Contenido
MESA DE REDACCIÓN
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Legislar sin legislar
CARTÓN DE HERNÁNDEZ
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Contacto alternativamedios@prodigy.com.mx En Internet http://www.revistazocalo.com.mx http://www.revistazocalo.blogspot.com 2
Calderonlandia
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PARA SEGUIRLES LA PISTA
LEGISLACIÓN
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Portada Muchas iniciativas, ninguna Ley de Medios Jorge Bravo
MEDIOS
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Cuando la política es un viaje sin brújula Raúl Trejo Delarbre
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Impulsar Ley de Medios: Amedi Jalisco Cristina Romo
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El trueque: la cabeza de Creel Jenaro Villamil
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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Registro de periodistas agraviados Rogelio Hernández
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26
Periodistas piden asilo
Zócalo
Cómo se miden las agresiones a la libertad de prensa
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Libertad de expresión en riesgo
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Matan a demasiados periodistas: CPJ
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México, país de impunidad: Cacho Jorge Bravo
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Violencia y censura contra informadores Jaime Cárdenas
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México, a juicio por reprimir opinión de magistrada José Reveles
Director General Carlos Padilla Ríos Edición José Bravo Investigación y transparencia Carolina Pacheco Luna Corrección Jaime Morales M. Diseño Marco Antonio Monter y Martín Martínez H. Fotografía Cuartoscuro
Imágenes de portada Cuartoscuro y Flickr Edición de imagen Jimena Pérez Vázquez, Ana M. Bustamante Caricaturista Hernández, Luy, Kemchs, Lezama, Gallut Reporteros Balbina Flores Martínez, Ricardo Martínez, Primavera Téllez Girón, Atziri Ávila, Joaquín Castro Colaboradores Luis Miguel Carriedo, Graciela Ramírez, Gabriel Sosa Plata, Jorge Meléndez, Pablo
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Aquel julio de 1976 Luis Alberto García TRANSPARENCIA
36 IFAI, ¿elefante blanco? Carolina Pacheco Luna 41
Partidos, sujetos obligados en el DF Miriam A. Flores
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Deficiencias en el acceso a la información Carolina Pacheco Luna
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… y reprueban en la web Miriam A. Flores
SEGURIDAD
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Recuento del miedo en el país José Reveles
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ENTREVISTA 48
Al poder le incomoda la independencia: Carlos Mendoza Joaquín Castro
DISCRIMINACIÓN
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Coletazo mediático a emos Antonio Medina
MEDIOS PÚBLICOS
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Sistema morelense, rehén del Ejecutivo y Legislativo Juan Pablo Picazo
INTERNACIONAL
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Chávez y periodistas de Globovisión enfrentados en la CIDH Ricardo Martínez Martínez
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Concentración de medios anula democracia: Bifo joaquín Castro
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Incapacidad para investigar crímenes: Misión Balbina Flores Martínez
Arredondo, Francisco Hernández Lomelí, Andrés De Luna, Víctor Becerril, Jorge Pulido, Raúl Valencia, José Luis Durán King, Agustín Pineda, Claudia Benassini, Naief Yehya, Antonio Medina, Raúl Trejo Delarbre, Elvira García, César Amador, Beatriz Mojica Auxiliares de Redacción Marisol Sarabia, Elvia Velézquez, Carla Janeth Morales Comité de Redacción Beatriz Solís, Javier Corral Jurado, Jenaro Villamil, José Reveles,Rogelio Hernández López.
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Consejo Editorial Alma Rosa Alva De La Selva, Javier Esteinou, María Victoria Llamas (†), Carlos Mendoza López, Jorge Meléndez, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza (†), Octavio Islas Carmona. Publicidad Claudia Carina Flores Días Circulación y distribución Saúl Aguilar Mendoza y Aldegundo de la Cruz Secretaria Concepción Villegas Monitoreo Medialog
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Zócalo, comunicación, política y sociedad Es una publicación mensual editada en México DF., por Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V., Reserva exclusiva título núm. 04–2000–090816141800–102, Número de certificado licitud de título 12280. Número de certificado de licitud de contenido 8943. Número ISSN 1665– 8698. Domicilio:Calzada México Tacuba 235 cuarto piso, colonia Popotla, delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 53416590 y 53416597, alternativamedios@prodigy.com.mx, periodicozocalo@hotmail.com. Internet: www.revistazocalo.com.mx. Impreso en los talleres de Moiño Impresores, S.A. de C.V. Domicilio: Gumersindo Esquer 90, col. Ampliación Esturias, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06890, México, D.F. Precio por ejemplar: 20 pesos Suscripción anual: 250 pesos por 12 números Distribución: Publicaciones CITEM, S. A. de C.V. Tel.: 52380200. En Sanborns en toda la república. EDUCAL, S.A. de C.V. Tel: 53544037, 53562815. En el Distrito Federal, Edo. de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero.
Comunicación • Política • Sociedad
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Legislación
Muchas iniciativas, ninguna Ley de Medios Germán Romero, Cuartoscuro
Jorge Bravo
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urante el lapso que permaneció instalado el Grupo Plural del Senado –7 de septiembre de 2007 al 30 de abril de 2008– se presentaron en el Congreso de la Unión 34 iniciativas (14 en la Cámara de Diputados y 20 en la de Senadores) para reformar la Constitución, las leyes federales de radio, televisión y de telecomunicaciones. Esas 34 iniciativas se presentaron al Congreso como trabajo legislativo paralelo al que desempeñaban los 19 senadores que integraron el Grupo Plural. En el caso del Senado de la República, algunos de los promotores de las iniciativas pertenecían al propio Grupo Plural. Lo anterior sin mencionar otras 27 iniciativas presentadas al Congreso que tienen que ver con algún aspecto de los medios de comunicación: cinematografía, transparencia gubernamental, publicidad, derechos de los consumidores, entre otros temas. En total suman 61 iniciativas de ley o proyectos de decreto
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para reformar la Constitución y/o leyes relacionadas directa o indirectamente con la comunicación social, la radiodifusión y las telecomunicaciones. Algunas de las propuestas son modificaciones o adiciones de carácter técnico o de procedimientos; otras, en cambio, son proyectos de ley completos o reformas de fondo a algunos artículos de la Carta Magna. Después de una revisión a las gacetas parlamentarias del Congreso de la Unión durante el lapso mencionado, pudo corroborarse no sólo el cúmulo de iniciativas adicionales al trabajo del Grupo Plural, sino la duplicación de labores legislativas, la descoordinación entre ambas cámaras e incluso la contradicción de posturas dentro de un mismo partido. En todo caso, ninguna de las 34 iniciativas fue dictaminada y mucho menos aprobada.
¿Estrategia antilegislativa?
La profusión de iniciativas sobre distintos aspectos relacionados con los medios de comunicación es un reflejo de
la importancia y la imperiosa necesidad de legislar en la materia. Sin embargo, también puede interpretarse –según palabras de Javier Corral, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información– como una estrategia antilegislativa para no proponer ante el Pleno una iniciativa integral de Ley de Medios. Se trata de “muchas iniciativas y ninguna Ley de Medios”. Para Carlos Sotelo (PRD), presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, está buscándose un consenso entre todos los partidos para presentar la iniciativa en septiembre, “ya Zócalo que no hay condiciones políticas” en los periodos de receso y extraordinario. Reveló que todas las iniciativas fueron turnadas al Grupo Plural para ser consideradas en los trabajos de elaboración de una posible iniciativa. Considera que no se trata de una estrategia deliberada sino de “una actuación dubitativa y oscilante del Congreso, principalmente de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN”, en cuyo seno “exhiben contradicciones”. El problema radica –señala– en “la dificultad de un poder intervenido por el interés particular de algunas corporaciones y al cual se prestan no pocos legisladores”. Además de una posible estrategia antilegislativa, de las presiones de las empresas de comunicación, del trabajo de zapa de algunos legisladores que representan los intereses de las televisoras y del temor que aún prevalece en algunos, debe mencionarse que la resolución de la SCJN –que declaró inconstitucionales algunos artículos de la llamada Ley Televisa– no ordena ni conmina de manera explícita
dad
ni establece plazos para ajustar las leyes federales de radio, televisión y telecomunicaciones, elaborar una iniciativa, presentar un dictamen y, en su caso, aprobarlo. Aun desmontada en sus artículos fundamentales, la Ley Televisa y el resto de la legislación en la materia está vigente. Lo que resta –dice el senador Sotelo– es “insistir y presentar la iniciativa en septiembre con o sin consenso”. Pareciera que los legisladores están dejando pasar el tiempo y las condiciones que crearon con la aprobación de la reforma electoral para legislar en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Todo ello en detrimento de un sistema de comunicación democrático, plural e incluyente.
