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Contenido

Portada

Mesa de Redacción 4

Los Murdochs en México

8 Golpe al imperio mediático de Murdoch

Cartón de Rapé 5

Naief Yehya

Murdocho

Agenda Electoral

Para seguirle la pista 6

Exclusión de Pérez Motta: sometimiento de CFC ante Slim

25 Las impugnaciones de la CIRT al IFE / Aleida Calleja

Medios

30 IFE optó por opacidad en 2009 / Francisco de Jesús Aceves González

12 El Watergate británico / Jenaro Villamil

33 ¿Y la publicidad política integrada en la ficción? / Darwin Franco y Guillermo Orozco

15 Necesaria estructura reguladora de medios en GB: Freedman / Primavera Téllez Girón

35 Comunicación política, regulación y debilidad / Fernando Galindo

17 Caso Murdoch: las perspectivas opuestas / Lenin Martell

37 Comicios del 3 de julio: y el ganador es… Televisa / Israel Tonatiuh Lay Arellano

Internet

19 A debate normatividad en prensa escrita / Mauricio Coronel Guzmán

39 Acuerdo antifalsificación, amenaza libertad en internet /Gerardo Montes

21 Los íconos abundan más que las ideas / Raúl Trejo Delarbre

41 Conectividad vs. propiedad intelectual / Gerardo Montes

Director General

Carlos Padilla Ríos Edición

Mauricio Coronel Guzmán

www.revistazocalo.com.mx alternativamedios@prodigy.net.mx

Corrección de estilo

Norberto Hernández Fausto David Perera Diseño

Alejandro Sánchez Suárez Manuel Cortés Reyes

Reporteros Balbina Flores Martínez, Primavera Téllez Girón, Atziri Ávila, Víctor Chávez, Anayeli García Corresponsales Naief Yehya, Nueva York; José Ferruzca, Europa; Ricardo Martínez, Centroamérica Colaboradores Luis Miguel Carriedo, Graciela Ramírez, Gabriel Sosa Plata, Pablo Arredondo, Francisco Hernández Lomelí, Víctor Becerril, Jorge Pulido, Agustín Pineda, Antonio Medina, Raúl Trejo Delarbre, Elvira García, César Amador, Frambel Lizárraga Salas, Aleida Calleja, Lenin Martell, Darwin Franco y Guillermo Orozco.

S E C Z C R C B R L C A M E O


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Libertad de Prensa 43 Crimen y gobierno controlan prensa en Veracruz / Balbina Flores M. 45 Protección a periodistas, proceso lento / Rogelio Hernández López

Cine 57 .56% involucra al público en el 2006: Hagerman / Luis Ángel Hurtado Razo 58 La otra cara del american dream / Alfonso Ruiz Belmont

Radio 61 Radio ciberespacial, sonoridad en pantalla /Ana Meléndez Crespo

Reseñas y Tesis Sociedad y Política 48 Soldados asesinan, mientras se debatía fuero castrense / José Reveles

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51 Derechos humanos: hay reformas, falta aplicación / Agustín Pineda

Comunicación 53 Derechos de los niños y comunicación / Irma Ávila Pietrasanta 56 Continúa la censura en medios públicos / Carlos Padilla Ríos Servicio social Evelyn Velázquez González, Obed Rosas, Christhian López Rosales, Israel Vargas y Ernesto Zisniega. Caricaturistas Rapé, Hernández, Luy, Gallut Comité de Redacción Beatriz Solís, Javier Corral, Jenaro Villamil, José Reveles, Rogelio Hernández López, Luis Miguel Carriedo, Gabriel Sosa Plata. Consejo Editorial Alma Rosa Alva de la Selva, Javier Esteinou, María Victoria Llamas (†), Carlos Mendoza López, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza (†), Octavio Islas Carmona, Gerardo Montes.

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Suscripciones Azucena Vega Martínez

Zócalo, comunicación, política y sociedad es una publicación mensual editada en México DF, por Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V., Reserva exclusiva título núm. 04–2000–090816141800–102. Número de certificado licitud de título 12280. Número de certificado de licitud de contenido 8943. Número ISSN 1665–8698. Domicilio: Calzada México-Tacuba 235 cuarto piso, colonia Popotla, delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 5341 6590 y 5341 6597, alternativamedios@prodigy.net.mx, revistazocalo@yahoo.com.mx Internet: www.revistazocalo.com.mx. Impreso por imprenta Santiago, Río San Joaquín 436, Col. Ampliación Granada C.P. 11520, México, D.F. Precio por ejemplar: 30 pesos. Suscripción anual: 350 pesos por 12 números. Distribución: Publicaciones CITEM, S. A. de C.V. Tel.: 5238 0200. En Sanborns en toda la República. En el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero. Registro postal publicaciones PP09-1056 autorizado por SEPOMEX


MESA DE REDACCIÓN

¿Cofetel en busca de votos?

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n materia de comunicación política Vicente Fox quedó marcado por su patética frase: ¿Y yo por qué?, cuando un reportero de Canal 40, quiso saber si intervendría en el diferendo con Tv Azteca, después de que Ricardo Salinas tomó con las armas el transmisor de esa emisora para despojar de esa emisora a Javier Moreno Valle. Felipe Calderón, también será recordado por su emblemática consigna “Aiga sido, como aiga sido”. Que ilustra el desorden de la industria de la radiodifusión y las telecomunicaciones a lo largo de su sexenio. A 15 meses de que salga de Los Pinos no pierde oportunidad para aplicarla, aunque ahora con un evidente tufo electoral. A pesar de que la Suprema Corte tiene en estudio el decreto de Calderón donde propone adelantar a 2015 la transición a la televisión digital; el inquilino de Los Pinos urgió durante su Quinto informe de gobierno a resolver el “apagón analógico”. Durante el gobierno foxista (2004) se dio a conocer

el Acuerdo donde se anunció la política gubernamental para pasar (como plazo máximo a 2021) del formato analógico al digital en la televisión nacional (“apagón analógico”), que fue sustituido por el actual gobierno, con el decreto de septiembre de 2010 para adelantarlo seis años. No pasaron 15 días del Informe, para que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), presentará un plan que tituló: “Acciones complementarias para una exitosa transición a la televisión digital terrestre en nuestro país”, donde ahora se involucra a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). La novedad es que se llama a participar a los particulares. El abogado especializado en telecomunicaciones y colaborador nuestro, Agustín Ramírez Ramírez advierte en su colaboración de octubre, acerca de las omisiones y objetivos que contiene el documento Acciones Complementarias, ya que en el mismo, dice, no se menciona qué se hará con el espectro

De última hora

Rapé se va de Veracruz

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nte el clima de inseguridad que se vive en Veracruz y la intolerancia frente a la crítica periodística del gobernador priista Javier Duarte, el cartonista Rafael Pineda, Rapé, anunció que cambiaría su lugar de residencia, ya que en esa entidad se “carece de seguridad y libertad para ejercer mi labor como periodista caricaturista editorial”, aseguró en un mensaje en facebook. Desafortunadamente la salida de Rapé del estado no es la única. En los últimos 2 meses al menos otros 15 periodistas informaron que han emigrado por las mismas razones. De esa cifra, 5 son del periódico Notiver, publicación que solamente en julio tuvo que lamentar el asesinato de 3 periodistas: Miguel Ángel López, Misael López y Yolanda Ordaz.

Este es el ambiente del gobierno de Javier Duarte, a quien cupo la vergüenza de encarcelar a 2 personas por emitir mensajes por las redes sociales, a quienes acusó de “ciberterrorismo” y sabotaje. Rafael Pineda también acusó de censura al ejecutivo: en el mismo mensaje de facebook dijo: “debido a los acontecimientos recientes en el estado de Veracruz y en vista de que el gobernador @ Javier_Duarte se ha esmerado en perseguir y censurar a ciudadanos y colegas periodistas que le señalan sus errores como mandatario veracruzano, he decidido cambiar mi residencia fuera del estado por carecer de la seguridad y la libertad necesarias para poder ejercer mi labor como periodista caricaturista. Nuestra solidaridad con Rapé.

radioeléctrico resultado de la compactación digital que no propicie una mayor concentración. En ese texto, tampoco se incluye la participación de la Comisión Federal de Competencia, que en opinión de Ramírez es imprescindible. El analista advierte también de esta nueva intentona del gobierno federal para poner en marcha la convergencia tecnológica, con el programa de adquisición de decodificadores y antenas, para los aparatos analógicos que capten las señales digitales, que se incluye en el mismo documento de la Cofetel. Las urgencias del gobierno federal están a la vista. Suspendido por la Suprema Corte el decreto de septiembre de 2010, ahora la administración calderonista busca darle la vuelta, e involucrar a otro organismo, la Cofemer con tal de legitimar su intención de arrancar la entrega de decodificadores y antenas, en vísperas del proceso electoral de 2012. Finalmente, la política del “Aiga sido, como aiga sido”.

Frase del mes

Calderón sabe del negocio “¿Es verdaderamente democrático el que un medio o un periódico no publique lo que dice un candidato porque no tiene un convenio económico con ese medio? Puede ser la libertad del medio. Entiendo también que debe ser un buen negocio.” Felipe Calderón Hinojosa, en el discurso por el Día Internacional de la Democracia, viernes 16 de septiembre.


Cart贸n de rap茅

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l Instituto Federal Electoral anunció el programa para elaborar un nuevo Reglamento de Acceso a Radio y Televisión, que pretende atender las razones que llevaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a anular el primer proyecto (14 de septiembre); decisión que recibió severos cuestionamientos de analistas y académicos, pero que contó con el respaldo de las empresas televisoras, a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. En apego a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se indica en un boletín del IFE, “se consultará a especialistas, concesionarios y permisionarios. Se abrirá apartado en el portal de Internet, en el espacio "El IFE te rinde cuentas", dedicado a la Reforma de dicho Reglamento. El programa incluye ocho actividades calendarizadas entre las que destacan: elaboración de propuesta de reforma al Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral (23 al 27 de sep-

El 24 de octubre el IFE propondrá nuevo reglamento tiembre); notificación para consultas a organismos que agrupan a concesionarios y permisionarios de radio y televisión (29 septiembre); notificación para consultas a especialistas en radiodifusión y telecomunicaciones; período para la recepción de respuestas (29 de septiembre al 14 de octubre); elaborar proyecto de dictamen tomando en cuenta las respuestas de con-

cesionarios, especialistas y del Comité de Radio y Televisión del IFE (17 al 21 de octubre); y presentación del proyecto de dictamen sobre la reforma al Reglamento, a la Junta General Ejecutiva (24 de octubre). Ojalá y los magistrados del Tribunal ahora sí entiendan la relevancia de esa nueva normatividad y eviten hacerle el juego al duopolio televisivo.

Elimina El Universal anuncios que promoverían trata de personas 8

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n vísperas del Día Mundial contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual (23 de septiembre), El Universal dio a conocer (martes 20) por medio de su presidente ejecutivo y del consejo de administración, Juan Francisco Ealy Ortiz, el retiro de toda la publicidad para servicios que puedan ser aprovechados por tratantes de personas. De acuerdo con el director editorial de El Universal, Roberto Rock, parte de la decisión de rechazar la venta de espacios para servicios sexuales, se originó luego de que "se realizaron investigaciones donde encontraron casos de victimas, las que eran acompañadas a los diarios para colocar ese tipo de anuncios. Esta decisión se debe a una preocupación legítima con

respecto al tema de la trata de personas”, declaró a la periodista Carmen Aristegui. Seguramente, los ingresos que dejará de recibir la empresa editora, no afectará la economía de sus diarios, aunque le reditúa bonos favorables al diario de mayor distribución en las grandes ciudades de la República, y uno de los más profesionales del país. Sin embargo, a través de su edición breve El Gráfico continúa otorgando enormes espacios en portada a las imágenes de nota roja, además del gancho fácil del semidesnudo femenino. ¿Quién seguirá el ejemplo de El Universal?, ¿Reforma, que ya ha disminuido la venta de esos espacios? El Sol de México y La Prensa venden a partir de la exposición de imágenes sexuales.(Redacción)


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ara lavarse la cara de represor de la libertad de expresión, el gobernador Javier Duarte cambió el código penal local, con el fin de excarcelar a dos usuarios de las redes sociales, luego de que permanecieran 28 días detenidos, a quienes había acusado de “ciberterrorismo”. Pero esa “solución”, sólo limitó las libertades de los veracruzanos, ya que el priísta inventó el delito de “perturbación del orden público”, algo parecido al delito de “disolución social”, tan criticado en la época del también priísta, Gustavo Díaz Ordaz. Para evitar que se lesione la libertad de expresión de los veracruzanos, el catedrático Miguel Carbonell (como miembro del Consejo Consultivo de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos) adelantó (El Universal, 22 de septiembre) que solicitará a la CNDH interponga ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra esa legislación. Carbonell, especialista en derecho constitucional y autor del libro Twitter, advierte que el delito de “perturbación del orden público” establecido en el artículo 373 del Código Penal de Veracruz, viola la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente el artículo 13, que se refiere al derecho a la libertad de expresión. “Como está redactado, el tipo penal permite una aplicación arbitraria en contra de quien tuiteé cosas que den lugar a perturbación del orden público, porque se tendría que partir de lo que significa perturbación, si son cinco o más ciudadanos los que se asustan o empiezan a gritar; esto es muy subjetivo”, afirmó. (Alejandro Sosa Díaz)

Senadores proponen Defensor de Audiencia para todos los medios

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ás allá de la voluntad de quienes encabezan los medios de comunicación, concesionados o permisionados, “es necesario crear mecanismos que garanticen los derechos de las audiencias como parte de las prerrogativas republicanas”. Ese mecanismo debe ser la Defensoría de la Audiencia, recomiendan los senadores José Luis Máximo García Zalvidea y Rubén Fernando Velázquez López, ambos del PRD. Para respaldar su propuesta los legisladores advierten que: “En lo concerniente a la radiodifusión, como en toda relación donde existe un proveedor de bienes o servicios y un destinatario que los recibe, se crean desequilibrios que es necesario

compensar. El Defensor de la Audiencia deberá, entonces, detectar esos desequilibrios proponiendo paliativos o realizando acciones que permitan compensarlos”. A finales de septiembre presentaron un proyecto de decreto para reformar el artículo 7o. Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, el cual quedaría: “La Defensoría de la Audiencia es una institución que cada uno de los permisionarios o concesionarios de radio y televisión están obligados a establecer. La Defensoría es la responsable éticamente de garantizar la plena expresión de los ciudadanos que componen la audiencia en radiodifusión, así como de documentar, procesar y dar seguimiento a sus observaciones, quejas, sugerencias

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Acción de inconstitucionalidad contra Duarte: Carbonell

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o señalamientos”. Los representantes de los medios tendrían 90 días para instaurar esa figura, luego de aprobado el decreto. ¿Quién pondrá pero a tan recomendable sugerencia? (Carlos Padilla Ríos)


Rabieta política de las El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuyas manos estará la calificación de los comicios de 2012, dio otra muestra de sujeción a los designios del poder mediático, con la derogación del Reglamento de Radio y Televisión, aprobado el 27 de junio pasado por el Instituto Federal Electoral. Además del retroceso que representa el hecho, el tribunal presentó una sentencia llena de imprecisiones, lo cual subrayó su afán de complacer a los empresarios de la radiodifusión y el duopolio televisivo. En el contexto presente, la postura de la institución judicial es por demás riesgosa para el país. • Raúl Trejo Delarbre

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l derogar el Reglamento de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (IFE), los magistrados que integran el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) volvieron a someterse a la influencia política y a las ofertas de lucimiento de las televisoras privadas. La sentencia del 14 de septiembre de 2011, en donde se revoca el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, tiene aspectos que permiten calificarla como ilegal. Además, elude la necesidad de agilizar la propaganda electoral, motivo que llevó al IFE a crear el nuevo Reglamento. Esa decisión coloca en nuevos dilemas, como si le faltara trabajo, al IFE. A nueve meses de las elecciones presidenciales, la meticulosa tarea del IFE para reglamentar el acceso de los partidos a los medios electrónicos y prever posibles fallas es saboteada, tanto por los concesionarios de frecuencias privadas como por el Tribunal Federal Electoral. Lo más ominoso es la docilidad de los siete magistrados del TRIFE para admitir sin chistar los argumentos de las televisoras, llegando incluso a formular una sentencia plagada de inexactitudes. Mientras se mantenga la dependencia del Tribunal respecto de Televisa y TV Azteca –y lamentablemente no hay motivos para suponer que tal situación cambiará– podrá reconocerse que la fiscalización de las elecciones presidenciales del próximo año no está en buenas manos.

Nada que no puedan cumplir El reglamento impugnado por la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) e invalidado por el TRIFE, había sido aprobado el 27 de junio por el Consejo General del IFE. Allí no hay una sola cláusula que atente contra los privilegios que las omisiones legales, tanto como las costumbres en

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el trato entre el Estado y los concesionarios, han mantenido en beneficio de las empresas privadas. El Reglamento incorporaba dos importantes novedades en comparación con el ordenamiento anterior. Los plazos que las estaciones de radio y televisión tienen para transmitir los spots de campañas electorales disminuían de cinco, a dos y tres días hábiles. Por otra parte, se reconocían las peculiaridades de las radiodifusoras comunitarias a las que se les daría un tratamiento especial. Ninguna de esas modificaciones altera las facilidades que tienen los radiodifusores para lucrar con las frecuencia que el Estado les ha concesionado. Tampoco les impone obligaciones que no puedan cumplir. Hasta ahora, el IFE disponía de cinco días hábiles para entregar a los concesionarios y permisionarios los anuncios de campaña. Varios partidos políticos se han quejado porque ese plazo es demasiado amplio y les impide responder con oportunidad a los spots de sus opositores.

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televisoras

El nuevo reglamento estableció tres días hábiles para entregar los spots a cada estación de televisión y radio por vía satelital. Cuando el concesionario o permisionario prefiriese que la entrega se hiciera de manera física, en su domicilio, serían dos días hábiles. Ese es el tiempo que podría correr entre la recepción del material y su transmisión. No se trata de plazos difíciles de acatar. Los medios electrónicos se alimentan de acontecimientos que cambian constantemente. Muchos

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Sí hubo consulta El otro cambio destacado que estableció el Reglamento del 27 de junio fue el reconocimiento de los rasgos que tienen las estaciones comunitarias. A tal efecto, se creó la figura de

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Las permisionadas aceptaron

de sus programas son producidos horas o minutos antes de su transmisión y los noticieros, como todos sabemos, se difunden en vivo. En ninguno de esos casos las empresas de televisión y radio requieren de varios días para difundir un contenido. La comercialización en tales emisoras también se organiza con escasa antelación. Incluso en las radiodifusoras más pequeñas, en algunos estados, el ingreso financiero más constante depende de anuncios o avisos locales que son contratados apenas horas antes de su transmisión. Además los spots de campaña de los partidos políticos se transmiten en horarios fijos. Semanas o meses antes, las estaciones de televisión y radio saben en qué momento, cada hora entre las seis de la mañana y las 12 de la noche, insertarán los dos o tres minutos de propaganda electoral a la que están obligados en pago del tiempo estatal en los medios electrónicos. La única variación sería que ahora, en vez de cinco días hábiles, tales empresas deberían demorar cuando mucho dos o tres días para incorporar esos anuncios dentro de sus barras publicitarias. Esa operación es tan sencilla que las radiodifusoras con menos recursos, que son las de carácter comunitario, aceptaron los nuevos plazos. Lo mismo ocurrió con las radiodifusoras y televisoras no comerciales que son manejadas por universidades, municipios o gobiernos de los estados. Del campo de los medios permisionados, que suelen padecer más carencias tecnológicas y financieras que la radiodifusión comercial, no hubo quejas sino compromiso con las nuevas disposiciones del IFE. Todo lo contrario sucedió con muchas de las empresas concesionarias. Representadas por la CIRT, algunas de las radios y televisoras privadas más destacadas mostraron una actitud mezquina al rechazar las nuevas pautas para la transmisión de anuncios políticos.

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Cuando los partidos compraban espacio en la radio y la televisión, podían acceder a pautas publicitarias y modificar sus spots tan sólo con un día de antelación. Así ocurrió en varias ocasiones durante las campañas presidenciales de 2006. Los partidos pudieron discutir unos con otros –quizá no de la mejor manera posible–, contestar acusaciones, impugnar lo que decían sus rivales y ajustar sus lemas y spots a las circunstancias de la campaña misma. Todavía en la campaña para las elecciones intermedias de 2009 hubo ocasiones en las que algunos partidos pudieron modificar sus spots con uno o dos días de anticipación al momento en que serían transmitidos. Las empresas de televisión y radio no chistaron, en absoluto. Por otra parte, el IFE ha documentado la flexibilidad de las televisoras para transmitir anuncios comerciales que son contratados tan sólo un día antes o incluso el mismo día. Cuando hay dinero de por medio, Televisa y TV Azteca son notablemente flexibles y no exigen más que unas cuantas horas para poner un anuncio al aire, pero si se trata de observar la normatividad electoral eluden las reglas e incluso presionan para que sean modificadas.

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El Reglamento incorporaba: Los plazos que las estaciones de radio y TV tienen para transmitir los spots de campañas electorales disminuían de 5 días hábiles, a 2 y 3 días hábiles. Por otra parte, se reconocían las peculiaridades de las radiodifusoras comunitarias a las que se les daría un tratamiento especial.

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una emisora fuese considerada en esa figura tendría que presentar sus estados financieros, entre otros documentos. Las pautas para la transmisión de anuncios electorales estarían ajustadas a las condiciones y horarios de tales emisoras. Esas modificaciones fueron discutidas durante varios meses por el IFE con los representantes de las radiodifusoras comunitarias y sus asesores. Más tarde, cuando el borrador del Reglamento estuvo listo, el propio IFE lo envió, para conocer su opinión, a la CIRT, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, así como a la delegación en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Durante todo el proceso de elaboración del Reglamento, los consejeros del IFE directamente involucrados en esa tarea estuvieron en contacto con tales grupos. Sin embargo, la CIRT se quejó ante el TRIFE por no haber sido consultada. Y el TRIFE dio como válida esa inconformidad, incluso contradiciendo la información que incorporó en su sentencia del 14 de septiembre. En esa resolución los magistrados del TRIFE admiten: “Entre el cuatro de abril y veinte de junio de dos mil once, se celebraron diversas reuniones de trabajo, en las cuales se recibieron opiniones y observaciones por parte de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral, partidos políticos y diversas personas morales con relación a la propuesta de reforma del aludido reglamento”. Es decir, consultas con los empresarios y otros grupos de radiodifusores sí hubo. Pero no fueron suficientes para las exigencias de la CIRT ni para las apreciaciones de los magistrados.

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Basta leer la sentencia del TRIFE para constatar que el IFE buscó la opinión de los concesionarios y permisionarios acerca del Reglamento. Allí se transcriben fragmentos de las cartas del IFE a la CIRT y de las respuestas de ese grupo empresarial. Sin embargo, como si no hubieran leído su propia sentencia, los magistrados se empeñaron en seguir a pie juntillas las exigencias de la CIRT y le reprochan al IFE que no haya realizado tales consultas. La decisión del Tribunal es controvertible entre otros motivos porque asegura que el Instituto Federal Electoral está obligado a recabar el parecer de sectores como la CIRT cuando se ocupa de asuntos relacionados con la radio y la televisión. Esa interpretación atenta contra la autonomía constitucional del Instituto Federal Electoral. El IFE buscó la opinión de la CIRT aunque no estaba obligado a ello. E incluso recibió de esos empresarios observaciones que algunos de los consejeros electorales incorporaron a la versión final del Reglamento. Los dirigentes de la CIRT estaban tan enterados del contenido del Reglamento que antes de su aprobación publicaron desplegados de prensa en los que se mostraban inconformes con ese proyecto. No es ausencia de consulta lo que padecieron. Lo que les afectó fue la decisión del IFE para aprobar ese Reglamento a pesar de las objeciones de grupos como Televisa y Azteca.

Confrontar al IFE El rechazo de los radiodifusores privados representados por la CIRT no se debe a dificultades técnicas. Se trata de una rabieta política en la que han comprometido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esos radiodifusores están empeñados en mantener una confrontación permanente con el IFE y con la legislación que el Instituto Electoral tiene la obligación de poner en práctica. Como todos recordamos, en septiembre de 2007 los grupos de radiodifusión más notorios hicieron un berrinche público cuando el Senado aprobó la reforma constitucional que pone los tiempos del Estado al servicio de la propaganda electoral. La prohibición a la contratación de espacios en televisión y radio fue un quebranto importante en las finanzas de empresas como Televisa y Azteca, Radio Fórmula y Radio Centro, entre otras. Pero Internet

“permisionarios privados sin fines de lucro” para aquellos medios que no dependen de manera fundamental de recursos públicos ni de la venta de espacios comerciales. Para que

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Los concesionarios resguardados en la CIRT están de tal manera convencidos de que la televisión y la radio son propiedad suya, que se consideran representantes de todos los concesionarios. Y no es así. El 6 de julio de 2011 la CIRT presentó en el Tribunal Electoral los recursos de apelación contra el Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral. Al día siguiente, en un desplegado aparecido en varios diarios, la CIRT anunció que habían sido entregadas impugnaciones de “1,000 estaciones de AM, FM y TV”. En posteriores comunicados y en declaraciones de sus directivos, la CIRT se ufanó de haber presentado un millar de impugnaciones. Esa versión fue repetida por los voceros que las televisoras suelen tener en varias columnas financieras y políticas. Sin embargo. los concesionarios que se inconformaron con el reglamento fueron únicamente 263. Algunos de ellos, incluso, fueron rechazados por el TRIFE debido a que sus concesiones habían caducado. Esa es la cantidad de recursos de apelación inventariados por el TRIFE en la sentencia del 14 de septiembre.

