• Aleida Calleja
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la interconexión, la situación de la banda 2.5 Ghz y la posible fusión entre Iusacell y Televisa, son el conjunto de mayor trascendencia para el desarrollo económico y un nodo central para ir hacia el pluralismo o hacia la mayor concentración jamás vista en el país. A mediados de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre la constitucionalidad del decreto del Ejecutivo para adelantar el apagón analógico, esto es transitar a la televisión digital terrestre para el 2015 en todo el país (en lugar del 2021 como estaba planteado en el acuerdo del 2004). El decreto que se emitió en septiembre de 2010 y luego impugnado a través de una controversia constitucional por legisladores, en su mayoría del PRI, y resuelto hasta ahora por la Corte deja poco tiempo real para comenzar ese llamado apagón analógico. Llama la atención el tiempo que la Corte se tomó para finalmente dar la discusión hasta ahora. La pregunta sigue siendo a quién le conviene el retraso para avanzar en la televisión digital terrestre (TDT). Con el proceso electoral encima se antoja más que complejo poder llegar a la meta planteada, para comenzar los 500 millones de pesos aprobados por la Secretaría de Hacienda para la adquisición de los codificadores a ser repartidos entre la población para poder ver la señal
Zócalo | diciembre 2011
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El apagón analógico
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on el término del año varios temas relevantes en radiodifusión y telecomunicaciones ocupan la atención pública, sin que hasta el momento veamos indicios del comienzo de una política integral que otorgue certeza a estos sectores, que son parte sustancial del crecimiento económico, el acceso a los servicios para cumplir con los objetivos de la sociedad de la información, la promoción del pluralismo y la diversidad para la democracia en las décadas por venir. Con un órgano regulador cuestionado por su diseño institucional, falto del blindaje necesario para impedir las injerencias indebidas de los poderes comercial y gubernamental, con un marco normativo carente de respuestas ante la plena realidad convergente de las tecnologías y la voracidad de las empresas que concentran las telecomunicaciones y la radiodifusión, en especial la televisión, lo que tenemos como resultado es un cúmulo de acciones descoordinadas que tienen hundido al sector en la lógica comercial donde gana el más fuerte, utilizando como sus principales instrumentos el litigio en tribunales y la procaz presión política para que los mismos tengan más. En tanto el país y las grandes mayorías vemos como las cúpulas políticas y del poder de mercado transan y por más nuevas tecnologías que existan, la estructura no se altera. El decreto del ejecutivo para el apagón analógico, la recién aprobada multiprogramación para las televisoras, la consulta de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para una nueva licitación de canales de televisión,
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Desastre en radiodifusión y telecomunicaciones
de la TDT prácticamente se perderán. No hay tiempo para que antes de que termine el año fiscal en diciembre de este año se haga una licitación para su compra, y aunque eso pudiera darse, el candado que la Cámara de Diputados aprobó para evitar que se entreguen recursos por parte de las dependencias que pudieran afectar el proceso electoral, deja sin efecto la posibilidad de la entrega de los codificadores, sin los cuales no se puede recibir la señal digital. Lo cierto es que la Cofetel no ha logrado construir los acuerdos para poder adelantar o tan siquiera comenzar con la TDT, pues ni las televisoras quieren hacerlo antes, ni tampoco hay condiciones para que en pleno proceso electoral el gobierno se ponga a repartir codificadores. En general, desde que comenzó el proceso de la TDT, con la elección del estándar tecnológico A/53 de ATSC, hasta este momento lo que hemos visto es la toma de decisiones con un reducido grupo, sin discusión pública, sin coordinación y construcción de acuerdos. En pocas palabras sin una política pública integral y coherente.
