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Raúl Trejo Delarbre
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Acuerdos en conflicto A pesar de esas dificultades para lograr acuerdos, la agenda de reformas en el Congreso siguió sien-
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Pasividad crítica El pasmo de la sociedad organizada y el desgano del Poder Legislativo, contribuyeron a que la iniciativa presidencial careciera de suficiente contexto crítico. Aunque desde hace un año las organizaciones interesadas en la apertura y la reglamentación de los medios advirtieron que la ley secundaria sería “la madre de todas las batallas”, como dijeron algunos de sus directivos, ante la presentación de la iniciativa esos grupos sociales hacían poco, o nada, para impulsar la discusión de las propuestas gubernamentales. No hubo foros, ni campañas eficaces ni exigencias públicas acerca de los
temas fundamentales en la reglamentación de la reforma constitucional. Se echó de menos el hervidero de reuniones y reclamos que se generalizó ocho años antes, cuando estaba por aprobarse la “Ley Televisa”. Esa indolencia afectó también a los partidos políticos. Los grupos parlamentarios en otros momentos más comprometidos con la reforma de los medios prefirieron esperar a que llegase la iniciativa de ley elaborada en Los Pinos. Las comisiones de diputados y senadores no tenían por qué sujetar su trabajo a la propuesta presidencial, porque contaban desde tiempo atrás con otras iniciativas, destacadamente la que presentó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Los partidos involucionaron pronto a posiciones de retroceso en comparación con las decisiones que supieron tomar en la primavera de 2013, cuando aprobaron reformas constitucionales muy contrapuestas con los intereses de las empresas que han acaparado las frecuencias de televisión comercial y de las telefónicas del Grupo Carso. Tanto en Acción Nacional como en el Partido de la Revolución Democrática se abrieron procesos para la renovación de las dirigencias nacionales. En ambas organizaciones, los dirigentes que respaldaron reformas como la de telecomunicaciones y radiodifusión se enfrentaban a quienes encontraron en la descalificación de tales reformas una causa para lucrar políticamente. La alianza que un año antes solidificó al Pacto por México, de donde surgió la reforma constitucional para telecomunicaciones, quedó debilitada (aunque no del todo rota) cuando el PRD se retiró de ese espacio en protesta por la reforma energética. Ya en 2014, por otra parte, grupos de interés importantes en Acción Nacional presentaron nuevas objeciones a las posturas del gobierno, en represalia por las denuncias de corrupción en la industria petrolera durante las gestiones de Vicente Fox y Felipe Calderón.
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arde y mal, la legislación que debe reglamentar la reforma constitucional de junio pasado se conoció a través de filtraciones y no de manera clara, pública y abierta. Así debería ocurrir con cualquier propuesta de ley, pero mucho más con la que normará a la radiodifusión y las telecomunicaciones; es decir, los recursos y espacios donde se ejercen primordialmente la libertad de expresión y el derecho a la información en las sociedades contemporáneas. A la presentación de la iniciativa presidencial para la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la precedió, sin embargo, una intencionalmente oscurecedora promoción de versiones parciales. Entre los días finales de febrero y la primera quincena de marzo, diversos diarios y revistas difundieron segmentos de borradores cuya fuente nunca aparecía acreditada. Desde el gobierno federal se utilizó a la prensa para aquilatar las reacciones que podría suscitar la publicación de apartados del proyecto de ley que no encontraban consenso ni siquiera dentro del equipo presidencial o que eran promovidos por las empresas de telecomunicaciones. La prensa así manejada fue acrítica y reacia al análisis de tales filtraciones que propagó con un acatamiento a las instrucciones gubernamentales que demuestra que los tiempos de la relación autoritaria entre medios y poder político no se han ido del todo.
