Zócalo 115 by Zócalo Noticias

Contenido Portada

Mesa de Redacción

Acotar propaganda ilícita

Artículo 134 constitucional: vacíos e interpretación

Cartón de Luy

Jorge Kristian Bernal Moreno†

Telebancada

Para seguirle la pista

Premian a consejero de Mario Marín

18 Intentos por normar la

Legislación la publicidad gubernamental

Jorge Bravo

20 Regulación de

13 Necesario legislar

comunicación social

productos integrados: Alfredo Figueroa Carlos Padilla Ríos

Carlos Padilla Ríos

Ernesto Villanueva

Internacional

Jenaro Villamil

34 Noticieros sin política

Raúl Trejo Delarbre

sustituye proyecto: Canel Jorge Bravo

28 Gobierno acosa

a Proceso: Rodríguez Castañeda Jorge Bravo

Contacto alternativamedios@prodigy.net.mx En Internet http://www.revistazocalo.com.mx http://www.revistazocalo.blogspot.com Septiembre 2009

oportunidades perdidas

Comunicación política

Medios

Libertad de expresión

Zócalo

26 Comunicación no

30 Ley de Medios,

publicidad oficial en otros países

Jaime Cárdenas

16 Urge ley que regule

Medios

Cuartoscuro

Director General Carlos Padilla Ríos Edición Jorge Bravo Jaimeduardo García Diseño Israel Sánchez Hernández Portada gis Fotografía Cuartoscuro

38 Televisa, la más multada

Gabriel Sosa Plata y Karina Judith Godines

Reporteros Balbina Flores Martínez, Ricardo Martínez, Primavera Téllez Girón, Atziri Ávila, Frambel Lizárraga Salas, Víctor Chávez Colaboradores Luis Miguel Carriedo, Graciela Ramírez, Gabriel Sosa Plata, Pablo Arredondo, Francisco Hernández Lomelí, Andrés de Luna, Víctor Becerril, Jorge Pulido, Raúl Valencia, José Luis Durán King, Agustín Pineda, Claudia Benassini, Naief Yehya, Antonio Medina, Raúl Trejo Delarbre, Elvira García, César Amador, Beatriz Mojica. Caricaturistas Hernández, Luy, Kemchs, Lezama, Gallut, Rapé

Medios

42 Televisa pierde rating,

Reseñas de libros

Libertad de expresión

60 Estudio comparado

50 Recomendación

presiona a Ibope

de la CNDH, llamados a misa

52 Más agresiones

Viridiana Villegas H.

Rogelio Hernández López

de publicidad oficial

Jorge Bravo

Fotografía

44 El fotoperiodismo

Jaimeduardo García

Carlos Cazalis

está muerto y vivo: Carlos Cazalis

61 La vigencia de

de militares

Balbina Flores Martínez

Medios comunitarios

Manuel Buendía

Jaimeduardo García

61 Acciones fallidas

del gobierno

Jaime Hernández

54 Autoridades desacatan Mujeres periodistas

olfato periodístico: Sara Lovera Elvira García

62 Organizaciones

56 Obstinación de la UAZ

por ocultar información Gerardo Flores

Circulación Héctor Benítez Velasco, Claudia Paulina Morales Armas Auxiliar de administración Elizabeth A. Martínez Martínez Redacción Fabiola Cortés Ibáñez, Anayeli García Martínez, Ramón Figueroa Peralta, Viridiana Villegas Hernández Servicio social Claudia Guzmán Amador, Joanna Martínez Jurado, Yuridia Trejo Montiel Monitoreo Medialog

empresariales y medios

Transparencia

Comité de Redacción Beatriz Solís, Javier Corral, Jenaro Villamil, José Reveles, Rogelio Hernández López, Luis Miguel Carriedo, Gabriel Sosa Plata. Consejo Editorial Alma Rosa Alva de la Selva, Javier Esteinou, María Victoria Llamas (†), Carlos Mendoza López, Jorge Meléndez, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza (†), Octavio Islas Carmona. Publicidad Carmen Karene López Baños y Joel Ordaz Secretaria Concepción Villegas

Aleida Calleja

Tesis

46 Gané notas por

exhortos del Congreso

Frambel Lizárraga Salas

Aviso

or cumplir con otros compromisos, con este número me despido como editor. Agradezco a Carlos Padilla, director, a Balbina Flores y al resto de los colaboradores y compañeros. ¡Larga vida a Zócalo! Jorge Bravo

Zócalo, comunicación, política y sociedad es una publicación mensual editada en México DF, por Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V., Reserva exclusiva título núm. 04–2000–090816141800–102. Número de certificado licitud de título 12280. Número de certificado de licitud de contenido 8943. Número ISSN 1665–8698. Domicilio: Calzada México Tacuba 235 cuarto piso, colonia Popotla, delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 5341 6590 y 5341 6597, alternativamedios@prodigy.com.mx, revistazocalo@ yahoo.com.mx Internet: www.revistazocalo.com.mx. Impreso en Policromia Impresora, S.A. de C.V. Benito Juárez Núm. 16, Barrio de Santa Cruz Iztacalco, México, DF, C.P. 08910. Precio por ejemplar: 25 pesos. Suscripción anual: 300 pesos por 12 números. Distribución: Publicaciones CITEM, S. A. de C.V. Tel.: 5238 0200. En Sanborns en toda la República. EDUCAL, S.A. de C.V. Tel: 5354 4037, 5356 2815. En el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero.

Septiembre 2009

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Mesa de redacción

Acotar propaganda ilícita A pesar de que Enrique Peña Nieto invirtió buena parte de su actividad política en una pasarela televisiva durante el pasado proceso comicial, al cierre de agosto el Tribunal Electoral resolvió que el priísta “no incurrió en promoción indebida” de su imagen al acudir a programas de Televisa. Una decisión similar ya la había adoptado el Instituto Federal Electoral (IFE). La respuesta común para justificar tan polémicas decisiones es que los promoventes “no acreditaron las pruebas” que sostengan sus dichos. La otra controversia donde también se violó la ley es la protagonizada por el panista Demetrio Sodi, por conceder una entrevista simulada durante la

De última hora

Renunció Paoli Bolio al PAN

res razones adujo José Francisco Paoli Bolio para renunciar al PAN después de tres lustros de pertene- cer a él: 1. El partido ha dejado de ser un instrumento al servicio de los ciudadanos “que luche por ensanchar los márgenes de libertad de pensamiento, expresión, manifestación, reunión y asociación…, se ha convertido en un grupo que cuida sobre todo los intereses de los poderosos y específicamente de los factores reales del poder, llamados en nuestro tiempo poderes fácticos”. 2. Ya no se considera una persona útil al PAN. 3. Quedar en mejores condiciones para realizar la investigación sobre el sistema de partidos políticos. “Es muy difícil que mi análisis del PAN y de los otros partidos pueda ser considerado imparcial, mientras sea miembro activo de ese partido.” El investigador y colaborador de Zócalo dio a conocer su renuncia en una carta dirigida al nuevo presidente del PAN, César Nava, el 20 de agosto de 2009.

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transmisión de un partido de futbol. El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ya dictaminó que rebasó los topes de campaña. Ambos personajes promovieron su imagen –con recursos públicos, en tiempos y medios prohibidos por la ley– utilizando lo que en marketing se conoce como producto integrado: difusión de ideas, imágenes, objetos o personas como información, lo que en realidad es propaganda pagada, con claras intenciones de persuasión electoral. La LXI Legislatura está obligada a redactar la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, que penalice esas prácticas e incremente las multas a los medios que transgredan la normatividad.

Frase del mes

Complicidad (El gobierno tiene) un compromiso absoluto con el respeto a los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los criminales. Y quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad; en que no hayan respondido las autoridades para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías o soldados.

Guillermo Perea, Cuartoscuro

omo parte de la resaca electoral, los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación y del Distrito Federal conocieron dos controversias cuyos actos ensuciaron los comicios del 5 de julio. El tema será materia del Poder Legislativo, donde ya se afinan cambios a la reforma electoral. Aunque los artículos 41 y 134 constitucionales prohíben la promoción de funcionarios con recursos públicos y advierten que éstos deben suspender toda propaganda durante las campañas, empresas y gobernantes continúan burlando esas disposiciones, sin que los tribunales apliquen el mandato del máximo ordenamiento.

Felipe Calderón, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, en Guadalajara el 11 de agosto.

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Premian a consejero de Mario Marín

icardo Velázquez Cruz, ex consejero jurídico del gobernador de Puebla, Mario Marín, rindió protesta como coordinador de magistrados del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia el pasado 10 de agosto. El nuevo cargo del ahora magistrado Velázquez Cruz fue calificado por partidos de oposición en el Congreso poblano y abogados como un premio político a su labor como defensor de Marín Torres durante el litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la periodista Lydia Cacho, y del que saliera bien librado con la exoneración de la SCJN en noviembre de 2007. El nombramiento de quien se encargará de supervisar el desempeño de magistrados, jueces y personal administrativo en el Tribunal y por el cual percibirá un salario de 72 mil 337 pesos

mensuales, llegó el 9 de julio pasado cuando el gobernador del estado presentó a los legisladores una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia para que se creara una vacante para este nuevo puesto, misma que fue aprobada por la legislatura. Desde que inicio el periodo de registro para ocupar el cargo de coordinador de magistrados, Ricardo González apareció como uno de los candidatos más fuertes para ocupar ese cargo que podría llevarlo a ocupar el de presidente del Tribunal Superior de Justicia o el de procurador del estado. Corresponderá al magistrado Velázquez Cruz vigilar el cumplimiento de la

El PAN, ambigüedad en materia de medios

Ricardo Castelán, Cuartoscuro

l Partido Acción Nacional planteó en su plataforma electoral 2009-2012, en materia de medios, la “democratización y una mayor competencia en las telecomunicaciones y en la radiodifusión”. electoral: “mayor libertad de expresión Además, se comprometió a “un comba- sobre el derecho a la información que te frontal a los monopolios” e impulsar merecen los ciudadanos; la segunda es el derecho de réplica. En la práctica, el fortalecer los campos de participación gobierno federal, que encabeza Felipe ciudadana de manera más clara y permanente, y la tercera estará Calderón, salido de las filas panistas, ha sido muy relacionada con las decicomplaciente con Televisa y siones de todo aquello que TV Azteca. fortalezca aún más las instan- A finales de agosto, la cias electorales”. coordinadora de la fracción ¿Contrarreforma? parlamentaria del PAN en A simple vista, parecería la Cámara de Diputados, que la propuesta partidisJosefina Vázquez Mota, ta más completa y atracafirmó que los legisladores de Acción Nacional tiva es la del PAN, pero la de la LXI Legislatura deambigüedad ha permeado batirán “al menos tres asel discurso de ese organispectos” sobre la reforma Josefina Vázquez Mota. mo. No ha demostrado

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Para seguirle la pista

Ricardo Velázquez.

recomendación 16/09 que en marzo de 2009 emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobernador Mario Marín por la tortura a la que fue sometida Lydia Cacho durante su detención en diciembre de 2005. En la recomendación se solicita iniciar averiguación previa y determinar responsabilidad penal a quienes participaron en su detención, así como la reparación del daño causado a la periodista. (BFM)

en los hechos verdadera voluntad política por fomentar una Ley de Medios que realmente los democratice, le dé certeza jurídica a las radios indígenas o comunitarias, por ejemplo, facilite el acceso a otros sectores de la sociedad marginados de los espacios mediáticos, o rompa efectivamente el duopolio televisivo. Respecto de los temas a los cuales se ha “comprometido” el PAN a debatir, no especifica si apoyará la vigencia que prohíbe a particulares contratar espacios en los medios electrónicos en tiempos electorales, contemplada en la reforma electoral de 2007, o si dará vía libre a quienes pretendan una contrarreforma que apuntale los privilegios de las televisoras. (JEG)

Para seguirle la pista

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Con litigios, SCT prorroga concesiones

o es presurosa, como expresó el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, pero sí coincide con la crisis económica y con la apremiante necesidad del gobierno federal de acarrearse recursos; ¡y pensar que la Ley Televisa decía que el Estado “podrá” cobrar una prestación por la concesión de servicios de telecomunicaciones!

Y es que el lunes 24 de agosto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) resolvió el otorgamiento de siete prórrogas de servicio de radiocomunicación especializada de flotillas (trucking), servicios adicionales, nuevos permisos y asignaciones para operadores de telecomunicaciones, por un monto total de 905 millones de pesos, y tendrán que abonar 800 mil pesos anuales de derechos durante el tiempo que dure la concesión. A Nextel, por ejemplo, se le modificó el título de concesión y podrá otorgar el servicio de telefonía móvil y sumarse al mercado junto con Telcel, Telefónica y Iusacell. A esta última, cuyo propietario es Ricardo Salinas Pliego, la SCT autorizó

una prórroga parcial de su concesión y le retiró la banda de los 25 Mhz, que tenía subutilizados en la explotación de telefonía rural, espectro cuyo valor estimado es de 200 millones de pesos, porque la empresa no tiene planes de negocios en ese segmento. Iusacell ya amagó con otro litigio contra la dependencia que encabeza Juan Molinar Horcasitas, pero mientras los empresarios exigen resultados y eficiencia de la autoridad para promover la competencia y el crecimiento del sector de las telecomunicaciones, los operadores incumplen con su título de concesión e, incluso, se dan el lujo de no utilizar bandas del espectro porque no les resultan rentables. Así, acierta el senador Carlos Jiménez Macías (PRI) cuando acusa que la autoridad renueva concesiones a empresas que tienen litigios con ella y se pregunta de qué manera procederá el Ejecutivo para que cubran los adeudos. (JB)

n mes después de que funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Distrito Federal prometieran investigar el cambio del peritaje en la muerte del periodista Armando Rodríguez, familiares de la víctima esperan respuesta. La indagatoria fue solicitada luego de que en la delegación del IMSS en Chihuahua se modificara el resultado del peritaje inicial del homicidio de Rodríguez de “accidente de trabajo” por “accidente en trayecto”. La explicación ofrecida a la viuda, Blanca Martínez, por los funcionarios del instituto

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Niega IMSS que asesinato sea por ejercicio periodístico en Chihuahua fue: En conferencia de prensa, “La Ley del Seguro Sola viuda del periodista exigió cial no distingue entre al IMSS respetar el dictamen el trabajo de un repororiginal elaborado y confirmado por el Departamento tero y el de un empleado de maquiladora o de Medicina en el Trabajo del un mesero.” mismo instituto, y aceptado Martínez se niega por la empresa periodística El Diario de Chihuahua. Faa aceptar el cambio miliares del reportero tamen el peritaje, pues el bién exigen a la Procuraduría homicidio de su mari- Armando Rodríguez. do ocurrió a las puerde Justicia del Estado de Chitas de su casa donde fue baleado. “La huahua y a la Procuraduría General de muerte de mi esposo Armando no fue la República (PGR) el esclarecimiento un ‘accidente en trayecto’, fue el ejerci- del asesinato de Armando Rodríguez, cio de su profesión lo que a él le costó la quien después de nueve meses de ocurrivida; las amenazas previas a su muerte así do (13 de noviembre de 2008) sigue sin resolverse. (BFM) lo demuestran.” Septiembre 2009

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Artículo 134 constitucional: vacíos e interpretación • Jorge Kristian Bernal Moreno† / profesor de la Facultad de Derecho, UNAM*

omo consecuencia de la crisis que suscitó la elección presidencial de 2006, el Poder Legislativo se abocó durante 2007 a revisar el marco que rige la competencia electoral en nuestro país. El panorama fue crítico, la sociedad mexicana se encontraba dividida. Justo cuando se habían alcanzado niveles aceptables de credibilidad en las instituciones electorales de nuestro país se sembraron nuevas dudas. La reforma electoral de 2007, lejos de ser perfecta, asumió muchos de los problemas que se fueron acumulando durante el tiempo que duró en vigor la acreditada reforma de 1996. En parte, se trató de una reforma reactiva; sin embargo, es notable la profundidad y ambición de este esfuerzo legislativo, como también son excepcionales las mejoras que produjo. Una

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Vicente Rojo, Señal B, 1972

Semanas previas al trágico final del doctor Jorge Kristian Bernal Moreno, Zócalo lo buscó para un análisis sobre el artículo 134 constitucional. Reproducimos este texto que realiza un examen jurídico de ese mandato constitucional, después de que en el pasado proceso electoral se violara de manera sistemática, como resultado de la falta de regulación en la materia.

Toda reforma constitucional requiere de un consenso y una voluntad política que la vuelva primero deseable, luego posible y finalmente efectiva.

difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. “Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.” Entre las razones que motivaron la creación de este nuevo régimen de responsabilidad de los servidores públicos se de las modificaciones que arrancó el encuentran las siguientes: la falta de reguaplauso unánime de la opinión pública lación propiciaba el desperdicio de recurfue la adición de tres párrafos al artículo sos públicos en la promoción personal de 134 constitucional: funcionarios; la concurrencia de servidores “Los servidores públicos de la Fede- públicos en la vida política electoral sin re- ración, los estados y los municipios, así glas, distorsionaba la equidad de la comcomo del Distrito Federal y sus delega- petencia; la permanente confusión entre ciones, tienen en todo tiempo la obli- funcionarios-candidatos alteraba el trabagación de aplicar con imparcialidad los jo de los gobiernos y de la propia función recurso públicos que están bajo su res- pública, y en la calificación presidencial de ponsabilidad, sin influir en la equidad 2006, el Tribunal Electoral del Poder Jude la competencia entre los partidos po- dicial de la Federación (TEPJF) consideró líticos. La propaganda, bajo cualquier que la injerencia de algunos servidores púmodalidad de comunicación social, que blicos puso en riesgo la elección.

Reforma inacabada En el texto constitucional, las normas contenidas en el artículo 134 surten sus efectos en todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Del mismo modo que una infracción a estas pautas puede dar lugar a diferentes tipos de responsabilidad (política, administrativa, penal y/o electoral). Esta condición exige la creación de reglas claras que distingan a detalle los distintos ámbitos de competencia, el tipo de autoridades que concurran a su aplicación y las sanciones que correspondan a cada conducta. Contrario a

esta aspiración, el legislador dejó inconclusa su tarea reglamentaria, pues no expidió una serie de disposiciones para hacer efectiva la reforma constitucional. Se hablaba de la adecuación de, por lo menos, 15 leyes secundarias. El hecho es que hasta ahora el único ordenamiento relacionado con el artículo 134 constitucional que expidió el Congreso es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe); ni el Código Penal ni la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos fueron modificadas; tampoco se blindó el gasto público en la Ley de Desarrollo Social. Con estas circunstancias, el Instituto Federal Electoral (IFE) se erigió como la única autoridad con posibilidad de aplicar las normas relacionadas con la propaganda gubernamental, pese a que, como cualquier otro órgano del Estado, su actuación está limitada por las funciones que la propia Constitución le otorga: “Será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos…” Estas disposiciones nos permiten establecer que el IFE sólo es competente para conocer de las infracciones al artículo 134 constitucional que puedan tener incidencia o repercusión en elecciones federales, con dos excepciones: cuando la propaganda sea difundida a través de radio o televisión y cuando el IFE celebre convenios con las autoridades locales para organizar las elecciones de los estados. Lo anterior es relevante porque cualquier propaganda gubernamental que no tenga carácter institucional o promueva la imagen de los servidores públicos es ilegal, pero no en todos los casos es competencia del IFE.

Vicente Rojo, Señal T, 1972

La iniciativa que aprobó el Senado lo expresó: “Tiene como propósito poner fin a la indebida práctica de que servidores públicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera que sea el medio para su difusión, pagada con recursos públicos o utilizando los tiempos de que el Estado dispone en radio y televisión, para la promoción personal. Para ello, se establece que esa propaganda no podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.” Previo a estas adiciones, el artículo en cuestión ya tutelaba la administración eficiente, eficaz y honesta de los recursos públicos. Con la inclusión de los párrafos 7, 8 y 9 al artículo 41 de la Constitución, además se trató de evitar que los servidores públicos atenten contra la equidad de la contienda electoral; que la comunicación del gobierno se convierta en propaganda política o electoral, y que los funcionarios públicos promuevan su imagen con el dinero de todos. En resumen, fue loable el esfuerzo del constituyente por garantizar la imparcialidad y la equidad durante los comicios de 2009, pero faltaban las previsiones que hicieran eficaz la reforma, así como la atinente interpretación y aplicación de parte de las autoridades electorales.

En ocasiones es atribución de las autoridades electorales de las entidades federativas y, en otras, la infracción ni siquiera pertenece al ámbito electoral. Por ejemplo: un alcalde, fuera de proceso electoral, difunde propaganda donde con su voz e imagen promueve los sitios turísticos del municipio que gobierna. Esta conducta en abstracto viola lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, pero difícilmente se puede relacionar con un proceso de renovación de autoridades, y mucho menos debe ser competencia del IFE. En todo caso, se trata de una infracción administrativa que le corresponde conocer y sancionar a los órganos de control de los distintos entes de gobierno. El problema viene a cuenta porque en la normatividad federal y local, los recursos para sancionar e inhibir este tipo de conductas son muy escasos. Lo anterior tiene una implicación práctica en el sentido de que vuelve a la norma ineficaz, porque al tratarse de valores o principios de configuración legal (establecidos en la Constitución pero que deben ser Septiembre 2009

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Mención aparte merecen dos aspectos cuyo déficit de regulación es más evidente: a) la excepción que permite, bajo ciertas condiciones, que se difunda propaganda con la imagen de los servidores públicos, y b) lo relativo a las sanciones de los servidores públicos que violen lo establecido en la Constitución o el Cofipe.

La interpretación de este párrafo dio lugar a una controvertida sentencia que se dictó a propósito de la difusión de cientos de spots en televisión donde legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presumían los logros de su mandato, justo antes del inicio formal de las campañas. El legislador no estableció consecuencias para los servidores públicos que en lo sustantivo violen el Cofipe, ni le atribuyó al IFE facultades para sancionar. La autoridad electoral se limita a remitir el expediente al superior jerárquico del funcionario que se niegue a colaborar, para que otra autoridad sea la encargada de sancionar. Esto es un olvido de la reforma que no pudo darle al IFE todos los instrumentos necesarios para ejercer de mejor manera su función de árbitro, aunque dicho órgano sí puede retirar la propaganda ilegal y, con ello, salvaguardar la equidad de la contienda. El Consejo General del IFE, en un acuerdo que tampoco estuvo exento de polémica, expidió el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos. En esa ocasión, la discusión se centró en determinar si el IFE podía regular de manera directa un precepto de la ley fundamental, problema que se zanjó al establecer en el artículo 1º de dicho ordenamiento que se estaban reglamentando artículos del Cofipe y no de la Carta Magna. En segundo término, se presentó un disenso respecto del artículo 2º de dicho reglamento, que acota la propaganda ilegal a “aquella contratada con recursos públicos”, circunstancia que el Tribunal Electoral resolvió tiempo después. Con estas circunstancias, con reglas poco claras, dio inicio el proceso electoral Vicente Rojo, Juego de la memoria, 1973

desarrollados en la ley) requieren que se establezcan consecuencias que los puedan realizar, de lo contrario, estos criterios se mantienen en la órbita de lo programático y se alejan de lo fáctico. Para advertir las lagunas que denunciamos, vale la pena echarle un vistazo a la manera como se reguló la propaganda gubernamental en el Cofipe. En primer término, el código comicial federal reprodujo con exactitud lo dispuesto en el apartado C de la base III del artículo 41 de la Carta Magna, en lo relativo a la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante las campañas electorales. En el artículo 347 estableció un catálogo de infracciones exclusivo de los servidores públicos, de cualquiera de los poderes de la Unión, locales, órganos de gobiernos municipales, del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público. Asimismo, en otros apartados se definen las facultades del Consejo General del IFE, los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador ordinario. Una interpretación sistemática y funcional de estas disposiciones nos lleva a concluir que las normas contenidas en el artículo 134 constitucional no son exclusivas del ámbito electoral; que la autoridad en la materia es competente para conocer de infracciones al párrafo constitucional que regula la propaganda gubernamental, únicamente durante los meses que comprenden los procesos electorales; la responsabilidad de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos a su cargo es permanente, y la obligación de que la propaganda oficial tenga carácter institucional, fines informativos, educativos o de orientación social, también es permanente.

Por cuanto hace al primer punto, el artículo 228 del Cofipe establece que “para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labo- res o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campa- ña electoral”.