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Todavía en la campaña para las elecciones intermedias de 2009, hubo ocasiones en las que algunos partidos pudieron modificar sus spots con uno o dos días de anticipación al momento en que serían transmitidos. Las empresas de televisión y radio no chistaron, en absoluto. Radio Fórmula, Fomento de Radio (Radio Mil) y Radio Centro (a través de varias denominaciones). También hubo impugnaciones del PRI y el PVEM, cuya adhesión a las causas de tales empresas no es nueva. Algunas de esas firmas, especialmente las que son titulares de concesiones de televisión, representan a más de una radiodifusora y televisora. Pero 263 son pocas en comparación con el millar de impugnaciones que la CIRT se ufanó de haber presentado. Son más pocas, todavía, en comparación con las 2 mil 808 estaciones de radio y televisión que hay en todo el país, de acuerdo con la información de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) fechada el 30 de junio. Incluyendo algunas adjudicaciones de frecuencias recientes, debido a la regularización de varias concesiones y permisos y al otorgamiento de frecuencias en FM para empresas que tenían estaciones en AM, existen 1900 estaciones de radio (368 permisionadas y 1532 concesionadas), así como 908 televisoras (300 permisionadas y 608 concesionadas). Las impugnaciones promovidas por la CIRT involucraron únicamente a 263 concesionarios. No se trata de todas y posiblemente ni siquiera de la mayoría de las estaciones de radio y televisión que hay en el país. También en eso se equivocaron los siete magistrados del TRIFE. Creyeron que al resolver favorablemente la queja de esa cámara empresarial estaban congraciándose con la mayor parte de los operadores de televisión y radio en el país. Quizá por eso aprobaron un dictamen tan descuidado. Quedaron bien con una porción de los concesionarios: los más agresivos, intolerantes y fundamentalistas; los que creen que las frecuencias son suyas y no de la nación, los que están dispuestos a descarrilar las elecciones con tal de reafirmar su influencia política. A esos empresarios respaldan los magistrados del Tribunal Electoral. En esas manos está la calificación de las elecciones de 2012. trejoraul@gmail.com

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No son todos

Entre los quejosos se encuentran estaciones de los grupos Televimex (subsidiaria de Televisa para operar sus concesiones en el D.F.), Televisión Azteca, Imagen, Multimedios,

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por encima de ese perjuicio financiero, los operadores de los grupos mediáticos se encresparon ante el desafío político que encontraron en la reforma promovida por los tres partidos políticos más importantes. Aquella reforma electoral, incorporada primero a la Constitución y más tarde a la Ley en dicha materia, les quitó márgenes de maniobra política a los concesionarios y puso en evidencia su vulnerabilidad delante de los partidos y el Poder Legislativo. Ese es, para ellos, un agravio que no perdonan. Desde entonces han hecho todo lo posible para incumplir y revertir esas reglas electorales. Allí radica la causa del enfado de los radiodifusores con el Reglamento del IFE. Aunque cumplir los nuevos plazos para entrega de los spots no les representa mayor dificultad, porque se trata de términos que aceptan todos los días con sus clientes comerciales, los grupos de radiodifusión encontraron en este episodio una ocasión adicional para tener un nuevo pulso con el IFE. Se trata de un arrebato de motivaciones ideológicas. Los radiodifusores más beligerantes se consideran dueños de las frecuencias que el Estado les ha concesionado. No admiten regulaciones que alteren la rutina de discrecionalidad y anchura que les ha permitido hacer negocios financieros y políticos con las frecuencias que manejan. No toleran que nadie –ni siquiera la autoridad electoral que organiza las elecciones que son eje de nuestra democracia– les imponga fechas ni cánones que sobresalten esa benévola rutina.

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Tribunal Electoral, sometido • Aleida Calleja

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Roberto Angulo / Cuartoscuro

scandalosa, por deno existe en ninguna parte del cir lo menos, resulcuerpo normativo electoral la tó la sentencia del obligación de que el IFE deba Tribunal Electoral reglamentar conforme al gusdel Poder Judicial de la Feto de los regulados. Incluso en deración (TEPJF), al anular su proyecto de Sala, el magisel Reglamento de Radio y trado Alejandro Luna Ramos Televisión del Instituto Fedeexpone: “Es importante destaral Electoral (IFE), aprobado car que, en el cumplimiento de por su Consejo General el este deber de escuchar, el Insti27 de junio pasado. La falta tuto Federal Electoral no queda de solvencia jurídica de dicha obligado por las opiniones de los sentencia no hace sino pensar concesionarios o permisionarios Alanis Figueroa y Luna Ramos cuestionados. que la decisión unánime, la de radio y televisión. Sin emnoche del 14 de septiembre, se debió a la presión política por bargo, sí debe tenerlas en consideración y, en caso de que determiparte de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la ne no tenerlas en cuenta, debe explicar los motivos que sustentan Televisión (CIRT). esa decisión”. El Reglamento había sido fuertemente impugnado por Aún así, por unanimidad determinaron la revocación los principales consorcios de televisión y radio, porque redel reglamento. Especialmente lamentable es el voto “razoducía el plazo que puede existir entre la entrega y la transnado” que emitieron María Del Carmen Alanís Figueroa y misión de spots de campaña electoral a los concesionarios y Flavio Galván Rivera, para utilizar de manera supletoria la permisionarios de radiodifusión. El tiempo sería de dos días Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, ¡que hábiles cuando los spots fuesen entregados en el domicilio de nada tiene qué ver con la materia electoral! Mucho más aún, cada radiodifusora o televisora y de tres días cuando fuesen la supletoriedad anotada nos lleva a una discusión de fondo enviados por vía electrónica. en términos de que dicha ley aplica para el gobierno, no para Los concesionarios objetaron tales lapsos, alegando que órganos autónomos del Estado como el IFE. no tienen capacidad técnica para incorporar spots dentro 2. Si hubo error de procedimiento sería lógico que el Tride su programación en ese margen. Sin embargo, en diversas bunal determinara su reposición, para motivar y fundar con ocasiones han requerido de solamente un día, o incluso pocas exactitud la decisión del IFE respecto de los plazos y no horas, para difundir un spot, sobre todo cuando hay un pago revocar el reglamento en su conjunto, pero no, al contentillo de por medio. de la CIRT, determinar que será el reglamento de 2008 el La reducción de los plazos ha sido el tema más polémico, válido para las elecciones del 2012. En la propia sentencia se sin embargo no era lo único que abordaba el reglamento; estareconoce la facultad del IFE, conferida por la Constitución ba también el reconocimiento a las emisoras comunitarias que para reglamentar en la materia, por lo cual afirma en tal atienden a población indígena y campesina para que cumpliesentido que se “…podría dar lugar a la reposición del acto ran la ley electoral en condiciones de equidad. impugnado”. Algo que no hicieron. Por ello resulta débil, jurídicamente hablando, la anula3. Con esa sola explicación invalida también, sin argumención completa del reglamento basada exclusivamente en la to alguno, otros asuntos relevantes del reglamento, como el tesis de que el IFE no consultó a la CIRT. Endeble resulta reconocimiento a las emisoras comunitarias, las cuales cuenla sentencia por las siguientes razones: tan con el permiso para utilizar frecuencias y que operan en 1. El argumento básico para esta anulación fue de procedizonas de alta vulnerabilidad ambiental, pobreza, migración miento, no de fondo, al determinar que el IFE no había consuly violencia, afectando con ello sus derechos y reivindicaciotado a la CIRT, para aprobar la reducción de plazos en el camnes. A pesar de que este sector argumentó razonablemente bio de versiones de los spots. Si bien la consulta es una buena este reconocimiento, en las llamadas audiencias de oídas con práctica, deseable en las actuaciones de los órganos reguladores, diversos magistrados, éstos simplemente no las tomaron en

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Integrantes de la AMEDI durante la asamblea informativa del 21 de septiembre de izq. a der.: Raúl Trejo , Jesus Cantù, Alberto Aziz, Aleida Calleja y Javier Corral

cuenta. Con su sentencia ese órgano decidió, así, que los únicos interesados que tuvieron que ser consultados son aquellos que poseen los medios con fines de lucro. Tras una postura de aparente principio democrático, al justificar que los interesados deben ser consultados, el TEPJF oculta los efectos que las presiones de los concesionarios tuvieron sobre sus magistrados; o parte de un principio anacrónico y violatorio del derecho a la libertad de expresión, cuando decide que sólo pueden opinar aquellos que han detentado el poder desde los medios electrónicos.

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6. Por su parte, el IFE debe elaborar en lo inmediato un nuevo reglamento, pues operar con el de 2008, como lo determina la sentencia del Tribunal, es riesgoso para el próximo proceso electoral, en la medida que los tiempos de cambios en los spots son demasiado largos e inhiben agilidad a la propaganda electoral y por tanto al derecho de los partidos políticos a fijar posiciones políticas con oportunidad, con lo cual el mercado negro de las entrevistas de los medios se dispararía mucho más. En la Asamblea Informativa del 21 de septiembre, convocada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), se discutieron y analizaron a detalle las implicaciones de la actuación del Tribunal y su sentencia, con la participación de Alberto Aziz Nassif, Javier Corral, Jesús Cantú, Raúl Trejo Delarbre y quien escribe. Una de las principales conclusiones fue la inminente necesidad de que la ciudadanía exija enérgicamente a los partidos políticos asumir su obligación de defender las instituciones del Estado, en lugar de avasallarse como hasta ahora, ante el poder fáctico de los medios. El momento del país lo urge. Las participaciones completas se pueden encontrar en www.amedi.org.mx Con su actuación, el Tribunal hace más vulnerable al IFE y al próximo proceso electoral, que definirá el rumbo del país. Como la AMEDI lo afirmó en su comunicado, los magistrados del TEPJF debieron haber pensado más en los intereses del país y un poco menos en los escasos minutos de fama mediática que les ofrecen las televisoras. Eso es una vergüenza nacional. aleida.calleja@gmail.com

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4. Los plazos establecidos por el IFE pretenden dar mayor agilidad a la propaganda electoral y reconocer el derecho de los partidos políticos a fijar posiciones políticas con oportunidad. La decisión del Tribunal debería ser impugnada por los partidos mismos. Vergonzantemente, algunos de ellos formaron fila junto con los concesionarios en las quejas de inconstitucionalidad presentadas ante el TEPJF. Me refiero al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de su diputado, Jorge Carlos Ramírez Marín, actuando con dudosa legalidad como Presidente de la Cámara de Diputados y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Es lamentable que el resto de los partidos, hasta el cierre de esta edición, hayan guardado silencio ante la resolución del TEPJF. Como lo he afirmado en otras ocasiones, la reforma electoral quedó huérfana. Aprovecharon sus resquicios para violar la misma ley que ellos aprobaron y, callados, sólo atestiguan cómo el poder fáctico de los medios socava a las instituciones del Estado, con miras a tener los favores de los medios para ganar su terrenito de poder. Esa es la clase política que tiene en la debacle a este país. 5. Lo único rescatable de la sentencia del Tribunal, conformado por Flavio Galván, María del Carmen Alanís, Salvador Nava Gomar, Constancio Carrasco, Alejandro Luna Ramos, Pedro Penagos y Manuel González Oropeza, es la determinación de declarar infundada la impugnación de la CIRT,

Necesario nuevo reglamento

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El TEPJF oculta los efectos que las presiones de los concesionarios tuvieron sobre sus magistrados; o parte de un principio anacrónico y violatorio del derecho a la libertad de expresión, cuando decide que sólo pueden opinar aquellos que han detentado el poder desde los medios electrónicos.

al plantear la inconstitucionalidad de la facultad del IFE para reglamentar. Aún así, en un desplegado que se publicó en periódicos de circulación nacional el 20 de septiembre, la CIRT amenaza que con la instrucción del presidente del IFE a la Junta Ejecutiva para expedir un nuevo reglamento “… se violaría la resolución del Tribunal”. Esta afirmación miente deliberadamente, pues la propia sentencia determina que el IFE “podrá” emitir un nuevo reglamento, de acuerdo con las facultades que le otorga la ley. Más grave aún es que sea un grupo de particulares, encabezados por las televisoras, quienes reten a un órgano autónomo del Estado e intenten dragar la institucionalidad electoral que ha costado a la sociedad mexicana una larga historia de luchas, y hasta muertes, por la construcción de la democracia electoral.

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Vientos de opacidad en Zacatecas: Comisionados El 27 de septiembre entró en vigor la nueva Ley de Acceso a la Información Pública de Zacatecas, con lo que inicia la salida escalonada de los tres integrantes del Consejo Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado, acción impulsada por el gobernador Miguel Alonso, y fuertemente cuestionada por los órganos garantes del país, que ven en esa medida una intromisión para legitimar la regresión que en materia de transparencia aplica desde ahora el gobierno estatal.

Juana Valdés C. y Jesús Manuel Mendoza Maldonado, comisionados del CEAIP-ZAC.

• Carlos Padilla Ríos

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lgo querrá esconder el gobernador priista de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, quien antes de cumplir un año en el cargo, tendió una coartada para reformar la Ley de Transparencia local y cambiar paulatinamente a los tres comisionados del Centro de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado (CEAIP-ZAC), cuyo período concluía hasta marzo del 2013. Luego de ser ratificados en sus cargos por cuatro años más (marzo de 2009), los comisionados Juana Valadés Castrejón, presidenta; Jesús Manuel Mendoza Maldonado y Jaime Cervantes Durán, se propusieron cambiar la norma, para disminuir los tiempos de entrega de la información pública a los ciudadanos, de las respuestas a las quejas, incrementar el universo de sujetos obligados y lograr la autonomía constitucional del órgano garante. El año referido, el actual gobernador –ahora convertido al priismo– era diputado del PRD, y votó a favor de esas ratificaciones. La propuesta del CEAIP-ZAC fue adoptada por la diputada panista Noemí Berenice Luna Ayala, presidenta de la Comisión de Transparencia, quien en diciembre de 2010 presentó una iniciativa de ley que incluyó las sugerencias de los comisionados. Sin embargo, en enero de 2011, cuando Alonso Reyes ya era gobernador, su contralor, Guillermo Huízar Carranza, buscó a los comisionados para decirles que el gobierno del estado tenía interés en presentar reformas a la Ley de Transparencia. Sugirió trabajar conjuntamente e invitó a participar a Luna Ayala, para presentar otra iniciativa. Los comisionados ya no fueron convocados a las siguiente sesión, y el 17 de marzo la Comisión de Transparencia presentó otro dictamen –no el de diciembre– donde el artículo cuarto transitorio, que no existía en el primer proyecto

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de Noemí Berenice Ayala, estableció el relevo paulatino del consejo de la Comisión, con la presentación de tres ternas, a propuesta del gobernador, incluyendo en cada una a los actuales comisionados. El congreso, ahora con mayoría priísta, votaría esas ternas. La nueva ley entró en vigor el 27 de septiembre, con el nombre de Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Zacatecas. En este contexto se entrevista a Juana Valadez, consejera presidenta y a Jesús Manuel Mendoza Maldonado, comisionado, en la ciudad de México – ¿Qué hay detrás de esa intención para removerlos? – Al actual gobierno de Zacatecas –responde Mendoza Maldonado– le han resultado incómodas las resoluciones emitidas por el órgano garante del estado. Todavía en febrero solicitamos a la diputada Luna Ayala nos diera a conocer las últimas correcciones para saber cómo habían quedado, pero nos decía que el documento estaba revisándose en Contraloría. En la nueva ley aparecen errores técnicos, por ejemplo, se evita que los partidos políticos sean sujetos obligados, cuando ya lo eran desde la legislación anterior. Vemos a un gobierno que afecta al órgano garante, removiendo a los comisionados. ¿Por qué no respetan el periodo para el que fuimos electos? Es una evidente regresión en el acceso a la información, con un gobierno al que le incomoda la rendición de cuentas, y una legislatura que actúa ilegalmente. Recomendamos que se abrieran los archivos de la Secretaría de Finanzas para permitir consultas físicas de los ciudadanos, pero los funcionarios, escudados en una ley de fiscalización, se niegan o se amparan. Es el caso del Instituto Tecnológico Superior Norte, del municipio de Río Grande, y el municipio de Fresnillo. Como estamos ordenando que se abran, quieren removernos. Se amparan, para no entregar

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Manuel ionados

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cómo hacerlo, pero no lo hacen y nos están aplicando retroactivamente la ley que nos dio origen. Quieren arrasar con todas las personas nombradas en el otro gobierno, pero fueron ratificadas por un poder que es la legislatura en funciones constitucionales. Estamos en un estado de indefensión y ellos están cacaraqueando que (la reformada) es una mejor ley y que nosotros estamos en contra. – ¿La propuesta de remoción es del gobernador Miguel Alonso Reyes? – Creemos que sí –contesta Mendoza Maldonado–. Advertimos, por todos estos acontecimientos, que soplan vientos de regresión, opacidad y secrecía en Zacatecas. Habrá que decir que como comisionados nuestras resoluciones han sido las mismas y con los mismos criterios, en este gobierno y en el anterior (de Amalia García). Nuestras resoluciones son públicas, tenemos más de 400 que puede revisar cualquier ciudadano. La administración anterior entregó mucha información, fue muy sensible y nosotros resolvemos en el mismo sentido. La Comisión Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAI) analiza el caso de Zacatecas, así como otros sucesos ocurridos en Querétaro, Tabasco, y el más reciente en Veracruz, donde se pretende que las resoluciones del órgano garante puedan ser impugnadas.

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documentos sobre nóminas, estados financieros y gastos en viáticos. Otras instituciones se niegan a entregar la nómina, con el pretexto de la inseguridad que vive nuestro país, o promueven juicios de nulidad contra nuestras resoluciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Son dependencias en que las nóminas representan el 95 por ciento de su presupuesto, y no quieren entregar información. Algunos ciudadanos solicitaron datos acerca de qué secretarías se habían endeudado y cuánto habían pagado de intereses, pero el gobierno actual reservó la información, que se debe entregar de oficio, por ley. A cuentagotas la fueron entregando. El gobernador propuso un “Tribunal de Cuentas” que sustituiría a la Auditoria Superior y al órgano garante del acceso a la información. Eso no prosperó, afortunadamente. Creo que el gobernador está mal asesorado. – ¿A qué atribuye que el gobernador haya decidido cambiarlos?– se pregunta a Juana Valadez. – Ellos llegaron al gobierno con las siglas de un partido diferente al anterior y piensan que somos herederos de la administración pasada. No recuerdan que somos una institución que trasciende gobiernos y gobernantes. Aquí, si quieren destituir a los comisionados, la propia ley establece

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Directores, sin problemas para cumplir Reglamento IFE • Carlos Padilla Ríos

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a Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), en su oposición al nuevo reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, argumentó “incapacidad técnica” para cambiar los spots electorales, en menor número de días, como lo estableció el Instituto Federal Electoral (IFE) en el ordenamiento que aprobó en junio pasado. Según la CIRT el reglamento, desechado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 14 de septiembre, y tampoco podía aplicarse por “carencia de recursos humanos”. Sin embargo, directores de estaciones de televisión y de radio del país, pertenecientes a medios estatales o universitarios, con menor capacidad técnica y escasos recursos humanos, a diferencia de las empresas de la comunicación de carácter lucrativo, aseguran en entrevista a Zócalo, que ellos no tienen problema alguno para aplicar el Reglamento desechado. Samuel Muñoz, Director general del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas de México, AC., que agrupa a 56 emisoras de gobiernos estatales y universidades del país, como Canal 22, IMER, Canal 11, Canal 34 y Radio UNAM, entre grandes y pequeñas estaciones, aseguró que sus agremiados no han manifestado inconformidad u oposición para transmitir en menos días los spots electorales. –Lo que he platicado con algunos compañeros y sí, es más complicado cumplir los tres días, pero cuentan a partir de que te entregan el spot en las manos o a través de los diferentes sistemas satelitales. En (emisoras) más sencillas, donde no se tiene que pasar por largos procesos, como en las grandes radiodifusoras o televisoras, los cambios en el pautado no se complican tanto como para no cumplir. Al menos no le vemos inconveniente, o no me lo ha expresado nadie en la Red. Ellos (los consejeros electorales) han tenido acercamientos y hasta el momento lo que he platicado con la gente

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del IFE, de tener un plazo más corto, que evidentemente a cualquiera complica, como director del Sistema Jalisciense, me han expresado los compañeros que no es algo que no se pueda cumplir. Como director del Sistema no tengo ningún problema en absolutamente nada de lo que está observándose (en el Reglamento de Radio y Televisión) del Instituto. Ellos (los consejeros electorales) van a participar en la nueva asamblea del 10 de noviembre en Torreón. Incluso vinieron a Jalisco, y van a otros estados, donde tuvieron acercamiento directo con alguno de los asociados. No se ha quedado solamente en información, en el ámbito de la presidencia de la Red, sino que se acercaron con algunos de nosotros. Enrique Rodríguez, director del Canal Judicial, órgano de comunicación televisiva de uno de los tres poderes de la Unión, aclara: - El Canal Judicial, la televisora del poder judicial, no tendría ningún inconveniente en solventar las pautas que entregue la autoridad correspondiente en los temas electorales, además tenemos que acatar. No podría argumentar que tenemos problemas. Estamos en la mejor disposición hacia el esquema que finalmente se autorice, de acuerdo con las pautas que establezca la autoridad en el tema electoral. Teodoro Villegas, director de uam-radio, la emisora universitaria más nueva en el país, con algunas decenas de trabajadores, que transmite desde diversos planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana, responde: – Al desechar el Tribunal Electoral el nuevo Reglamento de Radio y Televisión también se opuso a que el IFE apoyara técnicamente y asesorara a las emisoras comunitarias, ¿qué opina? – El mismo IFE reconoce su existencia y necesitan apoyos. Se les condiciona para que puedan cumplir con una opción de ley. ¿Por qué no se les apoya desde antes?

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Peña Nieto, marketing contra comunicación política

Erubiel Avila y Enrique Peña Nieto

• Jenaro Villamil

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a aparición televisiva más comentada desde el 19 de septiembre fue, sin duda, la del “destape” de Enrique Peña Nieto en el noticiero estelar de Televisa, con Joaquín López Dóriga como conductor. No se trató en estricto sentido de una entrevista. No hubo preguntas incómodas, menos un mínimo intento de polémica. Se trató, en esencia de un ejercicio de branding, es decir, de “posicionamiento de marca”, término propio de la mercadotecnia. La aparición de Peña Nieto confirmó lo que hemos venido documentando decenas de analistas y periodistas desde que tomó el poder en el Estado de México: se trata de construir con los instrumentos de la mercadotecnia a un candidato virtual que ya actúa como presidente de pantalla.

Peor fue que Enrique Peña Nieto recitara un guión tan predecible como un spot y no mencionara el punto más polémico de la ceremonia del relevo de poder en el Teatro Morelos de Toluca: la reaparición pública de Arturo Montiel, su tutor y tío “en segundo grado” que rivalizó en el aplausómetro de la clase política mexiquense, reunida el 15 de septiembre para asistir a la toma de posesión de Eruviel Ávila. Peña Nieto y Televisa siguen cumpliendo con el convenio publicitario cuyos costos reales son negados, aunque todo el tiempo lo presuman en pantalla. La noche del mismo 15 de septiembre Televisa transmitió el Grito de Enrique Peña Nieto en Toluca, aunque formalmente ya no fuera el gobernador del Estado de México y nada explicaba el favoritismo al hijo predilecto de At-

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lacomulco frente a los otros 31 gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino. El mismo día de su “destape” con Joaquín López Dóriga, la revista estadunidense The Atlantic publicó un extenso perfil de Peña Nieto, titulado precisamente “La Bella y la Bestia”. El texto, firmado por Silvana Paternostro, subraya que la popularidad de Peña Nieto no sólo es producto de “la ira de los votantes por el fracaso de la administración de Felipe Calderón para frenar la barbarie de la guerra contra las drogas”, sino también a “otros activos menos tangibles”: “La buena apariencia que ha inspirado a sus oponentes a llamarlo una Barbie masculina o la política Beckham del PRI. Y su asociación con Televisa, el mayor medio de comunicación de América Latina”. La reportera contextualiza de esta forma cómo las tragedias reales de la historia de Peña Nieto se han convertido en parte del marketing: “En enero de 2007, en un giro que podría haber surgido de uno de los programas de Televisa, el nuevo gobernador regresó a su casa una noche para encontrar a su primera esposa en la cama, enferma. Horas más tarde, yacía muerta en el hospital por ataque de arritmia inducida. El gobernador de oro se convirtió en el viudo de oro, el soltero más codiciado de México, aprovechando las cámaras donde quiera que iba. En los mítines políticos, las mujeres cantaban: ‘Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón’. Y luego, en una perfecta telenovela con final feliz, el gobernador se enamoró de una estrella de Televisa, nada menos: Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, después de su personaje de Destilando Amor, un


mexicanos.

Contradicciones del discurso político.

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El problema para Peña Nieto es que su marketing ha sepultado la congruencia elemental de su discurso político, en aras de “vender” una popularidad y no de convencer, primero a los priìstas, y luego al electorado nacional del por qué se trataría de una figura que puede resolver los enormes desafíos que enfrentará el país a partir de 2012. He aquí un ejemplo de las incongruencias: apenas el pasado 7 de junio, en un evento en el periódico La Crónica, Peña Nieto afirmó claramente que su partido debe apostarle a un “candidato de unidad”, es decir, sin contienda interna: “Espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo para una candidatura de unidad”, afirmó. “En el partido confluyen diversos intereses y proyectos, pero también hay voluntad para trabajar juntos”, afirmó. En la transmisión del 19 de septiembre, en Canal 2, Peña Nieto asumió públicamente que va a participar en una contienda interna, que el método se definirá a principios de octubre y que él está a favor de aplicar el “método de consulta directa a la ciudadanía”. En otras palabras, que apoya la posibilidad de contender contra el único precandidato en puerta –el senador Manlio Fabio Beltrones–, pero con una elección interna abierta, en donde la popularidad construida a base de mercadotecnia telegénica se debe traducir en votos internos. Y aquí está la primera trampa que

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drama en el que una pobre campesina se enamora de un vástago y eventualmente viven felices para siempre. “En un país donde la vida real se parece cada vez más a una película snuff, su noviazgo –complementado con un compromiso bendecido en El Vaticano– fue un cuento de hadas de bienvenida”. No en balde, la telenovela Destilando Amor está siendo retransmitida en uno de los canales de señal restringida de Televisa. Y la misma empresa ya habilitó a Angélica Rivera como vocera oficiosa de la campaña de Peña Nieto. Quizá piensen en ella durante el tiempo de “veda” electoral que inicia el 8 de octubre. En otras palabras, una actriz contratada para ser “la imagen” del Estado de México se convierte, por órdenes del marketing, en la voz de un candidato cuyo proyecto real, sustancial, es desconocido por la mayoría de los

la mercadotecnia excesiva le juega al precandidato Peña Nieto. En primer lugar, asume que competirá en condiciones de amplia ventaja, gracias al bombardeo demoscópico que pretende convencernos de que la candidatura del ex gobernador del Estado de México no sólo es inevitable –dada su amplia ventaja frente a su otro contendiente, según las encuestas que nos bombardean los “medios amigos” de Peña Nieto–, sino que el mismo triunfo de él como abanderado del PRI en el 2012 es prácticamente un hecho. En dicha entrevista, él mismo trata de curarse en salud, señalando que las encuestas son “un retrato del momento”, pero toda su estrategia está fincada en mantener su ventaja demoscópica. La maquinaria de spots, convenios de publicidad, infomerciales, entrevistas pagadas, gasto intensivo en medios masivos e impresos para promocionarse como gobernador y precandidato no son lo mismo que la comunicación política. Es decir, Peña Nieto aún no ha articulado un mensaje y un proyecto claro, convincentes, para decirle a su electorado (no a los “encuestados” ni a los puntos de rating) por qué quiere ser presidente, cuál es su visión del sistema político, su propuesta para sacar al país de la “tormenta perfecta” que ha vivido en estos últimos años (crisis de seguridad económica, de expectativas). La segunda trampa de la mercadotecnia está en la misma entrevista. López Dóriga le insiste, y documenta con imágenes, que en torno a Peña Nieto ha revivido una de las expresiones más rancias de la cultura política priìsta: la cargada. El ex gobernador del Estado de México señala que el término cargada es una expresión despectiva, que existen “expresiones genuinas de simpatizantes” y que este tipo de “expresiones” es muy difícil de contener. Peña Nieto confunde una vez más la expresión orquestada de apoyo de

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Peña Nieto y Televisa siguen cumpliendo con el convenio publicitario cuyos costos reales son negados, aunque todo el tiempo lo presuman en pantalla. La noche del mismo 15 de septiembre Televisa transmitió el Grito de Enrique Peña Nieto en Toluca, aunque formalmente ya no fuera el gobernador del Estado de México y que nada explicaba el favoritismo al hijo predilecto de Atlacomulco frente a los otros 31 gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino.