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Internet
Licitación para nuevos canales de televisión
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A mediados de noviembre, la Cofetel dio a conocer la convocatoria de una consulta pública para una posible licitación de canales de televisión abierta, con la advertencia de que sus resultados no tendrán un carácter vinculante. El carácter democrático de una consulta tiene como centro las expresiones de los consultados como base para la toma de decisiones, tratándose de un tema de tan radical importancia para el modelo mediático de nuestro país. Esa consulta debió también contemplar una deliberación pública sobre las propuestas de la televisión que necesitamos, y no solamente una serie de preguntas cerradas como las contenidas en el cuestionario del portal web del organismo. En tal sentido, la convocatoria a la consulta puede leerse como una intención apremiante de legitimación por parte de la Cofetel ante la opinión pública, ante un tema –licitar más cadenas de televisión abierta– cuya demora, de por sí extensa, ya no encuentra más una justificación técnica, política y económica. Al preguntarle a través de su twitter a su presidente, Mony De Swaan, si aceptaría hacer un debate sobre las propuestas respondió que con mucho gusto, pero hasta el 14 de diciembre, una vez que tuvieran los resultados de su consulta en línea, o sea una vez consumado el ejercicio. En la página electrónica de la dependencia, junto al cuestionario, se puso un documento de referencia que diagnostica brevemente los niveles de concentración televisiva, con algunos datos relevantes como que las dos principales televisoras del país concentran más del 50 por ciento del mercado publicitario y se estima que el 99 por ciento de la
inversión de los principales anunciantes en televisión abierta se concentra en ellas. Cabe remarcar a los dueños de la radio comercial que se quejan de una crisis en el mercado publicitario y por lo tanto se oponen a que haya más emisoras o que existan las comunitarias, que este es el problema central del sector, y no el hecho de que se abra el espectro a nuevos actores. En este documento se mencionan algunas experiencias internacionales, sólo que de manera incompleta, ya que omite decir que los países que han avanzado en la materia lo han hecho con una política pública integral, algo que no ha ocurrido en el nuestro. En nuestro contexto regional, Argentina es un referente ineludible que avanza rápidamente en una política para la transición digital televisiva; sin embargo, la reforma legislativa del 2009 en materia de medios tuvo entre sus principales cambios limitar la concentración de la propiedad mediática, distribuyó la tenencia del espectro radioeléctrico y autorizó la participación de los sectores sociales en el otorgamiento de licencias. Cada una de las consultas públicas, que hubieron cientos, fueron vinculantes y se encuentran insertas incluso dentro del texto de la ley de servicios de comunicación audiovisual. En esta perspectiva es que comenzó una política integral de la televisión digital terrestre y la licitación de canales de televisión, tanto para el sector comercial como para el social y comunitario, y se fortaleció de manera sustancial el sector público de la radiodifusión. Por lo tanto, la política de televisión digital terrestre y la licitación de más canales de televisión tendrían que venir acompañadas de una reforma integral al marco jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones en un ambiente convergente, así como un rediseño institucional del órgano regulador. Llama poderosamente la atención que en ninguna de sus manifestaciones
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públicas miembros de la Cofetel consideren la opción de una cadena nacional de televisión pública o televisoras comunitarias, para romper no solamente con el duopolio de las frecuencias, sino también como una opción para tener un auténtico contrapeso a la actual oferta casi homogénea de comunicación y contenidos comerciales, que son casi la única opción para una buena parte de la población. Muchos tenemos serias dudas de que en verdad vaya a concretarse una licitación de nuevos canales de televisión para una tercera o cuarta cadena nacional, pero sobre todo de cómo se harán las reglas del juego para transitar verdaderamente a un modelo democrático y competitivo, con un marco legal tan maltrecho como el que tenemos, sin una política integral en materia de radiodifusión con la participación de todos los actores involucrados.
Multiprogramación Calificada como la mayor prebenda a las televisoras en este sexenio, la llamada multiprogramación aprobada con apenas una “toma de nota” en julio pasado por la Cofetel, es otra muestra de la incapacidad del gobierno federal para plantear una política congruente de transición a la televisión digital terrestre. La multiprogramación es la posibilidad técnica para que los concesionarios puedan incorporar otras señales de televisión abierta a través del canal que ya opera para ofrecer hasta seis señales con programación distinta, con lo cual el duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca) concentrarán el 77.77 por ciento de los canales digitales que ha otorgado la autoridad; esto además es adicional a los canales que ya de suyo operan. Este modelo se reproducirá hasta el denominado “apagón analógico”, porque a cada canal analógico corresponde un canal digital “espejo”. En materia de TDT, ambas empresas tienen la autorización para operar 91 canales espejo. Con la aprobación