Breve análisis formativo Se debe suministrar un significado común a la base constitucional de la que partimos rumbo a la discusión de cada caso en particular. Por virtud de la reforma quedaron establecidas en el artículo 134 constitucional cuatro operaciones deónticas: un principio, una obligación, una prohibición y un mandato. a) El principio de imparcialidad de los servidores públicos para que los recursos a su cargo se apliquen con responsabilidad y sin influir en la contienda electoral. b) La obligación de que la propaganda que difundan los entes públicos de cualquier nivel de gobierno, por cualquier medio de comunicación social, sea de carácter institucional, tenga fines informativos, educativos o de orienta- ción social. c) La prohibición de que dicha propaganda incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que promuevan la imagen de los servidores públicos. d) El mandato para que las leyes, en el ámbito federal y local, garanticen el estricto cumplimiento de todo lo anterior e incluyan un régimen sancionador que lo asegure. Con ello, se incorporaron a esta norma en particular dos bienes jurídicos propios de los sistemas democráticos: la imparcialidad de los servidores públicos y la equidad en la contienda. Así, los servidores públicos –que adquieren dicho estatus por voluntad propia– vieron disminuido su derecho de expresión política en razón de que su posición privilegiada puede afectar la equidad de la contienda electoral. Al establecer la obligación de que la propaganda gubernamental tenga un carácter institucional, fines informativos,

educativos o de orientación social, lo que se buscó fue que la comunicación del gobierno persiga un interés general y no político-partidista. La frase “bajo cualquier modalidad de comunicación social” debe entenderse en dos sentidos: el instrumental (los mecanismos utilizados para socializar la información), y el material (los tipos o la modalidad de los mensajes utilizados). Respecto del instrumental, se deben considerar dentro de los medios de comunicación social no sólo la radio y la televisión –como lo hace el artículo 41 constitucional–, sino también los medios impresos, los anuncios espectaculares y, en algunos casos, Internet. Respecto del sentido material de la frase, ésta debe entenderse como la prohibición de utilizar cualquier esquema de comunicación que implique la promoción personal, lo que, por supuesto, incluye los spots, pero también deben considerarse las entrevistas en medios de comunicación y las noticias pagadas por los servidores públicos. Sólo se excluyen los informes anuales de actividades que no tengan contenido político-electoral. En razón de que el artículo 134 constitucional regula diversas responsabilidades de los servidores públicos y sólo algunas tienen un componente electoral, debemos considerar que sólo la propaganda con la calidad de políticoelectoral es susceptible de control y vigilancia por parte del IFE. La Sala Superior ha establecido en diversas sentencias lo que debe entenderse como propaganda gubernamental contraria a la ley, es decir, la contratada con recursos públicos; difundida por cualquier institución o poder de los

tres órdenes de gobierno o sus servidores públicos; que contenga expresiones que puedan vincularse con las distintas etapas del proceso electoral; o mensajes tendientes a la obtención del voto o cualquier otro dirigido a promover la imagen personal de algún servidor público; influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, así como que pueda afectar la equidad en la contienda.

Los recursos públicos Al respecto, vale la pena destacar el tema de los recursos públicos como presupuesto para configurar una infracción al artículo 134 constitucional. Ante las posturas que sostienen que no se debe hacer distinción respecto del origen de los recursos, es necesario recordar que los sistemas jurídicos están integrados por normas que tienen un fin propio con el que contribuyen a los del sistema. Vicente Rojo, Negación S 1, 1973

de 2009. El número de quejas se multiplicó y la interpretación de este artículo siguió sus cauces, en ocasiones, muy distintos a los que su origen vaticinó.

En el caso que nos ocupa, claramente se puede distinguir, tanto en la exposición de motivos como en la ubicación del texto constitucional, que la finalidad de este mandato es salvaguardar el correcto destino de los recursos públicos frente a la equidad de la contienda. Septiembre 2009

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Vicente Rojo, Negación S 10, 1975

el de Propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos atribuyen competencia a dicho órgano para conocer en todo tiempo de propaganda contraria a lo dispuesto en el párrafo octavo del multicitado precepto constitucional, lo que a nuestro juicio contraviene lo señalado en el inciso D del artículo 347 del Cofipe, lo cual restringe esa posibilidad a la duración de los procesos electorales. El Tribunal Electoral convalidó la interpretación de los reglamentos del IFE, primero, de manera tácita al aceptar recursos de apelación en contra de resoluciones de procedimientos ordinarios iniciados antes del arranque formal del proceso electoral y, luego, al sostener un criterio en el sentido de que “como es permanente la posibilidad de que se cometan violaciones a las normas que regulan la propaganda, ésta es susceptible de revisión en cualquier momento”. No existe duda acerca de que el legislador previó que este tipo de faltas, cuando se cometieran fuera del proceso electoral, estuvieran bajo la jurisdicción de autoridades distintas a las que organizan los comicios.

Lo cual no obsta para que, en su caso, la conducta de un servidor público que encuadre en los supuestos de la norma, pero en uso de recursos privados, pueda ser sancionada por violaciones a disposiciones diferentes a las referidas, por ejemplo, las que prohíben los actos anticipados de campaña o la compra de tiempo en radio y televisión. Al IFE le corresponde conocer de la propaganda que difundan por cualquier medio de comunicación social los servidores públicos con el objeto de promover su imagen con fines políticoelectorales, siempre que repercuta en procesos electorales federales (salvo que la propaganda se transmita en radio y televisión o que el IFE organice el proceso electoral local). La propaganda así realizada, que además vulnere la equidad de la contienda, puede traducirse en una infracción a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, siempre que haya sido adquirida con recursos públicos y configure una infracción a otra disposición, independientemente del origen de los recursos. Referente al ámbito temporal de validez de la actuación del IFE, tanto el Reglamento de Quejas y Denuncias como 12

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Septiembre 2009

Reflexión final La reforma constitucional de 2007 tuvo el firme propósito de desterrar de nuestro sistema político ciertas prácticas tan históricas como nocivas con las cuales los servidores públicos trataban de incidir en la contienda, al tiempo que construían sus propias candidaturas.

En los hechos está la intención, y no se ha podido concretar, en parte porque el Congreso dejó huecos en la ley tan evidentes que generan dudas razonables sobre su labor. Con independencia de lo anterior, en la práctica administrativa y judicial tampoco ha sido posible aplicar con todo rigor estos principios a causa de interpretaciones de la autoridad electoral, o muy laxas o muy rígidas, pero siempre contradictorias. Entristece saber que de la gran cantidad de denuncias promovidas, el primer acto de aplicación de la reforma al 134 constitucional condena la conducta de un alcalde que ni de manera tangencial puede incidir en el proceso electoral en marcha. Peor aún, que esa sentencia, en la actualidad, constituya el paradigma de la propaganda gubernamental contraria a la ley. Aún más, preocupa el trato generoso del Tribunal Electoral hacia ciertos servidores públicos, que valiéndose de todos los recursos a su alcance y en tiempos vedados al proselitismo electoral, han posicionado a su partido utilizando una herramienta cuya regulación constituyó el corazón de la reforma. La emisión de la regulación faltante y una pulcra interpretación de estos preceptos, le habrán de deparar un mejor destino a estas reglas constitucionales que llegaron para quedarse. * Agradecemos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al doctor Pedro Salazar y a la doctora Elvia Lucía Flores Ávalos su auto- rización para editar y reproducir este texto. Puede consultarse íntegro en Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (coords.), Democracia sin garantes. Las autoridades vs. la reforma electoral, IIJUNAM, México, 2009.

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Necesario legislar la publicidad gubernamental • Jaime Cárdenas / colaborador invitado. Diputado por el Partido del Trabajo

n nuestro país, desde hace mucho tiempo, se necesita una ley reglamentaria que regule la propaganda y la publicidad del Estado para evitar abusos como los del gobernador Enrique Peña Nieto, que limitan la equidad política y la imparcialidad, no sólo en los procesos electorales, sino en el quehacer cotidiano de los gobiernos, y en las relaciones entre gobierno y oposición. Se trata de un viejo propósito que ha sido materia de distintas iniciativas de ley, lo cual ha obligado a la Secretaría de Gobernación (Segob) a emitir lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal que, se debe decir, son insuficientes. La reforma constitucional electoral de 2007 definió en sus párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución, lo siguiente: “Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus

delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda desde cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.” Las anteriores disposiciones constitucionales significan que existen deberes para todos los servidores públicos del Estado, que los obligan a la imparcialidad y a la salvaguarda de la equidad

en la competencia entre los partidos políticos. A partir de este principio, los recursos públicos, tanto federales, estatales o municipales, jamás pueden usarse en la propaganda y publicidad gubernamental para trastocar esos principios. Los gobiernos deben ser respetuosos, en términos de equidad y de imparcialidad, en las relaciones con la oposición. Es decir, no es posible romper por ningún motivo esos principios, y no sólo en procesos electorales sino, permanentemente, para que exista una relación simétrica entre los que tienen el poder y quienes aspiran a obtenerlo. Además, la propaganda estatal y gubernamental debe tener carácter institucional, es decir, debe referirse a los fines de cada institución y a la manera como éstas se aproximan a los ciudadanos. No están permitidos mecanismos mediáticos de manipulación, simulación u ocultamiento. Los instrumentos de comunicación social deben darse a partir de elementos documentales o electrónicos, que expresen objetivamente a los ciudadanos el cumplimiento de las competencias constitucionales y legales, con el propósito de proporcionar información confiable, técnica y verificable, que garantice los principios de rendición de cuentas y el derecho a la información. Esto es, no se trata de cualquier información institucional, sino de una circunscrita a informar y transparentar las tareas y objetivos de la función pública, Septiembre 2009

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ideológicas o partidarias. Los párrafos sexto, séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución son letra muerta.

Contradicciones El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) tiene responsabilidad en esta cascada de violaciones constitucionales. El artículo 347 de la legislación electoral federal circunscribe la prohibición de la difusión de propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas hasta el día de la jornada electoral y no en cualquier tiempo, como se desprende de las prohibiciones constitucionales del artículo 134 constitucional. De igual manera, el Cofipe sólo prohíbe la difusión de propaganda gubernamental en los procesos electorales, que contraviene los párrafos sexto y séptimo del artículo 134 de la Carta Magna. Propuestas Las deficiencias normativas en la legislación secundaria exigen contar con una ley reglamentaria de los párrafos sexto, séptimo y octavo del artícu- lo 134 de la Constitución, que permita el cumplimiento cabal de los principios establecidos por esa norma constitucional. Las pautas del Cofipe son insuficientes y permisivas con las conductas de los gobiernos y de los medios de comunicación electrónicos. La ley de marras, lo primero que debería determinar es si la publicidad o propaganda gubernamental o del Estado en medios electrónicos sólo se transmite en los tiempos oficiales. Ésta ure Paik, Sculpt

Fines educativos y sociales La propaganda de las instituciones públicas puede tener fines educativos y de orientación social. En el primer caso, los contenidos son de carácter pedagógico, y se cuida que en esa enseñanza no se violen los principios de imparcialidad ni los de equidad. Esto es, que la comunicación no favorezca a ninguna de las opciones ideológicas del país o, en su defecto, presente todos los puntos de vista sobre un mismo hecho, fenómeno o acontecimiento histórico, político o científico. En cuanto a la orientación social, se trata de recomendaciones, exhortaciones o consejos a los ciudadanos, para que adopten determinadas conductas referentes a su salud, alimentación, a sus

hábitos de consumo o a las medidas de protección civil. Esto último debe hacerse sin infringir los principios de equidad e imparcialidad. Lo anterior implica que, constitucionalmente, la propaganda institucional está acotada en todo tiempo y no sólo en campañas electorales, por los dos principios multicitados: el de imparcialidad y el de equidad. No se puede usar la propaganda gubernamental o del Estado con objetivos político-electorales. Por eso, la norma constitucional señala que, en ningún caso, la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Los principios constitucionales contenidos en el artículo 134 de la Constitución han sido una y otra vez violentados, tanto en los procesos electorales como fuera de éstos. Los gobiernos de los distintos órdenes usan la propaganda gubernamental con una clara intencionalidad política, para exagerar logros, para promocionar opciones ideológicas, sin exponer información neutral, objetiva, confiable y mensurable. Se hace uso político de ella y, lo que es peor, se cometen fraudes a la Constitución y a las disposiciones legales electorales, y así se compran entrevistas a través de terceros, se da a conocer información por los medios de comunicación electrónica, aparentemente con valor informativo, pero en realidad constituyen formas, directas e indirectas, de promoción política a ciertos servidores públicos o a determinadas opciones

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sin exageraciones, falsedades u ocultamientos, pues esa información debe responder a los criterios del artículo sexto constitucional en materia de derecho de acceso a la información (por ejemplo, al dar cuenta, a través de documentos, de los datos completos y actualizados de los indicadores de gestión y del ejercicio de los recursos públicos). La propaganda que difundan las instituciones públicas, además, debe tener fines informativos. Es decir, su propósito no es promocionar a los gobiernos o cantar loas a los logros del mismo. La finalidad tampoco es la de fortalecer o apuntalar una op- ción ideológica. El objetivo es simplemente informar en un tono de neutralidad y objetividad, como se señaló en el párrafo anterior. La evaluación de la información corresponde a los ciudadanos y no a los gobiernos. El simple hecho de afirmar, por parte de las instituciones públicas, que han trabajado muy bien o que se han conseguido los objetivos previstos, puede entrañar una violación a este principio constitucional.

sería la solución más adecuada y la óptima, porque evitaría las malas prácticas que hoy se presentan. De esta manera, cualquier mensaje, información o entrevista transmitida en tiempos no oficiales, con servidores públicos, estaría sujeta a la revisión de los principios de imparcialidad y equidad por parte de un futuro órgano constitucional autónomo para los medios de comunicación electrónica. En cuanto a la propaganda y publicidad en medios impresos, ésta debería sujetarse a criterios muy estrictos para salvaguardar los principios de imparcialidad y equidad. En este sentido, sería muy importante que existiese un Ombudsman de los medios de comunicación, tanto de los impresos como de los electrónicos. Si la solución consiste en no utilizar los tiempos oficiales para la propaganda

y publicidad del Estado en medios electrónicos, tendrían que instrumentarse criterios como los siguientes: • Garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la contratación de servicios de propaganda y publicidad. • Someter el plan de contratación estatal de cada institución pública en el ámbito federal a la aprobación de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados. • El plan de contratación de cada entidad pública debería presentar la estrategia y las finalidades de la contratación. • Debería cumplir con las obligaciones del derecho de información previstas en el artículo sexto constitucional, justificar y describir las campañas de difusión, justificar la selección de los medios electrónicos y precisar el presupuesto autorizado para la difusión de la

propaganda estatal y la manera como se ejercerán los recursos. • Las campañas de difusión de propaganda gubernamental deberían orientarse por criterios de austeridad y racionalidad administrativa. • Deberían estar sujetas a una estricta fiscalización a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. • Las violaciones a la ley deberían dar lugar, no sólo a sanciones administrativas, sino también a castigos de carác- ter penal. Estamos lejos de generar un marco normativo como el aquí expuesto. No obstante, será obligación de la LXI Legislatura avanzar en una reglamentación que haga respetar los principios constitucionales. De otra suerte, ni Estado de derecho ni democracia serán realidad en el suelo patrio. jaicardenas@aol.com

nte la queja que interpuso la revista Proceso por la asignación discriminada de publicidad, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, se pronunció por una legislación general en materia de distribución de recursos públicos en la contratación de publicidad gubernamental, para evitar que éstos sean utilizados “al capricho del gobernante en turno y como forma de proteger la libertad de expresión”. A pregunta expresa de la reportera de ese semanario, Gloria Leticia Díaz, el 19 de agosto, después de que la CNDH presentara la recomendación general 17/2009 sobre casos de agresiones a periodistas

durante los nueve años del PAN, Soberanes Fernández aseguró que las quejas de Proceso “serán atendidas a cabalidad y haremos el pronunciamiento que a derecho corresponda, sin miramiento alguno”. El titular de ese organismo reconoció que el tema de la publicidad oficial y las presiones fiscales (por la vía de las auditorías y las multas) “son dos formas bastante socorridas recientemente”, como parte de la persecución contra periodistas y medios de comunicación. Recordó las famosas palabras del ex presidente José López Portillo (“no pago para que me peguen”) y dijo que “la publicidad del Estado no debe responder a una persecución del Estado, cuando el gobierno le quita la publicidad a un medio como forma de presión”.

Carlos Seoane, Cuartoscuro

CNDH propone ley de publicidad oficial

Soberanes Fernández también criticó la labor de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, cuyos resultados “son más bien pobres”. Consideró que es una “estructura pesada que cuesta miles de pesos al día”, la evaluó negativamente y la calificó como “ineficiente”. Incluso propuso que los recursos de la Fiscalía se destinen a las familias de los periodistas asesinados. (Redacción) Septiembre 2009

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Urge ley que regule productos integrados: Alfredo Figueroa Carlos Padilla Ríos

• Carlos Padilla Ríos

Alfredo Figueroa, consejero electoral.

La propaganda de funcionarios públicos y candidatos, transmitida como información durante las pasadas campañas electorales, exige una ley sobre publicidad gubernamental, comenta a Zócalo el consejero electoral Alfredo Figueroa. Sugiere que otros poderes del Estado amplíen la regulación de los medios electrónicos, porque el IFE cumplió con su “tarea histórica” de sancionar a empresas por violar la Constitución.

–D

os meses después de las

elecciones, las instituciones electorales continúan debatiendo las probables violaciones a la legislación de funcionarios públicos, candidatos y televisoras. ¿Existe un vacío legal acerca de la publicidad gubernamental? –Durante el proceso electoral advertimos prácticas de gobiernos y candidatos con propaganda que se conoce como 16

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“producto integrado”, que es publicidad encubierta. El ejemplo más emblemático fue el candidato del PAN Demetrio Sodi, quien se promovió en televisión (23 de mayo). En el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) el debate fue si la cobertura noticiosa de que fueron objeto algunos candidatos o gobernantes fue información o propaganda encubierta. Existen otros casos como las revistas TV y Novelas y Cambio, publicaciones donde los partidos y candidatos, a través de terceros, compraron propaganda electoral. El caso de TV y Novelas lo ganamos por decisión de la mayoría del Consejo. Están por resolverse los casos de César Nava (Poder y Negocios) y del Partido Verde Ecologista de México (Cambio). En la difusión del producto integrado no se advierte al espectador que la información es propaganda, pues se transmiten como cápsulas periodísticas en los noticiarios o como entrevistas en programas y telenovelas. Está prohibido pagar con recursos públicos o privados ese tipo de propaganda, donde aparece la imagen personalizada de un candidato o gobernante, que se negocia por medio de pago, adquisición o incluso de manera gratuita. La publicidad integrada tiene un vínculo con las elecciones, pero también con las audiencias. En otras naciones está regulada, porque se busca garantizar el derecho a saber de las audiencias, para distinguir si lo que observan o escuchan es información noticiosa o pagada. Es necesario tener en México una legislación sobre la propaganda.

También conocimos y resolvimos denuncias de que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, participaba en campañas, destinaba recursos públicos y se hacía propaganda al aparecer en contenidos televisivos. La mayoría de los consejeros determinó que no era susceptible de ser sancionado; yo tuve una opinión distinta, pero minoritaria. La concentración de Antorcha Campesina en el estadio Azteca, donde apareció Peña Nieto, fue reportada en el noticiario de Joaquín López-Dóriga, en Televisa; fue propaganda porque la información se presentó con un llamado a comerciales, salía del contexto informativo de ese programa y se insertó sin un llamado, regla básica de un presentador de noticias. La empresa contestó que no era propaganda, pero por todos los elementos advertidos, eso fue una inserción pagada. –¿Es necesario modificar la reforma electoral? –Es una reforma incompleta que el IFE y el Tribunal Electoral fuimos completando, de manera exitosa en ocasiones, en otras no tanto, pero que obedecen a una ausencia legislativa. El derecho de réplica fue una batalla fundamental para las elecciones, y ahora partidos y candidatos tienen ese derecho. Es una conquista en este proceso electoral frente al vacío legal. Fue una elección que ofreció más equidad por el nuevo modelo de comunicación política. Pero hace falta un sistema más preciso de faltas y sanciones en relación con las empresas de radio y televisión.

Las sanciones deben ser mayores y –El IFE señaló que los concesionarepresentar mecanismos donde sea más rios cumplieron. conveniente cumplir la ley que violarla. –Es correcto, porque hubo un cumpliTenemos que revisar el procedimiento es- miento muy importante en la pauta del pecial sancionador para servidores públi- Estado; hay que reconocer a las empresas cos, sindicatos y concesionarios de radio de televisión. y televisión. –Algunos candidatos denunciaron El procedimiento especial sancionador un “mercado negro” de propaganda dura cinco días. Me parece razonable. Sin fomentado por esas empresas, por lo embargo, previo a ese momento se requie- que piden cambios a la legislación. re una revisión procesal; necesitamos que –Si bien es perfeccionable la reforma todos los días sean hábiles para los sujetos electoral, lo fundamental es avanzar en regulados, como ocurre con los partidos y lo legislativo y en acuerdos nacionales entre todos los sectores en la autoridad electoral. favor de la democracia. Si el incumplimiento cae El IFE hizo una Hay demandas legítien viernes y se inician las tarea histórica: mas de varios radiodifumedidas, no se puede notificar a los concesionarios de sancionar empresas sores, quienes deben ser radio y televisión hasta el por una violación atendidas para la viabilidad siguiente lunes. Estoy muy constitucional, que y fortaleza de la industria satisfecho con que la auto- no había ocurrido de los medios, que incluya ridad haya resuelto asuntos mecanismos de rendición en la historia del de cuentas. de enorme magnitud e imNo debemos volver a portancia, en el tiempo que Estado mexicano. lo hicimos. un modelo en el cual los El procedimiento especial sanciona- recursos económicos determinen quiédor mostró sus bondades y virtudes, y nes pueden estar o no en la televisión y la puso a prueba una institución que sesionó radio. Pero si se sigue pensando que sólo tres veces más que el Consejo General de el IFE, en materia electoral, puede regu2006, que lo hizo en más de 30 ocasiones; lar lo que el Estado mexicano en toda su historia no ha podido, es indebido. en éste sesionó cerca de cien veces. Todos los poderes del Estado deben –Las televisoras violaron la ley, incluso la revista Vértigo publicó una por- hacerse cargo de modificar esa situación. tada donde acusaba al IFE de censura. El IFE hizo una tarea histórica: sancionar ¿Hace falta ampliar las sanciones? empresas por una violación constitucio–No sólo ampliar las sanciones, sino nal, que no había ocurrido en la historia las concesiones de radio y televisión. del Estado mexicano. Mientras existan pocas opciones es na–Empresarios, partidos y analistas tural que se presenten problemas. Hubo afirman que la legislación limita la limomentos complicados con las televiso- bertad de expresión. –La legislación electoral no limita ras, que tienen el derecho de expresar su inconformidad con las reglas existentes. la libertad de expresión. El modelo de Lo importante es que la inconformidad comunicación política no tiene relano derive en desacato a la ley o incumpli- ción con esa libertad, sino con el tema miento de las normas. de la denigración, relacionado con qué Me preocupa más que esta empresa tipo de mensajes se difunden a la ciu(TV Azteca) no haya transmitido en los dadanía, adjetivando sin consideración canales de Sky y Cablevisión la pauta del al contendiente. Estado mexicano, aunque fue sancionaOtro aspecto es la libertad de contrada, su decisión fue no transmitir. tación. Nadie le niega a un ciudadano

o a los empresarios expresar su opinión. La prohibición consiste en la posibilidad de que, a partir del dinero, se convierta en un contendiente que ataque o apoye a un candidato, porque eso desequilibra la contienda. –Otros cuestionan el número de spots y recomiendan privilegiar los debates. –Estoy de acuerdo. El modelo privilegió los spots y son necesarios otros formatos que promuevan el debate. Entre el número de spots de esta elección y el de otros comicios existe un discurso mitológico. Vale la pena discutir si la construcción de las prerrogativas en radio y tele- visión debe hacerse sólo a la luz del tiempo y no de las audiencias. Tuvimos una espotización indiscriminada, pero con mecanismos de equidad, ésa es la diferencia. –El ex presidente del IFE, José Woldenberg, recomendó en la edición de agosto de Zócalo (114) quitar la función de juez al IFE, ¿usted qué opina? –Mi opinión es completamente contraria. El IFE es una autoridad ciudadana, un órgano autónomo del Estado mexicano, ése es un valor (el ser juez) fundamental del árbitro de la contienda. El procedimiento especial sancionador fue exitosísimo en este proceso electoral, no sólo porque es más rápido que cualquier proceso judicial, sino porque demostramos tener la infraestructura para ese tipo de procedimientos. Genera controversia, debate público, desgaste, pero son las nuevas facultades de la autoridad electoral, que discute de manera abierta los asuntos públicos, establece controversias, compromete sus principios y juicios para definir una resolución. Si se quiere que el IFE establezca las condiciones para que haya elecciones democráticas y equitativas, necesita esas herramientas, el respeto a las reglas y de los resultados electorales. Septiembre 2009

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Intentos por normar la comunicación social • Jorge Bravo

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y televisión, una vez que se agotaran los tiempos oficiales y se haya considerado la difusión de la campaña a través de los medios públicos”. Para la contratación de medios impresos éstos debían contar con la certificación de su circulación pagada y cobertura geográfica vigentes, estar al corriente en sus contribuciones fiscales, así como estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios Impresos que implementó la Dirección General de Medios Impresos de la Segob, requisitos que no siempre se cumplen a cabalidad. Los acuerdos obligaban a las dependencias federales a contratar y realizar estudios para evaluar el impacto y la efectividad de las campañas, lo cual no siempre se realizó, de ahí que se ignore el impacto real de la mayoría de las campañas. Los recursos de comunicación social pertenecen a la partida de gasto del concepto 3700 (servicios de comunicación social y publicidad) contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año. En 2003 fue la primera vez que se establecieron programas de ahorro para racionalizar el gasto en actividades de comunicación, como rasgo de austeridad y ajuste económico. Esta tendencia se repitió con mayor insistencia en

los siguientes ejercicios presupuestarios, más estrictos desde 2004. Los de 2005 y 2006 ordenaron un ahorro de 5 y 10 por ciento, respectivamente, en actividades de comunicación social. Del año 2001 a 2008 se aprobaron 2 mil 788 campañas y mil 120 programas de comunicación social. Sólo durante el foxismo hubo un gasto en esta materia de 33 mil 753 millones 924 mil 140 pesos. En general, durante el sexenio de Fox se aprecia un incremento constante anual en el gasto de comunicación gubernamental. Sin embargo, la inversión se dispara exponencialmente a partir de 2003 (año de elecciones federales intermedias) en 55.4 por ciento con respecto de 2002, cuando ya había entrado en vigor el decretazo. En promedio, durante la administración foxista, el gasto en materia de comunicación aumentó 13.73 por ciento cada año. Ese porcentaje contrasta con la “austeridad” que ordenaban los presupuestos de egresos. El contexto en el cual se enmarcaron las elecciones de 2003 y la abundante exposición mediática del presidente Fox motivó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, la Cámara de Diputados decidiera distribuir los tiempos oficiales en radio y televisión. Nam June Paik, Venus

l iniciar el gobierno de Vicente Fox, la Secretaría de Gobernación emitió el 23 de enero de 2001 en el Diario Oficial de la Federación, el primero de varios acuerdos para las acciones de comunicación social de la Administración Pública Federal. El documento establecía un conjunto de normas y lineamientos administrativos generales y obligatorios (pero no siempre acatados) para que las dependencias federales elaboraran sus programas y campa- ñas de comunicación, incluidos los planes de medios y las erogaciones destinadas a publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y todas aquellas de comunicación social (previa evaluación y autorización de la Segob), con base en los objetivos y prioridades sectoriales, institucionales, regionales y especiales. La Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Segob se encarga de dictar las políticas de asignación de recursos, así como los requisitos para el registro y aprobación de campañas y programas de comunicación. La Secretaría de la Función Pública (SFP) supervisa la transparencia en la erogación de recursos y en la elaboración de contratos con los medios. Con pequeñas variaciones en el nombre y en el contenido de los lineamientos, los siguientes años siguieron publicándose acuerdos. Éstos preveían (cimentados en lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación anual) que sólo podían destinarse recursos “para la difusión de campañas a través de empresas comerciales de radio

