el 26 de noviembre, se reprogramaron para el 29 de mayo de 2014, y Mexicali lo hará el 26 de noviembre de ese año. Como balance, podemos señalar que a un año de haber tomado posesión Enrique Peña Nieto, la política de telecomunicaciones avanzó más que en el sexenio anterior. No hay mucha trascendencia en los retrasos o reprogramaciones. No obstante, es necesario estar atentos a la discusión de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones por la importancia de que los grupos sociales y las entidades públicas logren un reparto equitativo del espectro, con respecto a los concesionarios comerciales. Esto con el afán de equilibrar el sector, que en menos de un año contará con dos nuevas cadenas nacionales de televisión comercial, ya que estos medios pueden materializar el contenido de la reforma al Artículo sexto Constitucional, que es la garantía de tener libre acceso a información plural y oportuna, y por ende a tomar mejores decisiones que impactan en la vida diaria y en la democracia. ¿Realmente el actual régimen nos dará este derecho y oportunidad a los ciudadanos?
TELECOMUNICACIONES
ción de medios con el espíritu que contempla la iniciativa ciudadana señalada, estos medios podrían convertirse en un contrapeso informativo, aunque no económico, pero, por otro lado, si esa voluntad es nula o está del lado de los medios comerciales, la redacción del Artículo 28 Constitucional en este rubro, sería letra muerta como muchas otras porciones normativas que simplemente no se acatan. En este sentido, como varios actores políticos y sociales señalaron tras la presentación de la iniciativa de Peña Nieto, la prueba de fuego es la reforma a la legislación secundaria. En este aspecto, el 9 de diciembre venció el plazo de 180 días para realizar dichos cambios, ya que fue promulgada el 10 de junio y al día siguiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A la fecha no hay ninguna señal clara que indique que el proceso legislativo para dictaminar las propuestas en la materia esté avanzando. Cabe señalar que la iniciativa ciudadana, presentada el 21 de octubre en el Senado por un grupo plural de 18 legisladores encabezados por Javier Corral (PAN), Manuel Bartlett (PT), Alejandra Barrales (PRD), Zoé Robledo (PRD), y Silvia Garza (PAN), es una actualización de la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que el propio Corral y Gustavo Madero habían presentado en ambas Cámaras en 2010 y que, de igual manera, presentó el 13 de diciembre de 2013 la senadora Iris Vianey Mendoza (PRD) con el nombre de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La discusión de la nueva legislación de medios o de telecomunicaciones, es de suma importancia porque definirá, para algunos, el “cómo” participarán los grupos sociales y las entidades públicas en este rubro; también representa certidumbre jurídica para otros procesos, como la licitación de las tres nuevas cadenas de televisión abierta, anunciadas en febrero por los integrantes del Pacto por México (dos comerciales y una gubernamental, operada por el propio Estado). El proyecto de bases fue remitido de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión de la Cofetel al IFT, en la segunda semana de septiembre. El Instituto tendrá un plazo máximo de 180 días para emitir la convocatoria.
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