Cuestionan especialistas amagos del gobierno a transparencia • Elena González y Viridiana Villegas
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ese a que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechaza públicamente que el gobierno pretenda modificar la ley de transparencia federal para admitir impugnaciones a las resoluciones que obligan a funcionarios a entregar información requerida por ciudadanos, sus propios colaboradores lo desmienten. Inclusive el diputado y ex compañero de partido Javier Corral califica esas intenciones como “inconstitucionales”. Especialistas de la UNAM y del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) cuestionan, además, los amagos explícitos del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, quien a través de un comunicado exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a avalar una reforma a la Ley de Transparencia de Campeche -en curso de revisión-, para que permita que las resoluciones del órgano garante sean revisadas por el Tribunal Superior de Justicia del estado, además de negar la consulta directa a los documentos oficiales. Y es que, mientras Gómez Mont niega el amago, hasta subalternos suyos lo confirman. Durante el seminario “Retos para la consolidación del Derecho a la Información”, la comisionada para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (Segob), Blanca Heredia, reconoció que la dependencia revisa algunas posibles reformas con el IFAI. “Hay un problema en el hecho de que 18
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un funcionario público se vea obligado por una resolución a entregar una documentación que otra norma le impide difundir”, justificó. El integrante del CIDE, Mauricio Merino, presente en el mismo seminario, fue tajante: “Existe una contradicción en el gobierno de Felipe Calderón, una hipocresía. En un asunto tan delicado el propio Presidente debería salir a fijar una postura”.
Iniciativa anónima El ambiente en torno a este debate se enrareció aún más cuando empezó a circular una iniciativa anónima donde se planteaba una reforma similar a la de Campeche a nivel federal. Entrevistada en el mismo espacio de análisis, la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, explicó que la inquietud del organismo que
preside no quedó disipada con la negativa de Gobernación: “Estuvo circulando la versión de una iniciativa de reforma, sin firma de nadie; eso desató nuestra preocupación, porque lo que plantea ese proyecto es que fueran recurribles las resoluciones, los fallos del IFAI. Le pedimos al gobierno que lo aclarara y tuvimos una respuesta del secretario de Gobernación, quien negó la intención de hacerlo. Lo declaró públicamente durante un seminario que tuvimos en la Cámara de Diputados. “Después vino un alegato de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de una acción de inconstitucionalidad a la ley de transparencia en Campeche. Lo que queda claro es que el abogado de la Nación considera que está bien esa reforma. Los alegatos del procurador están ante la Corte, y ese es un pronunciamiento muy claro de parte del gobierno federal que está avalando ese tipo de reformas. En caso de que la Corte avale la reforma, sentaría un precedente. Yo estoy convencida, porque así alcanzó a ver, que la Corte va a decir que no es constitucional, pero finalmente quien tiene la palabra es el órgano jurisdiccional”. Ante este planteamiento, el secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, advirtió que “en estos casos no hay confusión, ya que por encima de cualquier norma secundaria se encuentra la Constitución, que establece en su artículo
Escenario peligroso: Eleael Acevedo, presidente de Amepi El presidente de la Asociación Mexicana de Comisiones y Organismos Estatales para el Acceso a la Información Pública (Amepi), Eleael Acevedo Vázquez, advirtió que la reforma a la Ley de Transparencia de Campeche no sólo es equivocada, sino “un botón de muestra de cómo el tema llega a escenarios peligrosos, como la posición del procurador general de la República, Arturo Chávez.” Instó a la ciudadanía para sostener los órganos garantes de la transparencia e impulsar la creación de un Estado democrático. Eleael Acevedo Vázquez “Lo que falta es profundizar los escenarios, multiplicarlos para mantenerlos en la agenda política. El tema no es definitivo, no ha concluido y está en riesgo. Además, debe generarse mucha opinión pública para