Las iniciativas El 19 de marzo de 2002, la diputada Lorena Beauregard (PRI) presentó una iniciativa de Ley Federal para la Regulación y Control de la Publicidad Gubernamental en materia de Prensa, Radio y Televisión. Su objetivo era otorgar a la Cámara de Diputados, en coordinación con la Segob, la facultad para vigilar, revisar y aprobar todos los actos del Ejecutivo en materia de recursos públicos para la difusión y publicidad, para que los egresos se apliquen sólo para gastos de propaganda e imagen institucional y no individual o partidista. También preveía que no se privilegiara a ninguna empresa periodística. El 2 de diciembre de 2003, la diputada Cristina Portillo Ayala (PRD) presentó la iniciativa de Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional. Sus ejes fundamentales son la prohibición de que la publicidad institucional implique la promoción personal de los funcionarios; define objetivos y contenidos de la publicidad oficial; integra una Dirección General de Publicidad Institucional para que coordine la

Nam June Paik, Dadaikseon

En el artículo 31 del documento se establecía que a partir de ese año, 40 por ciento de los tiempos oficiales correspondería al Ejecutivo, 30 por ciento al Legislativo (asignándose en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la de Senadores), 10 por ciento al Judicial y 20 por ciento a los entes públicos autónomos. En México no existe una reglamentación que regule la política y el funcionamiento de las oficinas de comunicación social del gobierno federal (mucho menos en los estados y municipios), ni el otorgamiento y características de la propaganda oficial. Durante el sexenio de Fox Quesada se presentaron al Congreso tres iniciativas de ley para legislar al respecto, y con Felipe Calderón otras tres, sin que se haya logrado el cometido. Ninguna de esas propuestas provino del partido gobernante.

aplicación de la política de comunicación social; ordena informes trimestrales a la Cámara de Diputados; establece cuotas de asignación entre los distintos medios; un reparto proporcional de los tiempos de Estado entre los poderes de la Unión y los órganos autónomos; suspensión de la publicidad institucional 120 días antes de la jornada electoral, y la integración de una comisión bicameral para el control de la publicidad. El 8 de diciembre de 2005, la senadora Dulce María Sauri (PRI) presentó un proyecto de Ley Federal de Comunicación Gubernamental a la Ciudadanía. Sus objetivos principales son regular los contenidos de la comunicación gubernamental; normar el proceso integral de ésta: programación, producción de materiales, contratación de medios y rendición de cuentas; designar el órgano regulador en la materia, y proveer a cualquier particular de un recurso para solicitar la intervención del ente regulador en caso de violación a la ley. El 14 de mayo de 2007, el diputado Jacinto Gómez Pasillas (Panal) presentó una reforma a los artículos 93, 115, 116 y 122 de la Constitución y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Las modificaciones prohíben a los funcionarios de la

administración pública federal, estatales (incluido el Distrito Federal) y municipales usar o prestar su imagen, nombre o voz en la publicidad, propaganda y toda información relacionada con actividades de comunicación social por medios impresos o electrónicos. El 11 de julio de 2007, el senador Graco Ramírez (PRD) presentó un proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ordena que la contratación de espacios en radio, televisión y medios impresos, para la realización de actividades de comunicación social, se realice a través de licitación pública. Finalmente, el 23 de octubre de 2007, el senador Carlos Sotelo y la diputada Valentina Batres (PRD) presentaron una iniciativa de Ley que Regula la Publicidad del Estado. Sus objetivos son reglamentar la publicidad de los tres poderes de la Unión, los órganos autónomos y los ámbitos federal, estatal y municipal; determinar los contenidos para que cumplan una función de interés público; definir criterios y porcentajes de distribución por cada medio; establecer tarifas únicas aplicables a todos los medios para que las variaciones de pago obedezcan al tiraje o auditorio; establecer un cuerpo ciudadano honorario que vigile el cumplimiento de las normas de distribución y proponga estímulos a medios culturales y comunitarios; determinar sanciones a los servidores públicos responsables en caso de violación a las normas; crear un juicio de responsabilidad ante el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa o Contencioso en caso de transgresión a las normas de distribución, asignación, contratación o pago de la publicidad oficial. De esas propuestas de ley y reformas, ninguna se dictaminó y, menos aún, se aprobó. beltmondi@yahoo.com.mx

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Regulación de publicidad oficial en otros países • Ernesto Villanueva / investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

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Martha Ghigliazza, Luces citadinas

n el hemisferio en general, y en México en particular, se ha llamado la atención de un mecanismo indirecto, pero efectivo, para moldear la libertad de expresión. Se trata de las asignaciones de publicidad oficial a los medios de comunicación. La ayuda del Estado no debe suponer, por ningún motivo y en ningún caso, la dependencia mediática al poder público, ni la generación de un deber de contraprestación a cargo de los medios como retribución por las ayudas recibidas. La distribución de la publicidad oficial no puede concebirse como un mecanismo destinado al sostenimiento económico de las empresas mediáticas; su función es la de cumplir una necesidad comunicativa entre el Estado y la población. Es innegable que toda campaña de publicidad oficial debe estar orientada a la consecución del interés general, lo cual excluiría la promoción de valores o intereses particulares y partidistas. En todo caso, debe convertirse en una herramienta para ensanchar el derecho a saber de las personas. Se requieren reglas jurídicas de contenidos y mecanismos de asignación para que esa publicidad pueda cumplir un cometido democrático. Al no existir una definición unívoca del término publicidad oficial o gubernamental, el legislador trató de abarcar en la reforma electoral de 2007 las técnicas publicitarias para poder establecer un marco competencial de la publicidad oficial.

La ausencia endémica de una ética pública, la incontinencia de los medios para aprovechar cualquier resquicio de la ley en su beneficio y en perjuicio del interés público, así como las confusiones de la autoridad para actuar, constituyen los mejores ingredientes para que la publicidad política –que se paga con los recursos del contribuyente– siga practicándose sin menoscabo –aunque disfrazada– en México. La clave de esta discusión es que la propaganda, como la refiere el artículo 134 constitucional, no se ciñe a los espacios que la costumbre ubica como naturales o propios de la publicidad que es identificada como tal, en los denominados cortes comerciales.

El estado de la legislación extranjera respecto de la publicidad oficial es el tema de este texto. Es importante señalar que sólo se incluyen los países donde se pudo obtener la normatividad completa vigente. Para cada nación se tomaron en cuenta como variables los requisitos para la publicidad oficial, las prohibiciones, la publicidad en tiempos electorales, la transparencia y rendición de cuentas, el contenido de las campañas, las sanciones y la autoridad encargada de regular las sanciones.

Australia Ley. Government Advertising Act 2005, prohibiting use of taxpayers’ money on party political advertising. Requisitos para la publicidad oficial, estatal, oficial o gubernamental. Los principios y directrices de las campañas de publicidad del gobierno se encuentran establecidos en el Anexo 2 de la ley. El punto 2.1 señala que las campañas de información deben estar dirigidas al suministro de información objetiva, fáctica y explicativa, la cual deberá presentarse de forma imparcial. Asimismo, la información debe estar basada en hechos comprobables y adecuados, expresados de forma precisa y cuidadosa, de conformidad con tales hechos. No se deberá realizar alegación o declaración alguna que no pueda ser probada. El punto 2.3 plantea que los destinatarios de la información deben, en una medida razonable, ser capaces de

no debe atacar directamente o desdeñar los puntos de vista, políticas, opiniones o acciones de partidos o grupos de oposición; evitar la utilización de slogan o imágenes de partidos; no debe estar diseñado a efecto de influir en el apoyo de la sociedad a un partido determinado, candidato a elección o miembro del Parlamento. Transparencia y rendición de cuentas. El punto 1.1 del Anexo 2 refiere que todos los miembros de la sociedad tienen igual derecho al acceso de información sobre las políticas del gobierno y sobre los programas y servicios que afecten sus derechos y obligaciones, el cual sólo puede restringirse cuando su ejercicio pudiera poner en peligro el interés nacional. El artículo 9 señala la obligación del ministro de presentar un informe anual, antes del 30 de junio de cada año, sobre la publicidad del gobierno durante dicho periodo, así como de girar instrucciones a efecto de fijar una copia del mismo en cada Cámara del Parlamento. Dicho reporte debe incluir detalles de los gastos en publicidad del gobierno, de medios, cada contrato cuyo monto sea superior a 100 mil dólares australianos, cada proyecto de publicidad aprobado y que el costo estimado sea de 250 mil dólares australianos o más, cada campaña de publicidad cuya inversión sea de un millón de dólares australianos o superior y cuyo proceso de evaluación haya sido completado durante el año. Contenido de las campañas o publicidad. Información del gobierno que tenga por objeto suministrar a la sociedad datos objetivos, fácticos y explicativos, mismos que se deberán comunicar de forma imparcial. Sanciones. El Anexo 1, sección 14, precisa que se considerará que un funcionario o ministro ha hecho un uso inapropiado de dinero público cuando

Martha Ghigliazza, Luces y lluvia

distinguir clara y fácilmente cuando se trate de hechos, o bien, de comentarios, opiniones o análisis. Por último, cuando el material de la campaña publicitaria realice una comparación, ésta no debe intentar engañar al destinatario sobre la situación en relación con la cual se realiza la comparación y debe, asimismo, declarar explícitamente la base de la misma. El punto 4.1 advierte que las campañas de información deben estar justificadas según un análisis de costo-beneficio. La naturaleza de la campaña debe estar justificada en términos de las necesidades de la sociedad, eficiencia y efectividad. Asimismo, existir auditorías respecto de la toma de decisiones. El punto 4.2 señala que debe asegurarse que la colocación de publicidad del gobierno esté determinada y enfocada con base en necesidades y no favorezca a alguien en particular. Prohibiciones. La mayoría de las restricciones se refieren a la publicidad en material electoral. Publicidad en tiempos electorales. El punto 3 del Anexo 2 establece la prohibición de que la información diseminada mediante el uso de fondos públicos se dirija a la promoción de los intereses de los partidos. Define la publicidad dirigida para promocionar los intereses de partidos como cualquier información que implique la producción y difusión de material que promueva actividades, programas o iniciativas del gobierno de una manera partidaria. Asimismo, precisa que se considerará que la información promueve los intereses de los partidos a través del análisis de lo que se comunica, quién lo hace, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, el medio y el efecto esperado de dicha comunicación. El material debe presentarse ajeno a cualquier promoción partidaria de la política del gobierno, al argumento político y en un lenguaje imparcial y objetivo;

utilice o permita que se usen fondos públicos para un programa de información gubernamental que no se encuentre de conformidad con los principios y las directrices de las campañas de publicidad del gobierno. Por último, tal Anexo precisa que la pena máxima será de siete años de prisión. Autoridad que regula las sanciones. La imposición de la pena de prisión debe realizarse de conformidad con lo establecido en el Código Criminal de Australia.

Bélgica Título. Ley que establece ciertas disposiciones relativas al servicio público de la radiodifusión y la televisión, del 18 de febrero de 1977. Requisitos. El artículo 1, sección 1, ordena que los institutos de emisión deben difundir comunicaciones del gobierno, gratuitamente, hasta por un total de ocho horas mensuales. La sección 2 del mismo artículo señala que las comunicaciones del gobierno tienen carácter informativo y tratan de objetos de interés general o de medidas que el gobierno ha adoptado o pretende hacerlo. Las transmisiones gubernamentales son difundidas con la forma de comunicación, en las condiciones y según las modalidades determinadas por orden real deliberada en el Consejo de Ministros. Antes y después de las transmisiones gubernamentales se deberá incluir Septiembre 2009

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Canadá Título. Communications Policy of the Government of Canada, reformada el 1º de agosto de 2006. Requisitos. El punto 23 advierte que las instituciones de gobierno de Canadá pueden colocar o pagar espacios o tiempo de publicidad en cualquier medio con el objetivo de informar a los canadienses sobre sus derechos y responsabilidades, las políticas gubernamentales, programas, servicios o iniciativas, los peligros o riesgos a la salud pública, seguridad o medio ambiente. Define la publicidad del gobierno como cualquier mensaje, transmitido en Canadá o en el extranjero y pagado por el gobierno en medios como periódicos, televisión, radio, Internet y cine. Asimismo, las instituciones determinan las obligaciones que deben cumplir de conformidad con la Ley de Idiomas Oficiales, en relación con la publicidad. Además, las instituciones deben asegurar que todas las medidas positivas son tomadas a efecto de la implementación del compromiso del gobierno que establece la parte VII de la ley, para elevar la vitalidad del idioma oficial de las comunidades minoritarias. Asimismo, los planes y campañas de publicidad deben abordar las necesidades, preocupaciones y preferencias lingüísticas de tales comunidades. Los pagos a los medios de comunicación deben incluir la compra de espacio y tiempo de publicidad en órganos que 22

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atiendan el idioma oficial de las comunidades minoritarias, sea inglés o francés. La colocación o compra de publicidad puede dirigirse a audiencias que se encuentren fuera de Canadá, siempre que tengan por objeto promover los intereses nacionales. A fin de asegurar la integridad y eficacia de la publicidad gubernamental, las instituciones deben: 1. Coordinar la planeación de la publicidad y su implementación, de conformidad con los procedimientos. 2. Asegurar que las campañas de publicidad y de productos se encuentren alineadas con las prioridades del gobierno, el plan de publicidad oficial, así como con los mensajes y temas gubernamentales, con el consejo y el Comité de Publicidad del Gobierno. 3. Adherirse estrictamente a los requisitos del Treasury Board’s Contracting Policy y Common Services Policy, en lo referente a la obtención de publicidad. El proceso de contratación de la misma debe ser abierto, justo y transparente.

7. Evaluar todas las campañas mayores para determinar su efectividad en el logro de los objetivos establecidos. 8. Documentar las actividades de publicidad mediante la utilización del Sistema de Información de Mane- jo de Publicidad. Prohibiciones. El punto 23 prohíbe a las instituciones publicar, en sus materiales de comunicación, servicios o vehículos, sin importar el medio, anuncios de una fuente del sector privado o no gubernamental. Asimismo, las instituciones no deben vender al sector privado o a cualquier fuente ajena al gobierno espacio o tiempo de publicidad, tanto en sus sitios web como en cualesquiera publicaciones. Las instituciones deben evitar la apariencia o la percepción pública de la promoción o del suministro de un subsidio comercial o cualquier otra ventaja competitiva desleal a cualquier persona, organización o entidad no gubernamental. Las instituciones no deben hacer publicidad o promocionar los productos o servicios que compran u obtienen del sector privado bajo los contratos que celebren. Publicidad en tiempos electorales. El punto 23 advierte que las instituciones de gobierno de Canadá no deben utilizar fondos públicos para comprar publicidad en apoyo a un partido. Especifica que las instituciones suspenderán su publicidad durante las elecciones generales del gobierno y la publicidad del Estado, en estos casos, sólo se permitirá: 1. Cuando la institución esté obligada, por un estatuto o reglamento, a suministrar un anuncio público para efectos legales. 2. Cuando una institución deba informar a la sociedad sobre un peligro de salud, seguridad o relacionado con el medio ambiente. Martha Ghigliazza, Luces de feria I

un anuncio que indique que tales emisiones son del gobierno. La ley no define prohibiciones ni contiene referencias a la publicidad en tiempos electorales, transparencia y rendición de cuentas, contenido de las campañas o publicidad, sanciones y autoridad responsable.

4. Asegurar que los diseños y presentación de la publicidad cumplan con los requisitos que marca el Programa de Identidad Federal. 5. Garantizar que las campañas estén adaptadas a las audiencias regionales. 6. Examinar todas las campañas mayores de publicidad con el fin de contribuir a asegurar que cumplen con los objetivos establecidos.

Martha Ghigliazza, Luces de feria II

3. Cuando una institución deba fijar un anuncio de empleo o de dotación de personal. Fuera de dichos casos, los planes y actividades de publicidad deben permanecer en suspensión desde el día en que el gobernador en Consejo suministre una orden judicial para una elección federal y no deben reanudarse hasta el día en que el nuevo gobierno electo asuma el cargo. Transparencia y rendición de cuentas. El punto 23 señala que con el objetivo de asegurar la integridad y la eficacia de la publicidad, las instituciones deben adherirse estrictamente a los requisitos del Treasury Board’s Contracting Policy y Common Services Policy, respecto de la obtención de publicidad. El proceso de contratación de publicidad debe ser abierto, justo y transparente. En Canadá los gastos efectuados en publicidad se incluyen en el Informe Anual, un exhaustivo documento que contiene detalles sobre gastos por organismo, medio, proveedores contratados y datos puntuales sobre cada campaña importante, entre otros. Como parte de una serie de reformas introducidas para incrementar la transparencia en esta materia, el gobierno estableció que todos los contratos de publicidad sean publicados en el sitio web del organismo que maneja las compras públicas, y que todos los convenios mayores a cierto monto también sean públicos en los sitios de los organismos correspondientes. Contenido. En Canadá cada institución y agencia gubernamental presenta dos planes, en junio y diciembre. Estos deben ser sometidos al Privy Council Office (una “secretaría” no partidaria que asiste al Primer Ministro y a los departamentos del gobierno en diferentes cuestiones técnicas y estratégicas) y aprobados por el gabinete, para luego elevarse al Treasury Board para la obtención de fondos. Sanciones. No se mencionan. Autoridad que regula. La Communications Policy of the Government of Canada

remite a la sección 7 del Financial Administration Act (FAA) y señala que instituciones del gobierno de Canadá están obligadas por los apartados I.I.1 y II. Las oficinas o gerencias de comunicación del resto de las instituciones públicas de la FAA y de las corporaciones de la Corona establecidas en el apartado III (partes 1 y 2) deberán regirse con políticas y principios semejantes.

España Título. Ley 29/2005, del 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. Requisitos. El artículo 3 se refiere a los requisitos que deben cumplir las campañas institucionales de publicidad y comunicación. Entre las exigencias se encuentra promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales y sobre la existencia de procesos electorales y consultas populares; difundir el contenido de disposiciones jurídicas novedosas y de repercusión social que requieran medidas complementarias para su conocimiento general;

difundir ofertas de empleo público; advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas cuando afecten a una pluralidad de destinatarios; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural; apoyar a sectores económicos españoles en el exterior; promover la comercialización de productos ibéricos y atraer la inversión extranjera; difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España, y comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social. Prohibiciones. Para promover o contratar campañas institucionales de publicidad y comunicación se establece: que tales campañas institucionales tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por la Administración General del Estado y por las demás entidades integrantes del sector público estatal que establece el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, del 26 de noviembre, General Presupuestaria; que menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias; que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los principios, valores y derechos constitucionales; que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico; que induzcan a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier formación política u organización social; que no se identifiquen claramente como campañas institucionales de publicidad y no incluyan la mención expresa de la administración o entidad promotora o contratante. Publicidad en tiempos electorales. El artículo 10 prohíbe a los poderes públicos y a las entidades integrantes del sector público estatal realizar campañas institucionales en periodo electoral. La ley define a dicho Septiembre 2009

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Martha Ghigliazza, Luces de feria III

periodo electoral como el lapso temporal comprendido entre la convocatoria de elecciones y el día de la votación. Sin embargo, la prohibición no alcanza los supuestos siguientes:

Las campañas institucionales previstas expresamente por la normativa electoral en relación con la información a los ciudadanos sobre la inscripción en las listas del censo electoral. Las campañas institucionales que sean imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos. Transparencia y rendición de cuentas. El artículo 14 señala la obligación del gobierno de elaborar un informe anual de publicidad y de comunicación en el que incluya todas las campañas institucionales, su importe, los adjudicatarios de los contratos celebrados y los planes de medios. El informe deberá remitirse a las Cortes Generales en el primer periodo de sesiones de cada año y ponerse a disposición de todas las organizaciones profesionales del sector. Contenido. El artículo 15 señala que el contenido de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación se adaptarán a las disposiciones regulatorias 24

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de la imagen institucional de la Administración General del Estado. Sanciones. No establece sanciones, pero como garantías existe la posibilidad de la cesación o rectificación de la campaña ante la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional. Autoridad que regula. Existe un procedimiento ante la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional. Ésta resolverá en un plazo máximo de seis días. Su resolución, que será ejecutiva, pondrá fin a la vía administrativa. Si la resolución estimara la solicitud de cesación, el órgano anunciante procederá inmediatamente a dicha cesación. Si la resolución estimara una solicitud de rectificación, el órgano anunciante deberá proceder a ella dentro de los siete días siguientes de dictada dicha resolución. Como medida cautelar, a petición del interesado, la Comisión podrá ordenar la suspensión provisional de la campaña, siempre que se aprecien indicios de infracción manifiesta. El plazo máximo para resolver la suspensión provisional será de tres días. Durante el curso del procedimiento, la Comisión de publicidad y comunicación institucional podrá recabar de las entidades afectadas cuanta información estime necesaria para su resolución.

Perú Título. Ley 28874, Ley que regula la publicidad oficial. Requisitos. Entre los requerimientos que deben cumplirse para obtener la autorización para realizar publicidad oficial se encuentran: Contar con un plan de estrategia publicitaria acorde con las funciones y atribuciones de las entidades o dependencias, las que deberán adecuarse a los objetivos y prioridades establecidos en los programas sectoriales. Descripción y justificación de las campañas institucionales y comerciales que se pretendan llevar a cabo.

Propuesta y justificación técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo con el público objetivo y la finalidad que se quiere lograr, la cobertura, duración de la campaña, equilibrio normativo e impacto de los mismos. Proyecto de presupuesto para llevar a cabo las acciones comprendidas en las campañas. Prohibiciones. El artículo 5 especifica que las entidades y dependencias no podrán erogar recursos presupuestarios en beneficio de un candidato a cargo de elección popular o de algún partido. También señala que en las inserciones que se paguen en medios impresos y spots televisivos y radiofónicos no podrá aparecer ningún funcionario de la entidad o dependencia que esté realizando la campaña. La ley prohíbe que adquieran los servicios de empresas privadas de publicidad o medios de comunicación social, privilegiar a una sola empresa, a menos que tales prebendas se justifiquen mediante el monto de las tarifas, prestigio, cartera y eficacia de las prestadoras de los servicios. Publicidad en tiempos electorales. No establece ningún rubro al respecto. Transparencia y rendición de cuentas. El artículo 6 se refiere, en su totalidad, a la información y transparencia. Este precepto define que las entidades o dependencias del gobierno nacional, regional y local deberán publicar los contratos de publicidad en su respectivo portal y presentar dentro de los diez días siguientes al vencimiento de cada trimestre los programas o campañas de publicidad que han llevado a cabo en el periodo correspondiente, definiendo los medios de prensa escrita, radial o televisiva propuestos para difundir las campañas y los criterios que orientaron la propuesta. Asimismo, señala que las entidades o dependencias deberán informar al órgano del Sistema Nacional de Control, en el periodo correspondiente, las razones

Paraguay Cuenta con dos ordenamientos: la Ley 1.297 que prohíbe las propagandas en espacios pagados por las instituciones públicas y la Ley 1.243, la cual establece la distribución de publicaciones oficiales en medios nacionales de comunicación social. Título. Ley 1.297 que prohíbe las propagandas en espacios pagados por las instituciones públicas. Requisitos. El artículo 1 impide a todas las instituciones del Estado y a las entidades autárquicas, descentralizadas, gobernaciones y municipalidades, la realización de propaganda pagada en los distintos medios de comunicación social del país o del extranjero, a menos que se trate de los siguientes asuntos: La publicación de convocatorias a licitaciones, edictos en general, la promoción de campañas de información y educación rural y sanitaria o de avisos de interés público, los cuales tiendan a educar a la población u orientarla en temas de interés general, sobre prestación de servicios públicos y defensa del consumidor. El auspicio de programas que difundan el folclor y la cultura nacional, hasta la suma equivalente a tres salarios mínimos mensuales por institución o entidad auspiciadora, por mes y por medio de comunicación. La propaganda de empresas del Estado o mixtas, que no sean monopólicas de hecho o de derecho y que compitan en el mercado. Publicidad en tiempos electorales. El artículo 4 define que la publicidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral se realizará sólo con el objetivo de publicar

campañas de inscripción y votación, así como de cedulación y promoción de locales de votación. Sanciones. La obligación de pagar (reposición) el importe correspondiente al costo de la propaganda efectuada. Autoridad que regula. La Contraloría General de la República. No establece prohibiciones, normas de transparencia y rendición de cuentas o sobre contenido de las campañas o publicidad. Martha Ghigliazza, Escritura nocturna

por las cuales se contrataron los servicios de determinada empresa de publicidad, para la elaboración de una campaña institucional o comercial específica y deberán acompañar una evaluación de los resultados de la publicidad oficial vía indicadores de desempeño. Contenido. El artículo 4 de la ley contempla que los materiales que sean difundidos por las entidades y dependencias deberán estar orientados a lo siguiente: Hacer referencia a los bienes o productos que comercializan o a los servicios públicos que prestan. Incidir en el aumento del consumo de los bienes o servicios respectivos, de acuerdo con las políticas de Estado. Promover una cultura preventiva en la sociedad respecto de los asuntos relacionados con la seguridad pública, salubridad, recursos nacionales, entre otros. Informar de las acciones adoptadas en materia de salud, preservación del medio ambiente, uso eficiente de recursos naturales y seguridad de la población, entre otros. Informar la ejecución de los planes y programas a cargo de las entidades y dependencias, así como para la promoción de la educación y la cultura en todas sus expresiones y de los valores cívicos, entre otros. Promover la participación ciudadana y la difusión de las leyes. Sanciones. El artículo 8 prescribe que los funcionarios del gobierno nacional, regional o local que incumplan o contravengan las obligaciones y deberes contenidos en la misma estarán sujetos a las acciones y sanciones que recomienden los Órganos del Sistema Nacio- nal de Control, incluyendo las disposiciones referentes a la Carrera Pública, del Procedimiento Administrativo General y demás aplicables. Autoridad que regula. No hay una sola autoridad que regule las sanciones, sino que son los Órganos del Sistema Nacional de Control.