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vencer a quienes critican su estilo, su exceso de mercadotecnia y su ausencia de propuesta para un país que pretende culminar una transición democrática.

El “candidato verde”

los suyos, de sus simpatizantes y de sus empleados en el Estado de México, y la innegable popularidad mediática que ha construido de la mano con Televisa y sus asesores, con la capacidad de con-

La comunicación política de Peña Nieto le falla. Confunde popularidad con credibilidad, cree que los soundbytes (las “frases gancho” de los mercadólogos) son discurso y comete errores de táctica elementales como ocurrió en su desangelada aparición en el Hemiciclo a Juárez el sábado 24 de septiembre. En ese mitin, un pretexto para plazear a Peña Nieto en los territorios capitalinos, el ex dirigente nacional del Partido Verde, Jorge Emilio González, “destapó” al mexiquense como su candidato presidencial, a pesar de que el PRI ni siquiera ha discutido formalmente su estrategia de alianzas. Lo peor es que ese acto fue para apoyar a un saltimbanqui de la política, el ex dirigente, ex delegado perredista de Iztapalapa y ahora senador del Partido

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Verde, René Arce. No estuvieron presentes los militantes ni los dirigentes del tricolor en el Distrito Federal. Y Peña Nieto fue opacado por un acto del jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, quien aprovechó el momento para retarlo a un debate público sobre los logros de ambas administraciones. La desesperación de los imagólogos de Peña Nieto lo están llevando a cometer éste y otros errores elementales de comunicación política. La mercadotecnia es un complemento de la comunicación política, no al revés. Y Peña Nieto puede caer en el mismo error que llevó a Vicente Fox a confundir la transición con su llegada al poder y con una alternancia incompleta. Con la enorme diferencia de que la mercadotecnia de Fox capitalizó el voto del “cambio” y Peña Nieto parece que le apuesta a un voto muy frágil y poco claro a favor de la “restauración” del PRI. www.homozapping.com.mx


Saúl López / Cuartoscuro

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Campañas anticipadas y… ¿retorno del PRI? An

• Eduardo R. Huchim ello sería una violación expresa a la ley, y esto podría incluso causar a los infractores la pérdida de su derecho a registrarse como candidatos. Sin exculpar a los infractores, resulta explicable la anticipación, porque esperarse a diciembre era demasiado para las ansias de los aspirantes y, pragmáticamente, también para las posibilidades de incidir en quienes habrán de ungirlos como candidatos. Los hechos hacen patente la necesidad de revisar los plazos actuales de la ley, pero obviamente mientras las disposiciones estén vigentes deben ser respetadas y sancionados los infractores. Hay dos ante precandidatos que prácticamente están en precampaña desde hace años, pero lo han hecho de tal forma que no se les puede imputar legalmente infracción a la ley electoral. Uno de ellos es Andrés Manuel López Obrador, quien ha realizado intensas giras por todo el país, las cuales han llevado a la formación de un vigoroso Movimiento para la Renovación Nacional (Morena). El otro es el hoy ex gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, quien ha realizado también una intensa campaña en la televisión comercial que le ha redituado importantes ganancias políticas. Peña Nieto y López Obrador son los aspirantes presidenciales más conocidos

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al iniciarse el proceso electoral, si bien en el caso del ex gobernador mexiquense su propaganda lleva implícita una violación flagrante al artículo 134 de la Constitución, que prohíbe expresamente la promoción personal de funcionarios públicos. Durante años Peña Nieto apareció todos los días hábiles –en publicidad disfrazada– en los principales canales de la televisión comercial. Como ha señalado Raúl Trejo Delarbre, las televisoras y algunos grupos radiofónicos diseñaron la venta de espacios para entrevistas, apariciones, menciones y el “emplazamiento” de nombres y siglas en la programación regular de esos medios (Zócalo 139). Y por esa vía, algunos aspirantes y los medios electrónicos están evadiendo la prohibición constitucional de compraventa de tiempos en radio y televisión para fines electorales.

PRI y Peña Nieto, punteros Si hoy fueran las elecciones presidenciales, el PRI las ganaría en forma contundente, al margen de quién fuera su candidato. De acuerdo con Consulta Mitofsky (agosto de 2011), el PRI tiene el 38.9 por ciento de intenciones de voto, sobre 19.2 del PAN y 13.9 del PRD. Un análisis sobre las probables alianzas interpartidarias, sitúa al

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l inicio del proceso electoral federal 2011/2012, a principios de octubre, se singulariza por dos hechos: la anticipación de actividades proselitistas y la recuperación del Partido Revolucionario Institucional, que para amplios grupos sociales prefigura el triunfo priìsta en la elección presidencial, si bien no hay nada que asegure tal victoria, menos aùn en el marco de un electorado cambiante y, a veces, incluso volátil. Con la mirada puesta en la elección presidencial de julio de 2012, un puñado de ante precandidatos de los tres partidos más votados –PAN, PRI y PRD– están en plena precampaña, al margen de las disposiciones legales vigentes. En efecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que las precampañas, es decir el proceso interno de los partidos para seleccionar candidatos a puestos de elección popular, se realizarán a partir de la tercera semana de diciembre del año previo a la elección y no podrán durar más de 60 días. Sin embargo, a partir del segundo semestre de 2011 –e incluso desde meses anteriores– los ante precandidatos comenzaron a realizar algunos actos vinculados con una precampaña que no dice su nombre, porque si lo dijera

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Peña Nieto y López Obrador son los aspirantes presidenciales más conocidos al iniciarse el proceso electoral, si bien en el caso del ex gobernador mexiquense su propaganda lleva implícita una violación flagrante al artículo 134 de la Constitución

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PRI-Verde con 40.3 por ciento de preferencias, sobre 19.2 del PAN solo y 17.0 de PRD-PT-MC (Convergencia). Es decir, ni siquiera la suma de los sufragios de PAN y PRD (36.2 por ciento) alcanzarían el porcentaje que tendría el PRI, solo o acompañado. Inferir de esas cifras un inevitable triunfo priìsta en 2012 sería erróneo. Si bien las circunstancias y los actores son diferentes, hace seis años el PRI también aparecía en primer lugar, aunque su ventaja sobre el PRD era de sólo tres puntos porcentuales, y ambos partidos superaban al PAN. Sobra decir que la historia fue muy diferente a lo que hace un sexenio indicaban las encuestas. Veamos las cifras: en agosto de 2011, el 51 por ciento del electorado percibe que el PRI ganará la Presidencia, sobre 19 por ciento del PAN y sólo 10 por ciento del PRD. Seis años atrás, en 2005, el 36 por ciento de los mexicanos opinaba que el PRI ganaría, mientras las cifras del PRD y el PAN eran de 27 y 18 por ciento, respectivamente. Las simpatías por los ante precandidatos favorecen a Peña Nieto y López Obrador, con 34.1 y 10.3 por ciento, respectivamente. Ambos se han mantenido como punteros, si bien con más de 20 puntos de diferencia entre ellos, desde agosto de 2010. En tercero y cuarto lugares aparecen los panistas Josefina Vázquez Mota (4.0 por ciento) y Santiago Creel (3.6 por ciento), y los lugares 5 y 6 los ocupan el perredista Marcelo Ebrard (3.3 por ciento) y el priìsta Manlio Fabio Beltrones (2.2 por ciento).

Los frentes internos Ahora bien, en la contienda interna del PAN, Vázquez Mota (35.2 por ciento) va a la cabeza sobre Santiago Creel (31.4 por ciento). Aunque muy lejos de ellos, el tercer lugar lo ocupaba el secretario

de Educación Pública, Alonso Lujambio (9.8 por ciento), seguido por Ernesto Cordero (7.0), Manuel Espino (4.3 por ciento) y Emilio González (3.8 por ciento). Es decir, el supuesto candidato calderonista y ex secretario de Hacienda, Cordero, aparece lejos de Vázquez y Creel, aun con la ausencia de Lujambio, quien declinó en sus aspiraciones. Conviene subrayar que esas cifras corresponden a militantes del PAN, aunque las posiciones se conservan cuando la muestra se toma entre los ciudadanos en general. La incógnita será saber si los militantes panistas tendrán la audacia de presentar a una mujer como candidata, lo que sería un hecho sin precedente en ese partido. Por supuesto, una mujer en la Presidencia pondría a México, en consonancia con lo que ha ocurrido en varios países del mundo, sería también un saludable impulso a la equidad de género en este país donde predomina un malsano machismo. En el lado del PRI, la diferencia entre Peña Nieto y Beltrones es abismal, 86.2 por ciento contra 8.5, de modo que Peña Nieto será casi con seguridad el candidato del PRI. En el PRD, 67.3 por ciento de los perredistas quieren como candidato a López Obrador y 27.1 a Marcelo Ebrard, en tanto que la población abierta prefiere a Ebrard con casi un punto de ventaja sobre AMLO (31.8 contra 31.0%). La consulta entre ciudadanos con preferencias de izquierda (no sólo perredistas) le da gran ventaja a López Obrador, 60.7 por ciento sobre 28.3 por ciento, y si a éstos se suman los independientes, AMLO reduce su ventaja a 38.9 por ciento contra 31.4. Esto permite inferir que si la encuesta que definirá al candidato del PRD es a población abierta, Ebrard tiene alguna

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posibilidad de obtener la candidatura, mientras que en cualquier otra combinación, López Obrador sería el triunfador. El gran desafío es si los perredistas lograrán evitar una escisión que, de producirse, casi con seguridad los llevará a todos a la derrota.

Electorado cambiante Visto el escenario político electoral desde la perspectiva de octubre de 2011, es posible inferir que en tres años el PRI logró una notable recuperación en las preferencias del electorado. En 2006 fue relegado al tercer lugar en la votación presidencial y en la relacionada con la Cámara de Diputados (en el Senado se mantuvo en el segundo puesto), pero en 2009 logró ganar las elecciones legislativas y ubicar a sus diputados como el grupo parlamentario más numeroso, al grado de que, con el apoyo de su aliado el Partido Verde, puede hacer mayoría absoluta en la Cámara. No sólo eso, en la actualidad el PRI es el único que concentra un saldo positivo, pues cuando Consulta Mitofsky preguntó sobre la imagen de los partidos, el PRI obtuvo 38 por ciento a favor y 18 en contra, en tanto que los demás partidos registraron un saldo negativo. El PAN, por ejemplo, tuvo 26 a favor y 28 en contra, en tanto que el PRD recibió 18 y 31, respectivamente. Hace seis años, las cosas eran muy diferentes, pues PAN y PRD tenían saldos favorables, en tanto que el PRI recibía un contundente rechazo de casi 30 por ciento. Estas cifras muestran el ánimo cambiante del electorado y de ahí que, ahora más que antes, debe tenerse presente la advertencia habitual de los profesionales en el tema: las encuestas son fotografías instantáneas que muestran las preferencias del momento en que se realizan. Nada garantiza que éstas se mantengan a lo largo del tiempo y coincidan con las votaciones en las casillas. omnia08@gmail.com


"Tengo un sueño: que un día esta nación se alzará y vivirá el verdadero significado de su credo(…)" Martin Luther King

• Gerson Hernández Mecalco*

El 2 de septiembre, el presidente Felipe Calderón emitió —durante casi 90 minutos— su mensaje con motivo

De las 10, 275 palabras que conformaron el discurso del Presidente, los vocablos más mencionados fueron: México, mexicanos, criminales y país (Imagen 1). Sin embargo, los mensajes principales respecto de la estrategia de seguridad fueron: “(el) Gobierno está y estará plenamente comprometido hasta el último día de mi mandato”y la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos. El sábado 3 de octubre los mensajes de primera plana en la prensa escrita “de circulación nacional” fueron:

Periódico

Información en primera plana

Observaciones

Reforma

Crea Procuraduría para víctimas FCH

Mención en primera planaysinfotografía.

El Universal

FCH ordena atender a víctimas de crimen

Ocho columnas y fotografíasdelevento.

La Jornada

Mención en primera Mis logros, opacados por la abrumadora plana, fotografía del preocupaciónsobreinseguridad:Calderón evento y sección “Ecos del Informe”.

Milenio Diario

La lucha antinarco hasta el último día

Ocho columnas y fotografía de FCH.

Excélsior

Calderón:elcrimennocomenzóestesexenio

Ocho columnas y fotografíasdelevento.

La Razón

Combatealcrimen,hastaelúltimodíadel Ocho columnas y sexenio fotografíasdelevento.

La Crónica de Hoy

Haremos ajustes, pero sin ceder la plaza: FCH

El Sol de México

SecrearáProcuraduríaparalasvíctimasde violencia: Calderón

El Financiero

No se publica

El Economista

No se publica

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Ocho columnas y fotografíadelevento. Ocho columnas y fotografíadelevento.

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Calderón, en Antropología

del Quinto Informe de Gobierno en el Museo Nacional de Antropología. La alegría de la música de mariachi y las pinceladas de marimba con que empezó el evento contrastaron con la mayoría de los temas que han predominado en nuestro país durante los últimos meses. El propio presidente calificó los últimos 12 meses como un año de “contrastes; de recuperación económica, cumplimiento de metas en política social”, pero también de eventos tristes, y pidió un minuto de silencio para las víctimas de éstos.

A

D

urante septiembre se presentaron tres informes de Gobierno: de Felipe Calderón, Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México (hasta el 15 de septiembre) y Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Estos actos comunicativos entre gobernantes y gobernados son ejercicios de aparente rendición de cuentas; sin embargo, mediáticamente los políticos tienen esta oportunidad, también llamada ritual político, para reorganizar su estrategia de comunicación política, jerarquizar los temas de su agenda y tratar de que sus mensajes clave se difundan en la mayor cantidad de medios de información. Un mensaje clave está formado por no más de dos o tres ideas generales alrededor de un hecho novedoso y de interés colectivo. Está articulado con lenguaje sencillo y emotivamente puede transformar palabras en imágenes de sentido común. En la comunicación política el uso de esta herramienta es complejo y requiere de una sintaxis discursiva y emotiva. Al momento de preparar el discurso, el político y su equipo de asesores deben imaginar cómo quieren que los medios “titulen” el hecho noticioso y tener cuidado de impedir las dobles interpretaciones de los mensajes.

agenda electoral

La comunicación política en los informes de Gobierno

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Imagen 1 Fuente: Palabras destacadas con base en el discurso de Felipe Calderón (http://www.presidencia.gob.mx/2011/09/el-presidente-calderondurante-el-mensaje-con-motivo-del-quinto-informe-de-gobierno/) y el programa http://www.wordle.net/create

Con base en lo anterior, subrayo que todos los periódicos destacaron los mensajes de seguridad y atención a las víctimas de la violencia. Asimismo, Reforma, El Universal y El Sol de México recuperaron la “propuesta” de la creación de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, y los dos últimos jerarquizaron el

Imagen 2 Fuente: Palabras destacadas con base en el discurso de Enrique Peña (http://www.gem.gob.mx/medios/w2comp.asp?Folio_=20440) y el programa http://www.wordle.net/create

atractiva, tanto para el periodista como para el televidente, el radioescucha, el lector de un periódico o de los contenidos de un portal de internet”, es decir que el objetivo de su discurso presidencial fue subrayar que en los últimos 365 días de su administración, el tema de la estrategia de seguridad será su prioridad y el contenido comunicativo central.

Los políticos tienen como objetivo gestar una reputación política que les permita mantener hegemonía en el poder; sin embargo, para lograr ésta y otras metas, no sólo es necesario comunicar un “Estado eficaz”, a través de “cosas buenas”, con fondo de música de mariachi y pinceladas de marimba.

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mensaje como la noticia más importante de la primera plana. El mensaje de que el combate al crimen organizado se dará hasta el último día del sexenio ocupó las ocho columnas de Milenio Diario. A su vez, La Crónica de Hoy, tituló en sus ocho columnas: “Haremos ajustes, pero sin ceder la plaza: FCH”. La Jornada, por su parte, además de tratar de generar polémica con su fotografía principal, hizo la siguiente mención en primera plana: “Mis logros, opacados por la abrumadora preocupación sobre inseguridad: Calderón”. Después de leer las interpretaciones de estos periódicos, más allá del parafraseo del discurso presidencial, lo único claro es que el tema de seguridad jerarquizó esa serie de “mensajes clave bien estructurados, que difundieron las ideas de forma clara, concisa y

Peña Nieto, “Estado eficaz” El 5 de septiembre el Teatro Morelos, en Toluca, Estado de México, fue el escenario donde la frase “Estado eficaz” desplazó a la palabra “compromiso” como el mensaje principal de uno de los suspirantes a la Presidencia de la República. En el mismo discurso, Peña Nieto aseguró que "la mejor oferta política no es la que condena el pasado, sino la que ve hacia adelante y nos confronta a enfrentar (sic) los problemas, mantiene lo que funciona y cambia lo que hay que mejorar". En otras palabras, el gobernador dirigía no un mensaje a sus gobernados hasta ese momento, sino a varios funcionarios panistas y a la militancia priista. De las 4,977 palabras emitidas en este acto, Peña Nieto repitió en numerosas ocasiones los vocablos: México,

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mexiquenses, gobierno y desarrollo (véase Imagen 2). Algunos de los titulares de primeras planas que destacaron su mensaje fueron los siguientes: (Véase imagen 3): 1. Es necesario recuperar a México, dice Peña Nieto, (El Universal). 2. Peña Nieto: hay que rescatar el país como un lugar seguro, (La Jornada). 3. El país requiere un nuevo rumbo: Enrique Peña Nieto, (El Financiero). 4. “México ya tiene proyecto”: responde Peña, (Milenio Diario). 5. Peña Nieto llama a renovar la esperanza, (Excélsior). 6. Vive Edomex drama y júbilo, (Reforma). 7. Peña Nieto baja homicidios 50% y deuda 25%, (La Razón). 8. A México le hace falta un Estado eficaz: EPN, (La Crónica de Hoy). 9. Vencer el miedo es el reto: Peña Nieto, (El Sol de México). 10. Vencer el miedo, (La Prensa). La mayoría de estos encabezados, más allá de ser una comunicación institucional respecto a un informe de labores, contiene una connotación electoral. Tal vez algunos analistas consideren —como yo— que los medios son empresas que se rigen por intereses. Sin embargo, no es el objetivo de esta opinión corroborar o refutar esa idea, sino más bien observar cómo la comunicación del ex gobernador Peña Nieto tiene como objetivo dirigirse a los electores


Ebrard, “cosas buenas” Marcelo Ebrard, a diferencia de los dos gobernantes anteriores, rindió su Quinto Informe ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 20 de septiembre, y al día siguiente en el Auditorio Nacional en la capital del país. Ante la ALDF, Ebrard habló durante 32 minutos y trató de explicar porqué en la “Ciudad… las cosas buenas pasan”. Durante su discurso, de 3,442 palabras, las más mencionadas fueron:

Imagen 4 Fuente: Palabras destacadas con base en el discurso de Marcelo Ebrard en la ALDF (http:// www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=21601) y el programa http://www.wordle.net/create

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Ciudad, México y mil; esta última para referirse al número de inversiones, turistas, obras, servicios, etcétera como por ejemplo (Véase Imagen 4): 1. “Y por primera vez se cuenta con 24 mil millones de pesos de inversión privada complementaria al esfuerzo fiscal por cambiar la movilidad de la ciudad”.

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del país. Frases como “recuperar México”, “rescatar el país”, “México ya tiene proyecto”, “renovar la esperanza”, “A México le hace falta un Estado eficaz”, y “vencer el miedo”, remiten a un aspirante a la Presidencia de la República. Reforma fue el periódico que más criticó la realidad mexiquense, ya que hizo una comparación gráfica de los daños causados por las inundaciones en esa entidad con el atuendo de los asistentes al Teatro Morelos.

agenda electoral

Imagen 3 Fuente: Primeras planas de periódicos del 6 de setiembre.

2. “El Distrito Federal participa con el 13 por ciento del total de los turistas hospedados en hoteles en México, con una derrama económica superior a 50 mil millones de pesos, lo que permite emplear a más de 890 mil personas de forma directa e indirecta”. El miércoles 21 de septiembre, desafortunadamente para Marcelo Ebrard la noticia de los 35 cuerpos encontrados en el estado de Veracruz, acaparó más interés que su informe de labores, ya que únicamente El Sol de México cabeceó en sus ocho columnas la información: “Vamos en la dirección correcta: Ebrard”. Asimismo, las menciones en primera plana de El Universal, Excélsior y Milenio Diario destacaron: “No hay regreso en DF; seguirá la izquierda”, “Todos por el DF” y “El PRI no regresa al DF, reta Ebrard durante su informe a la Asamblea”, respectivamente. En otras palabras el mensaje más mencionado fue que el PRI no gobernará la capital del país. Otras menciones en primera plana fueron: “La izquierda es un camino al futuro”, en La Razón, con fotografía de Rosalinda Bueso, pareja del mandatario en primer plano; “Ebrard: peligran servicios públicos por boquete al gasto del DF”, en La Crónica de Hoy; “Ebrard apremia a revertir el injusto

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Sin embargo, algunos otros medios sí dieron una interpretación electoral al discurso. Por ejemplo, en radio, Enfoque y Panorama Informativo, titularon “Marcelo Ebrard confirmó que buscará la candidatura presidencial de las izquierdas”. trato fiscal al DF”, en La Jornada; y “Ebrard pide más dinero para la capital del país”, en La Prensa. Destaca que Reforma, El Economista y El Financiero no registraron información al respecto (Imágenes 5 y 6). Por último, durante el evento en el Auditorio Nacional, las 3, 385 palabras de Marcelo Ebrard concordaron en su jerarquía con las del día anterior, ya que los vocablos que nuevamente se repitieron en más ocasiones fueron: Ciudad, México y mil (Imagen 6). Sin embargo, y por cuestiones de tiempo, no podré analizar la información de las primeras planas del miércoles 21 de septiembre; pero sí algunos titulares de radio y televisión. En el programa De Una a Tres, con Jacobo Zabludowsky, las notas tuvieron una connotación de trabajo administrativo: “Ebrard destaca que el GDF ha mantenido la política de bienestar social más vasta de toda AL” y “Ebrard

señala que los índices de violencia que hay a nivel nacional ya deben ser tratados de otra manera”. Sin embargo, algunos otros medios sí dieron una interpretación electoral al discurso. Por ejemplo, en radio, Enfoque y Panorama Informativo, titularon “Marcelo Ebrard confirmó que buscará la candidatura presidencial de las izquierdas”. En televisión no ocurrió lo contrario, ya que Informativo 40, mencionó: “Ebrard se apunta a la candidatura del PRD rumbo a la Presidencia” y “Ebrard se declara listo para buscar la candidatura del PRD rumbo al 2012”. En Milenio Noticias: “Marcelo Ebrard reitera sus aspiraciones presidenciales”, y en las Noticias por Adela en Televisa, “Marcelo Ebrard: "No me separaré de mi cargo antes de enero". Los políticos tienen como objetivo gestar una reputación política que les permita mantener hegemonía en el poder; sin embargo, para lograr ésta y

otras metas, no sólo es necesario comunicar un “Estado eficaz”, a través de “cosas buenas”, con fondo de música de mariachi y pinceladas de marimba. No se puede tratar de crear percepciones si no hay buenas noticias de fondo. Más allá de ser optimistas, colaboremos como activistas de la comunicación y esperemos que los estrategas hagan lo propio con más racionalidad y menos emotividad. gmecalco@gmail.com @gersonmecalco gmecalco@mail.politicas.unam.mx http://robinsonespoliticaycomunicacion.blogspot.com * Académico de la FCPyS-UNAM y el Colegio de Consultores en Imagen Pública Fernando Martínez Elorriaga, “La toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa. Ritual Sin Eficacia Social”, 2011. En Fotocopias. Octavio Rojas, “Mensajes Clave y Preguntas y Respuestas Cómo Nunca Olvidar lo más Importante al Comunicar”, [en línea], número 34, agosto – septiembre 2003, Dirección URL: http:// www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/orojas. html#or [consulta: septiembre de 2011]. Discurso de Martin Luther King durante la Marcha a Washington por Trabajo y Libertad. PBS. EE.UU. 1963 <http://www.pbs.org/greatspeeches/ timeline/m_king_s1.html> (Traducción de extracto por Octavio Rojas).

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Imagen 5 Fuente: Primeras planas de periódicos del 21 de setiembre.

Imagen 6 Fuente: Palabras destacadas con base en el discurso de Marcelo Ebrard en el Auditorio Nacional (http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=21708) y el programa http://www.wordle.net/create

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Saúl López / Cuartoscuro

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l actual proceso electoral de Michoacán será el último referente de este tipo antes de los comicios federales de 2012, los más importantes en la vida política del país, ya que uno de los cargos a definirse será el de Presidente de la República. Así pues, Michoacán será el escenario previo que los actores políticos y sociales tendrán para medir fuerzas. El partido triunfante podrá apuntalar su discurso, ya sea para mantenerse, regresar o llegar a Los Pinos. Estas elecciones les permitirán poner a prueba sus estrategias discursivas frente al electorado. En la elección de Gobernador en 2007 los porcentajes quedaron como sigue: la

Genovevo Figueroa Zamudio, de 1989 a 1992, años en que el gobierno persiguió a los militantes del entonces neonato PRD. A diferencia de las últimas tres elecciones, disputadas entre dos partidos, con diferencia entre el segundo y el tercer lugar de hasta 20 puntos porcentuales, el reto de los tres candidatos será diversificar su votación, ya que no les bastará con las clientelas que hasta el momento integran su voto duro, sino deberán convencer a un mayor número de electores.

