…si la Constitución se cumple ENERO 2014
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Raúl Trejo Delarbre
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o mucho que se ha logrado en la reforma constitucional para los medios y las telecomunicaciones amerita un enfático aplauso. El nuevo régimen legal promulgado el 11 de junio significa un viraje de 180 grados -o casi- respecto de la abulia habitual y la discrecionalidad de vez en cuando que hasta ahora han definido al comportamiento estatal en ese campo. Televisa y Televisión Azteca en la radiodifusión, Telmex y Telcel en la telefonía, han alcanzado cuotas de mercado inusitadas en cualquier comparación internacional y se han convertido en esas fuerzas que algunos clásicos llamaron poderes fácticos, con capacidad para imponer sus intereses e incluso establecer sus propias reglas ante el pasmo del poder político y la indefensión de la sociedad. Eso, si hemos de tomar en serio el cambio constitucional, ya se acabó. O por lo menos estamos ante el principio del fin de la extensa, en ocasiones alevosa y en todo momento socialmente costosa, preeminencia de las corporaciones mediáticas. Pero, de la misma manera, lo mucho que nos siguen debiendo los partidos y los legisladores federales en el terreno de la normatividad para medios y telecomunicaciones merece una sincera rechifla. El 9 de diciembre terminó el plazo de 180 días que los senadores y di-
putados aprobaron, en uno de los exigentes transitorios de la reforma constitucional, para expedir la ley reglamentaria que reemplazará a las actuales leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. La agenda legislativa no fue liviana en aquellas semanas postreras del año, como a todos nos constó. Otros temas y urgencias se sobrepusieron a la necesidad de completar el círculo de reformas legislativas para medios y telecomunicaciones. Pero un compromiso es precisamente eso y si lo incorporaron en la reforma constitucional fue por la necesidad de afianzar en la ley reglamentaria los cambios dispuestos ahora por la Carta Magna.
Amplias expectativas Debido a ese incumplimiento de los legisladores nos encontramos con reglas de índole general que subrayan el carácter público de la radiodifusión y las telecomunicaciones, acotan la concentración monopólica, promueven la diversidad y reivindican derechos de la sociedad, entre otros fundamentales cambios. Pero algunas de esas transformaciones requieren de precisiones y cauces en la legislación secundaria.
Estamos justo en ese incómodo tránsito. El adeudo que senadores y diputados mantienen en este asunto implicará varios meses más de indefinición, pero no necesariamente de inacción en el tránsito rumbo a un sistema de medios más diverso y menos inicuo. El nuevo régimen para medios y telecom comenzó maltratado. La reforma implica medidas inmediatas para detener (e incluso reducir) la expansión de las empresas que alcanzan más del 50 por ciento del mercado en cualquier área de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Habrá tres nuevas cadenas nacionales de televisión, una de ellas de carácter público. Los medios públicos dejarán de estar marginados en comparación con los medios comerciales y tendrán autonomía de gestión respecto de los gobiernos que hasta ahora los han manejado. Las interconexiones entre empresas telefónicas dejarán de estar supeditadas al
Las interconexiones entre empresas telefónicas dejarán de estar supeditadas al interés del consorcio dominante. Tendremos nuevas opciones para Internet y otros servicios de banda ancha, una de ellas operada por el Estado. Castillo de paja, el riesgo
La reforma constitucional no habría sido posible si las dirigencias de los partidos nacionales y el Presidente de la República no hubieran estado convencidos de que era indispensable modernizar, dándoles diversidad, a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Ha sido la apuesta, más allá de banderías políticas, de un Estado preocupado por el estancamiento de ese sector fundamental para la economía, pero sobre todo para la política y la cultura. El Pacto por México logró en pocos meses una reforma que la insistencia de la sociedad activa no había conseguido en varias décadas. Por supuesto, esa reforma estuvo apuntalada en las propuestas que durante demasiados años presentaron, afinaron y reiteraron organismos sociales y sectores académicos para quienes la concentración monopólica, el rezago tecnológico y el distanciamiento respecto del interés de la sociedad que han definido a medios y telecomunicaciones podían y debían ser atendidos actualizando y modificando viejas reglas. Pero sin la voluntad para construir
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Confrontación sin remedio
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Las corporaciones afectadas con la reforma quieren aprovechar el aparente vacío legal para demorar o distorsionar algunas de esas decisiones. Así quieren hacer Televisa y TV Azteca con la obligación constitucional de que los canales de televisión abierta sean reproducidos en los sistemas de televisión de paga. El IFT abrió una consulta acerca de los criterios que estableció para definir cuáles de esos canales tienen cobertura nacional y por lo tanto deben ser incluidos en la programación de todas las empresas de televisión satelital. En rigor no hace falta consulta alguna para que se cumpla con la ley. Pero ese mecanismo da cuenta de las indecisiones y sobre todo de las contradicciones que se expresan dentro del órgano regulador de nuestras telecomunicaciones. No es poco lo que está en juego. El poder de las televisoras ha dependido fundamentalmente de la casi absoluta exclusividad que la indolencia del Estado les permitió mantener durante décadas en el escenario de la comunicación audiovisual. Esa preponderancia está a punto de agotarse. En el campo de la telefonía, en donde ha existido mayor competencia, pero se mantiene un dominio monopólico incluso superior que en la radiodifusión, no solo habrá nuevas reglas sino, previsiblemente, más competidores.
