Telecomunicaciones, el Pacto de los buenos deseos ENERO 2013
El tema relacionado con la radiodifusión y las telecomunicaciones fue uno de los que más llamó la atención al momento de ser presentado el llamado Pacto por México, porque sus planteamientos han formado parte de aquellas iniciativas de reforma que finalmente han terminado en el archivo, y no obstante la expectativa generada por su contenido. Jenaro Villamil advierte en este análisis que del tema no existe “ni ruta ni plazos”. La mutilación que del mismo se hiciera en la víspera de la firma del Pacto acerca de la gratuidad de las señales para los operadores de televisión de paga, muestra la debilidad de sus animadores frente al duopolio televisivo. El mismo documento omite otros temas no menos relevantes, asegura Villamil en esta colaboración, quien es acompañado —en los siguientes textos— por otros ángulos de interpretación del Pacto: Aleida Calleja, quien recomienda una política integral sobre banda ancha; Ramiro Tovar, de las contradicciones del documento, y Gerson Hernández, de la prospectiva y aplicación del mismo. • Jenaro Villamil
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uy al estilo de Enrique Peña Nieto y de su gobierno en el Estado de México, donde firmó “compromisos frente a notario público”, el Pacto por México es un listado de buenos deseos y proyectos por hacer, que no aterrizan en las formas. Sin embargo, el Compromiso 43 es una de las redacciones más largas y complejas porque mezcla la “zanahoria” (de más de dos cadenas nacionales de televisión abierta) con beneficios explícitos a las demandas de Televisa y Tv Azteca, quienes siempre han negado ofrecer de manera gratuita sus señales de televisión abierta a los sistemas de cable. La redacción original del Compromiso 43 se modificó ante la presión de los operadores y legisladores vinculados a Televisa y Tv Azteca. Hasta la madrugada del 2 de diciembre, el texto original contenía una frase que molestó a los potentados de la televisión en México. Comprometía a la televisión abierta a “ofrecer de manera gratuita” sus señales a todos los operadores de televisión de paga. Es decir, que se aplicara la regla conocida como el must offer. Esta obligación, existente en otras legislaciones internacionales de telecomunicaciones, no se aplica en México. Desde que la Comisión Federal de Competencia
autorizó a Televisa adquirir la mayoría de las acciones de otras empresas cableras (Cablemás y TVI), así como expandir su dominio a través de la sociedad con Yoo (formada por Cablevisión, Megacable, Cablemás y TVI) para dar servicios de triple play, el must offer no se ofrece de manera gratuita. Si se aplicara el must offer gratuito permitiría una competencia mucho mayor en sistemas de televisión de paga (por cable o satelital) y de televisión abierta, así como el de la televisión digital. Estas tres plataformas no pueden estar al margen unas de otras. Las “ventas atadas” de contenidos de televisión abierta se ha convertido en un mecanismo para inhibir la competencia en este sector. En un oficio enviado el 3 de diciembre de 2012 a la diputada federal Purificación Carpinteyro, impulsora de una iniciativa para garantizar el must offer gratuito, la Comisión Federal de Competencia plantea claramente su posición. A continuación reproducimos algunos párrafos esenciales del oficio PRES-10-096-2012-166, firmado por Eduardo Pérez Motta, comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia: “Esta autoridad considera que para los proveedores de servicios de televisión restringida, el acceso a las señales de televisión abierta es una condición determinante
Promesas y negocios El mismo Pacto por México ofrece otras promesas que suenan bien en el terreno de los compromisos, pero no acaban de formar una estrategia de política pública en materia de telecomunicaciones. El documento de Peña Nieto y los partidos políticos promete también: 1.-Crear tribunales especializados en materia de competencia económica y de telecomunicaciones (Compromiso 38).