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• Sigfrido Macías Alemán

candidatura común PRD-PT-Convergencia-PSD obtuvo 37.7 por ciento de los sufragios, PAN-Panal 32.9, PRI 24.9 y PVEM 1.7. En las elecciones federales para Diputados, en 2009, el PRD obtuvo el 27.7, mientras el PAN bajó a 24.4 y el PRI se quedó con el 24. En éstas no hubo alianza. Todos los partidos compitieron por separado. Con tales antecedentes se espera una contienda muy competida, con un arranque parejo en términos de votación, dividida casi en partes iguales. Por el Solio de Ocampo (como se llama entre los michoacanos a la silla gubernamental) compite Silvano Aureoles Conejo, quien encabeza la candidatura por el PRD, el PT y Convergencia, la cual mediáticamente se ha manejado como coalición “Michoacán nos une”. Ha sido presidente municipal de Zitácuaro, secretario de Desarrollo Rural durante el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel y actualmente es senador con licencia. Luisa María Calderón Hinojosa, también conocida como Cocoa, es aspirante por el PAN y el Panal. Su experiencia política es de diputada local, federal y senadora de la República, cargos que ha obtenido por la vía de representación proporcional, es decir, sin haberse sometido directamente al escrutinio popular. Por el PRI-PVEM el abanderado es Fausto Vallejo Figueroa, político local que ha ocupado la presidencia municipal de Morelia en tres ocasiones, una de ellas como interino. Además tuvo otros cargos en la administración pública estatal, entre los cuales se encuentra el de secretario particular del gobernador

agenda electoral

Michoacán, los medios toman partido

Medios y candidatos En la decisión de los electores influirán factores como identidad e ideología partidista, en los cuales tienen peso los realineamientos político-electorales en la región. También tienen importancia elementos como las condiciones económicas, el desempeño gubernamental, la imagen de los candidatos y el ambiente informativo de las campañas, que son más “volátiles”, y pueden modificar la intención de voto de un ciudadano en una coyuntura específica, según perciba la condición pecuniaria familiar o personal, o cómo evalúe el desempeño de los gobernantes. Los medios de comunicación masiva pueden influir sobre la percepción que se tenga de estos factores, ya que en buena medida las imágenes, videos y opiniones, pueden respaldar o crear subjetividades colectivas sobre cierto tema, suceso o personaje. En los medios no serán los tiempos oficiales, que por ley deben asignarse a los partidos, los únicos que afecten en la opinión del electorado, también

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En los medios no serán los tiempos oficiales, que por ley deben asignarse a los partidos, los únicos que afecten en la opinión del electorado, también influirá el enfoque que los medios de comunicación hagan de los actos proselitistas de los candidatos, sus dichos, sus propuestas y cualquier información que éstos difundan, como por ejemplo los resultados de encuestas electorales.

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influirá el enfoque que los medios de comunicación hagan de los actos proselitistas de los candidatos, sus dichos, sus propuestas y cualquier información que éstos difundan, como por ejemplo los resultados de encuestas electorales. La forma como se aborden estos asuntos y el manejo que se haga de los mismos, dependerá de cada medio y empresa dedicada a ello. Así pues, las empresas dedicadas a la comunicación jugarán un papel fundamental en el proceso electoral, desde el inicio de las precampañas hasta el día de la jornada electoral. Los partidos de oposición han acusado al gobierno perredista de hacer uso parcial de los contenidos que se transmiten a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), en el canal de televisión y su estación de radio con coberturas estatales, los cuales son administrados por el gobierno de Michoacán. Los aspirantes de oposición y sus partidos han amagado con no participar en los programas realizados por el SMRTV hasta que no se modifiquen los contenidos editoriales y se deje de dar mayor espacio al candidato del Sol Azteca. Luisa María Calderón, candidata del PAN, escribe una columna en La Voz de Michoacan uno de los diarios de mayor tradición y circulación estatal, la cual lleva por nombre “tres puntos… y seguido”, y aún en medio de la campaña electoral se continúa publicando. Otros tabloides y medios electrónicos han publicado reportajes donde intentan mostrar el lado humano y maternal de Cocoa, “como le gusta que la llamen”, dedicando suplementos completos a este fin. En el mismo tenor, halla aparecido

en programas televisivos transmitidos a nivel nacional, específicamente en la barra de entretenimiento de Televisa, empresa que se encarga del posicionamiento de su imagen como candidata.1

intervenciones a exaltar las virtudes que Fausto Vallejo ha tenido como gobernante. Cabe recordar que, cuando fue presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo, intervino para que vetaran a más de un periodista de sus respectivos diarios, amenazando con retirarle la publicidad contratada al medio. Estos son sólo algunos ejemplos, recurrentes, de cómo ciertos medios de comunicación estatales, y nacionales, ya han tomado partido por algún

Resultados de encuestas electorales en Michoacán GEA-ISA** Reforma*** INDES**** MEBA**** Silvano Aureoles (PRD-PT-Convergencia)

23%

34%

25%

34%

Luisa María Calderón (PAN-Panal)

40%

29%

39%

33%

Fausto Vallejo (PRI-PVEM)

37%

37%

36%

33%

** Grupo de Economistas y Asociados - Investigaciones Sociales Aplicadas.Publicadael1deseptiembre.Sinnotametodológica.Fuente: La Voz de Michoacán **GrupoReforma(PeriódicoMural).Publicadael19deseptiembre.El 84% de los cuestionarios se aplicó en vivienda y 17% vía telefónica, con un margen de error para este reactivo de ±3.7%, según nota metodológica. Fuente: Reforma ***Investigación para Decisiones Estratégicas. Publicada el 21 de septiembre.Sinnotametodológica.Fuente:http://www.quadratin.com. mx/Noticias/Luisa-Maria-39-Fausto-36-y-Silvano-25-segun-Indes **** Mendoza Blanco y Asociados. Publicada el 21 de septiembre. La notametodológicanoespecificasiesenviviendaotelefónica,margen de error ±2.3%. Fuente: La Voz de Michoacán Los candidatos y la aspirante a la gubernatura iniciaron parejos. Los resultados de las encuestas recientes lo corroboran.

Sucede algo similar en El Sol de Morelia, pero en este caso se trata del candidato del PRI. Dicho diario ha publicado entrevistas que tratan de mostrar sensible al candidato priista, respecto a los problemas de la ciudadanía. En ese mismo periódico hay más de dos columnistas que dedican sus

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candidato o candidata. Su posición en la contienda electoral será estratégica, ya que podrá influir en la opinión que los electores tengan sobre determinado partido o candidato. El candidato a la presidencia municipal de Morelia por el PAN participó como “comentarista” en el canal local


mismo canal acogió como editorialista durante siete meses a Felipe Calderón, después de que había salido de la Secretaría de Energía, en 2005, y poco antes de las elecciones de 2006. El gobierno estatal, como muchos otros, interviene de una u otra forma en los contenidos que se publican en algunos medios en Michoacán. Negociar la publicidad que la administración pública estatal contrata con los medios locales ha sido la mejor estrategia, recortándola a aquellos que no eran afines y contratando más a aquellos que son más suaves con sus críticas. Han sido pocos los que han logrado librarse de esta situación maniquea, gracias a sus altos niveles de audiencia o de ventas. Las elecciones pueden

Un asunto importante sería conocer qué medio apoya a cuál candidato, pero esto no es de manejo público. Cómo es la cobertura que dan los medios a las campañas de cada uno de ellos, implica un trabajo arduo y cuantioso. Sin embargo, se pueden relatar algunos hechos que dan luces sobre el posicionamiento que algunos medios ya han tomado por cierto candidato o candidata.

El uso de las encuestas Unas elecciones competitivas llevan a que se eche mano de cualquier artilugio para poder ganar el mayor número de sufragios ciudadanos. Un recurso utilizado en las últimas elecciones subnacionales ha sido la encuesta, y Michoacán no es la excepción. Se ha

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sigfridom@gmail.com http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Buciocoordinador-de-Luisa-Maria-Televisa-manejaraimagen, consultado el 21 de septiembre de 2011. 1

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Unas elecciones competitivas llevan a que se eche mano de cualquier artilugio para poder ganar el mayor número de sufragios ciudadanos. Un recurso utilizado en las últimas elecciones subnacionales ha sido la encuesta, y Michoacán no es la excepción.

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cambiar la correlación de fuerzas, lo cual será una oportunidad para que los medios de comunicación michoacanos elijan a su candidato favorito y si éste gana, queden aventajados para renegociar su posición.

agenda electoral

CB Televisión, ya iniciado el proceso electoral, lo que le valió una sanción del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el cual lo instruyó para que retirara sus participaciones, ya que contravenía los tiempos de campaña. Ese

vuelto recurrente ver como la nota del día en medios impresos, digitales, televisivos y radiofónicos, es resultado de encuestas electorales. En algunos medios impresos se han presentado como “inserciones pagadas”, la mayoría en primera plana. Una constante en esta “guerra” de encuestas es que los resultados de éstas difieren entre sí, no sólo con los porcentajes que presentan, sino en el orden de las posiciones de los candidatos. Gabinete de Comunicación Estratégica, indica posiciones, pero no porcentajes, por ejemplo. Según sea la empresa encuestadora, el resultado que se informa será distinto, y la posición en la que aparezca el candidato o candidata, determinará la difusión que hagan los medios, por ejemplo, poniendo los resultados del sondeo en la portada o relegándolos a interiores, en el caso de los periódicos. Un asunto que cabe recordar es que son muy pocas las veces en las que se ha presentado la metodología con la que se obtuvieron los resultados del sondeo, aún cuando la ley así lo exige. Se han olvidado que la encuesta es una técnica estadística, utilizada para recolectar información y hacer inferencias sobre una población específica, en este caso, información sobre la opinión de los ciudadanos en un momento determinado, misma que puede cambiar conforme transcurran las campañas electorales. La encuesta no predice quién será el ganador de la contienda electoral, por el contrario sólo muestra quién es el más aventajado al momento de su aplicación. Las encuestas se han convertido pues, en instrumentos para atacar al adversario, tratando de crear en la subjetividad colectiva la imagen del virtual ganador, como si éstas fueran un oráculo o una bola de cristal.

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• Agustín Ramírez Ramírez

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"La mejora regulatoria asegura que se responda al interés público, en términos de promover el buen funcionamiento de los mercados, incremente la competitividad de la economía, genere empleos, optimice la distribución del ingreso y, en general, eleve el nivel de bienestar de la población”. En ese sentido habrá que estar atentos para que la propuesta de la Cofetel cubra los extremos de la mejora regulatoria y no sea una medida más para consultar sin escuchar. Habrá que tomar en serio la convocatoria y promover, entre los particulares interesados, un riguroso análisis del texto que proponga la Cofetel, a fin de expresar una opinión debidamente sustentada y exigir un análisis riguroso, objetivo, serio y profundo de nuestras opiniones. No hacerlo sería caer en la complacencia de la voluntad gubernamental y pecar de omisión ante el embate de los concesionarios que, como demuestra la realidad, rigen su proceder por las ganancias y poder que genera la explotación del espectro radioeléctrico; un bien del dominio de la Nación, del cual se asumen propietarios.

Superar mediocridad A decir del documento emitido por la

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la mediocridad de contenidos que en este momento ofrece la televisión abierta. Parte, además, de una premisa que me parece equivocada. El hecho de que con su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) se inicie, como ahí se menciona, “el proceso de mejora regulatoria” no significa eliminar los riesgos de ilegalidad que supone la existencia previa de dos textos normativos: el Acuerdo Secretarial de 2004 y el decreto presidencial de septiembre del año pasado, sobre el cual pesa una suspensión por parte de la SCJN. En el caso del primero, sus disposiciones obligan a la Cofetel a llevar a cabo ciertas tareas (no cumplidas hasta este momento), mientras que en el segundo, por el contrario, las acciones que habrían de emprender las autoridades ahí señaladas se encuentran detenidas por disposición de nuestro máximo tribunal. Como señala el documento, la publicación de la propuesta en la Cofemer permitirá que los particulares podamos opinar sobre los términos en que la Cofetel pretende impulsar la transición digital, sin embargo, tal supuesto no asegura su incorporación en la política regulatoria que llegue a determinar la autoridad. La mejora regulatoria es, según la propia Cofemer, “la política pública que tiene como objetivo garantizar que la regulación genere mayores beneficios que costos y el máximo provecho para la sociedad."

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ice el dicho que la tercera es la vencida, y así parece entenderlo la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pues con la publicación del documento denominado “Acciones complementarias para una exitosa transición a la televisión digital terrestre en nuestro país” (ACCIONES COMPLEMENTARIAS), fechado el 12 de septiembre pasado. El gobierno federal intenta, por tercera ocasión, avanzar en el llamado “apagón analógico”, bajo el argumento de que las acciones que emprende el órgano regulador se sustentan, tanto en las atribuciones que la ley le otorga en materia de telecomunicaciones, como en lo dispuesto por el Acuerdo Secretarial que en la materia suscribió, en 2004, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes Pedro Cerisola. Atiende, por otra parte, el exhorto que en su Quinto Informe de Gobierno lanzó el presidente de la República al Congreso de la Unión, al órgano regulador y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para resolver “en definitiva” el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Es un buen intento. Sin embargo, el documento se queda corto en aspectos sustantivos relacionados con el apagón analógico, particularmente en los medios para asegurar que el dividendo digital tendrá un uso que, en el marco del interés público, mejore la distribución del espectro y supere

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Apagón analógico, la última oportunidad

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La mejora regulatoria asegura que se responda al interés público, en términos de promover el buen funcionamiento de los mercados, incremente la competitividad de la economía, genere empleos, optimice la distribución del ingreso y, en general, eleve el nivel de bienestar de la población”.

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cual en el apartado respectivo, la Cofetel deberá presentar una respuesta seria para lograr estos objetivos de la transición digital. En cuanto a los beneficios a la industria tampoco hay sorpresas, pues se repite lo que desde hace años se ha anunciado, aunque resulta necesario estar atentos a los términos en que se regulará el “desarrollo de servicios de telecomunicaciones que sean compatibles con los servicios de radiodifusión,

Internet

Cofetel, la propuesta establecerá los “beneficios que es posible lograr con la transición y las acciones complementarias que el proceso requiere” en tanto, se enlistan los “beneficios” de la transición: a) eficiencia en el uso del espectro; b) ventajas al consumidor y c) beneficios a la industria. En ese sentido, se espera que la propuesta que la Cofetel envíe a la Cofemer para satisfacer el primer punto, contenga el detalle de cómo lograr que ante la posibilidad tecnológica de compactación del espectro, el dividendo digital permita ampliar la oferta televisiva y destinar parte del espectro liberado a la prestación de otros servicios, en un marco de libre competencia que evite la concentración del bien sujeto a explotación. En principio, el documento es omiso en la intervención que debe tener en este proceso la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), por lo cual resulta necesaria la intervención del órgano antimonopolios, para que en conjunto con la Cofetel, aseguren que no habrá concentración de espectro por parte de los actuales operadores, y motive mejoras, no sólo en la calidad de las transmisiones, sino un avance sustancial de los contenidos. No podrá sostenerse la tesis de la eficiencia del espectro si no se satisfacen estas medidas. Lo anterior tiene relación con los beneficios al consumidor que ahí se enlistan. Se dice lo sabido: que “la compresión y el procesamiento digital” harán posibles, entre otros aspectos, la entrada “de nuevos competidores y servicios”, así como una “mayor oferta en programas de televisión y contenidos”. No hay novedad en el compromiso, pues sólo se enlista el “qué”, sin abundar en el “cómo”, por lo

que el público usuario de la televisión restringida pueda recibir los contenidos de la abierta, –sin que concesionarios de los servicios de telecomunicaciones deban cubrir un pago por la transmisión de estas señales– generaría un ahorro importante para el consumidor. Empero, no hay certeza de que en el Congreso de la Unión exista interés por este tema. En este momento la atención de las fracciones parlamentarias está centrada en otro escenario, el de la búsqueda de apoyos por parte de los concesionarios de la televisión abierta; el manejo televisivo del “muñeco mediático” a que se refiere el presidente del Partido de la Revolución Democrática, es una muestra de cómo se están moviendo esos intereses.

Subterfugios legales

como la televisión restringida, previo pago de contraprestación al Estado”. Lo hemos dicho en otras ocasiones, una política pública que promueva la satisfacción del interés general no debe centrarse en un fin estrictamente recaudatorio; es necesario poner atención en la calidad de los contenidos, más allá de las formas de autorización como servicios de radiodifusión o de telecomunicaciones. A ese respecto, hay que hacer notar que de poco sirve el llamado que hace la Cofetel para que el Congreso de la Unión regule el must carry/must offer, si los contenidos actuales de la televisión abierta no superan la asombrosa medio cridad que hoy los identifica, aunque ciertamente una regulación que permita

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Por ello es que el apartado de beneficios a la industria debe acompañarse de regulaciones muy claras que eviten prácticas abusivas como las que en su momento llevó a cabo Televisión Azteca, cuando lanzó al mercado su servicio denominado HiTV, al amparo de una serie de lagunas legales que la autoridad no pudo contener y que si bien motivaron un procedimiento de imposición de sanciones a la empresa por violar lo dispuesto en los artículos 11 y 31 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, no impidieron que continuara con la prestación de servicios de televisión restringida a través de los canales temporales 24 y 25, que le fueron autorizados para realizar la transmisión digital simultánea de sus canales analógicos 7 y 13. Televisión Azteca argumentó que de ninguna manera se violentaba la Ley, pues la programación adicional simultánea que se transmitía a través de HiTV constituía un servicio de radiodifusión y no de telecomunicaciones, como lo aseguraba la autoridad. Debo


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sólo 13.2% de los hogares del país cuenta con un televisor digital”. La respuesta a esta omisión, según las ACCIONES COMPLEMENTARIAS es “un programa de apoyo para la adquisición de decodificadores y antenas de bajo costo, que permitan al público recibir el servicio de la TDT mediante los televisores analógicos con que cuenta en su hogar”.

Uso electoral Un buen número de analistas han puesto la mirada en este hecho, pues llama la atención que sea en estos momentos, previos a la elección presidencial, que se promueva un subsidio público para satisfacer la penetración de la TDT “principalmente en aquellos segmentos de la población más necesitados”, además de señalar la posibilidad, a manera de ejemplo, según el texto, de “considerar un apoyo de $500 pesos para la adquisición de un decodificador y $250 para una antena”, de tal manera que “si el subsidio

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ramiarami@hotmail.com

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suspensión inmediata de las señales adicionales”, e imponerles una sanción cercana a los 4.5 millones de pesos para TV Azteca y una cifra similar para Televisora del Valle de México (Canal 40), sino porque el negocio no resultó viable. Esta situación es de la mayor relevancia en estos momentos, pues todo hace suponer que la autoridad determinó factible y legal la multiprogramación en el canal digital, por lo que se autoriza a los concesionarios transmitir contenidos distintos a los que la televisora tiene en el canal analógico, al considerar que su uso es congruente con lo previsto en el Acuerdo de 2004 para la transición digital, de lo cual resulta que no se requiere autorización adicional. Cuál fue entonces la ratio de las resoluciones que el 18 de febrero de 2010 suscribió el secretario de Comunicaciones y Transportes, que aquí he comentado, pues se sostiene, a lo largo de los razonamientos ahí expuestos, que

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Se enlistan los “beneficios” de la transición: a) eficiencia en el uso del espectro; b) beneficios al consumidor y c) beneficios a la industria.

se destinara a los 23.1 millones de tele hogares que no tienen televisor digital, ello implicaría un esfuerzo financiero de $17,325 millones de pesos, más costos de operación y campañas de comunicación social”. Resulta indispensable actuar con cautela y tacto político ante lo inminente de la elección presidencial; pocos creen en un interés legítimo de la autoridad para concluir el proceso de transición digital en el año 2016, apenas un año después de lo previsto en el decreto del presidente Calderón que se encuentra suspendido por la SCJN. A decir de algunos, la sospecha de un posible aprovechamiento de la política que se impulsa, en beneficio del partido en el gobierno, se fortalece al considerar que el Acuerdo Secretarial de 2004, que según el Presidente de la Cofetel sustenta las ACCIONES COMPLEMENTARIAS, señala como fecha de terminación del proceso el año 2021. Sería prudente, desde la perspectiva del suscrito, que el órgano regulador considerara aplazar un año más las acciones encaminadas a concluir el apagón analógico, de tal suerte que la fecha fatal se estableciera en 2017 y no en 2016, como se pretende, a efecto de que los subsidios para la adquisición de decodificadores y antenas se iniciara una vez calificada la elección presidencial. Se podrían anunciar, incluso, apoyos para la adquisición de televisores digitales, tal como se hizo en Argentina. A lo anterior debe agregarse la situación jurídica de la suspensión ordenada por la SCJN, respecto del decreto de septiembre de 2010, así como la posibilidad de que el Congreso, que promovió la controversia constitucional, denuncie la violación de la suspensión por parte de la Cofetel al llevar a cabo una serie de acciones que debieran estar en suspenso. La historia apenas se empieza a contar.

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mencionar que al argumento anterior contribuyó, en forma importante, a la deficiente definición que la Ley Federal en la materia atribuye a ambos servicios, al señalar que por servicio de radiodifusión, debe entenderse el servicio de telecomunicaciones definido por el artículo 2 de la Ley. Cabe preguntarse qué impedirá a los concesionarios de radiodifusión abierta repetir la historia, si el servicio de HiTV fue cancelado según Televisión Azteca, no porque estuvieran convencidos de que la autoridad tuvo la razón al ordenar el 18 de febrero de 2010 “la

HiTV constituía un servicio de telecomunicaciones distinto al de radiodifusión, y que por tanto se requería de autorización adicional. Hay, por otra parte, en la propuesta de la Cofetel, un reconocimiento preocupante. Señala el documento que “si bien la política de transición establecida en 2004 contemplaba la terminación de transmisiones analógicas (“apagón analógico”) una vez que se lograran altos niveles de penetración digital, era totalmente omisa en mecanismos para incentivar dicha penetración o metodologías claras para medirla, dando como resultado mediciones que no gozan de confiabilidad por parte de la industria pero que, al momento, reflejan que tan

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Moisés Pablo / Cuartoscuro

retórica de los números

• Ramiro Tovar Landa

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l V informe de gobierno no sólo reporta lo atribuible al ejercicio del Poder Ejecutivo durante el 2011, es un ejercicio que trata de hacer una apología del desempeño de la administración entre 2007 y el 2011, es decir los últimos 5 años. Es de esperarse el sentido del texto, puesto que el próximo será entregado cuando exista un Presidente Electo y dé inicio la entrega de la actual administración al equipo de transición del mandatario entrante. Como en toda apología, se insiste, un año después de las licitaciones 20 y 21, que por medio de éstas se han ofrecido frecuencias para la entrada de nuevos competidores, lo cual sencillamente no es real. El efecto que tuvieron fue la expansión de la capacidad espectral de algunos operado-res existentes en el mercado. Se califica la disminución en los pre-

cios en telefonía móvil, internet y televisión restringida satelital como resultado indubitable de las intervenciones regulatorias, cuando la estructura de mercado no se ha modificado sustancialmente y las disminuciones en las tarifas de interconexión no se han trasladado a las correspondientes al usuario final. La disminución ha sido producto de la dinámica de rivalidad entre los competidores existentes en telefonía móvil, la introducción de nuevos servicios. Respecto a las estrategias de empaquetamiento, el efecto de la entrada de un nuevo competidor en televisión satelital fue factor determinante para una escalada a la baja en los precios de tal segmento, pero se omite que en la televisión restringida por cable los precios se han incrementado, en términos reales, por lo menos en 16 por ciento. Lo innegable es que el abatimiento de precios hubiera sido mayor, de haberse

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permitido la convergencia de servicios en todas las redes que operan en el país, si se hubieran otorgado durante los primeros años de la administración. Es de llamar la atención que el Ejecutivo califica como desafortunado que haya controversias constitucionales, pero omite señalar las causas que las justifican, debido a los desaciertos en el diseño ad-hoc, que propuso para acelerar la transición digital, sin respeto a los mecanismos e instituciones independientes que se deben poner en marcha para llevarla a cabo. Se señala que la presente administración se encuentra a favor de la apertura a la inversión, la reducción de privilegios, el rechazo a las formas de protección de industrias determinadas y a la intervención del Estado en la economía. No obstante, sus acciones de política son otras en el sector de telecomunicaciones: i) se obstruye la reforma a


Francisco Santos / Cuartoscuro

En lo referente a cifras, sólo se confirma lo distante del discurso respecto a los hechos: el Ejecutivo reporta que en 2010 se realizó una inversión del sector privado por 71,453 mdp, y la acumulada entre 2007 y 2010 de 184,600 mdp. Sin embargo, es de dudarse que la cifra para 2010 del sector privado sea el

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México, reprobado

monto invertido en formación bruta de capital fijo en el sector; tal cifra incluye por lo menos 9,109 mdp por concepto de pagos derivados de las licitaciones 20 y 21 y la correspondiente a la fibra obscura de la CFE. Por lo tanto la inversión del sector privado en 2010, sin considerar pagos derivados de licitaciones sería de 62,344 mdp. En el Programa Nacional de Infraestructura se proponía una inversión de recursos privados de 264 mil millones de pesos y se fijaban las siguientes metas: i) alcanzar una cobertura de 24 líneas fijas por cada 100 habitantes y de 78 líneas móviles por cada 100, ii) aumentar la cobertura de banda ancha a 22 usuarios por cada 100 habitantes y iii) aumentar el uso de internet a 70 millones de usuarios. Sin embargo, en el V Informe se reporta lo siguiente: i) la inversión privada acumulada es de 70 por ciento de la estimada a 2012, ii) la densidad de líneas fijas es de 17.7 por cada 100 habitantes, 6.3 líneas menos que las calculadas a 2012 y sin posibilidad de lograrlo en el resto de la administración; en cambio se ha superado la meta en densidad móvil, al reportar 81.3 líneas por cada 100, 3.3 líneas más que las consideradas al finalizar 2012, y a pesar de ello los reguladores hostigan continuamente a los

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la apertura completa del sector a la inversión extranjera, sólo por el prejuicio existente contra cualquier disposición referente a reciprocidad; ii) se beneficia a operadores determinados por medio de regulaciones que les ayudan en términos de interconexión y transporte tráfico interurbano con un efecto positivo directo y veraz en sus resultados financieros y no necesariamente a sus usuarios; iii) se favorece a un determinado gremio de redes de cable al tener la exclusividad en la oferta local de servicios de convergencia o triple play, y al mismo tiempo se condiciona su concurrencia a este mercado a cambio de ceder sus derechos sobre sus redes al resto de los operadores, cual sistema de planificación central, lo que implica una intervención en la economía del mayor calibre posible al dictar quiénes, cuándo y cómo deben de ofrecer sus servicios en el mercado.

principales operadores en este sector; iii) de acuerdo con el Global Competitiveness Report 2011-2012 (GCR), México ocupa el lugar 79 en porcentaje de usuarios de internet, con 31 por ciento de la población, es decir 34.8 millones, la mitad de la meta fijada para 2012; y iv) según el GCR, el país está en el lugar 52 en cantidad de subscriptores de banda ancha, con 10 por cada 100 habitantes, menos de la mitad del objetivo fijado en el Programa de Infraestructura. Como se ha demostrado, la evaluación de cumplimiento del Programa Nacional de Infraestructura en telecomunicaciones es reprobatoria respecto a sus metas. Las cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones confirman que la visión del informe no corresponde a la situación relativa de México en el contexto mundial. En su índice de Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, México descendió del lugar 74 que ocupó en el 2008, al 75, superado por Uruguay (54), Chile (55), Argentina (56), Brasil (64) y Costa Rica (70); en el contexto de las Américas ocupa el lugar 12. En los subíndices de acceso que se refieren a la penetración de telecomunicaciones y tecnologías de la información, México descendió de la posición 78 en 2008 a la 81 en 2010 y en el subíndice referente a la Intensidad de Uso de Te-

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México ocupa el lugar 79 en porcentaje de usuarios de internet, con 31 por ciento de la población, es decir 34.8 millones, la mitad de la meta fijada para 2012

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lecomunicaciones y Tecnologías de Información, vuelve a caer de la posición 68 a la 69. El diagnóstico es opuesto al panorama descrito en el V Informe de Gobierno. Respecto a la entrada de nuevos operadores, se informa que “durante el primer semestre de 2011, se autorizaron cinco concesiones para operar los servicios de voz, datos y video (triple play), con lo cual se tiene un total de 65 redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio de triple play en la presente administración”. Tal afirmación significa que en la presente administración se han otorgado 65 concesiones para monopolios locales en la oferta de triple play, por lo cual esta misma administración ha impedido la competencia entre redes.