Fracaso legislativo y fuego amigo
El 7 de septiembre de 2007 se instaló formalmente en el Senado de la República el Grupo Plural para la Revisión de la Legislación en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Quedó integrado por 19 legisladores de todos los partidos con representación en esa Cámara. Según consta en el Programa de trabajo del 21 de agosto de 2007, antes de que concluyeran los trabajos del Grupo Plural (30 de abril de 2008) debía presentarse al Pleno del Senado “una iniciativa de modificaciones al marco legal que rige las telecomunicaciones y la radiodifusión”. No ocurrió así. El Grupo Plural fracasó en dos sentidos: 1) al no cumplir el objetivo fundamental para el cual fue creado (proponer una iniciativa de Ley de Medios) y 2) al no dar respuesta satisfactoria a la sentencia dictada por la SCJN. Tanto el Grupo Plural como su Secretaría Técnica (a cargo de Julio DiBella, ex director de Canal Once) se limitaron a presentar sendos informes finales, sin que hayan propuesto la iniciativa para una nueva Ley de Medios. Uno de esos documentos es el denominado Sistematización y análisis documental para la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que reúne propuestas,
conclusiones y consensos en torno a los principales elementos que debe recuperar una Ley de Medios, después de las sesiones de trabajo con organismos, instituciones y sociedad civil. Iniciativas de medios presentadas al Congreso Senadores Diputados Total Porcentaje Iniciativas PRI PT PAN PRD PVEM Nueva Alianza Comisiones
14 4 1 3 2 2 0 2
20 3 1 7 5 0 2 2
34 7 2 10 7 2 2
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100 20.59 5.88 29.41 20.59 5.88 5.88 11.76
Fuente: Gacetas parlamentarias
De llamar la atención fue el profuso trabajo parlamentario paralelo al del Grupo Plural en las cámaras de Diputados y Senadores. Si bien los legisladores tienen el derecho de iniciar o desechar leyes y decretos (como los faculta el artículo 71 constitucional), es de suponer que la integración de un grupo de trabajo legislativo –integrado por todos los Grupos Parlamentarios con base en principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión– es el espacio idóneo para llegar a acuerdos y proponer una iniciativa de ley con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Sobre todo tratándose de un tema (la Ley de Medios) largamente pospuesto y obstruido en el Congreso por los propios legisladores y concesionarios de la radio y la televisión. De las 34 iniciativas presentadas en el Congreso, diez fueron del PAN (29.41%); siete del PRI y el PRD, cada uno (20.59%); cuatro fueron presentadas por Comisiones (11.76%); y dos más por el PVEM, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, cada uno (5.88%) (tabla 1). En promedio se presentaron al Congreso 4.25 iniciativas sobre medios de comunicación por mes, de septiembre de 2007 a abril de 2008. La cifra no es menor si se considera que, según un documento del Senado, de 2000 a 2006 se
presentaron 45 iniciativas de reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión (grafica 1). Algunas propuestas se refieren a aspectos técnicos y de procedimientos; otras, en cambio, son proyectos de ley formales, con la debida investigación y sustentación. Algunas iniciativas están planteadas en sentido democrático y sin duda representan un avance –con el defecto de no ser integrales– en materia de medios de comunicación; sin embargo, otras disposiciones son francamente regresivas, atentan contra el servicio público o bien benefician de manera casi exclusiva a los concesionarios privados. En todo caso se requiere del debate que enriquezca las aportaciones, para lo cual se conformó, precisamente, el Grupo Plural: para recibir propuestas, entablar un diálogo y elaborar una iniciativa de ley. Las propuestas de los legisladores de ambas cámaras del Congreso no dejan de ser parciales, en lugar de abordar el tema de los medios desde una perspectiva integral. Como se verá a continuación, legislan sobre temas de interconexión, registro de usuarios de telefonía, órgano regulador, discriminación, medios públicos y comunitarios, contenidos de la publicidad, derecho de réplica y medios para grupos y comunidades indígenas.
Iniciativas de los senadores
•Adolfo Toledo Infanzón (PRI) propuso la asignación, por parte del Ejecutivo Federal, de una frecuencia para que el Congreso de la Unión opere una estación de radio. En ese mismo sentido es la iniciativa de Alejandro González Yánez, quien propone adicionar el artículo 13 de la LFRT; así como el proyecto de decreto de Francisco Agundis Arias (PVEM) a través de la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso. •Guillermo Tamborrel Suárez et al. (PAN) proponen que las personas con discapacidad y adultas mayores que carezcan o sea parcial su sensibilidad visual 9
Legislación Iniciativas a la LFRT presentadas al Congreso
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 45 Fuente: Senado
o auditiva tengan acceso a la radio y televisión en igualdad de condiciones. Para ello el Ejecutivo deberá dictar y vigilar que se implementen las tecnologías que permitan a tales personas acceder al contenido de los medios electrónicos. Los programas deberán respetar y promover los derechos de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. •Carlos Sotelo y Valentina Batres (PRD) elaboraron un proyecto ampliamente sustentado para expedir una ley que regule la publicidad del Estado. La iniciativa establece mecanismos de distribución, asignación, contratación e información de publicidad del Estado sobre criterios de equidad, objetividad y transparencia, a nivel federal, estatal y municipal. •Mario López Valdez y Ángel Heladio Aguirre Rivero (PRI) proponen adicionar, reformar y derogar distintas disposiciones de la LFRT. En sus puntos medulares establecen que los concesionarios y permisionarios implanten las tecnologías que determine el Ejecutivo para la transmisión de señales de radiodifusión en los términos y plazos que se dispongan. También contempla la asignación de FM a radiodifusoras de AM, adicional al título de concesión o permiso, la cual podrá traspasarse tres años después de haber sido obtenida. Las concesiones de radio
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y televisión se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas por plazos iguales. Finalmente, incorporan a la LFRT el mismo párrafo que sobre el derecho de réplica se encuentra en el RLFRT. •Varias iniciativas proponen reformar el artículo 13 de la LFRT para incluir a los pueblos y comunidades indígenas entre las figuras que pueden recibir permiso para operar estaciones de radio y televisión. Es el caso de la mencionada iniciativa de López Valdez y Aguirre Rivero, pero también la de Ludivina Menchaca Castellanos (PVEM). •Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado proponen reformar la LFRT para hacer más explícita la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las emisiones de radio y televisión también incluirán en su programación diaria información sobre salud. Las transmisiones evitarán influencias nocivas sobre el consumo de drogas, tabaco y alcohol, así como impulsar programas de prevención, tratamiento y rehabilitación en materia de adicciones y proveer información sobre ellas. •Alejandro Zapata Perogordo (PAN) propuso reglamentar el artículo 6º constitucional en materia de derecho de réplica. En el mismo sentido lo hizo el Grupo Parlamentario del PVEM, a través de la figura del Defensor de Audiencia (ver Zócalo 100). •David Jiménez Rumbo y Héctor Miguel Bautista López (PRD) ofrecen un proyecto de decreto integral –con reformas constitucionales y cambios a diversas leyes secundarias– tendientes a expedir una legislación de medios públicos de radiodifusión. La iniciativa reconoce las figuras de medios públicos y comunitarios. El objetivo de la ley es regular la integración, organización y funcionamiento de la Comisión para la Pluralidad y Apertura de los Medios Públicos de Radiodifusión y de los medios públicos federales. La propuesta establece financiamiento mixto (presupuesto público y comercialización); la Comisión asignará de manera
directa las señales de radio y televisión (elimina las figuras de concesión y permiso); obliga a los medios públicos a contar con Defensor de Audiencia, Código de Ética, la integración de Comités Editoriales y poner a disposición de los Grupos Parlamentarios 10 por ciento de su tiempo diario de transmisión. La Comisión para la Pluralidad y Apertura de los Medios Públicos de Radiodifusión sería la máxima instancia con autonomía técnica y de gestión. Estará integrada por una Junta Directiva (cuyos miembros saldrán de los Grupos Parlamentarios) y un Comisionado; un Órgano de Consulta cuya atribución es opinar y asesorar sobre las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión; así como un Órgano de Vigilancia y Control. •Francisco Arroyo Vieyra, Ángel Heladio Aguirre Rivero y Raúl José Mejía González (PRI) también reconocen a los medios públicos y a las estaciones co- Zócalo munitarias en el artículo 13 de la LFRT. Sólo autoriza la obtención de patrocinios para la transmisión de programas. •Marko Antonio Cortés Mendoza (PAN) elaboró una iniciativa con proyecto de ley sobre la libertad de conciencia de los profesionales de la información. Posibilita al profesional a terminar su relación laboral cuando el patrón realice un cambio sustancial en la política editorial o cuando, sin su consentimiento, ordene un cambio de funciones. En ambos casos tendrá derecho a una indemnización. Todo profesional podrá negarse, con causa justificada, a participar en la elaboración de investigaciones, difusión de noticias o cualquier otra contraria al orden público, derechos de terceros, implique sanción o discriminación. •Renán Cleomino Zoreda Novelo (PRI) propone reformar el artículo 28 constitucional para adicionar las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TICs) como áreas prioritarias para el desarrollo nacional; el Estado
ejercerá su rectoría y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio. La iniciativa dispone expedir la legislación del Instituto Nacional de los Medios Públicos de Radiodifusión, un organismo descentralizado y no sectorizado, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión. Los órganos de dirección y administración estarán integrados por una Junta de Gobierno, el Director General, un Comité Editorial y los Órganos de Vigilancia y Control.
