Incertidumbre en reforma a las telecomunicaciones • Aleida Calleja
MARZO 2013
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as declaraciones de los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, en boca de la presidencia en turno, Gustavo Madero del PAN, a mediados de febrero dejan entrever que más que avanzar en la agenda en los temas torales de la concentración, éstos se van debilitando. En la presentación pública del Pacto se habló de manera clara en torno a la partición de monopolios y de una legislación secundaria convergente, entre otros temas; ahora nos dicen que las reformas en el sector de telecomunicaciones considera la creación de dos nuevas cadenas de televisión abierta y una tercera, que será gubernamental y operada por el Estado. Para nadie que sepa un poco de esta agenda, no se necesita de una nueva legislación para licitar nuevas frecuencias de televisión abierta,
como tampoco para contar con una televisión de alcance nacional denominada como “gubernamental”, de esas, de corte gubernamental, ya tenemos suficientes el país, ahora que si la referencia es a un medio público de alcance nacional, nombrarlo de esa manera desvirtúa de manera importante lo que podría ser un proyecto serio del Estado mexicano en materia de medios públicos. Llama poderosamente la atención que los integrantes de este Consejo se refieran a las licitaciones en televisión imponiéndoles “estándares internacionales” del must carry, esto es la obligación de retransmitir las señales abiertas por parte de los operadores distintos de los que emiten originalmente la señal, pero contradictoriamente plantean la “obligación” de que los operadores originales de la
Zócalo
Consejo Rector del Pacto por México.
transmisión ofrezcan de manera “no discriminatoria y a precios competitivos” sus señales a operadores de televisiones de paga (must offer). Lo anterior no tiene nada de estándar internacional y es una manera de solventar las prácticas abusivas de los actuales concesionarios de la televisión, léase Televisa y TV Azteca, para que sigan cobrando con sus tarifas y condicionen sus señales a los operadores de cable, lo cual les permite manejar el mercado de la televisión a su antojo. El llamado must offer, en las mejores prácticas internacionales, simplemente es gratuito, porque las señales de televisión abierta tienen como característica ser de acceso universal y sin costo alguno para la población, por eso es un yerro plantear su pago. Pésima señal mandan los partidos políticos, pues hay que recordar que la redacción inicial del Pacto determinaba que los derechos de retransmisión de la televisión abierta tendrían como obligación su gratuidad, y se debió a presiones por parte del Partido Verde Ecologista de México —en el que se congregan buena parte de la Telebancada y los aliados de las televisoras; al Partido Revolucionario Institucional— que se cambió la redacción de última hora y ‘en lo oscurito’. Que nos vengan a decir que habrá limitaciones a la concentración sin tocar los monopolios actuales a través de la desinversión o la partición de monopolios, hace pensar que esos límites vendrán para los
Para fomentar el pluralismo, son necesarias más frecuencias de televisión abierta; pero eso no sucederá si no se combate el actual monopolio convergente de la televisión abierta.
La prueba de fuego Sostengo que la reforma de las telecomunicaciones representa la prueba de fuego de la clase política, porque, si bien hemos logrado cambiar muchos marcos jurídicos para temas, muy complejos por las implicaciones de poder, como los electorales, los de acceso a la información, entre otros, la de los medios y su concentración simplemente han sido tópicos intactos durante toda nuestra historia reciente. La participación y presión ciudadana serán un elemento relevante para que la clase política deje de seguir creyendo que no habrá costo social y político por el hecho de no hacer nada significativo en la materia, es un contrapeso que se les debe imponer a su temor hacia el poder fáctico de los medios. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, (AMEDI), impulsará de nuevo la articulación social a fin de que los esfuerzos por estas demandas tengan un frente común; sería deseable que muchos sectores se adhieran a esta iniciativa y hacer sinergias con otras que ya existen. Analizaremos con detalle la propuesta de los partidos involucrados en el Pacto respecto de estas reformas postergadas durante décadas, y que nos han costado retrocesos en cuanto al desarrollo económico y político, y que son el gran pendiente de nuestra transición democrática.
se tanto para los ámbitos nacionales como para los regionales y locales, pues en muchos estados del país, especialmente en la radiodifusión, existen concesionarios que acaparan hasta el 80 por ciento de las frecuencias. Una vez que estén estipuladas esas reformas en la ley secundaria deberían de establecerse los porcentajes a los que puede llegar una empresa en términos de facturación, mercado, frecuencias, audiencia y cobertura para que se defina como dominante y aplicarle una regulación asimétrica, con el objetivo de que no tenga prácticas monopólicas que afecten los mercados directos y relacionados, o bien, afecte de manera significativa el pluralismo. Estos límites a la concentración implican, necesariamente, considerar la propiedad cruzada de medios, lo cual incluye también procesos de producción de contenidos además de su distribución. Para fomentar el pluralismo, son necesarias más frecuencias de televisión abierta; pero eso no sucederá si no se combate el actual monopolio convergente de la televisión abierta; si se excluyen temas fundamentales como robustecer un sistema integral de medios públicos, el reconocimiento del sector social,
@callejag
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redistribución de las frecuencias a raíz de la digitalización en la radio y la televisión, así como las necesarias cuotas de pantalla para dar canales de distribución a la producción audiovisual independiente.
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¿Qué debería cambiarse? Para incentivar la competencia, habría primero que aplicar los límites a la propiedad para que exista un terreno más o menos parejo para todos los jugadores, lo cual requiere por principio de cuentas que quienes excedan esos límites de propiedad desinviertan, es decir, que se desprendan de acciones, frecuencias o empresas; de ninguna manera es sinónimo de expropiación, sino que las empresas involucradas tendrán que determinar con cuáles de ellas se quedan y cuáles otras pondrán a la venta con el objetivo final de que entren nuevos competidores. En ese sentido, las reformas constitucionales deberían marcar de manera clara en un transitorio cuáles son, en términos de porcentaje, esos límites a la concentración y determinar la desinversión, primero para que el órgano regulador competente tenga un tiempo razonable para in-
dicar a las empresas dominantes y como segundo paso que las empresas tengan un tiempo no mayor de dos años para presentar sus planes de desinversión y llevarlos a cabo. Esta obligación debiera de marcar-
PACTO POR MÉXICO
nuevos jugadores pero no para los ya existentes, legalizando las asimetrías en el sector y estableciendo complejas barreras de entrada a los nuevos, con lo cual la competencia tan referida en la boca de los políticos sería, así nomás, de dicho. Febrero fue expectante porque en reiteradas ocasiones los trascendidos en la prensa anunciaban la pronta presentación de la iniciativa de reformas constitucionales por parte del Ejecutivo y los partidos firmantes del Pacto, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no ha sucedido. Posiblemente, cuando esta colaboración se esté imprimiendo, la iniciativa será presentada en la Cámara de Diputados. Habrá que analizar con detenimiento lo que de facto se presente, pero lo cierto es que, para que exista competencia plena, se tienen que atacar a los monopolios.
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