Retórica, no hechos

03 Marco Polo Guzmán / Cuartoscuro

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La propia administración se contradice en forma evidente cuando establece que la CFE está participando desde 2007 en el mercado de enlaces dedicados y de acceso a internet, en transporte interurbano por medio de Hoteles Telecom y por otro lado los reguladores actúan en concierto conforme a su juicio de dominancia omnipresente

Evento tras evento, toda referencia a la brecha digital, de penetración en banda ancha y telefonía entre áreas urbanas y no urbanas ha destacado por su absoluta ausencia en los mensajes del titular del Ejecutivo Federal. en tales mercados y tratan de imponer regulaciones específicas a redes competidoras de la operación de CFE, además de varias otras redes como las resultantes de la licitación de fibra óptica en 2010. Asombra el manejo de cifras. Respecto a la cobertura de servicios de telecomunicaciones se establece que la densidad telefónica total al mes de junio de 2011 alcanzó 103 líneas por cada 100 habitantes, es decir se combina la densidad de telefonía básica de 17.7 por cada 100 y la de telefonía móvil de 81.3 por cada 100. De igual forma se dice que 47 por ciento de los hogares cuentan con teléfono; mientras en telefonía básica se incrementaron las líneas en sólo dos por ciento, en telefonía rural no se especifica el número de líneas instaladas en 2010. Se abunda, se mezclan, se destilan, se filtran, las cifras de cobertura, penetración y densidad de telefonía fija con base en datos agregados, pero no se distingue entre zonas urbanas y no urbanas, en donde la brecha en telefonía fija y banda ancha es abismal, tal como lo reporta el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en los resultados de su último censo de población y vivienda. Evento tras evento, toda referencia a la brecha digital, de penetración en banda ancha y telefonía entre áreas urbanas y no urbanas ha destacado por su absoluta ausencia en los mensajes del titular del Ejecutivo Federal. Respecto a un mayor entorno de competencia, se afirma que se han otorgado durante la presente administración 38

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concesiones para redes de telefonía básica y 65 para redes que ofrecen servicios de banda ancha (triple play), sin que se especifique cuántas de ellas corresponden a auténticos competidores entre sí o son monopolios locales; es decir si se trata de una concesión por localidad o si se han otorgado a más de una red, así como su distribución por tamaño de población, con el objeto de ver la dispersión geográfica de las concesiones otorgadas. Tal información se omite y es inevitable inferir que tales concesiones se concentran en áreas metropolitanas o urbanas, son monopolios locales y los concesionarios son filiales de los mismos agentes económicos que mantiene la exclusividad en servicios de triple play. El desempeño de lo que se denomina Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones es ridículamente minúsculo. En el documento se afirma que de enero de 2007 a junio de 2011 se han instalado 133,493 líneas, lo que representa el 0.7 por ciento del total de líneas de telefonía básica y además se comete la osadía de confundir cuando reporta en telefonía rural a los “habitantes beneficiados” por los programas de SCT, como una forma de multiplicar el efecto de mínimo desempeño de tales programas en el ámbito rural. Cabría preguntar ¿a cuántos usuarios por línea se consideró para calcular tal cifra de “beneficiados”? Es resumen, la retórica es dominante, los hechos verdaderos ausentes, el cumplimiento de metas de principio de sexenio decepcionante y los resultados netos negativos, respecto a la evolución del sector en el resto del mundo o cómo hubiera podido desarrollarse en el país, si realmente la actual administración le fuera fiel a la libertad económica que dice defender. rtovar5858@prodigy.net.mx


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l Estado de Veracruz se ha convertido en uno de los más mortíferos del país desde inicio de año”, señaló Reporteros sin Fronteras (RSF), en un comunicado del 27 de julio, un día después del asesinato de Yolanda de la Cruz, que trabajaba en el periódico Notiver, y con quien sumarían tres asesinatos de periodistas, incluyendo a Miguel Ángel López y Ulises López Solana. En aquel estado se registraban cuatro asesinatos de periodistas en sólo dos meses. A estos se suma la desaparición de otros dos comunicadores: Manuel Gabriel Fonseca Hernández, reportero del semanario El Mañanero, que se edita en el municipio de Acayucan, y fue desaparecido el 19 de septiembre de 2011, y Evaristo Ortega Zárate, del semanario Espacio, que circula en Colipa, Veracruz, desaparecido el 20 de abril de 2010. La situación no ha quedado en el asesinato de periodistas, un nuevo fenómeno se registra en el Estado desde hace dos meses: el autoexilio de por lo menos 16 comunicadores, hasta fines de septiembre de 2011. La mayoría de ellos cubrían las fuentes policiaca y política, y tomaron esta decisión de autoexiliarse después de haber sido amena-

este caso sin futuro, mientras existen tres asesinatos recientes de periodistas por resolver”, en un Estado que se ha convertido en el más peligroso de México para ejercer el periodismo. En este contexto de inseguridad para el periodismo, el caricaturista Rafael Pineda, conocido por sus cartones como Rapé, anunció el miércoles 21 de septiembre, en su cuenta de facebook que ante el clima de inseguridad que se vive en Veracruz y la intolerancia frente a la crítica periodística del gobernador priísta Javier Duarte, cambiaría de residencia, ya que en esa entidad se “carece de la seguridad y la libertad necesarias para poder ejercer mi labor como periodista caricaturista editorial que publica en @Milenio nacional, en la revista El Chamuco y en la revista Zócalo”.

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• Balbina Flores M.

zados, de que se intentó secuestrarlos o los hostigaron. A ello hay que agregar la polémica que desató el encarcelamiento, el 25 de agosto, de dos usuarios de las redes sociales: María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados de “terrorismo y sabotaje”, después de que difundieron información sobre un supuesto ataque armado a escuelas en Veracruz. Estos usuarios, tras 21 días de permanecer encarcelados en el penal de Pacho Viejo, y una serie de protestas por su encarcelamiento, fueron puestos en libertad el 22 de septiembre. Su liberación ocurrió al día siguiente de que el gobierno de Veracruz, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se desistió de la demanda y después de que fue modificado el Código Penal veracruzano, para modificar el delito de “terrorismo” y “sabotaje” por el de “perturbación del orden público”. La modificación al capítulo III, título XXII, así como el artículo 373 del Código Penal del Estado, establece: “A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida.” Reporteros sin Fronteras reprobó esta detención, a la cual calificó como excesiva, y señaló que “la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, perdió tiempo inútilmente con

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Veracruz, recuento de daños a la prensa

También Tamaulipas Todavía hay más, como la agresión por policías de la Agencia Veracruzana de Investigación a tres reporteros enviados a cubrir el encuentro de Procuradores en Boca del Río Veracruz, el 22 de septiembre de 2011, quienes acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) para cubrir la noticia relacionada con los 35 cuerpos localizados el 20 de septiembre. Iban a tomar fotografías y testimonios de familiares. Jorge Flores, de W Radio, Juan Carlos Alarcón, enviado de MVS Noticias y Arturo Moreno, de la agencia Notimex, fueron amenazados con armas largas, y obligados a borrar sus imágenes y audio. Los tres reporteros fueron retenidos durante 25 minutos en el Semefo. Se siguen sumando hechos, como las condiciones de temor cotidiano en

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que ejercen su trabajo los periodistas y la falta de medidas de protección para ellos en regiones como Veracruz, Coatzacoalcos y Acayucan, entre otros municipios. El gobierno se ha convertido en testigo silencioso del peligro en que se encuentra la libertad de expresión en este estado, sin que hasta el momento se haya pronunciado una sola vez por proteger el ejercicio periodístico. Es evidente que algo grave ocurre en Veracruz y el gobierno de Javier Duarte se empeña en ocultarlo. La ciudadanía está ansiosa por recibir información sobre lo que ocurre en su estado, pero no la tienen y por ello se mantienen al tanto a través de las redes sociales, medios escritos y portales web. Mientras el gobierno cuestiona: “los medios deberían preguntarse de dónde sacan su información”, sin ofrecer datos en forma oportuna. Es urgente que el gobierno se replantee su política de comunicación social

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y su relación con los medios, ante esta oleada de violencia que azota la región. Pero también es importante que avance en las investigaciones de los asesinatos y desapariciones de periodistas y establezca claramente cuál será su política de protección a periodistas y medios. De lo contrario estaría incumpliendo con sus mandatos de brindar seguridad a sus ciudadanos, garantizar el derecho de los veracruzanos a estar informados y proteger la libertad de expresión. Al cierre de esta colaboración, RSF manifestaba su horror por el asesinato de María Elizabeth Macías, jefa de redacción del diario Primera Hora, editado en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas quien fue decapitada y su cuerpo hallado el 24 de septiembre de 2011, junto con un mensaje en que se le acusaba de hacer uso de la redes sociales para informar sobre las acciones del narcotráfico en la zona. Ella fue la cuarta periodista ase-

sinada desde el inicio del año, tras los homicidios de Rocío González Trápaga, ex reportera de Televisa, y Ana María Marcela Yarce Viveros, fundadora y periodista de la revista semanal Contralínea, ocurridos el 31 de agosto pasado en el Distrito Federal, además de Yolanda Ordaz de la Cruz, columnista del diario regional Notiver, el 26 de julio de 2011 en el estado de Veracruz. Ante estos hechos, Reporteros sin Fronteras se pregunta: ¿qué quedará de la libertad de información mientras duren la barbarie y la impunidad? Esta fractura del país no se resolverá con las elecciones esperadas. La comunidad internacional debe pedir a las autoridades mexicanas que rindan cuentas del estado de la lucha contra la impunidad, señala en su comunicado del 26 de septiembre. floresbalbina@hotmail.com

Perturbación del orden público ¿otra vez disolución social? • Luis Ángel Hurtado Razo

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nte las protestas sociales y críticas en la esfera periodística nacional e internacional, así como en las redes sociales, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, consideró reformar el artículo 373 del Código Penal de Veracruz, para liberar a Gilberto Martínez Vera y a María de Jesús Bravo, quienes el pasado 25 de agosto fueron detenidos por difundir mensajes en la red social twitter, supuestos ataques del crimen organizado en centros escolares de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El 25 de agosto, el Procurador General de Justicia de Veracruz, Reynaldo

Escobar Pérez, aseguró ante los medios de comunicación haber detectado a los usuarios de twitter que propagaron la “versión falsa de hechos violentos” en el estado, por medio de la policía cibernética estatal, la que identificó 16 cuentas como posibles emisoras de los rumores. Horas después, la Procuraduría informó sobre la detención y traslado al penal de Pacho Viejo del profesor Gilberto Martínez Vera (@gilius_22) y la periodista y ex directora de Actividades Artísticas y Culturales de la Secretaría de Educación, María de Jesús Bravo Pagola (@ maruchibravo), sospechosos principales de la emisión de esos twitts.

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Ley Duarte, atras El 1 de septiembre, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte consideró que su imagen podría

pakal_@hotmail.com

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Con ese argumento jurídico como base, el 31 de agosto Beatriz Hernández Rivera,

resultar dañada tras el veredicto de 30 años de cárcel a Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo, por lo cual envió al congreso veracruzano la iniciativa de Ley que reformará el artículo 373 del Código Penal, modificación con la cual los implicados podrían alcanzar libertar bajo fianza, debido a que serían acusados de otro delito y el argumento jurídico sería obtenido por otro artículo y no el 311. Para el 14 de septiembre, el congreso veracruzano aprobó dicho cambio a la ley, que establece lo siguiente: “a quien por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataque con armas de fuego, de sustancias químicas biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud.” A consecuencia de ello, el pasado 19 de septiembre los twiteros fueron liberados. Según el experto en derecho constitucional, Miguel Carbonell, la táctica del gobernador Javier Duarte, de cambiar el código penal local para revertir la sentencia contra Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo, puede resultar contraproducente. Los twiteros, en un principio fueron acusados de “ciberterrorismo”, y después de la reforma al artículo 373 del Código Penal respondieron por “perturbación del orden público”, recordó el jurista. El problema es que el nuevo delito es parecido al de “disolución social”, que durante el sexenio del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz se utilizó para encarcelar estudiantes en los meses previos a la masacre del 2 de octubre de 1968. Por ese motivo Carbonell, como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), manifestó su interés por solicitar al organismo interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acción de inconstitucionalidad en contra de la legislación aludida.

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El Veredicto

juez tercera de la Primera Instancia de Xalapa Veracruz, declaró culpables a los aprehendidos y les dictó formal prisión, con condena de 30 años, acusados del delito de “ciberterrorismo”. Gerardo Buganza Salmerón, Secretario General de Gobierno, afirmó que esta medida no tenía como objetivo coartar la libertad de expresión. Durante el arresto y formal prisión de Martínez Vera y María de Jesús Bravo, miembros de redes sociales, periodistas nacionales y extranjeros, así como parte de la sociedad veracruzana, repudiaron la medida, porque la consideraron como un ataque a la libertad de expresión e intento de regulación del contenido de las redes sociale. Tabasco siguió los pasos de Veracruz. El 31 de agosto, el congreso tabasqueño decidió por unanimidad aprobar la modificación del artículo 312 bis del Código Penal del Estado y criminalizar a quien alarme y ocasione “con ello la movilización o presencia de servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o provoque caos o inseguridad social.” Las penas que se impondrán serán “prisión de seis meses a dos años y de cincuenta a trescientos días de multa”. La iniciativa de ley fue presentada por José Dolores Espinoza May, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y procuración de Justicia del congreso local.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Más tarde el gobernador Javier Duarte declaró que se acusaría de “terrorismo a los autores de tales rumores”. Posteriormente, el procurador Escobar Pérez proporcionó más detalles del procedimiento legal y las leyes que los detenidos habrían violentado. Se apoyó en el artículo 311 del Código Penal de la entidad, que alude a terrorismo. El ordenamiento dice lo siguiente: “A quien utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a ésta para que tome una determinación, se le impondrán de tres a 30 años de prisión, multa hasta de 750 días de salario y suspensión de derechos políticos hasta por cinco años. A quien, conociendo las actividades de un terrorista y su identidad, no lo haga saber a las autoridades se le impondrán de uno a nueve años de prisión y multa hasta de 150 días de salario”.

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Terrorismo y seguridad ciudadana • Israel Tonatiuh Lay Arellano

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n las últimas semanas surgió una discusión, a raíz de la detención de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez, quienes después de haber sido acusados de terrorismo por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y encarcelados en el penal de Pacho Viejo, en la ciudad de Jalapa, fueron liberados el 21 de septiembre pasado, tras desestimar los cargos en su contra. ¿Qué hicieron estos dos ciudadanos para ser acusados de algo tan grave? La respuesta es que twetearon rumores de un supuesto ataque de narcotraficantes a escuelas públicas, lo que causó el pánico entre los padres de familia que se apresuraron a sacar a sus hijos de los planteles educativos públicos y privados de la zona conurbada de Veracruz (Boca del Río, Alvarado, Medellín y la capital). Ante esa situación de alarma, que generó histeria y caos vial, la Procuraduría de Justicia de ese estado giró la orden de aprehensión, mientras que el mandatario local envió al Congreso del Estado una iniciativa para adicionar el Código Civil, tipificando la perturbación del orden público, con una condena a prisión de uno a cuatro años. El texto señala que esta sanción se aplicará a quien “por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público”. Esta iniciativa, se aprobó fast track, con 33 votos a favor y 14 en contra.

Condena unánime

Las protestas no se hicieron esperar y se acusó al Gobierno de Veracruz de atentar contra la libertad de expresión y la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Varios actores políticos de talla nacional aprovecharon el contexto para señalar, a través del twitter, su reprobación a tal medida; entre ellos, Enrique Peña Nieto y Emilio González Márquez. Finalmente los dos ciudadanos quedaron en libertad. Todo lleva al análisis de una situación compleja: ¿hasta dónde la libertad de expresión debe “auto contenerse” o “auto censurarse” para que prevalezca el orden público, y por ende la seguridad ciudadana? Y afirmamos que esta situación es compleja por los siguientes elementos: Primero. Es verdad que los mensajes enviados por Bravo y Martínez no son los primeros de este tipo (ni serán los últimos). En diversas ciudades el twitter ha servido para que unos usuarios “alerten” a otros acerca de los bloqueos

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en las calles por el crimen organizado, o peor aún cuando estas personas son testigos del enfrentamiento armado, ya sea entre bandas o de éstas contra las fuerzas gubernamentales. Segundo. De manera muy sencilla podemos señalar que el terrorismo consiste no tanto en el cumplimiento de amenazas sobre la vida o bienes inmuebles, sino en causar psicosis entre los ciudadanos, lo que afecta la libertad de expresión (temor a perder la vida por lo que uno pueda expresar), la libertad de tránsito (desconfianza a salir a determinados lugares), y la suspicacia hacia las instituciones, como en el caso de Veracruz, donde se dice que los padres sacaron a sus hijos de cerca de dos mil escuelas, tanto públicas como particulares (Diario Milenio On Line, 26 de agosto de 2011). Tercero. En efecto, los twits de Bravo y Martínez causaron el efecto que buscaría cualquier amenaza de tipo terrorista, lo cual fue el pretexto ideal para


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que unos acusaban a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz de violar la libertad de expresión, otros expresaban la responsabilidad del emisor de los mensajes hacia la tranquilidad social,

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que el gobierno estatal de Veracruz, argumentando la tranquilidad de sus ciudadanos, llevara a cabo dicha adición al Código Penal local. En el nombre de la libertad, la democracia y la seguridad, siempre un grupo poderoso reprime a otro más débil. Por otro lado, con la reforma se trataría de regular algo que es una realidad, no sólo en ese estado, sino en todo nuestro país, y es el rebase a las autoridades por parte de las acciones del crimen organizado en las calles. Cuarto. Si bien no se puede regular una herramienta de internet como lo es twitter, la reforma pretendía sancionar las acciones que se ejecutan a través de ese programa, aunque esto tampoco es una novedad. Recordemos que el país “más democrático” del mundo, Estados Unidos, creó una ley para castigar la filtración de información considerada de seguridad nacional, por el caso de WikiLeaks, ya que si bien tampoco se podía regular el medio (internet), sí las acciones a transmitirse a través de la red. Quinto. Esta situación no sólo puso de manifiesto el descontento de twitteros y otros ciudadanos, incluidas las figuras políticas ya mencionadas, en contra de la respuesta gubernamental, sino que también radicalizó a los propios twitteros entre los ofendidos y aquellos quienes no compartían la manifestación. En este sentido, mientras

tulo V del Código Penal del Estado de Veracruz para el delito de terrorismo, la nueva tipificación contempla de uno a cuatro años. Pero debe tomarse en cuenta que quizás esta reforma no se les hubiese podido aplicar por la cuestión de la no retroactividad de las leyes. Octavo. La desestimación del delito fue resultado más de una reacción política que de atención al clamor social, pues sólo después de que Enrique Peña Nieto, integrante del mismo partido político, y precandidato presidencial, opinó en contra de la medida, el gobernador Javier Duarte decidió emprender acciones para liberar a los acusados. Aunque ello no implica que la adición al Código Penal continúe vigente, pudiendo ser utilizada de manera discrecional; esto es, que el gobierno podrá

Las protestas no se hicieron esperar y se acusó al Gobierno de Veracruz de atentar contra la libertad de expresión y la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Varios actores políticos de talla nacional aprovecharon el contexto para señalar, a través del twitter, su reprobación a tal medida. y a la propia reflexión de todo aquello que se twittea o retwittea, lo que causó acusaciones del tipo “estás conmigo o en mi contra”. Sexto. Lo anterior cobra relevancia, ya que si bien este medio puede ser de gran utilidad para movimientos como los suscitados en el mundo árabe, España o Chile, en México se requiere un ajuste en la consciencia ciudadana de los twitteros y de la población en general, ya que la autocensura no es tal cuando se anteponen los derechos de los demás y la tranquilidad ciudadana en general, y no hay necesidad de sanción cuando la información emitida toma en cuenta esto. Séptimo. Si bien se argumentó que la adición benefició a los acusados, pues en lugar de la imposición de tres a treinta años de prisión, que marca el Capí-

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aplicar la sanción o desestimar el delito a voluntad, convirtiéndolo en un acto de terrorismo contra la libertad de expresión. Noveno. Lo cierto es que ante el escenario tan politizado en que vivimos continuamente en nuestro país, cualquier decisión u omisión por parte del gobierno tiende a ser magnificada, en lugar de utilizar mecanismos de debate y deliberación para llegar a acuerdos consensuados. Finalmente, las herramientas de internet deben utilizarse como medios extras de transmisión de información, y no como los únicos o verdaderos datos, de lo contrario estaremos pasando de la frase “si se ve en televisión es real” a “si es retwitteado varias veces es real”. tonatiuh_lay@yahoo.com.mx

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Isaac Esquivel / Cuartoscuro

Tenemos miedo, pero no vamos a parar

Imagen de la marcha del 11 de septiembre en el Distrito Federal por el asesinato de periodistas.

A la memoria de Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga

• Anayeli García

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omo pocos homicidios perpetrados contra periodistas, los asesinatos de Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga conmocionaron al gremio y al país. La violencia insólita que utilizaron contra ellas, tortura y saña, sólo podían emplearse en un ambiente de brutalidad desenfrenada como el que enfrenta este país en el actual sexenio. El gremio periodístico, organizaciones sindicales, defensores del derecho a la información y la libertad de expresión y ciudadanos quienes enfrentan el ambiente de violencia que hay en México, protestaron ante la emprendida contra la prensa, agudizada durante las dos administraciones panistas. Con el lema “El peor crimen es el silencio”, más de 500 manifestantes portaron mantas, carteles y pancartas, destacando las imágenes de Marcela Yarce y Rocío González asesinadas diez días

antes, Abundaron las expresiones de indignación ante la falta de garantías para el ejercicio periodístico y el nulo compromiso de las autoridades federales y estatales para poner en marcha un mecanismo de protección que la Secretaría de Gobernación anunció desde noviembre de 2010. Reporteros, fotógrafos y trabajadores de los medios de comunicación, se manifestaron, en señal de descontento y luto por las dos comunicadoras encontradas sin vida el 1 de septiembre en la capital del país. El contingente se reunió el 11 de septiembre en la Columna de la Independencia, con la consigna de justicia para ellas y todos los comunicadores asesinados durante los últimos once años, que según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son 80, ocho de los cuales han caído en lo que va de este año.

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El recorrido comenzó al mediodía, sobre Paseo de la Reforma y concluyó en la Secretaría de Gobernación (Segob), con reclamos a las autoridades, ante el aumento de las agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas. En su primera parada, los periodistas se apostaron frente a la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que tiene a su cargo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la libertad de epresión, creada 15 de febrero de 2006 para investigar tales ilícitos y, en su caso, perseguirlos y castigar a los perpetradores. La institución, acusaron los manifestantes, no ha dado resultados. Y es que semanas antes de que se encontraran los cadáveres de Yarce Viveros y González Trápaga, ocurrieron otros asesinatos, como el de Humberto Millán Salazar, director del diario digital A-Discusión y conductor


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Foto Zócalo

En la manifestación también se recordaron otros homicidios, como el de Miguel Ángel López Velasco, quien trabajaba en el mismo diario veracruzano que Ordaz de la Cruz. Información de las autoridades estatales señala que el periodista, mejor conocido como Milo Vela, fue ejecutado en su domicilio, en el puerto, además de su hijo, Misael López Solana –quien era fotógrafo de temas policiales– y su esposa, Agustina Solano. Ese clima de violencia alarman los relatores para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas, Catalina Botero y Frank La Rue, respectivamente, quienes al visitar México, en agosto del año pasado, advirtieron de su consternación por la falta de garantías para buscar, recibir y difundir información, ideas y opiniones en este país. Se informó que dos días antes, el 9 de septiembre, integrantes de las agrupaciones convocantes entregaron a la PGR, la Segob, la Procuraduría capitalina, el Gobierno del Distrito Federal y la Presidencia de la República, una

Paco Ignacio Taibo II, se manifestó.

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Crímenes en otras entidades

carta donde exigieron investigar a fondo y castigo a los responsables del feminicidio de Yarce Viveros y González Trápaga. Una vez que los manifestantes se concentraron en el exterior de la Segob, el primer orador fue Miguel Badillo, director de Contralínea, quien condenó la impunidad, censura, inseguridad y todos los atentados que agentes estatales y del crimen organizado cometen contra periodistas; asimismo protestó por la ola de sangre que recorre el país desde que el Partido Acción Nacional llegó al poder. De acuerdo con la fiscalía, de 2000 a 2010, 80 periodistas han sido asesinados y 13 más están desaparecidos, un fenómeno de violencia extrema que se ha agudizado en Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas, donde 11 periodistas fueron asesinados; mientras en Michoacán, Oaxaca y Sinaloa cayeron cuatro; en Veracruz nueve, y en Durango cinco. En su oportunidad Perla Gómez Gallardo, abogada y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, en un país donde se tiene una norma en materia de daño moral y delitos contra el honor se criminaliza la libertad de expresión. Consideró: “lo peor que le puede pasarle al periodismo es la impunidad”. Presente también el escritor Paco Ignacio Taibo II, se solidarizó con la causa de los comunicadores: “tenemos miedo sí, pero el miedo no nos va a parar”, idea que suscribieron los asistentes. A la concentración, se sumaron agrupaciones laborales, como el Sindicato de Telefonistas y el Mexicano de Electricistas. Manuel Fuen-

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del programa “Sin Ambages” de Radio Fórmula, quien fue secuestrado el 24 de agosto de 2011 en Culiacán, Sinaloa, y encontrado sin vida al otro día. Un mes antes, en julio de este año, fue hallado el cuerpo de Yolanda Ordaz de la Cruz, columnista del diario regional Notiver, quien fue degollada. Descubrieron sus restos 48 horas después de que la habían secuestrado en Boca del Río, Veracruz. Estos y otros asesinatos colocan a México como el país más peligroso del continente americano para los periodistas, coinciden organismos internacionales. Por momentos, inclusive ocupa vergonzosamente el primer lugar en el mundo.

tes, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, rechazó el clima de impunidad y lamentó que hasta el momento no haya un criterio sólido y uniforme para investigar los asesinatos contra el gremio periodístico. “Rechazamos la actitud en todos los congresos estatales, en donde no hay uniformidad para atender este tipo de crímenes. Cada una de las entidades tiene una finalidad distinta. Cada uno de los estados quiere tener una fiscalía, simplemente para decir que no han encontrado a los asesinos”, dijo el abogado, tras demandar respuesta inmediata a estos sucesos. “Contralínea no está solo” fue otra de las consignas para apoyar a una publicación, que a decir de Judith Calderón, periodista de La Jornada y secretaria general del Sitrajor, desde hace 11 años ha sufrido demandas y amenazas. Explicó que, del mismo modo como ha ocurrido en otros medios de comunicación, a contralínea se le a negado la publicidad oficial para acallar su trabajo de investigación. Fuera de la segob, en la calle de Bucareli, a unos pasos de General Prim, se colocó una manta con la expresión “El peor crimen es el silencio”. Allí quedaron un féretro y una corona de flores.