Iniciativas de los diputados
•Rodolfo Solís Parga (PT) también propone reformar el artículo 13 de la LFRT para que al Congreso de la Unión le sea asignada una frecuencia para operar una estación de radio. •Los diputados José Antonio Díaz, Dora Alicia Martínez y Rocío del Carmen Morgan proponen reglamentar el derecho de réplica contemplado en el artículo 6º constitucional (ver Zócalo 100). •Raymundo Cárdenas Hernández et al. (PRD) han propuesto una reforma a siete artículos de la Constitución para acatar la resolución de la SCJN. En sus puntos medulares, la iniciativa establece: 1. garantizar las condiciones técnicas y materiales para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, así como establecer procedimientos simplificados. 2. Que la educación que imparta el Estado garantice un acceso equitativo, libre y universal a los contenidos y tecnologías de la información para promover el conocimiento científico y cultural que permita insertar a la nación en las sociedades del conocimiento. 3. El Estado garantizará el derecho de toda persona para adquirir, operar y administrar medios de comunicación de interés social y sin fines de lucro. Asimismo, favorecerá sus condiciones técnicas y materiales. 4. No podrá restringirse el derecho de información por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de cualquier índole, otorgamiento de concesiones y permisos de frecuencias radioeléctricas y tecnologías utilizadas en la difusión de información, o por cualquier otra modalidad encaminada a impedir o a coartar la comunicación y circulación de ideas y opiniones. 5. Establece a las telecomunicaciones como área prioritaria para el desarrollo nacional. 6. Se crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones como organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Consejo –cuyos integrantes deberán ser designados por el Senado– tendrá a su cargo, entre otras cosas, el otorgamiento de concesiones y permisos para telecomunicaciones, regulación de contenidos y espacios para la difusión de programas. 7. El Congreso tendrá la facultad para legislar sobre uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, redes de telecomunicaciones y comunicación vía satélite. •Una iniciativa de los Grupos Parlamentarios del PRD, PRI, PT, Convergencia, Alternativa y Nueva Alianza buscan reformar tres artículos de la Carta Magna en materia de derechos indígenas. Entre otras cosas, especifican que los pueblos indígenas tienen el derecho de adquirir, operar y administrar medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, para los cuales tendrán independencia editorial y autonomía financiera para su operación. •Anuario Luis Herrera Solís (PT) reconoce la figura de estaciones de radio y televisión comunitarias. Especifica que para financiar la creación, mantenimiento y operación de las radios comunitarias, éstas podrán recibir patrocinios, subsidios y donativos. Además, deben conservar su carácter laico, apartidista y no perseguir fines de lucro. •La diputada Holly Matus Toledo (PRD) propone reformar el artículo 6º constitucional en el sentido de que la
manifestación de las ideas no reproduzcan los estereotipos de género y denigren la imagen de las mujeres y los hombres. En un sentido similar es la iniciativa de María Sofía Castro Romero (PAN), quien propone adicionar el artículo 5 de la LFRT para que las transmisiones gratuitas diarias en radio y televisión dedicadas a difundir temas educativos, culturales y de orientación social, también fomenten la eliminación de estereotipos en función del sexo. •Gerardo Octavio Vargas Landeros (PRI) pretende reformar y adicionar el artículo 59 Bis de la LFRT. Establece que no podrá transmitirse en el horario de programación dirigida a la población infantil contenidos que contengan lenguaje agresivo o intimidatorio; actos que causen un daño físico o la muerte; agresiones; connotaciones de tipo sexual; actos de racismo o discriminación, o cualquier otro contenido nocivo o perturbador para la niñez. •Efraín Morales Sánchez (PRD) pretende reformar la Ley General de Salud y la LFRT en materia de publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco. En lo que se refiere a la radio y la televisión, el legislador propone que los medios informen y orienten sobre los riesgos que representa para la salud el consumo de productos nocivos a la misma. Establece multas y sanciones a los radiodifusores que incumplan la normatividad. En un sentido más profundo es la iniciativa de Fernando Enrique Mayans Canabal (PRD). Busca regular el consumo y venta de bebidas alcohólicas. Las modificaciones al artículo 68 de la LFRT estipulan que los radiodifusores comerciales, al realizar la publicidad de cualquier bebida alcohólica, deberán abstenerse de cualquier exageración y alternarla con propaganda de educación higiénica y de mejoramiento de nutrición popular. En la difusión de ese tipo de publicidad no podrán emplearse menores de 18 años. •Lorena Martínez Rodríguez (PRI) propone prevenir la discriminación de las mujeres a través de los medios de comunicación. Comunicación • Política • Sociedad
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Legislación Mediante reformas a seis artículos de la LFRT pretende impulsar una cultura de equidad, igualdad, respeto y no discriminación entre mujeres y hombres. Al Instituto Nacional de las Mujeres competiría promover la transmisión de programas que fomenten todos los valores anteriores. Asimismo, vigilar que la transmisión de programas y la publicidad no contengan mensajes violentos, ofensivos o discriminatorios contra las mujeres. También establece una multa cuando se cometa algún acto de discriminación. •Irma Piñeyro Arias (Nueva Alianza) se ha expresado en el sentido de adecuar el artículo 21B de la LFRT para que se le otorguen permisos a los pueblos y comunidades indígenas para adquirir, operar y administrar “estaciones oficiales”. En otra iniciativa, la misma legisladora propuso reformar los artículos 3 y 60 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que los cobros que se realicen por los servicios prestados en telefonía móvil se apliquen por tiempo consumido. La unidad de medida para el cobro de la tarifa será el “segundo”. •Adriana Dávila Fernández et al. (PAN) formulan que en los convenios de interconexión deberá utilizarse el “segundo” como medida de tiempo para calcular la contraprestación económica por la prestación efectiva de los servicios de interconexión. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de calidad contratadas por los usuarios. •Francisco Javier Paredes Rodríguez y otros diputados del PAN proponen modificar el artículo 16 de la LFT para que en el procedimiento de licitación pública de redes de telecomunicaciones se establezcan mecanismos de desempate que deberán contar con la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia. •Óscar Gustavo Cárdenas Monroy (PRI) elaboró una iniciativa de decreto para reformar y adicionar el artículo 68 de la LFT. Propone que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones,
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Zócalo
en la prestación de servicios que requieran el uso de numeración asignada, deberán solicitar los datos mínimos de identificación de los usuarios, información que deberá remitirse a la Cofetel. Ésta deberá crear una base de datos con la información proporcionada por los concesionarios, la cual tendrá carácter confidencial. En el mismo tenor es la adición de dos párrafos a la LFT por parte de Francisco Javier Gudiño Ortiz (PAN). Los concesionarios, compañías u asociaciones de telefonía deben llevar un registro de los compradores mediante documento oficial. La base de datos deberá llevarla la Cofetel. Todos los dispositivos móviles deben ser registrados en el teléfono y vedarse la leyenda de número privado, para garantizar la seguridad de quien llame. •José Antonio Almazán González (PRD) propone reformar el artículo 7º de la LFT. Pretende que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro puedan arrendar sus redes de electricidad y telecomunicaciones a otras empresas oferentes de servicios de telefonía, Internet y televisión por cable. •Marco Heriberto Orozco Ruiz (PAN) busca reformar el artículo 68 de la LFT para que las compañías telefónicas estén obligadas a verificar la identidad del comprador de algún aparato telefónico o chip que contenga un número de telefonía móvil mediante copia de algún documento oficial. Dichos documentos serán remitidos mensualmente a la Cofetel para que integre una base de datos que permita identificar a los usuarios. Los datos serán confidenciales y sólo podrán ser usados cuando la autoridad competente lo solicite, derivado de alguna investigación criminal. Fernando Moctezuma Pereda (PRI) también se pronuncia por un registro de los usuarios de telefonía celular, así como deshabilitar el chip cuando el usuario informe la baja por robo o extravío del dispositivo celular.
Obstruccionismo, otra vez
El 28 de mayo el senador Ricardo García Cervantes (PAN) presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la LFRT. La propuesta se incluyó en los asuntos del Periodo de Sesiones Extraordinarias que convocó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para ajustar la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional en materia electoral. La iniciativa retoma los postulados constitucionales que entraron en vigor el 14 de noviembre de 2007 en cuanto al acceso de los partidos y las autoridades electorales a la radio y la televisión exclusivamente a través de los tiempos oficiales, y la prohibición del uso de propaganda gubernamental para la promoción personal de servidores públicos con fines proselitistas. Si bien la propuesta no hace sino trasladar los lineamientos que quedaron contemplados en la Carta Magna y en el Código Federal Electoral, al parecer los artículos 31 y 117 no les gustaron a los operadores de los medios electrónicos. Contemplan que en caso de “infracciones graves y sistemáticas” a las obligaciones que el Cofipe establece a los concesionarios y permisionarios, el Consejo General del IFE podrá solicitar por acuerdo fundado y motivado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revocación de la concesión o permiso. Y es que tanto Televisa como TV Azteca y Cadena Tres se han negado a transmitir las pautas ordenadas por el IFE (aunque después han cumplido), lo que, en caso de reincidir, podrían causar “infracciones graves y sistemáticas” y revocárseles la concesión. Hasta la fecha los concesionarios han interpuesto 20 amparos contra algunos artículos del Cofipe. Según el senador Carlos Sotelo (PRD), tanto el PRI como el PAN “frenaron” el dictamen de reformas a la LFRT y pidieron tiempo para analizarlo (La Jornada, 20 de junio). Por lo pronto, el tema de los medios de comunicación sigue sin legislarse.
dad
Cómo se miden las agresiones a la libertad de prensa
L
as organizaciones internacionales sobre libertad de prensa –como Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)– han desarrollado sus propias metodologías para investigar, documentar y clasificar las violaciones a la libertad de prensa. Para realizar esa tarea, cada organización aplica sus propios criterios y metodologías para clasificar agresiones desapariciones, amenazas, asesinatos, o algún otro tipo de presión contra los periodistas, lo que conduce en no pocas ocasiones a que las cifras varíen, aspecto que en ocasiones esgrimen, sin tener la razón, algunas autoridades federales para rechazar que México ocupa el segundo lugar en el mundo por el número de agresiones contra periodistas, sólo después del ocupado Irak. O bien la preocupante indiferencia de otros comunicadores que prefieren escribir de otros temas y evitar el “martirologio” del gremio, a pesar de la impunidad creciente en cada crimen que se comete. Por ejemplo, entre 2000 y 2008 la corresponsalía en México de RSF ha contabilizado el asesinato de 40 periodistas, más otros diez casos de comunicadores desaparecidos. Por su parte, el CPJ sólo suma 21 casos, más siete desapariciones. Por distintas razones, las organizaciones no necesariamente comparten la información. Los representantes o “corresponsales” de esas agrupaciones realizan sus propias indagaciones para conocer las circunstancias y el origen de las agresiones, el estado de las indagatorias (si éstas existen), además de precisar si las violaciones están relacionadas con el ejercicio periodístico. Independientemente de esas
variaciones, cualquier atentado a la libertad de expresión y de prensa debe ser motivo de rechazo y de seguimiento judicial para investigar, encontrar y sancionar a los responsables.