Todo eso será posible si la Constitución se cumple. Desde luego existe la posibilidad de que el IFT no llegue a ser más que un apocado castillo de paja, que los partidos se arrepientan y comiencen a caminar en reversa en estos temas y que el gobierno cumpla las más ominosas expectativas de quienes han querido suponer que es un títere de las corporaciones mediáticas. Pero, en honor a la verdad, los que hemos presenciado en el año reciente son comportamientos distintos, muy lejanos de la indiferencia o la complacencia ante las empresas mediáticas.
TELECOMUNICACIONES
interés del consorcio dominante. Tendremos nuevas opciones para internet y otros servicios de banda ancha, una de ellas operada por el Estado. La convergencia digital será para la sociedad y no para unas cuantas corporaciones. Varias de esas medidas dependen del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La reforma constitucional creó un organismo regulador con recursos suficientes para fiscalizar a las habitualmente altaneras corporaciones privadas que predominan en ese sector. Pero el IFT, como hemos insistido en estas páginas de Zócalo, nació contrahecho debido a que el sofisticado mecanismo establecido en la Constitución para designar a sus comisionados no funcionó. Ahora tenemos que reconocer que se trata de un procedimiento erróneo. El comité de selección no actuó con independencia ni de manera honorable. De ese proceso plagado de irresponsabilidades o, si hemos de ser severos, con rasgos de ilegalidad, surgieron los actuales comisionados del IFT. Unos cuantos de los siete nuevos reguladores han tenido independencia y experiencia. El resto, habrá que exigir que lleguen a contar con tales atributos. Esos comisionados tienen una carga de trabajo que en absoluto resulta envidiable. La ausencia de la nueva ley reglamentaria quizá dificulte su trabajo, pero no debe impedirlo. A ellos les resultaría más conveniente que hubiera procedimientos detallados, establecidos en la legislación secundaria, para el cumplimiento de las tareas que les imponen los artículos transitorios de la reforma constitucional. Pero las instrucciones allí señaladas son suficientemente precisas.
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AMEDI entrega iniciativa al Senado.
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acuerdos, aunque incomodasen a las corporaciones privadas, la reforma en telecomunicaciones habría demorado mucho más. En el Pacto por México, en este tema por lo menos, prevaleció la política. Si esa aptitud se mantiene tendremos una ley reglamentaria congruente con la cardinal reforma constitucional. Por desgracia, las fracturas en el Pacto y los retrocesos que sus integrantes han manifestado respecto de ese ánimo reformador podrían aminorar los alcances de tales modificaciones. Por eso resulta inquietante la ligereza con la que políticos y comentaristas de variadas filiaciones han festejado la ruptura del Pacto y el retorno a la confrontación sin remedio. De esa celebración insensata participan, desde luego, los adversarios de los compromisos y por lo tanto de las reformas. Ellos se encuentran en todos los flancos y convergen en esa causa común: se trata de políticos de fachada radical, pero en los hechos de acciones conservadoras; se trata de comentaristas anclados en el rechazo a la política porque la construcción de reformas les resulta menos espectacular (y menos mediáticamente vendedora) que la ruptura y la confrontación. Unos y otros coinciden con los empresarios afectados por las reformas, muy especialmente los directivos de las televisoras. Todos ellos celebran el atascamiento de los acuerdos y se solazan en las fragilidades y faltantes de la reforma.
Toman protesta los comisionados del IFT.
Es indispensable que el examen de la ley reglamentaria sea transparente, con proyectos examinados de manera pública. A varios fuegos La reforma para las telecomunicaciones y los medios se encuentra sometida a varios fuegos. El más persistente e interesado es el que proviene de las empresas afectadas por las medidas antimonopólicas y la promoción de la diversidad. Pero también han hecho lo suyo para minarla los gobernadores encrespados ante la posibilidad de perder el control sobre los medios financiados con recursos fiscales y a los que han convertido en dóciles megáfonos de su megalomanía. En esa causa participan también aquellos que en todos los partidos, y en ambas cámaras, se confirman o revelan como defensores de las corporaciones mediáticas. Es natural que unos y otros promuevan sus intereses. Pero salvo que la Constitución sea desatendida, el escenario de las telecomunicaciones y la radiodifusión experimentará en los meses próximos cambios fundamentales como los ya mencionados. Han circulado varios proyectos de reforma legislativa, alguno ceñido a la reforma constitucional -me refiero a la iniciativa de ley que presentó en septiembre la Asociación Mexicana de Derecho a la Información- y otros fundamentalmente interesados en
distorsionar la reforma, disminuyendo sus alcances o de plano desnaturalizándola. En rigor, si la próxima Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se ajusta a las disposiciones constitucionales complementará de manera exitosa las reformas a la Carta Magna. No hace falta más. El margen de maniobra que tienen adversarios y damnificados de esa reforma es muy escaso, pero cotidianamente tratan de ensancharlo. Es indispensable que el examen de la ley reglamentaria sea transparente, con proyectos examinados de manera pública. Pero sería inaceptable que esa discusión se extendiera de manera artificial, con el argumento de que hace falta mayor análisis en estos temas. Discusión sobre los medios y las telecomunicaciones que necesitamos la hemos tenido, abundante y machacona, durante varias décadas. La reforma constitucional recuperó muchas de las exigencias presentadas en esa larga deliberación y ahora lo que hace falta es apuntalar esos cambios. @ciberfan