evitar y elevar los costos políticos de cualquier regresión”. El dirigente de la Amepi resaltó la falta de rendición de cuentas que hay por parte de los legisladores: “Los hemos dejado aislados; toman decisiones, aprueban procesos legislativos notoriamente inconstitucionales y antidemocráticos… pero como no hay una revisión social de su comportamiento, hacen lo que quieren”. “La reforma en Campeche es notoriamente inconstitucional (porque no le puedes dar facultades de revisión a otro órgano distinto a los órganos garantes), uno asumiría que pudo haber presentado una controversia constitucional con la ley, pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la declare constitucional, cuando -ante la opinión calificada, académica, política-, no es así”, agregó. (Christian Cedillo) Cristian Cedillo
6º el principio de la máxima publicidad de la información pública”. En una consulta que realizó Zócalo con especialistas y legisladores que participaron en el seminario, coincidieron en que la reforma legal en Campeche es inconstitucional y resta autonomía a la Comisión de Transparencia, además de mermar el derecho a la información y la rendición de cuentas de los gobernantes. El diputado panista Javier Corral consideró que la reforma en Campeche “es muy delicada, porque contradice los principios constitucionales establecidos en el artículo 6º, fracción cuarta. Este precepto configura un órgano definitivo en materia de resoluciones en acceso a la información pública gubernamental, al hablar de un órgano especializado; por lo tanto, no es ésta la característica principal que cumplen los tribunales administrativos. Además, dificultaría el derecho de acceso, sería un retroceso porque enviaría los casos a procesos judiciales que son muy largos, perdiéndose el derecho de que la información solicitada se reciba de manera expedita”. El constitucionalista Miguel Carbonell coincidió con Corral en que la reforma en Campeche viola la fracción IV del 6º constitucional: “El hecho de que los órganos o sujetos obligados puedan poner un recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, hace que el procedimiento de acceso a la información sea no idóneo, no expedito, sino que lo retrase indebidamente, y en ese sentido viola la fracción cuarta del párrafo segundo del artículo 6º”. Advirtió que ampliar esa reforma a nivel federal “no sólo dañaría la autonomía del IFAI, sino que además, sería una vulneración al derecho fundamental de acceso a la información”. Respecto a la pregunta de qué pasaría si los órganos que regulan el acceso a la información fueran regidos por otro ente Carbonell respondió: “Creo que una cosa es que el Poder Judicial pueda revisar resoluciones de los órganos garantes
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cuando los ciudadanos se inconforman, y otra que el Estado -que no es titular de derechos fundamentales- se defienda frente a los jueces, ese es el matiz”. Acerca de la intención del procurador Arturo Chávez el doctor Diego Valadés contestó: “Lamentablemente, en ese punto también está equivocado (el gobierno federal), digo también porque se ha equivocado en otros aspectos. Dudo que una reforma de ese género pasara. Tendrían que reformar la Constitución, porque sería inconstitucional si sólo estuviera en la Ley”. Carbonell recordó la renuencia de la PGR en los temas de transparencia: “La PGR ha mantenido una actitud adversa, renuente, contraria a la transparencia no solamente en este tema, sino en otro mucho más fundamental: el de las
averiguaciones previas ya concluidas, respecto de las cuales yo no tengo ninguna duda de que son información pública, por lo que se tiene que dar inmediatamente la información a quienes la soliciten. La PGR ha mostrado una enorme renuencia; empujó la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales del artículo 16 de forma indebida, lo aprobaron, pero a mí me parece que es claro que ese artículo viola la Constitución”. Jacqueline Peschard advirtió que de concretarse una modificación a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Instituto “buscaría interponer una acción de inconstitucionalidad frente a esa ley, y pediría el respaldo de la sociedad y de los actores que han sido aliados naturales de la transparencia”. marzo 2010
