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nte la inminente reglamentación de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, varios especialistas nos dijeron qué aspectos sustanciales deben incorporarse en esa legislación.
En una reglamentación de la reforma constitucional reciente tiene que haber normas para el órgano regulador, atribuciones de los nuevos comisionados, derechos de la sociedad como el derecho de réplica, el derecho a la vida privada o a la imagen propia. Es decir, no debe faltar la participación de la sociedad, ante el escaso interés de la clase política para moderar los apetitos siempre desbocados e inevitablemente presentes de las corporaciones mediáticas.
Certeza jurídica a medios públicos: Graciela Ramírez, productora de Radio Educación
“Ampliar y garantizar derechos de audiencias”: Javier Esteinou Madrid, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Considero que hay grandes avances con esta reforma, pero hace falta especificar muchas cuestiones relacionadas con el funcionamiento
Es fundamental que no se margine a los medios de servicio público, puesto que eso le da un giro de 180 grados al sistema de medios. Será
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“Prioritario que se imponga la sociedad”: Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM)
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Es necesario que esta ley reglamente los derechos de las mujeres en términos de garantizarles su derecho a la información y el derecho humano a la comunicación. Desde esta perspectiva, es fundamental que la ley transversalice la perspectiva de género. Esto se traduciría en que, desde la ley reglamentaria, se garantice una composición paritaria en los órganos reguladores, algo inexistente en la legislación hasta ahora. Hubo una modificación sustantiva sobre los contenidos mediáticos a partir de todo lo que han evidenciado investigaciones, que tienen como línea la discriminación y la violencia contra las mujeres; desde la publicidad, programas televisivos y radiofónicos, entre otros. Por lo que otra de las cosas que hay que garantizar, es el acceso y la participación de las mujeres en todas las industrias culturales, partiendo de la equidad de género. Otro de los aspectos primordiales es el correspondiente a una educación para los medios, que permita la participación de instituciones como la Secretaría de Educación Pública, con la garantía de promover la perspectiva de género en sus programas educativos y desde el nivel preescolar. Las académicas hemos elaborado diferentes propuestas, la más completa fue presentada por la Red de Investigadoras por la Libertad de las Mujeres ante el Senado de la República en 2008, en la cual puntualizamos lo necesario para garantizar esta transversalidad de la ley reglamentaria con perspectiva de género.
de los medios públicos. En principio, es un avance que haya quedado establecido que todos van a operar concesiones, sociales y públicas; por lo que uno de los aspectos que deberán reglamentarse, es cómo se va a garantizar realmente la independencia y autonomía de gestión que plantea la reforma, por ejemplo, cómo se va a lograr la participación de la sociedad civil en los diferentes órganos administrativos de los medios públicos. En cuanto a las opciones de financiamiento, no tenemos claro qué tanto se podrá comercializar, quiénes se van a poder anunciar y qué porcentaje de anuncios puede haber en la programación. Esto tiene que quedar claro para que los medios públicos no se desvíen de sus objetivos por andar buscando financiamiento. También hace falta que se clarifique, cómo se va a constituir un organismo público de radio y televisión; se ha dicho que tendrá autonomía técnica y operativa; el problema es que todavía pertenece a la Secretaría de Gobernación. Haría falta ver cómo se va a conformar su consejo ciudadano y bajo qué condiciones. Hasta ahora se ha manejado que serán cargos honorarios, mientras que en el IFETEL se les ha asignado un pago muy alto a quienes queden como comisionados, lo cual puede implicar que quizá su funcionamiento no sea el adecuado.
TELECOMUNICACIONES
Temas que no deben quedar fuera de las leyes secundarias; especialistas
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necesario que se conviertan realmente en medios para el servicio público y que no queden como medios gubernamentales, de lo contario no habría ningún avance. Otro aspecto son los derechos de las audiencias, que deberán ser ampliados y garantizados, para que este tema que quedó muy vago en la reforma constitucional, pueda ser legislado a cabalidad. Otros aspectos prioritarios son la reglamentación del derecho de réplica y la precisión con respecto a cómo delimitar la resistencia de monopolios, para que se tome en cuenta la cobertura y no solamente la inversión.
