OCTUBRE 2013
Instituto Federal de Telecomunicaciones empieza mal
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abíamos que existía el peligro de que las reglas constitucionales para formar el nuevo Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT) pudieran ser evadidas; nadie podía garantizar un resultado final exento de injerencias de los regulados, las cuotas partidistas o gubernamentales, o bien, que terminara como un proceso con una perspectiva meramente economicista o tecnológica, sin criterios esenciales para asegurar conocimiento y, al mismo tiempo, independencia, experiencia, capacidad política para regular y una integración multidisciplinaria con capacidad de análisis y respuesta para todos los temas a afrontar. Esos temores, que muchos expresamos en su momento, se hicieron realidad. El Comité de Evaluación, diseñado en la Constitución para la trascendente tarea de seleccionar a los mejores cuadros para el IFT, ha guardado un silencio inquietante ante las demandas de transparentar sus criterios para rechazar, en la primera etapa, a un gran número de personas que al parecer cumplían todos los requisitos, y aceptar, en cambio, que otras tantas con dudosos antecedentes pudieran hacer el examen de conocimientos. Ese Comité nos debe una respuesta sobre cómo interpretó la Constitución para aceptar a unos y rechazar a otros. Nos debe una explicación sobre sus criterios para
hacer un examen que si bien puso a prueba conocimientos técnicos –algunos francamente inútiles para determinar capacidad regulatoria-, obvió sin más otras áreas a regular como el derecho a la información, o definiciones esenciales contenidas en la reforma para ese órgano regulador, así como porcentajes aplicados para cada una de las etapas y requisitos. Todo parece indicar que lo que privó en ese Comité fue una mirada tecnocrática que derivó en la lista enviada al presidente de la República, fuertemente cuestionada por los perfiles ahí contenidos. Su selección de las siete personas para ser comisionados del IFT terminó por confirmar los temores de que responde más a una negociación política, que a la integración de un organismo independiente. Ante ello, quedaba la esperanza en el Senado, con facultad para ratificar o rechazar las propuestas en función de los criterios marcados por la Constitución. Designación sin debate Pero lamentable, por decir lo menos, fue la designación de los nuevos comisionados del IFT por parte del Senado, el pasado 10 de septiembre. Este nuevo órgano regulador que había levantado tantas expectativas, nace de un procedimiento irregular y opaco que en nada ayuda a su legitimidad social, y peor aún, nace sin cumplir cabalmente lo que la Constitución marca.
Fueron más que públicos los señalamientos de que cinco de los siete aspirantes propuestos por el presidente de la República no cumplían los requisitos de experiencia e independencia esenciales para integrar una instancia que deberá regular uno de los sectores más complejos y controvertidos de las últimas décadas, con profundas implicaciones en la economía, el desarrollo y la democracia misma. Penosamente, la mayoría de los senadores no sólo soslayó una revisión escrupulosa de la trayectoria de los candidatos, sino que renunció incluso a su deber de fundar y razonar su aprobación. Se negó al debate violando su propio reglamento parlamentario, aduciendo que no correspondía al Senado valorar a los candidatos pues ese trabajo ya lo había resuelto el Comité de Evaluación. Esa escapatoria no tenía más objetivo que complacer un acuerdo político precipitado de sus partidos políticos, que terminaron haciendo el tan problemático reparto de cuotas entre partidos y gobierno que lastima la autonomía constitucional de cualquier órgano y deforma su diseño institucional. La operación política fue impecable, encabezada por el panista Javier Lozano y la perredista Alejandra Barrales. El debate responsable se sustituyó por la recopilación de firmas para avalar un dictamen que, como reco-
TELECOMUNICACIONES
La mayoría de los senadores renunció a su deber de fundar y razonar su aprobación.
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Flores, quien tiene un claro conflicto de interés al haber asesorado a una empresa de telecomunicaciones en un litigio contra el gobierno de México ante la Organización Mundial de Comercio, y haber fungido como perito a favor de la tan controvertida concentración Iusacell-Televisa. Sólo Fernando Borjón Figueroa y Adriana Labardini Inzunza cumplen cabalmente con los requisitos constitucionales y alegra su designación. Como era de esperarse la desautorización de estas críticas al proceso provienen de incondicionales al status quo del sector para los cuales, algunos de quienes impugnamos lo hacemos porque no fuimos seleccionados, señalamientos dolosos que quieren ahogar un debate serio mediante descalificaciones que no alcanzan para justificar los incumplimientos de los requisitos constitucionales. Son absurdos los cuestionamientos sobre por qué no denunciamos antes, la respuesta es obvia: no sabíamos los resultados hasta que terminó el proceso de selección del Comité, un rompecabezas que estamos reconstruyendo. La magnitud de las responsabilidades que tiene el IFT para hacer viable la reforma en la materia, demandadas por múltiples sectores de la sociedad desde hace mucho tiempo, requiere de una estricta observación para su
cumplimiento, por lo que sería incongruente dejar de exigir su aplicación con un riguroso apego a las normas constitucionales que le dan origen. Tampoco se trata, como algunos quieren hacer ver, de quedarse anclado en los errores y dejar de ver hacia delante. Se trata de la exigencia que como ciudadanía responsable se debe hacer cuando los canales institucionales no cumplen sus obligaciones; cuando las reglas se quebrantan, tiene que señalarse, es parte de la exigencia y control ciudadano a los extravíos de la clase política. Aceptar acríticamente la violación de las reglas da paso a la impunidad de la que tanto nos quejamos. Empieza mal el IFT, queda la expectación de que los comisionados nombrados demuestren independencia, transparencia y capacidad en un sector con poderosísimos intereses, tanto económicos como políticos, que facilitan su captura, ya sea por parte de los concesionarios o del gobierno en turno. Sus primeras pruebas están tocando la puerta y urge su resolución: la compra de Cablecom por parte de Televisa, que le permitirá a esta empresa acaparar más el mercado de la televisión por cable, así como la determinación de que cumpla con lo establecido en la Constitución y permita la retransmisión de sus señales de televisión abierta (must offer) a Dish y otros cableoperadores.
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nocieron los propios senadores, se hizo incluso con falta de quórum en por lo menos una de las tres comisiones encargadas de discutirlo. Sólo los senadores Javier Corral (PAN), Manuel Bartlett (PT) y Alejandro Encinas (PRD) refutaron el procedimiento y la ausencia de debate en el pleno. Encinas Rodríguez fue claro al señalar el incumplimiento de los requisitos constitucionales de los cinco candidatos cuestionados. Tres de los siete nuevos comisionados del Ifetel, incluyendo a quien será su presidente, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, y Ernesto Estrada González, no acreditan experiencia reconocida en telecomunicaciones y radiodifusión. En el caso de Adolfo Cuevas Teja, su trayectoria está ligada al ex comisionado Ernesto Gil Elorduy –cercano al grupo Hidalgo del PRI- quien tuvo un desempeño gris y contrario al interés público al oponerse a la creación de nuevas cadenas de televisión, obstaculizar el apagón analógico y desaparecer cuando el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones discutió las polémicas licitaciones 20 y 21. Como su asesor, Cuevas fue artífice de esas posiciones que nada tienen que ver con una acreditada trayectoria. Dos más incumplen con el plazo mínimo de tres años de no haber laborado para las empresas reguladas o relacionadas con ellas: Mario Fromow Rangel, ex directivo de una filial de Telmex, y María Elena Estavillo
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