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Éstos y otros asesinatos colocan a México como el país más peligroso del continente americano para los medios de comunicación.

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INTERNET

WikiLeaks: servicio a la democracia • Julian Petley * Internet

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ondres.- El frenesí por los asuntos personales de Julian Assange en Suecia no debe opacar la trascendencia de la filtración de 250.000 cables clasificados de las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo, que es de vital importancia. Tampoco debe caerse en el displicente “aquí no hay nada nuevo, muchacho”, actitud de muchos diplomáticos británicos, políticos y –lamentablemente– de periodistas que se empeñan en quitar la esencia de lo que representa la materia prima de dichas revelaciones. Los cables revelan una enorme cantidad de información de interés público mundial. Sólo para referir una pequeña muestra: El Rey Abdullah, de Arabia Saudita, ha instado repetidamente a Estados Unidos a bombardear Irán; los elementos de los servicios de seguridad paquistaníes están coludidos con los grupos talibanes; la Agencia Central de Inteligencia está profundamente involucrada en los asuntos internos de Yemen; el príncipe Andrés visitó Kirguistán a expensas de los contribuyentes y atacó públicamente a la Oficina de Fraudes Graves, que es la encargada de investigar las acusaciones de corrupción que involucran a la compañía de seguridad BAE y a la familia real saudí. Y esos son sólo algunos asuntos, porque también está el que sigue: a importantes diplomáticos estadunidenses se les preguntó si podían reunir información personal, incluidos los datos biométricos, del Secretario General de las Naciones Unidas y de los miembros del Consejo de Seguridad, y muchos ejemplos más.

En respuesta al argumento de que la liberación de los cables ha puesto en peligro la vida de algunos involucrados, hay que señalar que el gobierno de Estados Unidos fue informado con anterioridad y se le invitó a responder. Como consecuencia de ello se elaboraron ciertos “escritos”. Pero también tiene que quedar muy claro que ninguno de los materiales fue clasificado como secreto máximo y que tres millones de empleados del gobierno de Estados Unidos fueron impedidos para verlos aunque, estaban disponibles en el SIPRNet del Departamento de Defensa. El material contenido en los cables puede dividirse, arbitrariamente, en dos categorías distintas: asuntos de los cuales se sospecha ampliamente, y a los que ahora se ha dado crédito, porque pueden remitirse a una fuente autorizada; y los que sólo eran conocidos dentro de un estrecho círculo de diplomáticos y políticos. Lo que confiere a este material tan crucial importancia es que se expone, en palabras de Simon Jenkins,

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“la corrupción y la mentira de quienes ejercen el poder, y la falta de correspondencia entre lo que dicen y lo que hacen”.

Fallas, en evidencia En las democracias la gente tiene derecho absoluto a saber qué están haciendo en su nombre, tanto su gobierno como los supuestos aliados de éste. Esto es particularmente cierto cuando su país se dedica a diversas manifestaciones de la guerra, y la vida de sus ciudadanos está en riesgo, ya sea directamente en el campo de batalla o indirectamente, en casa, como consecuencia de los actos terroristas de represalia. Y cuando el conflicto en cuestión es un asunto de considerable controversia pública –como en Irak y Afganistán– el caso de la apertura máxima llega a ser totalmente incontestable. En este sentido WikiLeaks ha hecho un servicio incalculable a la democracia. Ha puesto en evidencia las fallas de gran parte de los medios de comunicación británicos.

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La mayoría de los periódicos dedican muy poco esfuerzo a desafiar a las autoridades por medio del sondeo y el periodismo de investigación. Editores y periodistas de alto nivel son habitualmente invitados a sesiones informativas amables, sólo para alimentar

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su ego y defender su comportamiento “responsable”. John Kampfner, director ejecutivo de Índice de la Censura afirma: “Como resultado (de esta práctica) muchos periodistas suspenden sus facultades de crítica”. Lejos de ser “bestias salvajes”, para usar la frase de Tony Blair, los medios de comunicación británicos son demasiado respetuosos de la autoridad. Los periódicos y las emisoras tienden a sospechar de los que no juegan el juego, la gente como Julian Assange son intrusos del periodismo. Algunos editores están muy contentos de ayudar a las autoridades en las denuncias contra él, en parte como venganza, por “no estar en su círculo íntimo”. En consecuencia, gran parte de la importancia seminal de los cables se ha ido sin –o casi– consignar, en particular, la crisis en Pakistán. Al igual que sucedió en Irán, a finales de 1970,

la interferencia de Estados Unidos en los asuntos de otro país soberano enfurece a muchos de sus habitantes y los arroja a los brazos del islamismo radical. ¿No me cree? Bueno, ¿quién argumentó que la política exterior estadunidense en Pakistán pone “en riesgo la estabilidad del Estado paquistaní, alejándose tanto del gobierno civil y la cúpula militar, y provocando una crisis de gobernabilidad más amplia, sin finalmente lograr el objetivo?” Le respondo: fue Anne Patterson, ex embajadora de Estados Unidos en Pakistán, y debemos la difusión de esta información, y otros sabios juicios, directamente a WikiLeaks. (Traducción: Mauricio Coronel) * Julian Petley es profesor de periodismo en la Escuela de Artes, de la Universidad de Brunel, en Londres, Inglaterra; y publica en la British Journalism Review y The Guardian, entre otros medios.

Condena y defensa de Assange

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fines de noviembre de 2010 el mundo se cimbraba con la divulgación de 250 mil cables de la diplomacia estadunidense que la organización WikiLeaks daba a conocer, a través de cuatro diarios y una revista de gran prestigio internacional. Desde entonces la web que dirige Julian Assange se convirtió en un referente de lo que, se dijo, sería el periodismo en un nuevo formato. En la edición de Zócalo 131 (Enero de 2011), realizamos una amplia cobertura donde nuestros analistas daban cuenta de las primeras impresiones y proyecciones de una nueva brecha informativa. En meses posteriores hemos visto cómo la llamada “revolución informativa” ha

tomado diversos cauces, desde barreras legales hasta vueltas de tuerca, como la más reciente, que ha puesto en entredicho al propio Assange, esta vez como villano. La actitud de Assange decepcionó a los cinco grandes medios que divulgaron los cables. En comunicado conjunto, los diarios The Guardian, El País, Der Spiegel, Le Monde y The New York Times expresaron su alarma y contrariedad por la decisión de Assange, de dar a conocer documentos íntegros de comunicaciones clasificadas enviadas a Washington por su red de informantes en todo el mundo, sin ocultar la identidad de las fuentes. El activista cibernético eximió a su organización de las acusa-

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ciones y reviró contra The Guardian, a quien acusó de difundir los cables sin edición y lo calificó como negligente, “al haber difundido una clave empleada en la encriptación de los documentos”. Agregó que “la decisión de publicar fue exclusiva de The Guardian. No consultaron con nosotros”. Antes, Assange la había emprendido contra su ex socio, Daniel Domscheit-Berg, quien presumiblemente destruyó material insustituible, que incluye abundante información sobre muchos temas de importancia pública, violaciones de derechos humanos, interceptación de las telecomunicaciones en masa, la banca y organización de docenas de grupos neonazis, entre otros. (Redacción)


Isaac Esquivel / Cuartoscuro

SOCIEDAD Y POLÍTICA

El quinto septiembre de FCH, Grito de miedo • José Reveles

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un ambiente de descomposición que trasmina la vida social por todos los costados, con ausencia de justicia, corrupción rampante, muerte de inocentes expuestos por la autoridad, criminales impunes, niños que no pueden acudir a escuelas con amagos de ataques del crimen organizado, empresas que huyen del norte del país hacia el DF, territorios sin gobernabilidad, hampones que eran policías primero, presos, y luego liberados, son los que están detrás de la incalificable masacre en el Casino Royale de Monterrey. Allí está el perfecto caldo de cultivo para que el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, pueda exigir a legisladores que ya pongan fin al actual “estado de indefinición” para que actúen las fuerzas armadas en el combate al delito. “No es una obstinación; es una necesidad ingente… ante el evidente escalamiento de la delincuencia”. Galván fue más allá de lo usual cuando planteó el escenario de un estado de sitio: “la nación entera puede confiar en que, en caso de que el presidente instruya a las fuerzas armadas a actuar ante una declaratoria de afectación a la seguridad interior, lo asumiremos con minuciosidad, sin rebasar un ápice los límites de actuación que se nos establezcan”.

“Vivimos aterrados” Este era el ambiente en el que Galván pronunciaba su discurso y en el que el

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con elementos del Estado Mayor Presidencial, ejército, marina y policía federal con fuerzas especiales “y expertos en antiterrorismo y en operaciones en selva, desierto, montañas y zonas urbanas”. (¿antiterrorismo? ¿selva, desierto, montañas?). En efecto, así están siendo entrenados miles de militares y policías mexicanos en Colombia, aquí y en Estados Unidos, según acuerdos trinacionales. En Apatzingán se distribuían, horas antes, avisos impresos sobe amenazas de Los Zetas y el gobernador Leonel Godoy admitía que entre la población michoacana había temor de acudir a la ceremonia del Grito. Ni desfile ni festejo nocturno habría en los municipios potosinos de Ébano, Villa Hidalgo y Villa de Ramos. La mitad de las escuelas que suelen participar en el desfile cívico del puerto de Veracruz simplemente se negaron a ir (allí es donde se desató el pánico por redes sociales en torno a ataques y secuestro en escuelas primarias por parte de la delincuencia organizada y dos twiteros fueron a prisión por haber replicado mensajes de falsa alarma). Tulancingo, Huejutla, Ixmiquilpan, Tula y Pachuca aparecían con alto riesgo de atentados. En un afán por llevar público a las calles, la alcaldía de Ciudad Juárez lanzó la consigna: “¡Nunca más a festejar el Grito debajo de la cama!” Si uno atiende a las principales notas publicadas ese mismo 15 de septiembre, el ánimo decaído de los festejos patrios era la consecuencia lógica de

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imagen y semejanza de lo que ocurría en muchos rincones del país este 15 de septiembre, cuando se conmemoró el Grito de la Independencia más sombrío que se recuerde en años, el rostro serio, solemne, por momentos desencajado, del presidente Felipe Calderón asomando al balcón de Palacio Nacional la noche del 15 de septiembre, fue la metáfora exacta de la crispación general. El Zócalo capitalino quedó a medio llenar, rigurosamente vigilado por cuatro mil 500 elementos de la fuerza pública, cercado por más de 12 mil vallas metálicas con retenes de revisión para impedir acceso a sospechosos, decenas de arcos detectores de metales y numerosos perros entrenados en la búsqueda de explosivos. Alcaldes y agentes municipales por todos los puntos de la geografía nacional prefirieron cancelar ceremonias patrias antes que exponerse a que desembocaran en amagos múltiples de violencia, con el recuerdo aún vivo y el síndrome del “narcoterror” que estalló una noche de septiembre de 2008, en forma de granadas, en la plaza principal de Morelia, Michoacán, con ocho ciudadanos muertos, más de un centenar de heridos y hecha añicos la confianza en un país pacífico. La cabeza principal del diario Reforma resumía, el propio jueves 15: “Altera crimen Grito y desfiles”. Y daba pormenores de un excesivo despliegue

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En un afán por llevar público a las calles, la alcaldía de Ciudad Juárez lanzó la consigna: “¡Nunca más a festejar el Grito debajo de la cama!”

hablados y ahora ofrece recompensa de 15 millones por su captura. La Secretaría de la Función Pública audita permisos a casinos, otorgados por Gobernación en los dos últimos años, pero no más atrás, porque todo posible delito ya prescribió. El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, se aferró a su cargo y desoyó la orden de pedir licencia que le dio en varias ocasiones el Partido Acción Nacional, tras la difusión de videos en los que aparece su hermano Jonás cobrando dinero en los casinos, que operan con esos permisos ya inauditables y con amparos de jueces contra órdenes de clausura del municipio. El 15 de septiembre la foto de primera plana de La Jornada eran padres de familia y maestros de Acapulco con una manta que decía “Vivimos aterrados por hechos violentos del crimen organizado”…”Magisterio regional Acapulco-Coyuca exige seguridad y paz a los tres niveles de gobierno”.

Iván Stephens / Cuartoscuro

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presidente Calderón ponía a los soldados de ejemplo por “plantar cara al enemigo y batirse en combate con él en nombre de México”, algo que los ciudadanos deberían hacer “cada quien en su trinchera, cada quien en su valor”. Acababan de ser asesinados en su casa, en Monterrey los papás y el hermano del policía Miguel Ángel Barraza Escamilla, horas después de que la Procuraduría General de la República (PGR) había difundido fotos y nombres de cuatro principales autores intelectuales del ataque criminal contra el Casino Royale. “Por peinado y traicionero”, habrían aparecido mensajes sobre los cuerpos de la familia de Barraza, acusado de haber montado vigilancia (halconeado) mientras se perpetraba el incendio del casino. La autoridad no preservó nombres ni armó protección y se repitió el caso de los parientes del marino Melquisedec, asesinados después de que él mismo murió durante la liquidación de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009. Entre los cuatro líderes de Los Zetas que ordenaron atacar el casino hay dos ex policías: José Alberto Loera Rodríguez, también ex luchador, llamado Voltaje Negro, quien participó en el intento de liberar a un narco que era trasladado de San Pedro a la PGR en Escobedo, en marzo de 2002, pese a lo cual fue liberado al acusársele sólo de posesión de droga, y Roberto López Castro El Toruño, ex agente en Saltillo, destituido tras agredir a periodistas de Televisa. Los otros son peligrosísimos delincuentes, llamados Francisco Medina Mejía El Quemado y Baltazar Saucedo Estrada El Mataperros, a quienes la autoridad dio tiempo de huir, porque siendo conocidos, al principio únicamente dio los apodos y retratos

tatal que estima el daño en más de tres mil 500 millones de pesos, pues “los ductos están prácticamente tomados por el crimen organizado”, que sustrajo más de 1.8 millones de barriles. Ese mismo jueves Laura Velázquez, secretaria de Desarrollo Económico del DF, reveló que en el primer semestre de 2011 al menos mil 650 empresas de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sinaloa cambiaron su domicilio fiscal a la capital del país, para protegerse del clima de violencia e inseguridad que se adueñó de esos lugares del norte de la república. Nota aparte mereció el amago, robos y extorsión a constructores de Jalisco –“Muchos bajan la cortina y se van del país”–, pues la delincuencia llega con tráileres de cama baja, expertos manejadores y se llevan maquinaria pesada, sin que nadie los detenga en una carretera, como con frecuencia sufren en los retenes los propios dueños de los vehículos para la construcción. Toda percepción cambia según el periódico que se lea: si Reforma habla de que en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, fueron detectados 278 “policías fantasmas” (falsos, madrinas o sólo existentes en nómina) y detenidos para ser investigados los 250 que integran la corporación, Milenio habla de la graduación de 422 elementos con perfil profesional de la Fuerza Civil de Nuevo León, la “primera policía acreditable del país”. No le falta razón al presidente –y con él a todo el país– para mostrar preocupación y pasmo frente a una realidad desquiciada, mientras una caravana de víctimas civiles tiene que ir hasta la frontera con Guatemala a pedir el perdón de migrantes centroamericanos, para quienes México es un infierno seguro de secuestro, tortura, extorsión, violación y muerte.

Docentes han denunciado secuestros, amenazas, extorsiones y robo de vehículos en contra de ese gremio, que ya no puede acudir a dar clases. Empero, la nota principal denunciaba otro caso de descontrol oficial, pues “Creció 69 por ciento el robo de combustibles a PEMEX en siete meses”, con la paraes-

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Jreveles44@gmail.com


• Guillermo Orozco y Darwin Franco Enrique Ordóñez / Cuartoscuro

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uadalajara.- Este ha sido un año crucial para la ficción mexicana, pues como nunca antes, ha sido utilizada como canal para la promoción de actividades políticas y gubernamentales, a tal punto que se puede hablar de que en este 2011 surgió un nuevo formato ficcional: la info-serie televisiva, producción que se destina plenamente a la promoción de alguna actividad o plan gubernamental, como sucedió con la serie El Equipo (Televisa) y se trasmitirá en noviembre próximo otra, en TV Azteca, titulada La Teniente. Estas info-series televisivas no sólo significan una fuerte inversión de recursos públicos –en El Equipo, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) derrochó 118 millones de pesos– sino que también plantean una nueva forma de marketing político donde lo que importa más es el formato, en este caso televisivo; ya que a través de la construcción de una narrativa audiovisual se pretende colocar en la esfera pública una visión muy peculiar de la realidad. Ésta, además de legitimar las acciones gubernamentales las dota de un valor simbólico que privilegia la emoción antes que la razón. Quizá por ello el gobierno de Felipe Calderón pretende seguir adelante con un esquema de promoción televisiva que, pese a las críticas, parece ser redituable en tiempos donde las acciones gubernamentales parecen ya no poder sustentar y justificar en la realidad la llamada guerra contra el narcotráfico. Un camino que se ha seguido desde 2009 es la creación de productos audiovisuales donde lo importante no es

SOCIEDAD Y POLÍTICA

Érase una vez un mal gobierno que recurrió a la ficción

informar de las acciones concretas que se realizan contra el narcotráfico, sino crear en torno a ellas ficciones y mitos que logren sostener las narrativas oficiales más allá del discurso político. Entre estas producciones destaca la serie audiovisual Los 10 mitos de la lucha por la seguridad, que el ex secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero (ahora encargado del CISEN), hábilmente supo desplegar por internet y a través de las redes sociales para posicionar y aclarar que las críticas que se han hecho a la estrategia de la Presidencia son únicamente mitos y no verdades. Siguiendo este mismo esquema, Genaro García Luna –secretario de Seguridad Pública– en conjunto con Televisa creó la serie El Equipo, producción para

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resaltar las “buenas” acciones que la Policía Federal realiza contra el crimen organizado. Humanizando la vida de los federales, la serie no sólo pretendió mostrar el lado bueno y victorioso de la guerra, sino que además enfatizó en todo momento un discurso maniqueísta que reduce la violencia social a una disputa entre “buenos y malos”. Esto, sin duda, demostró que la generación de mitos, como precisa Alejandro Poiré en sus videos, no sólo proviene de la sociedad, sino también del gobierno.

Percepción de audiencias En El Equipo, se hace evidente la disputa que existe entre federales y militares, se enaltece el papel del Jefe de los Federales (que en la realidad ocupa García Luna) para construir desde la ficción

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la imagen de un hombre incorruptible, que podría ayudar a quitar las sospechas que vinculan al secretario con algunos cárteles del narcotráfico y, sobre todo, se deja bien en claro que todo, incluida la violencia social desbordada y las bajas civiles, son los precios que tenemos que pagar para conseguir la paz.

Versión de la Marina No obstante la controversia que ha generado El Equipo, el gobierno de Felipe Calderón parece empecinado en continuar este tipo de estrategia ficcional, pues estrenará el 7 de noviembre, junto con TV Azteca la “info-serie”: La Teniente.

El Equipo enfatizó en todo momento un discurso maniqueísta que reduce la violencia social a una disputa entre “buenos y malos”.

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Las críticas a esta info-serie televisiva no se hicieron esperar, pero lamentablemente todas ellas se concentraron en la parte presupuestal y el efecto político, dejaron de lado el impacto simbólico que podría causar en las audiencias y asumieron (en muchos sentidos) lo que éstas sentían al ver cómo el Gobierno Federal pretendía modificar la percepción de la violencia social a través de una serie de televisión. Para contrarrestar un poco esta visión que toma por cumplido el efecto que buscan en las audiencias, OBITEL México está realizando un análisis de la recepción transmedial para saber lo que la gente opinó y expresó de la serie El Equipo, en las distintas páginas oficiales que esta producción tuvo en internet. Algunos de los hallazgos demuestran que pese a la ola de críticas de la serie, la gran mayoría de las audiencias que la siguieron por internet toman como algo positivo su aparición en la televisión, ya que esto habla de que “por fin” hay un cambio en la ficción mexicana, otras se dicen emocionadas porque la televisión está mostrando la realidad qué pasa en el país al reflejar en la pantallas la valentía de los policías que enfrentan a los narcotraficantes. Aún sin concluir el estudio de OBITEL México, es importante ver que las críticas sociales a la serie no necesariamente significan un impacto en la percepción de las audiencias.

Realizada en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar), esta producción de Azteca tiene como único objetivo reconocer el trabajo que la Armada de México realiza contra el crimen organizado; por ello desde el mes de agosto la Armada dio paso libre para que la televisora use no sólo sus instalaciones y equipos sino también a sus elementos como extras. ¿Por qué tanta prisa por legitimar las acciones gubernamentales contra el narcotráfico? ¿No fue suficiente con lo que pasó con El Equipo? ¿Será que La Armada también tiene otra versión de la realidad? Para evitar polémicas, la Unidad de Comunicación de la Semar aseguró que en esta serie “no se invirtió un solo peso” porque la propia TV Azteca ofreció hacerla como un “homenaje” a la Armada. ¿Será esa empresa tan noble para no hacer negocio de la urgencia que tiene Calderón por cambiar la imagen de sus fuerzas armadas? ¿Habrán aprendido la lección y en lugar de nombrarla “producción educativa” (con valor de 118 mdp) ahora la llaman “homenaje”? ¿Qué hay detrás de esta ficción? Lo que se esconde quizá sea parte de la estrategia de comunicación social que el gobierno federal por todas las vías posibles está construyendo para minimizar el impacto electoral en la opinión pública respecto a la violencia social y a la estrategia que Felipe Calderón ideó para combatirla. Si esto es así ¿cómo

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entender que la trasmisión de un partido de futbol (Santos contra Morelia) se haya tenido que suspender porque a las afueras del estadio había una balacera? ¿Cómo puede minimizarse o ficcionalizarse esa realidad cuando la televisión la muestra en vivo? La Teniente, dentro de este entramado, se presenta como un panorama deseable donde el gobierno y las televisoras quieren mostrarnos que la verdadera realidad no es ésa, donde aficionados del futbol corren tras escuchar las detonaciones sino aquella donde héroes detienen a los narcotraficantes que atentan con nuestra seguridad. El tipo de comunicación que ahora se construye para informar las acciones gubernamentales contra el narcotráfico no sólo es errónea, sino perjudicial, porque asume que todos los mexicanos somos ciegos e ignorantes. La ficcionalización de la realidad preocupa no sólo por el evidente derroche de recursos públicos, sino también porque en ella se está diluyendo el mensaje maniqueísta con el cual el gobierno de Calderón trata de colocar a sus fuerzas armadas como mártires, todo en compañía o en contubernio con televisoras, a las cuales no les importa formar parte del maquillaje de la realidad, mientras sus negocios u homenajes se conviertan en futuros arreglos políticos, como la aprobación de la unión comercial entre Televisa y TV Azteca, a través de la empresa de telefonía celular Iusacell, que debe definirse a finales de este año. Aquí va un nuevo “equipo” ficcional, y desde OBITEL nos preguntamos hasta cuándo las audiencias seguiremos tan pasivas y acríticas con este tipo de producciones, que no hacen más que reducir nuestra compleja realidad a una lucha de buenos contra desgraciados, donde, por cierto, las bajas colaterales son y deben ser justificadas. gorozco@cencar.udg.mx


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Cobertura desinformativa en la extinción de CLyFC • Antonio Brambila Ramírez

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horas, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) irrumpieron ilegalmente en las instalaciones de CLyFC. Luego, en el primer minuto del domingo 11, en un escenario donde el SME estaba dividido por pugnas internas, el Ejecutivo decretó la extinción de la paraestatal. Un día después, El Noticiero le dedicó 50 por ciento de su tiempo a la extinción; Hechos 40 por ciento. El objetivo era publicar el “éxito” y “legalidad” de la operación. El Noticiero inició su emisión con imágenes aéreas y en vivo sobre la Ciudad de México; el reportero dijo desde el helicóptero: “A 48 horas de la intervención de la Compañía de Luz y Fuerza […] la Ciudad de México luce totalmente iluminada y bajo control”. Hechos, por su parte, lanzó al aire una nota informativa sobre la legalidad del decreto y dedicó tres a la “in-

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que reforzaba la postura oficial y omitieron aquélla que la contravenía. El análisis, que constó de dos horas 37 minutos, demuestra que este comportamiento responde a decisiones editoriales que los informativos tomaron, no sólo para favorecer a una de las partes en detrimento de la otra, sino debido al interés que los empresarios de la televisión tienen de explotar la red de fibra óptica de CLyFC. También revela que los noticieros (especialmente Hechos) lincharon mediáticamente al Sindicato Mexicano de electricistas (SME) y a sus agremiados, pues los denostaron y calumniaron en repetidas ocasiones. El 10 de octubre de 2009, a las 18:00 horas, la noticia era que la selección mexicana de futbol había conseguido su pase al mundial de Sudáfrica 2010; y mientras los reflectores estaban puestos en los festejos mundialistas, cerca de las 22:00

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a extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), que en este mes cumple su segundo aniversario, y que para algunos es el único “gran” logro del presidente Calderón, nos revela la lógica con la cual operaron (y lo siguen haciendo) los poderes fácticos en el México pos autoritario. En este caso, la forma en que el duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca) utilizó sus espacios informativos como monedas de cambio para conseguir privilegios de parte del gobierno federal. Un monitoreo de El Noticiero, conducido por Joaquín López Dóriga en el Canal 2, y de Hechos, que encabeza Javier Alatorre en Azteca 13, mostró que durante las dos semanas posteriores a la liquidación (del 12 al 16 de octubre y del 19 al 23 de octubre de 2009) los dos programas prefirieron la información

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económicos que gozan debido al tipo de relación que guardan con el Ejecutivo. En este sentido, que el gobierno federal liquide a la CLyFC no significa, en automático, que licite, “a modo”, la red de esta paraestatal, pero la evidencia empírica nos muestra que, en lo que va del sexenio de Calderón, el Ejecutivo se ha conducido con parcialidad a favor de uno de los dos miembros del duopolio: Televisa. Durante 2010 esta empresa obtuvo la conce-

Una de las pocas diferencias que presentaron El Noticiero y Hechos fue que este último incurrió en bastas inexactitudes y distorsiones al presentar al SME y a sus agremiados.

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Durante la LI Semana Nacional de la Radio y la Televisión, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el 13 de octubre de 2009, dos días después de la liquidación, el presidente Calderón les agradeció su importante labor informativa, “veraz y oportuna”; durante el proceso de extinción de la paraestatal, “han mantenido bien informados a los mexicanos. Esto es vital, porque sé que tenemos la razón”1. Acto seguido, los industriales de la televisión aplaudieron de pie durante más de dos minutos las palabras del presidente. Aunque las loas son comunes en los actos que sostienen los empresarios de la radio y televisión y el gobierno federal, lo inusual sucedió en la noche, a las 22:42 horas, pues sin justificación periodística alguna, El Noticiero trasmitió de forma completa la cascada de aplausos.