“Límites a la concentración y definir preponderancia”: Agustín Ramírez Ramírez, coordinador jurídico de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Hay tres aspectos que son fundamentales y no deben de estar fuera de la legislación secundaria. El primero de ellos se refiere a los límites en la concentración, una de las atribuciones más importantes con las que contará el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, misma que ya se indica en el artículo 28 de la Constitución. Es un tema trascendente, porque implica que la autoridad reguladora tendrá que establecer cuáles son aquellos operadores que deben desinvertir, conforme al marco normativo vigente. Es un tema nuevo, ni siquiera la anterior Comisión Federal de Competencia había llevado una regulación de esta naturaleza, implica también la necesidad de evaluar hasta dónde los operadores de telecomunicaciones deben mantener ciertos límites, pongo un ejemplo, si hablamos de frecuencias como las de Televisa y Televisión Azteca, se les deben imponer límites. Si la primera tiene actualmente cuatro concesiones para operar radiodifusión o televisión abierta, estos límites tendrán que disminuir su capacidad y ordenar una desinversión. El segundo aspecto es la preponderancia, este concepto también se introdujo en la Constitución, pero no queda claro si va a ser de forma permanente o transitoria con el efecto de regular, o si se va a sustituir en la nueva legislación. Desde mi punto de vista, considero que deben quedar ambos para que no siga la dominancia. Un último punto que me parece fundamental, es que la ley tenga un catalogo muy claro de los derechos de las audiencias, en este tema no ha habido regulación y al reconocer estos derechos debemos ser muy precisos, para que las audiencias sepan hasta donde llegan los límites de los concesionarios de radio y televisión.
“Democratizar servicios y garantizar derechos”: Graciela Bernal Loaiza, presidenta del Capítulo Jalisco de la AMEDI. La Ley secundaria tiene que considerar como principios rectores los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna. Por ello, deberá establecer reglas claras y democráticas, para el acceso y participación de diversos grupos sociales en medios de información; establecer los derechos de las audiencias y los mecanismos efectivos para garantizarlos. Democratizar los servicios y precios de las telecomunicaciones, lo cuales, tendrán que ser de calidad y con cobertura para todos; respetar los derechos humanos en el tratamiento y orientación de contenidos en los diferentes medios; promover una oferta plural, que ofrezca visiones y versiones sobre la realidad social, política, cultural y económica del país, y del mundo. También deberá establecer reglas claras y precisas sobre la publicidad comercial y gubernamental; proteger y fomentar el desarrollo de las radiodifusoras comunitarias e indígenas. Se requiere de leyes que establezcan reglas del juego claras, con capacidad para impulsar la riqueza sociocultural del país, que se apeguen a la capacidad de participación y debate de la sociedad.
“Necesario darle rumbo a la industria”: Alejandro Mayagoitia, presidente de la Asociación Nacional de Servicios Inalámbricos de Telecomunicaciones (ANSITEL). Las leyes secundarias siempre han sido confusas, incompletas, contradictorias y ambiguas; el hecho de que se haya reformado la Constitución, no implica que esas cosas se arreglen, ni las confusiones, ni los errores, ni las ambigüedades. No hay que esperar otra cosa más que confusión, ambigüedad y más abusos, es todo lo que se puede esperar. Habría que tener un plan de desarrollo para la industria y en congruencia con dicho plan, una proyección para los próximos 20 años, con la prioridad que debe tener esto para el país. Además de la Constitución, habrá contradicciones en todo lo demás. Con esa falta de profesionalismo y de interés por la industria, ¿qué se puede esperar? Son sólo buenas intenciones y nada de hechos. No hay de dónde agarrarse, ni una base razonable para pensar que los cambios constitucionales, pensados en causar la impresión de que el gobierno federal es muy poderoso y le da manotazos a Televisa y a Carlos Slim, cuando no se trata de darle manotazos a nadie, sino de darle rumbo a la industria.
“Certidumbre a medios públicos”: Lenin Martell Gámez, profesor de la (UAEM).