Mientras la estrategia de RSF consiste en primera instancia en llamar la atención de los medios de comunicación para que se conozcan los casos, CPJ procede a tomar nota, recabar información, clasificar los casos y posteriormente divulgarlos. Un factor por el cual no coinciden las cifras se debe a que CPJ no hace públicos los casos de periodistas o personal de los medios cuya muerte no está vinculada a su labor periodística.
Cómo mide RSF
Para recopilar y comprobar información, RSF se apoya en su red de corresponsales, principal fuente de información. Ésta busca ser lo más rigurosa, precisa y rápida posible. Para ello está en contacto permanente –los 365 días del año– con los corresponsales, cuyo trabajo consiste en informar sobre los atentados contra la libertad de prensa en su país. Deben hacerlo con prontitud, objetividad, sin tomar
partido y por escrito (lo más factual posible) para que RSF reaccione de inmediato ante las autoridades correspondientes. Los objetivos de RSF son 1) movilización por los periodistas encarcelados; 2) información a los medios sobre las violaciones a la libertad de prensa;3) ayuda a los medios que son víctimas de represión; 4) fomentar la reflexión sobre los problemas relacionados con la libertad de expresión e 5) intervenir ante las organizaciones internacionales. Cada vez que ocurra un atentado a la libertad de prensa, el corresponsal debe responder a las siguientes preguntas según la naturaleza del asunto: orientación política del periodista y del medio; origen geográfico del comunicador; direcciones de la familia del periodista y del medio donde labora; tipo de agresores (policía, militares, crimen organizado…). Asimismo, el corresponsal suministra información, datos y documentos (legislaciones) sobre el contexto y la situación política, económica y social del país. Cuando se trata de un medio de comunicación censurado, incautado o suspendido debe recabarse lo siguiente: fecha; lugar preciso (indicando la ciudad más cercana); nombres y direcciones del medio de comunicación y de su director; relato detallado del asunto; orientación política del medio; copia de los documentos oficiales y de los productos periodísticos que ocasionaron el cierre o la suspensión del medio.
Difusión
RSF socializa los casos que investiga. Su fuerza radica en su impacto en los medios de comunicación: son la forma más 23
Libertad de expresión eficaz de presión sobre las autoridades de un país. El corresponsal debe participar y contribuir para que los casos se den a conocer en los medios, así como los materiales y eventos (misiones internacionales) que produce la organización. Según la gravedad de los atentados contra la libertad de prensa, RSF realiza diferentes tipos de intervención: •Solicitud de informaciones a las autoridades del país para obtener datos, precisiones y sobre el tratamiento judicial reservado al asunto. •Carta de protesta a las autoridades para que respeten sus compromisos internacionales en materia de libertad de prensa. •Carta abierta, con frecuencia al Jefe del Estado, para obtener un eco mediático importante. •Comunicado de prensa que permite al mismo tiempo denunciar el caso. •Conferencia de prensa ante un asunto particularmente delicado, para movilizar al máximo los medios de comunicación. •Misión de investigación. Permite sensibilizar a los medios y establecer encuentros con las autoridades, las asociaciones profesionales, periodistas encarcelados, diplomáticos… “Este procedimiento se reserva a los casos más graves o cuando el contexto permite esperar que una intervención directa puede desbloquear la situación.”
Cómo mide el CPJ
El CPJ obtiene información sobre violaciones a la libertad de prensa a través de investigaciones propias, con base en técnicas periodísticas para indagar y documentar los casos. Los atentados deben confirmarse por al menos dos fuentes independientes. En casos complejos se consultan tres o más fuentes. Los coordinadores regionales (corresponsales) en todos los continentes emprenden investigaciones propias, viajan al lugar de los hechos, contactan a periodistas locales y toman en cuenta informes de otros cole-
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Entre los contactos regionales que proveen información esclarecedora se pueden mencionar a los propios periodistas afectados; las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, de derechos humanos, intergubernamentales y grupos de prensa; medios locales (prensa, radio, televisión, Internet); colegas, amigos o familiares del periodista; autoridades y expertos (abogados especialistas). Periodistas asesinados según RSF Núm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Nombre Felicitas Martínez Sánchez Teresa Bautista Merino José Luis Villanueva Bonifacio Cruz Santiago Alfonso Cruz Cruz Francisco Ortiz Monroy Gerardo Israel García Pimentel Amado Ramírez Dillanes Saúl Noé Martínez Raúl Marcial Pérez Adolfo Sánchez Guzmán Roberto Marco García José Manuel Nava Misael Tamayo Hernández Bradley Will Ramiro Téllez C. Enrique Perea Quintanilla Rosendo Pardo Jaime Arturo Olvera Guadalupe García Escamilla Raúl Gibb Guerrero José Reyes Brambila Julio Cesar Pérez Hugo Barragán Francisco Ortiz Franco Francisco Arratia Saldierna Leodegario Aguilera Gregorio Rodríguez Roberto Mora García Rafael Villafuerte Félix Alonso Fernández José Miranda Virgen Saúl Antonio Martínez José Luis Ortega Mata Humberto Méndez R Hugo Sánchez E José Ramírez Puente Pablo Pineda Gaucin Luis Roberto Cruz José Barbosa Bejarano
gas y grupos.
Fecha 07/04/2008 07/04/2008 27/02/2008 07/02/2008 07/02/2008 05/02/2008 08/12/2007 06/04/2007 16/04/2007 8/12/2006 30/11/2006 21/11/2006 17/11/2006 10/11/2006 27/10/2006 30/10/2006 09/08/2006 29/03/2006 10/03/2006 16/04/2005 08/04/2005 17/09/2005 24/10/2005 10/10/2005 22/06/2004 31/0872004 23/05/2004 28/11/2004 19/03/2004 13/12/2003 17/01/2002 16/10/2002 24/03/2001 19/02/2001 09/02/2001 19/07/2000 28/04/2000 09/04/2000 2000 09/03/2001
Medio La Voz que Rompe el Silencio La Voz que Rompe el Silencio El Gráfico El Real Chimalhuacán. El Real Chimalhacán Diario de México La Opinión de Michoacán Televisa Interdiario El Grafico Televisa Testimonio Veracruz Excélsior Despertar de la Costa Indymedia Impacto en la noticia EXA FM Dos Caras, una Verdad La Voz del Sureste Periodista independiente Punto Rojo XHNOE Estéreo 91 La Opinión Vallarta Milenio Siglo de México Radio Max Zeta El Imparcial Mundo Político El Debate El Mañana La Razón Nueva Opción El Sur de Veracruz El Imparcial Ojinaga Canal 9 de Televisión La Verdad Noticiero Juárez Hoy La Opinión Multicosas Alarma
Entidad San Juan Copala, Oax. San Juan Copala, Oax. Tamaulipas Estado de México Estado de México Ciudad Camargo,Tam. Michoacán Guerrero Sonora Oaxaca Veracruz Veracruz Distrito Federal Zihuatanejo, Gro. Oaxaca Nuevo Laredo, Tam. Chihuahua Chiapas La Piedad, Mich. Nuevo Laredo, Tam. Poza Rica, Ver. Guadalajara, Jal. Tamaulipas Tierra Blanca, Ver. Tijuana, B C. Matamoros, Tam. Acapulco, Gro. Mazatlán, Sin. Nuevo Laredo Tam. Coyuca, Gro. Ciudad Alemán, Tam. Veracruz Matamoros, Tam. Chihuahua Durango Estado de México Chihuahua Tamaulipas Tamaulipas Chihuahua
Zócalo
Información básica y clasificación
Las bases generales para documentar los casos (cada uno es distinto) contienen la siguiente información: nombre completo del periodista o medio; fuente que cubre el periodista o cobertura del medio; descripción lo más detallada de la agresión; motivos posibles del ataque; estado de la investigación; medidas de protección que recibe el periodista o el medio por parte de la autoridad. Los casos se clasifican con base en los siguientes criterios: •Asesinato. Cuando un periodista cae en cumplimiento de su labor (motivado por alguna noticia o comentario) o desaparece y es dado por muerto. •Ataques. Cuando un periodista es atacado –independientemente de si resulta herido o no– o cuando un medio es dañado, allanado o registrado. Se consideran empleados de los medios que no son periodistas pero fueron atacados a raíz de una noticia o comentario publicado. •Censura. Cuando algún periodista o medio es oficialmente censurado, prohibido, cuando se confiscan ediciones, se suspenden transmisiones o se cierra algún medio. •Acciones legales. Cuando a un periodista se le niega o suspende credenciales o una visa; cuando se aprueba una ley que restringe la libertad de expresión o es sujeto de una demanda por difamación para que suprima sus coberturas. •Expulsiones. Cuando es obligado a salir del país por alguna noticia o comentario. •Desapariciones. Cuando el periodista desaparece y ningún grupo ni agencia gubernamental se atribuye su detención. •Hostigamientos. Cuando se niega o limita el acceso a algún evento o suceso; los materiales son confiscados o maltratados; sus familiares son atacados o amenazados; son despedidos o bajados de rango o se limita su libertad de movimiento. •Detenciones. Cuando el periodista es detenido o arrestado contra su voluntad por no menos de 48 horas.
Periodistas asesinados según CPJ Núm. Confirmados 1 Roberto Marcos García Dolores Guadalupe García 2 Escamilla 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Bradley Will Gregorio Rodríguez Hernández Francisco Arratia Saldierna Francisco Javier Ortiz Franco José Luis Ortega Mata No confirmados Teresa Bautista Merino Felicitas Martínez Sánchez Gerardo Israel García Pimentel Saúl Noé Martínez Ortega Amado Ramírez Dillanes Adolfo Sánchez Guzmán José Manuel Nava Sánchez Misael Tamayo Hernández Enrique Pérez Quintanilla Jaime Arturo Olvera Bravo Raúl Gibb Guerrero Roberto Javier Mora García José Ramírez Puente Pablo Pineda
21/11/2006
Testimonio Veracruz
Mandinga y Matoza, Ver.