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Comisionados se inconformarían Zócalo realizó una consulta entre los comisionados de transparencia de diferentes estados de la República para conocer el impacto, a escala nacional, de la reforma de ley en Campeche. Sin embargo, tanto el comisionado presidente en esta entidad, Gonzalo Bojórquez Risueño, como su homólogo de Puebla, Samuel Rangel Rodríguez, declinaron responder. Distrito Federal, Oscar Guerra Ford El caso Campeche representa un retroceso en materia de acceso a la información que afecta el derecho de los ciudadanos. El comisionado en la capital del país señaló que están pendientes de hacer las adecuaciones al artículo 6º constitucional: la posible o no autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI): incluir a los partidos políticos; determinar cómo actuará el IFAI, si sólo sigue siendo órgano garante del Ejecutivo o se podrán integrar otros órganos; puntualizar el tema de los datos personales sobre los cual todavía no hay ley, y si se van a sumar asuntos del sector privado”. Guerra Ford adelantó que comisionados de diferentes estados harán una declaración conjunta sobre el caso Campeche ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “No queremos que vaya a cundir el ejemplo y, si llegara a pasar la reforma, luego quieran adoptarla algunos congresos estatales y gobernadores”. Querétaro, Javier Rascado Pérez “La especialización es uno de los criterios que motivó al constituyente permanente para la creación de estos órganos garantes, por lo que pretender que una ulterior instancia revise sus resoluciones rompería dicho principio, ya que esta segunda instancia adolecería de la especialización mencionada. Consideró que “Si bien es cierto que la Procuraduría tiene facultad para promover acciones de inconstitucionalidad contra ordenamientos que presuntamente son violatorios del texto constitucional, también lo es que expresamente no se le faculta para la emisión de dichos exhortos. Por ello, y atendiendo al principio de legalidad en que la autoridad solamente puede realizar aquello para lo que está expresamente facultado, me quedan dudas en cuanto a la validez que dicho acto pueda tener”. Veracruz, Luz del Carmen Martí Capitanachi Se limita la autonomía del órgano garante. “En el Estado de Campeche, en el artículo 74 de su ley, en junio de 2009 se 20
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otorga a las autoridades el derecho de recurrir a la resolución del órgano garante, lo cual contraría el espíritu de la reforma al artículo 6° constitucional que habla de procedimientos expeditos ante un órgano especializado e imparcial y con autonomía operativa, de gestión y decisión. Otro peligro es que este ejemplo se replique en otros estados, sobre todo en aquellos que no cuenten con autonomía constitucional. En todo caso, es contrario a lo logrado en todos estos años en materia de transparencia; sería un claro retroceso”. Oaxaca, Genaro Víctor Vázquez Colmenares “El Poder Legislativo Federal aprobó una ley de transparencia que defiende principios de autonomía, imparcialidad, especialidad, expeditez, máxima publicidad, etcétera, y años más tarde los pretende eliminar. Sobre la intervención de la PGR, consideró que atendiendo al principio de la división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal, así como a la autonomía con que cada uno de ellos ejerce sus atribuciones, este exhorto debió evitarse ya que el asunto corresponde al Poder Judicial Federal y no al Ejecutivo, siendo la SCJN la instancia que resolverá conforme a Derecho”. Durango, Mario Humberto Burciaga Sánchez El caso de Campeche y Querétaro son reformas abiertamente agresivas. “Considero preocupante que algunos estados no hayan cumplido su obligación de reformar sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, acordes con el mandato constitucional”. Esta iniciativa puede operar como un nuevo candado, como un nuevo tropiezo del libre derecho ciudadano a la información pública y a la exigencia de rendición de cuentas a sus gobernantes, advirtió. Hidalgo, Flor de María López González La ley federal va a supeditarse a un órgano que es sujeto obligado, no goza de autonomía como instituto, y de esta manera los órganos no responden a las consignas directas o indirectas de los órganos de autoridad, que actúan de manera profesional y constitucional y de una restarían autonomía al órgano garante de acceso a la información. Además, sería un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. gogoelena@hotmail.com star_sailor8228@hotmail.com