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Reforma o revancha
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do diversa y abundante. Para el periodo de sesiones que debe concluir el 30 de abril, estaban previstas no solamente la reforma en materia de telecomunicaciones, sino también la polémica reforma energética. Las capacidades de arreglo entre los partidos no podrían ser idénticas en temas tan variados. En el caso de telecomunicaciones y radiodifusión, estaría en juego el compromiso que partidos y gobierno asumieron en 2013 alrededor de la reforma constitucional. Una reforma incompleta, que no incluyera temas incorporados ya a la Constitución, o que los contrariase, haría de aquel esfuerzo un fracaso al menos parcial. Y sobre todo, los motivos de las fuerzas políticas para emprender aquella reforma habrían quedado desatendidos. Como es importante recordar, los partidos políticos, más allá de sus variadas y naturales discrepancias, estuvieron de acuerdo en que la reforma para telecomunicaciones y radiodifusión era indispensable, porque en esos sectores los mexicanos no hemos tenido competencia, ni calidad en servicios ni en contenidos. No se trata únicamente de motivaciones económicas: la preeminencia de los consorcios mediáticos, en ocasiones ha significado abiertos desafíos para el Estado mexicano. Los partidos, con aquella reforma, reivindicaron la hegemonía del Estado y el interés público por encima de intereses privados. La ley secundaria indicaría si tales intereses han podido tomar revancha frente a indecisiones o retrocesos del propio Estado.
El pasmo de la sociedad organizada y el desgano del Poder Legislativo contribuyeron a que la iniciativa presidencial careciera de suficiente contexto crítico. En otros términos, un panorama con nuevas tensiones y discrepancias afectó la capacidad de las dirigencias políticas para tomar acuerdos capaces de
consolidar en la ley reglamentaria los cambios señalados por la reforma constitucional dedicada a radiodifusión y telecomunicaciones. Los temas medulares Los temas esenciales de la reforma legal podían ser fácilmente identificados: atribuciones y organización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); reglas para determinar dominancia y promover la competencia en radiodifusión y telecomunicaciones; garantías para medios públicos y, en otro rubro, a medios sociales y comunitarios; apertura e interconexión de las redes de telecomunicaciones para propiciar diversidad y competencia; derechos de usuarios y audiencias; promoción de contenidos de calidad incluyendo producción independiente, regulación de la publicidad, tiempos de Estado, integridad de contenidos audiovisuales y defensa de menores de edad ante los contenidos de televisión y radio. Todos esos temas, excepto el último relacionado con los contenidos de radiodifusión, se encuentran determinados por la reforma constitucional promulgada en junio de 2013. La ley reglamentaria tendría que desarrollar y precisar esos y otros rubros. Además, requiere un capítulo sobre contenidos que reemplace y actualice el que contiene la Ley de Radio y Televisión de 1960. Pero como todos sabemos, aquella reforma encontró interesados malquerientes en las empresas que han lucrado con la debilidad o ausencia de las reglas para telecomunicaciones y radiodifusión. El cabildeo desarrollado sobre todo por Televisa y Televisión Azteca fue intenso y extenso, lo cual no es para asombrarse. Lo sorprendente fue que los grupos ciudadanos interesados en una reforma para que medios y telecomunicaciones sirvan a la democracia, dijeron poco, presionaron mal y no quisieron o no pudieron contribuir a crear un contexto crítico y exigente, con la solidez que reclamaba una reforma así de importante.
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Preponderantes Aquella decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones se ajustó puntualmente a la reforma constitucional y señaló un cambio de enorme relevancia en comparación con la completa ausencia de políticas para promover la competencia y reivindicar el interés de usuarios y audiencias que hasta entonces habían padecido las telecomunicaciones y la radiodifusión. Como consecuencia de la resolución del IFT, Televisa deberá compartir antenas con otras instituciones y empresas cuando así lo indique el Instituto, supeditará sus tarifas a decisiones de esa autoridad, tendrá prohibido vetar la venta de publicidad y no podrá tener exclusividad sobre eventos deportivos considerados como relevantes, entre otras medidas. Días antes, el propio IFT publicó las reglas para must offer y must carrier que contrarían el patrimonialismo que las televisoras esgrimieron durante muchos años para impedir que sus señales fueran conducidas por los servicios de televisión de paga alejados de sus ámbitos corporativos. En pocas semanas, varios de los privilegios que le han permitido a Televisa expandirse a costa de la sociedad e incluso intimidar a instituciones del Estado, fueron afectados sustancialmente por la nueva autoridad regulatoria. La centralidad que el consorcio de Emilio Azcárraga ha tenido en la televisión mexicana, ha comenzado a declinar para ser reemplazada por un escenario con más actores y por lo tanto con más contraste. La otra declaración de dominancia obliga a las telefónicas de Carlos Slim a permitir la interconexión
de y con otras empresas, establece plazos y normas para tarifas, así como para definir puntos de interconexión. Al mismo tiempo se definen reglas técnicas para la calidad de las llamadas y para que la información a los usuarios sea completa y clara. La reacción a esas medidas del IFT quedó fundamentalmente recluida a los espacios de prensa especializados en asuntos financieros. Columnistas y opinadores afines a Televisa dijeron que la declaración de preponderancia había sido demasiado rigurosa con esa empresa y un tanto displicente con las telefónicas del Grupo Carso. Al revés, en el campo dominado por los intereses de Slim, se dijo que la declaración de preponderancia era débil e insuficiente con Televisa y en exceso severa con Telmex y Telcel.