Como si fuera poco en términos de concentración, tenemos además la posible unión entre Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y Televisa, por aprobarse en el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC). Con ello se conformará un monopolio comunicacional sin precedentes, pues ya de suyo Televisa y TV Azteca acaparan el 94 porciento de todos los canales de televisión abierta con fines lucrativos. En el caso de la primera absorbe el 50 por ciento de la televisión por pago a través de la compra de sistemas de televisión por cable regionales; además, en alianza con Telefónica de España y Megacable, la televisora se adjudicó 2 hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad a un precio bastante módico. Es una infraestructura de poco más de 20 mil kilómetros en el país para dotar de servicios de banda ancha que, vale decir, se hizo con recursos públicos provenientes del pago de nuestros impuestos. A este ya de suyo escandaloso acaparamiento en la radiodifusión, con la unión Iusacell-Televisa tendrían el espectro asignado para telefonía móvil. Todo ese espectro y redes públicas de telecomunicaciones se sumarían a
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La fusión Iusacell-Televisa
ambas empresas que son, además, las principales productoras de contenidos audiovisuales a través de otras industrias como la radiofónica, discográficamusical, editorial, cinematográfica, publicitaria y de entretenimiento, por lo que los mismos contenidos que hoy se transmiten a través de sus pantallas, así como de las señales codificadas de televisión por cable, satelital y fibra óptica, serían difundidos mediante dispositivos móviles. Las normas contra la concentración deben estar basadas, tanto en la cantidad de servicios de comunicación que puedan acumularse por titularidad directa, en la voluntad social, y en la incidencia de los mercados en los que actúan e influyen. Para justificar esta fusión ha trascendido que se pidió la opinión de la OCDE. En su momento, Gabriel Sosa Plata (experto en telecomunicaciones) escribió en El Universal: “Aunque la OCDE reconoce la enorme concentración en los mercados de la televisión abierta y la televisión por cable en México, considera “procedente” la alianza Televisa-Iusacell, ya que añadirá a un fuerte competidor de servicios convergentes en el sector de las telecomunicaciones. La contradicción es evidente…” Mientras escribo estas líneas no hay claridad aún sobre la fecha cuando la Comisión de Competencia Económica aprobaría esta fusión, por lo que es posible que una vez publicado este artículo ya se haya tomado una decisión. En caso de ser positiva, estaremos en un desastroso panorama de concentración de los mayores recursos comunicacionales. En tanto vemos pasar las oportunidades de desarrollo para el sector (incluyendo el pluralismo necesario), ni el ejecutivo ni el legislativo son capaces de coordinar normativas y políticas coherentes, el resultado: el desastre del sector.
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fortalecer su poder fáctico, lo cual representa un grave retroceso por donde se le vea. Mientras con una simple toma de nota, a las televisoras se les otorga este escandaloso privilegio de la multiprogramación, vemos como hay una doble vara para la aplicación de la ley, pues en lo que respecta a la banda 2.5 Ghz han tardado un largo tiempo para determinar la prórroga de la concesión a MVS, sin que medie una razón técnica o jurídica que lo impida. El asunto ya está en el más alto tribunal del país, otro litigio que hubiera sido innecesario si contáramos con una política clara de refrendos.
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de la multiprogramación podrán además incorporar a través de los canales con los que ya cuentan, hasta 4 señales de televisión abierta con programación distinta. Con ello Televisa podrá multiplicar sus 4 canales (2 nacionales y 2 regionales) hasta 16, y en el caso de TV Azteca que opera 2 canales nacionales llegaría hasta 8. Si bien a escala mundial los estándares marcan que los estados deben adoptar políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, sobre todo a raíz de la oportunidad tecnológica del mejor aprovechamiento del espectro por la transición y convergencia digital, que representa la posibilidad real de revertir los niveles de concentración para la entrada de nuevos actores y con ello garantizar la pluralidad, en México lo que vemos es una multiplicación de plataformas pero no de voces diversas para aportar al debate democrático. Esta condición de dominancia se extiende a otros ámbitos, ya que la televisión abierta sigue siendo el medio que más acumula inversión publicitaria, la mayor parte de la audiencia y también es el duopolio que absorbe el mayor porcentaje del gasto en publicidad oficial del gobierno federal y en los estados de la República. Hay que decir que además de esta escandalosa concesión por parte de la autoridad a las televisoras, el Estado no recibirá ninguna contraprestación a cambio, mientras las televisoras tendrán la posibilidad de arrendar capacidad espectral a terceros, como por ejemplo a iglesias, sin que tengan que pasar por ninguna licitación. Sin claridad en las reglas de operación y en la posibilidad de ofrecer servicios de telecomunicaciones, se contraria la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto agudiza la ya escandalosa concentración en la Tv abierta y puede considerarse uno de los privilegios más cuantiosos y escandalosos del actual gobierno al duopolio, al
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