Título. Ley 1.243, que establece la distribución de publicaciones oficiales en medios nacionales de comunicación social, aprobada el 22 de abril de 1998. Esta legislación no define requisitos, prohibiciones, criterios de publicidad en tiempos electorales, requisitos de transparencia y rendición de cuentas y contenidos. Sanciones. El artículo 7 establece la suspensión sin goce de sueldo por el plazo de un mes; en caso de reincidencia serán suspendidos por dos meses; de comprobarse una tercera reincidencia, serán destituidos del cargo. Autoridad que regula. La Contraloría General de la República. evillanueva99@yahoo.com Fragmento del libro Publicidad oficial: transparencia y equidad, Cámara de Diputados-IIJ-UNAMJus, México, 2009. Agradecemos al autor su autorización para reproducirlo.

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Internacional

Comunicación no sustituye proyecto: Canel Entrevistada en la Conferencia 2009 Derechos Humanos y Comunicación, realizada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, María José Canel habla de cómo el gobierno español comunica a sus ciudadanos. Distingue entre las gestiones de Aznar y Rodríguez Zapatero, del terrorismo de ETA, los atentados del 11-M y los principios que debe seguir una buena comunicación de las instituciones.

osé María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, ex y actual presidentes de España, respectivamente, han tenido una forma muy distinta de comunicar, ambos con aspectos positivos y negativos, afirma María José Canel, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. El primero (1996-2004) fue “poco amigo de hacer concesiones y con explicaciones baratas sobre la realidad”. Recuerda que uno de los slogan del gobierno del Partido Popular fue Hechos. “Lo positivo de Aznar fue la atención puesta en los logros reales del gobierno. No se corre el riesgo de que el ciudadano se sienta engañado por mensajes huecos y accede, por la vía de los hechos, al comportamiento gubernamental. Lo negativo fue la de- satención en las formas de comunicar; no tener la sensibilidad para estar presente en el momento de una catástrofe como el hundimiento del barco petrolero Prestige en 2002, y la contaminación que generó. El error fue que no se acudió de inmediato e hizo falta una fotografía.” Rodríguez Zapatero, en cambio, ofrece un modelo opuesto: más atento a los gestos y los símbolos, siempre importantes 26

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Isabel Galindo

• Jorge Bravo

María José Canel.

en la comunicación política. “Diseña las políticas públicas y las orienta en atención a los ciudadanos. Por ejemplo, para combatir la crisis, el gobierno regaló un foco para ahorrar luz.” El actual presidente de España ha repetido insistentemente que es el primer gobierno paritario, que tiene como vicepresidenta y ministra de Defensa a dos mujeres. “La parte negativa es la desatención a la realidad de las acciones políticas, con el riesgo de que el ciudadano compruebe que no existe sustancia en las palabras.” Canel Crespo, quien fuera asesora y directora general del gabinete de la ministra de Educación, Cultura y Deporte (2000-2004), considera que ninguno de los dos mandatarios tuvo un modelo de co- municación planificado y estratégico. “En España es necesario recorrer un largo camino para introducir la comunicación estratégica, que los organigramas tengan a los puestos de comunicación en alta consideración, la toma de decisiones políticas esté acom- pañada de medidas comunicativas, los políticos atiendan y combinen las dos dimensiones, las evaluaciones de la

comunicación institucional sean estratégicas y permitan extraer información de las percepciones del público.” Sostiene que la comunicación de un gobierno, como la de cualquier organización, necesita coordinación para que el mensaje sea consistente y el gobierno diga lo mismo en todas partes. “La coordinación es el problema de todos los gobiernos y el caballo de batalla no sólo en España, sino también en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, cuya comunicación del Poder Ejecutivo es la más desarrollada. “Es necesario que cada ministerio tenga su línea de comunicación en el sentido de que desarrolle al máximo las potencialidades comunicativas de sus políticas públicas. Pero esa autonomía debe estar coordinada con la imagen común que se quiere dar del gobierno.”

Casos concretos En España, los gobiernos autonómicos son de distinto partido y eso marca una diferencia a la hora de coordinar y proyectar la comunicación en el territorio nacional. El gobierno central, cuando acude a comunidades autónomas, debe coordinar su comunicación con la del gobierno autonómico. Otro aspecto a considerar es una fuerte prensa regional, cuyo consumo es mayor al de la nacional. “Eso marca una consecuencia operativa para la comunicación de los ministerios. Cuando trabajé en el Ministerio de Educación, si queríamos hacer llegar el mensaje a toda la nación, lo lograríamos si la ministra viajaba por todo el país y, al hacerlo, sólo así lográbamos tener impacto en la prensa regional.”

Diego Gallegos, Cuartoscuro

Moisés Pablo, Cuartoscuro

la comunicación del gobierno es deficiente. La paradoja es que en el caso español fueron cuatro días en los cuales hubo once comparecencias del gobierno ante los medios para explicar la situación. Una cifra elevadísima. En los atentados del 7 de julio en Londres hubo tres comparecencias del gobierno y la mayor carga de comunicación la llevó las fuerzas de seguridad del Estado. Con esa diferencia, el gobierno de Aznar quedó como no transparente y la comunicación del gobierno británico fue percibida como profesional.

Rodríguez Zapatero y Aznar.

–¿Cómo se maneja la situación de ETA? –Es complicado porque Euskadi Ta Askatasuna (ETA) es un grupo terrorista que ha actuado con base en una estrategia comunicativa muy bien definida y exitosa: planificar sus objetivos e identificar la percepción que quiere lograr en los ciudadanos: la de un grupo guerrillero que lucha por una causa justa, la liberación de Euskady del poder opresor. Esa estrategia había sido operativa hasta 1997, cuando asesinaron al concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. Entonces todos los medios, políticos y ciudadanos se pusieron en contra de ETA; es cuando se desacredita su estrategia comunicativa, términos y lenguaje que utilizaban. En 1997 el gobierno reaccionó al articular una comunicación contra ese modelo exitoso de la ETA. Pero lle- vamos años de desencuentro entre las fuerzas políticas sobre cómo abordar la lucha contra ETA. Por esa razón, se corre el riesgo de que vuelva a ser eficaz su estrategia comunicativa. –¿Qué ocurrió el 11 de marzo de 2004? –Básicamente, fue una crisis terrorista mal gestionada. No se siguieron ciertas pautas de comunicación de crisis. Existen protocolos que aconsejan que, en el peor de los escenarios, se emitan mensajes muy claros que contengan todas las precauciones sobre lo que se conoce e ignora de la situación, por eso se cometieron errores. Esos protocolos siguen sin existir porque

Reputación Canel insiste en que la comunicación de un gobierno debe estar planificada, ser estratégica y contar con información sobre los ciudadanos a la hora de tomar decisiones. Las encuestas sobre popularidad no son la única guía. “Hay que introducir el concepto de reputación, que va más allá de la popularidad de un gobierno o líder. La reputación introduce y combina elementos como percepciones, realidades objetivas de desarrollo de gobierno y logros conseguidos. Son una mejor vía para tomar decisiones que los índices de popularidad.” María José Canel es consultora y ha trabajado en campañas electorales en España y ha asesorado a países como Colombia, Argentina e Italia. En 2005 fue asesora de comunicación gubernamental para la oficina de Rubén Aguilar Valenzuela, durante la presidencia de Vicente Fox. La autora de Comunicación política y Comunicación de las instituciones públicas (ambos de Tecnos) sí aconseja que exista la figura del vocero presidencial. “La cuestión es analizar que tipo de portavoz: del gobierno, del presidente, de ambos, y cómo se coordina con los voceros

de los ministerios. En el caso español el vocero es la vicepresidenta y no es portavoz del presidente, sino del gobierno. Comparece una vez a la semana, cuando se celebra el consejo de ministros. Desde el punto de vista profesional, se pierden noticias porque la comparecencia debería ser diaria, para tener mayores oportunidades de transmitir el mensaje.” En Iberia la comunicación gubernamental está regulada por la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional. Entre otras cosas, prohíbe al gobierno nacional y a los autonómicos contratar campañas que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por ellos. Garantiza que no se haga uso de recursos públicos para la autopromoción o el partidismo. “Hay que explorar y desarrollar mejor esa ley para que no vaya en detrimento del desarrollo profesional que todo gobierno debe tener en su comunicación. Es lógico que un gobierno invierta para decir lo que hace y comunique sus logros.” –¿Qué principios debería tener la comunicación gubernamental? –Lograr una buena interacción con los ciudadanos. La toma de decisiones del gobierno debe estar en línea con las necesidades y percepciones del público. Con información bien analizada, debe informarse a la población y evitar malos entendidos entre lo que el gobierno dice y el ciudadano percibe. Como pauta general, la comunicación de un gobierno consiste en poner en valor las realidades que tiene en cuanto a proyec- to político. –¿Qué le aconsejaría siempre a un gobierno? –Que relacione su mensaje con la realidad y siempre vaya en paralelo con las políticas públicas que adopta. Y que nunca caiga en el error de acudir a la comunicación para resolver el problema de la ausencia de proyecto político. beltmondi@yahoo.com.mx

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Libertad de expresión

Gobierno acosa a Proceso: Rodríguez Castañeda • Jorge Bravo

“N

Moisés Pablo, Cuartoscuro

o esperamos una al mismo tiempo que los bultos de drodisculpa, ni siquie- ga, las armas y los fajos de billetes” de ra una explicación”, presuntos criminales. “Es una más de las comenta Rafael Ro- agresiones y del acoso del gobierno fedríguez Castañeda, director de la revista deral, en este caso de la SSP, de los que Proceso, después de que la Secretaría de Proceso ha sido víctima. Consideramos Seguridad Pública (SSP), a cargo de Ge- que es un atentado contra la libertad de naro García Luna, divulgara videos en los prensa y de expresión.” cuales se anunció la captura de Armando Quintero Guerra El Licenciado, operador Burda vinculación financiero de Servando Gómez Martínez, En la edición del 2 de agosto, con el La Tuta, integrantes del cártel de La Fa- título “La agresión de García Luna”, milia michoacana, y exhibiera junto con el reportero Jorge Carrasco Araizaga señaló el armamento, dinero y que catalogadas como dodocumentos decomisados cumentación diversa, “las revistas fueron mostraalgunos ejemplares del semanario, cuyas portadas das junto con estados de hacían referencia a la guecuenta, un título proferra del gobierno contra el sional y otros documennarcotráfico. tos que (…), además de seis vehículos incautados, “Es clara la intención era lo que llevaba consigo de ligar la actividad periodística de Proceso, de una la célula” criminal. manera que ni siquiera es Dos días después, el subliminal sino explícita, 4 de agosto, Proceso interpuso una queja ante con el crimen organizado. Se trató de exhibir a la la Quinta Visitaduría revista y de que se inter- Rafael Rodríguez. de la Comisión Nacional de Derechos Humapretara que forma parte de una serie de evidencias que le fueron nos (CNDH). El semanario argumentó confiscadas a los narcotraficantes, y que que el intento de la SSP de vincular a podrían ser utilizadas para demostrar su la publicación con La Familia constieventual culpabilidad. La forma como se tuye hechos “violatorios a los derechos exhibió la revista no es usual. En ningún humanos de los integrantes y directivos momento lo que lee una persona, por de la revista (que) pueden poner en ries- muy delincuente que sea, es evidencia o go la integridad física de quienes laboramos en Proceso”. prueba de nada”, asegura. La Quinta Visitaduría, cuyo titular El autor de Prensa vendida explica que una publicación “no puede ser exhibida es Mauricio Farah Gebara, tiene a su 28

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cargo el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, creado en 1991; uno de sus objetivos es brindar atención permanente a los casos denunciados públicamente que podrían constituir violaciones a los derechos humanos de los comunicadores. Y es que en lo que va de la administración de Felipe Calderón, se han cometido 371 agravios a periodistas y 21 asesinatos de informadores, que se suman a las 208 agresiones y 31 muertes de periodistas durante el foxismo. El 19 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo, propuesto por los diputados Javier González Garza y José Alfonso Suárez del Real (PRD), en el cual exhortan a la SSP a “tomar las medidas pertinentes e implementar los programas y acciones necesarios con el fin de garantizar la integridad y seguridad de comunicadores, periodistas, reporteros, editorialistas y equipo de producción, de los medios nacionales e internacionales, especialmente los del semanario Proceso”. Asimismo, exhortó a la CNDH para que “priorice las investigaciones relacionadas con denuncias realizadas por medios de comunicación, periodistas, comunicadores o editorialistas y proce- da conforme a derecho”.

Cúmulo de agresiones El mismo 19 de agosto, al presentar la recomendación general 17/2009 sobre agresiones cometidas contra periodistas durante los nueve años del PAN, José Luis Soberanes, presidente de la CNDH,

Pero esas cifras no se traducen en más publicidad. Durante 2008 Proceso sólo difundió 5.16 páginas de anuncios del gobierno federal, mientras que Vértigo obtuvo, en el mismo periodo, 166.42 planas; Milenio Semanal, 111.83 y Emeequis, 75.5. Por ejemplo, del 7 de enero al 8 de abril de 2007, Proceso sólo publicó 4.5 planas del gobierno federal; Vértigo incluyó 21.5 páginas; Milenio Semanal, 14 inserciones y Siempre!, sólo una. Durante ese periodo, los anunciantes del principal semanario de México, según circulación certificada, fueron la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el ISSSTE y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En cambio, Vértigo incluyó, en el mismo lapso, entre otras, nueve páginas del Instituto Nacional de Bellas Artes, seis del Centro Nacional de las Artes y dos más de la Cineteca Nacional, que no se anunciaron en ninguna de las otras revistas de contenido político con las mismas características. Los gobiernos estatales también favorecen a Vértigo y Siempre! (de filiación priísta, como la mayoría de las entidades del país). Mientras a la primera le correspondieron 14 planas, la segunda facturó 19; Proceso publicó diez. En cambio, las asociaciones civiles (sólo superada por Siempre!) y las universidades públicas y privadas prefieren a la publicación fundada por Julio Scherer en 1976.

2 de agosto de 2009

se comprometió a emitir un pronunciamiento “sin miramiento alguno” sobre las dos quejas promovidas ante ese organismo por Proceso: la más reciente contra la SSP y la del 27 de abril de 2009 contra el gobierno federal por la asignación discriminatoria de publicidad oficial, sin mencionar la demanda de la ex primera dama Marta Sahagún versus Olga Wornat y Proceso. Se le preguntó a Rodríguez Castañeda si la exhibición de las revistas por parte de la SSP se sumaría al boicot publicitario. “No sé si forma parte de una política bien armada. El boicot lo experimentamos desde el inicio del actual sexenio, pero se remonta a mediados de la administración de Vicente Fox. Consideramos arreglar este asunto a nivel de contactos con funcionarios del gobierno federal, hasta que creímos que el asunto rebasaba un tema de relación institucional entre un gobierno y una publicación. (Entonces) creímos que era necesario poner una queja formal ante la CNDH.” –¿De cuánto ha sido la pérdida? –Es muy difícil calcular, porque tendríamos que hacer una comparación con publicaciones semejantes de cuánto ha publi- cado el gobierno federal en otras revistas; no hemos hecho esa medición. Mientras Proceso tenía a mediados de 2009 una circulación certificada por la empresa IVM de 72 mil 619 ejemplares, revistas como Vértigo tiraba 4 mil 900 (su última actualización ante el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación data de 2004); Milenio Semanal, 36 mil 382; Siempre!, 47 mil 500, y Emeequis, 11 mil 885 ejemplares.

La misma semana en la cual Proceso dio a conocer la exhibición de la SSP, Vértigo (con un publirreportaje sobre el gobierno de Juan Sabines, de Chiapas) incluyó tres páginas de publicidad del gobierno federal (Vive México, Conaculta y SEP); Proceso, ninguna. La discriminación en contra del semanario que dirige Rodríguez Castañeda no es tan marcado en las demás instituciones u órganos autónomos del Estado mexicano, ni siquiera entre los anunciantes privados, lo que corrobora el boicot. El precio unitario de una página por una sola vez en Proceso tiene un precio de 81 mil pesos (enero de 2009), Milenio Semanal de 72 mil 870 (2005); Siempre!, Emeequis y Vértigo (que publica publirreportajes en portada) no reportan sus tarifas en el Padrón Nacional de Medios Impresos. Por lo tanto, Proceso habría dejado de recibir en 2008, de haberse anunciado el gobierno federal como lo hizo en Vértigo, una cantidad cercana a 12 millones 960 mil pesos. “Para nosotros no es un problema de dinero –aclara Rodríguez Castañeda–, sino que exigimos que se establezcan reglas claras para la asignación de la publicidad oficial.” –¿Cuál sería la propuesta concreta? –Podría venir del Legislativo una iniciativa de ley que incursione en el terreno de la reglamentación de la publicidad oficial, no sólo del gobierno federal, sino también de los estatales, que se manejan con igual arbitrariedad. beltmondi@yahoo.com.mx

Septiembre 2009

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Medios Jenaro Villamil

on la LXI Legislatura que inició el 1º de septiembre suman ya cinco legislaturas al hilo que plantearon desde 1997 una “reforma integral” al régimen legal de los medios de comunicación electrónicos. Paradójicamente, hace 12 años el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados; hoy, entre 2009 y 2012, será la bancada de 237 legisladores que tendrá la clave para bloquear o avanzar en el Congreso. Figuras importantes que protagonizaron la batalla por la reforma frustrada en 1997-2000 coincidirán en la nueva integración de la Cámara de Diputados. Son los casos de Porfirio Muñoz Ledo, del PT, y Javier Corral, del PAN, quien encabeza desde hace 12 años una batalla permanente por la reforma y organizó la resistencia y la disputa jurídica en echar abajo la contrarreforma de la Ley Televisa.

La nueva legislatura En contraste, la LXI Legislatura tendrá cuatro características importantes que definirán el futuro de una reforma integral de los medios y las redes de telecomunicaciones. 1. En ninguna legislatura como en ésta se ha configurado de manera tan clara una “telebancada”, integrada por al menos ocho diputados que llegaron por la vía del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que configuran un bloque de especialistas vinculados a la industria televisiva. 30

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Septiembre 2009

Guillermo Perea, Cuartoscuro

Ley de Medios, oportunidades perdidas Son los casos de Miguel Orozco Gómez, hermano del senador Javier Orozco, ex director jurídico de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT); Lorena Corona Valdez quien, al igual que En espera de la Ley de Medios. Verónica Tomás, Mónica A los 38 diputados que llegarán de García de la Fuente y Carlos Ezeta, han trabajado directamente con Javier Teja- tierras mexiquenses y serán coordinados do Dondé, director jurídico de Televisa, por Emilio Chuayffet –ex gobernador y primer vicepresidente de la CIRT y artí- ex coordinador del PRI cuando se aprobó en diciembre de 2005 la Ley Televifice y defensor de la Ley Televisa. Además, se encuentran Rodrigo Pere- sa en San Lázaro–, hay que sumarle los zalonso, representante de Televisa ante el diputados priístas de Hidalgo, Yucatán, Consejo de Autorregulación de la CIRT; Quintana Roo, Morelos, Chiapas, San Ninfa Salinas Sada, hija de Ricardo Sali- Luis Potosí, Jalisco, Tamaulipas, Durannas Pliego, accionista mayoritario de TV go y Chihuahua. Azteca, y la conductora Adriana Sarur, En todos ellos, la Fuerza Electoral colaboradora de Canal 40, propiedad de Mexiquense, dependiente del erario de To- luca, operó como una estructura paralela facto de Salinas Pliego. Entre estos personajes se especula para asegurarse los apoyos del peñismo y, que estará la presidencia de las comi- de paso, el modelo de compra-venta de siones de Telecomunicaciones y de Ra- spots e infomerciales en los medios. Es muy probable que la comisión dio, Televisión y Cinematografía. Su objetivo es muy claro: frenar cualquier de Gobernación y Puntos Constitucioreforma que afecte el avance de las nales, clave para la definición de reforcompañías dominantes en el mercado mas al régimen de medios, sea presidida del triple play. por Emilio Chuayffet. 2. De los 237 diputados federales En contraste, no existe en la bancada del PRI, por lo menos 100 legisladores del PRI una figura que haya sobrevivido tienen algún grado de compromiso al al veto de las televisoras. En esta legisrecibir apoyos financieros y logísticos latura, figuras como Manuel Bartlett o durante la campaña del telecandidato Dulce María Sauri, que protagonizaron más aventajado de la sucesión presiden- el 31 de marzo de 2006 la oposición cial de 2012: el gobernador del Estado desde el tricolor a la Ley Televisa, no lograron el apoyo de su dirigencia ni de de México, Enrique Peña Nieto.

los gobernadores del PRI para llegar a la Cámara de Diputados. 3. Ninguno de los dos coordinadores de los dos principales partidos –PRI y PAN– se ha caracterizado por su interés en una nueva legislación de medios electrónicos. Francisco Rojas, coordinador de la mayoría priísta, se concentrará en los temas presupuestarios, fiscales, energéticos (su especialidad) y todo lo relacionado con la crisis económica. Por su parte, Josefina Vázquez Mota, coordinadora de los panistas y ex secretaria de Desarrollo Social y de Educación Pública, no tiene antecedente alguno que hable de un compromiso en favor de una nueva Ley de Medios. El PAN planteó en su plataforma electoral 2009-2012 que se comprometerá con la “democratización y una mayor competencia en las telecomunicaciones y la radiodifusión”. También a “un combate frontal a los monopolios” y a impulsar el derecho de réplica. Sin embargo, el gobierno federal panista de Felipe Calderón se ha caracterizado por todo lo contrario: favorece al duopolio televisivo y ha frenado iniciativas que los propios panistas han pugnado desde el Senado, son los casos de Ricardo García Cervantes y Santiago Creel. El único partido que se ha comprometido explícitamente en impulsar una nueva Ley de Medios, así como en crear un Consejo de Radio y Televisión independiente, es el PRD. Su dirigente nacional, Jesús Ortega, afirmó que su bancada impulsará una reforma “para garantizar la imparcialidad en los medios”. Y su coordinador en la Cámara baja, Alejandro Encinas, ex jefe de Gobierno capitalino, ha hecho pronunciamientos en este sentido. En el Senado, el legislador perredista, Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, ya presentó una reforma legal incómoda para los concesionarios.

Sin embargo, la alianza entre legisladores del PRD y un grupo de diputados del PAN y algunos priístas no garantiza una corriente mayoritaria en favor de una Ley de Medios. 4. Figuras importantes se integrarán a la Cámara de Diputados y podrán jugar un papel esencial para impulsar una nueva Ley de Medios. Son los casos del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro; el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Alejandro Gertz Manero, y el ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Jaime Cárdenas. Ellos podrían ser figuras con un prestigio personal que será importante en la discusión sobre una ley que modifique el monopolio del spot y el rating.