16/04/2005
Punto Rojo
27/10/2006 28/11/2004 31/08/2004 22/06/2004 19/02/2001
Indymedia El Debate El Imparcial Zeta Ojinaga
Nuevo Laredo, Tam. Santa Lucía del Camino, Oax.
07/04/2008 07/04/2008 08/12/2007 23/04/2007 06/04/2007 30/11/2006 16/11/2006 10/11/2006 09/08/2006 09/03/2006 08/04/2005 19/03/2004 28/04/2000 09/04/2000
La Voz que Rompe el Silencio La Voz que Rompe el Silencio La Opinión de Michoacán Interdiario Televisa Televisa Excélsior Despertar de la Costa Dos Caras, una Verdad Periodista independiente La Opinión El Mañana Noticiero Juárez Hoy La Opinión
Escuinapa, Sin. Matamoros, Tam. Tijuana, BC. Ojinaga, Chi. Putla de Guerrero, Oax. Putla de Guerrero, Oax. Uruapan, Mich. Nuevo Casas Grandes, Chi. Acapulco, Gro. Mendoza, Ver. México, D.F. Ixtapa, Gro. Chihuahua, Chi. La Piedad, Mich. Poza Rica, Ver. Nuevo Laredo, Tam. Ciudad Juárez, Chi. Matamoros, Tam.
Desaparecidos Núm. 1 2 3 4 5 6 7 8
Nombre Mauricio Estrada Zamora Gamaliel López Gerardo Paredes Rodolfo Rincón Taracena José Antonio García Apac Rafael Ortiz Martínez José Alfredo Jiménez Mota Jesús Mejía Lechuga*
* No contemplado por CPJ.
Fecha 12/02/2008 10/05/2007 10/05/2007 20/01/2007 20/11/2006 08/07/2006 02/04/2005 10/07/2003
Medio La Opinión de Apatzingán TV Azteca Noreste TV Azteca Noreste Diario Tabasco Hoy Ecos de la Cuenca El Zócalo El Imparcial A Primera Hora Grupo MS-Noticias
•Amenazas. Cuando es intimidado con daños físicos u otra forma de represalia.
Difusión
El CPJ da a conocer las investigaciones a través de materiales que se distribuyen en lo que llama Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión que llega a más de 70 organizaciones. Según la gravedad o reiteración de los asuntos, el CPJ se pronuncia mediante alertas, cartas de protesta, revelación de casos, una revista especializada, informes anuales y especiales.
Entidad Apatzingan, Mich. Monterrey, NL Monterrey, NL Tabasco Michoacán Monclava, Coah. Hermosillo, Son. Martínez de la Torre, Ver.
Finalmente, el CPJ investiga y documenta los casos de periodistas caídos en cumplimiento de su trabajo en todo el mundo con base en una clasificación que incluye 1) casos confirmados: cuando se establece un vínculo claro entre el hecho y el trabajo profesional del periodista; 2) casos no confirmados: cuando no se encuentra suficiente evidencia que permita vincular el crimen con la labor periodística; e 3) información de casos en los cuales no existen motivos para relacionar la muerte de un periodista con su desempeño informativo. (Redacción) Comunicación • Política • Sociedad
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Transparencia
IFAI, ¿elefante blanco? Carolina Pacheco Luna
E
l pasado 4 de junio, horas antes de que el Pleno de Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) entregara al Congreso de la Unión su Quinto Informe de Labores 2007, la coordinadora general de Libertad de Información-México A.C. (Limac), Perla Gómez Gallardo, afirmó que el instituto que garantiza el derecho a saber de los mexicanos, presidido por Alonso Lujambio Irazábal, está en riesgo de convertirse en un “elefante blanco”, por el incumplimiento de sus atribuciones constitucionales y su tendencia a la opacidad. “En primer lugar, y está demostrado con hechos y datos duros, porque a raíz de que Lujambio asumió la presidencia del instituto han ocurrido una serie de irregularidades, tales como continuar sin aplicar sus propias facultades. Eso ha sido grave porque después de dos años hay una tendencia hacia la opacidad; el instituto confirma cada vez más las
Alonso Lujambio, comisionado presidente del IFAI.
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inexistencias de información y al mismo tiempo no muestra una disposición de apertura”, aseguró la experta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El segundo factor crítico es la propia política de Lujambio: “se trata de estar con él o contra él y eso no funciona en un órgano ciudadano”, expone Perla Gómez. El tercer motivo de riesgo es el contenido del “Documento de trabajo” que, clasificado como reservado, propone una nueva ley en la materia; “ese es el mensaje ciudadano del órgano garante y desde ahí viene la complicación”.
Datos duros
La investigación de Perla Gómez, IFAI: Avances y retrocesos. Análisis jurídico de sus resoluciones, evalúa una de las atribuciones establecidas en la legislación federal en la materia: conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes. La metodología se fundamenta en variables extraídas de la Constitución –que deben ser contempladas por toda autoridad en el país– y de la ley de transparencia. Entre los datos duros de las resoluciones que emite el IFAI se revela que en el 66 por ciento no se aplicó la suplencia de la queja (subsanar las deficiencias en la tramitación del recurso de revisión); en el 61 por ciento no se acató la facultad de investigación; en el 92 por ciento de los casos no se efectuaron audiencias; y en 96 por ciento no se ordenó el inicio del procedimiento sancionador contra las dependencias obligadas a informar. Entre otras revelaciones, el estudio menciona que en el 48 por ciento de los recursos de revisión no se entra al fondo
del asunto; en el 61 por ciento no se ordenó la entrega de la información; en 84 por ciento no se culminó la entrega parcial de la información; en 13 por ciento se constató la negativa de acceso a los datos y en 84 por ciento de los casos se confirmó la inexistencia. Aunque la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) otorga a los comisionados la facultad de aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja –que favorece al ciudadano–, no es frecuente que los funcionarios del IFAI la empleen. Sin embargo, “existe una diferencia significativa entre el comisionado Juan Pablo Guerrero Zócalo ampararán (43% de los casos), quien más la utilizó y Horacio Aguilar Alvarez de Alba, quien menos recurrió a ella (sólo en 2% de los casos)”, detalla la investigación. Perla Gómez realiza un seguimiento desde 2005 de las decisiones que toma el IFAI y elabora estadísticas que reflejan las transformaciones y desempeño jurídico del órgano garante a partir de dos periodos: antes y después de que Alonso Lujambio asumiera como presidente del organismo. De igual forma, evalúa el trabajo individual de cada comisionado con base en variables procedimentales, sentido de las resoluciones del recurso, fundamentación y motivación (tabla 1).
Ratificación de Lujambio
El 18 de junio pasado, en Sesión Extraordinaria, cuatro comisionados del IFAI votaron a favor de la reelección de Alonso Lujambio Irazábal como comisionado presidente para el periodo 2008-2010; sólo Juan Pablo Guerrero
emitió su voto en contra. Lo anterior se validó con fundamento en el artículo 36 de la LFTAIPG y los artículos 9°, 20 y 22 del Reglamento Interior del IFAI. En el acta de la sesión (ACTEXT/18/06/2008), Juan Pablo Guerrero expone su razonamiento: “en los casos controvertidos de resolución de recursos de revisión, no hay muchas discusiones del Pleno en las que ALI –Alonso Lujambio Irazábal– haya abogado a favor de la apertura; creo que igualmente difícil sería ubicar un voto particular o disidente, firmado por ALI, en pro del acceso a lo solicitado. Está en su derecho. Pero me parece que esta preferencia, en el representante legal del Instituto, ha mermado la credibilidad del IFAI frente a la opinión pública, sin incidir positivamente, por el lado de los sujetos obligados, en su vocación de cumplimiento de la ley”. Gómez Gallardo agrega que la verdadera preocupación es la ratificación del comisionado presidente, lo cual coincide con el hecho de ver que el órgano ciudadano está convertido en un órgano político. También denuncia que la sesión no fue pública y se adelantó a la hora anunciada: “¿qué tenía que ocultar Lujambio para no hacer la sesión pública y haberlo hecho como un clásico madruguete, de retroceso franco y opaco, al momento que no había medios para que se difundiera adecuadamente la discusión? Lo que sigue es someter al escrutinio público al vigilante”. Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide en que la intención de la reelección se manifiesta desde la propuesta de trabajo de ley mencionada, “de tal suerte (que la de Lujambio) no es continuidad sino continuismo. El mensaje es mantener una política que va de la apertura hacia la opacidad, donde evidentemente hay un grupo de cuatro comisionados que comparten criterios en torno a lo que está llevando a cabo Lujambio, con muchos roces y diferencias con distintos
1. Evaluación del trabajo individual Comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán Alonso Lujambio Irazábal Horacio Aguilar Álvarez de Alba María Marván Laborde Alonso Gómez-Robledo Verduzco
Promedio 7.5 7.46 7.01 6.88 6.48
2. Servidores Públicos vinculados con tareas de acceso a la información en la APF Por función Total Comités de Información (incluye 676 titulares de Unidad de Enlace, servidor público designado y titular de Órgano Interno de Control)* Servidores Públicos Habilitados Total
1,244 1,920
Fuente: IFAI, proporcionada por el comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán. * Para algunas entidades de la APF, los titulares de las unidades de enlace y de Órganos Internos de Control pueden encontrarse designados en más de un Comité de Información.
sectores de la comunidad”. Respecto a la posición que desempeña Juan Pablo Guerrero ante al Pleno del IFAI, Ernesto Villanueva –experto en derecho de la información– comenta que este comisionado “ha sido un crítico sistemático y permanente, cuya propuesta ha sido constructiva y razonable. Es la única voz disidente que existe por ahora, con un punto de vista que no comparte la unanimidad y genera debate; es positivo que existan estas posiciones divergentes”.