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Si en menos de 24 horas, el poder de las televisoras “dobló” a los negociadores del Pacto por México, ya podemos imaginar lo que sucedería en otras áreas de la política de telecomunicaciones o en el mismo tema de la licitación de nuevas cadenas de televisión. Al salir de Palacio Nacional, después de la ceremonia del 1 de diciembre, Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, fue explícito al manifestar su descontento acerca de la licitación de una tercera y cuarta cadena de televisión. “A ver quién le entra a lo de las cadenas de televisión abierta. El pastel de la publicidad no crece. Es de sólo 2 o 3 por ciento. La banda ancha sí es el negocio”, afirmó Azcárraga.
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Los dos grandes temas ausentes en este listado de promesas y negocios por venir en telecomunicaciones son: el derecho a la información y las políticas claras para promoverlo
2.-“Generar mucha mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicios de datos y televisión abierta y restringida”. Para ello propone reformar la Constitución y “reconocer el derecho al acceso a la banda ancha” (Compromiso 39). 3.-Reforzar la autonomía y capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones “para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula” (Compromiso 40). 4.-Garantizar el crecimiento de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, los usos óptimos de las bandas 700 Mhz y 2.5Ghz y el acceso a la banda ancha en sitios públicos, bajo el esquema de una red pública del Estado (Compromiso 41). 5.-Crear una instancia específicamente responsable de la agenda digital que deberá encargarse de “garantizar el acceso a internet de banda ancha en edificios públicos”, fomentar la inversión pública y privada en telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico (Compromiso 42). 6.-Generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y “eliminar barreras a la entrada de otros operadores, incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas de concentración, conforme a las mejores prácticas internacionales” (Compromiso 44). 7.-Licitar “la construcción y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo con 90Mhz en la banda 700 Mhz para aprovechar el espectro liberado por la Televisión Digital Terrestre” (Compromiso 44). 8.-Se reordenará la legislación del sector de telecomunicaciones “en una sola ley que contemple, entre otros, los principios antes enunciados” (Compromiso 44). 9.-Adoptar “medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicio de datos que deberá ser simultánea” (Compromiso 45). Así enunciadas, las promesas suenan bien. Pretenden recuperar el poder que el gobierno ha perdido frente a los poderes fácticos. Parecen afectar tanto los intereses de Grupo Televisa como los de Telmex. Prometen la apertura de mayor competencia. Sobre todo, constituyen el anuncio de próximos y grandes negocios, en especial en la banda 700 Mhz, hoy detentada en su mayoría por Televisa y Tv Azteca, ya que ahí se alojan sus señales de televisión analógica. También la licitación de nuevas cadenas de televisión, pero sin aclarar que ninguna de las dos empresas dominantes pueden participar a través de terceros interesados (como
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para formar una oferta viable de canales que les permita competir con éxito en el mercado. Por ello, resulta necesario que la legislación garantice el acceso de los medios de transmisión a las señales de televisión abierta. Ésta ha sido una preocupación que la Comisión Federal de Competencia ha manifestado en diversas ocasiones, pues incide directamente en la eficiencia de los mercados de contenidos audiovisuales para servicios de video. “El cobro por la retransmisión de señales de televisión abierta por televisión restringida podría ser utilizado para desplazar o impedir indebidamente la entrada de operadores de televisión restringida, lo que podría generar ineficiencias en el mercado de televisión restringida. “Por ello, el acceso gratuito de los medios de transmisión a las señales de televisión abierta contribuiría a eliminar los incentivos que tienen las empresas que manejan múltiples plataformas (que transmiten por televisión abierta y televisión restringida) a realizar prácticas anticompetitivas, lo que permitiría eliminar las ineficiencias que se generan con este tipo de conductas, en beneficio de los consumidores”.
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algunos de sus socios o filiales en televisión restringida o en negocios paralelos). Sin embargo, en la hoja de ruta trazada por el Pacto por México no hay plazos, ni estrategias claras ni principios legislativos rectores que comprometan al gobierno federal a cumplir una política pública de telecomunicaciones que no acabe naufragando, como en los últimos doce años, en la batalla corporativa.
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El nuevo titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó en su primera conferencia de prensa que revisará el litigio pendiente sobre los refrendos en la banda 2.5Ghz.