Versión única La información referida no se trasmitió de forma muy diferente en Hechos y ejemplifica, por una parte, el sentir de los empresarios de la televisión que se congratulan de los beneficios técnicos y

sión de dos importantes negocios, la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad CFE y el mayor porcentaje de espectro de la banda 1.7 Ghtz. Por otra parte, este caso muestra los beneficios que disfruta el gobierno federal respecto a estos empresarios; como en el caso del tratamiento miope y complaciente que ha recibido la lucha contra el narcotráfico del presidente Calderón. Algunos estudios demuestran que los empresarios de la televisión han presentado positivamente sus contenidos, además de series de televisión (como El Equipo, que trasmitió Televisa y que le costó a la Secretaría de Seguridad Pública 118 millones de pesos), eventos mediáticos (como Iniciativa México) y espacios informativos. En el caso de la liquidación, Televisa y TV Azteca no sólo impusieron su agenda bajo criterios empresariales sino que, en contra de cualquier código deontológico, asignaron una cobertura sensacionalista a hechos de menor relevancia, como la interrupción de la comparecencia del Secretario de Trabajo ante la Cámara baja (22 de octubre de 2009). Los noticieros informaron con exceso de espec-

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táculo y entretenimiento; muestra de esto es la forma en que enmarcaron la presencia de los líderes del SME en la comparecencia, pues, a pesar de que fueron invitados por legisladores del PRD y PT, el reportero de El Noticiero dramatizó el hecho: “de manera abrupta ingresaron (…) a la zona de galerías”2; el de Hechos hizo lo propio: “repentinamente gritos salieron de la zona de invitados, las puertas del recinto se cerraron, ex trabajadores de Luz y Fuerza y diputados ingresaron a la parte alta”3. A pesar de que en el artículo 3° de la Ley Federal de Radio y Televisión se establece que tales medios “orientarán preferentemente sus actividades […] al análisis de los asuntos del país desde un punto de vista objetivo”, en la realidad los empresarios de ambos sectores utilizan sus espacios informativos para favorecer a sus aliados políticos. Del tiempo total del monitoreo (dos horas 37 minutos), El Noticiero y Hechos destinaron 80 por ciento a reforzar la postura oficial. Por cada vez que se refería un argumento que se oponía a la liquidación de la paraestatal, estos espacios informativos presentaron 12 a favor de la extinción. La desigualdad también se encontró en la abrumadora diferencia del número de menciones que recibieron los principales personajes que se manifestaron a favor (presidente de la República y gabinete ampliado) y en Nelly Salas / Cuartoscuro

eficiencia” de la CLyFC y los “privilegios” de los trabajadores del SME. En el monitoreo la única entrevista que se hizo en el estudio fue al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien ante las cámaras de El Noticiero, en inusuales 10 minutos de plática, defendió la extinción. Las protestas y actos públicos encabezados por los miembros del SME fueron prácticamente ignorados en los noticieros.


Enrique Ordóñez / Cuartoscuro

jabrambila@colmex.mx Felipe Calderón, El Noticiero, 15 de octubre de 2009 2 Reportero Héctor Guerrero, El Noticiero, 22 de octubre de 2009. 3 Reportera Maxi Peláez, Hechos, 22 de octubre de 2009. 4 Once Noticias, 19 de octubre de 2009. 5 Once Noticias, 21 de octubre de 2009. 6 Reportera Beatriz González, Hechos, 12 de octubre de 2009. 7 Reportera Beatriz González, Hechos, 12 de octubre de 2009. 8 Usuario no identificado, Hechos, 13 de octubre. 1

Linchamiento mediático Una de las pocas diferencias que presentaron El Noticiero y Hechos fue que este último incurrió en vastas inexactitudes y distorsiones al presentar al SME y a sus agremiados. En el informativo de Azteca 13 se mencionaron supuestas prestaciones laborales que gozaban los

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Un sondeo de opinión del 13 de octubre dio cuenta del sesgo pro-discursos en la información. En esta nota sobre las prestaciones del sindicato solamente se presentaron opiniones que reforzaron la postura oficial, como lo demuestran las siguientes opiniones de los entrevistados: “…y francamente el pueblo está sufriendo y no tiene caso que el pueblo sufra y ellos están viviendo como reyes sin pagar luz…” 8. Si los noticieros violaron el derecho a la información, ¿Quién tutela esta garantía? ¿Hay mecanismos legales que los ciudadanos puedan emplear para defender su derecho a estar informados? La realidad es que no hay recursos para revertir exitosamente esta transgresión. Por una parte, ninguna instancia gubernamental tutela ni da seguimiento al cumplimiento del derecho a la información. Por la otra, no hay una reglamentación detallada y específica para que ésta se respete en los noticieros. Un ciudadano, que como muchos mexicanos, solamente se informa de política por medio de la televisión, se encuentra mal informado, sub-informado o desinformado. La solución a este problema está en la presión que ejerce la sociedad civil organizada, en la autorregulación de los medios comerciales y no comerciales y sobre todo en la voluntad política para abrir la competencia en la industria de la televisión. ¿Difícil?, sí; ¿Imposible?, no.

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agremiados, que en realidad no se estipulaban en el Contrato Colectivo de Trabajo. Un ejemplo fue la referencia de que el sindicato demandaba “agua purificada para bañarse” 6. Estas distorsiones no fueron accidentales y quedó demostrado con la frecuencia de adjetivos negativos que el locutor y el reportero de Hechos utilizaron para referirse a la CLyFC (19 adjetivos negativos, tres veces más que el otro noticiero). Este espacio también presentó al SME y sus agremiados con encuadres informativos que causaron deshonra y descrédito; basten como ejemplo, algunos juicios del locutor y del periodista: “[…] los consideraban la clase privilegiada. Su contrato colectivo de trabajo era un cúmulo de exigencias pocas veces vistas no sólo en México, sino en el mundo entero” 7. Otras formas como Hechos violó la veracidad implicaron el uso de las fuentes de información. El noticiero de Azteca 13 utilizó el sondeo de opinión como herramienta para crear o reforzar discursos favorables a la versión oficial, ya que utilizó a los entrevistados para generar cierta clase de discurso o estructura narrativa en las notas.

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contra de la medida (líderes sindicales y políticos de oposición); mientras los primeros tuvieron 89 menciones, los segundos, los detractores de la extinción, solamente 28. Por cada minuto que aparecieron estos, los otros, los que apoyaron al gobierno federal, obtuvieron nueve minutos. Al comparar las apariciones del presidente Calderón y del líder sindical, Martín Esparza, el primero pareció exitoso en su estrategia de comunicación, pues aunque en ningún momento dio conferencias de prensa ni entrevistas exclusivas a los medios de comunicación sus declaraciones estuvieron siempre presentes en los espacios informativos. Frente a las 29 referencias que obtuvo el Ejecutivo en los noticieros, el líder sindical recibió solamente nueve. De las numerosas conferencias de prensa que dio el líder sindical (los días 12, 13, 16, 19, 20 y 21 de octubre), El Noticiero y Hechos trasmitieron solamente una. Si comúnmente se afirma que para validar la confiabilidad de una elección hay que preguntarle a la oposición qué tan transparente y limpia fue, en el caso de la cobertura de la liquidación bien vale decir que la forma como los propios ex trabajadores calificaron la cobertura devela la falta de objetividad. Respecto a esto cabe recordar que en las conferencias de prensa en la sede del SME, los sindicalizados sostenían pancartas que denunciaban la cobertura en estos informativos: “Televisa y TV Azteca vendidas, digan la verdad”4 y “Televisa y Tv Azteca ¿Hasta cuándo van a ser objetivos?”5.

Un ciudadano, que como muchos mexicanos, solamente se informa de política por medio de la televisión, se encuentra mal informado, sub-informado o desinformado.

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Acostumbrado a librarla en frentes de batalla, el foto reportero y documentalista Antonio Turok estuvo en Nueva York el 11 de septiembre de 211, en uno de esos encuentros del destino, donde la sorpresa y estupor ante la magnitud de los hechos, lo aventuraron a recorrer, cámara en mano, una ciudad en desgracia. El material fotográfico hasta, ahora inédito, demuestra que a pesar del sentido de oportunidad no puede eludir los códigos de amor a la vida al enfrentarse al dolor ajeno.

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Del horror 11-S a la poética sin límites: Antonio Turok

• Mauricio Coronel Guzmán

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a dónde vas, pero algo de esa magnitud no te lo imaginas, menos en el sentido humano. Cuando te enfrentas a esto, te preguntas qué se necesita, ¿qué tipo de condición humana se precisa para estrellarse ahí en medio de un edificio y no importarte la vida propia ni la de los demás? Cuando vas a la guerra, como en mi caso cuando cubrí Centroamérica, antes de la caída del muro de Berlín, había otras motivaciones y uno sabía a qué se podía enfrentar. Lo mismo en Oaxaca, hay un enemigo en común, que en este caso era un gobernador patético y corrupto, y que además todavía sigue impune. Esa es la parte que yo ligo con lo de Nueva York. Un poco a la manera de Goya, que registra los desastres de la guerra y la intensidad

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no depende de uno pero el periodista siempre debe estar listo. En mi caso, tantos años de trabajar el foto documental me permitieron desarrollar el sentido de la curiosidad para registrar cualquier evento. De inmediato hubo muchas restricciones, pero aunque había que caminar y evadir retenes estuve ahí, con mi cámara. – Ineludible hablar de la adrenalina en medio de la tragedia, ¿cómo se vive esa experiencia? – A diferencia de la cobertura de la guerra o de la violencia que se puede desencadenar en un acto de protesta, el 11 de septiembre nos tomó a todos por sorpresa. Fue uno de esos eventos, para los que nunca se puede uno preparar, hay otros que sí, y sabes más o menos

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ntrevistado vía telefónica, el fotógrafo nacido a mitad del siglo pasado explica su enfrentamiento con la materia de su quehacer, sus opciones cuando se encuentra con los hechos y el alimento de su creatividad. – La intuición lo llevó al escenario porque, uno no va a Nueva York a captar la caída de las torres gemelas. – Tenía dos días en la ciudad, estaba al otro extremo de Manhattan, cuando a las 8:55 de la mañana, mi hermana me llama desde México y me dice que un avión se acaba de estrellar en el World Trade Center; entonces prendo la televisión y veo que se estrella el segundo avión. Ahí supe que había que hacer algo. La combinación de factores

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que se experimenta al reflejar esa dura condición humana. –¿Qué experiencia le aportó en términos de foto periodismo? – Creo que es la primera vez que no hago nada con unas fotos. Siguen inéditas. A una década habría que hacer algo con ellas, pero no estoy seguro. A través de los medios ha cobrado relevancia, pero me pregunto ¿qué sentido tiene dar a conocer estas imágenes? Acaso el mundo ya ha visto demasiado sobre el tema, ¿para qué mostrar algo tan personal? Por otro lado, es un evento trascendente que marca a nuestro siglo. Habría que ver si más imágenes sobre ese tema no resultan emocionalmente abrumadoras. – En la poética del desastre, como se conoce a su obra, ¿hay límite? – A la hora de captarlo no, pero a la hora de presentarlo es otra cosa. Yo condeno al cien por ciento la acción de violencia, no le encuentro ningún sentido, y es ahí donde me atoro. Yo puedo entender a un pueblo que se levanta al denunciar la pobreza extrema; ahí hay una explicación, pero ante el fanatismo religioso, no le encuentro cuadratura, y me agobia. Por otro lado, tampoco comparto la manera en que lo resolvió ese grupo en el poder. George Bush y su gente, me parece que estaban enfrascados en un perfil económico, político y cultural

erróneo. A propósito de los límites, a la hora de presentar un trabajo uno no se sujeta a las opiniones del contexto, pero sí a la realidad del momento. Recuerdo que durante dos semanas no pudimos salir de Manhattan, y por primera vez vi a los neoyorquinos humildes, sumisos; eso fue algo insólito. Los neoyorquinos son de lo más arrogante que hay, pero en esas dos semanas estaban como en shock. Después vino la paranoia. Creo que el pueblo estadunidense se dio cuenta, posiblemente por primera vez en su historia, que no son tan grandiosos, que no son morales y éticamente perfectos, como se les fue vendido. Se preguntaban: Si somos los defensores de la demo-

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cracia, ¿por qué nos hacen esto? Aquel día caminé cien cuadras, esquivando retenes mientras la gente huía. Para entonces la policía bloqueaba el paso, me daba la vuelta y luego lo volvía a intentar, hasta que llegué al emblemático edificio de Wall Street. A ocho cuadras de las torres ya estaba la Guardia Nacional con metralletas, y a partir de ahí ya fue imposible seguir tomando fotos. – En el documental narrativo, ¿cuándo la fotografía se convierte en expresión artística? – Yo creo que cuando se cumple sólo el papel de registro de un evento, se mantiene en foto periodismo. Sin embargo, en el momento que el fotógrafo profundiza y empieza a buscar una narrativa, a través de un editorial, para expresar ideas, es cuando el sentido fotográfico trasciende. A la inteligencia visual es necesario agregarle la inteligencia literaria. Desafortunadamente estamos educados en un sistema donde no se hace énfasis en la imperiosa necesidad del equilibrio entre la razón y la intuición. Las artes visuales hoy en día están más preocupadas por el impacto que por el proceso. Aunque no sólo con la intencionalidad narrativa se puede ya hablar de un trabajo artístico; no todas las novelas son arte, no todas son buenas narrativas. En cualquier manifestación artística, literaria o


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fotográfica, es indispensable el balance entre la forma, el contenido y la manera en que uno teje esos dos elementos. Para lograrlo aplico todo lo que me influye en la vida cotidiana, y cuando salgo con la cámara llevo todas esas influencias. Yo salgo a la calle, estoy abierto a las posibilidades, pero gracias a la música que escuché, a la literatura que estoy leyendo, simplemente trato de transformar eso en una imagen visual. Aunado a ello hay que tomar, como ya lo mencionamos, el valor de la circunstancia, pero la coyuntura sin una buena base difícilmente producirá un buen trabajo. Además de Nueva York está como ejemplo la toma de los zapatistas en San Cristóbal. Aquella noche salí a buscar un trago por ahí. Era fin de año, y me encontré con la entrada de los zapatistas. Yo tenía dos opciones: una asustarme y regresar a la casa para dormir, o irme por mis cámaras y regresar. En estos casos no puede uno decir: “¡ah, ese no es mi tema!” Siempre tienes que estar preparado. Por eso insisto que la mitad de la chamba es lo que haces antes de tomar las fotos, si no te vuelves chambista, y entonces ya te mandan a lo policiaco, a deportes o la Cámara de Diputados, y estás esperando que algún político se duerma o se coma una mosca, pero no tienen una noción más amplia. Falta literatura, y es muy importante. – ¿Qué le interesa más, la melancolía, el ideal, los sueños…? – En mi percepción van las tres, todas juntas. Creo que soy de carácter más melancólico, como mi persona, pero el melancólico también sueña, es romántico y sueña con un mejor mundo. Es parte del sueño, digo ¿de qué más te alimentas si eres melancólico?

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La transformación del lector ante las nuevas tecnologías • Eduardo Cerqueda Bautista

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l lector deberá seguir descubriéndose en el contexto de los nuevos medios. Pues es claro que la pantalla electrónica ya es competencia del papel impreso, incluso en algunos países la primera prevalece. Más allá de estos cambios, el público no se limita a permanecer en el papel o a elegir un dispositivo electrónico, se define en una nueva figura. Los conferencistas del Primer Simposio Internacional del Libro Electrónico, realizado en septiembre, en el Museo Nacional de Antropología, disertaron sobre el lector y las nuevas tecnologías. Hubo dos interesantes posturas, la del ensayista argentino-canadiense Alberto Manguel y la del narrador mexicano Naief Yehya, cuyos planteamientos chocaron a distancia, debido a que no compartieron mesa. Ambos argumentaron respecto a la construcción del público. Manguel tiene la idea de una

“lectura profunda” en los nuevos medios, apegado a la manera tradicional: “a nosotros, los lectores de hoy, supuestamente amenazados por la extinción, todavía nos queda por comprender qué es la lectura”. En tanto, Yehya ve en las expresiones digitales la excusa para desarrollar nuevas formas de acceder al texto, e incluso para la “ciberalfabetización” de los jóvenes, forma de instrucción desde plataformas electrónicas, que según indica el crítico cultural, “no ha sido contemplado por los adultos e instituciones educativas”. Elucida el momento como una revolución digital, donde “los libros (en general las publicaciones en papel), ya no son la figura que define la organización, transmisión y presentación del conocimiento, como ha sido tradicionalmente”. El ensayista, contrario a la concepción unificadora de distintos medios

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electrónicos de Yehya, separa al texto electrónico del contenido que se muestra en la pantalla de la computadora. Aunque el primero “cumple las funciones del libro impreso y autoriza por tanto la lectura profunda”, no es la elección que generalmente adopta. En cuanto a una forma de lectura crítica, a partir de las posibilidades que presenta el texto tecnológico, los conferencistas también discrepan. Para Manguel la figura del lector está determinada por una diferenciación de la lectura, propone separarla en dos tipos, que no son dicotomías, aclara, pues persiguen distintos fines. Por un lado hay textos con información lineal, que admite una única interpretación. Luego se encuentran las ya mencionadas “lecturas profundas”, de carácter ambiguo, que “permiten recorrer la obra a un ritmo pausado, explorar y apreciar sus dificultades creativas, resumir,


El narrador mexicano toma como base, para el entendimiento de las publicaciones en nuevos medios, la experiencia en la red, donde “se impone con urgencia enseñar sistemas y recursos, para detectar la confiabilidad de un sitio” y no caer en la desinformación, principio que podría aplicarse a las diferentes formas de texto que encontraremos en los dispositivos electrónicos, “esto es tan importante como ser un buen lector en el sentido tradicional”. Admite que leer en un medio digital requiere “velocidad, precisión, la casi instantaneidad y un gran cúmulo de información, sin exigir memoria o entendimiento del usuario”. La “lectura profunda” de Manguel, con la que estamos familiarizados, contrasta con estas particularidades pues es lenta, individual, se adentra en las páginas y exige reflexión. Yehya recuerda que el libro electrónico es “en muchas ocasiones solamente la versión digitalizada del texto original” otras, aunque ha sido formado para ciertos dispositivos, “sigue los mismos lineamientos de un escrito tradicional, en términos de formato y capítulo”, así que el contenido de dispositivos y páginas electrónicas está en sus albores,

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cerquedaeduardo@hotmail.com

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La fisiología del lector

no han alcanzado toda su expresión las cualidades de comunicación, hipertexto, conjunción de elementos y representan un marco para la búsqueda de otro entendimiento de la lectura. Las diferentes formas en que podemos acceder al conocimiento sin duda deben tener un efecto en nuestro cerebro. En su texto Tres usos y siete postulados respecto a la ciberliteratura, Yehya se refiere a dos estudios sobre procesos mentales, en torno a la lectura y a la obtención de información. Menciona un estudio neurológico de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, cuya conclusión es que “debido a la maleabilidad del cerebro, éste se adapta a las presiones y características de los medios electrónicos”, de tal manera que se crea una experiencia diferente de la lectura en papel. Cita otro estudio, de la Universidad de Columbia, en el cual se planteó que con “el amplio uso de los motores... aprendemos un dato, pero si sabemos que lo podemos volver a encontrar en un dispositivo digital tendemos a olvidarlo, y no nos tomamos verdaderamente la molestia de tratar de memorizarlo”. El argentino, también editor, coincide, pero introduce un matiz: “las exigencias fisiológicas son diferentes, dependiendo de las lecturas que enfrentamos”. Un estudiante que accede a la información a través de un medio electrónico no la memoriza ni la razona, solamente la recrea. Por tanto, un lector de medios electrónicos no sólo está cambiando de formato, sino transforma sus procesos de asimilación. En es punto se alejan nuevamente. Yehya, sostiene que las páginas electrónicas son más fuertes que el papel, pues “permiten una experiencia más interactiva, que incluye ligas o links a otras obras”,

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digerir y recrear”, lo cual encontramos en argumentos o historias. Leer un texto sobre el soporte del papel u otro bajo el soporte de la pantalla “son funciones radicalmente distintas”. Tan puntual sentido de diferenciación corta otras posibilidades, como las que ejemplifica Yehya, quien dice que los foros de discusión, blogs y demás elementos de la red, donde existe la “cooperación, el juego o la rivalidad” son una oportunidad para desarrollar nuevas formas de lectura.

además de que se tiene “la oportunidad de interactuar con el texto”. Manguel, inclinado hacia las ediciones impresas, postula su concepto de interacción en la lectura que se da en el papel y lo considera como la forma más lograda, pues permite “empezar o acabar en cualquier punto del texto, anotar en los márgenes, darle el ritmo de comprensión que queramos”. El argentino, quien leyó para Jorge Luis Borges, identifica otro elemento que persiste y se comparte en las ediciones impresas y electrónicas: la página, atributo que, no obstante en una publicación es una “materia de dos dimensiones”, en un dispositivo o una pantalla es la imagen a la que el asistente se confronta. “La página entra en nuestra conciencia de lectores como un marco o contenedor de lo que queremos leer” cuenta Manguel. Por ello la mudanza del papel a la pantalla es sólo un cambio de página, es decir, el aspecto fundamental del libro perdura, pese a que sus características sean distintas. Si cambiamos una hoja física, ésta se suplanta por otra, y aunque la electrónica se renueva a ella misma, permanece. No cabe duda que el texto digital es una forma permutable hoy. El cambio que provoca en el orden de ciertos aspectos en la red, como la participación colectiva, puede considerarse un precedente para los cambios en otros dispositivos, que a su vez transformarán más la relación del contenido con el usuario, o puede que tal parecido sea nulo y nos encontremos con un concepto desconocido de lector. Cualquiera que sea la percepción que pueda asumirse en el atribulado cambio tecnológico, se mantendrá la dualidad página-lector dentro del concepto de las publicaciones, por tanto habrá qué investigar cómo se manifestarán los cambios en esta relación, si es que queremos un trato provechoso con el conocimiento.

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En cuanto a una forma de lectura crítica, a partir de las posibilidades que presenta el texto tecnológico, los conferencistas también discrepan. Para Manguel la figura del lector está determinada por una diferenciación de la lectura, propone separarla en dos tipos, que no son dicotomías, aclara, pues persiguen distintos fines.

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El fonógrafo democratiza la música: Salvador Vélez El fonógrafo fue un importante medio de difusión de contenido. “La máquina parlante” rompió el silencio y satisfizo necesidades personales, familiares y sociales de música, comenta en entrevista Salvador Vélez García, ingeniero y coleccionista aplicado, que presentó parte de su acervo en la exposición “Fonógrafos: Ecos del pasado”, la cual se exhibió entre junio y agosto, en el museo Franz Mayer.

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– ¿Cómo nació en usted el gusto por coleccionar fonógrafos? – Cuando era niño mi tía tenía una Victrola, y para mí era un misterio cómo podían guardarse la voz y el sonido en un disco, un disco misterioso. Pasó el tiempo y estudié la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista. En 1979 realicé un viajé a Durango, entré a un bazar de familia donde vendían un fonógrafo Gem. Tenía su cilindro, un buen cilindro. En ese momento lo volteo y me doy cuenta que no tenía máquina. Le pregunto a la señora: “cuánto vale” y me dice 3 mil pesos. “Oiga pero si no tiene máquina”, reclamo y ella me responde “¿usted cree que si hubiera tenido máquina lo vendía en ese precio?”. Así empezó mi curiosidad. – ¿Cuándo se le convirtió en pasión? – Con el interés de los aparatos que había adquirido. Comencé a conseguir fonógrafos incompletos para tratar de armarlos, hasta que durante un tiempo fui muy exigente con los motores y dediqué tiempo a repararlos. Luego me atrajo la idea de especializarme en los reproductores, después en los brazos y en las trompetas de la victoria. Hasta que limité mi interés únicamente en los de trompeta aérea y las Victrolas.

El coleccionismo es otra cosa. El coleccionista cada vez es más exigente y el medio le exige a uno. El aparato tiene que ser estrictamente original. El requisito que se considera, debe respetarse, es que un instrumento de este tipo debe tener, cuando menos, el 95 por ciento de componentes originales. En el caso de la exposición lo único no original son los barnices. Sería absurdo ponerle barniz de gomas lacas, se necesita mucho mantenimiento. – ¿Cuáles son las vertientes de la exposición? – Hay dos: la relativa a las grabaciones es importante, pero la exhibición en sí estuvo dedicada a los aparatos. Las grabaciones se manejaron de forma comercial a partir de 1898, en catálogos. A partir de aquí, los fonógrafos dejan de ser para uso exclusivo de investigación, y dan paso a la función social. En 1902 las grabaciones son bastante buenas y para 1917 ya son de dominio público. En México se dio prioridad a la reproducción del folclor regional, a la tradición de la cultura popular. Se comienzan a dar grabaciones muy interesantes como La Feria, Boda de indios, Los puentes de Ricardo Bel. Después se empiezan a grabar las marchas, donde se plasman muchos motivos nacionales importantes.

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De la época revolucionaria, por ejemplo, hay una grabación sobre la marcha de entrada del presidente Francisco I. Madero a la Ciudad de México. Hay otra de Álvaro Obregón y así. Cada revolucionario tiene la suya propia. – ¿En el caso de la música? – El fonógrafo democratiza la música. Pensemos en el caso de las orquestas de Cámara, limitadas a grupos muy pequeños. Lo que hizo el fonógrafo fue convertir la música ideal en real, en el lenguaje universal de los pueblos. El valor social del fonógrafo se plantea en la música, principalmente. El fonógrafo cumplía con la necesidad personal, familiar y social de tener música. Por ello tenemos que guardar conciencia de que el disco fue el medio para registrar y transportar la música, llevarla de la orquesta hacia un sitio. Actualmente eso lo hace la memoria digital. El fonógrafo es más un objeto dedicado a la colección. Por ejemplo, sale mucho más caro comprar un fonógrafo o un disco en la lagunilla que tomar la música e incorporarla a un celular o un Ipod. Actualmente puede llevarse todo lo que uno quiera en una memoria usb, pero debemos recordar que el inicio de lo que hoy tenemos, como el Ipod y los discos compactos, es el fonógrafo y ha tenido una línea continua en la manera de interpretar la música, grabar y después llevarla a reproducir a un medio, ésto se mantiene. Por eso creo que si el fonógrafo ya no es vigente como aparato de uso cotidiano, debemos de cuidar los que quedan. (Redacción)


TRANSPARENCIA

Vital, acceso a la información y rendición de cuentas* • Juan Francisco Escobedo

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la materia, aún así le quedaría al Estado mexicano la posibilidad de reencauzar el proceso, a partir de las decisiones que la SCJN tome en el sentido de consagrar derechos y garantías ideales para los ciudadanos, como es deseable. La Suprema Corte ha desplegado intensas campañas para difundir que es un tribunal constitucional y ha llegado el momento de demostrarlo. El país espera que ejerza el control de la constitucionalidad establecida en el nuevo artículo 6°, y que con sus decisiones restaure el sentido positivo del proceso de apertura, que se ha intentado bloquear con reformas inconstitucionales y decisiones administrativas que niegan el acceso a la información pública.