Costos del acceso
El órgano garante del derecho de acceso a la información a nivel federal y los servidores públicos habilitados para brindar este servicio han costado a la Administración Pública Federal cerca de tres mil millones de pesos, en cinco años, de acuerdo con datos proporcionados por el comisionado Juan Pablo Guerrero.
Del total del Presupuesto de la Administración Pública Federal (aproximadamente 2.5 billones de pesos), se han destinado al IFAI 250 millones de pesos al año en promedio, desde su creación en 2003, explicó el comisionado. Así, “el presupuesto de las dependencias y entidades a nivel federal que están obligadas a acatar la LFTAIPG es un millón de veces superior al del órgano regulador en materia de transparencia y acceso a la información pública. En otras palabras, un peso del IFAI sirve para intentar transparentar el gasto de un millón de pesos de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal”.
Otros costos
Los servidores públicos habilitados para facilitar el acceso a la información fueron nombrados desde que entró en vigor la LFTAIPG; son los encargados de las unidades de enlace y de apoyar a servidores públicos de los Comités de Información, los cuales trabajan en los sujetos obligados y dedican parte de su tiempo a atender las solicitudes. “En el IFAI hay cerca de 250 trabajadores presupuestados. En las dependencias y entidades dedicadas al tema del acceso a la información existen un mil 920 funcionarios más (tabla 2). En total son dos mil 170 funcionarios que velan por el acceso a la información y buscan la transparencia (en cuanto al desempeño) de más de dos millones y medio de servidores públicos adscritos a la Administración Pública Federal”, desglosa Juan Pablo Guerrero. El artículo 56 del Reglamento de la LFTAIPG establece que los titulares de las Unidades de Enlace designarán a los servidores públicos habilitados en las oficinas, representaciones y delegaciones de la dependencia o entidad de que se trate, el cual auxiliará a los particulares en la elaboración de sus solicitudes y, en su caso, los orientará sobre la dependenComunicación • Política • Sociedad
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Transparencia
Juan Pablo Guerrero, comisionado del IFAI.
cia, entidad u otro órgano que pudiera tener la información que solicitan. Estas actividades representan otro gasto: el destinado a más de dos mil servidores públicos. Juan Pablo Guerrero analiza: “aquí es más difícil hacer el cálculo del costo presupuestario derivado de sus tareas exclusivamente vinculadas con la transparencia, pues entre otras actividades que les compete, también
se dedican a ella. Suponiendo que destinan una tercera parte de su tiempo a las labores de acceso a la información, y que en promedio todos ellos tienen un nivel equivalente a subdirector de área (con un presupuesto anual total de 560 mil pesos por persona y, por lo tanto, de 186 mil al año para labores de transparencia), el costo anual aproximado sería de 350 millones de pesos”. Al adicionar el costo del IFAI con el gasto en recursos humanos, el total anual representa aproximadamente 600 millones de pesos anuales. Al respecto, el comisionado comenta que “la cifra resulta claramente insignificante frente al tamaño del presupuesto federal que se busca transparentar”.
Gobernabilidad y acceso
Guerrero Amparán explica que el acceso a la información pública ha contribuido de varias formas a la gobernabilidad, entendida como la capacidad de las instancias gubernamentales de proporcionar a
los gobernados los bienes y servicios que requieren (seguridad, infraestructura, salud, educación…). “Cuando el derecho a la información es efectivo, cada ciudadano que pregunta y pide información es un ‘contralor’ en potencia. Todo ello fortalece al proceso de ‘ciudadanización’, entendido como la capacidad de los integrantes de la sociedad de ejercer sus derechos, es decir, la relación entre gobernados y gobernantes, tan desequilibrada en México, puede mejorar a favor del ciudadano”. Por el lado de la autoridad, añade, el derecho a la información favorece la eficiencia gubernamental. Los funcionarios pueden saber qué hacen sus colegas. Esto permite evitar duplicaciones, mejorar la coordinación dentro del gobierno, despilfarrar menos recursos y esfuerzos. Para el gobierno, otorgar información sobre lo que hacen las autoridades permite, cada vez con mayor importancia, generar confianza. caro.luna26@gmail.com
Partidos, sujetos obligados en el D.F.
C
on la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Distrito Federal (LTAIPDF), que entró en vigor el pasado 28 de mayo, los partidos políticos son sujetos obligados a rendir cuentas a la sociedad en general. Específicamente, el artículo 31 señala que “los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas son sujetos públicos obligados a la transparencia y el acceso a la información
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Zócalo
Miriam A. Robles en los términos de esta legislación y el Código Electoral del Distrito Federal. La información que administren, posean o generen en el ejercicio de sus funciones estará sujeta al principio de máxima publicidad”; esto es, ahora tendrán que cumplir con las disposiciones que marca la ley en la materia. Con base en la legislación deberán instalar una Oficina de Información Pública (OIP); recibir solicitudes vía electrónica; crear su Comité de Información
que, entre sus atribuciones, tiene la obligación de “realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información (…), revisar la clasificación de información y resguardarla. En los casos procedentes elaborará la versión pública de dicha información”. Además, los partidos tendrán que publicar, en sus respectivos sitios de Internet, la información denominada de oficio que, sin necesidad de una solicitud, debe ser pública y estar disponible (con base en los artículos
14 y 18 de la LTAIPDF, este último aplica a los órganos político-administrativos), así como capacitar a todo su personal de estructura en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Firma de convenios
Los ocho partidos políticos con registro en el Distrito Federal firmaron sus respectivos Convenios de Colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF). Es decir, a partir de la entrada en vigor de la LTAIPDF estos partidos políticos ya están obligados a recibir peticiones de información vía electrónica por el Sistema Electrónico de Solicitudes de Información (Infomex). Éste permite, a su vez, que las personas, a través del InfoDF, puedan hacer solicitudes vía telefónica (Tel-Info). Con la firma de los acuerdos, los partidos políticos se comprometen a brindar información pública directamente a la población que lo demande a través de las solicitudes de información que quedarán registradas en el sistema. Dichos convenios surgieron luego de que por unanimidad el Pleno del InfoDF aprobara el Acuerdo para la Suscripción de Convenios Generales de Colaboración con los partidos y las agrupaciones políticas. Los primeros en signar sus respectivos convenios, el 13 de mayo pasado, fueron el Partido Acción Nacional (PAN), seguido del Partido Socialdemócrata (PSD). Por
parte del PAN la firma estuvo a cargo de Mariana Gómez del Campo Gurza, presidenta del Comité Directivo Regional en el Distrito Federal y Juan Arévalo López, secretario general del mismo Comité. En el acto, Mariana Gómez del Campo aseguró que su partido está listo para cumplir con sus obligaciones de transparencia como publicar, difundir y mantener actualizada la información en su página de Internet, y crear una Oficina de Información Pública para recibir, gestionar y responder a las solicitudes de información. Informó que como obliga la ley, el PAN en el Distrito Federal ya creó su Comité de Transparencia conformado por la propia Gómez del Campo, Eva Martínez, Juan Antonio Arévalo, Amaury Alcocer, el diputado Obdulio Ávila, Gabriel Llamas y Carlos Zardain. En la firma del Partido Socialdemócrata se presentaron Luciano Pascoe Rippey, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional; el diputado Enrique Pérez Correa, presidente del Comité Ejecutivo del Distrito Federal; Ricardo Galguera Bolaños, secretario de Asuntos Jurídicos del partido; Carmen Parra, vicepresidenta en el Distrito Federal; y Enrique Sánchezarmas Alvelais, director Jurídico del PSD en el Distrito Federal.