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Medios públicos y derecho a la información, ausentes Los dos grandes temas ausentes en este listado de promesas y negocios por venir en telecomunicaciones son: el derecho a la información y las políticas claras para promoverlo en la era de la convergencia y el triple play; y los medios públicos que simplemente fueron ignorados por el gobierno y los firmantes. No se dijo nada sobre los sistemas de Canal Once, Canal 22, IMER, Radio Educación, que dependen de presupuestos federales, y menos de los sistemas estatales públicos. En un comunicado difundido el 14 de diciembre, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), un organismo especializado que al analizar el Pacto por México estableció lo siguiente: “No basta con asegurar la competencia, también es indispensable generar las condiciones necesarias para el pluralismo y la diversidad, pues si hay un gran pendiente en la transición democrática en este país es precisamente el de la reforma estructural del concentrado sistema de medios. El Pacto por México obliga a sus firmantes a cumplir los compromisos adquiridos; de lo contrario, se evidenciará una vez más el miedo y sometimiento de la ‘clase política’ al poder fáctico de la televisión y las telecomunicaciones”. La AMEDI enumera principios considerados como esenciales que debería contener una reforma integral de medios. Entre ellos: 1.-“Una perspectiva transversal de derechos humanos que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información, de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos internacionales. 2.-“Una ley convergente visionaria que integre y regule todos los servicios, tecnologías y plataformas de distribución de servicios de telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la banda ancha. 3.-“Creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales con autonomía constitucional”. La formación de este órgano
regulador se planteó desde el sexenio pasado en varias propuestas de reforma legislativa, incluyendo la redactada por el Grupo Plural de la reforma de medios en el Senado de la República. Simplemente se quedó en la congeladora legislativa. 4.-“Definir las telecomunicaciones como servicio público, incluidas las señales radiodifundidas y la banda ancha”. Al hacerlo, el Estado debe evitar fenómenos de concentración y de monopolios, tal como lo establece el artículo 28 constitucional. 5.-“Crear una Comisión Nacional de Banda Ancha que diseñe políticas públicas y coordine los trabajos de la Agenda Digital que haga valer el servicio público de banda ancha con calidad (velocidad) y conduzca al país hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento”. 6.-“Garantizar el servicio público universal y gratuito de radiodifusión independientemente de su plataforma de transmisión”, en otras palabras garantizar el must carry y el must offer de manera gratuitas. 7.-“Homologar concesiones y crear licencias únicas para la prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones. Sólo existirá la figura de concesión para tres tipos de uso: comercial, público estatal, y social”. Esta propuesta también quedó “congelada” en varias iniciativas de ley desde el sexenio pasado. 8.-Fomento y reconocimiento a los medios públicos de Estado. El gran tema ausente en el Pacto por México. La AMEDI propone que “las frecuencias disponibles para televisión abierta también se destinen para un sistema nacional de televisión pública, manejado por un organismo con autonomía respeto del gobierno”. 9.-“Reglas de dominancia en todos los servicios y mercados para evitar procesos de concentración que atenten contra la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad y el bienestar de los usuarios de servicios de telecomunicaciones como telefonía fija y móvil, televisión restringida, banda ancha y radiodifusión”. 10.-Inversión extranjera directa al cien por ciento en telecomunicaciones y radiodifusión. Esto implicaría romper el límite de un máximo de 49 por ciento de propiedad accionaria en sistemas de televisión y radio. 11.-Publicidad equilibrada y respeto a contenidos audiovisuales. Se evitará la publicidad engañosa o subrepticia. En este punto, la AMEDI no propone la prohibición de la llamada “publicidad integrada”, es decir, los llamados infomerciales políticos o la compra simulada de espacios en medios electrónicos y digitales que se convirtieron en el punto medular de la relación irregular y los contratos entre Peña Nieto y Televisa.