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El desconcierto de organizaciones sociales y de ciudadanos interesados en la reforma de los medios se debió a la ausencia de información completa sobre el proyecto de reforma que presentaría el gobierno, pero también, a una lamentable debilidad de reflejos políticos. En menor medida, también ha influido la desconfianza que anida en los segmentos críticos acerca de cualquier decisión que provenga del poder político. Esas actitudes se manifestaron desde los primeros días de marzo pasado, cuando el IFT declaró preponderantes a Televisa en el campo de la televisión y a Telmex y Telcel en telefonía.
Martín Becerra consideró que las declaraciones de preponderancia para Televisa y Telmex-Telcel constituyen “una novedad volcánica en América Latina que cuestiona mitos sobre la regulación de medios”. Esas reacciones, que podrían documentarse en una revisión de la prensa y otros medios entre el 7 y el 15 de marzo, permiten afirmar que las declaraciones de preponderancia sacudieron tanto a la empresa de Azcárraga como a la de Slim. En primer lugar, debido a que nunca antes el Estado había reconocido que el carácter dominante de esas empresas obliga a fijarles reglas específicas. Y además, porque esas normas golpean al corazón de la capacidad monopólica que ha beneficiado, en perjuicio de la sociedad, a tales consorcios. Arrogancia e indolencia No se agotan allí las medidas que hacen falta para propiciar competencia y calidad en radiodifusión y telecomunicaciones. El IFT pudo haber tomado decisiones más drásticas, como la desincorporación de activos (quitarle canales a Televisa o redes de interconexión a Telcel y Telmex). Pero el reconocimiento
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de esas insuficiencias no debiera nublar la capacidad de quienes postulan la reforma de los medios para reconocer los avances que han significado. Además, todo proceso regulatorio tiene varias fases y la autoridad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión apenas ha comenzado a trabajar. Sometido a fortísimas presiones corporativas y políticas, es deseable que el IFT también compruebe el apremio desde la sociedad organizada para mantener y profundizar las medidas en beneficio de la diversidad y la calidad en telecomunicaciones y radiodifusión. A salvo y al margen de indecisiones e inconsecuencias en el flanco de la crítica a los medios en México, el investigador argentino Martín Becerra, uno de los más reconocidos estudiosos de la concentración mediática en nuestros países, consideró que las declaraciones de preponderancia para Televisa y Telmex-Telcel constituyen “una novedad volcánica en América Latina que cuestiona mitos sobre la regulación de medios” (Perfil, Buenos Aires, 16 de marzo). Desde la reforma constitucional y hasta las medidas que designan empresas preponderantes, se han registrado actitudes polares y significativas: frente a la arrogancia de las corporaciones mediáticas que no saben perder, hemos conocido la indolencia de grupos sociales y críticos de los medios que no saben ganar. Será indispensable evitar esos extremos para entender el desenlace de la reforma legislativa. Con el mismo afán, el reconocimiento de la trascendencia que han tenido los cambios legales y las primeras decisiones administrativas, no debiera eclipsar el cuestionamiento a las carencias de la ley reglamentaria. Cada tema, cada disposición de la reforma constitucional que no forme parte de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sería una derrota del Poder Legislativo, del gobierno federal y de los partidos políticos. Sería una derrota de la sociedad, sobre todo si los ciudadanos no reaccionaran frente a esas decisiones. @ciberfan