Rendición de cuentas
Pascoe Rippey comentó que es trascendental para los partidos políticos salir del ostracismo y entrar a la transparencia y la rendición de cuentas. Señaló que la
ciudadanía se encuentra “francamente fastidiada de no saber adónde se va el dinero que invierte el país en la estructura política partidista”. El PSD se ha propuesto ser el instituto político más transparente del sistema político mexicano, agregó. El tercero en sumarse a este grupo fue Convergencia, el 15 de mayo. Allí estuvieron presentes Guillermo Orozco Loreto y Mónica Torres, presidente y secretaria general en el Distrito Federal, respectivamente, entre otros funcionarios. Orozco Loreto reconoció que los partidos tienen la obligación legal y moral de proporcionar toda la información de carácter público; “de igual forma expresamos que es obligación moral y legal dar cuenta de nuestro marco reglamentario y de los actos y procedimientos que de ellos se deriven”. Agregó que el InfoDF debe considerar a este órgano político como un aliado obligado y convencido de dar información a la ciudadanía para que se pueda consolidar una verdadera democracia participativa en la Ciudad de México. El 16 de mayo el Partido Nueva Alianza hizo lo propio. Se presentaron a la firma Bernardo Quezada Salas, presidente de la Junta Estatal de Nueva Alianza en el Distrito Federal; Maximiliano Reyes Zúñiga, secretario general de la Junta Ejecutiva Estatal del partido, entre otros acompañantes. Quezada Salas destacó que para Nueva Alianza el convenio es sumamente
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Transparencia importante. Dijo que ha constatado que exigir información es un reclamo real de la ciudadanía. “¿Qué hay sobre aquello que ocultan, por qué no me lo pueden decir, qué esconden?” Por ello aseguró que “es un gran logro ciudadano, un gran paso; creemos que esto va a consolidar un gran reclamo ciudadano”. El miércoles 21 de mayo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumó a los convenios firmados con el InfoDF. Jorge Schiaffino Isunza, presidente del Comité Directivo del PRI capitalino fue el encargado de signar el compromiso. Expresó que su partido se encuentra en la mejor disposición de transparentar todas sus acciones, cuentas, actividades, proyectos e, inclusive, los perfiles de quienes hacen política en esa institución. Asimismo, pidió a quienes tienen acceso a la información pública que no le den uso con “ánimo faccioso”, sino con un sentido de utilidad. Sin evento de por medio, por parte del Partido Verde Ecologista de México firmaron el senador Arturo Escobar y Vega y la representante de ese partido, Zuly Feria Valencia. Los últimos en signar los convenios respectivos con el InfoDF, el 27 de mayo, fueron los partidos del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD). Por parte del primero se presentaron José Arturo López Cándido, presidente del partido en el Distrito Federal y Sandra Luz Galindo, coordinadora Administrativa del mismo. En breve reunión, el presidente del PT
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Zócalo
mencionó que espera que el acuerdo firmado sirva para que efectivamente los partidos tengan la oportunidad de comunicarse con los ciudadanos y de rendir cuentas a la sociedad en general. Agregó que se trata de una medida adecuada para que todos los entes obligados se comprometan con la transparencia a fin de inhibir la corrupción y otros vicios que dañan a la sociedad. En su oportunidad, en representación del PRD acudieron Ricardo Ruiz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal en el Distrito Federal; Manuel Oropeza Morales, secretario de Asuntos Electorales; y Roberto López Suárez, secretario de Prensa y Propaganda, entre otros. Ruiz Suárez dijo que el ingreso de los partidos políticos a la transparencia constituye un elemento central para fortalecer la vida democrática. “Será muy importante que los ciudadanos conozcan los salarios de los funcionarios de los partidos, ya que en algunos casos son altísimos y constituyen un atentado contra la gente, sobre todo en una época de crisis económica y de problemas con la alimentación.” El líder del CEN del PRD en el Distrito Federal añadió que su partido debe considerarse como un aliado de la transparencia y que será un organismo abierto a la información, con excepción de sus estrategias de campaña política.
Se suman a la transparencia
El mes de mayo, sin duda, significó un gran avance en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Distrito Federal, al firmarse los convenios
de colaboración entre fuerzas políticas y el InfoDF. Además, entró en vigor la nueva ley en la materia y se incorporaron nuevos entes públicos al Padrón 2008 de Sujetos Obligados por la LTAIPDF. Al respecto, el pasado 11 de junio el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) aprobó el Acuerdo mediante el cual aumentó de 83 a 113 el número de entes públicos obligados a rendir cuentas y transparentar sus gestiones. En el nuevo padrón de sujetos obligados quedan incluidos los ocho partidos políticos de la capital del país y 14 agrupaciones políticas locales, entre las que se encuentran Movimiento Civil 21; Mujeres Insurgentes; Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos en el DF; México Joven, Avance Ciudadano; Por la Tercera Vía; Tiempo Democrático; Fuerza Popular Línea de Masas; Agrupación Cívica Democrática; Movimiento Social Democrático; México Avanza; Red Autogestionaria; Ciudadanos Activos del Distrito Federal y Parnaso Distrito Federal. Asimismo, se incorporaron a la lista el Instituto del Deporte del Distrito Federal; el Fideicomiso Central de Abastos de la Ciudad de México; el Fideicomiso Educación Garantizada; el Fideicomiso de Apoyo a la Infraestructura Vial y del Transporte en el DF; la Autoridad del Centro Histórico; la Policía Bancaria e Industrial; la Policía Auxiliar y el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. miriam.robles@gmail.com
Deficiencias para el acceso a la información
E
n materia de transparencia y acceso a la información, las Oficinas de Información Pública (OIP) de los partidos políticos del Distrito Federal brindan un servicio incompleto y deficiente. En dos de los ocho partidos (Convergencia y PSD) no se logró ingresar la solicitud de información pública por desconocimiento del sistema y por la ausencia del encargado de tramitar las solicitudes. Con base en un cuestionario y una guía de observación, el equipo de investigación de la revista Zócalo asistió a dichas oficinas en las instalaciones de los partidos políticos del Distrito Federal para presentar solicitudes de información pública y atestiguar los procedimientos de acceso al servicio que brindan estos nuevos sujetos obligados por la ley de transparencia local. A partir del 28 de mayo, cuando entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), de acuerdo con el artículo 31 “los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas son sujetos públicos obligados a la transparencia y el acceso a la información en los términos de esta Ley y el Código Electoral del Distrito Federal. La información que administren, posean o generen en el ejercicio de sus funciones estará sujeta al principio de máxima publicidad”. Después del lapso transcurrido desde la entrada en vigor de la legislación, y con base en esta disposición, los días 12 y 13 de junio el equipo de solicitantes se presentó en las sedes de los ocho partidos registrados ante el Instituto Electoral del
Carolina Pacheco Luna Distrito Federal: Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Convergencia, Nueva Alianza y Socialdemócrata (PSD).
Oficinas de Información Pública
De acuerdo con el artículo 4º de la LTAIPDF, la Oficina de Información Pública es la unidad administrativa receptora de las peticiones ciudadanas de información, a cuya tutela estará el trámite de las mismas conforme al reglamento de la ley. Una de las atribuciones de la OIP (artículo 58) es capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el ente público. En lo que se refiere al acceso a las oficinas para realizar las solicitudes, pudo observarse que sólo en el PAN fue necesario dejar una identificación en la entrada, cuando la legislación no lo obliga. Sólo en tres partidos existe señalización para identificar la OIP; en cuatro la oficina está situada cerca de la entrada; y en cinco existe una leyenda que identifica el espacio destinado a tales efectos. En el PVEM no existe OIP y en su oficina receptora alterna dijeron desconocer quién era la persona encargada para realizar el trámite. La OIP del PRD se encuentra en el cuarto piso del inmueble, mientras que en el PT, aunque está en el segundo piso, es difícil de localizar por la falta de señalamiento y porque aún no está bien identificada entre otras oficinas adyacentes. En el caso de los partidos Convergencia y PSD, la oficina se encuentra justo en la entrada del edificio. En las instalaciones del PVEM no existe una oficina especial habilitada para
atender a los solicitantes. En este partido y en Nueva Alianza no se encontró una computadora disponible para consultar información; se observo que el equipo era de uso interno. En ningún partido existía papelería explicativa sobre el uso de la legislación local o relativa al tema.
Servicio de acceso a la información
En seis casos, el encargado recibió, tramitó la solicitud y orientó o auxilió en la elaboración de la misma. En Nueva Alianza, el responsable revisó las preguntas, ayudó a elaborarlas de manera más clara y específica. Asimismo, adelantó una respuesta que también ingresó para obtener la contestación formal. En el PSD, en la recepción del instituto no sabían quién atendía las solicitudes. El responsable de tramitar los requerimientos relativos al Distrito Federal no se encontraba presente, por lo que el responsable de las peticiones federales asistió al solicitante. Amablemente, brindó dos opciones para ingresar las preguntas: Infomex, al que denominó sistema “formal” y SISD, mencionado como “informal” (el SISD es el sistema que el propio partido dispuso para procesar solicitudes de manera interna). Recomendó usar este último porque así la “solicitud sería más directa”, aunque aclaró que le notificaría al InfoDF del tramite. Después de llenar un formulario con datos personales del solicitante, la conexión a Internet no funcionó y no se pudo ingresar el cuestionamiento. Finalmente, se le entregaron las preguntas al responsable del acceso federal quien también pidió al solicitante su Comunicación • Política • Sociedad
41
Transparencia
nombre, dirección, teléfono y correo electrónico para contactarlo. Asimismo, otorgó una copia de fax de las preguntas, con su firma, nombre y fecha como acuse provisional. En realidad el acuse de recibido es “el documento electrónico con número de folio único que emite Infomex, con pleno valor jurídico y que acredita la fecha en que se tiene por recibida cualquier solicitud o recurso de revisión, independientemente del medio de recepción”. Lo anterior con base en los lineamientos que deberán observar los entes públicos del Distrito Federal en la recepción, registro, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la información pública a través del sistema electrónico Infomex. En Convergencia, el solicitante no obtuvo acuse de recibido porque no se concluyó la solicitud. La persona que estaba al frente del módulo de la OIP llamó a dos personas más para que le auxiliaran, ya que tuvo complicaciones al introducir la solicitud al sistema; se justificó diciendo que era la primera vez que iban a introducir preguntas. La última persona que apoyó al responsable pidió al solicitante que regresara en dos horas “para ver si el sistema ya respondía”.
Costos de la información
Sobre el costo de reproducción de la información, sólo tres encargados informaron. El de Nueva Alianza dijo que el precio era de 57 centavos la copia simple o certificada, ya que ellos hacían la certificación. En el PAN y en el PRD se indicó al solicitante que el pago se hacía con una ficha de depósito bancario. El PRD agregó que cuando ellos tienen la respuesta, informan al solicitante del costo y le preguntan si acepta; en caso afirmativo el trámite se realiza en la Tesorería del DF. Especificó que los costos se encuen-
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1. Acceso a la información. Partidos políticos del DF Partido
Tiempo total (min.)
Observaciones
PAN
35
No existe una persona de planta en la oficina para orientar; la ayuda del responsable ocurre sólo si es solicitada.
PRI
29
Ofrece el formato para llenar la solicitud, se imprime y posteriormente pasan los datos a Internet.