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www.homozapping.com.mx @jenarovillamil
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La reacción de las empresas Frente a esta serie de propuestas, promesas y recomendaciones, lo más indicativo es el silencio de los grandes gigantes del sector: Grupo Televisa y Telmex. En declaraciones a la agencia Bloomberg, Carlos Slim afirmó que se necesitan “regulaciones que estimulen la inversión, que promuevan la cobertura y la competencia
en todos los servicios… No necesitamos regulaciones que únicamente penalizan a las compañías por su tamaño”. Al buen entendedor, pocas palabras. La reacción de Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, surgió a través de su cuenta de Twitter: “Sobre el recién firmado Pacto por México, celebro la apertura y mayor competencia en telecomunicaciones y Tv (Compromisos 37 al 45)”. Otros grupos importantes en el sector de las telecomunicaciones, como MVS, que culminaron en una confrontación directa con el gobierno de Calderón, y con Televisa, han sido más cautelosos. El nuevo titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó en su primera conferencia de prensa que revisará el litigio pendiente sobre los refrendos en la banda 2.5Ghz. Otros actores muy importantes del sector han aprovechado la promoción del Pacto por México para demandar cambios específicos. El vicepresidente de Nextel, Gustavo Cantú Durán, pidió “un esquema fiscal pensado para impulsar de manera decisiva las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, ya que por cada 10 puntos de crecimiento en penetración de la banda ancha puede incrementarse hasta 1.4 por ciento el PIB. Nextel se asoció con Grupo Televisa en la polémica Licitación 21 para obtener 30 megahertz de la banda 1.7Ghz. Una de las principales críticas que se generó en esta licitación fueron los favores fiscales que precisamente acordó el Congreso en materia de pago de derechos. Televisa rompió su sociedad con Nextel de manera unilateral para irse al otro lado de la ecuación: asociarse con Iusacell, la compañía que más litigios promovió en contra de la Licitación 21. Juan Abellán, el presidente de Grupo Telefónica, el rival más fuerte de Telcel y América Móvil en México y toda la región latinoamericana, afirmó el 16 de diciembre que “existe todo un contexto para que en este gobierno cambie el sector de telecomunicaciones. El Convenio Marco de Interconexión, informes externos como el de la OCDE y el apoyo de los operadores para ayudar y seguir adelante, para que México sea el país que tiene que ser en telecomunicaciones”. El optimismo de la empresa de origen español tiene dos objetivos: lograr una parte del espectro que se licitará en la banda 700 Mhz para los servicios de cuádruple play y presionar a Telmex para la firma del Convenio Marco de Interconexión.
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Desde otro enfoque, quienes también han reaccionado son los sectores más vinculados con las telecomunicaciones y la transformación digital. La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) y el Tecnológico de Monterrey elaboraron un compendio de recomendaciones, pero también criticaron la falta de un proyecto unificado de política digital, tanto a nivel Ejecutivo como Legislativo. “Encontramos una dispersión en los esfuerzos; hubo 300 iniciativas legislativas que se quedaron pendientes en materia de reformas de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) y telecomunicaciones lo que afecta la seguridad jurídica, desarrollo e innovación”, afirmó María Elena Meneses, directora el Centro de Estudios sobre Internet y Sociedad (CEIS), del Tecnológico de Monterrey (Reforma, 14 de diciembre 2012, p. 9). El estudio de Amipci y del TEC también desarrolla una serie de recomendaciones. Entre las más importantes: 1.-Proyecto de una entidad coordinadora del Programa de Desarrollo Digital Nacional que dé seguimiento a las propuestas. 2.-Programa de innovación de Tecnologías de la Información, mediante el desarrollo del capital humano especializado, a través de la cooperación internacional e intercambio del know how. 3.-Programas de conectividad para eliminar la brecha digital. Incluyendo, programas de conectividad de la red educacional, de apoyo al sector agropecuario, incorporarlo al Plan Nacional de Vivienda para desarrollar infraestructura para todas las nuevas viviendas mexicanas, vincularlo al sector educativo para desarrollar la educación técnica y habilidades matemáticas a nivel secundaria y bachillerato.
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