Un aspecto que no debe faltar es el desarrollo del concepto de servicio público, ese es un eje fundamental para esta reforma, por lo que tiene que desarrollarse, expresarse y plasmarse en las leyes secundarias de los diferentes temas, según corresponda. Hablar de servicio público en México, es referirse a un nuevo modelo de medios, en el cual, el interés público sea el primer punto a tocar. De modo que tiene que reflejarse en el acceso universal a internet; en los medios que han sido llamados públicos, y que hasta ahora sólo han fungido como medios gubernamentales. Es la oportunidad, es el momento de convertirlos en auténticos medios públicos. También hay que acotar la publicidad en los medios electrónicos, que desborda y excede los límites que permitirían a las audiencias tener una percepción completa de los programas, sin interrupciones constantes, ni bloques de anuncios que impiden apreciar las emisiones.
Lo que no debe faltar y debe estar claramente expresado en la legislación secundaria, son los derechos de las audiencias. Si no se incorporan a los ciudadanos y a las audiencias con sus derechos a tener contenidos dignos, al derecho a la información, a la réplica, al sano esparcimiento, para tener televisión, radiodifusión y también telecomunicaciones; que apuesten por la dignidad de los usuarios y del televidente. De lo contrario la legislación secundaria será simple y sencillamente una ley para empresas y corporativos, sin que estén incorporados los ciudadanos.
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“Servicio público y regulación publicitaria”: Alma Rosa Alva de la Selva, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM).
“Imprescindible incorporar derechos de las audiencias”: Jenaro Villamil, periodista y colaborador de revista Zócalo.
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Hay varios temas que forzosamente deben estar, por ejemplo: qué va a pasar con la radio y la televisión pública, las telecomunicaciones, el cine, los derechos de autor, los monopolios, la protección de quienes defienden los derechos humanos, la inversión externa, entre otros aspectos. Con respecto a los medios públicos, tiene que quedar claro, qué se va a hacer exactamente con las producciones independientes, cómo va a operar el organismo público del que se está hablando para aglutinar a todos los medios públicos, qué va a pasar con la radiodifusión estatal, cómo va a funcionar un órgano mayor a nivel federal, y cómo se van a financiar estos medios, de modo que puedan contar con un poco más de autonomía real con respecto del gobierno.
Además las leyes secundarias tienen que reglamentar un aspecto central, que son los derechos de las audiencias, esos que en México parecían no existir hasta ahora y que es otro de los grandes compromisos, por lo que tiene que ser una ley convergente y reitero, con la noción de servicio público como eje rector.
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Sólo basta con ver el desbarajuste que se ha hecho en la designación de los siete comisionados de la CFCE, por decir lo menos, es gente que viene de donde mismo, de la COFECO o Cofetel. ¿Cómo esperan obtener otros resultados poniendo ahí a esa gente? Dicen que la definición de locura era esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Hombres más, hombres menos, y no le quito mérito al trabajo que hacen algunos, o al esfuerzo y buena voluntad, pero la intención del gobierno federal no es un cambio de fondo.
“Leyes que reflejen la pluralidad social”: Graciela Martínez, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). En primera instancia se requiere una definición puntual de lo que significa el servicio público audiovisual, pues ahí hay ambigüedad en torno al concepto de pluralidad. Cuando se habla de pluralidad en la esfera del servicio público, se refieren a pluralidad social, y la pregunta es si todos los grupos sociales tendrán cabida, es decir, pluralidad técnica, informativa y sobre todo la independencia editorial, es ahí donde me parece que el concepto de pluralidad debe ser trabajado de forma sustantiva y profunda en esta etapa de la reforma. Otra de las cuestiones que se deben puntualizar es la referente a los medios comunitarios. Es cierto que se han incluido en el pasado, pero de forma ambigua. Actualmente, el concepto de medio comunitario se está transformando, al mismo tiempo que se reflexiona el asunto, se analiza la forma de trabajar el propio concepto en todo el mundo, particularmente en México. Por ejemplo, las necesidades de la gente de Oaxaca, de Guerrero y Zacatecas; se están dejando de lado, porque se están yendo por la parte de lo superficial y no se aterriza con las necesidades locales, asuntos de vital importancia, por lo que se debe trabajar en ellos.
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