PRD
PT
40
40
No hay una oficina especial para brindar el servicio; la oficina era de la secretaría técnica. Poca disposición u atención al solicitante. Los encargados no conocían a la perfección el procedimiento por su nula experiencia y capacitación. Aún falta acondicionar la oficina; cuentan con impresora pero todavía no funciona. Aunque fue la primera solicitud recibida, la responsable de la OIP conocía el procedimiento. Comentó que tuvo un mes de capacitación, No conocen el sistema. No están capacitados para llevar a cabo una solicitud. Se percibe ausencia de un área encargada de manejar la información y la falta de capacitación o de disponibilidad de tiempo por parte de la directora de la Coordinación Sectorial, responsable de llevar a cabo una solicitud. Zócalo Desconocen cómo funciona el sistema; tampoco saben cómo ingresar una solicitud. Tuvieron que llamar a Infomex para que los asesoraran. No se logró hacer la solicitud. Trato amable.
PVEM
53
Convergencia
30
Nueva Alianza
13
Tramitan y orientan al solicitante.
25
No estaba presente el responsable de tramitar solicitudes del DF. No se pudo realizar la solicitud por Infomex ni por el sistema propio del partido. Tampoco contaban con formatos impresos. Se realizó un acuse provisional.
PSD
tran estipulados en el Código Financiero del Distrito Federal. En otro sentido respondió el Partido Socialdemócrata, cuyo responsable indicó que el pago se realiza en la propia OIP. En el reporte de los investigadores destaca la displicente atención ofrecida en el PVEM, donde la directora de Coordinación Sectorial “no se mostró atenta ni servicial en el proceso de trámite de la solicitud”. La funcionaria desconocía el sistema informático Infomex, por lo que tuvo que marcar el teléfono en repetidas ocasiones para recibir asesoría; lo anterior demoró el trámite tardando 53 minutos, cuando el tiempo pro-
medio para atender una solicitud de acceso a la información en los partidos políticos del Distrito Federal es de 23 minutos. Además, “se percibe ausencia de un área encargada de manejar la información y la falta de capacitación o de disponibilidad de tiempo de la responsable para llevar a cabo una solicitud”, indicó el investigador.
Nota metodológica
Técnica: observación participante. Solicitantes y observadores: Carla Morales, Marisol Sarabia, Elvia Velázquez y Carolina Pacheco Luna (coordinación). Fecha de visita: 12 y 13 de junio de 2008.
dad
... y reprueban en la web
L
as obligaciones de transparencia se refieren a la llamada información pública de oficio, aquella que los sujetos obligados por la ley en materia de transparencia deben poner a disposición del público, sin que medie o se presente solicitud de acceso a la información alguna, para procurar una adecuada rendición de cuentas y fomentar el interés del público en general. El medio más utilizado y donde se recomienda hacer pública dicha información es en el sitio web de cada sujeto obligado (ente público). Conforme a la ley en la materia del Distrito Federal, la información a ser pública de oficio está contemplada en el capítulo II, “De la Transparencia y Publicidad de los Actos de los Entes Públicos del Distrito Federal”, y abarca del artículo 13 al 32. Específicamente, el artículo 18 es atribuible a los órganos político-administrativos (entre los que se encuentran los partidos) que, además de lo señalado en los artículos 13 y 14, deben mantener actualizada la información de oficio en los respectivos sitios de Internet. Para corroborarlo, el pasado 14 de junio Zócalo realizó una búsqueda de la información oficiosa que por ley debe estar disponible en la página de Internet de cada uno de los ocho partidos políticos con registro en el Distrito Federal. Se encontró que en la gran mayoría de las fracciones de los artículos 14 y 18 los partidos no cumplen con las obligaciones de transparencia o lo hacen parcialmente, tal y como se muestra a continuación (tabla 1): •Partido Acción Nacional. El instituto cumple con doce de 26 fracciones que estipula la ley de transparencia local en su artículo 14, éstas son: marco normativo, estructura orgánica, la relativa a sus funciones, directorio, currículum de servidores públicos, remuneración, relación de
Miriam A. Robles 1. Obligaciones de transparencia de los partidos en el DF Artículo 14. Total de 26 Artículo Artículo fracciones. 18. Total 8 13 Nota: la fracciones fracción IX sin contenido
Partido
Dirección electrónica
Observaciones
PAN
http://www.df.pan.org. mx/www.transparencia. org.mx/index.htm
No tiene lista que indique las fracciones de los artículos 14 y 18. No cumple con el 13.
No
12 de 26
4 de 8
PRI
http://ciudadfutura.org. mx/transparencia.html
En construcción.
No
2 de 26
0 de 8
PRD
http://www.prd-df.org.mx/ No tiene liga de transparencia.
No
2 de 26
0 de 8
No
0 de 26
0 de 8
No
6 de 26
0 de 8
Sólo hace mención al convenio con el IFE y el IFAI.
No
0 de 26
0 de 8
http://www.nueva-alianza. No sirve la liga Nueva Alianza org.mx/transparencia.html de transparencia.
No
0 de 26
0 de 8
No tiene lista que indique las http://www.alternativa. org.mx/default.asp?id=635 fracciones de los artículos 14 y 18. No cumple con el 13.
Sí
7 de 26
0 de 8
PVEM
http://www.pvemdf.org.mx/
PT
http://www. partidodeltrabajo.org.mx/ www/ptdf.php
Convergencia
PDS
11 67 67 67
No sirve la página de inicio. En los próximos días se abundará información.
bienes, presupuesto asignado, información relativa a la ubicación de la Oficina de Información Pública y a su Comité de Transparencia, actividades más importantes, y auditorias y convenios celebrados. No se localizó información referente al artículo 13. Respecto al 18, sólo muestra información de cuatro requisitos de los ocho totales, a saber: cantidades recibidas de recursos autogenerados, información del estado que guardan los bienes asignados, ejercicio del presupuesto y los Programas de Desarrollo Delegacionales.
El portal no tiene un orden para presentar la información, es decir, una lista de las fracciones aplicables, por lo que no es práctico localizar cada obligación de transparencia. •Partido Socialdemócrata. Sólo hace públicos siete de los 26 lineamientos del artículo 14, los cuales son: legislación aplicable, directorio, remuneración mensual, actividades específicas más relevantes, convenios y contratos celebrados por el ente público, informes que deben rendir y los montos, criterios, convocatorias 43
Transparencia y listado de personas a quienes, por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. Señala la información relativa al artículo 13, es decir, el listado de la información que detentan; sin embargo, no se encontró documento alguno correspondiente al artículo 18. Tampoco tiene un orden para presentar la información. •Partido del Trabajo. Sólo publica seis obligaciones respecto al numeral 14, esto es: marco normativo, estructura orgánica, directorio, auditorias realizadas, convenios y contratos celebrados por el ente público y concesiones, licencias, permisos y autorizaciones. No hace mención al artículo 13 y no se encontró información alguna del artículo 18. La página web señala que se seguirá abundando en los próximos días en la información oficiosa. •Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Ambos partidos publican únicamente dos Obligaciones de transparencia Artículo 13. Todo Ente Público del Distrito Federal deberá publicar al inicio de cada año un listado de la información que detentan, por rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de difusión y los lugares en donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la información reservada o clasificada como confidencial en términos de esta Ley. Artículo 14. Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas. Artículo 18. Además de lo señalado en el artículo 14, los órganos político-administrativos, al inicio de cada año, deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas.
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de las 26 fracciones referentes al artículo 14. El PRI informa los datos relacionados con la Oficina de Información Pública y los informes que debe rendir el ente público. Por su parte, el PRD transparenta la legislación que le aplica y el directorio de servidores públicos. Ninguno cumple con los preceptos 13 y 18. El portal del PRI contiene una liga que conduce a la ventana de Transparencia con la leyenda “en construcción”; mientras que el PRD no cuenta con ésta, ni con ninguna señalización que haga referencia a la Información de oficio. •Convergencia. No se encontró la página referente al Distrito Federal, es decir, sólo cuentan con una página web con información federal. En ella se hace mención de un convenio firmado entre este partido y el Instituto de Acceso a la Información Pública Federal (IFAI). •Nueva Alianza. Si bien cuenta con una liga de Transparencia, ésta no conduce a la sección correspondiente. •Partido Verde. La página de inicio no estaba activa.
Artículo 14 I.Marco normativo aplicable al ente público. II.Estructura orgánica. III.Funciones más relevantes. IV.Directorio de servidores públicos. V.Perfil de los puestos de los servidores públicos y currículum. VI.Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos. VII.Lista con el importe por concepto de viáticos, gastos de representación y alimentación. VIII.Relación de bienes y monto. IX.Presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. X.Calendarización de las reuniones públicas. XI.Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica de los servidores públicos encargados del Comité de Transparencia y de la Oficina de Información Pública. XII.Instrumentos archivísticos y documentos. XIII.Actividades específicas más relevantes.
XIV.Auditorias y revisiones. XV.Dictámenes de cuenta pública y estados financieros. XVI.Convenios y contratos celebrados. XVII.Concesiones, licencias, permisos y autorizaciones. XVIII.Informes. XIX.Servicios y programas que ofrecen. XX.Programas de apoyo o subsidio. XXI.Montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes, por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. XXII.Programas y centros destinados a la práctica de actividad física, el ejercicio y el deporte. XXIII.Programas operativos anuales y/o de trabajo de cada uno de los entes públicos. XXIV.Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. XXV.Cuenta Pública. XXVI.Resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida Zócalo y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. Artículo 18 I.Cantidades recibidas por concepto de recursos autogenerados, así como el uso o aplicación que se les da. II.Indicadores oficiales de los servicios públicos. III.Calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar. IV.Actas de sesiones de comités y subcomités. V.Información que muestre el estado que guardan los bienes asignados. VI.Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicarse el calendario trimestral sobre la ejecución de las aportaciones federales y locales. VII.En el caso de la información sobre programas de subsidio, se deberá considerar toda aquella información sobre los programas sociales. VIII.Programas de Desarrollo Delegacionales.