Vetos y antecedentes El futuro de una nueva Ley de Medios tendrá que tomar en cuenta los antecedentes y bloqueos generados a partir de 1997. Desde el año 1960 ninguna reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión ha logrado concretarse sin el consenso de los concesionarios, quienes prácticamente consideran “suya” esta reglamentación. Entre junio y julio de 1995, durante el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo, se realizaron 11 foros regionales que elaboraron mil 952 propuestas para una reforma del Estado. Las más insistentes reclamaban una actualización de la ley en la materia, entonces con 35 años de antigüedad. En abril de 1997 se ventilaron en la Cámara de Diputados dos iniciativas: la Ley Federal de Comunicación Social, reglamentaria de los artículos 6º y 7º

constitucionales que derogaban, además, la Ley de Imprenta, vigente desde 1917, y una nueva Ley Federal de Radio y Televisión. La reacción de las empresas mediáticas contra estas dos iniciativas fue frontal. Acusaron a su impulsor, Javier Corral, de pretender una ley mordaza. En octubre de 1998 se postergó la discusión de estas propuestas. La alternancia en la Presidencia de la República alimentó falsas esperanzas en torno a una democratización de los medios electrónicos. Entre 2001 y 2002 se discutió en el seno de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada entonces por Santiago Creel, una nueva serie de reformas. El decretazo de Vicente Fox, en octubre de 2002, clausuró el compromiso del gobierno panista en favor de una nueva legislación en la materia. A pesar del decretazo, el 4 de diciembre de 2002 se recibió en el Senado una iniciativa de ley redactada por cerca de 40 organizaciones ciudadanas que participaron en las mesas de la Segob. El 12 de diciembre de ese año, 64 senadores apoyaron la iniciativa. Se formó una comisión dictaminadora en la cual participaron legisladores de los tres partidos más importantes. Los concesionarios, enemigos de estos cambios, le apostaron a que la reforma se quedaría en “la congeladora”. Lo lograron. Dos años después, a finales de noviembre de 2004, circuló entre los concesionarios de la CIRT un mensaje que urgió a “parar” la reforma en ciernes en el Senado. Septiembre 2009

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Los concesionarios sostuvieron una audiencia privada en Los Pinos el 29 de noviembre de 2004. Acusaron a los legisladores Javier Corral, Felipe Vicencio, ambos del PAN, Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, del PRI, y Raymundo Cárdenas y César Raúl Ojeda, del PRD, de emitir una “ley al vapor” que afectaba sus intereses. El veto de los concesionarios fructificó. En diciembre de 2004, a través de los oficios de Emilio Gamboa Patrón, Diego Fernández de Cevallos y Enrique Jackson, senadores con mayor influencia en esa legislatura, frenaron en comisiones el dictamen de esa ley. Un año después, con precisión de relojería, se presentó en la Cámara de Diputados un paquete de reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. Los cambios, aprobados sin discusión, por unanimidad, en menos de ocho minutos, constituyeron una auténtica contrarreforma mediática. Fue la Ley Televisa. En el Senado hubo una mayor discusión y resistencia a estos cambios. Sin embargo, los intereses de los candidatos presidenciales se impusieron. Televisa cabildeó para que se le ordenara a las bancadas del PRI y del PAN un apoyo a esa legislación. Un núcleo de 44 senadores, encabezados por Javier Corral, Felipe Vicencio, Manuel Bartlett, Dulce María Sauri, Raymundo Cárdenas, entre otros, dio la batalla para llevar a la SCJN la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa. Triunfaron un año después, tras las polémicas elecciones de 2006 que abrieron las compuertas a la mercantilización de la política. Sin embargo, desde 2007 a la fecha no se han podido concretar los ajustes necesarios para incorporar los criterios establecidos por la mayoría de los ministros en materia de medios electrónicos y convergencia tecnológica. De nueva cuenta, los intereses de la sucesión presidencial de 2012 dominarán la discusión. “Nadie se quiere pelear con Televisa y TV Azteca”, repiten con insistencia los defensores de la real politik. Ahora ya no se trata de un veto, sino del voto de la pantalla en favor del próximo presidente de la República. Los priístas están convencidos de que retornarán a Los Pinos y los panistas desean evitar un pleito con los concesionarios que provoque su derrota tras dos sexenios consecutivos en el gobierno. La diferencia no radica en el veto, sino en el contexto. Una oportunidad perdida más para la reforma a la Ley de Medios operará de manera irreversible en el futuro no sólo del sector, sino de la democracia en México. jenarovi@yahoo.com.mx

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Comunicación política Raúl Trejo Delarbre

Noticieros sin política Juan Pablo Zamora, Cuartoscuro

a radio y la televisión hicieron una cobertura exigua de las campañas políticas durante el más reciente proceso electoral. Desplazadas por la discusión en torno a los spots que colmaron los tiempos estatales en los medios electrónicos, las noticias acerca de las actividades proselitistas de los partidos pasaron a segundo plano. Ese relegamiento no se debió necesariamente a la ausencia de interés periodístico de las informaciones que surgían de los actos de campaña sino, al menos en casos notorios, a una política informativa destinada a minimizar la cobertura de los eventos partidarios. Algunos noticieros de la televisión nacional destinaron únicamente tres o

Cobertura electoral en los noticieros.

Cobertura de campañas 2009 en noticieros radiofónicos matutinos | Total minutos y Empresa, frecuencia y horario1 porcentaje2 Noticiero Conductor Antena Radio Mario Campos IMER 107.9 FM 584 7 a 10 100% Eduardo Ruiz Healy Eduardo Ruiz Radio Fórmula 104.1 FM 193 Healy 8 a 10 100% Enfoque Leonardo Radio Mil 100.1 FM 450 Curzio 6 a 10 100% En los tiempos Óscar Mario Radio Fórmula 103.3 FM 572 de la radio Beteta 5.30 a 10 100% Hoy por Hoy Carlos Puig Televisa Radio 96.9 FM 510 Primera emisión 6 a 10 100% Imagen informativa Pedro Ferriz Grupo Imagen 90.5 FM 238 de Con 6.45 a 11 100% Noticias MVS Carmen MVS Radio 102.5 FM 361 Primera edición Aristegui 6 a 10 100% Panorama Alejandro Grupo ACIR 88.9 FM 33 Primera edición Cacho 6 a 10 100% Pulso de Hilda Saray Radio Educación 1060 AM 101 la mañana 8 a 8.55 100% Radio 13 noticias Javier Solórzano Radio S.A. 1290 AM 202 6 a 10 100% Radio UNAM Héctor Castro Radio UNAM 860 AM 23 Informa Gurría 8 a 8.30 100%

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3 de mayo al 1º de julio PAN 86 14.8% 77 39.8% 120 26.9% 117 20.5% 154 30.2% 59 24.8% 66 18.4% 7 20.7% 19 18.4% 63 31% 5 19.8%

PRI 80 13.6% 36 18.5% 69 15.4% 128 22.4% 94 16.5% 80 33.6% 60 16.7% 3 10.3% 17 16.6% 28 13.8% 4 19.1%

PRD 78 13.3% 22 11.6% 95 21.1% 98 17.2% 149 29.1% 25 10.5% 42 11.6% 5 15.1% 23 22.4% 44 21.5% 3 12.8%

PVEM 71 12.1% 9 4.7% 46 10.2% 38 6.7% 21 4.1% 23 9.5% 118 32.7% 3 10.3% 6 6.2% 18 9.1% 2 6.9%

PT 69 11.7% 13 6.9% 34 7.6% 72 12.6% 30 6% 15 6.3% 19 5.2% 4 11.5% 11 11.1% 9 4.7% 4 18%

Conv. 74 12.6% 9 4.9% 32 7.2% 39 6.8% 30 5.9% 14 5.8% 17 4.7% 4 11.5% 6 5.7% 9 4.6% 2 6.9%

Panal 62 10.6% 8 4.3% 26 5.8% 30 5.3% 19 3.7% 11 4.7% 16 4.5% 3 10.3% 4 4% 9 4.3% 2 9.2%

PSD 63 10.7% 18 9.1% 22 5% 28 4.9% 22 4.4% 11 4.7% 18 4.9% 3 10.3% 13 13.1% 19 9.2% 2 7.3%

Noticiero Atando Cabos De una a tres Fórmula de la tarde Joaquín López-Dóriga

Cobertura de campañas 2009 en noticieros radiofónicos de media tarde | 3 de mayo al 1o de julio Empresa, frecuencia Total minutos Conductor y horario1 y porcentaje2 PAN PRI PRD PVEM PT Conv. Denise Radio Fórmula 104.1 FM 271 72 66 68 9 16 16 Maerker 13 a 15 100% 26.4% 24.4% 25.2% 3.4% 5.8% 5.8% Jacobo Radio Centro 88.1 FM 59 17 14 11 2 5 5 Zabludovsky 13 a 15 100% 29.2% 23.6% 18.9% 4.2% 7.8% 7.8% Ciro Gómez Radio Fórmula 103.3 FM 171 70 40 26 6 15 5 Leyva 15.30 a 17 100% 40.7% 23.5% 14.8% 3.6% 9% 3.2% Joaquín Radio Fórmula 103.3 FM 213 72 63 28 11 10 10 López-Dóriga 13.30 a 15.30 100% 33.7% 29.4% 13% 4.9% 4.9% 4.7%

cuatro minutos a esas informaciones en el transcurso de los dos meses de duración que tuvieron, a partir de 2009, las campañas electorales. Los noticieros que transmiten de lunes a viernes pudieron difundirse en 43 ocasiones durante el periodo de campañas, del 3 de mayo al 1º de julio. Algunos de ellos transmitieron, en promedio, menos de cinco segundos diarios de noticias electorales. En otros, particularmente en la radio, hubo más de diez minutos diarios de noticias electorales. Esas son algunas apreciaciones que pueden hacerse a partir del Monitoreo de noticieros que realizó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por encargo del Instituto Federal Electoral (IFE). Los resultados del Monitoreo, publicados por el IFE en diferentes periódicos y en su sitio en Internet, muestran la cantidad de minutos y segundos que ocuparon las informaciones electorales de cada partido durante el mencionado lapso. Con esa

información, calculamos el total de minutos de una veintena de noticieros de radio y una decena de espacios de televisión originados en la Ciudad de México.

Radio politizada En la radio matutina todos los noticieros analizados, excepto tres, le dieron más tiempo a las campañas del PAN que a otros partidos. La diferencia más notoria estuvo en el noticiero que conduce Eduardo Ruiz Healy en Radio Fórmula, con casi 40 por ciento de su espacio para noticias de esa índole destinado al partido en el gobierno. Los noticieros más priístas, si se les evalúa por el espacio a cada partido, fueron los de Pedro Ferriz de Con en Grupo Imagen (33.6 por ciento) y Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula (22.4 por ciento); Pulso, de Radio Educación, que conduce Hilda Saray, destinó 22.4 por ciento a notas sobre el PRD. De todos los programas considerados en esta evaluación, Antena Radio, que

Panal 12 4.2% 2 4.2% 4 2.5% 10 4.7%

PSD 13 4.8% 2 4.2% 4 2.5% 10 4.7%

conduce Mario Campos en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), fue el que más tiempo destinó a la cobertura de campañas con un total de 584 minutos. Allí, la asignación de tiempos a los partidos fue notoriamente equilibrada. El más favorable al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue el noticiero de Carmen Aristegui en MVS Radio, donde ese organismo político ocupó 118 de los 361 minutos dedicados a campañas políticas, 32.7 por ciento de dicho espacio. En los noticieros de media tarde, Fórmula de la Tarde, conducido por Ciro Gómez Leyva, dedicó 40.7 por ciento de esos espacios al PAN, en tanto que Joaquín López-Dóriga, también en Radio Fórmula, destinó 33.7 por ciento al mismo partido. En noticieros seleccionados y que se difunden a partir de las 6 de la tarde, las preferencias fueron más variadas. José Cárdenas Informa, en Radio Fórmula, le dio 42.5 por ciento de su espacio a las

Cobertura de campañas 2009 en noticieros radiofónicos de tarde / noche | 3 de mayo al 1º de julio Empresa, frecuencia Total minutos y Noticiero Conductor y horario1 porcentaje2 PAN PRI PRD PVEM PT Conv. Panal PSD Contraportada Carlos Loret Radio Fórmula 104.1 FM 118 43 42 15 3 3 3 3 3 de Mola 18 a 19.30 100% 36% 35.2% 12.5% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% De la A a la Z Abraham Radio S.A. 1290 AM 69 15 11 18 4 6 6 3 4 Zabludovsky 18 a 20 100% 22.3% 16.2% 25.5% 5.1% 10.2% 10.2% 5.1% 5.4% José Cárdenas José Cárdenas Radio Fórmula 103.3 FM 189 80 36 25 8 11 12 7 8 Informa 18 a 19.30 100% 42.5% 18.9% 13.3% 4.4% 5.8% 6.3% 3.9% 4.2% Hoy por Hoy Salvador Televisa Radio 96.9 FM 80 17 17 31 3 3 3 3 3 Tercera emisión Camarena 20 a 22 100% 21.2% 21.4% 38.9% 3.6% 4.1% 3.8% 3.6% 3.6% 1. La mayor parte de las estaciones cuyos noticieros fueron seleccionados para esta comparación transmite en varias frecuencias, ya sea en AM como en FM y/o en distintas frecuencias en la República mexicana. En esta columna se presentan las frecuencias que fueron sintonizadas para el monitoreo del IFE, de acuerdo con la información de ese organismo. 2. Minutos redondeados. Los porcentajes, mencionados ya en el monitoreo del IFE, fueron calculados a partir de los datos en segundos. Cuadro elaborado a partir de la información que aparece en el IFE, Monitoreo de noticieros. Campañas para diputados federales, Sistema de consulta de resultados, disponible en http://monitoreodenoticieros2009.ife.org.mx. De esa información hemos omitido el tiempo que los noticieros otorgaron a las campañas conjuntas del PT y Convergencia, así como del PRI y PVEM, que ocupó sólo pequeños porcentajes.

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Cobertura de campañas 2009 en noticieros de televisión matutinos | 3 de mayo al 1º de julio Total minutos y Empresa, frecuencia y horario1 porcentaje2 PAN PRI PRD PVEM Noticiero Conductor Hechos AM Alejandro TV Azteca Canal 13 95 23 9 27 14 Villalvazo 5.50 a 9 100% 21.4% 8.6% 25.7% 13.3% Once Irma Pérez Canal Once 29 8 7 6 2.5 Noticias Lince 5.30 a 7.30 100% 26.9% 22.6% 21.7% 8% Primero Carlos Loret Televisa Canal 2 102 31 32 28 2 Noticias de Mola 5.55 a 9 100% 30.7% 30.8% 26.8% 2%

noticias del PAN y sólo 13 por ciento al PRD. La tercera emisión de Hoy por Hoy en W Radio, con Salvador Camarena, asignó al PRD casi 39 por ciento de tales informaciones. Todos estos datos, que hemos organizado en los cuadros adjuntos, han sido tomados y/o calculados a partir de la información del IFE. Colocada en línea desde mediados de julio, esa información no había sido desmentida por ninguna empresa de comunicación varias semanas después.

Televisión ausente De los noticieros de televisión que elegimos para este cotejo, el más interesado en las campañas fue Primero Noticias, que conduce Carlos Loret de Mola

por las mañanas, en el Canal 2 de Televisa. Ese programa les otorgó a las informaciones electorales 102 minutos; de ellos, algo menos de 31 por ciento fue para el PAN y una cantidad casi idéntica para el PRI. El noticiero matutino de Canal Once le dio más espacio al PAN (26.9 por ciento) que al PRI (22.6 por ciento). Por las tardes, la televisión ignoró las campañas. Info7, de Televisión Azteca, se interesó en las notas sobre ese tema únicamente durante tres minutos. El Noticiero, con Lolita Ayala, en Canal 2, destinó cuatro minutos a ese asunto durante los dos meses de campañas. Dos de esos minutos fueron para el PRI, pero tratándose de universos tan limitados, los porcentajes pueden ser escasamen- te significativos.

PT 11 10.9% 1.5 5.9% 4 3.5%

Conv. 4 3.4% 1.5 5.9% 3 3.3%

Panal 4 3.3% 1 4.5% 1 1.4%

PSD 14 13.2% 1 4.5% 1 1.4%

Por las noches, los noticieros de televisión ofrecieron algún contraste. Casi 30 por ciento de las informaciones en el espacio de Joaquín López-Dóriga en el Canal 2 fueron para el PRD y 23 por ciento para el PRI. Menos de 21 por cien- to del espacio de esa índole en el noticiero emblemático de Televisa reseñó la información de las campañas panistas. En cambio, las notas en Hechos, que conduce Javier Alatorre en Canal 13, dedicaron 27 por ciento para el PAN y sólo 16.8 por ciento para el PRI. Las Noticias con Adela, de Adela Micha en el Canal 9 de Televisa, destinó al PRD 39.9 por ciento de sus espacios de campañas, al PAN 38.4 por ciento y al PRI únicamente 14.1 por ciento.

Cobertura de campañas 2009 en noticieros de televisión vespertinos | 3 de mayo al 1º de julio Empresa, frecuencia Total minutos y Noticiero Conductor y horario1 porcentaje2 PAN PRI PRD PVEM A las 3 Paola Rojas Televisa Canal 4 17 7 3 6 0 15 a 16 100% 40.1% 16.6% 32.7% 0% Hechos Jorge Zarza TV Azteca Canal 13 11 5 1 2 1 Meridiano 15 a 16 100% 44% 12.1% 17.4% 12.2% Info 7 Roberto Ruiz TV Azteca Canal 7 3 1.5 1 0.1 0 14 a 15 100% 51.5% 26.4% 4.9% 0% Noticiero con Lolita Ayala 4 1.5 2 0.5 0 Televisa Canal 2 Lolita Ayala 14.30 a 15 100% 37.5% 52.3% 12% 0%

trejoraul@gmail.com

PT 0.3 1,6% 0 0% 0 0% 0 0%

Conv. 0.3 1.9% 0 0% 0 0% 0 0%

Panal 0.3 1.9% 0 0% 0 0% 0 0%

PSD 0.3 1.9% 2 14.3% 0.5 0. 5% 0 0%

Cobertura de campañas 2009 en noticieros de televisión nocturnos | 3 de mayo al 1º de julio Empresa, frecuencia Total minutos y Noticiero Conductor y horario1 porcentaje2 PAN PRI PRD PVEM PT Conv. Panal PSD El Noticiero con Joaquín Joaquín Televisa Canal 2 41 9 10 12 2.5 2 2.5 2 2 López-Dóriga López-Dóriga 22.30 a 23.15 100% 20.7% 23.3% 29.9% 5.9% 4.8% 5.9% 4.2% 5.3% Hechos Javier TV Azteca Canal 13 25 7 4 3 2 1.5 1.5 3 2 Alatorre 22.30 a 23.30 100% 27.1% 16.8% 13.7% 9.3% 5.8% 5.8% 13.2% 8.3% Las noticias Adela Micha Televisa Canal 9 26 10 4 10 1 0.3 0.3 0 0 con Adela 20 a 21 100% 38.4% 14.1% 39.9% 4.6% 1.3% 1.3% 0% 0% 1. Aquí se muestra el canal ancla en la Ciudad de México a partir del cual las señales de cada televisora se difunden a otros sitios del país. 2. Minutos redondeados. Los porcentajes, mencionados ya en el monitoreo del IFE, fueron calculados a partir de los datos en segundos. Cuadro elaborado a partir de la información que aparece en el IFE, Monitoreo de noticieros. Campañas para diputados federales, Sistema de consulta de resultados, disponible en http://monitoreodenoticieros2009.ife.org.mx. De esa información hemos omitido el tiempo que los noticieros otorgaron a las campañas conjuntas del PT y Convergencia, así como del PRI y PVEM, que ocupó sólo pequeños porcentajes.

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Medios

Televisa, la más multada • Gabriel Sosa Plata y Karina Judith Godines

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“supervisar y vigilar que las trans- procedimientos administrativos (en los misiones de radio y televisión a cuales se puede llegar a una multa ecotravés de sus distintas modalidades nómica), observaciones y extrañamiende difusión cumplan con las dispo- tos (sólo se hace un llamado de atención siciones de la Ley Federal de Radio y para corregir la situación que podría, en Televisión, su respectivo reglamento caso de reincidencia, derivar en un proy títulos de concesión”. También es cedimiento administrativo). responsable de “imponer las sanLos procedimientos, observaciones y ciones que correspondan por in- extrañamientos son contra concesionacumplimiento de las normas que rios y permisionarios de radio y televiregulan las transmisiones en radio sión, empresas de cable, comercializadoy televisión y las exhibiciones cinemato- ras, exhibidoras y distribuidoras. gráficas”, según lo dispuesto en el ReglaEn el caso específico de la televisión mento Interior de la Segob. (en la siguiente edición de Zócalo nos reAntes de 2002 era prácticamente feriremos a la radio), entre 2002 y 2009 imposible conocer a los concesionarios se llevaron a cabo 549 procedimientos (emisoras comerciales) y permiadministrativos sionarios (emisoras culturales, Procedimientos Enero de 2002 al 31 de mayo de 2009 educativas, universitarias o coTelevimex (Televisa) munitarias) de radio y televisión Año Multa AA* Sin efecto Absuelto 2002 $ 21,075.00 4 4 que habían sido sancionados por 2003 1 8 16 la autoridad por violaciones a la 2004 $ 1,637,178.40 legislación en la materia. 2005 $ 6,809,017.80 2 A partir de la aprobación, pu2006 $ 1,697,840.00 blicación y entrada en vigor de 2007 $ 77,878.40 3 2008 $ 150,407.40 la Ley Federal de Transparencia y Total $ 10,393,397.40 5 17 16 Acceso a la Información Pública Televisión Azteca Gubernamental se ha liberado in2002 $ 27,403.50 2 formación más amplia y precisa 2003 $ 67,437.00 41 64 12 acerca del tema, aunque no exen2004 $ 414,398.60 16 2005 $ 3,366,012.00 4 ta de vicisitudes (véase Gabriel 2006 $ 426,550.80 Sosa Plata, “RTC: sexo, mentiras 2007 $ 16,547.80 y tv”, El Universal, 1º de septiem2008 bre 2008). Total $ 4,318,349.70 43 84 12 Radiotelevisora de México Norte (Televisa) En el informe más actualiza2004 $ 22,698.00 5 do de la dependencia se detallan 2006 $ 936.00 los tres tipos de acciones legales Total $ 23,634.00 que RTC lleva a cabo por supues- *AA: Amonestación con apercibimiento. tas violaciones a la legislación: Elaboración propia, con base en información de RTC.

es la empresa de radio y televisión más sancionada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, con multas que superan los 10 millones de pesos, entre enero de 2002 y mayo de 2009. Le sigue Televisión Azteca con más de 4 millones de pesos en el mismo periodo. Al duopolio, como se aprecia, le resulta muy rentable transmitir programas que violan la ley, pese a que en ellos hay “influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez”, corrompen el lenguaje, contienen “escenas contrarias a las buenas costumbres”, o bien hacen “apología de la violencia, el crimen y los vicios”. Los 14 millones 735 mil 381 pesos de multas a Televisa y TV Azteca entre 2002 y 2008, representan poco más de 2 millones de pesos anuales, una bicoca para empresas que facturan más de 50 mil millones de pesos al año. RTC es la unidad administrativa de la Segob, creada el 6 de junio de 1977, encargada, entre otras atribuciones, de 38

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elevisa

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Total de multas aplicadas a televisión, radio y otras empresas Ene. de 2002 al 31 de mayo de 2009 Año Monto 2002 $ 932,672.00 2003 $ 330,567.00 2004 $ 6,887,656.10 2005 $ 11,694,970.20 2006 $ 2,946,071.40 2007 $ 377,641.20 2008 $ 943,546.44 Total $ 24,163,124.34 Elaboración propia, con base en información de RTC.

administrativos, de los cuales 80 por ciento correspondieron a Televisa (Televimex y Radiotelevisora de México Norte) y TV Azteca. El resto a Televisión Metropolitana (Canal 22), Multimedios, conductores independientes y otros. Es interesante destacar que la mayor cantidad de los procedimientos administrativos se iniciaron entre 2003 y 2005, justo durante la gestión de Héctor Villarreal como director de RTC. Al término del sexenio foxista y al inicio del gobierno de Felipe Calderón, estas acciones legales han disminuido considerablemente, como se aprecia en el cuadro adjunto. Después de Villarreal, los cambios en RTC han sido intensos: Eduardo Garzón (2005-2007); Irma Pía González-Luna (2007-2008), actual subsecretaria de Normatividad de Medios; Norberto Tapia (2008) y Álvaro Lozano, actual titular. Las principales causas observadas por los monitoristas de RTC para iniciar los procedimientos han sido por “influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez”, “omisión del anuncio por tratarse de un programa impropio”, “corrupción del lenguaje”, “transmisión de materiales grabados fuera de horario”, “irregularidades en la transmisión de concursos” y de los programas incluidos en los tiempos de Estado. El caso que implicó la multa más elevada ocurrió en 2005, contra el Canal 2, de Televisa, por la transmisión de “telenovelas fuera de horario”. La sanción fue por 2 millones 400 mil 750 pesos. Ese mismo año, por la misma causa, fue multada con

2 millones 148 mil 900 pesos. TV Azteca programa Ventaneando, de TV Azteca, también se hizo acreedora a dos multas como “concesionarios” multados por la que se colocaron como la tercera y cuar- cantidad, cada uno, de 21 mil 75 pesos, ta más cuantiosas del periodo analizado, por “corrupción del lenguaje”. por un millón 402 mil 440 pesos y por Medios públicos un millón 176 mil 240 pesos. Del análisis del informe, no deja de La “televisión de Estado”, en particular llamar la atención la enorme cantidad Canal 22 (Televisión Metropolitana), de procedimientos iniciados contra las aparece como la tercera televisora más televisoras, en particular de TV Azteca, sancionada, con 28 procedimientos adque derivaron sólo en “amonestación ministrativos. De éstos, la mayoría fuecon apercibimiento”, que quedaron “sin ron, vaya paradoja, por irregularidades efecto” o bien fueron “absueltos”. Y es en la transmisión de los tiempos que coque desde que inicia el procedimiento y rresponden al Estado. En el rubro “observaciones” a concehasta que queda firme la sanción, pueden transcurrir meses, e incluso años, sionarios y permisionarios de televisión, durante los cuales las empresas llevan a sólo se dan a conocer datos de 2007 a cabo una defensa muy intensa y eficien- 2009 con 252 casos en los tres años. Una te de su posición y la autoridad termina de las “observaciones” más destacadas es por ceder ante sus alegatos. por “irregularidades en la transmisión Las mayores violaciones en las cuales de concursos”. En “extrañamientos”, durante el peincurrió Televisa fueron: a) por “influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo riodo 2006-2009, hay 81 casos, de los armónico de la niñez”; b) por “omisión” cuales más de 50 por ciento son por no de los anuncios para advertir que se tra- transmitir campañas oficiales prograta de “programas impropios”, y c) por madas en los tiempos de Estado y por “corrupción del lenguaje”. TV Azteca, transmitir material grabado fuera del en cambio, se destacó por: a) “transmitir horario autorizado. materiales grabados fuera de horario”; b) “falta de certificado de aptitud” de sus Consecuencias locutores y comentaristas, y c) por “irre- Las cifras mencionadas son sólo una fogularidades” en la transmisión de los tografía reciente de un panorama muy programas de los partidos políticos. complejo relacionado con los conteniEsta última violación ha sido reite- dos de la televisión, el medio con más rada luego de que a partir de la reforma penetración e influencia en el país. La electoral de 2007 el Instituto Federal frialdad de los números en nada refleja lo Electoral (IFE) se hizo cargo de la administración de los Acciones legales contra televisión Enero de 2002 al 31 de mayo de 2009 tiempos que corresponden al Año Procedimientos Observaciones Extrañamientos Estado durante los procesos 2002 20 2003 187 electorales. Con esta nueva 2004 159 disposición, RTC disminuyó 2005 112 considerablemente su carga 2006 56 6 de trabajo y, por lo tanto, las 2007 9 33 62 acciones legales en ese ámbito. 2008 6 106 10 2009 116 1 Otro dato curioso es que Total 549 255 79 en el listado de RTC apareElaboración propia, con base en información de RTC. cen Patricia Chapoy y Da- La información correspondiente a observaciones y extrañamientos sólo niel Bisogno, conductores del abarca del 6 de diciembre de 2006 al 28 de mayo de 2009. Septiembre 2009

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que ocurre en miles de hogares cuando un niño, por ejemplo, ve programas que la autoridad consideró como nocivos y perturbadores del desarrollo armónico de la niñez (la principal causal, como se dijo, por la que ha sido sancionada la principal empresa de televisión en el país). Tampoco reflejan las consecuencias que se generaron, por ejemplo, en políticas públicas de salud por la omisión en la transmisión de campañas del gobierno con cargo a los tiempos oficiales. Durante las audiencias a las cuales se convocó en 2007 y 2008 el ya de- saparecido Grupo Plural del Senado de la República, que se encargaría de actualizar el marco jurídico de las telecomunicaciones y la radiodifusión, el ahora ex subsecretario de Normatividad de Medios de la Segob, Juan María Naveja, dejó en claro la problemática que enfrenta esa dependencia: “Algunos actores han señalado que las sanciones establecidas en la legislación vigente son exiguas en comparación con el daño que puede causarse. No se

trata únicamente de que las sanciones contemplen montos pecuniarios más significativos sino que, debo insistir en ello, que la autoridad cuente con los elementos jurídicos necesarios para fundar y motivar su actuación. “Convendría entonces –añadió el funcionario– revisar el catálogo actual de infracciones a la ley valorando el impacto social de las mismas, procurando la prevención del daño y aplicando sanciones administrativas que guarden re- lación directa con la frecuencia y la gravedad de las infracciones con la cuantía de las multas.” Detalló que cuando se impone una multa, ésta puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. “Con frecuencia, cuando el proceso termina, la causa que la motiva también”, por lo que la autoridad se enfrenta a situaciones “que pudieran afectar seriamente el interés público y la función social de la radiodifusión, que se consuman de manera inmediata y que no son reparables por ninguna resolución judicial definitiva”.