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En este marco es necesario subrayar la importancia del derecho de acceso a la información. Con su regulación se trató de contribuir a: 1.- Restaurar el carácter público de la república federal, representativa y presidencialista que caracteriza nuestra forma de gobierno, y 2.- Tutelar efectivamente el derecho a saber sobre los asuntos públicos, como una garantía fundamental, vinculada directamente con el desarrollo de la democracia. Los obstáculos para continuar con el proceso que se inició hace 10 años son múltiples. En esta ocasión sólo expondré algunas reflexiones y propuestas que contribuyan a reflotar la agenda del derecho de acceso a la información, y subrayar la importancia de vincularlo con la rendición de cuentas. En primer lugar hay que distinguir las omisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ejercer con oportunidad y prestancia sus funciones de control de la constitucionalidad. El texto del artículo 6° constitucional está esperando ser confirmado y desarrollado con atingencia y perspectiva garantista por los ministros de la Corte. Si todos los sujetos obligados persistieran en simular que cumplen con la legalidad en

Eluden obligaciones En segundo lugar quiero llamar la atención sobre el consenso precoz y frágil, que se formó con la creación de la ley federal y se prolongó un poco más con la reforma al artículo 6° constitucional. Simplemente se disipó o en todo caso mutó hacia un consenso simulado. Una de las evidencias más contundentes radica en el peligro de que las iniciativas de reforma a la ley federal en la materia o a las leyes locales, por dolo o ignoranInternet

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a promoción del derecho de acceso a la información y la transparencia han pasado a segundo plano en la agenda política nacional y ante la perspectiva del proceso electoral de 2012, corren el riesgo de perderse en el mar de problemas que agitan el horizonte político de México. Es preciso estar alerta ante los riesgos de quedar atrapados en el falso dilema de elegir entre la democracia constitucional y la eficacia. Este trance se expande por la combinación explosiva del miedo y la impaciencia de la sociedad con el debilitamiento creciente de las instituciones públicas para sobreponerse a la presión cotidiana que ejercen los leviatanes privados, legales e ilegales. Incertidumbre y desasosiego no deben tomarse como coartadas para no respetar los derechos fundamentales y eludir las obligaciones en materia de rendición de cuentas. No confundamos la propaganda y los informes de labores legislativas con la rendición de cuentas, y menos con el derecho de acceso a la información. En una democracia constitucional el poder tiene límites, y éstos se localizan en el respeto a los derechos fundamentales y a los procedimientos legales. El acceso a la información es un derecho fundamental. Es preciso recordarlo para volver a situarlo como tema en el centro de la agenda nacional. El desempeño eficaz que se espera de las instituciones públicas no puede producirse a cualquier precio. Si los poderes públicos pasan por alto las reglas y procedimientos de la democracia constitucional, contribuirán a restablecer el autoritarismo.

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constitucionalidad sobre el grado de cumplimiento en lo dispuesto por el artículo 6° constitucional en las leyes de los estados y reglamentos municipales en la materia confirmaría la magnitud del daño que provoca el consenso simulado y la retórica de la transparencia. Los actores políticos que desean convertirse en candidatos presidenciales, sus partidos o sus voceros, tienen la oportunidad de establecer y actualizar sus compromisos con las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Si sólo se com-

El consenso simulado propicia una retórica legal sobre la transparencia, práctica que debe ser acotada. Es oportuno recordar que existe un marco constitucional sobre la materia y que cualquier modificación a las leyes en sentido regresivo es inconstitucional.

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Para decirlo en los términos de Luigi Ferrajoli, los derechos fundamentales como el de acceso a la información constituyen un coto vedado, un núcleo inmodificable, sobre el que no puede pronunciarse el poder legislativo, salvo para ampliar sus alcances y crear nuevas garantías que faciliten su ejercicio y cumplimiento. Los congresos piden información y cuentas a todos, pero son los primeros en eludir sus obligaciones. El país observa estupefacto, un día sí y otro también, las múltiples coartadas que se despliegan en las oficinas parlamentarias para no cumplir con sus obligaciones básicas, y eludir la rendición de cuentas. La simulación y el regateo de la información son prácticas comunes en las entidades federativas y ayuntamientos. Un repaso rápido a las leyes locales y al funcionamiento de los órganos garantes nos muestra un panorama desalentador, y aunque desde luego hay excepciones, estados y municipios se mueven con distintas velocidades. Una auditoría de

prometieran a cumplir lo ya establecido en la ley, y concretamente en el artículo 6° constitucional, ganaríamos bastante. Por lo menos tendríamos alguna certidumbre de que no habría un salto hacia el pasado en los próximos años.

Propuestas adicionales Es necesario dar los pasos adecuados para crear el Instituto Nacional de Investigación y Educación en materia de Acceso a la Información Transparencia y Rendición de Cuentas. El país necesita mayor conocimiento experto, funcionarios preparados en el enfoque garantista, investigaciones con perspectiva de Estado, auditorías de legislación y desempeño, entre lo más urgente, pero también es preciso multiplicar los espacios para deliberar sobre la situación en la materia, y asesorar los procesos de reformas de las leyes y rediseño de los órganos garantes. La creación de este instituto y la multiplicación de espacios de deliberación podrían ser las palancas que se requieren para desatar el proceso que permi-

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cia, se truequen por cambios regresivos. En algunos de estos ordenamientos se han multiplicado excepciones y restricciones para evitar que se entregue la información pública solicitada. El consenso simulado propicia una retórica legal sobre la transparencia, práctica que debe ser acotada. Es oportuno recordar que existe un marco constitucional sobre la materia y que cualquier modificación a las leyes en sentido regresivo es inconstitucional. Los congresos federal y locales no ejercen la soberanía absoluta, y menos por encima de lo dispuesto en la Constitución.

ta colocar, en un lugar preferente de la agenda política, la propuesta para conformar un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas con las reformas legales e institucionales que ello implica. Se podría impulsar una agenda de reformas de segunda generación, y hacer posible que todos los poderes y los servidores públicos rindan cuentas, expliquen qué hacen, cómo y por qué, con los recursos públicos, políticas gubernamentales y activos patrimoniales que tienen a su disposición para cumplir con sus funciones. El país se encuentra inmerso en un proceso político que todo lo coloniza y abduce. Por prudencia es necesario vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma constitucional y la ley federal vigente. Es necesario cuidar lo que se ha conseguido hasta ahora. México vive un momento hobbesiano. Es preciso trascender la incertidumbre y echar mano de todos los instrumentos políticos y legales disponibles para restaurar la eficacia del Estado, pero no de cualquier forma de Estado, sino del Estado de Derecho. La eficacia sin límites, sin respeto a los derechos fundamentales ni rendición de cuentas constituye una manifestación autoritaria. Ese es el mayor riesgo al que nos enfrentamos. El futuro pasa por el cuidado de la Constitución, y en especial de los derechos fundamentales, ya que esa es la mejor manera de preservar la democracia y las libertades. El porvenir implica entonces el respeto al derecho de acceso a la información y el diseño y funcionamiento eficaz de un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. jfescobedo_ 2000@yahoo.com Ponencia leida por el autor durante la VIII Semana Nacional de Transparencia realizada en el D.F.


TRANSPARENCIA

El IFAI requiere mayor autonomía • Gerardo Israel Montes

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las dependencias y entidades. Sólo los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación”. Este cambio es muy importante, porque con la legislación vigente entidades como la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria se han negado a entregar información y han impugnado en diversas ocasiones las resoluciones del IFAI. Sin embargo, esta minuta todavía no es dictaminada, ni por la Comisión de Justicia; ni por la de Función Pública, de la Cámara de Diputados.

Recursos judiciales La dimensión del número de servidores públicos que recurren a instancias judiciales, con la intención de revertir las resoluciones del IFAI, queda asentada en el octavo Informe de labores correspondiente al año 2010 que el instituto entregó al Congreso de la Unión. En el apartado “Amparos Interpuestos en contra de las resoluciones del Instituto”, se da cuenta que del 12 de junio de 2003 al 31 de diciembre de 2010 se presentaron 370 amparos contra el Instituto. En números relativos, significa que sólo 1.3 por ciento de las resoluciones han sido impugnadas mediante amparo. “En 2010 se interpusieron 66 amparos en contra del IFAI. En el periodo que se reporta se resolvieron 59 amparos,

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fica o no el promover casos de reserva o la interposición de amparos en contra de las resoluciones del IFAI, en el Congreso de la Unión se encuentran en análisis y revisión distintas propuestas legislativas que pretenden fortalecer la autonomía del órgano de transparencia. La finalidad de ambos instrumentos legislativos es terminar con los subterfugios legales que utilizan diversos funcionarios públicos de la APF para negar información a los ciudadanos, alentando con ello la opacidad que permea aún en amplios sectores del gobierno federal. El pasado 29 de marzo la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de Transparencia. Entre las modificaciones destaca lo establecido en el artículo 12, en el sentido que deberán ser públicos los recursos que por condonaciones fiscales se destinen a particulares. En lo que respecta a dar mayor autonomía al IFAI, en el artículo 33 se considera que sea un organismo “descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, especializado en materia de acceso a la información, imparcial y con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión”. En tanto, en el apartado 59 se establece que las resoluciones del instituto serán “definitivas e inatacables para

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iel a su práctica de buscar salidas endebles para resolver en el corto plazo asuntos que requieren de mayor fortalecimiento al marco normativo y de un verdadero compromiso de las entidades de la Administración Pública Federal (APF) con las leyes, el presidente Felipe Calderón notificó, a inicios de septiembre, que será la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que autorice en última instancia si una dependencia promueve reservas o emprende litigios contra el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Durante la octava Semana Nacional de Transparencia, el titular del Ejecutivo Federal hizo referencia a que en muchas decisiones asumidas por las instancias federales se invocan casos de reserva y en otras, incluso, se han emprendido litigios contra el IFAI. “Por eso yo les quiero pedir una cosa: no establezcan ni casos de reserva y menos litigios, a menos que verdaderamente haya un caso que lo justifique, en cuya situación le voy a pedir al Secretario de la Función Pública que sea la dependencia que autorice finalmente si una dependencia hace reservas o litigios”, planteó en aquella oportunidad Felipe Calderón. Sin embargo, para evitar que se mantenga en el campo del gobierno federal el criterio para definir en qué casos se justi-

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En lo que respecta a dar mayor autonomía al IFAI, en el artículo 33 se considera que sea un organismo “descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, especializado en materia de acceso a la información, imparcial y con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión”.

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46 de estas resoluciones fueron favorables al IFAI”, se precisa en el informe de labores 2010, en donde también se indica que “existen decisiones judiciales que han resultado desfavorables para el IFAI, al determinar en algunos casos que las resoluciones del Instituto no estaban suficientemente fundadas y motivadas”, y se señala también la necesidad de llamar “a determinados terceros interesados a efecto de concederles la garantía de audiencia”. De acuerdo con el informe, desde la creación del IFAI y hasta diciembre de 2010 se han presentado 43 demandas de nulidad en contra de resoluciones emitidas por el Instituto: ocho interpuestas por particulares; una más por la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y 34 por dependencias de la APF. “No obstante que las resoluciones que emite el Instituto son definitivas, del año 2005 al año 2010 algunas autoridades promovieron juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), como una vía más para atacar resoluciones del IFAI”, externa el Instituto en su último informe. Uno de los casos más representativos de resistencia de un ente obligado a proporcionar información de interés público, que recurrió a una demanda de juicio de nulidad ante el TFJFE, es del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en lo relacionado con los créditos fiscales. Cabe recordar que en 2007, en la Ley de Ingresos de la Federación se facultó a las autoridades fiscales para que llevaran a cabo la cancelación de créditos fiscales en casos que existiera imposibilidad práctica o incosteabilidad de cobro. En noviembre de 2009, se solicitó al SAT la lista de asuntos cancelados por nombre y número de crédito, en el proceso masivo

de cancelación, para cumplir el acuerdo JG-SAT-IVO-6-2007, en el que se estableció el tipo de supuestos en que procedía la cancelación de créditos fiscales. El SAT respondió que la información requerida estaba clasificada como reservada, en virtud de que se encuentra protegida por el secreto fiscal, el cual obliga a los servidores públicos de la administración tributaria a guardar reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes. Al respecto, el particular interpuso un recurso de revisión, mediante el cual impugnó la clasificación de la información.

Autonomía constitucional En su resolución el IFAI resolvió revocar la respuesta otorgada al SAT. El eje de la sustentación se basó, entre otras cuestiones, en que “el monto que dejó de ingresar a la Federación por la cancelación de créditos fiscales en 2007 ascendió a 73, 960.4 millones de pesos, por lo que la publicidad de lo solicitado resulta de gran relevancia para transparentar el proceso de decisión por el cual se determinó que dichos recursos dejarían de recaudarse”. En cuanto al proceso fiscal como causal de reserva, el Instituto asentó que éste no tiene naturaleza absoluta, sino que debe analizarse en cada caso “haciendo una ponderación y balance que considere el interés público para valorar si procede la reserva o si prevalece el acceso a la información”. La respuesta del SAT fue recurrir a un juicio de nulidad que fue aceptado por el TFJFA en mayo de 2010. Como una forma de evitar este tipo de litigios que obstaculizan la apertura de información pública, a mediados de septiembre el grupo parlamentario del PRI en el Se-

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nado presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone reformar los artículos 6 y 105 de la Carta Magna para dar plena autonomía al IFAI. De acuerdo con las modificaciones al artículo sexto, “el IFAI contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios”. Su objetivo principal será promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, resolver sobre las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales que posean los Poderes de la Unión y los entes públicos federales. Sus resoluciones tendrán carácter definitivo e inatacable”. El hecho de cambiar la condición del IFAI, y convertirlo en órgano constitucional autónomo en vez de institución de la administración pública, “reside en que dejará de fungir como auxiliar de ésta, ampliando su margen de actuación en el desempeño de sus funciones en el ámbito federal hacia los tres Poderes de la Unión y los entes públicos federales”, se argumenta en la exposición de motivos de la propuesta priista. La propuesta también plantea cambios al artículo 105 de la Constitución, a fin de otorgar al IFAI la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad, “en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales”. “En suma –se sostiene–, es una realidad la necesidad de limitar los excesos que ocurren en el modelo de los poderes tradicionales (…) Hoy requerimos que los órganos constitucionalmente autónomos jueguen un papel conciliador entre los ciudadanos y sus representantes para encontrar un mejor equilibrio constitucional en un ámbito democrático”. gerardoisrael@.yahoo.com.mx


Internet ¿garantía constitucional?

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lara Luz Álvarez plantea la posibilidad de que internet se convierta en garantía constitucional en México, coloca como ejemplo de ello a Ecuador, cuya constitución lo reconoce como servicio de primera necesidad y propone la educación en esta materia para disminuir la brecha digital. En su investigación, Internet y derechos fundamentales, la doctora en derecho por la Universidad Panamericana

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n una sociedad donde los valores están en decadencia por el poco uso que encuentran en las prácticas capitalistas, el miedo al disenso es una constante que permea las mentes de cada una de las oligarquías regionales. Con base en esta situación la catedrática de la Universidad Pontificiana Bolivariana de Medellín, en Colombia, Ana María Miralles nos “provoca” con este trabajo de investigación. Proponiendo al disenso como el motor de una democracia, y dejando a un lado al consenso, al menos lejos de las prácticas periodísticas y sociales. En primer término nos demuestra cómo “el consenso es una negación de la política.” Entendiendo a ésta dentro de la heterogeneidad de posturas ideológicas. Sin embargo señala la necesidad de un acuerdo que contenga las posturas diferentes. Entender éstas como parte de una sociedad pluralista es un camino que facilita la democracia. Para ello reitera que el marco de este pluralismo debe encontrase en la libertad y la igualdad. No puede permitirse que con base en la primera todo sea respetado y entendido como plural si no se tiene el equilibrio de la segunda. Es desde la política y el consenso que extrapola la situación a los medios de comunicación. De entrada, critica la máxima periodística como ventana de la verdad

expone una visión general de cómo los orígenes, servicio, principios, actores y, lo más importante, la multirregulación, fundan a la red, tomando como postulado, “que el derecho es un reflejo de los cambios sociales y de la realidad histórica de un momento dado”. La obra, editada por Porrúa en colaboración con la Universidad Panamericana, constituye la primera investigación que vincula internet con la legislación en México y ofrece una perspectiva de profundidad respecto a una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad, la democracia, la cultura, además de reflexionar en la forma de que la red sea figura jurídica. Álvarez deja ver su fascinación por el tema y hace referencia a la naturaleza dinámica del servicio universal, sus finalidades, principios y los esquemas más utilizados. Se aborda el tema desde cinco puntos de vista diferentes: el socio-jurídico, la libertad de expresión, el acceso a la red, la educación y la salud.

RESEÑAS

Cómo democratizar los medios de comunicación

mediante el empleo de la objetividad. Para Miralles en los medios no hay comunicación ni verdad. Al hacer uso de la voz del Estado como máxima fuente de credibilidad y de los actores de siempre, se da un sesgo a la realidad. Es por esta manipulación de la realidad, y por consiguiente, de la opinión pública que Ana María insiste en el pluralismo dentro de los medios. Es decir, más allá de emparejar un suceso con dos versiones contradictorias, otorgar la voz a los diferentes sectores que permanecen en el mutismo de la indiferencia, y así optar por el disenso por encima del consenso como práctica periodística. Para lograr este objetivo propone algunos caminos a los medios y las diferentes organizaciones sociales, vistas como una extensión de la población. “Un periodismo democrático no solamente debe ser expresión de pluralismo presente en nuestras sociedades, sino que debe proponerse permitir que el pluralismo sea el motor de la vida democrática”, sentencia Miralles al final de un trabajo que da ejemplo de lo que propone, haciendo una propuesta multidisciplinaria que toma las posturas de diferentes teóricos como Habermas, Chomsky, Charaudeu, Bourdieu, Sartori, Van Dijk. En concreto las posiciones se colocan para entender a una sociedad pluralista homogenizada en el discurso. Universidad Pontificia Bolivariana y Gedisa. (Obed Rosas)

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Dedica espacio aparte al razonamiento respecto a si internet es un derecho fundamental, una garantía o se trata de un servicio universal, y hace referencia a lo establecido por la doctrina en diversos instrumentos internacionales y documentos oficiales que aportan experiencia comparada. Además, señala que la última de las revoluciones se ha propuesto derrumbar los muros de la escuela, de la mano de un arma poderosa y universal: la red.


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Afirma que esta herramienta ha puesto, a disposición de quienes tienen acceso a ella, una vasta cantidad de información sobre las fuentes más variadas desde distintos países; “ha permitido el exponer una idea, conocer lugares, invitar a bibliotecas distantes, hacer miles de trámites por internet, además de manejar la banca, y miles de ejemplos más”. En cuanto a la brecha digital, comenta que “la falta de acceso a internet es un obstáculo para el desarrollo y un factor para incrementar las diferencias sociales educativas y económicas”. Sentencia, además, que “tiene implicaciones sociales, culturales económicas y políticas (...) y es un instrumento habilitador del ser humano, proporcionándole mayor autonomía, apoyando el desarrollo de la personalidad, permitiendo un mayor acceso a la educación y salud además que incide en la participación democrática”. La académica poblana afirma que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, bien aplicadas, pueden servir para revertir desigualdades, pero ahora marcan diferencias profundas en la formas que la gente tiene para enfrentar su realidad, al grado que ahora se puede discriminar a los que no tienen acceso a internet. El libro deja un buen sabor de boca, por la amplia perspectiva cultural, el tratamiento que da a las tecnologías de la información, su relación tanto con el ser humano y las legislaciones particulares que intentan regular tan importantes prácticas humanas. (Alejandro Sosa Díaz)

Periodismo cívico a la mexicana

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l periodismo como contrapeso del poder político y correa de trasmisión entre los ciudadanos de a pie y los gobernantes fue una práctica que, salvo pocas excepciones, desapareció durante el auge del régimen autoritario mexicano (1940-1988). Las razones que motivaron, desde el decenio de 1980, el surgimiento y expansión de

esta práctica, el periodismo cívico, son las principales aportaciones que Sallie Hughes hace en su último libro, Redacciones en conflicto. El periodismo y la democracia en México. Según la investigadora de la Universidad de Miami, el tránsito en los medios de comunicación, de un paradigma autoritario a uno híbrido, con fuertes dosis de autonomía, diversidad y pro-actividad, se explica a través de la relación entre cuatro elementos, que son: el macro-campo de la sociedad (esfera pública), la organización de los medios de comunicación, la interacción en las salas de redacción y el mundo sociopsicológico del periodista.

A lo largo del texto, que es una traducción del homónimo en inglés que la Universidad de Pittsburgh publicó en 2006, la investigadora también analiza los límites del periodismo cívico. Según ella, al igual que en el autoritarismo cuando el presidente y el ejército eran “inmunes” ante la prensa, ahora los multimillonarios, los narcotraficantes y la jerarquía católica son los nuevos “intocables”. No obstante, afirma, “consolidar y profundizar las prácticas del periodismo cívico sigue siendo de vital importancia ahora, lo mismo que durante la transición del régimen”. Redacciones en conflicto. El periodismo y la democracia en México. Sallie Hughes. Editorial Porrúa. 2009. 342pp. (José Antonio Brambila Ramírez)

Tragicomedia de un periodista

A A diferencia de otros textos que analizan el mismo tema –Enrique Sánchez Ruíz, Los medios de comunicación masiva en México (1968-2000), 2005, y Manuel Alejandro Guerrero, Los medios de comunicación y el régimen político, 2010–, Redacciones en conflicto destaca por su metodología, pues se utiliza el análisis de contenido con muestras longitudinales y técnicas etnográficas en salas de redacción. Respecto a las primeras, la autora nos ofrece análisis de largo aliento (1980, 1985, 1990, 1995 y 2000) de los periódicos nacionales. Respecto a las segundas, la investigadora, enriqueció su trabajo con su experiencia como periodista en México. Realizó observación participante en dos diarios nacionales (El Universal y Reforma), algunos grupos focales y más de 100 entrevistas estructuradas a periodistas, editores y dueños de medios de comunicación.

lgunos lo adulan mientras otros lo critican; unos lo califican de derechista incongruente y otros de mordaz atacante de cualquier corriente política. Quienes lo conocen dicen que es un payaso –un vocinglero puede ser más exacto–. Varios de sus compañeros más cercanos dicen que perciben a un Carlos Marín absorbido por la personalidad de quien fuera su jefe durante muchos años: Julio Scherer. En Carlos Marín, un periodista ante el espejo, de Víctor Núñez Jaime, publicado por Temas de Hoy, se devela a un Marín que repele su pasado, en relación con su salida de Proceso –“esa revista que es una mierda”, dice– y se le descubre contento con su cuestionable presente como director general editorial del Grupo Milenio. En las líneas de esta semblanza –en que se diluye la voz del autor para ceder el paso al entrevistado–, como a manera de hoja curricular, Carlos Marín expone libremente su perfil profesional desde su ingreso a la plantilla del periódico El Día, hasta su actual desempeño en Milenio Diario y Milenio Televisión, así


‘toallagate’, Marín quería minimizar la información y publicarla en páginas interiores”. Entre el periodismo que le tocó ejercer en sus inicios, al que ejerce hoy el director de Milenio, lo único que ha cambiado es la tecnología: “Los principios esenciales siguen siendo los de siempre: lo extraordinario, lo insólito, lo inaudito, lo abracadabrante, lo oportuno, el conflicto, lo que tiene consecuencias, trascendencia, magnitud y hasta lo que tiene humor”. Esta semblanza llega a parecer, en suma, un guiño halagador al entrevistado, así como un texto de consulta para conocer la historia reciente del periodismo mexicano, del golpe perpetrado por Luis Echeverría contra Excélsior y lo que para él fue otro golpe más: la salida de Julio Scherer como director de Proceso y la exclusión de Marín en ese puesto. Todo a través de las vicisitudes tragicómicas del director del Grupo Milenio. (Israel Vargas)

Iberoamericana, pero lo que resalta es el despliegue de su percepción sobre el periodismo y los medios, para él mal llamados de comunicación: “los medios de comunicación, nombrados así, son una mentira porque no establecen comunicación con el público. Son medios de información” dice. Marín fue reportero hasta antes de obtener su puesto directivo en Milenio y en esa condición afirma que “lo importante de las publicaciones periodísticas son los reporteros y no los opinadores, por muy inteligentes que éstos sean. Porque la materia prima la aporta el reportero”. Hay páginas en que se da voz a periodistas mencionados por Marín en episodios polémicos. Es el caso de Raymundo Riva Palacio, columnista de El Universal, quien acusa “…la señora (Martha) Sahagún le pidió (a Federico Arreola) que me destituyera y nombrara director de Milenio a Carlos Marín”, para luego afirmar que “a propósito del

RESEÑAS

como en el programa de cuasi debate televisivo Tercer Grado. El poblano relata detalles sobre su vida personal, memorias de su infancia –dice que su abuelo, un español pro franquista, le enseñó a leer con los periódicos–, recapitula su época de estudiante en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y sus tiempos de profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y la Universidad

Representación de los jóvenes en las industrias culturales completamente por los jóvenes, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, “las tres cosas que los jóvenes esperan en mayor medida del futuro son tener trabajo (48.4 por ciento), una buena posición económica (44.7) y una familia e hijos (42.5)”. En las conclusiones se indica que las representaciones sociales de éxito construidas por los jóvenes cambian y se adaptan; dependiendo de los grupos de pertenencia, entre los más importantes se ubica el discurso socializado con la familia, los amigos, la institución escolar y lo expuesto en los medios de comunicación, pero todo se mezcla con base en las características particulares de cada sujeto, edad, nivel socioeconómico y género, entre otras. (Frambel Lizárraga Salas) frambellizarraga@hotmail.com

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UNAM y del Tec. de Monterrey. El abordaje teórico se apoya en disciplinas como psicología social, antropología, sociología, economía política, estudios culturales y análisis de la audiencia. El tipo de escuela, pública o privada, en la cual interaccionan los jóvenes, es importante para medir la imagen de éxito que se construyen, así como el grupo de amigos con quienes socializan y comparten gustos y afinidades. La autora también analiza algunas series televisivas dirigidas a la juventud, las cuales recurren a la representación constante de personajes atractivos que actúan como escaparates de marca, promoviendo estilos y modas para incentivar el consumo, lo cual constituye un elemento más entre las imágenes de éxito promovidas por las industrias culturales. Sin embargo, los estereotipos de superación promovidos por las industrias culturales no siempre son asimilados

TESIS

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l objetivo principal de la tesis de maestría La influencia de las industrias culturales en la representación social del éxito entre los jóvenes, escrita por Aurora Reyes Galván (UNAM, 2010, 247p.), pretende explorar la representación social del éxito entre los jóvenes universitarios. Reyes Galván argumenta que a los jóvenes se les exigen muchas expectativas pero desafortunadamente muchos de ellos viven en contexto y panorama desoladores. En este escenario se explora la manera como los discursos institucionales interaccionan o son negociados por los jóvenes para construir su propio significado de éxito. Es en tal circunstancia que las industrias culturales tienen un papel importante en la implantación de imaginarios, sueños e identidades. Reyes Galván realizó su estudio entre jóvenes estudiantes del último semestre de Comunicación y Periodismo de la


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