Motivos para procedimientos administrativos en televisión Enero de 2002 al 31 de mayo de 2009 TV TV Azteca Televimex Metropolitana Influencias nocivas y perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez 14 71 1 Escenas contrarias a las buenas costumbres 4 38 1 Publicidad engañosa 7 15 Corrupción de lenguaje 15 55 Irregularidades en la transmisión de los programas de los partidos políticos 20 10 Transmisión de materiales grabados fuera de horario 71 4 26 2 Falta de certificado de locutor Irregularidades en la transmisión de los tiempos de Estado 1 25 Irregularidades en la transmisión de concursos 23 25 27 48 Películas y/o telenovelas fuera de horario Apología de la violencia, crimen y vicios 2 3 Omisión del anuncio por tratarse de un programa impropio 13 63 1 Otros 9 8 Total 232 342 28

Multimedios

El funcionario también reveló que ahora hay programas de concursos de televisión que por la ambigüedad o laguna de la ley, RTC no puede sancionar. “Es conveniente, por tanto, añadir conceptos que remitan a diferentes formas de presentación de un concurso o sorteo con la etapa de azar con la finalidad de dar certidumbre al público participante y señalar los criterios a considerar para el otorgamiento de permisos.” Contrario a la posición gubernamental, hay voces que pugnan por el reforzamiento de la promoción de la au- torregulación, como una de las maneras más eficaces para prevenir violaciones a la legislación, o bien crear, como en otros países, órganos “ciudadanizados” que sean los encargados de velar por los contenidos que transmiten los medios para acabar con la discrecionalidad con la cual el gobierno ha actuado históricamente en contra de algunos concesionarios y permisionarios de radio y televisión. Regresaremos al tema en la siguiente entrega. gsosap@gmail.com

Conductores/ Radiotelevisora Independientes México Norte Otras

1 1 3

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6 3

86 44 31 76

75 29

4 1

52 75 7

1 9

5 70

77 23 699*

Elaboración propia, con base en información de RTC. * Esta cantidad no coincide con el total de los procedimientos administrativos, porque algunos de éstos fueron motivados por dos o más causales.

Total

Medios

Televisa pierde rating, presiona a Ibope Viridiana Villegas

• Viridiana Villegas Hernández

Luis Mercader, director del INRA.

a televisora de Emilio Azcárraga Jean aún no resuelve la terminación de su contrato con la agencia de medición de rating Ibope. Esto después de que Alejandro Quintero, vicepresidente de Comercialización de Televisa, el 7 de julio, expresara su inconformidad respecto del método utilizado por la empresa y aseverara que la incorporación de Massimo Corrado, ex director general de Ibope (donde colaboró durante 12 años), a las filas de TV Azteca en marzo pasado implicara “filtración de información” o pudiera influir en beneficio de su competencia en la medición de audiencias y no ser neutral. El conflicto inició cuando Televisa cuestionó la metodología utilizada por Ibope para medir el rating y finiquitó su relación con la agencia el 22 de junio, al tiempo que anunció su salida del Consejo de Investigación de Medios (CIM), acción que “no le ha impedido conocer cuáles son las mediciones de Ibope 42

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porque la empresa TV Promo (filial de Televisa) le informa sobre las cifras”, según el columnista Rogelio Varela (El Financiero, 6 de agosto). La televisora decidió congelar las tarifas de sus ratings a los anunciantes a partir del 1º de julio, para las cuales ha tomado en cuenta las cifras de enero-marzo de 2009 y ofertar las nuevas tarifas los siguientes cuatro meses y para conformar el presupuesto de 2010. Por su parte, el CIM decidió pagar dos auditorías –de las empresas Deloitte y Mancera– para librar de toda duda el sistema y metodología de Ibope y para evitar falta de información y credibilidad en la televisión. A principios de agosto, Televisa demandó a Ibope por incumplimiento de contrato, pero la demanda no prosperó porque un juez del Distrito Federal la rechazó por carecer de sustento. La televisora exige la inmediata reubicación de todos los aparatos People Meter (que sirven para registrar las mediciones) colocados en dos mil 300 hogares de las 28 ciudades más importantes del país, mientras que Ibope se niega a cumplir dicha petición.

Medición del rating La medición de audiencias en televisión se basa en la estadística aplicada. Durante muchos años, el anunciante se interesó en el promedio de rating de un programa transmitido en horario estelar para saber cuánto tendría que pagar por su anuncio. A principio de los años noventa, con el alza en los precios de los spots, la aparición del control remoto y las videocaseteras, el

interés del anunciante cambió por el momento en el cual su spot salía al aire. Por ejemplo, ya no importaba lo que sucediera de 21:00 a 21:30 horas, sino lo que ocurría justo a las 21:25:20 horas. Así, las agencias medidoras de rating crearon un nuevo sistema electrónico que mide segundo a segundo, aunque no es tan preciso y los criterios varían en cada país. “Cuando los ratings bajan, disminuyen los argumentos para mantener una tarifa”, apunta Fernando Mejía Barquera en su columna Cambio de frecuencia (Milenio, 8 de agosto), apreciación que revela otro conflicto suscitado entre INRA (la principal empresa que mide audiencias de radio) y Grupo Radio Centro hace dos años. A Luis Mercader, director de INRA, se le pidió su punto de vista sobre el caso Televisa-Ibope, y qué opina de que un directivo del mercado de las mediciones sea contratado por un medio, a lo cual respondió: “Muy mal. Infringes todos los principios éticos y profesionales, porque la agencia de investigación es el árbitro y tiene la obligación de mantenerse al margen, no puedes estar de lado de TV Azteca ni de Televisa. Si el directivo trabaja para una televisora es posible que surjan desviaciones.” Señala que “no es de extrañar que Televisa haya brincado” por la contratación de Corrado. Para la medición apoyada en los People Meters, Ibope debe cuidar la muestra para evitar desviaciones que influyan en el público, el cual puede ver más programas de una televisora que de

otra, si uno de los clientes cuenta con más información. Cuando existe una influencia entre la audiencia se le llama error o desviación no muestral. –¿Cómo interpreta que Televisa haya demandado a Ibope? –Televisa nos ha dicho que confía en Ibope, que trabaja con ellos y mantiene vigente su contrato, pero ya no puede estar con alguien que se fue con la competencia, lo cual es razonable. La televisora se sintió traicionada. A las empresas no nos contratan porque nos quieran, sino porque nos necesitan para vender a los anunciantes. Es extraño que Televisa pidiera la rescisión de contrato por violaciones al mismo. Ibope envió un comunicado a los anunciantes para informarles que sus diferencias con Televisa se dirimirían en los tribunales. El asunto es muy serio.

Presión jurídica Sobre la demanda interpuesta por Televisa, el director de INRA considera que la televisora lo hizo para presionar a la agencia de origen brasileño y hacer que cediera a su petición de realizar una auditoría y cambiar la totalidad de la muestra. Ibope respondió no poder hacerlo de inmediato debido a su política de cambiar sólo 25 por ciento de los aparatos cada cuatro años. “Resulta absurdo tanto tiempo, pero también es imposible de cumplir; los dos están necios, cada uno defiende sus intereses.” Existen antecedentes en otros países donde se han cuestionado las metodologías de las agencias de investigación. En Bélgica se introdujo un People Meter Portable para registrar radio y televisión, pero al final el estudio arrojó que el público escuchaba más estaciones de las que decía y de manera fragmentada, porque el aparato captaba las estaciones que tenía a su alcance mientras el usuario se desplazaba. Se determinó que la medición no era factible y fue cancelada. Otro caso ocurrió en Estados Unidos, cuando Arbitron y Nielsen invirtieron 10

millones de dólares en el fallido proyec- resultados de Ibope, pues “es aconsejato Apollo, también basado en el People ble que cuando menos compitan dos Meter Portable. Actualmente, Arbitron agencias, aunque hasta ahora el mercado enfrenta una demanda en Nueva York mexicano sólo permite dos empresas de por propietarios de grupos radiofónicos rating debido a los costos”. Ante las posibles lecturas de los anunhispanos y afroamericanos, porque los aparatos no eran precisos y contradecían ciantes sobre el conflicto, Luis Mercader la información recabada en estudios pre- señala que la más peligrosa es que “como vios. Las autoridades detuvieron el pro- las televisoras venden por valor de punto yecto y no le permiten hacer mediciones. de rating y sus cifras no están respalda“El caso de Televisa es extraño, que das, un cliente como Nestlé o Procter una televisora tenga ese poder; normal- & Gamble se retirará porque no le conmente es el gobierno o viene pagar millones un conjunto de anun- Grupo Radio Centro... por ratings que no son actuales ni confiables. ciantes”, apunta el dinos dijo cómo quería que Televisa tiene razón, rector de INRA. es más funcional con–¿Se debe al duo- se hiciera la medición o no pagaba. Quería a gelar los ratings que polio televisivo? confiar en cifras de –Sí. Televisa y TV Zabludovsky en primer Azteca son lo suficien- lugar y a Nino Canún en alguien que está con temente fuertes como la competencia”. segundo sitio. para hacer eso, porque Considera que la si Ibope realiza un estudio mensual que televisora está confiada en su capacidad le cuesta mucho dinero, en el cual tiene para estabilizar el mercado, porque “esa dos clientes principales que abarcan 80 noticia sí es muy fuerte”. por ciento de la audiencia, pero uno se sale y decide no pagar, automáticamente El cable a la alza el estudio está quebrado. Ese es el factor Actualmente, el servicio de televisión por cable está en su etapa de mayor dereal de poder. El ejemplo anterior es otro vicio de manda porque ofrece amplias gamas de la investigación de ratings. “Un radiodi- canales. “No es ningún secreto que la tefusor tan poderoso como Grupo Radio levisión abierta, cuando menos en los niCentro, cliente nuestro hasta el año pa- veles altos, está perdiendo audiencia porsado, nos dijo cómo quería que se hi- que no la consume y prefiere sintonizar ciera la medición o no pagaba. Quería otros canales.” a Jacobo Zabludovsky en primer lugar Televisa, a través de Sky, le ha robay a Nino Canún en segundo sitio. ¡Pero do audiencia a la televisión abierta. Es ellos no ocupan esa posición! Los medios una situación internacional. Las ventas de televisión en todos los países desarrote pueden presionar.” A diferencia de Ibope –que depende llados van lenta y paulatinamente hacia del duopolio–, la ventaja de INRA es que la baja. El director de INRA, la empresa más en radio se cuenta con la norma CIM desde 2003, mientras que la televisión antigua en investigación de mercados, nunca ha tenido una certificación en el dice que en México el público es amplísimo y la televisión abierta todavía tiene Consejo de Investigación de Medios. “Por eso, Televisa se pone tan va- una audiencia gigantesca para muchos liente, aunque ha sido muy cuidadosa.” años, cosa que en Europa y Estados UniPodría ganar más si implementara otro dos ya no ocurre. star_sailor8228@hotmail.com sistema que sirviera de contrapeso a los Septiembre 2009

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Fotografía

• Jaimeduardo García

El fotógrafo mexicano, ganador del World Press Photo 2009, en la categoría “Temas contemporáneos”, señala que los espacios para la fotografía se están limitando, y que en el fotoperiodismo lo importante es el mensaje, lo demás es retórica

arlos Cazalis vivió dos años en una favela en Sao Paulo, Brasil, para poder entender el fenómeno que iba a contar a través de su cámara: los indigentes. Ese fotorreportaje rindió frutos, uno de ellos, el Premio World Press Photo 2009, en la categoría “Temas contemporáneos”. El fotógrafo mexicano lanza una concepción provocativa: “El fotoperiodismo está muerto, pero a la vez está tan vivo como antes.” Explica por qué: “Está muerto porque es un método de documentación extremadamente abusado por los medios, incluido Internet. El reto es trascender ese espacio y hacer una imagen más pensada, tener más tiempo para realizarla, pues muchas veces en el fotoperiodismo no puedes hacer otra cosa más que fotografiar un evento lo mejor posible, reaccionar a tus emociones, a tus instintos, y al conocimiento que inconscientemente se va a reflejar cuando hagas la foto. Discutir el tema es retórica; quizá no aporte nada nuevo el fotoperiodismo, pero el mensaje que transmite es lo importante.” –¿Por qué expresarse a través de la fotografía para narrar historias? –Viene de una educación de ver fotoperiodismo desde muy chico. Mi padre siempre traía el periódico a casa. 44

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Carlos Cazalis

El fotoperiodismo está muerto y vivo: Carlos Cazalis

Leía el diario con mucho entusiasmo, eso despertó mi curiosidad por querer contar historias.

Espacios limitados El maestro en diseño digital por la Universidad de Miami afirma que el método para publicar fotografía no siempre es el mismo, pues “nos están limitando los espacios, además del presupuesto”. Agrega que “las agencias de fotografía –las de archivo, principalmente– viven de nosotros, nos están matando, porque venden nuestras fotos en paquetes a un precio ridículo y yo cobro el cincuenta por ciento de ello”. Cazalis sostiene que el fotógrafo debe saber muy bien cómo funciona el medio para el cual trabaja, quién es su público y si la foto que hace va a ser publicable o no. “Por eso yo elijo hacer mis fotos y no trabajar para ningún medio en específico, y luego venderlas, o exponerlas, para que llegue el mensaje.” –¿Internet es una herramienta que contribuye al fotoperiodismo? –Enormemente. Internet le da al fotógrafo un espacio dónde publicar su trabajo, quizá no se reciba una remuneración económica, o no sepa dónde apareció o si los derechos de autor son violados, pero es un buen escaparate.

El problema mayor en eso es que los fotógrafos son unos perros. En una jauría todos se pelean por la hembra, y la hembra puede ser la publicación. Estamos más ocupados por nuestro ego que por fotografiar. –¿La fotografía está en desventaja ante la imagen de la televisión? –No, porque hoy la televisión depende de una imagen, fija o en movimiento, porque a veces no se puede conseguir nada. Si yo logro publicar una foto en CNN, la persona que ve el canal debe prestar atención a una imagen plástica, se debe concentrar en ese momento, atrapa su atención. El también biólogo marino tiene un principio: “No salgo a hacer fotos sin saber las causas, para mí eso es imprescindible.” Para realizar el fotorreportaje de los indigentes (sus imágenes tienen una composición plástica que conjuga información con una estética deliberada) vivió en una favela de Sao Pablo por dos años: “Fue la única manera de entender cómo es la vida en ese lugar. Crecí en Brasil y la favela estaba frente a mí todos los días, aunque yo no vivía en esas condiciones; tenía muchos prejuicios que debía superar. Viví esa experiencia para que mis sentimientos se reflejaran en las fotos.” Respecto de si tiene interés en hacer un trabajo similar con indigentes de la Ciudad de México, asegura que no, “porque ya está hecho. Me gustaría volver a esta ciudad para documentar la violencia extrema en una ciudad de 20 millones de habitantes, o el problema del agua, que es fundamental”. jegc11s@hotmail.com

Mujeres periodistas de tres generaciones

Gané notas por olfato periodístico: Sara Lovera Miguel Salguero / WARS

• Elvira García

Directora durante once años del suplemento Doble Jornada, Sara Lovera es una periodista emblemática del periodismo mexicano que ha descrito la condición social, laboral, política y económica de las mujeres. Narra su paso y sus cuitas por los diarios que se nutrieron del “nuevo periodismo”, marcados por el conflicto y el trabajo constantes.

Sara Lovera.

as huellas del periodismo de Sara Lovera están en más de una veintena de espacios escritos y electrónicos, varios de los cuales le tocó fundar, pero el periódico El Día es el más significativo para ella, pues la vio nacer como reportera. De él recuerda con dolor: “El papel y la deslealtad de Socorro Díaz fue devastador; llegó por la peor de las vías, mediante acuerdos con el PRI. Supongo que era un asunto de Estado y de partido el que todos, incluidos los fundadores, nos fuéramos.” A la vuelta de 20 años, su despido de otro diario –La Jornada– del que fue fundadora y donde creó el suplemento Doble Jornada, también le hizo mella. Sin medias vueltas evoca: “Me equivoqué, violé la Ley Federal del Trabajo y con 46

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todas las de la ley Carmen Lira me despidió; por supuesto que me dolió.” Con esta salida terminaban más de dos décadas de sobrellevar, “sólo con trabajo y más trabajo”, la animadversión y el rechazo que –dice– Lira le demostró tanto en el Unomásuno como en La Jornada. –Sé que tu salida no fue suave… –No lo fue porque actué tontamente. La Doble Jornada salía cada mes, pero a Carmen nunca le gustó, pues cree que el feminismo divide el movimiento obrero. En una ocasión me dijo que la Doble… necesitaba una manita de gato. Le dije que sí, que le haríamos lo que quisiera. Un día, de manera grosera mandó decir que el siguiente número sólo saldría para los suscriptores. En lugar de ir a dialogar con ella, lo anuncié por

Internet al movimiento feminista internacional; lo hice público, lo que contraviene artículos de la Ley Federal del Trabajo que indican que un secreto de empresa no puede divulgarse. De modo que el feminismo internacional le mentó la madre a Lira, cosa que ella no tenía por qué aguantar. Yo hubiera hecho lo mismo. Y me corrió. Así, tanto Lovera como la Doble Jornada encontraron un final anunciado. Sara salió del diario al que llegó en 1984. Gracias a la movilización feminista, el suplemento sobrevivió tres años más. Aclara que de tiempo atrás ese órgano “no le costaba nada a La Jornada, pues había llegado a su punto de equilibrio en publicidad; luego lo dejaron perder quienes lo tomaron en sus manos cuando me fui”.

La otra mitad del mundo Sentada en medio de su sala que rebosa plantas, libros y objetos coloridos, Sara Lovera López reconstruye sus 40 años en el periodismo. Ella proviene de una casta de luchonas. Su abuela paterna fue una india mazahua que, sin saber leer ni escribir, mantuvo a sus tres hijos e hizo fortuna con la venta de jarcería. La otra, la materna, le heredó el amor a la lectura. Lovera llegó por vía extraña al periodismo: a través de las clases de catecismo que ella impartía a unas niñas, entre las que estaban las hijas de Alejandro Avilés, entonces director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, donde Sara haría la carrera, a la par que estudiaba para

trabajadora social. En su conducción investigación como en la escritura. De hacia el periodismo que pone el ojo en él salieron muchos cuadros del periodis- las iniquidades e inequidades que vive la mo contemporáneo.” mujer mexicana, fue clave la guía de otra Trabajar y quererse mucho periodista: Adelina Zendejas. “Doña Adelina fue fundadora de El En 1971, Lovera pasó de El Día a CruDía; tenía 60 años cuando la conocí; es- cero, un naciente vespertino de la misma cribía la columna Ellas y la vida.” Sara te- casa editorial. También se integraron Sonía 19 años cuando ingresó al diario; ese corro Díaz y Carlos Mamismo día se topó con doña Adelina: rín. En 1972 Sara se casó “Se me atravesó en la vida y me pre- con un líder comunista guntó si yo iba a ir, como todas las re- y con el tiempo tuvo dos porteras, a hablar sólo de la mitad de hijos. Poco duró su esla población, es decir, de los hombres, o tancia en Crucero; de ahí me interesaría por la otra parte: las mu- fue a crear los noticieros jeres, que nunca eran protagonistas de la de Radio Educación, eminoticia. Esa tarde supe que era necesario sora que ese año vivía su escribir de la condición social de la mu- nueva época, dirigida por jer.” Y, sin afán de presumir, dice: “Ahí Enrique Atonal. En ese empezó mi doble jornada: reportear mi empleo duró ocho meses. fuente e ir tras los temas feministas.” Luego, de 1972 a 1978, se empleó en una Veinte años duró la amistad entre Sara y mil cosas aledañas al periodismo y a la y Adelina, quien le acercó revistas y libros lucha de las mujeres; no sin razón afirdonde se hablaba de las conquistas de las ma que “todo lo que tenía que hacer ya feministas. “Fue ella quien me enseñó a lo hice”. Uno de sus trabajos llegó a través mirar a las mujeres.” El Día nació con vocación de otorgar voz a las féminas. de La China Mendoza: fue reporteEnrique Ramírez y Ramírez, su fun- ra en Imevisión del programa A media dador, llevó consigo a Rodolfo Doran- tarde, de ahí pasó a los noticieros de la tes, quien ya había creado el Diario de televisora, colaboró en el programa de la Tarde, que le abrió Martha de la Lama y las puertas a mujeres. Queríamos acercarnos a luego en Séptimo Día. Ahí surgieron CarMás tarde se empleó periodistas para que en una agencia de men Lira, María Teresa García Guerra, reportearan asuntos de la publicidad, mientras Elena Poniatowska y condición social de la mujer. cubría para Imevisión las giras del presidenRita Ganem. Dorantes y Ramírez creyeron en el periodismo te Luis Echeverría y la campaña de José hecho por mujeres. Con ellos también López Portillo. colaboraron Carmen de la Vega, Oralia Formó parte de la organización del Herrera, Graciela y Norma Castro y Ma- Año Internacional de la Mujer realizado ría Luisa La China Mendoza. en 1975; consiguió hacer reportajes espePara Sara, ingresar a El Día fue el ciales en zonas indígenas para El Nacional; encuentro con esas damas y con un pe- hizo investigación para Guadalupe Rivera riodismo “muy bien reporteado”. Evoca: Marín, Yolanda Sentíes y otras mujeres “Fue el primer periódico del siglo XX que buscaron mejorar la condición de las que modernizó la manera de presentar féminas. Creó y dirigió los noticieros de la información; no tenía pases ni sección Canal Once y, por si algo faltara, hizo con policiaca, inauguró suplementos de aná- Rosa María Campos un suplemento para lisis político y fue riguroso tanto en la niños en Ovaciones. Un multi empleo

aderezado con el papel de madre y esposa. La doble jornada. –¿Y cocinabas? –No cumplía la doble jornada tradicional, porque Joel, mi marido, asumía responsabilidades en el hogar y yo tenía una red de mujeres, entre ellas, mi madre, dispuestas a ayudarme; pero a Joel le gustaba la comida fresca y hecha por mí, de modo que yo guisaba por la noche. Sara dice que hizo ley la máxima de su abuela: “Una mujer sin un centavo en la bolsa ganado por ella misma, no vale nada.” Madre y abuela le repitieron que no dependiera jamás de hombre alguno. “Así que ya sabes dónde me hice feminista”, dice contundente, risueña y fumadora. “Aprendí que una mujer debe ser autónoma, quererse a sí misma, estudiar y destacar.”

No me dejo de nadie Las múltiples Saras que hay dentro de Lovera se concentraron en una sola cuando volvió a El Día, en 1979. El diario empezaba a ser rebasado por el novísimo Unomásuno. –¿Cómo fue esa etapa de El Día? –Para mí, muy buena porque regresé en mejores condiciones de sueldo y trabajo; sólo hacía reportajes especiales. Para el diario también lo fue, por la existencia del Unomásuno. Ante la competencia, Ramírez y Ramírez nos dijo que había nacido el medio que acabaría con El Día si no nos poníamos las pilas. Me tocó una época de reforma, de darle valor a la noticia. Ramírez eligió a algunos para dedicarnos sólo a buscar información exclusiva, bien investigada. –¿A la larga Ramírez y Ramírez tuvo razón? –De algún modo, sí; pero no sólo fue el Unomásuno, sino la existencia de Septiembre 2009

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Miguel Salguero / WARS

Proceso. Ese diario trajo aire fresco al periodismo nacional y, efectivamente, afectó a El Día. En el retorno a El Día, a Lovera López le tocó un momento inmejorable para referirse a la mujer. Por primera vez se hablaba de los 500 mil abortos anuales en el país; apenas en 1976 se legalizó el uso de los anticonceptivos y la Iglesia católica polemizó al respecto. Pero en 1980 murió Ramírez y Ramírez y un año después Socorro Díaz asumió el poder del diario; más de cien personas la abandonaron y otros fueron despedidos. Sara, sin pensarlo bien, buscó trabajo en Excélsior, pero decidió no aceptar el empleo: “Me di cuenta que Regino Díaz Redondo le hizo a ese diario lo mismo que Socorro nos había hecho en El Día.” Entre directores de otros diarios, la debacle de El Día los puso en la mira de algunos reporteros. Por eso fue que una tarde Carlos Payán –a quien desde niña Sara conocía– la llamó para integrarse al Unomásuno. Era la segunda vez que la invitaba; la primera fue en 1979, cuando ocurrió el primer conflicto de ese diario, que lo fracturaría sin remedio. –¿Te tocó la mala época? –Habían salido algunos periodistas; Manuel Becerra Acosta ya tenía las acciones del diario y existía el sindicato; fue con éste que Teresa Gurza arregló que recibieran a compañeros de El Día. A mí no me quería nadie, ni el sindicato ni Carmen Lira; no soy monedita de oro. –¿Por qué no te querían? –Yo no me dejo de nadie, tomo mi tiempo y mis decisiones, no me voy con la bola. Al salir de El Día me di oportunidad de saber qué quería hacer. Fui la última en llegar al Unomásuno, por vía de Carlos Payán; dicen que muchos se enojaron: ¿por qué entraba yo, como privilegiada, de la mano del subdirector? Me mandaron a cultura, un área en la cual no te- nía experiencia. –¿Fue castigo? –Era una manera de tronarme. Fui a

No soy monedita de oro.

–Trabajando. Suplía en la fuente política a las estrellas y siempre llevé primicias. Ya estaba madura y tenía muchos contactos; era amiga de todos los de la izquierda; Pablo Gómez me dio la noticia de que desaparecería el Partido Comunista; les ganaba las notas en su terreno. Si algo tengo, es que fui notera; las ganaba por olfato. Le pregunto cómo le hacía y dice que, de manera natural, “olía la nota”. Estar bien relacionada era su arma. “No existía Internet, fax, ni celular y había que contar con el mejor directorio del país, y ése era el mío. Eso me lo enseñó Sánchez Arreola en El Día, sólo me decía el número una vez y yo debía guardarlo en mi cabeza y en mi cuaderno.” Pese a la experiencia de 40 años redactando, Sara se resiste a aceptar que sabe escribir. Dice que esa virtud le pertenece a Gabriel García Márquez. “Redactar información tiene una técnica que se va puliendo. Hoy soy capaz de hacer una oración completa, con buena sintaxis. En La Jornada redacté hasta 20 notas diarias.”

ver a Payán y le dije que no quería estar en cultura y que me iba. Él buscó a Carmen Lira y le informó que yo venía de la fuente política; fue así como me dio mi fuente, pero como suplente, nunca fui titular. –Carmen no te quería… –Nunca me quiso. El Unomásuno fue un diario al cual entramos sin ponernos la camiseta, a hacer el trabajo y cobrar la quincena. No era malo el Unomásuno, pero nosotros veníamos deshechos de El Día, donde Alberto Beltrán se encumbró y engañó Me tomé mi tiempo a toda la gente, apoyado por Soco- –¿Cómo llegas a La Jornada? –Me fui en solidarirro Díaz. Deshecha como lle- Le propuse a Carlos dad con Payán. No estaba yo en la grilla. Fue terrigó –según afirma– de Payán que feminizara El Día, Lovera trabajó ble que tuviéramos que duro en Unomásuno, el periódico, que creara salir, el diario era bueno pese a las condiciones la fuente e invitara a las y resultó una desgracia lo adversas. Evoca: ocurrido. Tomé mi tiemfeministas a escribir. po para decidir. Me fui, “Me fue bien, siempre combinando mi doble jornada. Tan- pero no a la par que todos. Luego estuve, to Héctor Aguilar Camín como Miguel desde el primer día, en la construcción de Ángel Granados Chapa vieron que po- La Jornada. Cuando se integró al equipo que dían confiar en mí profesionalmente.” Dice con orgullo que este diario fue la fundaría La Jornada, a Lovera le dieron una chamba: vender acciones del diario consolidación de su oficio. “Ya nada me asustaba; como no en ciernes. “Vendí un millón de pesos en me querían, los primeros tres días me acciones. Hice dieciséis reuniones a lo larpusieron trampas para que tropezara go del país, sin que a La Jornada le costara y a diario salí adelante y llevé la no- un centavo; una gran amiga que tenía una agencia de viajes los financió todos.” ta principal.” –¿Cómo sobrellevaste ese mal ániSara se había ganado, trabajando, su mo contra ti? lugar y su fuente en La Jornada. Pero

Carmen Lira le dio otra: la obrera. Y Lovera, que vive como “una obrera de la tecla”, se dijo que la cubriría mejor que nadie. La hemeroteca de ese diario guarda las excelentes notas que ella olfateó. En ese tabloide, Lovera hizo “lo que me faltaba por lograr”. Por ejemplo, reportajes de la caída del Muro de Berlín o la requisa a Telmex; viajó a donde quiso, fue secretaria general del sindicato, accionista, miembro del consejo de administración y, en la cima de su feminismo, dio vida a la Doble Jornada y a la agencia Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC).

Feminizar La Jornada –¿Cómo surge Doble Jornada? –Fue una solicitud de las feministas que compraron y vendieron acciones para fundar el diario. Ellas hicieron la petición del suplemento a Carlos Payán. Yo no tenía interés en eso. Platiqué con Braulio Peralta la necesidad de incluir en la sección de cultura una columna que se llamara Doble jornada. De manera paralela, Martha Lamas pensó en un suplemento para el debate feminista y habló con Carlos. Yo les regalé el nombre, que no tiene ninguna ciencia. Le propuse a Payán que feminizara el periódico, que creara la fuente e invitara a las feministas a escribir. Le sugerí documentar a diario la condición social de la mujer.

Payán decidió que apareciera el suplemento y yo hiciera la parte periodística y Lamas la intelectual. Fue un proceso largo y difícil; lo resumo en que Dolores Cordero armó la propuesta; ella es la verdadera madre de la Doble Jornada, que yo dirigí once años.

Una ventana a la mujer Como consecuencia de la Doble Jornada, Sara vio la necesidad de crear una agencia de noticias dedicada a temas de la mujer. Así nació CIMAC: “Queríamos acercarnos a periodistas para que reportearan asuntos de la condición social de la mujer; todavía no los proveíamos de información, eso ocurrió luego. CIMAC es un módulo de servicio con cuatro áreas: producción de información, capacitación en perspectiva de género, organización de la red de periodistas y construcción del centro de información.” Durante los quince años que Lovera dirigió CIMAC, las redes se ampliaron a Centro y Sudamérica, el Caribe y Canadá. “Es una agencia que circula en todo el mundo.” Desde hace un lustro, Sara no está más en CIMAC, pero sigue tejiendo redes, ideas y programas de mayor alcance y contundencia, todos útiles para mejorar la condición de la mujer. Esa es su vida. elgarcia25@aol.com

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Libertad de expresión

Recomendación de la CNDH, llamados a misa

adie, ni organismos sociales ni públicos habían hecho un examen tan acucioso sobre los agravios al ejercicio periodístico y el comportamiento de los órganos de justicia como la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El resumen de ese monitoreo fue la sustancia para la Recomendación General 17 de la CNDH a gobernadores, jefe de Gobierno del Distrito Federal y los procuradores generales de la República y de Justicia Militar. Pero mucho me temo que, como otras recomendaciones, será como las llamadas a misa: sólo la atenderán los que quieran, en diez años ninguno ha querido cumplir con sus obligaciones. El 19 de agosto debió ser muy importante para el periodismo mexicano. Algunos de los principales interesados en frenar las agresiones al periodismo acudieron al acto donde dieron a conocer ese trabajo del organismo, que presentó su presidente, José Luis Soberanes. La recomendación de la CNDH muestra todo lo que los periodistas y las organizaciones que los defienden habíamos denunciado y criticado. En los últimos diez años los agravios al ejercicio periodístico crecieron de manera acelerada: 52 asesinatos, siete desapariciones y seis ataques con explosivos. Además, son muy pocos los casos medianamente atendidos por las autoridades.

El aporte ¿Qué es lo más valioso de la labor que, en ese sentido, realizó la CNDH y sintetizó 50

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en cinco mil 700 palabras de su RecoSi el nuestro fuese un país de leyes, mendación General 17? justicia y funcionarios que funcionan, Documentar que en la mayoría de un informe como éste habría provocalos casos el comportamiento oficial ha do la renuncia de responsables de apliestado marcado por la falta de voluntad car las leyes y procurar justicia. Pero no pasó nada. política para investigar y hacer justicia. Así lo dijo Soberanes Fernández: “Los agravios más frecuentes contra los periodistas son: amenazas, intimidación, trato cruel o degradante, detención arbitraria, incumplimiento de la función pública de procurar justicia, negativa al derecho de petición y robo, así como en menor medida se registra la imputación indebida Priego, Soberanes Fernández, Farah y Jiménez. de hechos, empleo arbitrario de la fuerza pública, cateos y La fuerza moral y legal de la CNDH visitas domiciliarias ilegales, retención no alcanzó a desarrollarse como para lograr que su acción y recomendaciones ilegal y hostigamiento.” De las agresiones con extrema violen- sean respetadas y, por supuesto, atencia informó que “del año 2000 a la fe- didas. El diagnóstico de la Recomendacha se tienen registrados 65 casos, de los ción General 17, también muestra esa cuales 52 son homicidios, siete desapari- otra cara. ciones de periodistas y seis ataques con La CNDH propuso “terminar con la explosivos a instalaciones de periódicos. impunidad; lograr la protección del ejerDe los 65 casos, en 17 (27 por ciento) cicio periodístico; una actuación eficaz las diferentes procuradurías reportaron de las autoridades procuradoras de jushaber consignado a un juez penal las ticia; sancionar a las autoridades que acaveriguaciones previas correspondientes túen con dolo o negligencia; garantizar y sólo en ocho casos (12 por ciento) el la seguridad de los periodistas que cujuzgado de la causa dictó sentencia con- bren situaciones de riesgo; hacer efectivo denatoria. Del total de casos, en 48 no el derecho de las víctimas a la reparación se ha resuelto la averiguación previa, es del daño, y revisar la competencia de las decir, en siete de cada diez no se conclu- diversas autoridades y sus mecanismos ye la averiguación”. de rendición de cuentas”.

Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

• Rogelio Hernández López

Pendientes en el Senado Pero, el fenómeno creciente de agravios y la escalada de violencia contra el ejercicio periodístico no podrá atajarse fácilmente, porque sus causas obedecen al entorno general de violencia e inseguridad, a la falta de una estrategia gubernamental, a la ignorancia y falta de sensibilidad de otros gobernantes y políticos y hasta a las limitaciones de presupuesto, de personal suficiente y capacitado en las procuradurías. Para lograr un cauce que atienda no sólo las exigencias de justicia, sino de prevención y protección auténtica del ejercicio periodístico se requieren más que recomendaciones, comisiones de estudio y seguimiento en los poderes legislativos y en la sociedad civil organizada. Lo que causa mayor pesadumbre es que son muy pocas las iniciativas que parecen estar germinando. En el Senado, en las comisiones Unidas de Justicia y en la de Estudios Legislativos está pendiente por dictaminar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, la cual pretendía federalizar los delitos contra periodistas. Si en esta cámara no se modifica y adquiere un carácter realmente federal, será otro fiasco útil sólo para la imagen de algunos legisladores que también supongan, como muchos diputados lo hicieron, que servirá para algo. En la Cámara alta se inició el procedimiento para adicionar el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de crear la Comisión para la Libertad de Expresión y Derechos de los Periodistas en el Senado de la República. Una comisión más para llevar el cómputo de agravios, para organizar foros de denuncia y, posiblemente, para proponer y legislar. Un antecedente de la utilidad de estas comisiones irregulares al reglamento interior del Congreso es la que creó la Cámara de Diputados. Además de recoger alguna información de agravios, no tuvo autoridad legal para iniciar leyes o participar en dictámenes.

Por eso no se le permitió influir en las reformas para la supuesta federalización. De todos modos, los periodistas daremos la bienvenida a otra comisión de estudios.

Ley y observatorio En varios países donde los periodistas padecieron fragilidad extrema ante segundos y terceros involucrados en el proceso informativo, se crearon instrumentos políticos con suficiente protección legal. No se trata de juntar las oficinas de acopio de información de agravios y darles un nombre rimbombante como lo pretendieron hacer el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el entonces diputado federal responsable de la Comisión de Seguimiento, Gerardo Priego. Es apremiante dar respuestas al tamaño y complejidad del fenómeno y conjuntar todos los esfuerzos que se hacen por separado. Por ejemplo, un escenario a revisar es la creación de una nueva Ley para Proteger el Ejercicio y el Desarrollo Profesional del Periodismo, que además erija un consejo de alcance federal. Ya existe la materia legal que permitiría crear una ley secundaria: el artículo 6 de la Constitución, el cual protege la manifestación de las ideas de cualquier inquisición judicial o administrativa; o el artículo 7, que establece la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, por lo que ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni coartar la libertad de imprenta. Una nueva ley que ofrezca el marco legal y un instrumento acorde generarían un gran coadyuvante, y no sólo fiscalizador, para que cumplan con sus obligaciones los órganos de justicia, las dependencias y entidades que se involucren; además facilitaría la promoción de

un techo nacional para conjuntar muchos esfuerzos de la sociedad civil que ya buscan cumplir objetivos relacionados. Una entidad así podría desarrollar protección, con el fin de ser el motor de un gran convenio nacional para crear un observatorio nacional de agravios al ejercicio del periodismo entre las comisiones especiales del Poder Legislativo, con la Secretaría de Gobernación, la CNDH, las relatorías y programas específicos de los organismos de derechos humanos en los estados y con las organizaciones no gubernamentales que suscriban una metodología común. Este observatorio sería un “techo” de todos los monitoreos serios y el cimiento de coadyuvancia, con peritajes e investigaciones de campo, para la procuraduría federal y las estatales en casos concretos. La otra parte de un instrumento así podría ayudar a la prevención y al desarrollo profesional de los periodistas, que buena falta nos hace, sobre todo a los colegas de los estados de la República, donde es mayor la vulnerabilidad. También se requeriría una bujía que promueva un convenio prototipo con autoridades educativas federales y estatales, con universidades y centros de educación superior, con empresas y organizaciones de periodistas para conseguir mejores condiciones laborales y profesionales para el ejercicio del periodismo con programas de titulación, capacitación permanente, protección y mutualidades financieras y que propicie la organización para la excelencia en el trabajo de los periodistas, porque como dice el reportero-investigador José Reveles, la mejor protección del periodista, ante delincuentes, malos gobernantes y patrones insensibles, es hacer muy bien nuestro trabajo. rogeliohl@yahoo.com.mx

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Libertad de expresión

Más agresiones de militares • Balbina Flores Martínez

“¡

Google

No me jales la cámara que yo no te estoy jalando el fusil!”, gritó furiosa la reportera a un militar que infructuosamente intentaba quitarle la cámara con la cual había fotografiado a tres jóvenes que permanecían boca abajo, descalzos y visiblemente golpeados, mientras otros elementos castrenses hacían lo mismo con un grupo de reporteros a quienes tapaban los lentes de sus cámaras y jaloneaban.

Ejército atenta contra periodistas.

Los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 2009, cerca del poblado de la Sindicatura de José María, en Sinaloa, cuando un grupo de periodistas recibieron el llamado de algunos habitantes que advertían la presencia del ejército. Un grupo de quince reporteros se dirigieron al lugar. Antes de llegar al poblado vieron a tres jóvenes detenidos por elementos del ejército y empeza- ron a fotografiarlos, es cuando los militares los agredieron. Antes de irse, los soldados sobrevolaron durante quince minutos a escasa altura de sus cabezas. Los hechos fueron denunciados por un grupo de periodistas al general de 52

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De 2000 al primer semestre de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) integró 17 quejas en contra de la Sedena por agresiones contra comunicadores, cinco de éstas en 2009. Por primera vez, el 11 de agosto, la CNDH emitió la recomendación 52/2009 dirigida al secretario de la SedeBrigada Noé Sandoval Alcázar, coman- na, a quien le pide investigue la actuación dante de la IX Zona Militar. de personal militar que arrestó y torturó Dos meses antes, el 5 de junio, en a cuatro periodistas. Ciudad Juárez, donde cinco mil efecLa recomendación hace referencia a tivos integran el Operativo Conjunto los reporteros Manuel Acosta Villarreal y Chihuahua, militares realizaron un ope- Sinhué Samaniego Osorio, del periódico rativo en ese municipio, entraron de ma- Zócalo; Jesús Arnoldo González Meza, nera violenta a la casa de una reportera del Diario La Voz, y José Alberto Rolocal, sustrajeron aparatos eléctricos y dríguez Reyes, del Canal 4, todos ellos videojuegos. La comunicadora se quejó de Monclava, Coahuila, detenidos el en la Zona Militar, donde le dijeron “us- 9 de agosto de 2007, cuando se dirigían ted disculpe”, y prometieron investigar a cubrir un operativo militar. los hechos. Los periodistas fueron víctimas de El mismo 5 de junio, soldados gol- trato degradante, les imputaron posesión pearon y despojaron de sus equipos a va- de enervantes, armas y cartuchos de uso rios reporteros cuando acudieron a cubrir exclusivo del ejército, así como de pertela volcadura de un vehículo militar en necer a una célula de Los Zetas. La CNDH recomendó al secretario Ciudad Juárez. Un reportero de El Diade la Sedena “dar visita al titular de Insrio fue golpeado por cinco soldados. Los directivos del periódico protes- pección y Contraloría General del Ejértaron a través de una carta dirigida al cito y Fuerza Aérea, con el fin de que presidente Felipe Calderón y al secreta- inicie procedimiento administrativo para rio de la Defensa Nacional, Guillermo determinar la responsabilidad… de los Galván Galván. elementos involucrados en los hechos, e iniciar los trámites necesarios para la reCastrenses bajo observación paración del daño e indemnización” en El Centro de Periodismo y Ética Pública favor de los reporteros agredidos. registró en su informe Periodismo bajo Aceptar esta recomendación por parte la violencia del narcotráfico (2008) un de la Sedena, y cumplirla en su totalidad, incremento de 23 por ciento en agresio- sentará un precedente para que estos henes a periodistas por parte de militares; chos no vuelvan a ocurrir. el Centro Nacional de Comunicación Los acontecimientos han sido reSocial indicó en un reporte reciente que gistrados por los medios para los cua“de 2007 a la fecha, de 175 agresiones les laboran los reporteros agredidos y a periodistas, 15 por ciento fueron co- tiene conocimiento la Sedena. ¿Qué metidas por militares”, y la Fundación más pruebas necesita Felipe CaldeManuel Buendía contabilizó en su infor- rón sobre las violaciones a los derechos me de junio pasado 17 agresiones entre humanos? floresbalbina@hotmail.com 2008 y 2009.

Medios comunitarios

Autoridades desacatan exhortos del Congreso • Aleida Calleja

Manual para permisos de radio indígena

n 2009 se han aprobado siete de la libertad de expresión. Esa política puntos de acuerdo en el Con- se dirige contra comunidades pobres y greso de la Unión sobre las ra- vulnerables a través de su principal insdios comunitarias, los cuales titución política: la Secretaría de Goexhortan a las secretarías de Gobernación bernación, la cual interpuso denuncias (Segob), de Comunicaciones y Transpor- penales por violación al artículo 150 de tes (SCT), a la Comisión Federal de Te- la Ley General de Bienes Nacionales. Los lecomunicaciones (Cofetel) y a la Procu- afectados son integrantes de las radios raduría General de comunitarias Tierra la República (PGR) y Libertad, de Monterrey, Nuevo León, a que cesen la persecución contra dichas que atendía a poemisoras a través de blación obrera, y Uékakua, de Ocucierres y demandas micho, Michoacán, penales para que sus que transmitía a la integrantes vayan a comunidad indígela cárcel. na purépecha. Llaman a dar resAmbas estaciopuesta a las radiodifusoras que han solines solicitaron su citado su permiso de permiso a la SCT operación y han intedesde el año 2002, grado debidamente sin haber obtenido sus expedientes,1 pero una respuesta. Fueron cerradas violena casi un año de haber iniciado el trámi- Derecho a comunicar. tamente por agentes te no han obtenido encapuchados de la ninguna respuesta de las autoridades en entonces Policía Federal Preventiva la materia: a pesar de que comunicar es (PFP), con armas de alto poder. La desmesura de los operativos, nunca antes reun derecho, no un delito. El gobierno de Felipe Calderón ha gistrados, habla por sí misma. En el caso de Ocumicho, cuando determinado criminalizar el ejercicio ocurrió el operativo sólo se encontra1. Las asociaciones Igualdad Social de Monterrey, ban mujeres y menores de edad, quienes Nuevo León; Comunicadores Filo de Tierra Cofueron encañonados; a María Verónica, lorada de Xaltepec, Puebla; Voz Flor y Canto de locutora purépecha de 16 años, la amorOtumba, Estado de México; Cultura y Comunidazaron violentamente para evitar que cación de Zaachila, Oaxaca; Teponaztle, Cultura avisara a la comunidad que la emisora y Comunicación de Tepoztlán, Morelos, y Radio Aro de Ciudad Neza, Estado de México. estaba siendo clausurada. 54

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Como consecuencia de estos hechos, una mujer embarazada abortó. Se hizo uso excesivo de la fuerza para cerrar una emisora de sólo tres watts de potencia, la única que atendía a esa comunidad en su propio idioma.

Uso faccioso La utilización de la vía penal exhibe un endurecimiento y el inicio de una política represiva y persecutoria contra las emisoras comunitarias en el país, la cual se ejecuta de manera selectiva y facciosa de la ley, lo cual es un grave retroceso en materia de derechos humanos. La discrecionalidad con la cual se actuó en los casos descritos fue aceptada por el propio secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el 29 de julio, quien sostuvo en una reunión con integrantes de AMARC-México, que los cierres a dichas radios y las denuncias penales fueron para dar un “castigo ejemplar” y evitar la “ilegalidad” en el espectro radioeléctrico; una frase que alerta sobre una seria regresión autoritaria. Para empeorar el panorama, en la misma reunión se informó que las denuncias penales para ambas radios fueron inicialmente interpuestas en la Procuraduría General de la República (PRG) por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), pero no prosperaron porque no se encuentran en los expedientes de las averiguaciones previas. La Segob las hizo suyas y utiliza el aparato institucional del Estado para defender intereses particulares, que se

traduce en maltrato y agresiones contra los derechos de las comunidades más vulnerables: ¡vaya ejercicio de legalidad y justicia! Cabe mencionar que el director jurídico de la CIRT es, nada menos, que el diputado suplente del Partido Verde Ecologista de México, Miguel Orozco, quien públicamente ha mostrado su tenaz rechazo a los medios comunitarios. Flaco favor le hace la Segob al presidente Calderón en su imagen internacional al asumir dichos intereses particulares. Utilizar la vía penal en temas de libertad de expresión es violatoria de los derechos humanos ante cualquier organismo internacional en la materia. Las relatorías de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos siguen estos casos con gran interés.

¿Quién viola la ley? Las comunidades no son las que están en falta, sino las instituciones del Estado que se rehúsan a hacer válido el derecho contenido en el artículo 2 de la Constitución, para que las comunidades indígenas y equiparables operen sus propios medios de comunicación, así como las recomendaciones internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que los medios comunitarios accedan a las frecuencias, o bien el Plan Nacional de Derechos Humanos, que plantea promover su desarrollo. No son las comunidades las que están en falta, sino la PGR, que primero llama a declarar como testigo a Héctor Camero, de la emisora Tierra y Libertad, impedido de acceder a su expediente

para saber de qué se le acusa, y después utiliza sus declaraciones para inculparlo y determinar su actual auto de formal prisión. O bien, obligar a que Rosa Cruz, de radio Uékakua, quien no estaba en la emisora el día del operativo, firmara un documento con el engaño de que se le devolvería el equipo confiscado, cuando ella es una indígena analfabeta que difícilmente habla español; un mes después de este hecho fue citada como indiciada. Ambos casos pueden enfrentar hasta 12 años de prisión. No son las comunidades las que están en falta, sino la Cofetel, la SCT y la Segob, al no dar respuesta a las solicitudes de permiso, al violar el artículo 8 constitucional y omitir de facto las vías institucionales. Por acción u omisión, el Estado relega y atropella las radios comunitarias, a través de las facultades discrecionales que le otorga la Ley Federal de Radio y Televisión. Las autoridades no tienen una respuesta para su permiso ni garantiza su derecho a la comunicación, porque la eficacia como las persiguen no es la misma para castigar a los responsables del crimen contra Felícitas Martínez y Teresa Bautista, ocurrido en 2008; además de resolver los intentos de homicidio contra integrantes de Radio Calenda y el cierre a mano armada de Radio Nandia en 2006. El Congreso también es omiso para reconocer estos medios y darles a las comunidades certeza jurídica, lo que por derecho les corresponde. Como lo consigna Raúl Trejo Delarbre en su artículo “Cuando comunicar es un crimen”, la pregunta esencial y más básica que se hacen las comunidades ante esta situación, al retomar el testimonio de María Verónica, de radio Uékakua, es2 “¿por qué el gobierno nos maltrata tanto?” aleidda@prodigy.net.mx 1. Disponible en: http://www.youtube.com/ watch?v=LHhTJgF1bzk.

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Transparencia

Obstinación de la UAZ por ocultar información • Gerardo Flores / corresponsal

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hay mucha información en la página artículo 5 de la Ley de Acceso de Zacade Internet (www.uaz.edu.mx)”, dijo tecas. Como parte de la argumentación el rector al señalar que su compromiso expuesta por Samán Zajur destaca que, es no perjudicar a los universitarios, a de entregar los comprobantes solicitapesar de que la Comisión Estatal para dos, “pondría en riesgo la vida de los ex el Acceso a la Informarectores”. También ción Pública (CEAIP) señala que revelar le ordenó entregar los pagos vulnera la documentación que a la familia de los ex funcionarios. respalda la solicitud. 17 de febrero. En los últimos tres El solicitante acumeses se publicaron de a la Comisión en diarios, radio, televisión y periodismo Estatal para el Acdigital más de 120 ceso a la Información Pública de noticias sobre el tema. Zacatecas (CEAIP) La polémica radica en para presentar una que la UAZ tenía sólo denuncia en con20 días hábiles para tra de la UAZ, entregar la informagarantía que le ción, como lo marca la ley. Sin embrago, otorga al solicitanel pasado 27 de ene- Ulises González, solicitante. te el artículo 48 de ro transcurrieron seis la Ley de Acceso. En la explicación que da Ulises González esmeses de que se solicitó la información. En 2009 la UAZ recibió 875 millo- tablece que los datos solicitados no son nes de pesos del gobierno federal y más “privados” sino públicos, pues la universide 100 millones de la entidad, con lo dad “es una institución que recibe recurcual alcanzó un presupuesto cercano a sos aportados por los contribuyentes”. 22 de abril. De acuerdo con el númelos mil millones de pesos. ro de denuncia RR-004-2009, con base Cronología del calvario en la garantía que le otorga a la CEAIP 9 de febrero. La universidad responde el artículo 55, desclasifica la información a través del contralor José Said Samán como “privada” y le notifica al rector Zajur, mediante el oficio 013/2009/UE, Francisco Javier Domínguez Garay y al que la información de los pagos a ex rec- contralor Samán Zajur, que en un plazo tores no es pública, sino confidencial, de ocho días hábiles entregue los comes decir, “privada”, de acuerdo con el probantes al ciudadano. Cortesía

Zac. En el discurso, la Universidad Autóno- ma de Zacatecas (UAZ) “es una de las instituciones más transparentes de la entidad”, señala el rector Francisco Javier Domínguez Garay. Sin embargo, la realidad es otra. Desde hace seis meses, la máxima casa de estudios de la entidad se ha visto envuelta en un escándalo mediático, debido a la negativa de las autoridades universitarias de entregar información pública a Ulises González, un ciudadano del municipio de Jerez que, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas (LAIPEZ), solicitó los sueldos, bonos, primas de antigüedad, compensaciones y prestación que recibieron los ex rectores Virgilio Rivera Delgadillo, Rogelio Cárdenas Hernández, Eduardo Hiriart Estrada y Alfredo Femat Bañuelos (este último, ex candidato a la diputación federal por el Partido del Trabajo) de septiembre de 2004 al 6 de septiembre de 2008. El rector Francisco Javier Domínguez Garay y su equipo de abogados presentaron un amparo y dos juicios de revocación contra la Ley de Acceso estatal para no dar a conocer los bonos y salarios pagados, con el argumento de que, al hacer pública la información solicitada, se pone en riesgo la integridad de los ex funcionarios, debido a la ola de violencia e inseguridad en el país. “La UAZ no oculta nada, todo se está haciendo de manera transparente, acatecas,

El argumento de la resolución de la Comisión, según el expediente, se basa en el artículo 9, el cual indica que los salarios, bonos y compensaciones pagados con recursos públicos a funcionarios deben ser del conocimiento público. Debido a la contingencia sanitaria por el virus de influenza, el plazo para la entrega de información se aplazó hasta el 18 de mayo. Ese día, en lugar de entregar la información al ciudadano, el abogado general, Miguel Rodríguez Jáquez, presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Zacatecas (TCA) un “amparo” contra la Ley de Acceso. De acuerdo con el expediente del TCA, con número 115/2009-I, el abogado de la universidad pide que se cancele el mandato de la CEAIP, pues los comprobantes de pagos hechos a ex rectores son “privados” y su conocimiento público “no debe ser autorizado por la autoridad bajo ninguna excusa”. 29 de mayo. Ante los medios, Rodríguez Jáquez anunció que la UAZ no entregará los datos por ser privados. Se requiere la autorización por escrito de cada uno de los ex funcionarios para dar a conocer los pagos que recibieron. Y agregó: “Revelar sus ingresos los pone en riesgo y una cosa es que se dé a conocer el

presupuesto de la institución y otra el sueldo de sus trabajadores.” 1º de junio. Víctor Hugo Hernández Reyes, abogado general de la CEAIP, presentó ante la Secretaría General de la UAZ, el Consejo Universitario, el Tribunal Universitario y la Contraloría, una notificación para el inicio de una sanción en contra de quienes resulten responsables por haber violado la Ley de Acceso, según el artículo 59, con base en cuatro puntos: 1) denegar información no clasificada como confidencial; 2) clasificar con dolo como confidencial información que sea pública; 3) entregar intencionalmente y de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso, y 4) no acatar una resolución definitiva según el artículo 57 de la legislación.

Más opacidad 22 de junio. El TCA notifica a la Comisión, mediante el oficio 2053 del expediente 115/2009-I, que el amparo promovido por el rector Domínguez y los abogados de la universidad es “improcedente” y es “desechado”. Con este anuncio, la autoridad educativa ya no tenía más pretextos legales para negar la información; sin embargo, no la entregó. 23 de junio. Ante los medios de comunicación, el contralor de la UAZ, Samán Zajur, aseveró que a pesar de haber perdido el amparo contra la Ley de Acceso, “no permitiremos que se ponga en riesgo la vida de nuestros ex rectores”, por lo cual anunció la presentación de nuevos “mecanismos legales” para mantener reservada lo que consideró

“datos privados e inaccesibles para la opinión pública”. 30 de junio. Como último mecanismo legal para obligar a la autoridad universitaria a respetar la Ley de Acceso, el ciudadano Ulises González García presentó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Mixta en Zacatecas en contra del rector Domínguez Garay, el abogado Rodríguez Jáquez y el contralor Samán Zajur por actuar en forma “anticonstitucional”, violar el artículo sexto de la Constitución, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y no acatar dos resoluciones en su contra, emitidas por la Comisión y el Tribunal de lo Contencioso. El equipo de defensa del solicitante está integrado por el doctor Luis Miguel Cano López y la licenciada Graciela Rodríguez Manzo, ambos pertenecientes al área jurídica de Transparencia y Rendición de Cuentas de la asociación civil Fundar (www.fundar.org.mx), cuyo presidente es el investigador y académico mexicano Sergio Aguayo. 3 de julio. El rector Domínguez Garay y su equipo de litigio presentaron, según el expediente 115/2009-I, un “juicio de revocación” en contra del magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Pedro de León Sánchez, para que “reconsidere” la sentencia que emitió en contra de la universidad y acepte el “amparo” contra la Ley de Acceso, con

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UAZ, opacidad.

el argumento de que los pagos, bonos, compensaciones y jubilaciones pagadas a los ex rectores son parte del “patrimonio” y darlas a conocer atentan contra “la dignidad de los funcionarios”.

Información pública El pasado 13 de julio, el comisionado del Instituto de Transparencia de Aguascalientes y presidente de la Comaip (Confederación Mexicana de Acceso a la Información Pública), César López Rodríguez, ofreció una rueda de prensa en Zacatecas donde anunció el respaldo de los 32 órganos de acceso a la información que existen en el país a la Comisión local y al ciudadano, al tiempo de solicitar a la Rectoría de la UAZ cumplir la ley. El dirigente de la Comaip criticó la opacidad con que la Universidad Autónoma de Zacatecas maneja los recursos públicos que le son asignados, sobre todo por su negativa a entregar a un ciudadano la información. “Lo que está haciendo la UAZ es un mal ejemplo para los estudiantes y para el país, es una chicanada lo que hacen, es un caso de excepción y preocupante en el ámbito nacional”, apuntó López Rodríguez. “Las autoridades tratan de inhibir el acceso a la información para cansar a los ciudadanos, el mensaje que 58

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manda la universidad cuando existan funcionarios e institucioes muy negativo. Como nes que le apuesten a ocultar informainstitución educativa, la ción pública”, señaló Ulises González, al UAZ no debe buscar y dejar en claro que la información que se tratar de encontrar re- solicitó es de carácter público, al ser la covecos en la ley, no es universidad una institución que subsisposible que a seis meses te gracias a los recursos provenientes de no hayan entregado la in- la sociedad. formación que es pública Y calificó de “lamentable” que la y deberían tenerla dispo- UAZ asuma una actitud de opacidad nible de oficio para los en materia de transparencia y rendición ciudadanos”, expuso el de cuentas. Pero no sólo los organismos de transpresidente de la Comaip. El presidente de la parencia y acceso a la información han CEAIP, el comisionado exigido al rector Domínguez Garay que Jaime Cervantes Durán, entregue la documentación, también lo señaló que “este caso es único en Zacate- ha hecho la gobernadora de Zacatecas, cas y en el país por tratarse de una insti- Amalia García Medina, quien aseguró tución educativa. Ejercer un derecho que que “la UAZ se ha destacado por ser una la Constitución señala como expedito, se universidad con una actitud positiva, ha convertido en un calvario para un ciu- que se ponga al día y que presente esta dadano, en una serie de trabas. La ley es- información”, dijo en entrevista. tablece que son 20 días y ya van más de cinco meses, que el rector ha promovido todo tipo de malabares judiciales para cansar al ciudadano, para que desista de su derecho”. Por su parte, el ciudadano y los abogados de Fundar mantienen un amparo ante un juez federal en Zacatecas en César López, Comaip; Jaime Cervantes, CEAIP, y Juana Valdez. contra del rector y su equipo de trabajo, por actuar anticonsti“Hay información restringida que no tucionalmente y no respetar el derecho a se debe dar, por ejemplo, la de una investigación judicial, pero hay otro tipo, sola información pública. A mediados de agosto se fijó la pri- bre todo lo referente a sueldos que, creo mera audiencia del caso ante el juez (sí debe darse a conocer), y lo digo de federal donde se presentarán los argu- manera respetuosa, porque además me mentos de ambas partes. El juicio podría parece que si se preguntara a los ex recdurar otros seis meses, es decir, concluir tores ninguno diría que no está de acueren enero, a un año de que el ciudadano do, que se publiquen. Creo que hoy se requiere transparencia”, dejó en claro la intentó ejercer el derecho a saber. “La lucha por la transparencia de mandataria zacatecana. gggerardoflores@gmail.com los recursos públicos será larga, más

Reseñas

Estudio comparado de publicidad oficial • Jorge Bravo

entro de la prolífica obra del investigador Ernesto Villanueva, centrada en el derecho de acceso a la información, la transparencia y la libertad de expresión, hacía falta un estudio sobre la comunicación social o gubernamental. Publicidad oficial: transparencia y equidad (Cámara de Diputados-IIJ-Jus, 2009) analiza la regulación de la publicidad oficial de las instituciones del Estado a los distintos medios de comunicación. Es un tema de enorme actualidad y relevancia que el autor aborda desde una perspectiva jurídica y de análisis comparado. La asignación discriminatoria, inequitativa y sin normatividad de la publicidad oficial es un mecanismo indirecto de censura que condiciona la libertad de expresión. En México es una costumbre que el presupuesto destinado a la comunicación social sea utilizado para la promoción de los funcionarios y sus obras, o bien para la difusión de intereses partidistas. Esta discrecionalidad ha favorecido prácticas corruptas en la relación entre el poder y los medios, en perjuicio del derecho a la información de los ciudadanos, porque se utiliza para presionar y castigar, o bien, para premiar y privilegiar a los medios por su línea editorial. Un marco institucional –dice Villa- nueva– debería prevenir esas prácticas y, además, fomentar el pluralismo, la diversidad y la transparencia, con base en los derechos de igualdad y no discriminación. 60

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La publicidad oficial, sin que limite la libertad de expresión, es una ayuda del Estado, una figura jurídica para justificar la intervención de los poderes públicos en diversas ramas de la economía. Sin embargo, esos “apoyos” no deben suponer un subsidio a los medios; por el contrario, en sentido democrático le otorgan independencia cuando las asignaciones ocurren de manera institucional y transparente. La publicidad oficial es un elemento más de la comunicación social que sirve a los poderes para intercambiar información de interés público (lo que implica normas jurídicas claras y el empleo de los medios más idóneos) del Estado hacia los ciudadanos, pues “debe convertirse en una herramienta para ensanchar el derecho a saber de las personas”. Debe informar sobre la existencia y funcionamiento de los poderes públicos; los derechos y obligaciones de los ciudadanos; dar a conocer bienes y servicios públicos, y sensibilizar sobre conductas de convivencia, bienestar social, valores democráticos y participación ciudadana. El abogado es enfático: “Se requieren reglas jurídicas de contenidos y mecanismos de asignación para que esa publicidad pueda cumplir un cometido democrático.” Políticas públicas inequívocas para que los recursos que se destinan a la comunicación social correspondan a asuntos de interés general. Por ello, sugiere un nivel de profesionalización tal, que la legislación incorpore

la figura de perito en comunicación política (común en litigios para resolver dudas conforme a derecho).

Principios Más allá de unos lineamientos administrativos, “de un régimen de comunicación incompleto y limitado”, México carece de una legislación en la materia. Por ello, Villanueva emprende un recorrido por la regulación de otros países, cuyas buenas prácticas pudieran servir para formular una ley que regule la publicidad oficial en nuestro país, tanto institucional como en procesos electorales. Tras la revisión de la escasa doctrina existente, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM propone diez indicadores para el contenido normativo de una legislación sobre el tema: una ley especial (aunque no define si federal o estatales), con fines de interés público, sin considerar la publicidad oficial como un subsidio a los medios, con equidad y transparencia en la asignación, con base en el principio de veracidad, que delimite los contenidos publicitarios, defina tirajes y rating, con mecanismos externos de asignación, evaluación y decisión, así como de pluralismo, diversidad y fomento a la lectura.

Reseñas

La vigencia de Manuel Buendía

anuel Buendía fue uno de los más influyentes columnistas del periodismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX. Su asesinato, perpetrado el 30 de mayo de 1984, más que silenciarlo extendió como una ola sus críticas y revelaciones, que dieron cuenta de los abusos del poder del “ogro filantrópico”. El 12 de septiembre de 1984, cuatro meses después de su muerte, nació la Fundación Manuel Buendía (FMB), cuya finalidad es difundir su obra y pensamiento. Por ello, la FMB recientemente publicó Retratos de Manuel Buendía

(2009), una antología de textos que detallan no sólo su ejercicio periodístico, sino su personalidad, o el señalamiento, por parte de su hermano, de que la CIA ordenó su asesinato, o como escribe Rogelio Hernández: “Se necesitan muchos más periodistas como Manuel Buendía, que mantengan su profesionalismo, que puedan adaptarse al nuevo modelo sin ser domeñados por el mercado o por el poder político”, entre otros temas. La vigencia de Buendía son sus temas, que tocaron intereses muy poderosos –los cuales ventiló en su columna “Red Privada”: es el primero en denunciar en 1977 la intromisión del Fondo Monetario

Internacional en México; alertó sobre la derechización del país (recuérdese el libro La ultraderecha en México, editado por la FMB); develó la corrupción de los gobiernos priístas; cuestionó las actividades pastorales de la Iglesia católica por “tender a modelar conductas políticas y preferencias electorales mediante la condena espiritual”. En Retratos… escriben Alejandro Gómez Arias, Ángel Buendía, Carlos Monsiváis, Fátima Fernández Christlieb, Francisco Martínez de la Vega, Guillermina Baena Paz, Jorge Meléndez, José Emilio Pacheco, Miguel Ángel Granados Chapa, Miguel Ángel Sánchez de Armas, Omar Raúl Martínez, Raymundo Riva Palacio, Virgilio Caballero, entre otros. (Jaimeduardo García)

Acciones fallidas del gobierno

osé Reveles en El virus FC1H1. Una pandemia devasta a México (Luzam, 2009) exhibe los errores, mentiras y omisiones cometidos por el gobierno del presidente Felipe Calderón, que han repercutido en el agravamiento de la crisis económica en el país. Aborda la denominada lucha contra la inseguridad; sin embargo, profundiza en la emergencia sanitaria provocada por el brote de influenza, anunciada en la noche del 23 de abril de 2009. El autor señala cómo desde el gobierno de Vicente Fox, y luego de Felipe Calderón, se prometió que se invertiría en una vacuna propia para este tipo de casos; sin embargo, nunca se realizó. Se sospecha que los recursos para dicho propósito (más de 2 mil 600 millones de pesos) fueron destinados para fines electorales. El periodista señala cómo los principales medios electrónicos han colaborado con las acciones erróneas del gobierno. Un ejemplo fue la escasa transparencia en la ratificación de la concesión a la empresa francesa Sanofi-Pasteur-Aventis para gene-

rar las vacunas contra la influenza en México. Esta acción fue realizada en el encuentro de Felipe Calderón con Nicolas Zarkozy, presidente de Francia, pero la atención se centró en obtener las mejores poses de Carla Bruni, esposa del mandatario francés. En el libro se menciona el uso político que el actual gobierno ha dado a casos como la influenza, en la cual su estrategia comunicativa se basó en obtener el mayor beneficio electoral: generó pánico en la población, exaltó sus acciones y criticó a los gobiernos locales opositores. Reveles refuta la afirmación del gobierno de que la crisis vino del exterior y la influenza la agudizó. Explica cómo desde antes del brote epidemiológico se confirmaba la caída del PIB, las exportaciones, las remesas y el aumento del desempleo. (Jaime Hernández) Septiembre 2009

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Tesis • Frambel Lizárraga Salas

Organizaciones empresariales y medios

n pocas investigaciones se ha estudiado el papel de los empresarios y sus organismos en la toma de decisiones de la sociedad actual. La tesis Organizaciones empresariales, participación social y medios de comunicación: el caso del Consejo de la Comunicación (Maestría en Estudios Políticos y Sociales, UNAM, 2008), realizada por Guadalupe Georgina Sosa Hernández, analiza con profundidad dichos actores. El objeto de estudio es el Consejo Nacional de la Publicidad. Sosa Hernández aclara que ese organismo se fundó como asociación civil el 24 de noviembre de 1959. El 25 de octubre de 2001 se reestructura y cambia su nombre por el actual Consejo de la Comunicación. Antes de iniciar el análisis de los spots publicitarios de esa organización, la autora se pregunta: “¿El contenido de los mensajes que transmite el Consejo de la Comunicación promueve valores democráticos como tolerancia, igualdad, participación y libertad en nuestra sociedad?” Para responder, estructura la investigación en tres capítulos. En el primero, “Participación

social y representaciones empresariales”, ubica al consejo en un marco conceptual e incorpora herramientas pertinentes para realizar un análisis de la organización y su principal producción: las campañas y los mensajes. El segundo, “Organización del Consejo de la Comunicación”, se divide en seis apartados. El primero ubica el surgimiento del consejo, en el siguiente analiza el contexto en el cual surge; se explican las motivaciones de los empresarios para conformar dicho organismo y se describe su estructura interna. En el apartado final se examina la reestructuración de éste. En el tercer capítulo, “Campañas del Consejo de la Comunicación”, se revisan las campañas del organismo para lanzarlas en momentos coyunturales del país. La autora realiza una exploración durante cinco déca- das de esas campañas, desde 1960

hasta el año 2000. Algunas campa- ñas del Consejo de la Comunicación que se estudiaron fueron: “Todos necesitamos un buen consejo”, “A favor del voto”, “Por los buenos mexicanos”, “Uni- dos por México”, “No te calles. Alza la voz”, “No lo aceptaremos”, “Día de la familia”. Las conclusiones destacan que “esta organización es un vehículo de los empresarios, para difundir su ideología y formas de pensar en el nuevo espacio de poder, los medios de comunicación. Además, se dejan de lado temas trascendentales para la vida pública de hoy día, como el respeto a la diversidad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, entre otros, los cuales son principios fundamentales de una sociedad democrática”.

Spots y mujeres jóvenes

n la Constitución se reconoce a la mujer como ciudadana con derecho a voto; sin embargo, muchas féminas aún permanecen en la invisibilidad y sus decisiones no se toman en cuenta en el espacio público. Estas son algunas de las razones por las cuales Nuria Beatriz Peña Ahumada realizó su tesis de Maestría en Comunicación sobre El papel de los spots políticos televisivos en la participación política de las mujeres jóvenes universitarias nuevas votantes (Universidad 62

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Mesoamericana, plantel San Juan del Río, Querétaro, 2008). El tema se centra en el estudio de la contribución de los spots políticos transmitidos por televisión y en la participación política de las jóvenes universitarias que tuvieron por vez primera el derecho a ejercer su voto –por razones de edad–, en los comicios de 2006 para la Presidencia de la República. En seis capítulos, Peña Ahumada describe el escenario político-social mediante el cual se desarrollaron las elecciones de 2006. Define las diversas acepciones

Tesis

Agenda de diarios (UNAM, 2008) es un estudio documentado que investiga acerca del comportamiento de los dos periódicos de mayor circulación en Sinaloa y cómo abordaron la LAIPES. El Debate es representante de los intereses empresariales del poderoso grupo agroexportador Corerepe, vinculado a los gobiernos priístas en la entidad. Por su parte, el periódico Noroeste está vinculado al PAN, a grupos religiosos con- servadores y a empresarios agrícolas y poyada en la teoría de la automotrices, al mismo tiempo que ha agenda-setting, Frambel Lizá- virado hacia posiciones pluralistas, marrraga Salas estudia la agenda ginadas por el PRI. mediática y la forma como En su comprobación de las hipótesis dos periódicos sinaloenses reportaron y planteadas, la autora utiliza el análisis de jerarquizaron la información referente a contenido. Su metodología se basa en el la Ley de Acceso a la Información Pública estudio y cuantificación de notas infordel Estado de Sinaloa (LAIPES), a par- mativas, reportajes, artículos, entrevistas, tir de los intereses empresariales y políti- editoriales y columnas publicadas de 2001 cos de la iniciativa privada. a 2004 por ambos periódicos. Además de La tesis de Maestría Prensa y poder en las 192 notas revisadas, divididas en seis Sinaloa. El establecimiento de la agenda episodios coyunturales, se contempló el de los diarios El Debate y Noroeste. El contexto histórico, político y social en caso del tratamiento informativo del tema el momento que los diarios El Debate y de la Ley de Acceso a la Información Pú- Noroeste definieron su agenda e informablica del Estado de Sinaloa. 2001-2004 ron respecto de la LAIPES.

En el capítulo relativo al establecimiento de la agenda en la prensa local, la autora abunda en la teoría de la agenda-setting. El segundo apartado se refiere al historial político y empresarial de los dueños y fundadores de los periódicos mencionados. El capítulo tercero distingue los conceptos del derecho de la información, derecho a la información y derecho de acceso a la información, entre otros. El cuarto capítulo aborda la LAIPES en la agenda de los dos rotativos y constituye el cuerpo de estudio que da soporte a la investigación, pues pone en práctica la estrategia metodológica. El quinto y último capítulo analiza el tratamiento informativo otorgado a la LAIPES durante el periodo de estudio. Los dos periódicos fijaron su postura respecto de la ley desde sus respectivos intereses políticos y empresariales; ubicaron las ventajas de la misma como instrumento de transparencia y rendición de cuentas en favor de la ciudadanía, ya sea descalificándola, banalizando su importancia o apoyándola. (Vicente Hernández Delgado, ex comisionado de la CEAIPES)

cada uno integrado, en promedio, por siete mujeres entre 18 y 24 años, estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Querétaro. La composición de los grupos se estructuró con base en el nivel socioeconómico y la edad. La categorización del índice socioeconómico de las jóvenes universitarias, según el ingreso mensual de su familia, se apoyó en la propuesta de clasificación de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI). Así, denominó al grupo 1 como “clase

baja”, al grupo 2 como “clase media” y al grupo 3 como “clase alta”. Algunos hallazgos de la tesis es que las sujetas del estudio tienen una percepción negativa de la política, la definen como conflictiva, deshonesta, que no cum- ple con su función principal: ayudar a los demás. No acostumbran hablar de política, no porque no tengan los argumentos y conocimientos para hacerlo, sino porque aquélla, al incumplir con su objetivo, no despierta su interés y en épocas electorales se genera el abstencionismo.

creadas en torno al concepto de “juventud” hasta llegar a conformar el concepto de mujer joven universitaria/nueva votante. Aborda la forma como éstas construyen y ejercen su participación política a partir de su perspectiva de estudiantes, mujeres y jóvenes, aspectos que involucran el espacio privado y público. La autora explica que el modelo de análisis de recepción que le permitió acercarse a su objeto de estudio es el de Análisis integral del proceso de recepción televisiva propuesto por Aimée Vega Montiel (2004). Realizó tres grupos focales,

frambel@hotmail.com

Esta sección no pudo aparecer en el número anterior. Ofrecemos una disculpa a la autora y a los lectores. (N. del E.) Septiembre 2009

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